El jefe de la Guardia Civil en Balears, el general de brigada Alejandro Hernández, ha defendido este martes la investigación que culminó la pasada semana con la detención de dos jóvenes activistas acusadas de participar en los ataques contra cinco inmobiliarias de Santa Maria del Camí. “No hubo ningún tipo de desproporción”, ha aseverado.

El operativo ha suscitado una intensa controversia política y social no solo por la exposición pública de las detenidas durante su arresto y traslado a los juzgados, sino también por el contenido del atestado policial, que les atribuye, además de un delito continuado de daños y otro contra el patrimonio histórico, un presunto delito de pertenencia a grupo criminal. Una calificación que, junto a algunos de los indicios empleados por los investigadores para sostenerla, ha sido cuestionada por organizaciones sociales, que la consideran desproporcionada.

Preguntado por la actuación de los agentes, Hernández ha defendido que tanto las detenciones como los registros domiciliarios y el traslado de las dos jóvenes esposadas a dependencias judiciales fueron “adecuados”. “Fueron algo más que pintadas; se rompieron cristales con un martillo y se inutilizaron con pegamento las cerraduras de cinco edificios. Hay un daño agravado en estas actuaciones”, ha afirmado durante la presentación de los nuevos agentes destinados a Baleares.

Las declaraciones llegan tras días de controversia desde que se produjeran los arrestos así como las imputaciones vertidas por el Instituto Armado en su atestado, un informe de 116 páginas que sostiene que los ataques fueron una actuación “coordinada y premeditada” y que fundamenta buena parte de la investigación en el análisis de cámaras de videovigilancia públicas y privadas, el seguimiento de perfiles en redes sociales y otros indicios, entre ellos la presencia de una pancarta con el lema SOS Residents, Stop Overtourism en el domicilio de una de las investigadas. El informe llega a afirmar que este último elemento “confirmaría sin lugar a dudas la actividad delictiva de esta persona”, una valoración que ha sido duramente cuestionada por los colectivos contra la turistificación.

Frente a ello, Hernández, cuyas declaraciones han sido recogidas por Europa Press, ha rechazado que la Guardia Civil actúe movida por criterios políticos o persiga a activistas. “Nosotros hacemos investigaciones policiales sobre denuncias de hechos penales, no hacemos otra cosa. La polémica, a la Guardia Civil, realmente no le afecta”, ha señalado. El mando ha insistido en que el Instituto Armado continuará investigando “todos los hechos delictivos” que lleguen a su conocimiento y ha recalcado que “los responsables son los autores de los hechos delictivos”.

Respecto a una de las cuestiones que más debate ha generado —la imputación por pertenencia a grupo criminal—, Hernández ha defendido que los investigadores se limitaron a aplicar el Código Penal. Según ha argumentado, este tipo delictivo concurre cuando actúan “más de dos personas concertadas”, por lo que, a su juicio, “encaja a la perfección”. Sin embargo, esa interpretación ha sido uno de los principales puntos de fricción con organizaciones como Menys Turisme, Més Vida, Alerta Solidària o el Sindicat de Llogateres, que consideran que la investigación supone una criminalización del activismo contra la turistificación y la crisis de acceso a la vivienda.

El general también ha restado excepcionalidad al despliegue policial y ha atribuido la repercusión del caso al debate público generado en torno a la turistificación. “No veo ningún tipo de desproporción, la considero adecuada”, ha reiterado, defendiendo que los registros domiciliarios respondían únicamente a la necesidad de intervenir la ropa presuntamente utilizada durante los ataques y asegurar pruebas para la investigación.

La Guardia Civil investigará las pintadas antisemitas

Durante su comparecencia, Hernández ha confirmado además que la Guardia Civil ha asumido la investigación sobre las pintadas de carácter antisemita aparecidas el pasado fin de semana en dos viviendas vinculadas al entorno familiar de las dos activistas. La denuncia fue presentada inicialmente ante la Policía Local de Santa Maria del Camí, que posteriormente remitió las diligencias a la Guardia Civil por tratarse del cuerpo competente.

Según el mando, los agentes iniciarán las pesquisas para tratar de identificar a los autores de las pintadas, que incluían estrellas de David, la palabra “judíos” y simbología nazi. “No sé dónde acabará la investigación. Cada investigación tiene unos derroteros distintos y sus tiempos”, ha señalado.

El Govern ha condemnat la “vandalització” de comerços en el marc de les protestes contra la saturació turística i ha demanat a aquells que es manifestin a Palma diumenge que vinent 26 de juliol que ho facin de manera “pacífica”.

D'aquesta manera s'ha expressat la vicepresidenta segona de l'Executiu autonòmic, Antònia Maria Estarellas, en ser preguntada tant per la protesta convocada per Menys Turisme, Més Vida com per la polèmica suscitada arran de la detenció de dos joves activistes acusades de vandalitzar cinc immobiliàries.

“El Govern sempre defensa i continuarà defensant que totes les manifestacions dutes a terme de manera normal, seguint les normes de convivència i de manera pacífica són legals i legítimes”, ha dit en la roda de premsa posterior a la reunió del Consell de Govern celebrada aquest divendres.

La també consellera de Presidència, Coordinació de l'Acció de Govern i Cooperació Local ha expressat el seu “màxim respecte” per la protesta que recorrerà els carrers de Palma, però ha demanat que sigui “pacífica” i que respecti “el marc de convivència i a totes les persones que són a les Illes”.

Malgrat ser preguntada en diferents ocasions per l'opinió del Govern sobre la detenció de les dues activistes, que van quedar en llibertat provisional després de passar a disposició judicial, Estarellas ha refusat fer valoracions.

“No coneixem el detall de l'actuació”, ha dit per justificar la seva negativa a valorar la proporcionalitat o no de l'actuació policial. “Creiem que qualsevol acció ha d'estar justificada, però no coneixem els detalls”, ha insistit.

“Aquestes actuacions són de la Guàrdia Civil i des del Govern només podem expressar el nostre respecte. Màxim respecte, però evidentment el rebuig a qualsevol acte violent, incitació a la violència o vandalització de comerços”, ha assenyalat. “No es poden normalitzar accions contra comerços que estan duent a terme activitats lícites, reglades i normalitzades”, ha afegit.

El Govern ha condenado la “vandalización” de comercios en el marco de las protestas contra la saturación turística y ha pedido a quienes se manifiesten en Palma el próximo domingo 26 de julio que lo hagan de manera “pacífica”.

De este modo se ha expresado la vicepresidenta segunda del Ejecutivo autonómico, Antònia Maria Estarellas, al ser preguntada tanto por la protesta convocada por Menys Turisme, Més Vida como por la polémica suscitada a raíz de la detención de dos jóvenes activistas acusadas de vandalizar cinco inmobiliarias.

“El Govern siempre defiende y seguirá defendiendo que todas las manifestaciones llevadas a cabo de manera normal, siguiendo las normas de convivencia y de manera pacífica son legales y legítimas”, ha dicho en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern celebrada este viernes.

La también consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local ha expresado su “máximo respeto” por la protesta que recorrerá las calles de Palma, pero ha pedido que sea “pacífica” y que respete “el marco de convivencia y a todas las personas que están en las Islas”.

Pese a ser preguntada en diferentes ocasiones por la opinión del Govern sobre la detención de las dos activistas, quienes quedaron en libertad provisional tras pasar a disposición judicial, Estarellas ha rehusado hacer valoraciones.

“No conocemos el detalle de la actuación”, ha dicho para justificar su negativa a valorar la proporcionalidad o no de la actuación policial. “Creemos que cualquier acción debe estar justificada, pero no conocemos los detalles”, ha insistido.

“Estas actuaciones son de la Guardia Civil y desde el Govern solo podemos expresar nuestro respeto. Máximo respeto, pero evidentemente el rechazo a cualquier acto violento, incitación a la violencia o vandalización de comercios”, ha señalado. “No se pueden normalizar acciones contra comercios que están llevando a cabo actividades lícitas, regladas y normalizadas”, ha añadido.

Teresa (nombre ficticio) y su hijo de cinco años se quedaron sin hogar a principios de junio, después de que el propietario de la casa en la que vivían de alquiler rescindiera el contrato asegurando que necesitaba la vivienda para su uso personal. Cuando se produjo el desahucio, el Ayuntamiento de Sestao, dada la vulnerabilidad de la familia -el padre del menor 'desapareció' de sus vidas antes de que naciera- puso a su disposición un recurso de vivienda temporal de urgencia, un hotel, en el que han podido vivir durante un mes, pero que este jueves, 9 de julio, deberán abandonar.

La idea era que durante este tiempo la familia encontrara un hogar, pero Teresa, que trabaja en un supermercado y según lamenta no cuenta con apoyo familiar, no ha encontrado un alquiler asequible para ella y su hijo. “Estamos hablando de una mujer trabajadora, que aunque tenga un salario precario hasta ahora no ha tenido problemas para pagar un alquiler, la cuestión es que ahora los alquileres están por las nubes y no encuentran ninguna habitación o vivienda disponible. Los que ha encontrado le piden una estabilidad financiera y no ven con buenos ojos que quiera alquilar una habitación con un menor a su cargo, por lo que entendemos que los servicios sociales deberían ayudarla”, defiende Mireia Saiz portavoz de la plataforma Berri-Otxoak.

Este lunes decenas de personas se han concentrado frente al Ayuntamiento de Sestao para lograr una solución. Teresa iba a asistir a dicha concentración, pero no se ha visto con fuerzas suficientes después de haberse reunido con la trabajadora social del Ayuntamiento. “No le han ofrecido una alternativa, le han preguntado si tiene alguna amiga o alguien de su entorno con el que quedarse y se ha venido abajo, porque no tiene a nadie que pueda acogerle. Le han dicho que a lo largo de estos días la llamarán para ofrecerle alguna otra alternativa temporal, pero no le garantizan nada. La mantienen en la incertidumbre sin saber si la semana que viene va a poder tener un techo donde dormir”, lamenta Saiz.

Según recuerda la activista, las propias administraciones son las encargadas de buscar una alternativa habitacional digna y estable cuando existe una vulnerabilidad acreditada como es este caso, con un menor de cinco años sin hogar. “El Ayuntamiento de Sestao dice que no tiene recursos, que no hay viviendas municipales disponibles, pero ¿dónde está la coordinación efectiva entre administraciones de la que tanto hablan? Están los servicios sociales municipales, la Diputación de Bizkaia, el Departamento de Vivienda del Gobierno vasco, Etxebide y Alokabide. ¿Ninguno puede tener una vivienda para esta familia?”, se pregunta.

Teresa, que tras la reunión con la trabajadora social ha tenido que entrar a su puesto de trabajo en un supermercado de la localidad vizcaína, se encuentra “emocionalmente afectada”. “Hasta ahora se ha mostrado fuerte, sobre todo por su hijo, pero ve que se acerca el momento y que no hay alternativa y cada vez ve más real que puede quedarse en la calle con su niño. Lo está pasando realmente mal porque el impacto emocional y psicológico es muy duro. Ahora que el niño ha acabado el colegio está empezando a darse cuenta de todo y también está angustiado por haber perdido la casa en la que vivía”, reconoce Saiz.

Cuando le notificaron el desahucio Teresa acudió a la plataforma Berri-Otxoak que trabaja contra la exclusión social principalmente en Barakaldo, pero también en otros municipios de la margen izquierda, donde Saiz reconoce que la situación de la vivienda es “cada vez más alarmante”. “Se está normalizando que familias enteras vivan hacinadas en habitaciones. Es una realidad que no sale en los medios porque ellas mismas no quieren que se haga pública su situación o que los vecinos se enteren. Estamos hablando de cuatro o cinco personas en una habitación, con menores y personas mayores juntas, nietos, padres y abuelos en pocos metros cuadrados y compartiendo vivienda entre distintas familias. Estamos viendo verdaderas situaciones de emergencia habitacional que están siendo ocultadas y encubiertas y en la mayoría de casos son personas que tienen sus trabajos y personas que están dejando de comer por poder pagar el alquiler”, denuncia la activista.

Este periódico se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Sestao gobernado en coalición por el PNV y el PSE-EE y ha trasladado que no se pueden ofrecer datos concretos de la familia por la Ley de Protección de Datos, pero que “en este tipo de casos el Ayuntamiento, dentro de su competencia, tramita todos los servicios que puedan corresponderle, ya sea garantizar estancias temporales que den margen de tiempo para buscar alternativas habitacionales, ayudas para hacer frente a la entrada o fianza de una nueva ubicación o remitir solicitudes a otras instancias por ejemplo al Gobierno vasco para el acceso a una vivienda”.

