L'activista Madò Farta, coneguda per la seva participació en el moviment contra la turistificació de Mallorca, abillada amb una careta de calavera i l'atuell tradicional de pagesa, ha denunciat amenaces rebudes tant al carrer com a través de les xarxes socials. L'activista, que manté la seva identitat en l'anonimat, ha fet pública aquesta situació a través d'un vídeo publicat al seu compte d'Instagram.

Farta explica que fa “temps” que rep aquest tipus d'amenaces i assegura que algunes ja han estat denunciades, tot i que no precisa davant quin cos policial ni aporta informació sobre la investigació dels fets. Juntament amb el vídeo, publica diverses captures de pantalla d'una conversa mantinguda amb un altre usuari d'Instagram, la identitat del qual tampoc no es coneix.

En un dels missatges, l'interlocutor assegura que hi hauria “una recompensa de 10.000 euros” per localitzar l'activista i li adverteix que podria ser agredida pel carrer. Farta respon que les agressions ja s'han produït, tot i que en la publicació no concreta quan, on ni en quines circumstàncies haurien tingut lloc. El contingut de la conversa no permet, per si sol, verificar l'existència d'aquesta suposada recompensa.

La denúncia de l'activista es produeix en un context de creixent conflictivitat entorn del model turístic de Mallorca. 'Madò Farta' s'ha convertit en una de les figures més visibles, tot i mantenir-se en l'anonimat, de les mobilitzacions que qüestionen la pressió turística, l'accés a l'habitatge i la transformació de l'espai públic de l'Illa. En les darreres setmanes ha impulsat accions com la 'cadena a la fresca', una protesta que cercava escenificar la reivindicació de recuperar espais per als residents davant la pressió de l'activitat turística.

En una entrevista amb elDiario.es, Farta explica que el seu anonimat forma part de la seva manera de participar en el moviment i que la calavera que acompanya les seves aparicions pretén representar una protesta col·lectiva més que una identitat individual. Les seves accions s'han desenvolupat en paral·lel a un cicle de mobilitzacions contra la massificació turística i l'encariment de l'habitatge que ha portat milers de persones als carrers de Mallorca durant els darrers mesos.

La activista Madò Farta, conocida por su participación en el movimiento contra la turistificación de Mallorca ataviada con una careta de calavera y el atuendo tradicional de payesa, ha denunciado amenazas recibidas tanto en la calle como a través de las redes sociales. La activista, que mantiene su identidad en el anonimato, ha hecho pública esta situación a través de un vídeo publicado en su cuenta de Instagram.

Farta explica que lleva “tiempo” recibiendo este tipo de amenazas y asegura que algunas de ellas ya han sido denunciadas, aunque no precisa ante qué cuerpo policial ni aporta información sobre la investigación de los hechos. Junto al vídeo, publica varias capturas de pantalla de una conversación mantenida con otro usuario de Instagram cuya identidad tampoco se conoce.

En uno de los mensajes, el interlocutor asegura que habría “una recompensa de 10.000 euros” para localizar a la activista y le advierte de que podría ser agredida en la calle. Farta responde que las agresiones ya se han producido, aunque en la publicación no concreta cuándo, dónde ni en qué circunstancias habrían ocurrido. El contenido de la conversación no permite por sí solo verificar la existencia de esa supuesta recompensa.

La denuncia de la activista se produce en un contexto de creciente conflictividad en torno al modelo turístico de Mallorca. 'Madó Farta' se ha convertido en una de figuras más visibles, aunque siempre desde el anonimato, de las movilizaciones que cuestionan la presión turística, el acceso a la vivienda y la transformación del espacio público de la Isla. En las últimas semanas ha impulsado acciones como la 'cadena a la fresca', una protesta que buscaba escenificar la reivindicación de recuperar espacios para los residentes frente a la presión de la actividad turística.

En una entrevista con elDiario.es que su anonimato forma parte de su propia manera de participar en el movimiento y que la calavera que acompaña a sus apariciones pretende representar una protesta colectiva más que una identidad individual. Sus acciones se han desarrollado en paralelo a un ciclo de movilizaciones contra la masificación turística y el encarecimiento de la vivienda que ha llevado a miles de personas a las calles de Mallorca durante los últimos meses.

La Fiscalía ha pedido 550 y 900 euros de multa para los dos acusados de realizar “pintadas anti TAV” —en referencia a las obras de construcción del ferrocarril de alta velocidad—, en una lona que la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN) exhibía en el exterior de su sede. Una pequeña concentración de apoyo ha acompañado a los imputados poco antes del juicio, que se ha celebrado este jueves y ha quedado visto para sentencia. La CEN no ha pedido indemnización por las pintadas, que se limpiaron “a las pocas horas”.

“La investigación policial ha sido exhaustiva, con más de 220 folios”, ha explicado uno de los acusados frente a la Audiencia Provincial de Navarra. Además de calificar el operativo desplegado por la Policía Nacional como “totalmente ridículo” para un “delito leve que cuya limpieza no superó los 320 euros”.

“El pasado año se creó la Plataforma pro TAV en Navarra, un lobby de presión para acelerar las obras del TAV en esta comunidad. Uno de los pilares fundamentales de esta Plataforma lo constituye la CEN, donde se instaló una lona de grandes dimensiones de apología a esta macro infraestructura. En esta lona se realizaron las referidas pintadas, que fueron borradas a las pocas horas”, describe en un comunicado Mugitu Mugimendua, plataforma ciudadana contra la conexión de alta velocidad, que achaca que, a pesar de la limpieza, los imputados (pertenecientes a este mismo colectivo) fueran igualmente detenidos el pasado mes de mayo.

Uno de los acusados reivindica que en una “época de crisis generalizada”, en la que “estamos viendo cómo los bosques se queman, los ríos se vacían, la contaminación de todas sus maneras aumenta”, así como “las desigualdades, las injusticias, la precariedad, la explotación laboral”, y mientras “el fascismo avanza y los gastos militares aumentan exponencialmente”, la construcción del AVE “no hace más que agrandar” la situación. “Supone la destrucción de la tierra y la pobreza de la clase trabajadora. Nos ahoga día a día”, afirma.

Durante la concentración convocada por Mugitu Mugimendua “en apoyo a las personas encausadas”, a la que han acudido una veintena de personas que han coreado “consignas anti TAV”, como: “Si quieres llegar antes, jódete y madruga”, han reivindicado que este juicio es muestra del “mundo al revés en el que vivimos”.

“Mientras las personas que luchamos contra el tren de alta velocidad, y el sistema que lo sustenta, estamos obligados a sentarnos en el banquillo de los acusados, las instituciones y los grupos empresariales que lo están promoviendo se están llenando los bolsillos”, ha afirmado el imputado. “El verdadero delito aquí no es hacer unas pintadas, sino que el verdadero delito es el tren de alta velocidad”, ha concluido.

Protestas por las catas en la localidad de Alsasua

En agosto de este año se sucedieron protestas de varias plataformas locales contra la construcción de la conexión en alta velocidad ferroviaria entre la 'Y vasca' y Pamplona en la localidad navarra de Alsasua. Durante cuatro días consecutivos, los asistentes quisieron “mostrar rechazo hacia los sondeos”, la presencia policial en el pueblo y la falta de información por parte del Ayuntamiento del municipio.

El motivo de las catas por parte del Estado en la zona de Aralar se realizaron para terminar de decidir si esa línea irá por Vitoria o por Ezkio/Itsaso, en Gipuzkoa. Una infraestructura que, a juicio de la plataforma Stop Sondeos, es un “despilfarro” que solo “une las grandes ciudades” mientras “resquebraja el territorio” por el que pasa.

Desde hace 20 años, cuando comenzaron las obras al norte de Vitoria, la conexión del AVE entre Navarra y la denominada 'Y vasca' sigue siendo uno de los principales puntos pendientes del proyecto ferroviario, puesto que no se ha decidido de forma definitiva si la unión con Navarra se realizará por allí o por el pueblo de Ezkio/Itsaso.  Es una decisión que, además, condiciona la conexión entre los corredores atlántico y mediterráneo y el enlace con Francia.

Fiorella Sánchez, activista argentina, comenzó su transición en su país de origen hace dos décadas, pero llegó a Guadalajara en 2021. Tras un “tedioso” proceso ha podido cambiar su nombre original y su sexo en su documento de identidad, siendo la primera persona trans y migrante en hacerlo en Castilla-La Mancha.

Durante una conversación telefónica reconoce, en una entrevista, que aunque ha tenido “mucha suerte” gracias al entorno que ha ido construyendo desde que vive en la capital alcarreña, ha tenido que hacer frente al rechazo y a muchas trabas para poder, simplemente, ser quien es en realidad.

Su nueva vida comenzó en Argentina, donde con apenas veinte años, cuando estudiaba Periodismo, inició su proceso de transición. “Fue muy duro, al igual que otras mujeres y personas trans, lo he tenido muy complicado porque lo he perdido todo. Tenía una carrera y un futuro prometedor, pero nadie le iba a dar trabajo de periodista a una mujer trans. Era una vergüenza”.

Fiorella fue resiliente. “Perdí a mis amigos del colegio, de la universidad... Me quedé prácticamente sola porque era como la leprosa a la que nadie se quiere acercar. Tuve que reconstruirme y buscar un nuevo empleo”. Optó por trabajar como autónoma y abrir una tienda de ropa. “Tuve que reinventarme porque la sociedad no está preparada para ver un cambio tan radical, se te cierran todas las puertas por el simple hecho de tener una opción distinta”, relata Sánchez recordando su vida en Argentina.

Para ella su madre fue un pilar fundamental para poder salir adelante: “Cuando ella supo que yo tenía una opción distinta, me apoyó, nunca me discriminó, ni me recriminó nada. Desde el principio estuvo conmigo. Me ayudaba a vestirme, a peinarme, nunca me ha juzgado”. Fiorella reconoce que ha sido su “gran soporte” y que, aunque a su familia al principio les costó entenderlo, “a día de hoy lo llevan muy bien”.

“Me echaron del trabajo 10 minutos después de contratarme”

En la actualidad Fiorella se desempeña como administrativa, pero cuando llegó a España encontrar trabajo se convirtió en toda una lucha, a pesar de contar con una carrera universitaria y varios años de experiencia en otros sectores.

Asegura que, en su caso, sí que ha tenido un poco más de suerte al contar con una apariencia normativa que muchos asocian con el sexo femenino - se denomina cis passing, que es cuando una persona trans pasa desapercibida y la sociedad la identifica como una mujer u hombre cisgénero-, pero insiste en que, en la actualidad, encontrar trabajo “es el principal problema de la comunidad trans”.

“No es fácil llegar a un país nuevo y empezar de cero con treinta y pico años. La suerte, por decirlo de alguna forma de contar con ese cis passing, que dicen todas, no se te nota [que eres trans]. Pero se me han cerrado muchas puertas en muchos trabajos y he sido discriminada”.

Fiorella recuerda una entrevista para trabajar en el sector logístico, que le marco especialmente. “Me contrataron y me pidieron mandar toda la documentación un viernes para empezar el lunes. En mi documento de identidad todavía venía el nombre masculino, por eso cuando envié lo que me pidieron puse una aclaración, diciendo: acá pone tal nombre, pero yo en realidad soy Fiorella, estoy en proceso de cambio”, explica. “Mágicamente” a los diez minutos de enviar toda la documentación la rechazaron.

“Vi que de nuevo había otra convocatoria el lunes, así que como yo soy terca le escribí a la chica, para preguntarle por qué no me daba la oportunidad y que cuál era el problema. Entonces me llamó y me dijo que iba a buscar una solución”.

Logró el puesto pero Fiorella denuncia que tuvo que “rogar para un trabajo decente”. Y no solo eso. “Después me dijo que en los contratos figuraría el nombre masculino, pero que en la identificación [de cara a los compañeros] iba a poner Fiorella. A ver... nadie tiene por qué enterarse”, matiza.

Perdí a mis amigos del colegio, de la universidad, me quedé prácticamente sola porque era como la leprosa a la que nadie se quiere acercar

Para Fiorella, la Asociación Wado, de la que forma parte, “fue un gran impulsor” del cambio en su vida. “Me ayudaron a encontrar mi trabajo actual, dieron una carta de recomendación y gracias a ellos tengo mi empleo. Estoy muy cómoda, me siento libre, pero también acompañada por mi compañera de la oficina que ha vivido mi cambio de nombre conmigo. La verdad es que me siento una de las pocas privilegiadas”, explica, pero no obvia la crítica: “¿Por qué no se ve a una chica trans trabajando en una farmacia, por ejemplo? Porque se pasa muy mal, hay miedo al rechazo y tienes que aguantar muchas cosas”.

Frente a estas situaciones discriminatorias lo tiene claro: “Si sos fuerte lo aguantás y luego te vas a tu casa y lo llorás. Pero si no, te desmoronás y te hundís”.

