“No existe lawfare en España”. Así de contundente fue el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el 31 de diciembre pasado en La Vanguardia. Semanas antes, el propio ministro de Justicia, Félix Bolaños, intentaba argumentar que era un concepto que había quedado fuera del acuerdo con los independentistas para la ley de amnistía.

Unos años antes, en 2020, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, era tajante ante quienes, desde la izquierda, como el vicepresidente Pablo Iglesias, hablaban de déficits democráticos en España. “España es una democracia plena”. insistía Sánchez en sede parlamentaria.

Por aquel entonces, se acumulaban casos, como la guerra sucia contra el independentismo catalán y Podemos, las causas a raperos como Josep Valtònyc y Pablo Hasel, por ejemplo, la condena a España del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por el juicio parcial a Arnaldo Otegi, quien pasó siete años de cárcel, y las causas contra los titiriteros, o los concejales de Ahora Madrid Celia Mayer y Carlos Sánchez Mato, el caso Alsasua, los seis de Zaragoza... Incluso quedaban en la memoria casos previos, como el del concejal sevillano de IU Antonio Torrijos, por ejemplo. Y es que el lawfare busca expulsar a quienes representan una amenaza para el sistema, a través del uso de causas falsas y en connivencia con el poder mediático.

Pero Pedro Sánchez no lo criticaba entonces. Y cuando habla ahora y apela a la “regeneración democrática” no recuerda aquel pasado: el presidente dice que no hay precedentes con respecto a lo que él y su familia están sufriendo: “¿Merece la pena todo esto? Sinceramente, no lo sé. Este ataque no tiene precedentes, es tan grave y tan burdo que necesito parar y reflexionar con mi esposa”.

Sin embargo, su caso no es el primero de noticias falsas y bulos que terminan siendo dosieres judiciales, como aquel informe PISA sobre la financiación de Podemos y el posterior bulo de los pagos del Gobierno de Nicolás Maduro, ante los que respondía Sánchez de esta manera: “Venezuela llegó a la política española de la mano de Iglesias y Monedero”. El uso de la justicia contra rivales políticos estaba presente en muchos ámbitos, pero entonces reivindicaba índices democráticos como el de la revista The Economist y pedía “máximo respeto a la independencia de los jueces”.

Pero en los últimos tiempos el presidente del Gobierno ha visto cómo se le deshumanizaba, cómo se asociaba el sanchismo a las peores pesadillas, al terrorismo y al golpismo, y cómo se construían procesos judiciales contra su esposa con mentiras publicadas en medios de comunicación.

Y, entonces, hace una semana, Sánchez estalla. Ya no habla de “máximo respeto a la independencia de la Justicia”, como hacía ante informaciones sobre uno de los múltiples casos archivados –más de 20 querellas desde 2015– sobre la supuesta financiación irregular de Podemos, por ejemplo: aquellos eran tiempos en los que Ximo Puig y el PSOE terminaron dejando caer a Mónica Oltra en Valencia por un caso armado por grupos de extrema derecha y que posteriormente se ha demostrado inconsistente.

Oltra, en su despedida, en junio de 2022, sentenciaba: “Nos están fulminando uno a uno con denuncias falsas y el día que ustedes quieran reaccionar, les habrán fulminado a ustedes también”. Una de esas personas fulminadas políticamente, por ejemplo, ha sido Victoria Rosell, jueza y ex delegada del Gobierno para la Violencia de Género con Irene Montero. Rosell vivió desde 2015 la persecución del exjuez Salvador Alba, condenado a seis años de cárcel por conspirar contra ella, y por el camino tuvo que dejar la primera línea política como diputada, además de recibir el veto del PSOE a su acceso al CGPJ como vocal. Y esta semana pasada pedía reformas al presidente:

¿Y cómo se aterriza la “regeneración democrática”?

El miércoles de la semana pasada Sánchez dice que ya no puede más: está sufriendo en sus carnes cosas parecidas por las que otros pasaron anteriormente en los últimos años, ve el daño que eso causa a su familia y decide dar un puñetazo encima de la mesa en forma de carta.

La carta es inédita: nunca antes en España –ni en el resto del mundo– un jefe de Gobierno escribía a la ciudadanía para anunciar un periodo de reflexión de cinco días en torno a su continuidad al frente del Ejecutivo. Lo habitual, hasta ahora, era que el líder político reflexionaba en la intimidad y, posteriormente, comunicaba una decisión de este tipo.

Pero Sánchez hace otra cosa, comparte su sufrimiento, comparte sus sentimientos de amor a su esposa y su familia y muestra un lado humano desconocido en él; desconocido en cualquier líder político.

El marco estaba claro, y lo había establecido el presidente del Gobierno: el acoso mediático y judicial injusto contra su esposa está causando un daño tan profundo como para replantearse su permanencia al frente del país. A partir de ahí, Sánchez inicia cinco días de reflexión y el país y su partido viven cinco días en vilo, con momentos dramáticos en la reunión del Comité Federal del PSOE, un partido de 145 años de historia que, de repente, se siente huérfano ante la hipótesis de la renuncia de Sánchez.

Y los días pasan, arranca la campaña electoral de Catalunya sin saber si Sánchez seguirá siendo presidente, se celebra el principal órgano del PSOE entre Congresos –Comité Federal– sin la presencia de su secretario general, se convocan movilizaciones el sábado y el domingo en Madrid, y los medios de comunicación se llenan de informaciones y tertulias en torno a los asuntos señalados por Sánchez en su carta: el uso de la justicia, la política y los medios para acabar con el rival político y la consecuente necesidad de una regeneración democrática.

Llegó el lunes, concluyeron los cinco días de reflexión y, ¿qué pasó después? Nada aún, a pesar de que sus socios de Gobierno y parlamentario han presentado numerosas propuestas.

Sánchez dijo que se quedaba, el PSOE respiró aliviado, sus socios de gobierno respiraron aliviados, pero no anunció nada más en su comparecencia sin preguntas. Tampoco en su entrevista de esa noche en TVE ni a la mañana siguiente en la Cadena SER. Se dice que quiere reformar la Justicia pero, ¿cómo? ¿En qué términos? ¿Cuándo? Sánchez se ha mostrado como víctima del lawfare, por el espionaje al que fue sometido por las cloacas policiales al llegar a la secretaría general del PSOE, en 2014, pero ni siquiera ha tenido el gesto de recordar a quienes sufrieron las cloacas antes que él y en todos estos años se mostró cuando menos poco empático.

En efecto, Sánchez señaló la importancia del poder mediático en la destrucción de los rivales políticos, pero ni anunció ninguna medida al respecto ni reivindicó a las víctimas que lo precedieron.

Sánchez paró cinco días, mantuvo en vilo a un país de 47 millones de habitantes, a un partido de 145 años... Y, cuando volvió, pronunció un discurso ya pronunciado muchas veces en el pasado por otras personas que no necesitaron cinco días de reflexión para elaborarlo y que, además, no vino acompañado por ninguna medida concreta, por ninguna transformación que hiciera posible atajar el uso político de la justicia y los medios para destruir rivales sin reproche alguno.

Este martes, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, que tampoco aprobó ninguna medida para atajar los males enunciados por Sánchez 24 horas antes, la ministra portavoz, Pilar Alegría, tampoco fue capaz de concretar ninguna propuesta que el Gobierno esté pensando en presentar para contrarrestar lo que denunció Sánchez el día antes.

Nada.

Sánchez se tomó sus cinco días de reflexión: publicó una carta abierta, mantuvo a un país y un partido en vilo. Y, después de todo, no hay nada concreto.

La Fiscalía ha pedido a la Justicia que confirme la condena en costas del Partido Popular de José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, por su acusación fallida y temeraria en el caso del Open de Tenis contra dos concejales del gobierno municipal de Manuela Carmena, Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer. El Ministerio Público ha impugnado el recurso del PP de Madrid que no discutía la absolución de los ediles, pero sí solicitaba no ser condenado en costas. Una condena que, según la acusación pública, está “plenamente justificada” por impulsar una acusación con una notoria “fragilidad de argumentos” contra sus rivales políticos.

El caso del Open de Tenis arrancó en 2017 con una querella interpuesta y anunciada por el propio José Luis Martínez-Almeida, pocos meses después de relevar a Esperanza Aguirre al frente del PP de la ciudad de Madrid. Una querella en la que se acusaba a los dos concejales de malversación y prevaricación por encargar informes para investigar si la anterior corporación municipal del PP había incurrido en irregularidades al firmar contratos con la empresa promotora del Open de Tenis con Alberto Ruiz-Gallardón como alcalde.

El caso, anunciado por Martínez-Almeida con un “hasta aquí hemos llegado en este intento de criminalización”, terminó en absolución para ambos concejales de Ahora Madrid y el resto de acusados y con una condena en costas para el PP por temeridad en sus acusaciones. Los jueces avalaron que los acusados actuaron “con la única finalidad de proteger los intereses públicos” y que el PP de Martínez-Almeida, sin embargo, les hizo enfrentarse a una acusación tan “generalista” que les causó “indefensión”.

El Partido Popular asumió la derrota procesal y no recurrió la absolución de Mayer y Sánchez Mato, pero sí pidió al Tribunal Superior de Madrid que les retirara la condena en costas por temeridad y mala fe. Algo que han rechazado los ex concejales de Ahora Madrid y que ahora también rechaza la Fiscalía.

En un escrito al que ha tenido acceso elDiario.es, el fiscal Antonio Gil pide avalar esta condena económica para el partido. “El grupo municipal del Partido Popular no puede alegar que desconocía la endeblez de su argumentación”, dice la Fiscalía tras recordar que pidieron el archivo varias veces y que ni siquiera acusaron en el juicio. “La condena en costas está plenamente justificada”, zanja el escrito.

El “empecinamiento” del PP

El escrito del fiscal cita doctrina establecida por el Tribunal Supremo cuando hace unos meses confirmó la condena en costas de un hombre que había impulsado una acusación igualmente temeraria y por varios delitos penados con cárcel contra otro que le había vendido una furgoneta con una avería. Una actuación temeraria, dijo entonces el Supremo, es un “boomerang” para la acusación.

En este caso, dice la Fiscalía, hubo una clara temeridad y mala fe por parte del Partido Popular. Una “ausencia de fundamento en la acusación” y un “empecinamiento” del PP en mantener vivo el caso incluso pidiendo unas agravantes “que no eran claras ni se hallaban debidamente justificadas”.