Por lo pronto, Teresa, que prefiere no ofrecer su nombre real, se encuentra a la espera de una solución que le permita contar con un techo más allá del próximo 9 de julio, cuando previsiblemente ella y su hijo deberán abandonar el hotel en el que se encuentran. Si no consiguen una solución habitacional real, desde Berri-Otxoak no descartan realizar nuevas movilizaciones u otras acciones reivindicativas para conseguir un hogar para esta familia.

Casi una semana en huelga de hambre es lo que lleva Inés Madrazo en Talavera de la Reina (Toledo) para pedir la liberación de 10 activistas que intentaron llegar a Gaza en labor humanitaria y fueron secuestrados en Libia.

Madrazo trabaja activamente como cardióloga en el Hospital General Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina. Nos cuenta que se embarcó en la flotilla porque se sentía “muy frustrada” tanto a nivel humano como médico, comprobando el genocidio que está ocurriendo en Gaza y contra el pueblo palestino. “Tenía la necesidad de tomar acción en algo”, apunta.

El pasado mes de abril se dirigieron hacia Gaza en la Flotilla Global Sumud, donde decenas de civiles tomaron partido “ante inacción de la ONU y del resto de los gobiernos, que están siendo cómplices” y aunque explica que sabía que las posibilidades de alcanzar Gaza eran “muy pocas” para ella la flotilla “no ha sido un fracaso”. Madrazo considera “un éxito volver a poner a Palestina en el foco”.

No quiero abandonar a mis pacientes ni mi trabajo. Mañana tengo una guardia de 24 horas, entonces es posible que deje paso a otros compañeros en huelga de hambre, porque no puedo sostenerlo más tiempo

Mientras conversamos se nota en su voz crispación, cansancio, pero con mucha fuerza por reivindicar que no se deje de lado al pueblo palestino. Quiere denunciar el “silencio mediático”, pero también que la información que los medios están ofreciendo no está totalmente explicada: “No se le está dando ningún tipo de publicidad. Íbamos en dos partes, la flotilla por mar y el convoy por tierra y fuimos secuestrados en dos tramos. En mi caso fui de las primeras secuestradas a más de mil kilómetros de Gaza, frente a las costas de Grecia y con la colaboración del gobierno de Grecia. Los segundos fueron secuestrados unas semanas después frente a Chipre. Toda esa gente ya ha regresado, pues fue deportada desde Israel”.

El 24 de mayo, del convoy con 200 activistas que iba por tierra y recorría el norte de África intentando negociar “en una entrevista pactada previamente” el paso seguro de la caravana, fueron secuestradas 10 personas. Madrazo nos muestra su “frustración inmensa” por tener a sus compañeros secuestrados: “Encima ayer se publicó por vías diplomáticas la noticia de que su detención se va a prolongar durante al menos 30 días. Esto es muy duro y es por lo que nos movilizamos a nivel internacional”.

Decenas de personas en huelga de hambre

Como reivindicación y para hacer mella en las instituciones que tienen potestad de negociación, Inés junto a casi una treintena de personas -entre activistas y familiares de los secuestrados- están llevando a cabo una huelga de hambre desde el pasado 6 de junio. “Yo no lo había hecho nunca, no soy una persona especialmente corpulenta, estoy sobre los 50 kilos. Sigo trabajando pasando consulta y me siento débil, cansada, pero de momento me encuentro bien”, expresa. Asegura que esta decisión la han tomado “forzados y obligados, porque hay que empujar a los gobiernos de los países participantes del convoy que han sido secuestrados a que tomen acciones más allá de un gesto diplomático”. Madrazo expone que “la situación se agrava día a día, porque los procedimientos están siendo muy opacos, no llega información, no tienen comunicación consular regular y ahora sucede una prórroga, pero sin documentación oficial”.

Es necesario que actúen, que pasen de los gestos diplomáticos y que inicien un trámite consular conjunto entre los 9 países de los participantes

De las 27 personas que comenzaron esta huelga de hambre algunas han tenido que interrumpirla “porque han sufrido síncopes”, pero cada día se siguen sumando miembros para “mantener la presión sobre las autoridades y los gobiernos”. Inés, tras casi una semana, y aunque está tomando electrolitos y vitaminas se encuentra “muy cansada”. Nos cuenta que no quiere “abandonar a mis pacientes ni mi trabajo. Mañana tengo una guardia de 24 horas, trabajo con rayos y un plomo puesto en quirófano, entonces es posible que deje paso a otros compañeros que están en huelga de hambre, porque no puedo sostenerlo más tiempo”. Uno de ellos es Saif Abu Keshek, ciudadano español y palestino “que estuvo torturado durante 10 días en la Palestina ocupada”, relata.

“Que pasen de gestos diplomáticos a una acción real y contundente”

Inés Madrazo hace un llamamiento para que liberen a los secuestrados. Explica que hace unas semanas hubo una reunión del Ministerio de Asuntos Exteriores con los familiares de los secuestrados y parte de la Flotilla Global Sumud, donde “se dijo que estaban intentando iniciar negociaciones, pero los secuestrados están bajo custodia de la Agencia de Seguridad Interna del Este de Libia, donde la situación es muy compleja. Sin embargo, han decidido sin ningún tipo de comunicación ni defensa jurídica prorrogar 30 días la detención. Es necesario que actúen y que pasen de los gestos diplomáticos y que inicien un trámite consular conjunto entre los 9 países de los participantes”. Esta médica toledana concluye pidiendo “que haya una acción real y contundente para exigir la liberación de nuestros compañeros”.

Una decena de colectivos ecologistas han firmado un manifiesto este viernes, 5 de junio, con motivo del Día Mundial del Medioambiente, para exigir que se paralice la construcción del proyecto de la conexión subfluvial, un túnel de 3,2 kilómetros que cruzará por debajo de la ría del Nervión-Ibaizabal, uniendo directamente la rotonda de Artaza (Leioa/Getxo) con la rotonda de Ballonti (Portugalete/Sestao/Trapagaran).

Desde el anuncio del proyecto, cuyas obras con un presupuesto total de 543,7 millones de euros y que comenzarazán este año, la Diputación de Bizkaia defiende que la subfluvial será una alternativa al tensionado puente de Rontegi, único paso de tráfico rodado entre ambas márgenes en 11 kilómetros. Permitirá recorrer en 4 minutos lo que hoy se tarda cerca de 15, siempre que el tráfico sea fluido, y se construirá totalmente soterrado, sin afectar al paisaje ni a la superficie del entorno, según la versión oficial. “Serán dos túneles gemelos, uno para cada sentido, cada uno con dos carriles y arcenes de seguridad, preparados para absorber gran volumen de tráfico y mejorar la fluidez en toda la red viaria. El futuro subfluvial unirá las rotondas de Artaza (Leioa) y Ballonti (Portugalete) en apenas 4 minutos, gracias a un trazado de 3,2 km de túnel y 2 km adicionales de accesos soterrados, descongestionanado ejes saturados como el puente Rontegi, La Avanzada y la A-8 en Barakaldo. El túnel bajo la ría se proyecta como una alternativa que redistribuirá el tráfico y reducirá en 38.000 vehículos diarios de media la carga sobre Rontegi. Según las estimaciones, también aligerará a La Avanzada en 18.500 vehículos diarios y a la A-8 en otros 17.500. Así, el subfluvial registrará una intensidad media de 50.000 vehículos diarios”, informan desde la entidad foral.

Sin embargo, para los colectivos ecologistas entre los que se encuentran Subflubiala EZ (asociación vecinal creada para manifestarse contra este proyecto en concreto), Fridays For Future, Ekologistak Martxan, Sukar Horia, Greenpeace, Jauzi Ekosoziala, Extinction Rebellion, Herri Bideak Kate Barik Elkartea, Euskal Gune Ekosozialista, Eguzki, Meatzaldea Bizirik, Eguzkizaleak Konpartsa y Biziz Bizi, el proyecto supone una “importante amenaza contra el medioambiente”. “La construcción de la autovía subfluvial de Lamiako provocará un deterioro del medioambiente. Para su construcción se destruirán importantes espacios verdes, como el parque Artaza, pulmón verde de Getxo y Leioa, y las bocas del túnel se convertirán en chimeneas de gases contaminantes. Esto tendrá un impacto negativo muy importante en las vecinas de la zona, y especialmente en las personas más vulnerables, como las personas mayores y los niños que estudian en el instituto de Artaza-Romo”, lamentan las asociaciones.

Los niños a los que se refieren los ecologistas en el manifiesto son los alumnos del IES Artaza Romo, en Getxo, cuya dirección ha comunicado a las familias que el alumnado del edificio RomoHandi se trasladará durante el próximo curso 2026/2027 a otros centros del municipio, en concreto al Colegio de Romo y al Colegio de Lamiako por las obras previstas en el centro y que forman parte de las actuaciones necesarias para adaptar el edificio durante el desarrollo del proyecto del subfluvial.

Otra de las cuestiones que critican en relación con el medioambiente es que, según sostienen, “la subfluvial provocará irremediablemente el aumento de las emisiones del sector del transporte, debido al fenómeno de la demanda inducida, tal y como se reconoce en la documentación oficial, con aumentos del tráfico del 33% para 2048”. “De hecho, la declaración de impacto ambiental del proyecto reconoce explícitamente que el proyecto es contrario a los principios de movilidad sostenible recogidos en los planes europeos, estatales y autonómicos, como el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). El planeta está pidiendo ayuda, y esa ayuda requiere detener proyectos ecocidas como la subfluvial, e invertir en fomentar el transporte público y la movilidad activa, reducir la contaminación y proteger los espacios verdes y naturales”, critican los ecologistas.

Por ello, los colectivos firmantes, preocupados por el medio ambiente y comprometidos con la movilidad sostenible, han instado a la Diputación Foral de Bizkaia a que suspenda la construcción de la autovía subfluvial de Lamiako y que “invierta los más de 500 millones de euros presupuestados en políticas de movilidad sostenible, que refuercen el transporte público y desincentiven el uso del automóvil privado”. “Las próximas décadas son decisivas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero causantes del cambio climático, reducir la contaminación, y recuperar y proteger la biodiversidad y espacios naturales. En concreto, en Euskadi, el sector del transporte es el que más emisiones de gases de efecto invernadero genera, el 41% del total según IHOBE, el único sector en el que siguen aumentando, y la mayoría de esas emisiones provienen del transporte por carretera. Además, produce una importante contaminación atmosférica, debido no solo a las emisiones por el tubo de escape, pero también por las partículas generadas por el desgaste de frenos, asfalto y neumáticos. Esto, unido a la destrucción de espacios naturales para la construcción de grandes autopistas, como el caso de Bolintxu y la Supersur, coloca al sector del transporte como uno de los ejes clave de la acción medioambiental en Euskadi”, han concluido.

La situación de los activistas de la Flotilla retenidos en Libia se recrudece. Global Sumud Flotilla ha informado este jueves de que los diez de los 11 activistas retenidos en Libia por las autoridades del país llevan cuatro días de huelga “seca” en un centro de detención “clandestino” y que su salud se está “deteriorando rápidamente”. Según fuentes de la organización, la activista española Alicia Armesto Núñez está en huelga de hambre, pero aún bebe agua.

Según relatan en un comunicado, los integrantes de la Flotilla llevan cuatro jornadas consecutivas negándose a comer y a beber “para protestar contra su encarcelamiento ilegal, la denegación de acceso a la justicia, la prolongación de su detención y los malos tratos”.

Como consecuencia de esta “brutal huelga seca” este miércoles se produjeron varios casos de desmayo, los cuales afectaron especialmente a las mujeres. Pese a esa situación, la Flotilla denuncia que las autoridades libias han negado a los activistas cualquier tipo de asistencia médica externa, no permitiendo que equipos sanitarios “oficiales” entren a visitarles. Esta situación ha hecho que sean los propios médicos que integraban la delegación los que hayan tenido que vigilar y examinar a sus compañeros pese a que “ellos mismos gravemente agotados”

A todo ello se suma el trato que, según denuncian, las autoridades libias están dando a los activistas. La Flotilla afirma que estos están siendo “privados de sus derechos humanos básicos”, retenidos en un complejo penitenciario aislado para civiles y gestionado por las autoridades. Una cárcel que localmente es conocida como “black site” o “centro de detención clandestino”.