El largo proceso de conseguir el cambio de nombre

Fiorella relata que llegó a España en situación de asilo y “sin permiso de residencia” en 2021. Dos años más tarde, a través de los medios de comunicación se enteró de la aprobación de la coloquialmente conocida como Ley Trans (Ley 4/2023), que permite a las personas mayores de 16 años solicitar el cambio de nombre y sexo en su documento de identidad. En el caso de las personas extranjeras la propia ley no contemplaba un procedimiento o protocolo uniforme, y en muchas ocasiones dependía del propio funcionariado que realizaba el trámite.

“Primeramente cuando iba a renovar los asilos me decían que no sabían cómo hacerlo. Luego según fue pasando el tiempo y ya tuve la residencia lo planteé y me dijeron que no tenían conocimiento de ello. Yo les explicaba la Ley [en el Registro Civil y la Policía Nacional] y ellos me decía que no existía. En ese entonces había mucho desconocimiento. Al principio me pusieron una X en el género. ¿Significa que no soy nada?”, expone.

La activista nos cuenta que al ser “tan insistente”, tras un año, le cambiaron la nomenclatura de sexo de masculino a femenino, pero que todavía seguía apareciendo su nombre de nacimiento. “Cuando fui a hacer la segunda renovación [del NIE] volví a insistir y presentamos junto con la Asociación Wado un escrito. En la Subdelegación del Gobierno me dijeron primero que sí se podía, luego que no y así empezamos un tira y afloja. Pero empecé a ponerme más fuerte en ello, entregué todo para que no me pusieran ningún problema”, detalla.

El pasado 13 de julio, el Ministerio del Interior aprobó un protocolo que permite a las personas trans extranjeras adecuar su documentación. “Fui al día siguiente y seguían diciéndome que no sabían nada, aunque ya estaban los protocolos en la página del Ministerio”. Defiende su derecho y el de otras personas en situación similar. “Yo tengo residencia temporal por cuenta ajena, pero se pueden hacer para todos tipos de residencia así como para un asilo”.

La Ley 4/2023 recoge que las personas trans migrantes pueden cambiar su nombre y sexo en su documento nacional de identidad “tanto cuando las personas extranjeras hayan efectuado la modificación en su país de origen, como cuando quede acreditada la imposibilidad por sus autoridades”. Declarar esa imposibilidad en el país de origen es esencial.

Deberían dar más oportunidades a las personas trans. Somos la comunidad más marginalizada

Finalmente, Fiorella redactó un nuevo escrito y a partir de ahí consiguió que una de las trabajadoras encargadas de seguir su caso se implicase: “Estuve yendo un mes entero, iba y volvía, sin lograr nada. Hasta que al final la chica que me atendió tuvo todo un fin de semana para seguir mi caso. Luego es como un pequeño juicio rápido, como que tú no aceptas tu nombre, rechazas, lo firmas, lo lees...”.

Después, sigue explicando, “tiene que estar el general, el mandamás de la policía para firmarlo, y luego recién ir a sacar o a pedir cita para hacer el trámite. A mí, por suerte, ese día me lo hicieron todo”, explica.

Así, Fiorella se convirtió en la primera mujer trans en Castilla-La Mancha en cambiar legalmente su nombre y sexo en su NIE, la quinta en toda España. “Es dinero, tiempo y energía. Sería más sencillo que ellos hiciesen los trámites de consulado a consulado, un proceso muy tedioso, pero al final después de insistir tanto lo logré”, expresa.

Enfrentarse a situaciones cotidianas

Fiorella nos explica que acudir al médico o a cualquier servicio público en el que se acude por llamamiento con un nombre que no le pertenecía también “era un rato vergonzante”. “Mi relación con mi médica de cabecera es muy buena. Siempre me ha preguntado cuándo van a cambiarme el nombre, se implicaba. Cuando he tenido que ir a Urgencias y me ha tocado otro médico sí que ha sido más complicado, porque decían mi nombre masculino y tenía a toda la sala mirándome cuando acudía. Muchas veces antes de que me llamasen iba al módulo a pedirle que me llamen por el apellido, pero ya tenía que dar todas las explicaciones”.

Yo me ofrezco voluntariamente a que todas las personas trans contacten conmigo a través de la Asociación Wado y puedo ayudarlas sin ningún ánimo de lucro

En su caso, se considera “acompañada por el servicio de Endocrinología” del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha al que asiste en Guadalajara, aunque señala que con respecto al tratamiento de hormonas “la doctora tiene un poco de desconocimientos y muchas veces soy yo la que le indica lo que debo tomar”.

Aunque Castilla-La Mancha cuenta con un Servicio de Atención Integral LGTBI para apoyo y asesoramiento, Fiorella nunca lo ha utilizado. “En mi caso si alguna vez he necesitado un servicio psicológico lo he hecho a través de los recursos que tiene la Asociación Wado”, puntualiza.

“Hecha la ley, hecha la trampa”

Desde que se aprobó la Ley Trans, en España han surgido varios casos en los que presuntos maltratadores para aventajarse jurídicamente y eludir condenas mayores han cambiado su sexo en su documento de identidad, de cara a que no exista

No obstante, el artículo 46.3 de la Ley Trans deja claro que “la rectificación de la mención registral relativa al sexo y, en su caso, el cambio de nombre, no alterarán el régimen jurídico que, con anterioridad a la inscripción del cambio registral, fuera aplicable a la persona a los efectos de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género”.

Fiorella muestra su “rechazo absoluto” a este tipo de prácticas. Cree que “lo único que hacen es un beneficio fraudulento a costa de utilizar una ley que es para el confort emocional de las personas trans. Deberían tener un castigo. Dicen que hecha una ley, hecha la trampa, pero no debería ser así. Si una persona tiene problemas con la Justicia, si tiene denuncias por maltrato, violencia machista o lo que sea no debería poder hacer este trámite de cambio de nombre”.

Apoyo a otras personas trans

Fiorella habla de que este proceso ha sido como “luchar por un sueño, por un ideal” y anima a cualquier persona que esté en su misma situación. “Yo me ofrezco voluntariamente a que contacten conmigo a través de la Asociación Wado. Puedo ayudarlas sin ningún ánimo de lucro. Lo he pasado bastante mal y no quiero que al resto le ocurra lo que a mí. Esta lucha es para la dignidad de todas las personas trans migrantes. Que puedan tener un trabajo digno y no caigan en la prostitución”, señala.

Puedo ayudar a otras personas sin ningún ánimo de lucro. Lo he pasado bastante mal y no quiero que al resto le ocurra lo que a mí. Esta lucha es para la dignidad de todas las personas trans migrantes

Al final de la conversación insiste: las empresas “deberían dar más oportunidades a las personas trans. Somos la comunidad más marginalizada. Yo no puedo quejarme del todo, porque he tenido mucha suerte, me he cruzado con gente muy buena, pero ojalá todas puedan tener una mejor calidad de vida y conseguir un trabajo digno”.

Madò Farta s'ha convertit en una de les cares més habituals en les protestes contra la saturació turística de Mallorca, malgrat que sempre ha ocultat la seva veritable identitat rere una màscara. Metafòrica i real. La careta de calavera i l'atuell tradicional de 'pagesa' -vestimenta típica del folklore mallorquí- acompanyen sempre aquesta enigmàtica activista que és en dels símbols més reconeguts de les manifestacions.

La clau? Un atuell llamatiu i una presència silenciosa. Com aquesta entrevista, que ha estat per escrit a petició expressa de l'activista: ha insistit a fer-la a través d'un qüestionari degut a que és “muda”, una manera més de protegir el seu anonimat. Per a ella, el silenci i la discreció són “eines molt potents” que permeten que no hi hagi una sola Madò Farta, sinó moltes. Per això, quan interactua en persona amb la premsa, només gesticula.

La seva activitat se centra en les xarxes socials, des d'on ha contribuït a l'última gran manifestació d'aquest estiu contra la turistificació. Amb el suport del GOB i Terraferida, 1.000 persones, segons Policia Nacional, han participat aquest dissabte en una “cadena a la fresca”: la gent es va asseure en una cadena de cadires des de Plaça d'Espanya fins a Consolat de Mar, seu de la presidència del Govern, on va haver-hi una batucada. Madò Farta ha deixat fotografiar-se per elDiario.es en aquesta protesta.

Com va sorgir el personatge de Madò Farta i com d'important és l'estètica en aquest cas?

Madò Farta no va néixer amb un manual d'instruccions. Va néixer de la necessitat de fer visible alguna cosa que costava molt d'explicar només amb paraules. I un cop vaig tenir clara aquesta necessitat, vaig entendre que l'estètica havia de fer bona part del treball. La 'pagesa' no és una decoració i el calavera tampoc. És una contradicció volguda: una figura que representa una Mallorca viva, arrelada, però amb un calavera que recorda que aquesta manera de viure també pot acabar desapareixent. Volia que, abans d'escoltar qualsevol discurs, la imatge ja fes una pregunta. Això és important perquè avui vivim envoltats d'imatges. Si vols que algú s'aturi, primer has d'aconseguir que miri.

Per què va optar per una protesta silenciosa i anònima? Qué li permet fer l'anonimat que no li permetria donar la cara?

El silenci és una eina molt potent. Quan no parles, obligues l'altra persona a mirar, i moltes vegades mirar incomoda més que sentir un discurs. I l'anonimat em permet una cosa que per a mi continua sent molt important: no convertir aquesta història en la biografia d'una persona. No vull que el debat sigui “qui és Madò Farta?”, sinó “per què existeix Madò Farta?”. A més, hi ha una cosa que m'agrada molt de l'anonimat: que algú pugui posar-se la màscara i convertir-se en part del missatge. Si jo donés la cara, probablement hi hauria una Madò Farta concreta. Així, en canvi, pot haver-n'hi moltes.

Què simbolitza Madò Farta i fins a quin punt creu que el personatge ja ha deixat de ser seu per convertir-se en un símbol col·lectiu?

Fa temps que ja no és meu. I això és, probablement, el millor que li podia passar. Al principi era una forma meva de canalitzar una preocupació. Ara veig gent que es reconeix, famílies que s'han inspirat, nens que es posen la màscara i persones que porten el mateix missatge sense necessitat que jo hi sigui. I això té una part molt “bonica”: el símbol ja no necessita la persona que el va crear. Madò Farta pot sortir al carrer encara que jo no hi sigui. I, de fet, aquesta és la idea.

Al principi era una forma meva de canalitzar una preocupació. Ara veig gent que es reconeix, famílies que s'han inspirat, nens que es posen la màscara i persones que porten el mateix missatge sense necessitat que jo hi sigui. Madò Farta pot sortir al carrer encara que jo no hi sigui

Què et va impulsar a passar de la preocupació i la queixa a crear un personatge i sortir al carrer?

Arriba un moment en què queixar-te ja no et basta. No perquè la queixa no sigui legítima, sinó perquè si només et quedes a casa parlant de tot el que va malament, acabes formant part d'aquesta resignació. Jo no volia esperar a estar d'acord amb tot ni tenir una solució perfecta. Volia fer alguna cosa. Aquest és un canvi important: entendre que participar no significa necessàriament militar dins d'un partit, ni ser una persona pública, ni tenir un càrrec. També pots posar-te una màscara, agafar una pancarta, recollir fems o simplement ser-hi.

Participar no vol pas dir necessàriament militar dins d'un partit, ni ser una persona pública, ni tenir un càrrec. També pots posar-te una màscara, agafar una pancarta, recollir fems o simplement ser allà

Com seria la Mallorca que li agradaria deixar a les generacions que venen?

M'agradaria deixar-los una Mallorca que no hagin de defensar constantment. Una Mallorca en la qual un jove pugui dir “jo vull viure aquí” i que això sigui una possibilitat real. On anar a una platja no sigui una operació logística. On l'aigua no sigui un problema permanent, on els pobles no perdin la seva identitat i on el paisatge no sigui només el que ensenyem a les fotografies turístiques. I sobretot m'agradaria que els nens que avui es posen la màscara de Madò Farta un dia la puguin guardar en un calaix perquè ja no faci falta.

Considera que hi ha hagut un retrocés en la protecció de l'illa i en els drets dels residents?

Jo crec que hi ha hagut un retrocés en alguna cosa més profunda: en la idea que determinades coses haurien de tenir un límit. Quan comencem a discutir si un espai protegit pot tenir alguna cosa més d'ús, si podem assumir més cotxes, més places, més construcció o més pressió, sempre acabem parlant dels límits com a obstacles i no com a forma de protecció. Els drets dels residents també es veuen afectats per això. El dret a l'habitatge, a tenir accés al territori, a poder viure en un entorn habitable... No són drets menors. Són la base perquè una societat pugui continuar existint.

El dret a l'habitatge, a tenir accés al territori, a poder viure en un entorn habitable... No són drets menors. Són la base perquè una societat pugui continuar existint

Veus un moviment real per part de la població de Balears i creus que s'està avançant cap a una millora?

Sí, i aquesta és una de les coses que més esperança em donen. Fa uns anys moltes d'aquestes converses quedaven reduïdes a determinats col·lectius. Ara hi ha gent molt diversa que coincideix en una cosa molt senzilla: no podem continuar així. Tanmateix, sortir al carrer no és haver guanyat. És haver aconseguit que el problema ja no pugui amagar-se. El següent pas és convertir aquesta força social en decisions concretes.