El PP llegó a solicitar cinco años de cárcel para cada uno por prevaricación y una versión agravada de la malversación, pensada para cuando el desfalco de dinero público supera los 50.000 euros. Los jueces reprocharon al partido que propusieran este subtipo agravado “cuando resulta evidente que el valor del contrato suscrito nunca fue superior a 50.000 euros”.

También destaca la Fiscalía la “fragilidad de los argumentos en que se sustentaba la acusación” cuando la Fiscalía nunca acusó. Por esto, destaca, el PP sabía que su acusación era temeraria: “La condena en costas está, por tanto, plenamente justificada y es conforme con el criterio del Tribunal Supremo”.

“La acusación era consciente”

José Luis Martínez-Almeida anunció la querella en 2017, al entender que Mayer y Mato habían utilizado de forma fraudulenta medios públicos de la empresa municipal Madrid Destino para buscar irregularidades en los contratos del Open de Tenis y abrir frentes judiciales al PP. La Audiencia Provincial de Madrid explicó, sin embargo, que desde el principio estaba claro que la acusación no se sostenía.

“La acusación era consciente de la falta de consistencia de los hechos denunciados desde la perspectiva prevaricadora”, dijo la sentencia absolutoria tras remitirse a los informes de los servicios jurídicos externalizados que, además, alertaban de posibles irregularidades. “Sin duda fueron conocidos por la parte acusadora”, aseguraron los jueces.

No solo no hubo prevaricación y malversación, sino que la Justicia entendió que los dos concejales y el resto de acusados buscaban los intereses de las arcas públicas madrileñas. Actuaron “con la única finalidad de proteger los intereses públicos”, dijo la sentencia absolutoria sobre los concejales y sobre Ana Varela, consejera delegada de Madrid Destino.

Existían “fundadas y razonables dudas” sobre los contratos que el consistorio firmó en la época de Alberto Ruiz-Gallardón con la empresa MTP para poner en marcha el Open de Tenis, dijo la Audiencia Provincial, y no hacer nada tal y como defendía el PP en su querella hubiera supuesto “ponerse de espaldas y aceptar sumisamente la corrección de todo el proceso”.

El grupo municipal del Partido Popular en Madrid asume su fracaso como acusación en el fallido caso del Open de Tenis y centra su pelea en no tener que pagar las costas de las defensas por actuar con mala fe y temeridad en el proceso que impulsaron contra dos concejales del gobierno de Manuela Carmena. Según ha sabido elDiario.es, el grupo que dirige José Luis Martínez-Almeida ha recurrido la sentencia que absolvió a Carlos Sánchez-Mato y Celia Mayer, pero no para insistir en que pudieron cometer algún delito: lo hace para evitar tener que pagar las costas de sus abogados después de que los jueces entendieran que ejercieron la acusación con temeridad y mala fe.

La denuncia sobre este caso Open de Tenis fue presentada por el propio José Luis Martínez-Almeida en mayo de 2017 en representación del grupo que entonces dirigía desde la oposición. Acusó entonces a ambos ediles y a Ana Varela, consejera de Madrid Destino, de diversos delitos por, supuestamente, usar recursos municipales para buscar munición política e ilegalidades inexistentes en torno a la organización del Open de Tenis de la capital.

Después de un lustro de proceso judicial, la Audiencia Provincial de Madrid firmó la absolución de los tres el pasado mes de mayo con una sentencia que enterraba esta iniciativa judicial de Almeida, otro fracaso de la ofensiva judicial que encabezó contra el gobierno municipal de Ahora Madrid tras recoger el testigo de Esperanza Aguirre. Esa sentencia no solo entendió que ni Mayer ni Sánchez-Mato ni Varela habían cometido ningún delito: entendió que el PP había forzado su acusación con “temeridad” y “mala fe” y condenó al partido del alcalde a pagar las costas de los abogados de los tres acusados.

La sentencia de la Audiencia de Madrid acusó al PP de actuar con mala fe y temeridad en varios puntos. Por ejemplo, cuando dijo que “sin ninguna duda actuó con temeridad y mala fe manteniendo la acusación en esta causa contra Celia Mayer” por cosas que ocurrieron cuando estaba de baja por maternidad. También apuntó a la “falta de consistencia” en su acusación por prevaricación y en que insistiera el PP en aplicar la versión agravada del delito de malversación cuando “resulta evidente” que la cantidad del litigio no llegaba al mínimo legal.

El grupo 'popular' que dirige José Luis Martínez-Almeida ha asumido su derrota y ha renunciado a recurrir el fondo del asunto y llevar la acusación contra Mayer y Sánchez-Mato ante el Tribunal Superior de Justicia de la capital, pero sí ha recurrido su condena en costas. Un escrito de 13 páginas, al que ha tenido acceso elDiario.es, en el que insiste en que existían indicios para juzgar a los dos ediles y defiende que no actuó con temeridad a pesar de lo dicho en la sentencia de la Audiencia de Madrid.

“Existen indicios de criminalidad”

El escrito del grupo del PP en el consistorio defiende que su acusación llevó el caso a juicio, pero después de que el juzgado de instrucción procesara a ambos concejales y de que la Audiencia Provincial de Madrid avalase la necesidad de juzgar el caso en vez de archivarlo. Esas dos resoluciones, dice el PP, pusieron de manifiesto que “existen indicios de criminalidad” y que todo debía “depurarse en juicio oral para ponderar si la misma era merecedora de reproche penal, o por el contrario, como ha ocurrido, debía dictarse la absolución de los mismos”.

El recurso del PP explora de nuevo la causa y las pruebas y reitera, a pesar de la absolución y de los argumentos de la Audiencia de Madrid, que en su momento las sospechas eran suficiente para llevar el caso del Open de Tenis ante la Justicia. “En modo alguno existe temeridad procesal por parte de esta acusación particular, pues la querella formulada deduce pretensiones con fundamento, no siendo, en modo alguno, pretensiones arbitrarias y exentas de cualquier razón”, dice su recurso.

Insiste el partido del alcalde de Madrid que los tres absueltos pusieron en marcha procesos de investigación sobre el Open de Tenis “a pesar de la evidente legalidad” del torneo y que lo hicieron para “construir una denuncia vana y artificial –que no tuvo ningún recorrido judicial, - contra los anteriores gestores del Ayuntamiento cuyo único fin, era conseguir ”cierta ventaja“ en la contienda política basada en la más que conocida desacreditación del rival”.    

Una pretensión, basada en la “evidente legalidad” del proceso de contratación de ese torneo deportivo, que choca con lo que dice la Audiencia de Madrid sobre la actuación de los concejales de Ahora Madrid. Los hechos probados, que el PP no cuestiona después de cinco años impulsando la acusación, asegura que los tres acusados actuaron “con la única finalidad de proteger los intereses públicos” y después de detectar “fundadas y razonables dudas” en torno al Open de Tenis, aunque después fueran desestimadas por un juez.

“No existe ni el más mínimo indicio de temeridad o mala fe por esta representación procesal”, zanja el PP confiando en que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid retire su condena en costas a pagar los abogados de los tres acusados.

Razona también que acusar a Mayer de cosas que sucedieron cuando estaba de baja por su embarazo no es una indicación de temeridad o mala fe. Ella firmó la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción y, por tanto, “era plenamente consciente y conocedora de los hechos”. Estuvo de baja entre octubre de 2016 y febrero de 2017 pero eso, dice ahora el PP, “ no le imposibilita, en modo alguno, en poder ser parte de tales decisiones” ya que era la concejala de cultura y deportes.

La Audiencia Provincial de Madrid ha decidido absolver a los exconcejales de Ahora Madrid, Celia Mayer y Carlos Sánchez Mato, por el caso conocido como Open de Tenis. La misma sentencia, además, acusa al grupo del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid de haber actuado con “temeridad y mala fe” en el proceso y condena a la formación de José Luis Martínez-Almeida, que presentó la querella, a pagar las costas. La Fiscalía había pedido la absolución de ambos mientras que el PP había pedido cinco años de cárcel y más de dos décadas de inhabilitación y los jueces explican que los dos exconcejales actuaron “con la única finalidad de proteger los intereses públicos”.

Los dos se sentaron hace varias semanas en el banquillo de la Audiencia de Madrid acusados de un delito de malversación de caudales públicos y otro de prevaricación en este caso bautizado como caso Open de Tenis. Una causa judicial que investigó los informes jurídicos externos que ambos encargaron en calidad de altos cargos de Madrid Destino y que sustentaron una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra el Consistorio de Alberto Ruiz-Gallardón por los contratos que firmó con Madrid Trophy Promotion (MTP). Según la denuncia del PP, ahora desestimada de plano, hubo delito en el encargo de dos informes externos para denunciar las citadas presuntas irregularidades penales en el convenio firmado por el Ayuntamiento de Madrid en la época de Gallardón.

Los hechos probados de la Audiencia Provincial dejan claro que los responsables de esta empresa municipal actuaron porque existían “fundadas y razonables dudas” de la legalidad de estos contratos, y que actuaron “con la única finalidad de proteger los intereses públicos”. Una resolución de 106 páginas que califica de “sincera y convincente” la declaración de los tres acusados frente a las acusaciones del Partido Popular. Una acusación que, en el caso de Celia Mayer, fue tan “generalista” que causó “indefensión” a la hoy asesora.

Tanto la decisión de elaborar informes sobre estos contratos con la empresa MTP como la contratación de asesorías jurídicas externas, dice la Audiencia de Madrid, estuvieron justificadas por la dimensión económica del asunto. No hacer nada como defendía el PP en su querella, dicen los jueces, hubiera supuesto “ponerse de espaldas y aceptar sumisamente la corrección de todo el proceso”.

Los jueces explican que estos dos informes jurídicos cuestionados por el PP “avalan y respaldan las dudas más que razonables” que tenían los ediles del entonces gobierno de Manuela Carmena y que ambos actuaron para intentar “agotar todas las vías razonables para dar la máxima certeza jurídica a sus inmediatas y sucesivas obligaciones jurídicas y económicas”. Su interés, dice claramente la sentencia, era “proteger y salvaguardar los interés públicos y las arcas municipales”. 