“Campaña calculada de acoso psicológico”

Global Sumud Flotilla afirma que los activistas se enfrentan a una “campaña calculada de acoso psicológico e interrogatorios intensivos”, en palabras de la organización citando informes del centro. Todos ellos permanecen “completamente aislados” del mundo exterior, sin ningún tipo de contacto ni con sus familias ni con una representación legal independiente.

Además, acusan a las autoridades de dar a los activistas “deliberadamente” información contradictoria sobre su detención y puesta en libertad. Cada dos días se les promete que serán liberados, algo que “quiebra sistemáticamente su resiliencia psicológica”. En este sentido, la Flotilla afirma que los captores han informado a los detenidos que comparecerán ante un tribunal el próximo martes, algo de lo que los voluntarios desconfían debido al “patrón de engaños administrativos” reiterados. De hecho, creen que otra “táctica cruel diseñada para jugar con sus nervios y prolongar su confinamiento ilegal”.

Por todo ello, la Flotilla exige la entrada inmediata de observadores médicos independientes, el acceso para los cónsules internacionales y la liberación inmediata e incondicional de los 11 voluntarios. Con respecto a la huelga “seca”, advierten a las autoridades libias y al Ministerio del Interior que son “plenamente responsables, tanto legal como moralmente, de la vida y la integridad física” de los activistas. “Una huelga de hambre seca puede ser mortal rápidamente; sin una intervención inmediata, esta crisis humanitaria se convertirá en una tragedia”, zanjan.

La activista española Alicia Armesto, que está en huelga de hambre pero sigue bebiendo, fue visitada el martes por el cónsul de España en Trípoli. Según el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, el diplomático trasladó que el Gobierno está ejerciendo “toda la protección diplomática y consular” para que pueda volver cuanto antes a España. El representante español también se reunió con el fiscal general y otras autoridades para lograr su liberación “lo antes posible”. Igualmente, el cónsul comprobó que Armesto había recibido la ropa y los libros que se le había hecho llegar.

Detenidos cuando iban a negociar el paso del convoy humanitario

La crisis comenzó el pasado 24 de mayo, cuando diez activistas fueron detenidos por las autoridades libias. Formaban parte de un convoy de más de 200 personas procedentes de más de 20 países que pretendían llevar ayuda humanitaria a Gaza, pasando por la frontera de Egipto, pero se quedaron atrapados en el país vecino.

Su intención era negociar con las autoridades libias el paso seguro del convoy. Sin embargo, los diez activistas fueron capturados y obligados a subir a furgonetas sin distintivos por parte de las fuerzas de seguridad afiliadas al Ejército Nacional Libio, del general Jalifa Hafter, y que estaban en manos del Gobierno del este de Libia –que le disputa el poder al Ejecutivo de Trípoli, reconocido por la ONU. Tras la detención, desaparecieron, al igual que Mehdi Bouzguenda, otro voluntario técnico tunecino de 24 años arrestado el 19 de mayo cuando regresaba a su país.

Tras la captura, la detención de los activistas se amplió el 2 de junio diez días más con el pretexto que habían incurrido en infracciones migratorias. En cambio, la Flotilla defiende que todos ellos contaban con visados válidos y habían entrado legalmente al país.

Miembros de Global Sumud Flotilla han interpuesto este martes una querella criminal en el Tribunal de Instancia de Bilbao por “brutalidad policial” contra la Ertzaintza y contra el consejero de Seguridad del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, del PNV, tras las cargas que tuvieron lugar el pasado 23 de mayo, a la llegada de los activistas al aeropuerto de Loiu. “Hemos interpuesto una querella criminal en representación de Global Sumud Flotilla como acusación popular por los hechos ocurridos en el aeropuerto de Loiu cuando llegaron los voluntarios de la Flotilla. Euskal Herria entera y parte del mundo vieron las imágenes. La Ertzaintza utilizó una vez más una brutalidad policial totalmente innecesaria y desproporcionada. Violentamente tiraron al suelo a los miembros de la Flotilla y cuando estaban en el suelo siguieron golpeándoles con sus bastones policiales. Estas personas acababan de sobrevivir días de secuestro de gran violencia a manos de las fuerzas de ocupación israelíes y cuando llegaron a Loiu fueron golpeadas por la Ertzaintza de forma brutal”, ha denunciado la abogada de los activistas Haizea Ziluaga, tras presentar la querella.

Junto a ella han acudido al juzgado una docena de personas que han mostrado banderas de Palestina y fotografías de las heridas provocadas por la Ertzaintza durante las cargas tras las cuales detuvo a cuatro personas acusadas de desobediencia grave, resistencia y atentado a agente de la autoridad. Según informó en aquel momento el Departamento vasco de Seguridad, tras lo sucedido, la Jefatura de Asuntos Internos de la Ertzaintza inició una investigación para verificar si la actuación de los agentes se ajustó a las instrucciones en vigor.

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, pidió perdón en inglés por las cargas en una comparecencia en el Parlamento Vasco, pero después en castellano y euskera aclaró que la presencia policial en la terminal estaba justificada y que todo arrancó con una “agresión” a un agente de la autoridad y hasta recalcó que entre los activistas había dos exmiembros de ETA, uno condenado a seis años de prisión y la otra a doce. Preguntado el pasado viernes por el tema en la sesión de control al Gobierno, no volvió a realizar ninguna referencia directa al operativo e insistió en que hay un problema en la sociedad vasca porque se está perdiendo el principio de “autoridad” y aseguró que, “mientras tenga la confianza del lehendakari”, Imanol Pradales, seguirá trabajando para garantizar el “orden”.

“A nosotras nos corresponde denunciar lo sucedido y, como acusación popular, pedir responsabilidades. Las declaraciones del consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, que asumió en primera persona lo sucedido, son inaceptables. Niega lo evidente”, ha criticado la abogada en referencia a sus afirmaciones de que la carga de la Ertzaintza fue “provocada” por una “agresión previa” a un agente.

Según ha destacado, la denuncia va dirigida contra los agentes de la Ertzaintza que actuaron en Loiu, contra los que dirigieron esa “operación policial brutal” y contra el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, por “detención ilegal, lesiones y delito de odio”, entre otros. “Nos hemos visto obligadas en más de una ocasión a tener que venir al juzgado a defender la solidaridad con el pueblo de Palestina. Denunciar el genocidio que está cometiendo el Estado sionista de Israel es un derecho civil y político y nosotras seguiremos ejecutando este derecho porque es nuestra obligación”, ha concluido la abogada.

Tres activistas de Revuelta, el grupo juvenil de extrema derecha vinculado a Vox, trataron de boicotear un acto en el que participaban el ministro de Transportes, Óscar Puente; el exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias; Sarah Santaolalla y el portavoz de Facua, Rubén Sánchez. Después de irrumpir en el acto, los activistas de Revuelta fueron grabados yéndose en un coche con el agitador ultra Vito Quiles.

En el vídeo, publicado por IK Press, puede verse el vehículo circulando por las calles aledañas al Ateneo de Madrid, donde se produjo el encuentro 'Frenar a la extrema derecha', organizado por Facua. Mientras Quiles viaja de copiloto, en la parte de atrás puede verse a las activistas de Revuelta. Otro de los pasajeros, al darse cuenta de que están siendo grabados, le hace una peineta a la cámara.

Santaolalla ha publicado el vídeo en sus redes sociales. Además, ha asegurado que las personas que interrumpieron el acto “estaban organizados, financiados y preparados para hacer el ridículo y acosar”: “Pero luego tienes a los buleros profesionales diciendo que eran personas de izquierdas. Mejor que Vito vaya en coche y así no estafa trenes en Renfe”.

En la misma línea se ha pronunciado en X Rubén Sánchez: “Pocas cosas más patéticas que Javier Negre intentando montar un ataque de falsa bandera. Los ultras que entraron a ladrar y llamar putas a las mujeres del acto de Facua en el Ateneo de Madrid fueron abucheados por 350 demócratas y huyeron en un coche con Vito Zoppellari Quiles”.

Las activistas de Revuelta y otra persona aún sin identificar irrumpieron en el acto gritando mientras hablaban los participantes. En una de sus pancartas se podía leer: “Esto es una denuncia falsa”. Una consigna que iba acompañada de una imagen de la propia Santaolalla con el brazo inmovilizado tras su encontronazo con Quiles. Santaolalla denunció entonces el incidente como una agresión, pero la Justicia la archivó.

También se escucharon gritos contra la regularización de migrantes y consignas racistas. Los tres fueron expulsadas del recinto mientras el público gritaba “fuera, fuera”.

Durante la interrupción, también gritaron en contra de la regularización de migrantes, ya que estos “agredían a las mujeres españolas”, y repitieron consignas racistas como que el 90% de los agresores eran migrantes. Además, acusaron a los asistentes al acto de ser “cómplices” de esa situación.

El acto de Madrid forma parte de una iniciativa de Facua que se llevará a cabo en distintas ciudades de España con figuras de la política, la cultura y el periodismo y que tiene la intención de hacer reflexionar sobre el auge de la extrema derecha. El primer evento se celebró en Sevilla el 13 de mayo y contó con la participación del antropólogo y tertuliano Javier Aroca; la periodista Mercedes de Pablos, la presidenta de la Fundación José Saramago y de la asociación Acción contra el Odio, Pilar del Río, y del propio Rubén Sánchez.

La Policía Metropolitana de Londres (Met Police) efectuó cerca de un centenar de detenciones durante una protesta pacífica a favor de la organización propalestina Palestine Action, que aún sigue ilegalizada en el Reino Unido, celebrada este sábado en el centro de la capital británica.

En un mensaje en la red social X, la Met Police infirmó de que, a las 14:50 hora británica (13:50 GMT), sus agentes habían detenido a 92 personas, con edades que oscilaban entre los 27 y los 82 años, durante el evento celebrado en la plaza londinense de Trafalgar Square.

Del mismo modo, precisó que las autoridades seguían realizando más arrestos e indicó que todavía había un grupo que permanecía en el lugar de la protesta.

Los más de 500 asistentes al acto, organizado por la asociación británica 'Defend Our Juries', participaban en lo que se denominaba una “vigilia pacífica” y se situaron en la emblemática plaza portando carteles en los que se podía leer: “Me opongo al genocidio. Apoyo a Palestine Action”, para instar a levantar la prohibición contra el grupo propalestino.

El Tribunal Superior de Londres declaró el pasado mes de febrero ilegal la prohibición por parte del Gobierno británico de Palestine Action en julio de 2025 y su consideración como “terrorista” al considerar que fue “desproporcionada”, si bien se le dio la posibilidad al Ministerio del Interior británico (Home Office) a recurrir el fallo.

Tras el dictamen judicial, las autoridades policiales dijeron que no arrestarían a más personas por mostrar apoyo en público a Palestine Action, que ya superan las 2.800 desde julio de 2025, pero se retractaron semanas más tarde, al considerar que la ilegalización todavía seguía en vigor hasta el resultado de cualquier apelación.

“Palestine Action sigue siendo una organización proscrita y cualquier expresión de apoyo hacia ella constituye una ofensa penal”, escribió la Met Police en X esta mañana.

El cofundador de Defend Our Juries Tim Crossland criticó el cambio de parecer de la Met Police en un vídeo publicado por la asociación en redes sociales, donde también dijo que los arrestos de este sábado son un resultado de una “ideología descabellada y arraigada” que combina “el sionismo y el fascismo corporativo” y que está respaldada por el primer ministro británico, Keir Starmer.

Fernando Argüelles une a su natural empatía para conectar con las personas de alta vulnerabilidad una prolífica creatividad para conseguir recursos con solo nombrar a su alter ego: 'Banksyastur'. Todas las iniciativas que emprende tienen en común que el dinero que obtiene con sus tramas solidarias y las galas en las que participa tienen un destino finalista dirigido a una asociación o entidad sin ánimo de lucro.

Sus iniciativas son muy variadas y se mueven en una horquilla que va desde la elaboración de calendarios que él denomina “tramas solidarias” a la colaboración en actos musicales, galas, espichas y todo tipo de actividades que sirvan para destinar la cuantía de una entrada o de una donación para que se cubran algunas necesidades o sirvan como apoyo a la contratación de personal para los centros o asociaciones seleccionadas.