En quina situació considera que es troba Mallorca actualment?

Mallorca es troba en una situació de contradicció. Per una banda, tenim una economia que continua funcionant molt bé al voltant del turisme. Però, per l'altra, cada vegada costa més explicar què guanya la persona que viu aquí amb aquest creixement. Si tenim més activitat econòmica, però també tenim més dificultat per trobar casa, més saturació, més problemes de mobilitat, més pressió sobre l'aigua i més espais que deixem de poder gaudir, hem de tenir el valor de mirar el conjunt. No crec que Mallorca estigui condemnada. Però sí que crec que som davant d'un encreuament.

Les xarxes socials han estat fonamentals perquè Madò Farta esdevingués un símbol. Creu que ajuden a amplificar el missatge o corren també el risc de convertir la reivindicació en una simple imatge?

Ambdues coses. Les xarxes poden fer que una imatge que hauries vist només un cop en una plaça arribi a milers de persones. Això és una eina extraordinària. Però també tenen un perill: que compartim una fotografia, posem un cor i tinguem la sensació que ja hem fet alguna cosa. Un like no protegeix una platja. Un vídeo no baixa el preu d'un lloguer. Una fotografia no canvia una llei. La imatge serveix per obrir la porta, però després algú ha de travessar-la.

Un like no protege una platja. Un vídeo no baixa el preu d'un lloguer. Una fotografia no canvia una llei. La imatge serveix per obrir la porta, però després algú ha de travessar-la

Creu que el Govern de Marga Prohens (PP) escolta les protestes?

Jo crec que les ha escoltat perquè seria impossible no sentir-les. Una altra cosa és si realment les ha entès i, sobretot, si està disposat a actuar d'acord amb el que està reclamant una part molt important de la societat. La presidenta ha dit públicament que respecta les mobilitzacions i que entén el malestar. Però jo crec que arriba un moment que ja no n'hi ha prou amb dir “us sento”. Hem de poder mirar les polítiques i veure si realment van en la direcció que reclama el carrer.

La presidenta Marga Prohens ha dit públicament que respecta les mobilitzacions i que entén el malestar. Però jo crec que arriba un moment que ja no n'hi ha prou amb dir 'us sento'. Hem de poder mirar les polítiques i veure si realment van en la direcció que reclama el carrer

Quines mesures de l'actual Govern us semblen més perjudicials per a Mallorca?

A mi em preocupa sobretot qualsevol mesura que redueixi els mecanismes de protecció del territori o que faci més fàcil créixer quan precisament estem dient que hem arribat a un límit. El cas d'Es Trenc és molt clar. El Govern defensa que no es desprotegirà el parc i ha insistit que “Es Trenc no es toca”. Però la modificació que permet que determinats canvis es puguin realitzar per via del Consell de Govern, sense passar pel Parlament, és precisament la que genera desconfiança. La protecció d'un territori no pot dependre només de confiar que el govern de torn tindrà bones intencions. Les garanties han de ser fortes.

Creus que les institucions intenten criminalitzar el moviment?

No diria que totes les institucions ho facin, però sí que hi ha hagut moments en què el debat s'ha intentat desviar cap a etiquetes. Quan una protesta passa a ser presentada com una provocació, una mentida, una qüestió partidista o una actitud contra algú, deixem de parlar del problema. Jo no vull entrar en aquest joc. Si una persona protesta, discutim el que està reclamant. I si una protesta comet una irregularitat, es pot criticar aquesta irregularitat. Però no utilitzem una cosa per invalidar l'altra.

Què li diria a una persona que pensa que les protestes contra la massificació són d'odi cap als turistes?

Li diria que vingui i miri el que estem dient. Nosaltres no protestem contra una persona que arriba amb una maleta. Protestem contra un model que necessita convertir cada vegada més coses de Mallorca en productes de consum. Jo no vull que Mallorca deixi de rebre persones. Vull que Mallorca deixi de tractar-se com a infinita. També li diria una cosa: estimar una illa no pot ser considerat odiar qui la visita. Precisament perquè estimem Mallorca volem que la gent que vingui pugui conèixer-la sense contribuir a destruir el que ha vingut a veure.

Estimar una illa no pot ser considerat odiar qui la visita. Precisament perquè estimem Mallorca volem que la gent que vingui pugui conèixer-la sense contribuir a destruir allò que ha vingut a veure

Què creus que hauria de passar perquè aquesta mobilització social es traduís en canvis polítics reals? Mallorca necessita menys turistes o necessita un altre model turístic?

Necessitem un altre model, però això implica acceptar que probablement també necessitem menys pressió turística en determinats moments i en determinats llocs. No crec que el debat s'hagi de reduir a una xifra de turistes. La pregunta és quanta pressió pot suportar Mallorca sense deteriorar l'habitatge, l'aigua, el territori, els serveis i la vida quotidiana. I, perquè hi hagi canvis polítics reals, hem de deixar de premiar electoralment els discursos i començar a exigir resultats. Posar límits, protegir territori, garantir habitatge i decidir quin turisme volem abans de decidir quants turistes volem.

Fins ara l'hem vist en pràcticament totes les mobilitzacions. Ara també està començant a convocar accions pròpies.

Sí. I és un pas que no vaig prendre a la lleugera. La idea de començar a realitzar accions pròpies va ser meva. Feia temps que hi donava voltes i pensava que Madò Farta no podia limitar-se només a ser present en les mobilitzacions dels altres. Si el personatge havia nascut per denunciar una realitat, també havia de ser capaç de proposar i posar sobre la taula les seves pròpies accions.

Però també vull deixar molt clar que, si avui aquesta idea ha pogut començar a caminar, és en bona part gràcies a Tonina Siquier, membre del GOB [Grup Balear d'Ornitologia I Defensa de la Naturalesa]. Jo li vaig explicar la idea per correu electrònic i ella em va respondre amb unes paraules que no oblidaré: “És una idea brillant. Jo t'ajudaré a tirar-la endavant.”

Ara el repte és que Madò Farta no sigui només una imatge dins una manifestació. Vull que també sigui capaç de generar accions, provocar converses i aconseguir que més gent passi de pensar “això no pot continuar així” a fer alguna cosa perquè canviï.

Per què ha decidit fer aquest pas?

Ara mateix no n'hi ha prou amb assenyalar el problema. També hem de generar espais perquè la gent pugui participar. No necessàriament amb grans actes. De vegades una acció petita, concreta i ben pensada pot dir més que una enorme manifestació.

Vull que les accions de Madò Farta siguin una continuació del que representa: presència, consciència i una certa incomoditat. Que facin pensar. I, si pot ser, que facin que algú que mai havia participat en res digui: “Jo també puc fer alguna cosa”.

De vegades una acció petita, concreta i ben pensada pot dir més que una enorme manifestació

Ha dit que Mallorca té un límit. On creu que és aquest límit?

El problema és que el límit no és una xifra única. No és dir “a partir de 18 milions ja no podem més”. Mallorca té molts límits distints: l'aigua, el sòl, les carreteres, l'habitatge, les platges, els serveis públics, els recursos naturals i també la capacitat de la gent de viure amb dignitat. Alguns d'aquests límits ja els hem superat.

Però hi ha un altre límit que és encara més important: el moment en què la gent que viu aquí comença a sentir que ha de demanar permís per viure a casa seva. Aquest és el límit que no hauríem d'haver travessat mai. I si ja l'hem travessat en alguns aspectes, ara toca començar a retrocedir.

Madò Farta ('Señora harta', en castellano) se ha convertido en una de las caras más habituales en las protestas contra la saturación turística de Mallorca, a pesar de que siempre ha ocultado su verdadera identidad tras una máscara. Metafórica y real. La careta de calavera y el atuendo tradicional de 'pagesa' —traje típico del folklore mallorquín— acompañan siempre a esta enigmática activista que se ha erigido poco a poco en el símbolo más reconocido de las manifestaciones.

¿La clave? Un atuendo llamativo y una presencia silenciosa. Como esta entrevista, que ha sido por escrito a petición expresa de la activista: ha insistido en hacerla a través de un cuestionario debido a que es “muda”, una manera más de proteger su anonimato. Para ella, el silencio y la discreción son “herramientas muy potentes” que permiten que no haya una sola Madò Farta, sino muchas. Por ello, cuando interactúa en persona con la prensa, solo gesticula.

Su actividad se centra en las redes sociales, desde donde ha contribuido a la última gran manifestación de este verano contra la turistificación. Con el apoyo del GOB y Terraferida, 1.000 personas, según Policía Nacional, han participado este sábado en una “cadena a la fresca”: la gente se sentó en una cadena de sillas desde Plaza de España hasta Consolat de Mar, sede de la presidencia del Govern, donde hubo una batucada. Madò Farta ha dejado fotografiarse por elDiario.es en esta protesta.

¿Cómo surgió el personaje de Madò Farta y cómo de importante es la estética en este caso?

Madò Farta no nació con un manual de instrucciones. Nació de la necesidad de hacer visible algo que costaba mucho contar solo con palabras. Y una vez tuve clara esa necesidad, entendí que la estética debía hacer buena parte del trabajo. La 'pagesa' no es una decoración y la calavera tampoco. Es una contradicción querida: una figura que representa a una Mallorca viva, arraigada, pero con una calavera que recuerda que esta forma de vivir también puede acabar desapareciendo. Quería que, antes de oír cualquier discurso, la imagen ya hiciera una pregunta. Esto es importante porque hoy vivimos rodeados de imágenes. Si quieres que alguien se detenga, primero debes conseguir que mire.

¿Por qué optó por una protesta silenciosa y anónima? ¿Qué le permite realizar el anonimato que no le permitiría dar la cara?

El silencio es una herramienta muy potente. Cuando no hablas, obligas a la otra persona a mirar, y muchas veces mirar incomoda más que oír un discurso. Y el anonimato me permite algo que para mí sigue siendo muy importante: no convertir esta historia en la biografía de una persona. No quiero que el debate sea “¿quién es Madò Farta?”, sino “¿por qué existe Madò Farta?”. Además, hay algo que me gusta mucho del anonimato: que alguien pueda ponerse la máscara y convertirse en parte del mensaje. Si yo diera la cara, probablemente habría una Madò Farta concreta. Así, en cambio, puede haber muchas.

¿Qué simboliza Madò Farta y hasta qué punto cree que el personaje ya ha dejado de ser suyo para convertirse en un símbolo colectivo?

Hace tiempo que ya no es mío. Y esto es, probablemente, lo mejor que le podía ocurrir. Al principio era una forma mía de canalizar una preocupación. Ahora veo a gente que se reconoce, familias que se han inspirado, niños que se ponen la máscara y personas que llevan el mismo mensaje sin necesidad de que yo esté. Y esto tiene una parte muy “bonita”: el símbolo ya no necesita a la persona que lo creó. Madò Farta puede salir a la calle aunque yo no esté. Y, de hecho, esa es la idea.

Al principio era una forma mía de canalizar una preocupación. Ahora veo a gente que se reconoce, familias que se han inspirado, niños que se ponen la máscara y personas que llevan el mismo mensaje sin necesidad de que yo esté. Madò Farta puede salir a la calle aunque yo no esté

¿Qué le impulsó a pasar de la preocupación y la queja a crear un personaje y salir a la calle?

Llega un momento en el que quejarte ya no te basta. No porque la queja no sea legítima, sino porque si solo te quedas en tu casa hablando de todo lo que va mal, acabas formando parte de esta resignación. Yo no quería esperar a estar de acuerdo con todo ni tener una solución perfecta. Quería hacer algo. Este es un cambio importante: entender que participar no significa necesariamente militar dentro de un partido, ni ser una persona pública, ni tener un cargo. También puedes ponerte una máscara, coger una pancarta, recoger estiércol o simplemente estar allí.

Participar no significa necesariamente militar dentro de un partido, ni ser una persona pública, ni tener un cargo. También puedes ponerte una máscara, coger una pancarta, recoger estiércol o simplemente estar allí

¿Cómo sería la Mallorca que le gustaría dejar a las generaciones que vienen?

Me gustaría dejarles una Mallorca que no tengan que defender constantemente. Una Mallorca en la que un joven pueda decir “yo quiero vivir aquí” y eso sea una posibilidad real. Donde ir a una playa no sea una operación logística. Donde el agua no sea un problema permanente, donde los pueblos no pierdan su identidad y donde el paisaje no sea solo lo que enseñamos en las fotografías turísticas. Y sobre todo me gustaría que los niños que hoy se ponen la máscara de Madò Farta un día la puedan guardar en un cajón para que ya no haga falta.

¿Considera que ha habido un retroceso en la protección de la isla y en los derechos de los residentes?

Yo creo que ha habido un retroceso en algo más profundo: en la idea de que determinadas cosas deberían tener un límite. Cuando empezamos a discutir si un espacio protegido puede tener algo más de uso, si podemos asumir más coches, más plazas, más construcción o más presión, siempre acabamos hablando de los límites como obstáculos y no como forma de protección. Los derechos de los residentes también se ven afectados por eso. El derecho a la vivienda, a tener acceso al territorio, a poder vivir en un entorno habitable... No son derechos menores. Son la base para que una sociedad pueda seguir existiendo.