Todas las pruebas, subraya la Audiencia Provincial de Madrid, llevan a la absolución de ambos políticos, ahora asesores en el Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero. “Las pruebas de cargo son absolutamente inconsistentes mientras que las pruebas de descargo tienen tal fortaleza, en los términos explicados en esta resolución, que determinan sin género de dudas que procede la libre absolución de las personas acusadas”, dice contundente el tribunal.

El PP, condenado por temeridad

La sentencia no sólo absuelve a Mayer y Sánchez Mato sino que carga con dureza contra el grupo del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, impulsor del proceso judicial, y les condena a hacerse cargo de las costas por actuar con temeridad y mala fe por una querella encabezada por José Luis Martínez-Almeida. “El Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Madrid, sin ninguna duda, actuó con temeridad y mala fe manteniendo la acusación en esta causa contra Celia Mayer Duque”, dice por ejemplo la sentencia.

En todo momento, dice, el grupo popular del Ayuntamiento fue consciente de “la falta de consistencia de los hechos denunciados desde la perspectiva prevaricadora” y que incluso acusaron hasta el final por el tipo agravado del delito de malversación de caudales públicos “cuando resulta evidente que el valor del contrato suscrito nunca fue superior a 50.000 euros”.

La sección número 7 de la Audiencia Provincial de Madrid ha puesto fecha al juicio contra Carlos Sánchez Mato, exdelegado del Área de Economía y Hacienda del consistorio durante los dos primeros años de Manuela Carmena como alcaldesa, y contra Celia Mayer, concejala de Cultura y Deportes durante esa etapa, acusados entre otros exdirigentes madrileños de un supuesto delito de malversación en el conocido como 'caso Open de Tenis'. El juicio se iniciará el próximo 25 de abril a las 10.00 horas, cinco años después de que se iniciara el proceso y más de un año después de que fueran procesados. Tanto Sánchez Mato como Mayer son desde el pasado 12 de octubre altos cargos como asesores del Ministerio de Igualdad con Irene Montero.

Se trata de la causa que investiga los informes jurídicos externos que ambos encargaron en calidad de altos cargos de Madrid Destino y que sustentaron una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra el Consistorio de Alberto Ruiz-Gallardón por los contratos que firmó con Madrid Trophy Promotion (MTP), encargada de la organización del Mutua Madrid Open, que fue archivada. Los responsables municipales, que presentaron la denuncia en calidad de directivos de Madrid Destino, pedían a la Fiscalía que investigase si en el acuerdo alcanzado con MTP pudiera haberse cometido un delito de “prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos”. Pero el Ministerio Público desestimó la denuncia.

El caso que ahora irá a juicio se abrió a mediados de 2017 a raíz de las denuncias formuladas por el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento y la asociación Transparencia y Justicia, vinculada al excomisario José Manuel Villarejo, que acusaron a los dos ediles, además de a la ex consejera delegada de Madrid Destino Ana Varela, de “prevaricación” y “malversación de caudales públicos” en el encargo de dos informes externos para denunciar las citadas presuntas irregularidades penales en el convenio firmado por el Ayuntamiento de Madrid en la época de Gallardón.

La negativa a hacer un informe por parte de la Asesoría Jurídica municipal provocó que los directivos de la empresa municipal –Sánchez Mato, Celia Mayer y Ana Varela, otra de las encausadas– pidieran al bufete Alemany, Escalona y Fuentes una auditoría del convenio del Open de Tenis a través de la solicitud de dos informes que costaron 26.000 y 24.000 euros, por lo que no superaron los 50.000 euros, cifra a partir de la cual las normativas municipales exigen un pliego de prescripciones técnicas.

La Fiscalía no vio delito

Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Madrid se habían escudado en la legislación para no hacer informes y no entrar en el fondo de cuestiones como “valoraciones económicas” o “el control de gastos y a la eficiencia de servicios” sobre el convenio firmado en 2011 entre la empresa municipal Madrid Destino y MTP para la organización del Open de Tenis de Madrid.

La apertura del juicio oral comunicada a las partes el pasado día 3 a través de un procedimiento abreviado llega después de que la Fiscalía solicitara el sobreseímiento del caso al considerar que los hechos por los que se acusó a los exediles de Carmena “no son constitutivos de delito de prevaricación”, porque los dos contratos no superaron los 50.000 euros, “lo que permitía la asignación directa” de la solicitud de los informes “a un bufete determinado” sin necesidad del pliego de prescripciones técnicas. En el auto de procesamiento firmado por la jueza Concepción Jerez, la magistrada no atribuyó ningún delito a los acusados.

Fuentes de Unidas Podemos, fuerza política que en su momento formó parte de Ahora Madrid, la plataforma que llevó a Carmena a la Alcaldía y de la que formaban parte Sánchez Mato y Mayer, denuncian que “tras cuatro años de instrucción, se reactiva el acoso judicial contra personas del espacio político”. “Hacer política desde este espacio se traduce en una nueva acusación judicial. El mensaje es claro, hacer política desde el espacio que representamos tiene un precio”, apuntan.

Asimismo, Sánchez Mato ha asegurado en declaraciones elDiario.es sentirse “perseguido” por el PP y por las “cloacas” del Estado, en alusión a Villarejo, “por denunciar su corrupción”. “La querella del PP y de la Asociación vinculada a Villarejo no es contra nosotros. Va contra lo que somos y defendemos desde un espacio político que ha sido blanco del lawfare [la judicialización de la política] desde que fue percibido como una amenaza por parte de quienes expolian las administraciones públicas”, afirma.

“Si hubiéramos aceptado lo que proponía la derecha y cerrado los ojos ante sus actuaciones, no seríamos juzgados por unas 'irregularidades' que la propia Fiscalía dice que en absoluto son constitutivas de delito. Por mi parte, la conciencia absolutamente tranquila por no transaccionar con las cloacas”, zanja el exconcejal.

Irene Montero remodela la estructura del Ministerio de Igualdad tras la marcha de Noelia Vera, que anunció hace dos semanas que abandonaba su cargo de secretaria de Estado de Igualdad y sus responsabilidades en Podemos. Ángela Rodríguez, más conocida como 'Pam,' asumirá el puesto de Vera. Su nueva jefa de gabinete será Celia Mayer, concejala durante la alcaldía de Manuela Carmena. Al nuevo equipo de Montero también se incorpora Isa Serra, portavoz de Podemos; Carlos Sánchez Mato, concejal de Ahora Madrid en el Ayuntamiento de la capital entre 2015 y 2017 y la abogada María Naredo.

La ministra y su equipo se ha decantado por perfiles con experiencia municipalista, como Sánchez Mato y Mayer, para reestructurar el organigrama del Ministerio. Desde el departamento de Igualdad destacan la incorporación de miembros de otras organizaciones, como Sánchez Mato (IU), con la vista puesta en la construcción de “un frente amplio”, liderado por Yolanda Díaz.

Isa Serra entra en el organigrama de Igualdad para trabajar en asuntos internacionales y ser el enlace “entre el Ministerio de Igualdad, la sociedad civil y el movimiento feminista”, indican las fuentes consultadas. La portavoz de la formación liderada por Ione Belarra renunció en junio a su acta de diputada regional electa en la Comunidad de Madrid, días antes de que el Supremo confirmase la condena de un año y siete meses de prisión por atentado a la autoridad, a raíz del intento de frenar un desahucio en Madrid el 31 de enero de 2014.

Por su parte, Sánchez Mato trabajará como asesor económico. Esta es su especialidad tras asumir durante dos años las responsabilidades de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Manuela Carmena y ser el responsables de esta materia en Izquierda Unida. A partir de ahora su misión será realizar un “seguimiento de medidas relativas a los derechos laborales y del cuidado con enfoque de género, como el aumento de los permisos o la prestación universal por cuidado de hijos”, apuntan desde Igualdad.

Su compañera de equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Madrid, Celia Mayer, también se suma al equipo de Montero. La exconcejala de Ahora Madrid asumirá la jefatura de gabinete de la Secretaría de Estado de Igualdad. Fue la responsable de estas políticas, después de que Carmena asumiese sus competencias en la Concejalía de Cultura. Desde el departamento de Montero aseguran que “su incorporación reforzará la gestión del gran paquete legislativo que tiene por delante el ministerio de Igualdad”, entre ellas la Ley Trans y de derechos LGTBI, el plan Corresponsables, la gestión de los fondos europeos y la Estrategia Nacional contra las violencias machistas.

El dirigente de Izquierda Unida Carlos Sánchez Mato ha celebrado este martes su fichaje por el Ministerio de Igualdad. Sánchez Mato se ha mostrado orgulloso de “echar una mano al frente amplio que impulsa Yolanda Díaz”. El exedil es una de las personas que lleva meses apostando en público por ese frente amplio de izquierdas de cara a las elecciones de 2023, algo que considera necesario para revalidar un gobierno de izquierdas que haga frente a la extrema derecha

Sánchez Mato y Mayer están acusados por un presunto delito de malversación y prevaricación al encargar informes por valor de 50.000 euros sobre el convenio para la celebración del Open de Tenis, tras una denuncia cursada por el PP, informa Europa Press.

A la remodelación que ha gestionado Montero en los últimos días se suma el ascenso de María Naredo, que pasa de ser asesora a convertirse en la coordinadora jurídica del Ministerio. Con el anuncio de la marcha de Vera, también se hizo público que su sustituta al frente de la Secretaría de Estado iba a ser Ángela Rodríguez, que ya formaba parte del equipo de Irene Montero como asesora. Rodríguez ha mantenido un perfil destacado dentro de Ministerio y ha participado en negociaciones relevantes como la de la Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual o la conocida popularmente como ‘Ley Trans’, que abrió un duro conflicto entre los socios de Gobierno.

La jueza que instruye la querella del Partido Popular contra los exconcejales de Ahora Madrid Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer por el caso Open de Tenis ha procesado a los exediles por malversación. La acusación se basa en unos informes jurídicos externos que encargaron Sánchez Mato y Mayer en calidad de altos cargos de Madrid Destino y que sustentaron una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra el Consistorio de Alberto Ruiz-Gallardón por los contratos que firmaron con la empresa que organiza el campeonato de tenis en la capital, que fue archivada.