Aunque su objetivo siempre va enfocado hacia la salud mental, las asociaciones a las que apoya son muy diversas: hay entidades que luchan a favor de la investigación sobre el cáncer infantil o la mejora de las condiciones de las personas que tienen parálisis cerebral, otras que centran su lucha en el apoyo a niñas y mujeres víctimas de trata y prostitución y a colectivos de ayuda a refugiados, entre otros. De momento, prefiere no desvelar la cantidad económica que ha recaudado, para priorizar la filosofía de los proyectos.

El compromiso

“Este año se celebró una espicha en la Casona de la Montaña, en Oviedo, a favor de la investigación del cáncer infantil y de la salud mental. Con el dinero recaudado, voy a financiar para la Asociación Botón la adquisición de un aparato biodispensador que da muy buena información a la hora de aplicar unas terapias de fisioterapeuta para fortalecer el sistema inmunológico con la medición de la grasa corporal de niños y niñas que tienen cáncer”, explica 'Banksyastur' a elDiario.es Asturias.

Investigación del cáncer infantil

La Asociación Galbán también cuenta habitualmente con su apoyo incondicional y, en esta ocasión, ha vuelto a cumplir aportando su granito de arena en la financiación de un concierto en Oviedo coincidiendo con la carrera que se celebró el pasado 22 de febrero bajo el eslogan 'Corre con Galbán'.

La asociación que preside Lennart Koch superó este año los 50.000 participantes en una carrera que tiñó de color naranja las calles de la comunidad autónoma, ya que se celebró de forma simultánea en los 78 concejos asturianos y cuya recaudación se destina para proyectos encaminados a mejorar la calidad de vida de los menores, apoyar a sus familias y respaldar la labor investigadora del cáncer infantil.

Asistencia para menores y adolescentes

La ingente labor que realiza Galbán unida al apoyo social que tienen todas sus acciones, incluida la colaboración de 'Banksyastur', ha logrado un hito: la Consejería de Salud ha anunciado la puesta en marcha de un servicio de asistencia 24 horas al día para menores y adolescentes que precisen cuidados paliativos en Asturias.

Este servicio, pionero en el Principado, está destinado a pacientes atendidos por la Unidad de Crónicos Complejos y Cuidados Paliativos Pediátricos del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) y era una de las principales reivindicaciones de la Asociación Galbán.

Víctimas de trata y prostitución

La solidaridad de 'Banksyastur' también se vuelca en la Asociación Apram de Asistencia integral de las víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Una parte del dinero que ha recaudado con sus creaciones se destina a la financiación de la atención ginecológica.

La Asociación No Name Kitchen, que trabaja con personas refugiadas, cuenta con su apoyo financiando las inscripciones del equipo del que forman parte refugiados de diferentes procedencias para su participación en la Liga de Fútbol Siete.

Fines sociales

A la Asociación Aspace Gijón, dedicada a la atención a personas con parálisis cerebral y afines, va destinada una pizarra digital para el aprendizaje a través de la realización de actividades lúdicas.

'Banksyastur' tampoco se ha olvidado de Postigo Solidario, un proyecto de ayuda vecinal que se desarrolla en Oviedo y está enfocado en la recogida y distribución de productos de primera necesidad, especialmente pañales y compresas para familias en situación de vulnerabilidad.

Espacios gitanos de participación MISTÓS es otra de las entidades a la que va destinado parte del dinero recaudado en los fines sociales.

Con todas estas asociaciones y entidades, 'Banksyastur' reafirma su vocación como uno de los principales activistas a favor de la salud mental y las causas sociales en Asturias.

Nació en Fuencaliente (Ciudad Real) hace 79 años. De allí, Nati Camacho, recuerda haber sabido antes de Don Quijote que de su autor, Miguel de Cervantes, por las cuevas de Peña Escrita (donde el personaje realizaba penitencia), y allí su familia vivió los peores episodios de la guerra civil y de la posterior represión de la dictadura de Franco.

Sus abuelos fueron fusilados por los partidarios del franquismo, los mismos que propiciaron un golpe de Estado contra el régimen democrático vigente entonces, y su familia se trasladó a Puertollano, donde también enfrentó numerosos conflictos laborales. De allí se trasladó a Madrid, donde comenzó a trabajar en una fábrica textil y se integró en el movimiento sindical de las primeras comisiones obreras, cuando todavía no eran el sindicato que hoy conocemos.

Durante los años 60 y 70, Nati Camacho se implicó en campañas internacionales en apoyo a los presos del denominado 'Proceso 1001', que juzgó a los dirigentes de CCOO conocidos como 'Los Diez de Carabanchel'. Fue detenida en siete ocasiones, cuatro de ellas con ingreso en prisión, y dos mientras estaba embarazada.

Tras la dictadura, Camacho fue secretaria general de la Federación Textil de CCOO en Madrid y, posteriormente, de la Federación Estatal del sector. Su labor sindical ha centrado siempre en mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras textiles y en visibilizar la importancia del trabajo femenino en la industria.

Desde hace 40 años reside en la colonia 'Rosa Luxemburgo' de San Sebastián de los Reyes (Madrid), una zona de marcado carácter obrero y progresista desde su origen en los años 80. Hablamos con ella sobre su trayectoria como activista por los derechos de las mujeres y sus inquietudes actuales por el auge de los discursos de la extrema derecha.

Su familia sufrió la represión franquista y desde muy joven usted vivió bajo ese yugo. ¿Hubo un resorte concreto para el inicio de su activismo contra la dictadura?

Siempre me acompañó esa historia familiar, esa violencia tan extrema. Fusilaron a mis dos abuelos, el padre de mi madre y el de mi padre. y también al hermano mayor de mi padre, con tan solo 22 años. Mis abuelas, Rufina y Natividad, fueron las que nos transmitieron todo el dolor de esas pérdidas, junto con mi madre. No me lo contaron directamente, pero existía ese clima familiar de dolor, de horror, de pérdida. Eso me acompañó siempre y me ayudó a saber en qué país había nacido. Le agradezco a mis abuelas y a mi madre que nos trasladaran lo que fue la Segunda República, cómo las mujeres avanzaron y todos los horrores de la guerra civil.

Era un peso enorme para una niña.

Era terrible. Yo no me explicaba cómo era posible que se concentrara en una familia tanta violencia, tanta desgracia. En Fuencaliente había un ambiente hostil hacia mi familia, saquearon el horno de mi abuelo, entre otras cosas, y nos trasladamos toda la familia a Puertollano cuando yo tenía pocos meses. Allí había trabajo, fue una zona de industrialización del franquismo, con minas de pizarra bituminosa. Empezó a haber conflictos muy pronto, porque las condiciones laborales eran muy malas en las minas. El grisú utilizado en las minas explotaba y había muertos.

¿Fue entonces cuando su familia entró en contacto con el germen de CCOO?

Sí, contactaron con un grupo de gente, antiguos militantes del Partido Comunista, que habían pasado por la cárcel y a los que todavía les quedaban energías para crear las primeras comisiones obreras. Yo crecí en ese ambiente hasta el punto de que cuando se produjo la huelga general de 1962, yo tenía 14 años y lo recuerdo perfectamente. Terminaron por despedir a mi padre y a mucha gente, hubo detenciones, palizas. Puertollano se convirtió en un hervidero de contestación y la represión fue brutal. La situación se volvió cada vez peor y nos trasladamos a Madrid.

¿Cómo fue ese cambio a la ciudad en pleno franquismo?

Madrid fue como ganar ciudadanía. Aunque en Puertollano ya había esa lucha obrera que yo conocía, en Madrid empecé a conocer a estudiantes, a intelectuales, a escritores, a abogados y abogadas, entre ellas a mi amiga Cristina Almeida. Entré en un mundo de activismo mucho más amplio. Fue un descubrimiento, a pesar de que también era un lugar de represión y muy pronto me detuvieron.

Vivíamos en una especie de exilio interior

¿Qué sucedió?

Yo soy la mayor de cinco hermanos y entonces era costumbre, o incluso necesidad, llevar a las niñas a aprender a coser. De hecho, yo no fui a la escuela porque mis padres no querían que nos enseñaran a rezar ni a cantar el ‘Cara al sol’. Vivíamos en una especie de exilio interior. Mi madre nos enseñó a leer y a escribir, y la literatura de la Generación del 27. No sufrí los rigores de la enseñanza franquista. Eso luego fue un problema importante porque aunque sabía muchas cosas, no tenía una formación reglada y enseguida buscamos trabajo en Madrid.

Había un sector de la confección textil muy grande y enseguida encontré trabajo en una fábrica grande donde me dedicaba a organizar a las aprendizas y conecté con las juventudes comunistas. Hicimos las comisiones obreras juveniles, nos reuníamos en el Pozo del Tío Raimundo y entramos en contacto con los curas obreros.

¿Ahí comenzó tu activismo por los derechos laborales de las mujeres?

Empezó mi activismo como persona, como trabajadora, porque ya antes yo me consideraba así por toda la historia de mi familia. Entré a trabajar en Manufacturas África y después en otras empresas, donde llegamos a ser más de mil empleadas. Con mi herencia familiar, consideraba que nuestra misión era organizarnos cuanto antes porque la patronal que había en el sector textil era explotadora y quería mano de obra barata, dócil, y porque las leyes del franquismo y la política de la iglesia católica defendían una imagen de la mujer en su casa con la pata quebrada, que cuando se casaba tenía que dejar el trabajo. Era lo más alejado de todo lo que me habían inculcado.

¿Cómo se desarrolló esa lucha teniendo en cuenta las dificultades de la dictadura?

Tomamos contacto con esas primeras comisiones obreras, que entonces no eran todavía un sindicato como hoy, sino un movimiento donde nos empezamos a coordinar, primero en la zona y luego por todas las empresas del textil. Así hasta llegar a ‘Inter-Ramas’ de Comisiones Obreras, que era la fuerza que aglutinaba entonces esa vanguardia sobre los convenios colectivos. Entonces quien dictaba los salarios era el Gobierno, los congelaba o los rebajaba, dentro de una política económica que en aquel momento era de los tecnócratas del franquismo que entraron en colisión con los falangistas. Conseguimos una organización que no tuvo un éxito absoluto, pero tuvimos muchos éxitos parciales, conseguimos mejorar mucho nuestras condiciones de trabajo, sobre todo las aprendizas.

Es que era usted entonces muy joven…

Claro, empecé todo esto con 14 años. Éramos pequeñas y por eso creían que nos podían explotar y nos podían machacar sin límite. Les dijimos ‘no’ y reaccionamos contra un machismo miserable, unas condiciones terribles que eran un atentado a nuestra dignidad. Y pese a todo conseguimos organizarnos.

Después llegó el Proceso 1001 y de 'Los Diez de Carabanchel', procesados por una asamblea sindical de CCOO, entonces considerada ilegal. ¿Cómo lo vivió?

Ese fue el intento de organizar todas las comisiones obreras del país. Ahí ya se habló de cómo organizar y cómo defender las reivindicaciones de las mujeres obreras y de la juventud trabajadora. Había dos elementos relativamente nuevos para el momento en cuanto a reivindicaciones: la jornada y el salario. Aquello nos entusiasmó, sobre todo en un sector tan feminizado como la confección textil, que éramos el 90% mujeres. Enseguida tuvimos una tarea muy importante de defensa de esos derechos, de incluirlos en los convenios. Conseguimos avanzar en cuestiones como los permisos retribuidos para el cuidado de familiares.

En ese contexto hicimos una campaña a favor de 'Los Diez de Carabanchel', con un recorrido de un mes por toda Europa. Eran los años 70 y ya había una situación europea de apoyo al antifranquismo bastante generalizada e hicimos una campaña magnífica.

¿Se notaban ya los aires de cambio en la sociedad española?

Sí, también. Los españoles comenzaban a decir “hasta aquí, ya está bien de que a los trabajadores, que a los obreros se les encarcele por derechos que en toda Europa son derechos constitucionales”. Por eso mi experiencia en el activismo ha sido siempre tan gratificante.

Pero a usted ya la habían detenido hasta en siete ocasiones y la habían metido en la cárcel.

Claro, también fue una experiencia muy dolorosa. Una de las detenciones, justo a la vuelta de esa campaña europea, fue en una parada de autobús y yo estaba embarazada de tres meses. Me llevaron a la cárcel de Carabanchel, primero al psiquiátrico, con una multa de 400.000 pesetas, y cumplí dos meses de cárcel en enero y otros dos meses de cárcel en mayo en 1972. Afortunadamente, mi niño nació en libertad.