El derecho a la vivienda, a tener acceso al territorio, a poder vivir en un entorno habitable... No son derechos menores. Son la base para que una sociedad pueda seguir existiendo

¿Ve un movimiento real por parte de la población de Balears y cree que se está avanzando hacia una mejora?

Sí, y esta es una de las cosas que más esperanza me dan. Hace unos años muchas de estas conversaciones quedaban reducidas a determinados colectivos. Ahora hay gente muy distinta que coincide en algo muy sencillo: no podemos continuar así. Sin embargo, salir a la calle no es haber ganado. Es haber logrado que el problema ya no pueda esconderse. El siguiente paso es convertir esa fuerza social en decisiones concretas.

¿En qué situación considera que se encuentra Mallorca actualmente?

Mallorca está en una situación de contradicción. Por un lado, tenemos una economía que sigue funcionando muy bien en torno al turismo. Pero, por otra, cada vez cuesta más explicar qué gana la persona que vive aquí con ese crecimiento. Si tenemos más actividad económica, pero también tenemos más dificultad en encontrar casa, más saturación, más problemas de movilidad, más presión sobre el agua y más espacios que dejamos de poder disfrutar, debemos tener el valor de mirar el conjunto. No creo que Mallorca esté condenada. Pero sí creo que estamos ante un cruce.

Las redes sociales han sido fundamentales para que Madò Farta se convirtiera en un símbolo. ¿Cree que ayudan a amplificar el mensaje o corren también el riesgo de convertir la reivindicación en una simple imagen?

Ambas cosas. Las redes pueden hacer que una imagen que habrías visto solo una vez en una plaza llegue a miles de personas. Esto es una herramienta extraordinaria. Pero también tienen un peligro: que compartamos una fotografía, ponemos un corazón y tengamos la sensación de que ya hemos hecho algo. Un like no protege una playa. Un vídeo no baja el precio de un alquiler. Una fotografía no cambia una ley. La imagen sirve para abrir la puerta, pero después alguien debe atravesarla.

Un like no protege una playa. Un vídeo no baja el precio de un alquiler. Una fotografía no cambia una ley. La imagen sirve para abrir la puerta, pero después alguien debe atravesarla

¿Cree que el Gobierno de Marga Prohens (PP) escucha las protestas?

Yo creo que las ha escuchado porque sería imposible no oírlas. Otra cosa es si realmente las ha entendido y, sobre todo, si está dispuesto a actuar de acuerdo a lo que está reclamando una parte muy importante de la sociedad. La presidenta ha dicho públicamente que respeta las movilizaciones y que entiende el malestar. Pero yo creo que llega un momento que ya no basta con decir “os oigo”. Debemos poder mirar las políticas y ver si realmente van en la dirección que reclama la calle.

La presidenta Marga Prohens ha dicho públicamente que respeta las movilizaciones y que entiende el malestar. Pero yo creo que llega un momento que ya no basta con decir 'os oigo'. Debemos poder mirar las políticas y ver si realmente van en la dirección que reclama la calle

¿Qué medidas del actual Govern le parece más perjudiciales para Mallorca?

A mí me preocupa sobre todo cualquier medida que reduzca los mecanismos de protección del territorio o que haga más fácil crecer cuando precisamente estamos diciendo que hemos llegado a un límite. El caso de Es Trenc es muy claro. El Govern defiende que no se desprotegerá el parque y ha insistido en que “Es Trenc no se toca”. Pero la modificación que permite que determinados cambios se puedan realizar por vía del Consejo de Gobierno, sin pasar por el Parlament, es precisamente la que genera desconfianza. La protección de un territorio no puede depender solo de confiar en que el gobierno de turno tendrá buenas intenciones. Las garantías deben ser fuertes.

¿Cree que las instituciones intentan criminalizar al movimiento?

No diría que todas las instituciones lo hagan, pero sí que ha habido momentos en los que el debate se ha intentado desviar hacia etiquetas. Cuando una protesta pasa a ser presentada como una provocación, una mentira, una cuestión partidista o una actitud contra alguien, dejamos de hablar del problema. Yo no quiero entrar en ese juego. Si una persona protesta, discutimos lo que está reclamando. Y si una protesta comete una irregularidad, se puede criticar esa irregularidad. Pero no utilizamos una cosa para invalidar a la otra.

¿Qué le diría a una persona que piensa que las protestas contra la masificación son de odio hacia los turistas?

Le diría que venga y mire lo que estamos diciendo. Nosotros no protestamos contra una persona que llega con una maleta. Protestamos contra un modelo que necesita convertir cada vez más cosas de Mallorca en productos de consumo. Yo no quiero que Mallorca deje de recibir a personas. Quiero que Mallorca deje de tratarse como infinita. También le diría una cosa: amar a una isla no puede ser considerado odiar a quien la visita. Precisamente porque amamos Mallorca queremos que la gente que venga pueda conocerla sin contribuir a destruir lo que ha venido a ver.

Amar a una isla no puede ser considerado odiar a quien la visita. Precisamente porque amamos Mallorca queremos que la gente que venga pueda conocerla sin contribuir a destruir lo que ha venido a ver

¿Qué cree que debería ocurrir para que esta movilización social se tradujera en cambios políticos reales? ¿Mallorca necesita menos turistas o necesita otro modelo turístico?

Necesitamos otro modelo, pero esto implica aceptar que probablemente también necesitamos menos presión turística en determinados momentos y en determinados sitios. No creo que el debate deba reducirse a una cifra de turistas. La pregunta es cuánta presión puede soportar Mallorca sin deteriorar la vivienda, el agua, el territorio, los servicios y la vida cotidiana. Y, para que haya cambios políticos reales, debemos dejar de premiar electoralmente los discursos y empezar a exigir resultados. Poner límites, proteger territorio, garantizar vivienda y decidir qué turismo queremos antes de decidir cuántos turistas queremos.

Hasta ahora la hemos visto en prácticamente todas las movilizaciones. Ahora también está empezando a convocar acciones propias.

Sí. Y es un paso que no tomé a la ligera. La idea de empezar a realizar acciones propias fue mía. Hacía tiempo que le daba vueltas y pensaba que Madò Farta no podía limitarse solo a estar presente en las movilizaciones de los demás. Si el personaje había nacido para denunciar una realidad, también debía ser capaz de proponer y poner sobre la mesa sus propias acciones.

Pero también quiero dejar muy claro que, si hoy esta idea ha podido empezar a andar, es en buena parte gracias a Tonina Siquier, miembro del GOB [Grup Balear d'Ornitologia I Defensa de la Naturalesa]. Yo le conté la idea por email y ella me respondió con unas palabras que no olvidaré: “Es una idea brillante. Yo te ayudaré a sacarla adelante.”

Ahora el reto es que Madò Farta no sea solo una imagen dentro de una manifestación. Quiero que también sea capaz de generar acciones, provocar conversaciones y conseguir que más gente pase de pensar “esto no puede seguir así” a hacer algo para que cambie.

¿Por qué ha decidido dar ese paso?

Ahora mismo no basta con señalar el problema. También debemos generar espacios para que la gente pueda participar. No necesariamente con grandes actos. A veces una acción pequeña, concreta y bien pensada puede decir más que una enorme manifestación.

Quiero que las acciones de Madò Farta sean una continuación de lo que representa: presencia, conciencia y cierta incomodidad. Que hagan pensar. Y, si puede, que hagan que alguien que nunca había participado en nada diga: “Yo también puedo hacer algo”.

A veces una acción pequeña, concreta y bien pensada puede decir más que una enorme manifestación

Ha dicho que Mallorca tiene un límite. ¿Dónde cree que está ese límite?

El problema es que el límite no es una cifra única. No es decir “a partir de 18 millones ya no podemos más”. Mallorca tiene muchos límites distintos: el agua, el suelo, las carreteras, la vivienda, las playas, los servicios públicos, los recursos naturales y también la capacidad de la gente de vivir con dignidad. Algunos de esos límites ya los hemos superado.

Pero hay otro límite que es aún más importante: el momento en que la gente que vive aquí empieza a sentir que debe pedir permiso para vivir en su casa. Ese es el límite que no deberíamos haber atravesado nunca. Y si ya lo hemos atravesado en algunos aspectos, ahora toca empezar a retroceder.

Viendo la evolución de Rusia en estos quince años, resulta aún más sorprendente la irrupción de Pussy Riot en 2011. Nos enamoramos de ellas cuando salieron, con los rostros protegidos por balaclavas chillones, haciendo el punkarra a la catedral de Moscú en 2012. Fueron rápidamente detenidas y encarceladas. En aquel momento, nos pareció que lo que estaban desafiando era a la religión. Años después, entendimos que era a la democracia misma.

En el imprescindible documental Una plegaria punk (producido por HBO, se puede ver en Filmin) vemos cómo se desarrolló el juicio que las sentenció a dos años de prisión por haber “socavado el orden social” aquel día en la iglesia ortodoxa. Nadezhda Tolokónnikova, a quien vimos en el banquillo con una camiseta con el lema antifascista español “No pasarán”, dijo que la sentencia era un síntoma de que “la libertad está desapareciendo” en Rusia. Un síntoma y un presagio de que vendrían cosas peores.

Las integrantes de Pussy Riot en el exilio siguen recibiendo condenas, sin estar siquiera detenidas. El año pasado, Mariya Alyokhina, en busca y captura desde 2022 y que ya había pasado por la cárcel tras el primer juicio, fue sentenciada a 13 años de cárcel por criticar la invasión de Ucrania.

Y no es solo la libertad religiosa, Putin o la guerra en Ucrania. “En Rusia, si eres gay, te pueden matar sin miramientos. Cuando comienzan este tipo de ataques, es fácil llegar al fascismo. Es precisamente contra lo que luchamos”, dijo Alyokhina en una entrevista con elDiario.es en el año 2019.

Actualmente, Rusia tiene una lista pública de 22.000 personas a las que considera “terroristas o extremistas”, Pussy Riot está entre ellas. El objetivo es hacer pasar la disidencia por terrorismo, y así aplastar a activistas como ellas.

Esta semana ha saltado una historia difícil de interpretar sin contar con mayor información de contexto. En una entrevista en un medio ruso, una excomponente de Pussy Riot —Margarita Konovalova, apodada Rita Flores— reveló que fue reclutada por la inteligencia rusa para espiar a sus compañeras y su entorno.

Según Flores, los agentes que la detuvieron la extorsionaron, amenazándola con convertirla en “el mayor satanás de toda Rusia”, según sus palabras. También le aseguraron que matarían a su familia si no cooperaba.

El primer trabajo de Flores (nombre en clave, Harley) como espía fue redactar perfiles de un par de folios de un alista de artistas que le dieron, como el creador de street art Philippenzo o el performer Pavel Krisevich. La agencia de espionaje (FSB, heredera de la KGB), le pidió que averiguara información muy personal de ellos, en especial si estaban deprimidos: “Porque si están deprimidos, significa que están enfermos. Así que podemos trabajar con eso”, afirma que le dijeron. La táctica de Rita Flores fue suministrar información inservible, una gran cantidad de detalles que ella consideraba inofensivos, como cuál era la marca de cerveza favorita de estas personas. Otro recurso que utilizó para entorpecer este trabajo fue alejar a las personas, procurando que se enfadaran o se enemistaran para que así fuera imposible obtener información.

La peor de las misiones se la asignaron el verano pasado: participar en el asesinato de su exnovio. Precisamente, Rita Flores había sido captada, según narró, durante el registro de su domicilio durante la investigación contra su ex, Pyotr Verzilov, editor del medio crítico Mediazona y colaborador de las Pussy y otro grupo similar, Voina. A Verzilov le acusaron de “difundir noticias falsas sobre el ejército ruso”. Casi tres años después de aquella investigación, y con Verzilov exiliado, se encontraba con que la FSB le pedía que se citara con él en un café de Serbia, donde le prepararían una emboscada.

La reacción de Flores fue extravagante, pero funcionó. Utilizó la moral rusa, contra la que ella había peleado, en su beneficio: se casó con su novio actual de un día para otro. Después se dirigió a los servicios de inteligencia y les dijo: mi marido no me deja que me encuentre con mi ex, ¿qué clase de mujer sería si lo hiciera? Y funcionó.

Esta historia debería hacernos saltar directamente al libro que publicó el año pasado Nadya Tolokonnikova, titulado Police State, que recoge el material que la artista utilizó en la exposición que comisarió en Los Ángeles, donde se mostraron obras realizadas por artistas disidentes rusos en prisión o que habían pasado por ella. Durante aquella muestra, sucedieron protestas contra el ICE en la puerta del MOCA y también del movimiento No Kings Day, que han sido incorporadas al libro.

Acompañando un vídeo que Tolokónnikova grabó cantando junto a soldados ucranianos de la Brigada Jartia, la artista escribió en un post: “Nadie está a salvo mientras la Rusia totalitaria siga incontrolable”.