La jueza ha dictado auto de pase a procedimiento abreviado, el equivalente al procesamiento para los delitos castigados con menos de nueve años de cárcel. Esta decisión es recurrible por las partes en el plazo de cinco días desde la notificación del auto. La magistrada solicita al Ministerio Fiscal y a las acusaciones particulares, el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento y la asociación Transparencia y Justicia vinvulada al excomisario José Manuel Villarejo (actualmente en prisión preventiva), que formulen escrito de acusación antes de diez días. La defensa ha anunciado que recurrirá

Tal y como ha avanzado El Mundo, la decisión de la magistrada es el paso previo al de sentar en el banquillo a los exconcejales. El Grupo Popular en el Consistorio presentó una querella contra Sánchez Mato y Mayer en su calidad de directivos de Madrid Destino, por “prevaricación” y “malversación de caudales públicos” en el encargo de dos informes externos para denunciar presuntas irregularidades penales en el convenio firmado por el Ayuntamiento de Madrid en época de Alberto Ruiz-Gallardón con Madrid Trophy Promotion (MTP), encargada de la organización del Mutua Madrid Open.

Los informes costaron 26.000 y 24.000 euros. La magistrada considera que se fraccionó el importe por lo que se podría haber vulnerado “el marco normativo de Madrid Destino que establece en la preparación de los contratos cuyo valor sea superior a 50.000 euros un pliego de prescripciones técnicas”. Es decir, para la magistrada debería haber sido un contrato publicitado.

Sánchez Mato y Celia Mayer encargaron ambos informes ante la negativa de la Asesoría Jurídica municipal de hacer un informe. Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Madrid se escudaron en la legislación para no hacer informes y no entrar en el fondo de cuestiones como “valoraciones económicas” o “el control de gastos y a la eficiencia de servicios” sobre el convenio firmado en 2011 entre la empresa municipal Madrid Destino y la empresa Madrid Trophy Promotion (MTP) para la organización del Open de Tenis de Madrid.

La defensa de los exediles de Ahora Madrid presentará un recurso pidiendo el archivo de la causa. A su juicio, “el auto no contiene hechos delictivos”, considera la defensa, que vincula la decisión de la magistrada a una queja que había presentado Sánchez Mato ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hace apenas unos días: “Después de nueve meses de paralización se hizo una queja y el resultado ha sido este”.

Carlos Sánchez Mato presentó hace diez días una denuncia ante el CGPJ contra la magistrada “por la posible desatención o el retraso injustificado y reiterado en la tramitación y resolución de la causa”, recoge el documento al que ha tenido acceso eldiario.es.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha avanzado que presentarán el correspondiente escrito de acusación. “Presentaremos ahora ese escrito de acusación, y confirmaremos que pudo producirse un delito de malversación de caudales públicos”, ha defendido.

“Siempre defendimos que se produjo una persecución política a los anteriores gobiernos del PP, no habían dudado en retorcer el ordenamiento jurídico por el encargo ad hoc de dos informes que pretendían criminalizar la gestión anterior del PP y fracasaron estrepitosamente”, ha señalado Almeida ante los medios de comunicación.

La delegada de Políticas de Género y Diversidad del Ayuntamiento de Madrid, Celia Mayer, ha leído este miércoles en el Pleno el “testimonio valiente” de la víctima de La Manada, en la que la joven insta a denunciar. “Si os calláis les dejáis ganar”, escribe la joven, que ha roto su silencio después de meses. 

Mayer ha asegurado que todas las víctimas contarán con el apoyo de la institución y que nunca estarán solas. “No os quedéis callados porque si lo hacéis, les estáis dejando ganar a ellos”, recoge la misiva, titulada 'De víctima a superviviente y de ahí a mujer valiente'.

Horas antes, en la cuenta de Twitter de Ahora Madrid han compartido la misiva, alegando que la carta es “de obligada lectura”. Según han señalado, la escribe “una mujerque sobre todo agradece el apoyo y que es algo más que una víctima. Hoy da voz a miles de mujeres. Desde el corazón, gracias”, han emplazado, agradeciendo a la joven su valentía. 

En el comunicado, la joven explica que no ha escrito estas palabras para contar su “vivencia” o su “versión” sino que es una “carta de agradecimiento” y empieza por sus padres, que han sacado “fuerzas” de donde no las tenían.

Es en la parte final del escrito donde la joven hace un llamamiento a no “bromear” con el tema de las violaciones. “Igual que estamos mentalizados y no bromeamos con las enfermedades, no podemos bromear con la violación. Es indecente y está en nuestras manos cambiarlo”, destaca la chica.

Tras esto, pide “por favor”, a cualquiera que haya podido ser víctima de una violación que “por mucho” que se piensen que no le van a creer, denuncie. “Por favor, solo pido que por mucho que penséis que no os van a creer, denunciéis”, dice la víctima, quien admite que “todo el camino que hay que recorrer no es plato de buen gusto” pero que se pregunta qué hubiera pasado si ella no hubiera denunciado.

“Está muy bien condenar los hechos pero todos tenemos que ser partícipe del cambio”, señala, al tiempo que añade que “personalmente si su caso ”ha removido la conciencia de alguna persona o dado fuerzas a otras a luchar“, ella se da por satisfecha”.

“Para todas esas mujeres, hombres y niños que estéis pasando por algo parecido, se puede salir”, prosigue la joven, quien continúa con su mensaje diciéndoles que aunque piensen que no tienen “fuerza para luchar”, se sorprenderían al saber “la fuerza que tienen los seres humanos”.

“Contadlo a un amigo, a un familiar, a la policía, en un tuit... hacedlo como queráis... pero no os quedéis callados porque si lo hacéis los estáis dejando ganar a ellos”, concluye la joven en la carta, que está escrita a ordenador y que ha entregado, a través de una persona de confianza, a un periodista del programa.

La crisis de Gobierno abierta este lunes en el Gobierno de Ahora Madrid tras el cese a primera hora de la mañana del concejal de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, todavía puede agravarse. La plataforma política M129 ha emitido un comunicado calificando de “grave error” el cese de Carlos Sánchez Mato al frente de la delegación de Economía y Hacienda.

La plataforma vinculada a Ahora Madrid y a la que pertenecen los concejales Celia Mayer, Javier Barbero y Guillermo Zapata ha asegurado en el comunicado que los ediles con responsabilidad de Gobierno, Mayer y Barbero, se “plantean” la continuidad en el Ejecutivo de Manuela Carmena tras la destitución del concejal de Izquierda Unida.

“Si no hay avances claros y rápidos en estos aspectos, que son centrales en el mandato ciudadano recibido por Ahora Madrid, los concejales de M129 abandonarían sus responsabilidades de gobierno”, recoge el comunicado. Por tanto, Mayer podría dejar de ser la delegada de Políticas de Género y Diversidad y Barbero dejaría el área de Seguridad y Salud.

Madrid 129 asegura que no estar “de acuerdo” con “las decisiones recientes” ya que “ponen en riesgo la confluencia” de Ahora Madrid. “Estos cambios se explicitan en la apuesta por unos presupuestos centrados en el gasto social y la inversión en los barrios periféricos de la ciudad, en un giro en el modelo urbanístico escuchando a la ciudadanía en conflictos como el de la Operación Chamartín y en una verdadera disposición al diálogo profundo dentro de Ahora Madrid, incluyendo a sus bases”, asegura la plataforma política.

Finalmente, el plan económico con los recortes que exige Montoro ha salido adelante únicamente con los votos a favor del Partido Popular.

Los concejales de Ahora Madrid Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer han declarado este lunes ante la jueza de instrucción Teresa Abad Arranz por el caso Open de Tenis. En declaraciones a la prensa a la salida de los juzgados de Plaza de Castilla, los ediles han manifestado que han “podido aclarar que el procedimiento ha sido legal”. “Confiamos en que la jueza archive pronto”, ha señalado Mayer.

La magistrada los citó después de admitir a trámite una querella del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Madrid, que les acusa de varios delitos (prevaricación, delito societario y malversación de caudales públicos) por encargar informes a servicios jurídicos externos cuyo resultado llevaron a la Fiscalía para denunciar posibles irregularidades en la contratación del torneo.

La concejala de Políticas de Género y Diversidad ha asegurado que también se han podido aclarar ante la jueza el importe de esos informes. Según ha explicado Celia Mayer, fueron dos informes por un valor de 24.000 y 26.000 euros, a diferencia de lo que manifestó el Partido Popular que les acusó de haber pagado 100.000 euros.

Los ediles, que no han hecho declaraciones a la prensa antes de entrar, han prestado declaración durante dos horas en los juzgados de Plaza de Castilla. Mayer ha respondido a las preguntas de la magistrada, de sus abogados y de los letrados del PP; mientras que Sánchez Mato solo ha dado respuesta a las cuestiones planteadas por los abogados porque la jueza no le ha interrogado. Ni uno ni otro han sido preguntados por la Fiscalía en la vista. Transparencia y Justicia, la asociación vinculada al excomisario Villarejo y personada en la causa como acusación popular, no se ha presentado.

El delegado de Economía y Hacienda ha acusado al PP de presentar una “querella política”, como demuestra, ha dicho Sánchez Mato, que los abogados de la acusación no hayan hecho preguntas basadas en el caso. “Las preguntas ni siquiera en versado sobre el contenido de la querella y la juez ha tenido que aclarar en varias ocasiones que no tenían lugar”, ha asegurado el concejal.

Tras esta declaración, el siguiente paso es que la jueza decida si archiva la causa, llama a declarar a nuevos testigos o imputa formalmente a los delegados de Economía y Políticas de Género del Ayuntamiento de Madrid, lo que complicaría políticamente su situación ya que ambos han sido reprobados por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid y el Código Ético de Ahora Madrid recoge que cualquier cargo público imputado por un delito de corrupción debe dimitir.

Los concejales de Ahora Madrid Rommy Arce, Mauricio Valiente y Yolanda Rodríguez han acudido a los juzgados para apoyar a sus compañeros antes de la declaración. Con ellos se ha visto también a la coportavoz de IU Madrid Sol Sánchez. En las redes, otros concejales están respaldándoles bajo el hashtag #QuerellasdeHumo, que ya es trending topic.