¿En la prisión encontró el apoyo de sus compañeras?

Sí, fue la comprobación de que en este país había gente solidaria, buena, comprometida, y todo esto te daba muchos ánimos. A mí, por lo menos, me daba un apoyo muy grande. Me reafirmaba en la lucha feminista.

Había una brecha muy grande, era muy difícil recuperar el papel que la mujer había logrado con la República, pero fuimos capaces

Es que, en su caso, militó por los derechos laborales y por el feminismo, todo prohibido entonces, y sin embargo, sus recuerdos son positivos.

Porque con ello vi la parte saludable y formidable que hay en todos los pueblos, que hay en todos los países y en el nuestro, por más que la dictadura durara tantísimo y tuviera tantos cómplices, había algo humano, había una necesidad de cambio, unas ansias de libertad a las que, en el caso de las mujeres, nos sumamos con mucha energía. El régimen franquista era incapaz de dar solución a los problemas centrales, ni económicos, ni laborales, ni políticos, y ahí conseguimos que las organizaciones antifranquistas apoyaran a las mujeres. En realidad todos los partidos fueron creando su comisión de la mujer. Había una brecha muy grande, era muy difícil recuperar el papel que la mujer había logrado con la República, pero fuimos capaces.

Para ello, tuvieron que darle la vuelta a todo un régimen, incluida la Sección Femenina de Falange y ¿también a los sectores conservadores durante la transición democrática?

A todo ello. Se montaron unas comisiones no gubernamentales y ahí participamos las mujeres de los sindicatos, de los partidos políticos, sobre todo las mujeres del MDM, del Movimiento Democrático de Mujeres, nos influyeron mucho. Por eso siempre hablo de mi experiencia como positiva, porque lo fue.

¿Cómo ha vivido ahora la desclasificación de los papeles del 23F? ¿Hay algo que le haya sorprendido?

No, sorpresa ninguna. Pero queda mucha información por publicar y tiene una protección inútil, estúpida y muy dañina. Yo creo que el rey (Juan Carlos I) hizo lo que tenía que hacer, que además era el único que podía hacerlo, porque era el que lo había alimentado en parte. Pero, por ejemplo en mi caso, ahora que estoy recopilando toda mi historia, sería bueno que pudiera acceder a todos los expedientes policiales y me cuesta muchísimo. Acabo peleada en los archivos con todo el mundo, acabo mareada. El Ministerio de Interior tiene mis fichas policiales y no hay manera de que me las dé. Todo eso debería ver la luz y que todo el mundo tuviera acceso.

¿Qué piensa ahora cuando escucha el discurso de la ultraderecha, la exaltación del franquismo y su calado en cierta parte de la juventud?

Creo que está muy inflado. Desde luego, la tendencia internacional es esa, con Estados Unidos como ejemplo, pero yo creo que estamos exagerando esa tendencia. Es preocupante, sí, pero hay que explicarle las cosas a la juventud. Y sé que ahí están los discursos de Ayuso, de Abascal, pero es que siempre va a haber reaccionarios.

No estoy especialmente sorprendida, aunque desde luego me duele. Me duele y revuelve las tripas que después de haber vivido en una familia como la mía y de haber peleado hasta que he podido siempre, se exalte la represión franquista. Es como cuando paso por la Casa de Baños de Puertollano, que era la comisaría cuando yo era pequeña, y allí pegaban palizas a la gente… Y que haya gente que ni siquiera quiera poner una placa y con ello incumple la ley. Me revuelve.

Supongo que igual que el hecho de que la lucha feminista también se desvirtúe…

Que haya gente joven diciendo que con el franquismo se vivía mejor o que sientan que el feminismo les quita privilegios y que las mujeres nos hemos pasado en reivindicar derechos, me revuelve el alma. No te quepa duda. Pero yo creo que hay que hacerle frente de una manera lo más sincera posible. No creo que haya que andar con paños calientes para nadie. Hay que decir que esta es nuestra historia, este es nuestro país, aquí es donde hemos nacido y tenemos que saber qué hacer. Si queremos un país demócrata, inclusivo, donde quepa todo el mundo, donde se puedan hacer reglas que todo el mundo pueda jugar, eso es lo que la juventud del siglo XXI tiene que saber.

Si hay diferencias en el feminismo, discutamos y no esperemos al 8M para mostrar nuestra división, porque eso desde luego que nos debilita

Y ahora que llega el 8M, que es una fecha marcada, aunque la lucha sea continua, ¿cómo contempla el movimiento feminista y su división?

Su división es muy negativa y creo que si obedece a diferencias teóricas o políticas, pues deberíamos discutir más. Deberíamos proponernos, durante todos los días del año, entrar en los debates que nos han dividido, como el abolicionismo de la prostitución, y resolverlos. Si eso es así, discutamos y no esperemos al 8M para mostrar nuestra división, porque eso desde luego que nos debilita. Además, lo que falta, a mi juicio, es un trabajo cotidiano, un trabajo más específico en muchos campos, como en el de la salud o los cuidados.

¿En qué sentido?

Hay muy poca investigación y la que se hace está sesgada porque se hace mayoritariamente con hombres o para hombres. Entonces, hay que feminizarlo todo. Y lo que yo le pido al movimiento feminista es que trabaje más en profundidad durante todos los días del año sobre los problemas que nos afectan a las mujeres, porque yo creo que la sociedad está más atenta, más pendiente de que esas cosas se hagan.

La violencia de género también está lastrando esa lucha.

Es que hemos llegado a un extremo inasumible de violencia contra las niñas y las mujeres. Esto ya es el ataque más criminal que podemos vivir. Es terrorismo de género. Y si en eso el movimiento feminista no tiene unidad, pues es como tirar piedras sobre nuestro propio tejado, porque ahí está la alarma. Porque esa violencia se puede trasladar y, de hecho se traslada, a los puestos de trabajo, a las empresas, a las fábricas.

Eso sí lo echo de menos. En mi época el movimiento feminista trabajaba de forma mucho más continua. Día a día. Hace falta un trabajo más continuado, que no fuera de 8 de marzo en 8 de marzo, donde además para mayor espejismo negativo, sale que estamos divididas. No puede ser. Hay que trabajar juntas para que no nos arrebaten derechos. Si no, los bloquearán, los limitarán.

¿Qué otras asignaturas pendientes hay en la lucha feminista?

Sigue habiendo una enorme brecha salarial. Desde que empiezas a trabajar hasta que te jubilas es permanente. Esto en los sindicatos para mí es una pelea constante. No solo hay que denunciar la brecha salarial, hay que atacar en los tramos, en los momentos en que esa brecha sale. Ahora que afortunadamente cada vez hay más datos, en la medida que las cosas se establecen con cierta normalidad, te haces cómplice. Se llega a ver como una cosa normal, con lo cual luego, hasta que lo desmontas, pues es prácticamente imposible.

Que haya gente joven diciendo que con el franquismo se vivía mejor o que sientan que el feminismo les quita privilegios y que las mujeres nos hemos pasado en reivindicar derechos, me revuelve el alma

Hay avances que están claros y que los hemos ganado a pulso, y ahora la pelea son los salarios, la brecha salarial. Ahí hay todo un planteamiento que, como no lo abordemos, se incrusta dentro de lo que van a ser las brechas futuras, y ahí el movimiento feminista no puede parar. Tenemos que agilizar el paso, tenemos que ganar tiempo, porque si no, los problemas se incrustan, se ven normales y nos paralizan.

Un tribunal revolucionario ha condenado a la premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi a siete años y medio de prisión por varios cargos de conspiración y propaganda contra el sistema, en la décima sentencia contra la encarcelada activista desde 2021.

“Fue condenada a seis años de prisión por los cargos de congregación y colusión, a un año y medio de prisión por actividad propagandística, y como pena complementaria, a dos años de prohibición de salida del país”, informó este domingo en X su abogado Mostafa Nili.

El abogado explicó que esta mañana recibió una llamada de la activista en su primera comunicación en 59 días detenida en la que le informó de que ayer fue trasladada a la sala primera del Tribunal Revolucionario de Mashad (noreste) y tras la audiencia se dictó sentencia en su contra.

Dijo que Mohammadi le informó además de que hace tres días fue trasladada a un hospital por su mal estado de salud y que cuando le empezó a contar las circunstancias de su arresto la llamada se cortó. Lleva seis días en huelga de hambre, según informan desde su fundación.

Nili indicó que dado que se ha dictado sentencia la activista debe ser trasladada a una prisión, según la legislación iraní, y que en su opinión debe ser liberada. “En vista de sus enfermedades, se espera que se ordene su liberación temporal bajo fianza para que pueda recibir tratamiento médico”, dijo el abogado.

Mohammadi fue detenida de manera violenta a mediados de diciembre junto con otros activistas durante una ceremonia fúnebre de un abogado en la ciudad nororiental de Mashad, según denunció su familia.

El Comité Nobel noruego concedió en 2023 el prestigioso galardón a Mohammadi “por su lucha contra la opresión de las mujeres en Irán y para promover los derechos humanos y la libertad para todos”.

Mohammadi, una de las voces más valientes contra el sistema teocrático iraní

Narges Mohammadi, una de las voces más valientes contra el sistema teocrático iraní, sigue siendo un símbolo de resistencia ante la opresión. Ganadora del Premio Nobel de la Paz en 2023, ha pasado más de una década enfrentando arrestos y condenas por su activismo en defensa de los derechos humanos y la libertad de las mujeres en Irán.

Mohammadi, de 53 años de edad, ha sido arrestada en catorce ocasiones, condenada en diez y ha pasado más de 10 años de su vida en prisión, por diversos cargos, como “propaganda contra el Estado” y “conspiración contra la seguridad estatal”.

La última vez que estuvo tras las rejas fue entre noviembre de 2021 y diciembre de 2024, cuando fue puesta en libertad por un mes debido a su estado de salud, pero se encontraba en libertad condicional y no volvió a la cárcel al finalizarse el plazo.

A finales de noviembre denunció que las autoridades iraníes le habían prohibido de forma “permanente” salir del país y que no le emitían pasaporte para poder visitar a sus dos hijos, a quienes no ve desde hace once años.

Sin embargo, nada de esto ha logrado silenciarla. Por el contrario, su determinación ha crecido y sus denuncias contra la República Islámica por la violación de derechos humanos no han cesado, incluyendo la aplicación de la pena de muerte y la violencia contra las mujeres que no usan el velo islámico.

Mohammadi fue arrestada de nuevo el 12 de diciembre pasado, esta vez durante una ceremonia conmemorativa a un abogado de derechos humanos en Mashad (noreste). Desde entonces, se encontraba en su centro de detención, hasta que hoy su abogado, Mostafa Nili, informó de nuevas penas de prisión en su contra.

Una vida de lucha por los derechos humanos

Narges Mohammadi ha sido una figura central en la lucha por los derechos humanos en Irán.

Su activismo comenzó en su juventud, y fue a raíz de su vinculación con el Centro para la Defensa de los Derechos Humanos, fundado por Shirin Ebadi, Premio Nobel de la Paz en 2003, que su voz hizo eco a nivel nacional e internacional.

Mohammadi no solo ha luchado por los derechos de las mujeres, sino también por la abolición de la pena de muerte y el cese de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en Irán.

En 2023, fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz en reconocimiento a su incansable lucha contra la opresión de las mujeres iraníes y su firme defensa de los derechos humanos.

La denuncia contra el sistema y la represión

Mohammadi ha sido una feroz crítica de la República Islámica, especialmente de la opresión que sufren las mujeres bajo la imposición del velo islámico y otras limitaciones.

Después de la muerte de Mahsa Amini en 2022, quien fue detenida por la policía de la moral por no llevar bien el velo, Narges se unió a la denuncia pública contra los gobernantes.

En sus escritos y declaraciones desde prisión, Mohammadi ha llamado a la comunidad internacional a unirse a la lucha contra la discriminación de género en Irán y a apoyar la lucha de los iraníes por la libertad.

“Estoy dispuesta a pagar un precio aún más alto por la libertad”, afirmó la activista hace un año en una entrevista con EFE.

Una familia rota por la represión

El sufrimiento de Narges no solo ha sido personal. Su esposo, Taghi Rahmani, también activista, ha pasado 14 años en prisión por su lucha política, y actualmente vive exiliado en París junto con sus hijos.

A pesar de los años de cárcel, de las torturas y las restricciones, Narges Mohammadi sigue siendo una de las voces más poderosas en la lucha por los derechos humanos en Irán.