El tema se cuela cada día en más y más conversaciones, produce cierto temor en las personas que se acercan a la jubilación y supondrá un problema para aquellas con menos recursos. La inexistencia de una red pública de residencias para mayores y dependientes empieza a ser una de las cuestiones que con mayor ahínco preocupan a la sociedad española, donde la empresa privada ha encontrado un gran nicho que explotar ante la desidia de la administración pública.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), actualmente en España hay un 21,1% de personas mayores de 65 años. Para 2050, se prevé que la cifra supere el 30% y para 2076 la proyección se fija en el 30,9%. “Si ya es insuficiente el sistema, no me quiero ni imaginar cómo será dentro de unos años”, adelanta Carmen López.

Ella es portavoz de Marea de Residencias en la Comunidad de Madrid, desde donde hace años denuncian la dejadez por parte del Gobierno regional frente a la oferta de plazas en residencias públicas. “En España, en torno al 90 % de las residencias son de gestión privada. En Madrid estamos en un 94%”, aseguran desde el colectivo. De los casi 500 centros sociosanitarios que existen en la región gobernada por Isabel Díaz Ayuso, tan solo 25 son públicas, a los que se suman 18 más de titularidad pública, pero de gestión indirecta.

López añade que el verdadero negocio está en las plazas concertadas por parte de la administración en residencias privadas. “Tienen una temporalidad de cuatro años y pueden suprimir estas plazas pasado ese tiempo. Esto conlleva un grave perjuicio al usuario, porque muchas veces tiene que cambiar de residencia, que es su casa y su barrio, sus compañeros, sus personas de referencia”, enfatiza la portavoz.

La Comunidad de Madrid ha intentado parchear el envejecimiento poblacional que se avecina en España y la necesidad de mayores cuidados que precisará gran parte de la sociedad con la construcción de nuevas residencias, aunque el modelo no convence a los activistas. “Levantan residencias en suelo público, muchas veces cedido por los ayuntamientos, cuya gestión conceden a una empresa privada por 75 años, y tampoco garantizan que las personas puedan mantener sus plazas de forma vitalicia”, se queja López.

Decenas de miles de plazas necesarias

En este sentido, Marea de Residencias reivindica la creación de un parque público de centros sociosanitarios que garantice a las personas más longevas un lugar en el que pasar sus últimos años de vida con calidad. Tampoco hay cifras sobre las que guiarse. A pesar de que numerosos artículos e informes toman como referencia una supuesta recomendación de la Organización Mundial de la Salud que indicaba que deben existir al menos cinco camas en residencias por cada cien mayores de 65 años, la entidad lo desmintió hace tres años.

Por su parte, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales informó este enero que la ocupación total en los centros supera el 82% de las plazas. Es decir, en España hay 339.655 personas que viven en residencias, 62.600 más que el año anterior. Sus estimaciones indican que todavía son necesarias más de 50.000 plazas para atender la demanda actual de personas con demencia severa y gran dependencia. Además, la cifra se doblaría hasta las 100.000 para alcanzar la ratio de cinco plazas por cada 100 habitantes mayor de 65 años.

“Lo que no queremos es que la respuesta sea aumentar la colaboración público-privada, porque aquí solo tienen negocio si la administración hace dejación de funciones”, sostiene la portavoz madrileña de Marea de Residencias. “Mucho tienen que cambiar las cosas para llegar a esos mínimos que garanticen una asistencia de calidad a los mayores. Parece que no hemos aprendido nada de lo sucedido durante la Covid”, enfatiza la misma López, quien cita el fatídico número 7.291: las personas que vivían en residencias de la Comunidad de Madrid, que no fueron derivadas a los hospitales y fallecieron por el coronavirus en los peores meses de la pandemia.

Huir de las residencias macro

La situación no es mucho mejor en Segovia. Desde allí habla Carmen Santiago. En la provincia cuentan con 40 residencias, de las que solo cinco son públicas: dos de la Junta de Castilla y León y tres de la Diputación. En torno a otra decena son municipales, aunque algunas de ellas con la gestión privatizada. El resto son de gestión privada o concertada. Esta antigua enfermera lo tiene claro: “La empresa privada tiene aquí un negocio increíble. Son un sacacuartos. Hay que pagar unas cantidades inmensas de dinero para unos servicios que muchas veces dejan mucho que desear”, relata al teléfono.

Desde su punto de vista, el futuro tendría que estar puesto en una oferta pública, financiada junto al propio usuario, dentro de sus posibilidades y en modelos más personalizados. “Habría que huir de estas residencias macro, donde solo eres un número”, ilustra. Y añade: “A mí me preocupa muchísimo el envejecimiento. Es un éxito que muramos cada vez más tarde, pero también es importante vivir con calidad y, para eso, necesitamos más residencias públicas”.

El INE ha calculado que, en 2035, la esperanza de vida al nacimiento alcanzaría los 82,5 años en los hombres y los 87,4 en las mujeres. Estos valores serían en 2073 de 86 años para los hombres y de 90 años para las mujeres.

A Santiago le sigue Pilar López desde Castilla-La Mancha, comunidad gobernada por el socialista Emiliano García Page: “El problema aquí es que lo único que hacen es pagar con dinero público plazas en residencias privadas, donde se ejerce muy poco control”. Desde Marea de Residencias, calculan que en la región castellanomanchega existen unas 350 residencias, de las cuales 48 son de titularidad pública, aunque solo nueve de ellas estarían gestionadas por la propia Administración.

“Hace mucho tiempo que Page aplica políticas de derechas al externalizar y privatizar servicios públicos y sociales”, añade Pilar. Asimismo, el hecho de que la mayoría de la gestión sea privada también repercute en las inspecciones. Esta activista asegura que “es complicado que sancionen a un centro privado al que el Gobierno ha dado la gestión de una residencia porque, de alguna forma, ellos son responsables de las empresas con las que contratan”.

Reducción de plazas públicas

Jorge Félix Alonso habla desde Castilla y León, donde integra la llamada Plataforma Social. Las cifras que manejan sitúan en 9.102 las plazas públicas y concertadas en la región liderada por Alfonso Fernández Mañueco (PP) y en 49.430 plazas totales residenciales ofertadas. Cataloga de “sorprendente” la ratio resultante. Si en la comunidad hay 226.545 personas de más de 80 años, existirían cinco personas por cada plaza residencial. El dato se multiplica por cinco si atendemos únicamente a las plazas públicas y concertadas. En ese caso, habría 25 personas por cada plaza ofertada de este tipo.

“Lo increíble es que se han ido reduciendo las plazas públicas en las últimas décadas. Tenemos 880 plazas menos en residencias públicas que en 1996”, concluye Alonso. Tal y como prosigue este activista, las subvenciones establecidas para hacer frente a una plaza privada tampoco son suficientes: “Ni siquiera dando todo el dinero que ingresas entre pensión y ayuda cubres el coste. Esto machaca a muchas familias que, solo si tienen dinero y se lo pueden prestar a su allegado, posibilitan que acceda a una residencia”.

Marea de Residencias Catalunya sostiene la misma opinión: el sistema público no está preparado para absorber la demanda que se avecina. Duvi Abril, integrante del colectivo, subraya que la espera para conseguir una plaza pública se alarga un año, como mínimo. “En Barcelona se han cerrado hasta residencias pequeñas por la especulación inmobiliaria”, apunta. De su boca emanan las demandas de un movimiento a nivel estatal que no se resigna a aceptar lo que hay, porque lo que hay no es ni será suficiente para colmar las necesidades de los más mayores: “Queremos residencias para todos, sin listas de espera y en condiciones dignas, con inspecciones sin aviso previo y que la alimentación, la limpieza y el personal estén a la altura de las personas que viven en ellas”.

El cap de la Guàrdia Civil a les Balears, el general de brigada Alejandro Hernández, ha defensat aquest dimarts la investigació que va culminar la passada setmana amb la detenció de dues joves activistes acusades de participar en els atacs contra cinc immobiliàries de Santa Maria del Camí. “No hi va haver cap tipus de desproporció”, ha asseverat.

L'operatiu ha suscitat una intensa controvèrsia política i social no només per l'exposició pública de les detingudes durant el seu arrest i trasllat als jutjats, sinó també pel contingut de l'atestat policial, que els atribueix, a més d'un delicte continuat de danys i un altre contra el patrimoni històric, un presumpte delicte de pertinença a grup criminal. Una qualificació que, juntament amb alguns dels indicis emprats pels investigadors per sostenir-la, ha estat qüestionada per organitzacions socials, que la consideren desproporcionada.

Preguntat per l'actuació dels agents, Hernández ha defensat que tant les detencions com els registres domiciliaris i el trasllat de les dues joves emmanillades a dependències judicials van ser “adients”. “Van ser alguna cosa més que pintades; es van trencar vidres amb un martell i es van inutilitzar ambcola els panys de cinc edificis. Hi ha un dany agreujat en aquestes actuacions”, ha afirmat durant la presentació dels nous agents destinats a les Balears.

Les declaracions arriben després de dies de controvèrsia des que es produïssin els arrestos com també les imputacions abocades per l'Institut Armat en el seu atestat, un informe de 116 pàgines que sosté que els atacs van ser una actuació “coordinada i premeditada” i que fonamenta bona part de la investigació en l'anàlisi de càmeres de videovigilància públiques i privades, el seguiment de perfils a xarxes socials i altres indicis, entre ells la presència d'una pancarta amb el lema SOS Residents, Stop Overtourism al domicili d'una de les investigades. L'informe arriba a afirmar que aquest últim element “confirmaria sense cap mena de dubte l'activitat delictiva d'aquesta persona”, una valoració que ha estat durament qüestionada pels col·lectius contra la turistificació.

Davant d'això, Hernández, les declaracions del qual han estat recollides per Europa Press, ha rebutjat que la Guàrdia Civil actuï moguda per criteris polítics o persegueixi activistes. “Nosaltres fem investigacions policials sobre denúncies de fets penals, no fem res més. La polèmica, a la Guàrdia Civil, realment no l'afecta”, ha assenyalat. El comandament ha insistit que l'Institut Armat continuarà investigant “tots els fets delictius” que arribin al seu coneixement i ha recalcat que “els responsables són els autors dels fets delictius”.

Respecte a una de les qüestions que més debat ha generat —la imputació per pertinença a grup criminal—, Hernández ha defensat que els investigadors es van limitar a aplicar el Codi Penal. Segons ha argumentat, aquest tipus delictiu concorre quan actuen “més de dues persones concertades”, per la qual cosa, a parer seu, “encalla a la perfecció”. No obstant això, aquesta interpretació ha estat un dels principals punts de fricció amb organitzacions com Menys Turisme, Més Vida, Alerta Solidària o el Sindicat de Llogateres, que consideren que la investigació suposa una criminalització de l'activisme contra la turistificació i la crisi d'accés a l'habitatge.

El general també ha restat excepcionalitat al desplegament policial i ha atribuït la repercussió del cas al debat públic generat entorn de la turistificació. “No veig cap tipus de desproporció, la considero adequada”, ha reiterat, defensant que els registres domiciliaris responien únicament a la necessitat d'intervenir la roba presumptament utilitzada durant els atacs i assegurar proves per a la investigació.

La Guàrdia Civil investigarà les pintades antisemites

Durant la seva compareixença, Hernández ha confirmat a més que la Guàrdia Civil ha assumit la investigació sobre les pintades de caràcter antisemita aparegudes el cap de setmana passat en dos habitatges vinculats a l'entorn familiar de les dues activistes. La denúncia va ser presentada inicialment davant la Policia Local de Santa Maria del Camí, que posteriorment va remetre les diligències a la Guàrdia Civil per tractar-se del cos competent.

Segons el comandament, els agents iniciaran les perquisicions per tractar d'identificar els autors de les pintades, que incloïen estrelles de David, la paraula “jueus” i simbologia nazi. “No sé on acabarà la investigació. Cada investigació té uns derroters diferents i els seus temps”, ha assenyalat.

El jefe de la Guardia Civil en Balears, el general de brigada Alejandro Hernández, ha defendido este martes la investigación que culminó la pasada semana con la detención de dos jóvenes activistas acusadas de participar en los ataques contra cinco inmobiliarias de Santa Maria del Camí. “No hubo ningún tipo de desproporción”, ha aseverado.

El operativo ha suscitado una intensa controversia política y social no solo por la exposición pública de las detenidas durante su arresto y traslado a los juzgados, sino también por el contenido del atestado policial, que les atribuye, además de un delito continuado de daños y otro contra el patrimonio histórico, un presunto delito de pertenencia a grupo criminal. Una calificación que, junto a algunos de los indicios empleados por los investigadores para sostenerla, ha sido cuestionada por organizaciones sociales, que la consideran desproporcionada.

Preguntado por la actuación de los agentes, Hernández ha defendido que tanto las detenciones como los registros domiciliarios y el traslado de las dos jóvenes esposadas a dependencias judiciales fueron “adecuados”. “Fueron algo más que pintadas; se rompieron cristales con un martillo y se inutilizaron con pegamento las cerraduras de cinco edificios. Hay un daño agravado en estas actuaciones”, ha afirmado durante la presentación de los nuevos agentes destinados a Baleares.