La querella del grupo municipal popular del Ayuntamiento de Madrid, con José Luis Almeida a la cabeza, parte de una denuncia previa de los ediles y la entonces Consejera Delegada de Madrid Destino, Ana Varela, ante la Fiscalía Anticorrupción por los contratos entre el Gobierno de Alberto Ruiz Galardón y la empresa que gestiona el Open de Tenis.

Esta denuncia ante la Fiscalía por posibles irregularidades en la contratación –lo suscrito por el Ayuntamiento con la empresa MTP multiplica por cinco para 2017 la contraprestación por la celebración del torneo respecto a 2001– se basan en unos informes encargados por los dos ediles a unos servicios externos después de que la asesoría jurídica municipal se negara a hacer un informe sobre la cuestión, según desveló eldiario.es. 

La asociación vinculada al excomisario Villarejo, Transparencia y Justicia, no se ha presentado este lunes en la declaración de los concejales de Ahora Madrid Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer por el Open de Tenis, pese a estar personada en la causa como acusación popular, como ha desvelado eldiario.es.

Los ediles fueron citados a declarar como “querellados” por la jueza tras admitir a trámite una querella del grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento. La oposición del PP en la capital acusa a los ediles de malversación de caudales públicos, prevaricación y delito societario por el encargo de unos informes jurídicos externos pagados por Madrid Destino cuando eran directivos de la empresa pública.

Como ha podido saber eldiario.es, Sánchez Mato y Mayer tenían pensado contestar, además de las preguntas de la magistrada y de sus abogados, también a las de las acusaciones, pero la asociación Transparencia y Justicia no se ha presentado este lunes durante la declaración.“El que no acuda no le impide seguir siendo acusación”, explican fuentes jurídicas a este medio. Por tanto, su ausencia no impedirá que siga siendo acusación si la querella prospera.

No es la primera vez que la asociación del comisario se persosa en casos de corrupción que afectan a políticos, con la intención, dicen sus rivales, de obtener información de primera mano. En la causa que atañe a los concejales de Ahora Madrid puede haber un interés más: mantener la acusación viva en caso de que el juzgado rechace la querella del grupo municipal del PP por un defecto de forma.

Los letrados que defienden a los concejales de Ahora Madrid presentaron el 3 de julio un escrito ante la juez que instruye la causa, Teresa Abad Arranz, solicitando la acreditación de la personalidad jurídica del grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Madrid. Los grupos municipales en los ayuntamientos, argumentaron, carecen de dicha personalidad jurídica para interponer querellas como recoge numerosa jurisprudencia.

Apenas cuatro días después, el 7 de julio, la asociación de Villarejo pidió su entrada en la causa. Esta decisión evitaría que el caso se archivara de plano si finalmente la juez admite los argumentos de la defensa.

Bajo el lema “Fiestas libres de violencias machistas”, el gobierno de Ahora Madrid inicia una campaña destinada a las mujeres que acudan a las fiestas de verano de los diferentes barrios madrileños.

La delegada de Políticas de Género y Diversidad, Celia Mayer, ha presentado la campaña este martes con el eslogan que ya es común en proyectos similares llevados a cabo en otras ciudades: “No es no”. Así, se ha puesto en marcha la web noesno.madrid.es en la que se facilitan teléfonos de organizaciones especializadas en atención a víctimas e información para atender las posibles agresiones que puedan darse durante las fiestas este verano. Además: pegatinas, chapas y servilletas para informar, y puntos violetas para ayudar a las víctimas.

Con el balance de ocho denuncias por agresiones sexuales, tres de ellas por violaciones, durante los Sanfermines, Mayer ha señalado la importancia de atajar en las fiestas de los barrios de Madrid “las agresiones que son más recurrentes e invisibles como lo son las agresiones verbales y los tocamientos indeseados”.

Celia Mayer ha querido resaltar también la necesidad de trabajar en las “comunidades” y con la gente de los distritos para que, junto con el apoyo institucional, se diga “alto y claro que no lo vamos a consentir”, y se creen así “espacios de convivencia que excluyan la violencia sexual”. Una idea en la que incidía Nacho Murgui, delegado de Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social, durante su intervención: “Es importantísimo que a la hora de erradicar la violencia machista contemos con toda la comunidad”.

Formación para los voluntarios de los “puntos violetas”

Junto con las labores de sensibilización e información, que irán acompañadas de la habilitación de un teléfono específico, el 628186076, que funcionará de diez de la noche a siete de la mañana, y la distribución de pegatinas, chapas y servilletas que rezan “No es no. Cuando sea, como sea, donde sea. Madrid libre de violencias machistas”, el Ayuntamiento plantea ofrecer cursos de formación para que voluntarios y voluntarias aprendan a prevenir y atender las agresiones sexuales en las fiestas.

Estos cursos tendrán una duración de 4 horas y su objetivo es dar a conocer el qué es la violencia machista, qué tipos hay y qué se debe hacer en caso de sufrirla, para que los propios vecinos voluntarios puedan “acompañar” y ayudar a las víctimas desde los puntos violetas.

Como ha señalado María Naredo, directora general de Prevención y Atención frente a la Violencia de Género, los “puntos violetas” ya existen y funcionan en diferentes distritos, pero ahora, con esta campaña se ha querido apostar por la “cualificación de estos puntos” desde el área de Políticas de Género y Diversidad del gobierno, a fin de recoger, apoyar y formalizar las iniciativas ya impulsadas por los vecinos.

Una campaña centrada en jóvenes y adolescentes

Para llegar a las más jóvenes, la campaña contará con una fuerte presencia en las redes sociales con la distribución de unos 10 o 12 vídeos que se irán subiendo semanalmente.

En ellos han participado diferentes personajes del mundo de la cultura que no han dudado en sumarse a la iniciativa: actrices y actores como Javier Pereira o Natalia Rodríguez, periodistas como Quique Peinado y Marta Flich, y grupos de música entre los que están Vetusta Morla y las Hinds. Una manera, ha explicado Mayer, de llegar de forma directa y cercana a los más jóvenes y hacer saber a las mujeres que no están solas.

Me consta que muchos se han enganchado a mis columnas de denuncia pedagógica del uso espurio que el Partido Popular hace de la Justicia y sus engranajes. Sería un éxito si no fuera tan doloroso. En todo caso lo de hoy es un nuevo episodio –“Dinastía” se queda corta– del trampantojo de querella presentada con el único objetivo de apartar a los concejales Mato y Meyer de sus cargos electos. Si lo de la cortina de humo y la aceptación automática, que no prejuzga nada, era un escándalo que no podía llevar a la pérdida de la representatividad alcanzada en las urnas, lo del querellante inexistente no tiene desperdicio. Así que pasen y vean cómo probablemente ni siquiera la querella admitida a trámite sea en realidad una querella.

Para poder actuar ante los tribunales hay que ser una persona. Sólo las personas pueden tener negocios jurídicos y sólo las personas pueden querellarse. Cierto es que con la civilización hemos creado una figura que es la de las personas jurídicas para permitir que ciertas organizaciones humanas puedan actuar también como sujeto de derecho. Esas organizaciones están tasadas, claro. Una empresa es una persona jurídica pero el club de amantes del marmitako no lo es por mucho que ambos estén formados por un conjunto de personas físicas.

El caso es que la querella contra los concejales Sánchez Mato y Meyer ha sido presentada por un ente indefinible, un ente inexistente, un ente fantasma. Un denominado GRUPO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID figura como querellante. ¿Qué grupo municipal es ese? ¿Ha usurpado el PP la identidad de todos los grupos de concejales? ¿Se han creído ya la fantasía freudiana del partido único? Lo que no se entiende es cómo ha podido llegar a ser admitida a trámite una querella que no cumple la mínima de las normas para querellarse.

Y no se trata sólo de lo que algunos podrán considerar un error, no. No se trata de que se hayan olvidado de poner “popular”, porque el olvido tampoco subsanaría la cuestión ni haría que la querella fuera menos fantasmal, improbable e inaceptable. Lo cierto es que aunque hubieran puesto Grupo Municipal del PP del Ayuntamiento de Madrid, la cosa no hubiera cambiado. Los grupos parlamentarios o de concejales son meros instrumentos de organización interna dentro de los plenos para que haya un orden, pero no tienen personalidad jurídica alguna y, recuerden, si no son personas no se pueden querellar. Existen multitud de sentencias en las que se deja claro que “los grupos políticos de las corporaciones locales carecen de personalidad jurídica”. No cabe ninguna duda de que no estaban facultados para presentar esa querella.

Esa falta de legitimación para ejercitar la acción popular debía de conocerla el flamante portavoz del Partido Popular que acudió a otorgar poderes a un notario. No sólo es que Martínez-Almeida sea licenciado en Derecho, es que es Abogado del Estado; ya saben, lo más para hacer carrera en el PP. Lo suyo es grave pero ¿y lo del notario Miguel Mestanza, conocido como “el notario del PP” porque se ocupa de todos sus asuntos? ¿Cómo el notario, cuyo único pito que tocar en un otorgamiento de poderes es comprobar estos extremos, dio por bueno que lo hiciera un ente delicuescente a efectos del Derecho?

Y todavía tenemos que ir un poco más lejos. ¿Cómo es que el juzgado admite a trámite una querella sin comprobar los más mínimos requisitos estipulados en la Ley de Enjuiciamiento Criminal? No me lo pregunten a mí. Así son las cosas en la Justicia de este país. Una querella interpuesta en fraude de ley tenía como misión apartar de sus cargos a dos concejales elegidos por el pueblo madrileño y, de facto, les ha costado una reprobación en Pleno. Una reprobación apoyada por el PSOE, que aún no me explico cómo ha podido dejarse arrastrar a este charco por el Partido Popular y Ciudadanos.

La cuestión es que no todo el mundo es tonto o se lo hace así que los representantes legales de los concejales han presentado en el juzgado un escrito para exigir que se aclare todo este berenjenal, que se montó con el único objeto de abatir a unos rivales políticos. Así que se le pide a la juez –que no tendrá otro remedio que hacerlo– que exija al Partido Popular que acredite su personalidad jurídica y su capacidad de obrar para interponer esta querella, que presente el poder especial que tampoco presentó y que defina en calidad de qué se ha querellado, y al señor notario para que informe cómo llegó a determinar que tal ente gaseoso tenía capacidad jurídica para otorgar un poder.