Pese a los intentos de las autoridades iraníes de callarla, Mohammadi ha demostrado que la lucha por los derechos fundamentales nunca podrá ser silenciada.

El próximo miércoles, 4 de febrero, cuatro activistas se enfrentarán a un juicio con peticiones de cárcel de hasta ocho años y multas de 112.400 euros por una acción de protesta frente a un salón de juego en Sopela en el año 2021. Se trata de una causa ya archivada en dos ocasiones y en la que la Fiscalía se ha retirado finalmente del proceso, sin embargo, la acusación particular lo mantiene. “Hace cuatro años, la policía nacional española detuvo a cuatro ciudadanos de Sopela por su presunta participación en una serie de actos de protesta contra un salón de juego. Tras años de diferentes procesos, hace tres semanas conocimos tanto el juicio como la acusación formal que debe celebrarse el 4 de febrero. Una pena de 32 años de prisión (8 para cada ciudadano) y una petición de multa de 112.400€ para los cuatro sopeloztarras. La situación es muy grave. El coste penal y económico de este caso puede obligar a cuatro personas a ingresar en prisión y condicionar sus vidas para siempre”, explican a este periódico desde la plataforma Sopelako 4ekin1, creada por los vecinos del municipio de Bizkaia para denunciar la situación.

Según sostienen desde la plataforma, todo se trata de “un montaje policial”. “Estamos ante un montaje policial. De hecho, esta es una operación que se ha construido sobre unos relatos falsificados y unos intereses concretos. Los años 2020 y 2021 fueron especialmente movidos en Sopela. Por un lado, estaba en marcha una dinámica ciudadana contra un supermercado en construcción. Por otro, estaba en marcha una dinámica ciudadana contra un salón de juegos. Y además estaba dando un conflicto flagrante entre la policía local de Sopela y algunos jóvenes. En este contexto, con el objetivo de perseguir a algunos ciudadanos que estaban participando activamente en el movimiento popular, dieron inicio a esta operación. Una operación de dos vértices. Por un lado, el dueño del salón de juego, que quería acabar con esa dinámica ciudadana. Por otro lado, la Policía Municipal de Sopela, la cual pretendía amedrentar a varios jóvenes que, en este contexto, trabajaban activamente en el movimiento popular de la localidad. Así, tanto mediante la manipulación de pruebas como mediante declaraciones falsas, se puso en marcha una operación que situaría a estas cuatro personas en el punto de mira”, defienden, alegando que desde el salón de juego tras la protesta no se realizó ninguna denuncia contra ningún activista en concreto y que fue tiempo después cuando ya se dieron los nombres de los cuatro activistas encausados y se abrió el proceso.

Tras el cambio de declaración, es la Policía Nacional la que investiga el caso que lleva a detener, el 22 de julio de 2021, a los cuatro activistas, que fueron liberados después. “Los acusados declararon por primera vez en noviembre de 2021 y, en mayo de 2022, el juez desestimó el caso, argumentando que no existían pruebas suficientes para condenar a nadie. La acusación particular interpuso un recurso de apelación, pero un segundo juez decidió desestimarlo de nuevo por las mismas razones. Sin embargo, la acusación particular apeló por segunda vez y, posteriormente, un tercer juez decidió ir a juicio. No obstante, una vez fijada la fecha del juicio, la Fiscalía decidió retirarse del caso, argumentando también que no existían pruebas suficientes”, detallan a este periódico desde la plataforma ciudadana.

“Han lanzado una absurda petición de castigo. La acusación pide una multa de 112.400 euros por 32 años de prisión por participar presuntamente en varias iniciativas de protesta. Esto es una barbaridad. Tenemos que hacer frente a esta situación. No hacer nada no es una opción, está en juego el futuro de cuatro ciudadanos de Sopela víctimas de un montaje policial. Por eso, hasta el juicio pondremos en marcha toda una dinámica social que tenga como objetivo socializar la cuestión y tejer solidaridad”, sostienen desde Sopelako 4ekin 1, que han convocado una movilización social este 31 de enero a las 12.30 horas en Sopela.

Desde el Ayuntamiento de la localidad vizcaína, gobernado por EH Bildu, consideran que las peticiones de la acusación particular son  “especialmente severas” y generan “una situación de notable incertidumbre personal y social para las personas encausadas y sus entornos familiares y comunitarios, más si cabe, cuando desde la Fiscalía se han retirado todas las acusaciones”. “Como responsables de una institución pública cercana a la ciudadanía, el equipo de gobierno no puede permanecer ajeno al impacto humano y social que este tipo de procedimientos conlleva, ni a la preocupación que suscitan en la comunidad local”, defienden en un comunicado en el que también insisten en que seguirán “con atención la evolución de este caso, desde una posición de responsabilidad institucional y cercanía” con los vecinos.

Poner en valor a las mujeres activistas, aquellas que han sido “clave” en la defensa de los derechos y en la transformación social desde distintos ámbitos. Es lo que pretenden desde el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza de Castilla-La Mancha (STE-CLM) y la Organización de Mujeres de la Confederación Intersindical (STAS y STE) a través del 'Calendario de la Mujer 2026'.

Un trabajo elaborado por más de 40 mujeres del sindicato, que incluye propuestas didácticas para todas las edades y que giran en torno a las mujeres que aparecen en el calendario y “están diseñadas para facilitar el trabajo educativo en los centros”

Durante la presentación en Toledo, han participado como ponentes: Sonia Blanco Esquivias, responsable de la Organización de Mujeres de la Confederación Intersindical, y Mónica Muñoz Montejano, responsable del Área de Comunicación y Publicaciones de la Confederación Intersindical. Asimismo, han intervenido Fefi Casás, responsable del Área de la Mujer de STE-CLM, y Lourdes Espinosa, responsable del Área de la Mujer de STE Ciudad Real.

Las intervinientes han destacado que esta edición del calendario, titulada ‘Mujeres activistas: tiempo de mujeres, mujeres en el tiempo’, pretende reconocer el papel de las mujeres que luchan y transforman la sociedad. En este sentido, han hecho hincapié en que “la igualdad no es un complemento, sino una condición imprescindible para una sociedad democrática”.

Desde la Organización de Mujeres de la Confederación Intersindical se ha puesto en valor la trayectoria de este proyecto, que se edita de forma ininterrumpida desde el año 2005; este año con más de 67.000 ejemplares. “Cada edición del calendario busca rescatar y visibilizar el trabajo de mujeres que han sido fundamentales en distintos ámbitos de la historia y que siguen siendo referentes para las nuevas generaciones”, ha señalado Fefi Casás.

Por su parte, Lourdes Espinosa ha destacado el carácter pedagógico del calendario y su utilidad en el ámbito educativo. “Este material permite trabajar la igualdad y la coeducación en las aulas a partir de historias reales, fomentando la reflexión crítica y el respeto desde edades tempranas”.

Activistas como Amparo Carvajal de León o Angélica Velasco

El calendario recoge ejemplos de mujeres activistas que han desarrollado su labor en campos tan diversos como el medio ambiente y la defensa de los derechos humanos, entre otros.

En este sentido, la presentación del calendario ha tenido lugar el 28 de enero, una fecha especialmente simbólica. Ese mismo día, en 1939, nació Amparo Carvajal de León, destacada defensora de los derechos humanos en Bolivia; el 28 de enero de 1986 nació en Valladolid Angélica Velasco, referente del ecofeminismo; y en 2022 se publicó el libro 'Mujeres que transforman el mundo', en el que aparece Hazel Morgan, activista de Ibiza. Estas efemérides refuerzan el sentido y el enfoque de esta edición, centrada en mujeres que han marcado y siguen marcando el tiempo desde el compromiso y la acción.

Este miércoles han pasado a declarar en los juzgados de Bilbao los tres activistas que fueron detenidos y un cuarto que también está siendo investigado a quienes se les acusa de desórdenes públicos y atentado a la autoridad tras la masiva protesta contra Israel, que acompañó el recorrido de la Vuelta Ciclista a España el pasado septiembre en su paso por Bizkaia y que llevó a la organización a adelantar el final de la etapa sin que los corredores llegaran al punto final previsto en la Gran Vía de Bilbao.

Desde Palestinarekin Elkartasuna han convocado una concentración de apoyo frente al Palacio de Justicia de Bilbao y han asegurado que los investigados se encontraban “nerviosos” y que ese día estaban “simplemente viendo la Vuelta” y en la protesta y, “de repente, llegaron ertzainas de paisano, les golpearon y detuvieron”. “Ante el juez tratarán de explicar que son personas que estaban allí como todo el mundo ejerciendo el derecho a protestar. Nuestra idea es que hoy salgan de aquí libres de cargos y que esto acabe aquí, pero creemos que lo más seguro es que vayan a juicio”, han explicado representantes de la organización a favor del pueblo palestino poco antes de iniciar la declaración de los investigados.

No se trata de los únicos activistas que se enfrentarán a procesos judiciales o sanciones en los próximos meses por las protestas llevadas a cabo a favor de Palestina y en contra de Israel en Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra. Los cuatro activistas que que cruzaron la carretera para tratar de cortar el paso al pelotón de la Vuelta Ciclista España a la altura de Lumbier, en Navarra, declararon el pasado 18 de diciembre en los juzgados de Pamplona investigados por los delitos de lesiones, contra la seguridad vial, resistencia o desobediencia a la autoridad, y desórdenes públicos. Días antes, el 10 de diciembre, declararon en Donostia dos personas que se colgaron del puente de la Zurriola con el objetivo de impedir el paso y “simbolizar el corte de relaciones con Israel por el genocidio de Gaza” durante Festival de San Sebastián en el contexto de unas protestas protagonizadas el mundo del cine, que usó su altavoz para sacar a la calle a miles de personas en Donostia contra el genocidio de Palestina. En el contexto de esas protestas, dos personas se colgaron del puente de la Zurriola con el objetivo de impedir el paso y “simbolizar el corte de relaciones con Israel por el genocidio de Gaza”.

Con el fin de apoyar a los activistas desde Palestinarekin Elkartasuna han comenzado una campaña política y económica para “hacer frente a la represión” y recaudar dinero para pagar las sanciones. “Queremos anunciar que ya está en marcha una campaña de denuncia de la represión de la solidaridad con Palestina y en defensa de la desobediencia. Hacemos un llamamiento a participar en ella. El boicot no es delito, es un deber político y ético. Quieren que tengamos miedo y desde aquí decimos con total claridad: no lo van a conseguir”, han asegurado.

En ese sentido, han recordado que la World Surf League (WSL) suspendió en junio en Donostia el campeonato de surf Baque Country Junior Pro, después de la petición de que los surfistas israelíes no participasen, que el equipo de baloncesto israelí Elitzur Ramla no jugará en Gernika después de la negativa a ser recibida en casa por el Lointek Gernika o que los jugadores israelíes se retiraran del Torneo de Ajedrez de Sestao por las protestas contra su país. Además del plano deportivo, desde Palestinarekin Elkartasuna han celebrado que gracias a las protestas empresas como Sidenor y AMC Mecanocaucho han cancelado relaciones comerciales con Israel. “Queremos subrayar que toda forma de movilización y lucha en favor del pueblo palestino y de su resistencia es legítima y necesaria, incluida la acción directa y la desobediencia”, han apuntado.

“La represión desatada en los juzgados de Euskal Herria es un intento de frenar la movilización en favor de Palestina para poder seguir manteniendo la complicidad con el Estado sionista. Mientras organizaciones internacionales documentan un genocidio y una limpieza étnica de su población, aquí como en otros muchos lugares, se pretende castigar la solidaridad. Es inaceptable y vamos a denunciarlo todas las veces que haga falta. Hoy reafirmamos que el foco debe seguir allí, en la gente que sufre, en quienes resisten día tras día. Y decimos alto y claro: no vamos a permitir que la represión borre la solidaridad con Palestina”, han concluido.

En España, el nombre de Manolita Chen remite a dos figuras diferentes: una fue una empresaria y vedette que recorrió las ferias de España con su famoso Teatro Chino portátil, mientras que la otra fue una artista y activista que pasó a la historia como la primera persona trans en nuestro país que consiguió cambiar su nombre y su sexo en su DNI, y adoptar hijos. Esta última y su peripecia vital acaban de ser transformadas en novela de la mano del escritor gaditano Abraham Guerrero Tenorio (Arcos de la Frontera, 1987), que obtuvo con La pared de enfrente el premio Valencia de narrativa en castellano.