Las declaraciones llegan tras días de controversia desde que se produjeran los arrestos así como las imputaciones vertidas por el Instituto Armado en su atestado, un informe de 116 páginas que sostiene que los ataques fueron una actuación “coordinada y premeditada” y que fundamenta buena parte de la investigación en el análisis de cámaras de videovigilancia públicas y privadas, el seguimiento de perfiles en redes sociales y otros indicios, entre ellos la presencia de una pancarta con el lema SOS Residents, Stop Overtourism en el domicilio de una de las investigadas. El informe llega a afirmar que este último elemento “confirmaría sin lugar a dudas la actividad delictiva de esta persona”, una valoración que ha sido duramente cuestionada por los colectivos contra la turistificación.

Frente a ello, Hernández, cuyas declaraciones han sido recogidas por Europa Press, ha rechazado que la Guardia Civil actúe movida por criterios políticos o persiga a activistas. “Nosotros hacemos investigaciones policiales sobre denuncias de hechos penales, no hacemos otra cosa. La polémica, a la Guardia Civil, realmente no le afecta”, ha señalado. El mando ha insistido en que el Instituto Armado continuará investigando “todos los hechos delictivos” que lleguen a su conocimiento y ha recalcado que “los responsables son los autores de los hechos delictivos”.

Respecto a una de las cuestiones que más debate ha generado —la imputación por pertenencia a grupo criminal—, Hernández ha defendido que los investigadores se limitaron a aplicar el Código Penal. Según ha argumentado, este tipo delictivo concurre cuando actúan “más de dos personas concertadas”, por lo que, a su juicio, “encaja a la perfección”. Sin embargo, esa interpretación ha sido uno de los principales puntos de fricción con organizaciones como Menys Turisme, Més Vida, Alerta Solidària o el Sindicat de Llogateres, que consideran que la investigación supone una criminalización del activismo contra la turistificación y la crisis de acceso a la vivienda.

El general también ha restado excepcionalidad al despliegue policial y ha atribuido la repercusión del caso al debate público generado en torno a la turistificación. “No veo ningún tipo de desproporción, la considero adecuada”, ha reiterado, defendiendo que los registros domiciliarios respondían únicamente a la necesidad de intervenir la ropa presuntamente utilizada durante los ataques y asegurar pruebas para la investigación.

La Guardia Civil investigará las pintadas antisemitas

Durante su comparecencia, Hernández ha confirmado además que la Guardia Civil ha asumido la investigación sobre las pintadas de carácter antisemita aparecidas el pasado fin de semana en dos viviendas vinculadas al entorno familiar de las dos activistas. La denuncia fue presentada inicialmente ante la Policía Local de Santa Maria del Camí, que posteriormente remitió las diligencias a la Guardia Civil por tratarse del cuerpo competente.

Según el mando, los agentes iniciarán las pesquisas para tratar de identificar a los autores de las pintadas, que incluían estrellas de David, la palabra “judíos” y simbología nazi. “No sé dónde acabará la investigación. Cada investigación tiene unos derroteros distintos y sus tiempos”, ha señalado.

El Govern ha condemnat la “vandalització” de comerços en el marc de les protestes contra la saturació turística i ha demanat a aquells que es manifestin a Palma diumenge que vinent 26 de juliol que ho facin de manera “pacífica”.

D'aquesta manera s'ha expressat la vicepresidenta segona de l'Executiu autonòmic, Antònia Maria Estarellas, en ser preguntada tant per la protesta convocada per Menys Turisme, Més Vida com per la polèmica suscitada arran de la detenció de dos joves activistes acusades de vandalitzar cinc immobiliàries.

“El Govern sempre defensa i continuarà defensant que totes les manifestacions dutes a terme de manera normal, seguint les normes de convivència i de manera pacífica són legals i legítimes”, ha dit en la roda de premsa posterior a la reunió del Consell de Govern celebrada aquest divendres.

La també consellera de Presidència, Coordinació de l'Acció de Govern i Cooperació Local ha expressat el seu “màxim respecte” per la protesta que recorrerà els carrers de Palma, però ha demanat que sigui “pacífica” i que respecti “el marc de convivència i a totes les persones que són a les Illes”.

Malgrat ser preguntada en diferents ocasions per l'opinió del Govern sobre la detenció de les dues activistes, que van quedar en llibertat provisional després de passar a disposició judicial, Estarellas ha refusat fer valoracions.

“No coneixem el detall de l'actuació”, ha dit per justificar la seva negativa a valorar la proporcionalitat o no de l'actuació policial. “Creiem que qualsevol acció ha d'estar justificada, però no coneixem els detalls”, ha insistit.

“Aquestes actuacions són de la Guàrdia Civil i des del Govern només podem expressar el nostre respecte. Màxim respecte, però evidentment el rebuig a qualsevol acte violent, incitació a la violència o vandalització de comerços”, ha assenyalat. “No es poden normalitzar accions contra comerços que estan duent a terme activitats lícites, reglades i normalitzades”, ha afegit.

El Govern ha condenado la “vandalización” de comercios en el marco de las protestas contra la saturación turística y ha pedido a quienes se manifiesten en Palma el próximo domingo 26 de julio que lo hagan de manera “pacífica”.

De este modo se ha expresado la vicepresidenta segunda del Ejecutivo autonómico, Antònia Maria Estarellas, al ser preguntada tanto por la protesta convocada por Menys Turisme, Més Vida como por la polémica suscitada a raíz de la detención de dos jóvenes activistas acusadas de vandalizar cinco inmobiliarias.

“El Govern siempre defiende y seguirá defendiendo que todas las manifestaciones llevadas a cabo de manera normal, siguiendo las normas de convivencia y de manera pacífica son legales y legítimas”, ha dicho en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern celebrada este viernes.

La también consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local ha expresado su “máximo respeto” por la protesta que recorrerá las calles de Palma, pero ha pedido que sea “pacífica” y que respete “el marco de convivencia y a todas las personas que están en las Islas”.

Pese a ser preguntada en diferentes ocasiones por la opinión del Govern sobre la detención de las dos activistas, quienes quedaron en libertad provisional tras pasar a disposición judicial, Estarellas ha rehusado hacer valoraciones.

“No conocemos el detalle de la actuación”, ha dicho para justificar su negativa a valorar la proporcionalidad o no de la actuación policial. “Creemos que cualquier acción debe estar justificada, pero no conocemos los detalles”, ha insistido.

“Estas actuaciones son de la Guardia Civil y desde el Govern solo podemos expresar nuestro respeto. Máximo respeto, pero evidentemente el rechazo a cualquier acto violento, incitación a la violencia o vandalización de comercios”, ha señalado. “No se pueden normalizar acciones contra comercios que están llevando a cabo actividades lícitas, regladas y normalizadas”, ha añadido.

Teresa (nombre ficticio) y su hijo de cinco años se quedaron sin hogar a principios de junio, después de que el propietario de la casa en la que vivían de alquiler rescindiera el contrato asegurando que necesitaba la vivienda para su uso personal. Cuando se produjo el desahucio, el Ayuntamiento de Sestao, dada la vulnerabilidad de la familia -el padre del menor 'desapareció' de sus vidas antes de que naciera- puso a su disposición un recurso de vivienda temporal de urgencia, un hotel, en el que han podido vivir durante un mes, pero que este jueves, 9 de julio, deberán abandonar.

La idea era que durante este tiempo la familia encontrara un hogar, pero Teresa, que trabaja en un supermercado y según lamenta no cuenta con apoyo familiar, no ha encontrado un alquiler asequible para ella y su hijo. “Estamos hablando de una mujer trabajadora, que aunque tenga un salario precario hasta ahora no ha tenido problemas para pagar un alquiler, la cuestión es que ahora los alquileres están por las nubes y no encuentran ninguna habitación o vivienda disponible. Los que ha encontrado le piden una estabilidad financiera y no ven con buenos ojos que quiera alquilar una habitación con un menor a su cargo, por lo que entendemos que los servicios sociales deberían ayudarla”, defiende Mireia Saiz portavoz de la plataforma Berri-Otxoak.

Este lunes decenas de personas se han concentrado frente al Ayuntamiento de Sestao para lograr una solución. Teresa iba a asistir a dicha concentración, pero no se ha visto con fuerzas suficientes después de haberse reunido con la trabajadora social del Ayuntamiento. “No le han ofrecido una alternativa, le han preguntado si tiene alguna amiga o alguien de su entorno con el que quedarse y se ha venido abajo, porque no tiene a nadie que pueda acogerle. Le han dicho que a lo largo de estos días la llamarán para ofrecerle alguna otra alternativa temporal, pero no le garantizan nada. La mantienen en la incertidumbre sin saber si la semana que viene va a poder tener un techo donde dormir”, lamenta Saiz.

Según recuerda la activista, las propias administraciones son las encargadas de buscar una alternativa habitacional digna y estable cuando existe una vulnerabilidad acreditada como es este caso, con un menor de cinco años sin hogar. “El Ayuntamiento de Sestao dice que no tiene recursos, que no hay viviendas municipales disponibles, pero ¿dónde está la coordinación efectiva entre administraciones de la que tanto hablan? Están los servicios sociales municipales, la Diputación de Bizkaia, el Departamento de Vivienda del Gobierno vasco, Etxebide y Alokabide. ¿Ninguno puede tener una vivienda para esta familia?”, se pregunta.

Teresa, que tras la reunión con la trabajadora social ha tenido que entrar a su puesto de trabajo en un supermercado de la localidad vizcaína, se encuentra “emocionalmente afectada”. “Hasta ahora se ha mostrado fuerte, sobre todo por su hijo, pero ve que se acerca el momento y que no hay alternativa y cada vez ve más real que puede quedarse en la calle con su niño. Lo está pasando realmente mal porque el impacto emocional y psicológico es muy duro. Ahora que el niño ha acabado el colegio está empezando a darse cuenta de todo y también está angustiado por haber perdido la casa en la que vivía”, reconoce Saiz.

Cuando le notificaron el desahucio Teresa acudió a la plataforma Berri-Otxoak que trabaja contra la exclusión social principalmente en Barakaldo, pero también en otros municipios de la margen izquierda, donde Saiz reconoce que la situación de la vivienda es “cada vez más alarmante”. “Se está normalizando que familias enteras vivan hacinadas en habitaciones. Es una realidad que no sale en los medios porque ellas mismas no quieren que se haga pública su situación o que los vecinos se enteren. Estamos hablando de cuatro o cinco personas en una habitación, con menores y personas mayores juntas, nietos, padres y abuelos en pocos metros cuadrados y compartiendo vivienda entre distintas familias. Estamos viendo verdaderas situaciones de emergencia habitacional que están siendo ocultadas y encubiertas y en la mayoría de casos son personas que tienen sus trabajos y personas que están dejando de comer por poder pagar el alquiler”, denuncia la activista.

Este periódico se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Sestao gobernado en coalición por el PNV y el PSE-EE y ha trasladado que no se pueden ofrecer datos concretos de la familia por la Ley de Protección de Datos, pero que “en este tipo de casos el Ayuntamiento, dentro de su competencia, tramita todos los servicios que puedan corresponderle, ya sea garantizar estancias temporales que den margen de tiempo para buscar alternativas habitacionales, ayudas para hacer frente a la entrada o fianza de una nueva ubicación o remitir solicitudes a otras instancias por ejemplo al Gobierno vasco para el acceso a una vivienda”.

Por lo pronto, Teresa, que prefiere no ofrecer su nombre real, se encuentra a la espera de una solución que le permita contar con un techo más allá del próximo 9 de julio, cuando previsiblemente ella y su hijo deberán abandonar el hotel en el que se encuentran. Si no consiguen una solución habitacional real, desde Berri-Otxoak no descartan realizar nuevas movilizaciones u otras acciones reivindicativas para conseguir un hogar para esta familia.

Casi una semana en huelga de hambre es lo que lleva Inés Madrazo en Talavera de la Reina (Toledo) para pedir la liberación de 10 activistas que intentaron llegar a Gaza en labor humanitaria y fueron secuestrados en Libia.

Madrazo trabaja activamente como cardióloga en el Hospital General Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina. Nos cuenta que se embarcó en la flotilla porque se sentía “muy frustrada” tanto a nivel humano como médico, comprobando el genocidio que está ocurriendo en Gaza y contra el pueblo palestino. “Tenía la necesidad de tomar acción en algo”, apunta.

El pasado mes de abril se dirigieron hacia Gaza en la Flotilla Global Sumud, donde decenas de civiles tomaron partido “ante inacción de la ONU y del resto de los gobiernos, que están siendo cómplices” y aunque explica que sabía que las posibilidades de alcanzar Gaza eran “muy pocas” para ella la flotilla “no ha sido un fracaso”. Madrazo considera “un éxito volver a poner a Palestina en el foco”.