Realizadas tales diligencias lo único previsible es que la querella sea rechazada y, por tanto, quede anulada la providencia que llamaba a declarar a ambos en septiembre. Sí, ese papelín automático que podía haberles costado el puesto si Carmena hubiera flaqueado.

A mí no me extrañaría que cuando estos extremos se aclaren, los concejales, ellos sí personas bien físicas, se acabaran querellando contra el portavoz del PP por estafa procesal. Es más, desde aquí les incito y jaleo para que lo hagan. Y si el notario ha incurrido en alguna irregularidad punible, pues también. Y entiendo que la reprobación debería ser anulada.

Ya sólo queda que la Fiscalía Anticorrupción se ponga las pilas y nos diga si se querella o no por el contenido de los informes del Madrid Open, que sigue analizando y sobre los que ha pedido más documentación a Madrid Destino.

Que se haga Justicia y que no sea sólo poética, que también.

Los líderes de Podemos e Izquierda Unida han salido en defensa, una vez más, de los concejales Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer. Para Pablo Iglesias y Alberto Garzón, el Partido Popular denunció a Sánchez Mato y Mayer por “venganza” y no para “hacer justicia”, según aseguran en un artículo publicado este miércoles en El Mundo bajo el título “El precio de investigar”.

Iglesias y Garzón hacen esta afirmación argumentando que el motivo de la querella del PP son los informes externos que encargaron para esgrimir las posibles irregularidades en el contrato del Open de Tenis, pero el PP solo se querelló contra los concejales y no contra todos los que pudieron verse beneficiados por esos informes.

Además, para los diputados de Unidos Podemos la querella “no se sostiene”. “El informe fue encargado a un bufete externo porque los servicios jurídicos del Ayuntamiento no tienen competencias para posicionarse al respecto, y el procedimiento de contratación fue tan legal y escrupuloso como en los nueve casos anteriores idénticos que el PP no denunció”, defienden los líderes de Podemos e IU.

Pablo Iglesias y Alberto Garzón no entienden la petición de dimisión de los concejales, porque, al igual que defendió la alcaldesa de Madrid el auto de la jueza no contiene una acusación “formal”. “No parece razonable que la querella a Celia Mayer y Carlos Sánchez Mato se ponga al mismo nivel político y mediático”, defienden.

Para los diputados de Unidos Podemos la querella del PP tiene “consecuencias perveras”. Por un lado “se desvía el foco del evidente escándalo en torno a la celebración del torneo Mutua Open”. Por otro, “se espolea la falsa idea de que todos los políticos son iguales (de corruptos)”.

“Pero no es sólo que Carlos y Celia no sean como aquellos que utilizan lo público en beneficio privado, sino que son precisamente lo contrario: ellos están denunciados por haber dedicado tiempo y esfuerzo a perseguir la corrupción en el Ayuntamiento de Madrid”, concluyen.

La empresa municipal Madrid Destino empleó anteriormente nueve veces la misma contratación por la que el Partido Popular se ha querellado contra los concejales de Ahora Madrid Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer y por la que han sido reprobados esta tarde en el Pleno, han explicado desde el equipo de Gobierno.

Las mismas fuentes han remarcado que en ningún caso se trató de una contratación ilegal ya que se realizó en el marco de la ley de contratos del Sector Público y de las Instrucciones de Contratación de Madrid Destino, realizadas antes de la llegada de Ahora Madrid y utilizadas en multitud de ocasiones previas.

De dichas instrucciones el Ejecutivo defiende que había plena capacidad de contratación por parte de los firmantes de la denuncia y que dado el importe de los informes encargados (50.000 euros) no era necesario elaborar pliegos ni realizar una licitación abierta. Se trata de un procedimiento simplificado, habitual en la contratación de determinadas obras y servicios por parte de las administraciones y empresas públicas.

La externalización de servicios jurídicos “no es excepcional”, han explicado, dado que el Ayuntamiento de Madrid y las empresas municipales, como todas las administraciones públicas, recurren a despachos de abogados externos en los casos en los que la asesoría jurídica no considera competencia suya o en los que requieren de un grado de especialización muy concreto.

Un ejemplo reciente es la denuncia presentada en 2016 a la Fiscalía por parte del Ayuntamiento en el caso de Mercamadrid-Mercaocio, donde se encargó un informe externo a un abogado del Estado en excedencia.

En el caso de Madrid Destino se contabiliza la contratación en nueve ocasiones de servicios externos de abogados para casos de derechos fiscal, laboral, asesoramiento técnico para informes económicos y jurídicos o asistencia en procesos judiciales. Las cantidades abonadas oscilan entre los 14.000 y los 50.000 euros.

En cuanto al número de informes, el Gobierno apunta que fueron dos, por los que se pagaron 50.000 euros, a razón de 24.000 y 26.000 euros respectivamente. Uno de los informes cuantificó el coste de los convenios firmados por el Mutua Open de Tenis y otro sirvió para esclarecer si todo ello era constitutivo de delito. Uno de los informes fue realizado por un despacho especializado en derecho civil y administrativo y el segundo especializado en derecho penal.

El nivel de concreción requerido en la elaboración de estos dos tipos de informes hizo necesario recurrir a abogados especializados y con experiencia en ramas de derecho muy concretas, han apuntado. El nivel de confidencialidad necesario para realizar este trabajo permite entender que no se optara por un procedimiento publicitado para la contratación de despachos de abogados. También destacan que las cantidades abonadas entran dentro de los honorarios habituales en estos casos.

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid, con los votos a favor de PP, PSOE y Ciudadanos, ha reprobado a los concejales de Ahora Madrid Celia Mayer y Carlos Sánchez Mato. El pleno municipal también ha votado a favor de la dimisión de los dos ediles que han sido citados a declarar ante el juez el próximo 18 de septiembre por prevaricación y malversación de fondos públicos tras admitirse a trámite la querella del grupo municipal del PP. 

El PSOE no decidió hasta este martes votar a favor de la reprobación y la dimisión de los ediles, aunque iba a salir adelante en cualquier caso ya que la intención de los socialistas era abstenerse. La soledad de Ahora Madrid en el debate y la votación ha sido contrarrestada con un cierre de filas alrededor de los dos ediles que ha protagonizado la propia Manuela Carmena. 

La alcaldesa ha hecho un alegato a favor de sus concejales durante el debate en el Pleno que les ha reprobado y ha pedido su dimisión. Carmena lo ha dicho en varias ocasiones y de diferentes maneras: “No están imputados”. 

“Es extraordinariamente inexacto: estos señores no están imputados. El derecho es imprescindible y queridos amigos, hay algo que es el derecho procesal, y no es lo mismo imputado, querellado, encausado...”, ha defendido la regidora que ha acusado a los grupos de la oposición de faltar al respeto y de “falta de formación técnica”. 

La alcaldesa ha reiterado que sus concejales no están imputados, haciendo alusión a la ley de Enjuiciamiento Criminal y a su artículo 769. Carmena, que ya había defendido públicamente esta postura y ha aludido también a las asociaciones de jueces que le dieron la razón respecto a la no imputación de Sánchez Mato y Mayer.

Para Carmena, son los querellantes (el Partido Popular) quienes han citado unos delitos, pero en ningún caso esos delitos se los está imputando la jueza de instrucción de Plaza de Castilla que lleva la causa. “La admisión a trámite de la querella no tiene hechos imputatorios. No existe imputación”, ha defendido la regidora, que ha añadido que es una “falta de respeto y de formación técnica, que se dediquen a comentarlo y esparcirlo”.  

Manuela Carmena se ha comprometido, no obstante, a que si llegan a ser imputados formalmente tras su declaración ante la jueza, les cesará como concejales. “Si hay una imputación formal mi postura será clara y determinante”, ha aseverado.  

Los responsables municipales de Hacienda y de Políticas de Género y Diversidad llevaron adelante una denuncia ante la Fiscalía por el contrato firmado entre el equipo de Gobierno de Alberto Ruiz Gallardón y la empresa que organiza el Open de Tenis, una denuncia que no contó con el visto bueno de la alcaldesa. Los informes externos que encargaron los ediles para analizar posibles irregularidades en el contrato, después de que los servicios jurídicos municipales se negasen a hacerlos, han sido el motivo por el que el PP se ha querellado contra Sánchez Mato y Mayer. El partido cree que ambos cometieron malversación de caudales públicos, prevaricación y delito societario.

El juez la ha admitido a trámite y ha llamado a declarar “en concepto de querellados” a ambos el próximo mes de septiembre. Una término que el juez utiliza para evitar usar el de “investigados” (lo que anteriormente se conocía como imputado) y evidenciar así que no ha entrado a valorar el fondo del asunto y que solo ha admitido a trámite la querella.

Comisión de investigación

En el pleno de este miércoles se votaban tres asuntos sobre este tema: la reprobación de los ediles de Ahora Madrid, la petición de dimisión o, en su defecto, su cese, y la creación de una comisión de investigación. 

PP y Ciudadanos han llevado al Pleno la petición de cese y reprobación. Los últimos, además, han solicitado la puesta en marcha de una comisión de investigación a raíz de la denuncia ante Fiscalía del convenio del Mutua Madrid Open a espaldas del consejo de administración de Madrid Destino.

El PSOE quería votar a favor de la reprobación y la dimisión, y en contra del último punto, la comisión de investigación. La portavoz socialista, Purificación Causapié, ha pedido la votación por puntos una vez que la votación ya estaba en marcha, por lo que ha tenido que votar en bloque y, por lo tanto, aceptar la comisión. 

En las últimas semanas el Partido Popular de Madrid ha desatado una nueva campaña de desprestigio e intimidación contra el concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, querellándose contra él, contra la también concejala Celia Mayer y contra la consejera delegada de la empresa municipal Madrid Destino, Ana Varela. El Partido Popular acusa a los anteriores de un delito de malversación de caudales públicos y de prevaricación. El Partido Popular, –investigado por delitos de organización criminal, asociación ilícita, financiación irregular, prevaricación, cohecho, encubrimiento, malversaciones de caudales públicos y un sinfín de conductas delictivas cometidas a lo largo de todo el territorio nacional desde al menos el año 1990 hasta hoy– pretende hacernos creer que los corruptos son quienes protegen el patrimonio público y no los responsables de la orgía de sobornos y dinero negro que han organizado en torno a los gobiernos del PP.