Una vida, la de Manolita, que habla de tiempos de pobreza y maltrato, de una operación en Casablanca que supuso el despegue de una carrera de cantante de copla que la llevó a actuar por todo el mundo y compartir escenario con estrellas como Lola Flores y Juanito Valderrama, pero también de aquella Ley de vagos y maleantes que cayó hasta tres veces sobre ella y de una tardía condena por un confuso caso de tráfico de estupefacientes…

Guerrero recuerda que su interés inicial por el personaje respondía a la mera curiosidad. “Manolita, para mi generación, cuando éramos adolescentes, era un personaje con connotaciones negativas en el pueblo”, recuerda. “Y digo personaje porque en el imaginario nos resultaba eso precisamente. Cuando yo tenía dieciséis o diecisiete años, entra en prisión. Es el punto de partida de la novela. Esa es la imagen que siempre he tenido de ella, la de un travesti que entra en la cárcel. Pero ya luego, conociendo a algunas amigas poetas que escriben lo que hoy en día se denomina literatura queer, comenzó a fraguarse en mi pensamiento que quizás esa mujer escondía una historia que pudiese interesarme”.

Muchas Manolitas

Esa sospecha se confirmó cuando Guerrero vio el filme Manolita, la Chen de Arcos, de Valeria Vegas. “Fue un documental en el que descubrí anécdotas que eran muy novelescas, pero que me ofrecía una imagen un poco lineal, y ahí me sonó el click de la estructura, una amalgama de voces que arrojaran las luces y las sombras de Manolita. Y lo confié todo a la literatura, porque su voz de mujer andaluza, rebelde y sin pelos en la lengua me parecía poderosísima, y porque la ficción tiene más capacidad para engrandecer a un personaje y para emocionar”.

Pero, ¿quién fue realmente aquella Manolita Chen nacida con el nombre de Manuel Saborido Muñoz? Para el escritor, una figura que va más allá de su registro legal como mujer. “Fue alguien que creció en un pueblo del sur de España en el tardofranquismo, y desde muy pequeña fue considerada el mariquita del pueblo, con lo que eso suponía en aquella época”, apunta. “No sólo iban a señalarla por su condición, sino que iban a encarcelarla y apalizarla cuando había alguna fiesta local en el pueblo. Aun así, ella nunca abandonó su lucha, en un ejercicio de enorme resistencia, y se embarcó en una aventura que considero épica y que la llevaría a alcanzar cierto éxito en las salas nocturnas durante el franquismo y los inicios de la democracia. Esa resistencia, esa lucha, ejemplifica muy bien la disidencia sexual de esos años. Manolitas ha habido muchas en España, pero sus acciones y la visibilidad que alcanzó, sobre todo cuando adoptó a María, su primera hija, la hacen una figura imprescindible hoy día para hacer un ejercicio de memoria y entender cómo se fraguaron ciertos derechos alcanzados en la actualidad”.

No obstante, el autor subraya que su obra es pura ficción, por muy basada en la realidad que esté. “Licencias hay todas las del mundo”, admite. “Cuando ideé la novela comencé a entrevistarla, y aunque me conmovía lo que me decía, siempre me imaginaba a quienes la acompañaban en la escena que me relataba. Desde esa perspectiva, ya la ficción entra de lleno. Por ejemplo, en la segunda parte de la novela, la sitúo en Barcelona. Allí ella conoce el barrio chino barcelonés, trabaja amontonando periódicos de La Vanguardia y poniéndoles la cuerda para llevarlos a los kioskos, actúa en el Barcelona de Noche, empieza a hormonarse… Todo eso es cierto. Pero luego hablan quienes trabajaban con ella en La Vanguardia, o quienes iban a clase de canto junto a ella o la acompañaban a comprar los botes de hormonas. Lo he pasado en grande escribiendo. Eso sí, el contexto en el que sucede cada parte de la novela, está, creo, muy documentado. He acudido, en primer lugar, a ella, entrevistándola personalmente. Aparte he hecho muchas más entrevistas, desde Carla Antonelli al vicepresidente de su fundación, Jorge M. Pérez. He acudido a archivos históricos, a ensayos, a leyes franquistas… Monté en mi escritorio todo un arsenal de documentos que me ayudasen a hacer verosímil la historia”.

Reparación y reconocimiento

Sobre las lecturas de esta historia que puedan resultar válidas para el presente, donde el debate sobre la diferencia sigue encendido en foros y redes, Guerrero defiende que “Manolita vive su momento de más actualidad, mucha más que cuando se me ocurrió la novela. Cuando en 2023 entra en vigor la conocida como Ley Trans, creo que pasa a convertirse en una figura esencial en el colectivo LGTBI+. De hecho, es a partir de ese año cuando se convierte en pregonera del Orgullo de Madrid o de Torremolinos, cuando el presidente del Gobierno le entrega la declaración de reparación y reconocimiento personal, la máxima distinción como referente de la memoria histórica LGTBI+ como víctima de los abusos de la dictadura franquista, y cuando el ministro del Interior le concede la Gran Cruz al Mérito Social de la Guardia Civil”.

“Con todo esto”, concluye, “siempre se corre el peligro de que historias como la de ella caigan en el olvido, y espero que la novela ayude a que eso no ocurra. Es necesario conocer qué pasó para entender lo que ocurre hoy en día, para que no se vuelva a repetir tanto daño a quien en cuestión de sexo y de género no entra dentro de lo considerado como normativo. Se ha conseguido mucho, pero aún queda. Esto suena a tópico, pero nunca está de más recordarlo, más aún en la actualidad, donde la extrema derecha ha conseguido instalarse en el pensamiento de una numerosa parte de la población”.

Yasmin Eran Vardi e Itai Feitelson caminan bajo las Setas de Sevilla cuando hasta hace solo un par de meses estaban rodeados de ruinas y tierras yermas. Sus rostros, cansados, han sido testigos del horror que la guerra ha dejado tras de sí el asedio sufrido en Palestina durante los últimos dos años. Necesitaban escapar, tomar aire, vivir fuera de ese campo de concentración a cielo abierto en el que se ha convertido el país tras cuatro años en los que sus cuerpos han servido como escudos humanos.

“En 2021, nos unimos a los grupos de activistas de Masafer Yatta, que no solo iban a las manifestaciones o a las jornadas de trabajo, sino que se quedaban por periodos más largos y dormían allí, quedándose junto a los agricultores en las tierras desde donde les intentaban expulsar y saliendo con los pastores”, relatan en inglés, “todo esto es algo mucho más antiguo que nosotros”. Los jóvenes, de 25 y 30 años, decidieron tomar partido tras la pandemia de la covid-19 y utilizar su privilregio como ciudadanos israelíes ante los crímenes que ha perpetrado su Estado bajo las órdenes del primer ministro Benjamin Netanyahu.

Masafer Yatta está en el extremo sur de Cisjordania, una zona en la que hay reunida más de diez comunidades palestinas que viven el hostigamiento diario de los colonos israelíes desde que la justicia del país invasor aprobara que las laderas en las que están asentados desde hace siglos se convirtiera en sus áreas de entrenamiento militar. La presencia de los defensores del régimen provoca disputas entre los habitantes del territorio y quienes intentan amedrentarlos, como reflejó un reportaje de elDiario.es en la aldea de Haribat al Nabi, aparte de un control de movimiento y una escasa asistencia sanitaria.

Respaldados por la ley israelí, los colonos sitúan sus construcciones en puntos próximos a las casas donde las familias protegen sus pocos enseres, escuchan los disparos contra sus animales y guardan silencio para evitar ser detenidos mientras vienen las excavadoras a destruir sus techos y paredes. Como refleja la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU en la provincia, perpetran cientos de ataques, en concreto, se registraron 500 casos entre el 1 de enero de 2024 y el 30 de septiembre de 2025, al igual que se notificó la defunción de 44 palestinos.

Documentación y protección

Yasmin, enfermera de 25 años, e Itai, trabajador social de 30 años, son israelíes. Pueden blandir su pasaporte sin tener miedo, en principio, a ser arrestados. Así que, en sus incursiones por los pueblos que coexisten en el sur de Hebrón, acompañaban a la comunidad palestina ante el ataque de la policía, de las fuerzas armadas o de los propios colonos. “Intentamos usarlo para protegerlos, pero no siempre funciona... A veces, ayuda un poco”, cuentan.

“Antes del genocidio, lo usual era actuar en los campos, pero desde octubre 2023 casi todo ocurre en el interior de las aldeas, así que allí esperamos a que lleguen los problemas..., que siempre llegan”. El documental No Other Land, reconocido internacionalmente, refleja la tragedia cotidiana a la que la pareja de activistas intentaban poner freno con sus propias manos. En alguna de las secuencias se adivinan sus rostros, “documentamos mucho”, recuerda Yasmin, “guardamos las grabaciones hechas por nuestros móviles y las usamos con los abogados y las ONG para demostrar lo que ocurre, sobre todo los vídeos de los ataques que realizan los colonos o el Ejército”.

Envían una página de la red social Instagram en la que comparten alguna de sus acciones, junto a otros miembros del movimiento, bajo el usuario @kivsa_shchora. Las publicaciones muestran el incendio de varias tiendas de campaña de palestinos a principios de diciembre tras el lanzamiento de cócteles molotov y de piedras, así como la demolición de casas en la villa de Kraibat Al-Nabi bajo la mirada de cuerpos militares. “La gente lleva 20 años yendo allí para ayudar, porque desde que existe la ocupación hay desalojos, demoliciones, pérdidas de acceso a la tierra, todo ocurre desde antes de la guerra”, señalan.

A partir del 7 de octubre de 2023, todo pareció acelerarse, multiplicarse, hasta que se quedó sin control. La muerte de más de 65.000 personas en este período provocó que una comisión independiente de investigación, nombrada por Naciones Unidas, declarara estos actos como genocidio, ya que se constató que el objetivo del Gobierno israelí “era destruir a los palestinos de la Franja como grupo”, recogió el documento presentado por el organismo internacional. Los activistas echan la vista atrás, “en los últimos dos años, todo ha sido mucho más violento, por ejemplo, varios amigos han sido gravemente heridos por los colonos, y no hay una solución ante todo esto”.

La crítica al Gobierno israelí

Ambos se saben hijos de un tiempo en el que las redes sociales, la espectacularidad y las opiniones se volatilizan en apenas unos segundos. Críticos, hablan sin tapujos de la actualidad que les rodea, cuya onda se expande rápidamente transformándose en literatura, arte y dramaturgia que analiza los tiempos actuales. Dos ejemplos vívidos en España, tierra a la que se han exiliado, son la obra de teatro Gegant, de Mark Rosenblatt, y Los nuestros, de Lucía Carballal.

La primera fue estrenada en julio en mitad de las infructuosas negociaciones por la paz, teniendo como actor principal al catalán Josep María Pou en el papel de Roald Dahl, quien publicó en el verano del 83 un artículo antisemita que lo enfrentó a la opinión pública y a sus propias convicciones morales. En cambio, la obra protagonizada por Marina Fantini aborda las raíces de una familia sefardí durante el duelo de la matriarca. Dos textos que, a su manera, humanizan y abordan varias de las cuestiones más controvertidas vertidas sobre el pueblo judío, como la acusación de conniviencia por parte de algunos sectores ante la masacre que asola a la Franja de Gaza.

“No tenemos nada que ver con todo esto”, zanjan. “Hay un conflicto dentro de la sociedad israelí: la mitad está de acuerdo con las políticas de Netanyahu y la otra mitad no”, declara Itai en referencia a la gente de a pie que, como él, son interpelados por las acciones que toma el Estado. Más allá de la corrupción que planea sobre las élites, los activistas se refieren a la ofensiva histórica: “No hay un gran debate entre la coalición y la oposición sobre los crímenes de guerra en Gaza, es decir, sobre lo que ha estado haciendo Israel ahora y durante décadas: acerca de la ocupación en el 48 de los territorios ni sobre el derecho a los refugiados palestinos a regresar, o de Cisjordania, el ataque al Líbano o a Siria... Nadie se niega ahora a ir al ejército”.