No quiero abandonar a mis pacientes ni mi trabajo. Mañana tengo una guardia de 24 horas, entonces es posible que deje paso a otros compañeros en huelga de hambre, porque no puedo sostenerlo más tiempo

Mientras conversamos se nota en su voz crispación, cansancio, pero con mucha fuerza por reivindicar que no se deje de lado al pueblo palestino. Quiere denunciar el “silencio mediático”, pero también que la información que los medios están ofreciendo no está totalmente explicada: “No se le está dando ningún tipo de publicidad. Íbamos en dos partes, la flotilla por mar y el convoy por tierra y fuimos secuestrados en dos tramos. En mi caso fui de las primeras secuestradas a más de mil kilómetros de Gaza, frente a las costas de Grecia y con la colaboración del gobierno de Grecia. Los segundos fueron secuestrados unas semanas después frente a Chipre. Toda esa gente ya ha regresado, pues fue deportada desde Israel”.

El 24 de mayo, del convoy con 200 activistas que iba por tierra y recorría el norte de África intentando negociar “en una entrevista pactada previamente” el paso seguro de la caravana, fueron secuestradas 10 personas. Madrazo nos muestra su “frustración inmensa” por tener a sus compañeros secuestrados: “Encima ayer se publicó por vías diplomáticas la noticia de que su detención se va a prolongar durante al menos 30 días. Esto es muy duro y es por lo que nos movilizamos a nivel internacional”.

Decenas de personas en huelga de hambre

Como reivindicación y para hacer mella en las instituciones que tienen potestad de negociación, Inés junto a casi una treintena de personas -entre activistas y familiares de los secuestrados- están llevando a cabo una huelga de hambre desde el pasado 6 de junio. “Yo no lo había hecho nunca, no soy una persona especialmente corpulenta, estoy sobre los 50 kilos. Sigo trabajando pasando consulta y me siento débil, cansada, pero de momento me encuentro bien”, expresa. Asegura que esta decisión la han tomado “forzados y obligados, porque hay que empujar a los gobiernos de los países participantes del convoy que han sido secuestrados a que tomen acciones más allá de un gesto diplomático”. Madrazo expone que “la situación se agrava día a día, porque los procedimientos están siendo muy opacos, no llega información, no tienen comunicación consular regular y ahora sucede una prórroga, pero sin documentación oficial”.

Es necesario que actúen, que pasen de los gestos diplomáticos y que inicien un trámite consular conjunto entre los 9 países de los participantes

De las 27 personas que comenzaron esta huelga de hambre algunas han tenido que interrumpirla “porque han sufrido síncopes”, pero cada día se siguen sumando miembros para “mantener la presión sobre las autoridades y los gobiernos”. Inés, tras casi una semana, y aunque está tomando electrolitos y vitaminas se encuentra “muy cansada”. Nos cuenta que no quiere “abandonar a mis pacientes ni mi trabajo. Mañana tengo una guardia de 24 horas, trabajo con rayos y un plomo puesto en quirófano, entonces es posible que deje paso a otros compañeros que están en huelga de hambre, porque no puedo sostenerlo más tiempo”. Uno de ellos es Saif Abu Keshek, ciudadano español y palestino “que estuvo torturado durante 10 días en la Palestina ocupada”, relata.

“Que pasen de gestos diplomáticos a una acción real y contundente”

Inés Madrazo hace un llamamiento para que liberen a los secuestrados. Explica que hace unas semanas hubo una reunión del Ministerio de Asuntos Exteriores con los familiares de los secuestrados y parte de la Flotilla Global Sumud, donde “se dijo que estaban intentando iniciar negociaciones, pero los secuestrados están bajo custodia de la Agencia de Seguridad Interna del Este de Libia, donde la situación es muy compleja. Sin embargo, han decidido sin ningún tipo de comunicación ni defensa jurídica prorrogar 30 días la detención. Es necesario que actúen y que pasen de los gestos diplomáticos y que inicien un trámite consular conjunto entre los 9 países de los participantes”. Esta médica toledana concluye pidiendo “que haya una acción real y contundente para exigir la liberación de nuestros compañeros”.

Una decena de colectivos ecologistas han firmado un manifiesto este viernes, 5 de junio, con motivo del Día Mundial del Medioambiente, para exigir que se paralice la construcción del proyecto de la conexión subfluvial, un túnel de 3,2 kilómetros que cruzará por debajo de la ría del Nervión-Ibaizabal, uniendo directamente la rotonda de Artaza (Leioa/Getxo) con la rotonda de Ballonti (Portugalete/Sestao/Trapagaran).

Desde el anuncio del proyecto, cuyas obras con un presupuesto total de 543,7 millones de euros y que comenzarazán este año, la Diputación de Bizkaia defiende que la subfluvial será una alternativa al tensionado puente de Rontegi, único paso de tráfico rodado entre ambas márgenes en 11 kilómetros. Permitirá recorrer en 4 minutos lo que hoy se tarda cerca de 15, siempre que el tráfico sea fluido, y se construirá totalmente soterrado, sin afectar al paisaje ni a la superficie del entorno, según la versión oficial. “Serán dos túneles gemelos, uno para cada sentido, cada uno con dos carriles y arcenes de seguridad, preparados para absorber gran volumen de tráfico y mejorar la fluidez en toda la red viaria. El futuro subfluvial unirá las rotondas de Artaza (Leioa) y Ballonti (Portugalete) en apenas 4 minutos, gracias a un trazado de 3,2 km de túnel y 2 km adicionales de accesos soterrados, descongestionanado ejes saturados como el puente Rontegi, La Avanzada y la A-8 en Barakaldo. El túnel bajo la ría se proyecta como una alternativa que redistribuirá el tráfico y reducirá en 38.000 vehículos diarios de media la carga sobre Rontegi. Según las estimaciones, también aligerará a La Avanzada en 18.500 vehículos diarios y a la A-8 en otros 17.500. Así, el subfluvial registrará una intensidad media de 50.000 vehículos diarios”, informan desde la entidad foral.

Sin embargo, para los colectivos ecologistas entre los que se encuentran Subflubiala EZ (asociación vecinal creada para manifestarse contra este proyecto en concreto), Fridays For Future, Ekologistak Martxan, Sukar Horia, Greenpeace, Jauzi Ekosoziala, Extinction Rebellion, Herri Bideak Kate Barik Elkartea, Euskal Gune Ekosozialista, Eguzki, Meatzaldea Bizirik, Eguzkizaleak Konpartsa y Biziz Bizi, el proyecto supone una “importante amenaza contra el medioambiente”. “La construcción de la autovía subfluvial de Lamiako provocará un deterioro del medioambiente. Para su construcción se destruirán importantes espacios verdes, como el parque Artaza, pulmón verde de Getxo y Leioa, y las bocas del túnel se convertirán en chimeneas de gases contaminantes. Esto tendrá un impacto negativo muy importante en las vecinas de la zona, y especialmente en las personas más vulnerables, como las personas mayores y los niños que estudian en el instituto de Artaza-Romo”, lamentan las asociaciones.

Los niños a los que se refieren los ecologistas en el manifiesto son los alumnos del IES Artaza Romo, en Getxo, cuya dirección ha comunicado a las familias que el alumnado del edificio RomoHandi se trasladará durante el próximo curso 2026/2027 a otros centros del municipio, en concreto al Colegio de Romo y al Colegio de Lamiako por las obras previstas en el centro y que forman parte de las actuaciones necesarias para adaptar el edificio durante el desarrollo del proyecto del subfluvial.

Otra de las cuestiones que critican en relación con el medioambiente es que, según sostienen, “la subfluvial provocará irremediablemente el aumento de las emisiones del sector del transporte, debido al fenómeno de la demanda inducida, tal y como se reconoce en la documentación oficial, con aumentos del tráfico del 33% para 2048”. “De hecho, la declaración de impacto ambiental del proyecto reconoce explícitamente que el proyecto es contrario a los principios de movilidad sostenible recogidos en los planes europeos, estatales y autonómicos, como el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). El planeta está pidiendo ayuda, y esa ayuda requiere detener proyectos ecocidas como la subfluvial, e invertir en fomentar el transporte público y la movilidad activa, reducir la contaminación y proteger los espacios verdes y naturales”, critican los ecologistas.

Por ello, los colectivos firmantes, preocupados por el medio ambiente y comprometidos con la movilidad sostenible, han instado a la Diputación Foral de Bizkaia a que suspenda la construcción de la autovía subfluvial de Lamiako y que “invierta los más de 500 millones de euros presupuestados en políticas de movilidad sostenible, que refuercen el transporte público y desincentiven el uso del automóvil privado”. “Las próximas décadas son decisivas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero causantes del cambio climático, reducir la contaminación, y recuperar y proteger la biodiversidad y espacios naturales. En concreto, en Euskadi, el sector del transporte es el que más emisiones de gases de efecto invernadero genera, el 41% del total según IHOBE, el único sector en el que siguen aumentando, y la mayoría de esas emisiones provienen del transporte por carretera. Además, produce una importante contaminación atmosférica, debido no solo a las emisiones por el tubo de escape, pero también por las partículas generadas por el desgaste de frenos, asfalto y neumáticos. Esto, unido a la destrucción de espacios naturales para la construcción de grandes autopistas, como el caso de Bolintxu y la Supersur, coloca al sector del transporte como uno de los ejes clave de la acción medioambiental en Euskadi”, han concluido.

La situación de los activistas de la Flotilla retenidos en Libia se recrudece. Global Sumud Flotilla ha informado este jueves de que los diez de los 11 activistas retenidos en Libia por las autoridades del país llevan cuatro días de huelga “seca” en un centro de detención “clandestino” y que su salud se está “deteriorando rápidamente”. Según fuentes de la organización, la activista española Alicia Armesto Núñez está en huelga de hambre, pero aún bebe agua.

Según relatan en un comunicado, los integrantes de la Flotilla llevan cuatro jornadas consecutivas negándose a comer y a beber “para protestar contra su encarcelamiento ilegal, la denegación de acceso a la justicia, la prolongación de su detención y los malos tratos”.

Como consecuencia de esta “brutal huelga seca” este miércoles se produjeron varios casos de desmayo, los cuales afectaron especialmente a las mujeres. Pese a esa situación, la Flotilla denuncia que las autoridades libias han negado a los activistas cualquier tipo de asistencia médica externa, no permitiendo que equipos sanitarios “oficiales” entren a visitarles. Esta situación ha hecho que sean los propios médicos que integraban la delegación los que hayan tenido que vigilar y examinar a sus compañeros pese a que “ellos mismos gravemente agotados”

A todo ello se suma el trato que, según denuncian, las autoridades libias están dando a los activistas. La Flotilla afirma que estos están siendo “privados de sus derechos humanos básicos”, retenidos en un complejo penitenciario aislado para civiles y gestionado por las autoridades. Una cárcel que localmente es conocida como “black site” o “centro de detención clandestino”.

“Campaña calculada de acoso psicológico”

Global Sumud Flotilla afirma que los activistas se enfrentan a una “campaña calculada de acoso psicológico e interrogatorios intensivos”, en palabras de la organización citando informes del centro. Todos ellos permanecen “completamente aislados” del mundo exterior, sin ningún tipo de contacto ni con sus familias ni con una representación legal independiente.

Además, acusan a las autoridades de dar a los activistas “deliberadamente” información contradictoria sobre su detención y puesta en libertad. Cada dos días se les promete que serán liberados, algo que “quiebra sistemáticamente su resiliencia psicológica”. En este sentido, la Flotilla afirma que los captores han informado a los detenidos que comparecerán ante un tribunal el próximo martes, algo de lo que los voluntarios desconfían debido al “patrón de engaños administrativos” reiterados. De hecho, creen que otra “táctica cruel diseñada para jugar con sus nervios y prolongar su confinamiento ilegal”.

Por todo ello, la Flotilla exige la entrada inmediata de observadores médicos independientes, el acceso para los cónsules internacionales y la liberación inmediata e incondicional de los 11 voluntarios. Con respecto a la huelga “seca”, advierten a las autoridades libias y al Ministerio del Interior que son “plenamente responsables, tanto legal como moralmente, de la vida y la integridad física” de los activistas. “Una huelga de hambre seca puede ser mortal rápidamente; sin una intervención inmediata, esta crisis humanitaria se convertirá en una tragedia”, zanjan.

La activista española Alicia Armesto, que está en huelga de hambre pero sigue bebiendo, fue visitada el martes por el cónsul de España en Trípoli. Según el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, el diplomático trasladó que el Gobierno está ejerciendo “toda la protección diplomática y consular” para que pueda volver cuanto antes a España. El representante español también se reunió con el fiscal general y otras autoridades para lograr su liberación “lo antes posible”. Igualmente, el cónsul comprobó que Armesto había recibido la ropa y los libros que se le había hecho llegar.

Detenidos cuando iban a negociar el paso del convoy humanitario

La crisis comenzó el pasado 24 de mayo, cuando diez activistas fueron detenidos por las autoridades libias. Formaban parte de un convoy de más de 200 personas procedentes de más de 20 países que pretendían llevar ayuda humanitaria a Gaza, pasando por la frontera de Egipto, pero se quedaron atrapados en el país vecino.

Su intención era negociar con las autoridades libias el paso seguro del convoy. Sin embargo, los diez activistas fueron capturados y obligados a subir a furgonetas sin distintivos por parte de las fuerzas de seguridad afiliadas al Ejército Nacional Libio, del general Jalifa Hafter, y que estaban en manos del Gobierno del este de Libia –que le disputa el poder al Ejecutivo de Trípoli, reconocido por la ONU. Tras la detención, desaparecieron, al igual que Mehdi Bouzguenda, otro voluntario técnico tunecino de 24 años arrestado el 19 de mayo cuando regresaba a su país.