El “delito” atribuido a los concejales de Ahora Madrid no es haberse apropiado fondos públicos, ni haberlos regalado a empresas “donantes” como acostumbran hacer en Génova, sino la presentación de una denuncia ante la Fiscalía sobre los perjuicios económicos para el Ayuntamiento de Madrid derivados del millonario acuerdo suscrito entre el entonces alcalde Alberto Ruiz-Gallardón y la empresa MTP para celebrar anualmente el Mutua Madrid Open de tenis. Denuncia que ha provocado que la Fiscalía de Madrid abra una investigación actualmente en curso.

La fundamentación de la querella contra Sánchez Mato y demás cargos municipales es que la empresa municipal Madrid Destino –que no cuenta con servicios jurídicos ni de auditoria propios– contratara los servicios externos de dos firmas de abogados para que informaran sobre las posibles irregularidades en un contrato por el cual el Ayuntamiento comenzó pagando 1,5 millones de euros anuales en el año 2002 a la empresa privada organizadora del trofeo de tenis, y que en el año 2010 obligó al pago de 10,4 millones. El “delito” de Sánchez Mato no ha sido otro que actuar diligentemente en defensa de los recursos municipales, tras constatar un llamativo incremento en el precio del contrato del 693% en ocho años.

La tormenta política organizada por el PP en torno a la supuesta malversación de caudales públicos derivada de la investigación abierta por Sánchez Mato tiene como única finalidad desprestigiar la política económica y fiscal del Ayuntamiento gobernado por Ahora Madrid, fuerza del cambio que en menos de dos años de gestión municipal ha demostrado que si se puede hacer una política económica protectora de los débiles y a la vez eficaz y eficiente en sus resultados.

La Concejalía de Economía y Hacienda dirigida por Carlos Sánchez Mato se ha convertido en referencia en toda España de otra política económica posible capaz de expandir el gasto social, a la vez que reducir déficit público y crear empleo. Pésimo ejemplo frente a los defensores de políticas económicas neoliberales empeñados en hacernos creer que no hay alternativa económica posible al recorte de gasto público, la destrucción o degradación del empleo y la privatización de servicios públicos.

El Ayuntamiento de Madrid gobernado por Manuela Carmena heredó una deuda de 5.936 millones de euros generada por los sucesivos gobiernos del Partido Popular, aproximadamente 1.700 euros de deuda por madrileño/a, deuda que se generó de forma paralela a la reducción de políticas sociales, la privatización de servicios municipales y la realización de obras públicas que multiplicaban su precio final respecto a lo presupuestado; todo para mayor beneficio de empresas en demasiados casos “donantes” del Partido Popular.

En el tercer trimestre de 2015, el primero con Sánchez Mato al frente de la Concejalía de Economía y Hacienda, esta deuda se redujo un 19,1% con respecto al mismo periodo del año anterior, hasta los 5.583 millones de euros, según datos del Banco de España. El Ayuntamiento de Madrid rebajó su deuda durante el ejercicio de 2016 en 922,6 millones de euros, dejándola en 3.845 millones, un 31% menos que en 2015.

Hace solamente dos años y medio, en 2014, la ratio de endeudamiento del Ayuntamiento era del 140% de deuda con respecto a los ingresos corrientes, mientras que ahora la ratio es del 87,7%. El Ayuntamiento de Madrid ha cumplido ya el objetivo de reducción de deuda que el equipo de Ana Botella (PP) pretendía cumplir a finales de 2018, de manera que actualmente la deuda municipal se sitúa por debajo de los 3.723 millones, reducción que ha venido paralela al incremento de la inversión en un 151% y el correlativo incremento del gasto social. Y ello ha sido posible pagando a diario una deuda considerada ilegítima por la forma en que se generó, en exclusivo beneficio de las minorías que se han enriquecido empobreciendo a nuestro pueblo durante los años de crisis económica.

Para el Partido Popular, la gestión económica de Carlos Sánchez Mato y el resto de concejales de Ahora Madrid no puede convertirse en un ejemplo a imitar por el resto de ayuntamientos españoles, menos aún pueden permitir que se convierta en la constatación de que las fuerzas del cambio pueden y saben gobernar de otra forma, gestionando ordenada y eficazmente, reduciendo el déficit creado por el neoliberalismo en su saqueo de lo público y a la vez expandiendo el gasto y la atención social, es decir, reduciendo una pobreza contra la que el PP hace tiempo que renunció a luchar

Tempranamente el Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro ubicó a Carlos Sánchez Mato como el objetivo a batir, y ahora se comprueba que, además de la asfixia económica practicada al Ayuntamiento, se ha puesto en marcha –por el PP de Madrid– una campaña de desprestigio personal y desinformación que pretende hacer creer a la opinión pública que Carlos es otro corrupto más. Cree el ladrón que todos son de su condición.

En noviembre del año pasado, el ministro Montoro se opuso al incremento de gasto que el Ayuntamiento de Madrid incluyó en su Plan Económico-Financiero 2016-2017, alegando un incremento de gasto de 700 millones de euros y un decremento considerable de su capacidad de financiación, “algo incompatible con los objetivos de estabilidad”, eufemismo mediante el cual las criminales políticas neoliberales ocultan su obsesión privatizadora y de eliminación de cualquier la inversión pública con contenido social. Por supuesto Montoro ignoraba conscientemente que Sánchez Mato ya había reducido en casi 1.000 millones de euros la deuda del Ayuntamiento en ese mismo año y que había dejado la ratio de endeudamiento en un 87,7% frente a heredada del anterior Ayuntamiento del PP de un 140% .

Montoro comunicó a Sánchez Mato que la “falta de cumplimiento de esta obligación –establecida por el ministro– constituye infracción muy grave”, amenazando nada más y nada menos con la destitución del concejal de Economía de Madrid, destitución que habría sido la primera ejecutada en España desde la trágica reforma exprés del artículo 135 de la Constitución realizada al alimón por el PSOE y el PP en el mes de agosto de 2011.

El particular ministro había hecho la vista gorda cuando el anterior gobierno municipal de Ana Botella en 2015 superó el techo de gasto en 94 millones de euros, lo que provocó un incremento del incumplimiento en 244 millones de euros cuando Ahora Madrid llegó al ayuntamiento.

Frente a los anteriores incumplimientos del PP –permitidos por Montoro– lo cierto es que el Ayuntamiento gobernado por Carmena no cumplía la Regla de gasto únicamente por 16 millones de euros, debido a la devolución de la paga extra congelada a los funcionarios desde 2012.

La estrategia del PP es bastante evidente para cualquiera que quiera verla: sacar de la Concejalía de Economía a Carlos Sánchez Mato al precio que sea e impedir que éste continúe ejecutando con éxito políticas económicas que cuestionan, con excelente resultado, la supuesta falta de alternativa respecto a las recetas económicas neoliberales; amedrentar a cualquier cargo público dispuesto a investigar las múltiples irregularidades en la gestión económica de los gobiernos del PP, de las que cada día aparecen nuevas muestras de escándalos; y difundir la imagen de que la corrupción es consustancial a todas las fuerzas políticas, equiparando así la gestión de las fuerzas del cambio a la sistemática actuación criminal de cientos –si no miles– de cargos públicos del PP.

En un artículo reciente, el ilustre jurista colombiano Gustavo Gallón, relator de Naciones Unidas y presidente de la Comisión Colombiana de Juristas, decía sobre las causas de la corrupción:

“El caldo de cultivo puede encontrarse en la existencia de una suerte de 'situación estamental' en la que nacen, crecen y se reproducen algunos sectores de élite (...). Gozan, en consecuencia, de privilegios en la 'consideración social', como diría Max Weber, fundada en el modo de vida, en su educación y doctrina y en su 'prestigio hereditario o profesional”.

Estos “estamentos privilegiados y de élite”, que hacen de la corrupción y la impunidad su forma de relacionarse con el sector público y saquearlo, están representados en la política española prioritariamente por el Partido Popular. Por ello no es de extrañar que este partido haya anunciado la presentación de una reprobación a Carlos Sánchez Mato en un próximo pleno del Ayuntamiento de Madrid, como ya hicieran respecto al concejal Mauricio Valiente el pasado 29 de marzo.

En aquella ocasión, el PSOE en el Ayuntamiento de Madrid cometió el gravísimo error de sumarse a la injustificada política de desgaste del Partido Popular contra Ahora Madrid, votando a favor de la reprobación. Eran tiempos convulsos en el Partido Socialista, inmerso en una dura de campaña de primarias donde el partido decidía a quién quería representar y defender, si a la izquierda y a nuestro pueblo, o a una indefinida amalgama neoliberal objetivamente alejada de los intereses populares.

A fecha de hoy el PSOE propala que ha vuelto a las filas de la izquierda y de la defensa inclaudicable de los intereses populares, lo cual de momento constituye poco más que una bella declaración de intenciones no suficientemente confirmada tras anunciar que no se opondrá en el Congreso de los Diputados a la aprobación del CETA, tratado de libre comercio que el propio PSOE califica de oscuro y perjudicial para España.

Que la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid anuncie que su partido aún no ha decidido si “se abstendrá o votará a favor” de la petición de dimisión Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer presentada por el PP no es buen comienzo para presentar al PSOE como una a fuerza que ha vuelto a la izquierda. El resultado de la probable moción de reprobación propuesta por el PP no versará únicamente sobre si es correcto que un concejal utilice todos los medios proporcionales a su alcance para intentar poner fin a un contrato que podría ser seriamente perjudicial para el Ayuntamiento de Madrid. Decidirá sobre qué tipo de política económica es la preferida por el pleno del Ayuntamiento de Madrid y las fuerzas políticas en él representadas: si una política económica expansiva del gasto social impulsada por la administración pública, capaz de acabar con la pobreza y a la vez reducir el déficit público, o por el contrario una política económica al servicio de las élites, de su perpetuo enriquecimiento injusto y del correlativo empobrecimiento de nuestro pueblo.

Por mi parte, como madrileño, no puedo decir más que estoy profundamente complacido y orgulloso con la ejemplar política económica llevada adelante por Carlos Sánchez Mato y por Ahora Madrid, a la vez que me resulta muy comprensible el odio que el Partido Popular destila, en particular, hacia nuestro concejal y en general contra el Ayuntamiento presidido por Manuela Carmena.