En noviembre del año pasado, la Corte Penal Internacional (CPI) de la Haya solicitó una orden de detención contra Netanyahu. Una decisión que había tomado la Fiscalía en mayo y que se tildó de “nuevo antisemitismo” tanto por parte del Ejecutivo, liderado por el partido Likud en coalición con los ultraderechistas Sionismo Religioso y Poder Judío, como de la oposición. “Antes de la guerra, hasta los que habían sido pilotos de combate decían que no combatirían por este gobierno corrupto, pero ahora la oposición está de acuerdo con las guerra que están haciendo”, acusan.

La paz y el boicot

El plan de paz para Gaza, promovido por el presidente estadounidense Donald Trump, fue ratificado el 13 de octubre de este año. Un acuerdo que somete a Palestina a la tutela tanto de la primera potencia mundial como de su principal protegido. “Muere menos gente, lo cual es bueno, pero es un acuerdo falso, similar a lo que pasó en el Líbano”, dicen en referencia al fin del armisticio que se produjo entre las potencias en 2024, “pero siguen impidiéndoles recibir ayuda, no tienen comida suficiente ni un refugio adecuado, siguen ocupando partes de la Franja de Gaza... La gente entendió que había un alto el fuego y quizás no era tan urgente boicotear a Israel”.

No habrá paz sin justicia. Así lo contemplan sus ojos que, por primera vez en la conversación, se encienden: “Es exactamente el momento de boicotear a Israel, porque no ha asumido ninguna responsabilidad por lo que ha hecho y, si todo pasa como si nada hubiera ocurrido, podrá hacerlo de nuevo. Cambia las reglas de la guerra para el mundo entero”. ¿Importará el bombardeo de zonas críticas, como hospitales y escuelas, la matanza de civiles, la hambruna o el asesinato de periodistas en un futuro? Las sanciones que aplicó la comunidad internacional a Rusia ante su ofensiva contra Ucrania no tuvieron réplica en Oriente. Ni siquiera en Eurovisión.

España, Irlanda, Países Bajos y Eslovenia se bajaron del carro en un intento por impedir la celebración del festival en el que se ha aprobado, in extremis, la participación de los israelíes. Un gesto nimio, pero, Yasmine e Itai insisten: “Necesitamos más boicot. Si es posible boicotear, por favor, boicoteen. Este es el mayor espectáculo de Israel, ese Estado que se autodenomina liberal y democrático”. Activismo digital, físico, protestas, recaudaciones, posicionamientos, piden cualquier gesto ante la magnitud de lo ocurrido para que se rindan cuentas.

Una docena de manifestaciones, una protesta con más de doscientas embarcaciones, performances, exposiciones críticas realizadas con cenizas de incendios, bloqueos en el acceso a la Zona Azul (como el protagonizado por el pueblo Munduruku el viernes), invasiones estratégicas de espacios (como la del Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, el MST en la AgriZone financiada por el agro negocio). Y una acción subversiva histórica en el segundo día de la COP30: la irrupción de un grupo de indígenas en la Zona Azul. “Esa ocupación es todo lo que soñábamos en la Cumbre de Copenhague (la COP15 de 2009). Los pueblos indígenas lo consiguieron gracias a su autoridad moral”, asegura a elDiario.es el activista turco Selçuk Balamir, que estuvo presente en la Marcha Saúde e Clima (marcha salud y clima) que acabó ocupando la Zona Azul. 

La marea social está desbordando la COP30. Aparte de la Cúpula de los Pueblos (una verdadera COP30 paralela que acoge a 1.300 movimientos sociales) y la Aldeia COP (con 3.400 indígenas de acampados), la cumbre del Clima de Belém cuenta con ochenta espacios paralelos. “Yo estoy aquí como parlamentaria, pero más centrada en la programación paralela”, confesaba el jueves a este medio Sâmia Bonfim, diputada del Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), en un puesto callejero. Aunque miembros del gobierno de Brasil manifestaron preocupación tras la ocupación de la Zona Azul, algunos reconocen en off que esa presión les ayudará a negociar. “El gobierno brasileño hizo un esfuerzo para incluir a la sociedad civil en su delegación. Aunque no tenemos derecho a voto, podemos incidir en las personas que votan” asegura a elDiario.es la brasileña Caru Schwingel, representante no gubernamental, por parte de la Red de Innovación Política Latinoamericana (RINP) y Asuntos del Sur.

¿Será suficiente el desborde social de la COP30 para conseguir buenos acuerdos?, ¿se tomarán en cuenta las demandas de los pueblos indígenas que el gobierno brasileño ya define como “guardianes del clima”?

La Marcha del Clima más diversa

En la abertura de la Marcha Mundial por el Clima de este sábado, Sônia Guajajara, ministra de los Pueblos Indígenas, afirmó que la ONU tiene que entender que llegó la hora de escuchar a la Amazonia: “Estamos aquí junto a quienes cuidan de todos los biomas para decir basta. Vivimos en una emergencia climática. Por eso, esta manifestación se transforma ahora en la verdadera Zona Azul de la COP30”.  

En medio de la Marcha Mundial por el Clima, el danés Lasse Marku, de 47 años, empujaba una estatua de la “plaga naranja” de Donald Trump. Lasse, que ha ido a casi todas las COP desde la Cumbre de Copenhague de 2009, se mostraba fascinado por la efervescencia social de Belém: “No había visto nada igual antes. Es con mucha diferencia la COP más potente”. La marcha fue un crisol transversal de pueblos indígenas, militantes afrodescendientes, sindicatos, feministas, movimientos rurales, ecologistas, militantes de partidos de izquierda, profesores. “Yo defiendo la diversidad sexual y el papel de cultura en la lucha climática”, declaraba el activista brasileño Jetskee Dream, mientras sostenía un escudo con la portada del libro O pacto de branquitude, de Cida Bento. Jetskee forma parte del Book Bloc, colectivo internacional que preparó escudos-libros con títulos ambientales para la marcha de la COP30.

En la Marcha del Clima de Belém estaba presente una verdadera “marea roja” de la izquierda tradicional. El lema de una camiseta sintetizaba el espíritu transversalizador de Brasil: “No hay justicia climática sin vivienda digna”. “El cambio climático nos afecta a todos Necesitamos una transición justa para todos, no solo una transición para las empresas”, reivindicaba Joisale Nunes, portavoz regional del sindicato Central Única de Trabajadores (CUT), el principal de Brasil. 

La joven indígena Txai Surui, icono global tras su discurso en la COP26 de Glasgow en 2021, confesaba a elDiario.es al inicio de la marcha que la COP30 comenzó mal. “Anunciaron explotación de petróleo en la desembocadura del Amazonas... No tienen palabra. Aunque a veces cunda el pesimismo, nosotros indígenas tenemos la responsabilidad de tener esperanza”, aseguraba Txai, a quien Greta Thunberg, presente en Belém, considera la verdadera líder ambiental del mundo. Los carteles de la marcha del clima de Belém reformulan las narrativas ambientales: “Sin selva no hay clima”, “El futuro es indígena”, “Cuerpos y territorio en pie” o “yo soy cuerpo-territorio”. “Mi cuerpo es parte de él, no soy algo separado de la naturaleza”, explicaba la indígena brasileña Kenya Pataxó a este medio.

La COP indígena

El pasado miércoles, el mítico cacique Raoni Mektutkire de la etnia Kayapó lanzó un ataque frontal contra la extracción de petróleo en la Amazonia. Disparó directamente contra su aliado Lula, con quien subió la rampa presidencial en enero de 2023. “Voy a pedirle una reunión y si hace falta, le tiro de la oreja para que escuche”, declaró el cacique a bordo de uno de los barcos de la barqueata, una protesta con más de doscientas embarcaciones en el río Guamá. En la cubierta del barco, Leo Cerda, indígena kichwa de Ecuador, reivindicaba financiación global para los indígenas. “Necesitamos financiación directa, gestionada por los pueblos originarios. El 20% que quieren entregarnos es insuficiente”, aseguró a elDiario.es, en referencia al Fundo de Florestas Tropicales para Sempre (TFFF), propuesta estrella de Brasil para la COP30. En las calles de Belém se ven muchos grafitis y murales pidiendo “financiación directa para quien cuida de la selva”. En las conversaciones oficiales y extraoficiales empieza a haber quorum para demandar que el 50% del fondo TFFF sea gestionado por las propias comunidades que cuidan de las selvas tropicales.  

Sônia Guajarara, ministra de los Pueblos Indígenas, se enorgullecía el pasado jueves de estar trayendo la causa indígena al centro del debate global. Guajarara destacó que 900 indígenas están acreditados oficialmente en la Zona Azul, 360 de ellos brasileños. La ministra quiere ir más allá de la COP21 de Copenhague, que reconocía la importancia de los indígenas en la mitigación del cambio climático. Su principal apuesta es una declaración oficial para incentivar la demarcación legal de tierras indígenas. Para recoger las demandas de los pueblos indígenas de todo el mundo, la presidencia brasileña de la COP30 creó el Círculo dos Povos. 

De los cinco mil indígenas llegados a Belém estos días, 3.400 están acampados en la Aldeia COP. En el espacio, al que se accede con una acreditación propia (la de la ONU no sirve), carteles gigantes mandan recados: “Las respuestas no están en lo alto, sino en el suelo de los territorios.” Al lado del espacio Guardianas del Clima, Kako Pachi, indígena Pemón de Venezuela, sostiene que los indígenas garantizan el equilibrio climático: “Somos los guardianes del clima. Se habla mucho de inteligencia artificial, pero es más importante la inteligencia ancestral que va de la mano de la inteligencia natural”, aseguraba el jueves a elDiario.es. ¿Conseguirá la delegación brasileña incorporar las peticiones de los pueblos indígenas y de la Cúpula de los Pueblos, que mañana entregará su carta a la presidencia brasileña de la COP30?

La fuerza de la presión social

De momento, en el borrador de las negociaciones se ha colado la creación de zonas indígenas libres de petróleo, gas y extractivismo. José Carlos Carvalho, ministro de medio ambiente de Brasil entre 2002 y 2003, confesaba el martes a elDiario.es en la Zona Azul que confía en la diplomacia de su país: “La presión de los movimientos sociales es una tradición nuestra. Servirá de ayuda para negociar”. El activista ambiental Inti Bonomo, delegado no oficial de Argentina en la COP30, se muestra impresionado por el esfuerzo del gobierno brasileño por “intentar generar porosidad” con la sociedad civil. “Se nota que es una COP distinta. Y hay una oportunidad histórica de que Naciones Unidas dé voz y voto a los pueblos indígenas. Veremos si Brasil lo consigue”, declara a este medio.

En los bastidores de la Zona Azul, la diplomacia ambiental brasileña ya está deshaciendo bloqueos. Puede que Brasil consiga ya un compromiso oficial del mundo para comenzar a abandonar los combustibles fósiles. La experiencia de la cumbre del G20, celebrada en Río de Janeiro en noviembre de 2024, brinda algunas pistas. Un activista que prefiere mantenerse en el anonimato explica a elDiario.es que el gobierno Lula pagó la realización de acciones activistas. Los cientos de carteles y proyecciones callejeras en Río de Janeiro para tasar a los ricos no eran tan espontáneos. Contra todo pronóstico, Brasil consiguió incluir en el texto final una declaración a favor del impuesto a los millonarios. 

¿Cómo es una cárcel de Israel para alguien que, sin ser palestino, teniendo cierta protección internacional, es considerado un enemigo político? Hay activistas españoles que han vivido esa experiencia en los últimos días.

Esta historia es en realidad un epílogo de otra que ya contamos. En un capítulo anterior, Ada Colau y Juan Bordera fueron nuestros ojos, nuestros oídos, en esa flotilla de gaza en la que también iba Reyes Rigo, una activista mallorquina que ha estado una semana encarcelada y acusada de agredir a una funcionaria de prisiones. Volvemos a hablar con Juan Bordera para que nos termine de contar qué pasó cuando llegaron los barcos militares israelíes y cómo fue vivir tres días en una cárcel de Israel.

***

¿Cómo escuchar 'Un tema Al día'?

▶ Si eres socio/a, puedes escuchar los nuevos capítulos del podcast cada noche en elDiario.es con unas horas de antelación respecto al resto de lectores. Recibirás el enlace en tu correo electrónico en el boletín del Adelanto de noticias.

▶ Si no eres socio/a, el episodio está disponible a primera hora de la mañana en cualquier aplicación que uses habitualmente. 

▶ Acuérdate de suscribirte al podcast 'Un tema al día' en tu app para que te lleguen automáticamente los nuevos capítulos. Es gratis.

▶ Tendrás disponibles también todas las entregas de 'Un tema Al día' en elDiario.es/aldia