Tras la captura, la detención de los activistas se amplió el 2 de junio diez días más con el pretexto que habían incurrido en infracciones migratorias. En cambio, la Flotilla defiende que todos ellos contaban con visados válidos y habían entrado legalmente al país.

Miembros de Global Sumud Flotilla han interpuesto este martes una querella criminal en el Tribunal de Instancia de Bilbao por “brutalidad policial” contra la Ertzaintza y contra el consejero de Seguridad del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, del PNV, tras las cargas que tuvieron lugar el pasado 23 de mayo, a la llegada de los activistas al aeropuerto de Loiu. “Hemos interpuesto una querella criminal en representación de Global Sumud Flotilla como acusación popular por los hechos ocurridos en el aeropuerto de Loiu cuando llegaron los voluntarios de la Flotilla. Euskal Herria entera y parte del mundo vieron las imágenes. La Ertzaintza utilizó una vez más una brutalidad policial totalmente innecesaria y desproporcionada. Violentamente tiraron al suelo a los miembros de la Flotilla y cuando estaban en el suelo siguieron golpeándoles con sus bastones policiales. Estas personas acababan de sobrevivir días de secuestro de gran violencia a manos de las fuerzas de ocupación israelíes y cuando llegaron a Loiu fueron golpeadas por la Ertzaintza de forma brutal”, ha denunciado la abogada de los activistas Haizea Ziluaga, tras presentar la querella.

Junto a ella han acudido al juzgado una docena de personas que han mostrado banderas de Palestina y fotografías de las heridas provocadas por la Ertzaintza durante las cargas tras las cuales detuvo a cuatro personas acusadas de desobediencia grave, resistencia y atentado a agente de la autoridad. Según informó en aquel momento el Departamento vasco de Seguridad, tras lo sucedido, la Jefatura de Asuntos Internos de la Ertzaintza inició una investigación para verificar si la actuación de los agentes se ajustó a las instrucciones en vigor.

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, pidió perdón en inglés por las cargas en una comparecencia en el Parlamento Vasco, pero después en castellano y euskera aclaró que la presencia policial en la terminal estaba justificada y que todo arrancó con una “agresión” a un agente de la autoridad y hasta recalcó que entre los activistas había dos exmiembros de ETA, uno condenado a seis años de prisión y la otra a doce. Preguntado el pasado viernes por el tema en la sesión de control al Gobierno, no volvió a realizar ninguna referencia directa al operativo e insistió en que hay un problema en la sociedad vasca porque se está perdiendo el principio de “autoridad” y aseguró que, “mientras tenga la confianza del lehendakari”, Imanol Pradales, seguirá trabajando para garantizar el “orden”.

“A nosotras nos corresponde denunciar lo sucedido y, como acusación popular, pedir responsabilidades. Las declaraciones del consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, que asumió en primera persona lo sucedido, son inaceptables. Niega lo evidente”, ha criticado la abogada en referencia a sus afirmaciones de que la carga de la Ertzaintza fue “provocada” por una “agresión previa” a un agente.

Según ha destacado, la denuncia va dirigida contra los agentes de la Ertzaintza que actuaron en Loiu, contra los que dirigieron esa “operación policial brutal” y contra el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, por “detención ilegal, lesiones y delito de odio”, entre otros. “Nos hemos visto obligadas en más de una ocasión a tener que venir al juzgado a defender la solidaridad con el pueblo de Palestina. Denunciar el genocidio que está cometiendo el Estado sionista de Israel es un derecho civil y político y nosotras seguiremos ejecutando este derecho porque es nuestra obligación”, ha concluido la abogada.

Tres activistas de Revuelta, el grupo juvenil de extrema derecha vinculado a Vox, trataron de boicotear un acto en el que participaban el ministro de Transportes, Óscar Puente; el exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias; Sarah Santaolalla y el portavoz de Facua, Rubén Sánchez. Después de irrumpir en el acto, los activistas de Revuelta fueron grabados yéndose en un coche con el agitador ultra Vito Quiles.

En el vídeo, publicado por IK Press, puede verse el vehículo circulando por las calles aledañas al Ateneo de Madrid, donde se produjo el encuentro 'Frenar a la extrema derecha', organizado por Facua. Mientras Quiles viaja de copiloto, en la parte de atrás puede verse a las activistas de Revuelta. Otro de los pasajeros, al darse cuenta de que están siendo grabados, le hace una peineta a la cámara.

Santaolalla ha publicado el vídeo en sus redes sociales. Además, ha asegurado que las personas que interrumpieron el acto “estaban organizados, financiados y preparados para hacer el ridículo y acosar”: “Pero luego tienes a los buleros profesionales diciendo que eran personas de izquierdas. Mejor que Vito vaya en coche y así no estafa trenes en Renfe”.

En la misma línea se ha pronunciado en X Rubén Sánchez: “Pocas cosas más patéticas que Javier Negre intentando montar un ataque de falsa bandera. Los ultras que entraron a ladrar y llamar putas a las mujeres del acto de Facua en el Ateneo de Madrid fueron abucheados por 350 demócratas y huyeron en un coche con Vito Zoppellari Quiles”.

Las activistas de Revuelta y otra persona aún sin identificar irrumpieron en el acto gritando mientras hablaban los participantes. En una de sus pancartas se podía leer: “Esto es una denuncia falsa”. Una consigna que iba acompañada de una imagen de la propia Santaolalla con el brazo inmovilizado tras su encontronazo con Quiles. Santaolalla denunció entonces el incidente como una agresión, pero la Justicia la archivó.

También se escucharon gritos contra la regularización de migrantes y consignas racistas. Los tres fueron expulsadas del recinto mientras el público gritaba “fuera, fuera”.

Durante la interrupción, también gritaron en contra de la regularización de migrantes, ya que estos “agredían a las mujeres españolas”, y repitieron consignas racistas como que el 90% de los agresores eran migrantes. Además, acusaron a los asistentes al acto de ser “cómplices” de esa situación.

El acto de Madrid forma parte de una iniciativa de Facua que se llevará a cabo en distintas ciudades de España con figuras de la política, la cultura y el periodismo y que tiene la intención de hacer reflexionar sobre el auge de la extrema derecha. El primer evento se celebró en Sevilla el 13 de mayo y contó con la participación del antropólogo y tertuliano Javier Aroca; la periodista Mercedes de Pablos, la presidenta de la Fundación José Saramago y de la asociación Acción contra el Odio, Pilar del Río, y del propio Rubén Sánchez.

La Policía Metropolitana de Londres (Met Police) efectuó cerca de un centenar de detenciones durante una protesta pacífica a favor de la organización propalestina Palestine Action, que aún sigue ilegalizada en el Reino Unido, celebrada este sábado en el centro de la capital británica.

En un mensaje en la red social X, la Met Police infirmó de que, a las 14:50 hora británica (13:50 GMT), sus agentes habían detenido a 92 personas, con edades que oscilaban entre los 27 y los 82 años, durante el evento celebrado en la plaza londinense de Trafalgar Square.

Del mismo modo, precisó que las autoridades seguían realizando más arrestos e indicó que todavía había un grupo que permanecía en el lugar de la protesta.

Los más de 500 asistentes al acto, organizado por la asociación británica 'Defend Our Juries', participaban en lo que se denominaba una “vigilia pacífica” y se situaron en la emblemática plaza portando carteles en los que se podía leer: “Me opongo al genocidio. Apoyo a Palestine Action”, para instar a levantar la prohibición contra el grupo propalestino.

El Tribunal Superior de Londres declaró el pasado mes de febrero ilegal la prohibición por parte del Gobierno británico de Palestine Action en julio de 2025 y su consideración como “terrorista” al considerar que fue “desproporcionada”, si bien se le dio la posibilidad al Ministerio del Interior británico (Home Office) a recurrir el fallo.

Tras el dictamen judicial, las autoridades policiales dijeron que no arrestarían a más personas por mostrar apoyo en público a Palestine Action, que ya superan las 2.800 desde julio de 2025, pero se retractaron semanas más tarde, al considerar que la ilegalización todavía seguía en vigor hasta el resultado de cualquier apelación.

“Palestine Action sigue siendo una organización proscrita y cualquier expresión de apoyo hacia ella constituye una ofensa penal”, escribió la Met Police en X esta mañana.

El cofundador de Defend Our Juries Tim Crossland criticó el cambio de parecer de la Met Police en un vídeo publicado por la asociación en redes sociales, donde también dijo que los arrestos de este sábado son un resultado de una “ideología descabellada y arraigada” que combina “el sionismo y el fascismo corporativo” y que está respaldada por el primer ministro británico, Keir Starmer.

Fernando Argüelles une a su natural empatía para conectar con las personas de alta vulnerabilidad una prolífica creatividad para conseguir recursos con solo nombrar a su alter ego: 'Banksyastur'. Todas las iniciativas que emprende tienen en común que el dinero que obtiene con sus tramas solidarias y las galas en las que participa tienen un destino finalista dirigido a una asociación o entidad sin ánimo de lucro.

Sus iniciativas son muy variadas y se mueven en una horquilla que va desde la elaboración de calendarios que él denomina “tramas solidarias” a la colaboración en actos musicales, galas, espichas y todo tipo de actividades que sirvan para destinar la cuantía de una entrada o de una donación para que se cubran algunas necesidades o sirvan como apoyo a la contratación de personal para los centros o asociaciones seleccionadas.

Aunque su objetivo siempre va enfocado hacia la salud mental, las asociaciones a las que apoya son muy diversas: hay entidades que luchan a favor de la investigación sobre el cáncer infantil o la mejora de las condiciones de las personas que tienen parálisis cerebral, otras que centran su lucha en el apoyo a niñas y mujeres víctimas de trata y prostitución y a colectivos de ayuda a refugiados, entre otros. De momento, prefiere no desvelar la cantidad económica que ha recaudado, para priorizar la filosofía de los proyectos.

El compromiso

“Este año se celebró una espicha en la Casona de la Montaña, en Oviedo, a favor de la investigación del cáncer infantil y de la salud mental. Con el dinero recaudado, voy a financiar para la Asociación Botón la adquisición de un aparato biodispensador que da muy buena información a la hora de aplicar unas terapias de fisioterapeuta para fortalecer el sistema inmunológico con la medición de la grasa corporal de niños y niñas que tienen cáncer”, explica 'Banksyastur' a elDiario.es Asturias.

Investigación del cáncer infantil

La Asociación Galbán también cuenta habitualmente con su apoyo incondicional y, en esta ocasión, ha vuelto a cumplir aportando su granito de arena en la financiación de un concierto en Oviedo coincidiendo con la carrera que se celebró el pasado 22 de febrero bajo el eslogan 'Corre con Galbán'.

La asociación que preside Lennart Koch superó este año los 50.000 participantes en una carrera que tiñó de color naranja las calles de la comunidad autónoma, ya que se celebró de forma simultánea en los 78 concejos asturianos y cuya recaudación se destina para proyectos encaminados a mejorar la calidad de vida de los menores, apoyar a sus familias y respaldar la labor investigadora del cáncer infantil.

Asistencia para menores y adolescentes

La ingente labor que realiza Galbán unida al apoyo social que tienen todas sus acciones, incluida la colaboración de 'Banksyastur', ha logrado un hito: la Consejería de Salud ha anunciado la puesta en marcha de un servicio de asistencia 24 horas al día para menores y adolescentes que precisen cuidados paliativos en Asturias.

Este servicio, pionero en el Principado, está destinado a pacientes atendidos por la Unidad de Crónicos Complejos y Cuidados Paliativos Pediátricos del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) y era una de las principales reivindicaciones de la Asociación Galbán.

Víctimas de trata y prostitución

La solidaridad de 'Banksyastur' también se vuelca en la Asociación Apram de Asistencia integral de las víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Una parte del dinero que ha recaudado con sus creaciones se destina a la financiación de la atención ginecológica.

La Asociación No Name Kitchen, que trabaja con personas refugiadas, cuenta con su apoyo financiando las inscripciones del equipo del que forman parte refugiados de diferentes procedencias para su participación en la Liga de Fútbol Siete.

Fines sociales

A la Asociación Aspace Gijón, dedicada a la atención a personas con parálisis cerebral y afines, va destinada una pizarra digital para el aprendizaje a través de la realización de actividades lúdicas.

'Banksyastur' tampoco se ha olvidado de Postigo Solidario, un proyecto de ayuda vecinal que se desarrolla en Oviedo y está enfocado en la recogida y distribución de productos de primera necesidad, especialmente pañales y compresas para familias en situación de vulnerabilidad.

Espacios gitanos de participación MISTÓS es otra de las entidades a la que va destinado parte del dinero recaudado en los fines sociales.

Con todas estas asociaciones y entidades, 'Banksyastur' reafirma su vocación como uno de los principales activistas a favor de la salud mental y las causas sociales en Asturias.