Manuela Carmena fue jueza en Madrid durante décadas antes de llegar a la Alcaldía de la ciudad. Pero este miércoles ejercerá la defensa de los dos ediles que serán reprobados en el Pleno municipal por PP, Ciudadanos y también por el PSOE. El grupo socialista ha virado de la abstención al sí después de que su secretario general, Pedro Sánchez, pidiera en televisión la dimisión de los delegados de Hacienda y Políticas de Género y Diversidad, Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer respectivamente. Ambos han sido llamados a declarar por un juez tras una querella del PP por denunciar posibles irregularidades en la gestión del Open Tenis de Madrid durante los mandatos de Alberto Ruiz-Gallardón.

El Pleno municipal pedirá la dimisión de Sánchez Mato y Mayer, pero la alcaldesa mantendrá la actual composición del Gobierno de la ciudad. La soledad de Ahora Madrid en el debate y votación del miércoles será así contrarrestada con un cierre de filas alrededor de los dos concejales que personificará la propia Carmena. Pese a que la denuncia contra la empresa que organiza el torneo generó una importante crisis en el Gobierno y las críticas de la alcaldesa, quien dijo haberse enterado por la prensa de la acción de sus concejales.

La votación en el Pleno municipal iba a salir adelante en cualquier caso ya que el PSOE tenía intención de abstenerse, después de haberse mostrado contrariado con lo sucedido desde un primer momento. Más con las formas de la acción judicial emprendida por Sánchez Mato y Mayer que por el fondo, intentar desvelar si la empresa Madrid Trophy Promotion (MTP) y parte del Gobierno municipal del PP que puso en marcha el Open de Tenis habían cometido algún delito.

Los responsables municipales de Hacienda y de Políticas de Género y Diversidad llevaron adelante una denuncia que en ese momento no contaba con el visto bueno de la alcaldesa. Carmena confiaba en lograr una renegociación con MTP para que el evento deportivo fuera menos lesivo para las arcas municipales ya que no tenía muy claro que el proceso judicial fuera a concluir a favor del Gobierno.

Los concejales pidieron un informe al servicio jurídico del propio Ayuntamiento de Madrid, que se negó a hacerlo. Los ediles optaron entonces por encargar un informe externo que costó 50.000 euros y que sí encontró las palancas necesarias para denunciar ante la Fiscalía el acuerdo que firmó Gallardón con los organizadores del Open de tenis.

Ese informe externo ha sido el motivo por el que el PP se ha querellado contra Sánchez Mato y Mayer. El partido cree que ambos cometieron malversación de caudales públicos, prevaricación y delito societario. El juez la ha admitido a trámite y ha llamado a declarar “en concepto de querellados” a ambos el próximo mes de septiembre. Una término que el juez utiliza para evitar usar el de “investigados” (lo que anteriormente se conocía como imputado) y evidenciar así que no ha entrado a valorar el fondo del asunto y que solo ha admitido a trámite la querella.

El PP asegura que la admisión a trámite de la querella supone un quebrantamiento del código ético de Ahora Madrid, lo que supondría la dimisión inmediata de ambos ediles. El Gobierno municipal niega que esto sea así y recuerdan que el documento, que nunca ha dejado de estar accesible, establece la necesidad del “lucro” para que sea preceptiva la dimisión, algo que creen que en este casi no ha ocurrido.

El cambio de posición del PSOE se ha decidido este mismo martes en una reunión tras las palabra de Sánchez en La Sexta. El secretario general del PSOE pedía la dimisión de los dos concejales después de su primera reunión tras ser reelegido líder de su partido con el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias.

“¿Deben dimitir los concejales Celia Mayer y Carlos Sánchez Mato?”, le pregunó Antonio García Ferreras a Pedro Sánchez: “Deben reflexionar”, respondía. “Ya ¿pero deben dimitir?”, insistía el periodista. “Sí”, zanjaba el líder socialista.

El lunes, la portavoz del PSOE ya había anunciado que su grupo no impedirá la reprobación. Pero las palabras de Sánchez obligaron a un cambio de postura que fuentes municipales aseguran que no ha sido comunicado todavía a Carmena. Causapié cree que Sánchez Mato y Mayer afrontan “delitos muy graves” y ha criticado la “doble vara de medir” de Ahora Madrid, un grupo que en su opinión acusa y señala a personas de otros partidos y “sorprende” ahora apoyando a los suyos.

La alcaldesa de Madrid gobierna gracias precisamente al apoyo del PSOE. Los llamados Ayuntamientos del Cambio, con Madrid y Barcelona a la cabeza, son además uno de los ejes del discurso de Podemos, IU, En Comú y del resto de grupos que forman el autodenominado “espacio del cambio”.

“¿Deben dimitir los concejales Celia Mayer y Carlos Sánchez Mato?”, ha preguntado Antonio García Ferreras en Al Rojo Vivo (La Sexta) a Pedro Sánchez: “Deben reflexionar”, ha contestado el secretario general del PSOE. “Ya ¿pero deben dimitir?”, ha insistido el periodista. “Sí”, ha contestado el líder socialista.

La portavoz del grupo municipal del PSOE, Purificación Causapié, anunció el lunes que su grupo no impedirá la reprobación ni la petición de cese de los ediles de Ahora Madrid Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer.

Purificación Causapié ha dado cuenta de este argumento en una rueda de prensa ofrecida hoy en la sala de prensa de la Plaza de la Villa, donde ha recordado que Ahora Madrid gobierna en minoría y por ello espera que la alcaldesa, Manuela Carmena, escuche al Pleno el miércoles -día previsto para la votación- y “actúe en consecuencia”.

Carlos Sánchez Mato (delegado de Economía y Hacienda) y Celia Mayer (delegada de Políticas de Género y Diversidad) han sido citados a declarar junto a la exconsejera delegada de Madrid Destino, Ana Varela, como investigados por malversación de caudales públicos, prevaricación y delito societario, acusados de encargar dos informes externos para denunciar el Open de Tenis, tras una querella presentada por el PP.

Tras conocerse la pasada semana la situación judicial de los ediles, el PP ha presentado una iniciativa para su debate en el Pleno del miércoles en la que solicita a la alcaldesa el cese de ambos, en tanto que Ciudadanos pedirá su reprobación. Para que estas iniciativas salgan adelante basta que los dos grupos voten a favor y que el PSOE se abstenga.

“Es una obligación democrática”, ha dicho la portavoz socialista sobre la necesidad de que un gobierno “en minoría” como el de Carmena tenga en cuenta la voluntad del Pleno, algo que la alcaldesa no hizo cuando toda la oposición pidió el cese de Mauricio Valiente como responsable del plan municipal de derechos humanos, del que su edil sigue al frente.

“Son delitos muy graves”, ha considerado Causapié, que ha criticado la “doble vara de medir” de Ahora Madrid, un grupo que en su opinión acusa y señala a personas de otros partidos y “sorprende” ahora apoyando a los suyos.

Causapié ha pedido al Partido Popular y Ciudadanos que se pongan de acuerdo para presentar una única iniciativa –ya que el PP reclama el cese y Ciudadanos la reprobación– y sí ha mostrado su rechazo a la comisión de investigación sobre este caso reclamada por Ciudadanos, que en ningún caso apoyarán.

Las tres grandes asociaciones de jueces coinciden con la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, en que “no hay imputación formal” de sus delegados Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, según publica la agencia Servimedia. Los masgistrados restan importancia al hecho de que la jueza haya admitido a trámite la querella del Grupo Popular en el Consistorio por el informe que encargaron para denunciar el contrato del Open de tenis.

Así se pronunciaron, en declaraciones a Servimedia, el presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, Celso Rodríguez Padrón; el portavoz de Jueces para la Democracia, Ignacio González Vega, y el portavoz de la Asociación de jueces Francisco de Vitoria, Raimundo Prado. Avalaron así la versión de Carmena, que negó este viernes que sus concejales estén imputados, por lo que no tendrían que dimitir de sus cargos, algo que reclama el PP y, con menos vehemencia, Ciudadanos.

Rodríguez Padrón asegura que “la imputación en el proceso penal es el acto de dirección del proceso contra una persona”, por lo que el que la jueza del Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid haya citado a declarar como querellados a Sánchez Mato y Mayer “formalmente no se podría decir que es una auténtica imputación”, cosa que ocurriría cuando “un juez considera a una persona como posiblemente autora de un delito” y “se transforman las diligencias previas en un procedimiento abreviado”. Por tanto, “en puridad no se ha producido la imputación”.

Sobre qué significa que la jueza, Teresa Abad Aranz, haya admitido a trámite la querella, el presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura dijo que revela que “cuanto se atribuye al querellado puede ser un delito”, pero puntualizó que solo se rechazan la admisión de las querellas cuando “en su relato de hechos se pone de manifiesto una conducta que bajo ningún concepto puede ser un delito”. Es decir, que la querella del PP “no es una elucubración insustancial, pero una querella bien redactada sobre unos hechos que son ciertos, si reúne todos los requisitos formales normalmente se le admite a trámite y al querellado se le da la oportunidad de defenderse”.

En una línea similar, González Vega interpretó que, de momento, “ha habido una querella”, y Sánchez Mato y Mayer “están investigados” y “en principio tienen que declarar como querellados”, por lo que, “al margen del Código Ético” de Ahora Madrid, en términos estrictamente jurídicos “habrá que esperar a la imputación oficial, que es con el auto de procesamiento”, cosa que no se da en este caso. No obstante, el portavoz de JpD sí reconoció que “hay mucha discusión al respecto sobre cuál es la imputación oficial y el procedimiento abreviado”.

Finalmente, Prado explicitó que “cuando hay una querella, la admisión a trámite significa que al querellado se le otorga derecho a prestar declaración”. Coincidió en parte con el PP en que, cuando se llama a declarar a un querellado, “no puede ir en calidad de otra cosa que la de investigado”, que es el término que ahora ha sustituido al de imputado, pero para matizar que “es el problema de los políticos, que juegan con estos temas” con “fines espurios”, por saber que cuando uno presenta una querella contra alguien “ya tiene que ser investigado”.

En otras ocasiones, donde políticos del PP han sido llamados a declarar bajo las mismas circunstancias que ahora Sánchez Mato o Mayer, han recibido trato de imputados por parte de la oposición y medios de comunicación, y se ha pedido su dimisión por ello.