En los últimos días hemos escuchado a dirigentes del PP acusar a Pedro Sánchez de fraude electoral por la ley de Memoria Democrática, que abre las puertas de la nacionalidad a los nietos de los exiliados españoles en la dictadura. Esas personas, si consiguen ese derecho, podrán votar en las elecciones generales. Este discurso de la derecha española contrasta con lo que el propio Feijóo decía hace no tanto tiempo. En 2022, cuando se tramitaba la ley, el PP no hizo mención al asunto. De hecho, algo muy similar llevó en su programa electoral de 2023. Por no hablar de todas las elecciones en las que el PP gallego, con Feijoo y también con Fraga a la cabeza (visitando a Fidel Castro en Cuba para dejarse ver), se benefició del voto exterior.

Ahora, que todo vale para la confrontación, repasamos esa táctica del PP gallego con el periodista de elDiario.es, Luis Pardo y analizamos de qué manera el censo electoral ha sido, históricamente, un campo de batalla, el mayor que ha habido. Lo hacemos con el analista político y profesor en la Carlos III, Lluís Orriols.

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La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, se refirió este miércoles a las críticas del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a la disposición de la Ley de Memoria Democrática conocida como ley de nietos, que permite la nacionalización de descendientes de exiliados españoles, al asegurar que con el expresidente del Gobierno gallego y fundador del Partido Popular, Manuel Fraga, “votaban los muertos”. Recordó que Fraga “consiguió su mayoría absoluta gracias a un escaño que cambió el voto de la emigración” y que a lo largo de los años “hubo múltiples denuncias de cómo se manipulaba y cómo se compraban votos en la emigración”.

Preguntada este miércoles en rueda de prensa sobre las dudas trasmitidas por los dirigentes populares sobre un fin electoral de esta medida, Pontón manifestó que “cree el ladrón que todos son de su condición”. En este sentido, según informa Europa Press, la portavoz nacional del BNG criticó que el PP trate de trasladar que el hecho de que vote la emigración “es preparar un pucherazo” cuando en Galicia se sabe que “durante la época de Fraga votaban los muertos, se compraban sacos de votos e incluso hay testimonios de cómo el PP compraba con 50 dólares el voto de emigrantes”.

La líder de los nacionalistas gallegos afirmó que el BNG tiene una posición “muy clara” y defiende que el voto emigrante tiene que tener “todas las garantías democráticas” y que hay que poner “todos los medios para que las prácticas que se vieron con el PP en Galicia no se repitan nunca más”. “Porque quien tiene que votar son los emigrantes y lo que no se puede es utilizar la capacidad que tienen de votar para intentar poner en marcha prácticas absolutamente antidemocráticas”, dijo.

El PP, añadió, “sabe mucho de manipulación del voto de la emigración, pero es que también resulta muy incoherente que, por un lado, digan que es importante la emigración y que ahora estén haciendo este tipo de discursos”. “Nada que nos sorprenda, incoherencia y Partido Popular van de la mano”, zanjó.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, asegura que el PP “queda en evidencia” al cuestionar la denominada ley de nietos -que se recoge en la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática- y ha recordado a los populares que ya habido “hasta cinco iniciativas legislativas” que modificaron “a mejor y a más” las respuestas para los descendientes españoles que tuvieron que irse del país, entre ellas, alguna con el Gobierno del PP.

“El PP, en el año 2002, cuando ya era presidente Aznar, modificó la ley para ampliar las posibilidades de acogerse a la nacionalidad española a aquellos que estaban viviendo fuera de nuestro país y que tuvieron que abandonar España. Por tanto, el PP critica lo que hizo cuando gobernaba”, indicó el ministro en declaraciones a los medios este miércoles en Santiago de Compostela, en declaraciones recogidas por Europa Press.

Preguntado por el cuestionamiento de los populares sobre la llamada ley de nietos, Torres dijo que, si la crítica del PP se refiere a “que la ley añadió a las personas que fueron perseguidas por su orientación de género”, el Ejecutivo central está “muy orgulloso” de que se hayan incluido “personas que fueron torturadas, vejadas e incluso recluidas en centros de trabajo por su orientación sexual”.

En esta línea, el ministro ha acusado al PP de hacer “lo mismo” con las críticas a la regularización de migrantes, apuntando que el Gobierno de José María Aznar “en dos años regularizó a cerca de 600.000 españoles”. “Nosotros hemos hecho un proceso semejante, justo, en el que quien está absolutamente sola es la ultraderecha y la derecha ultra”, manifestó antes de recordar que la medida ha sido apoyada tanto por el Episcopado como por la patronal y por otras formaciones políticas.

El PP, insistió, “queda en evidencia” ante los españoles que están en otros países y que “ahora pueden regularizar su situación” porque “son descendientes, en muchos casos, de familias que se tuvieron que marchar y ahora vienen a un país en el que hay prosperidad”. La postura del PP contra “todo lo que haga el Gobierno”, lo lleva a cometer “tremendos errores”, concluyó.

“Te pagaban 50 dólares para ir a votar y todos fuimos a votar a Fraga”. La anécdota la relató en la radio en 2020 el pianista Juan Carlos Cambas, hijo de la emigración gallega en Argentina. El suyo es uno de tantos testimonios que atestiguan la importancia que, históricamente, ha tenido para el PP de Galicia el voto de la diáspora. Por su volumen –casi 500.000 votantes en las últimas autonómicas, más que en las provincias de Ourense o Lugo– puede mover escaños y, en un escenario ajustado, cambiar gobiernos. Una lección que Alberto Núñez Feijóo no tardó en aprender de su predecesor al frente del partido, por eso, desde que se hizo con los mandos, nunca descuidó a la parroquia del otro lado del mar.

Feijóo sucedió a Fraga en enero 2006 al frente del PPdeG y pronto comenzó a trabajar en rehacer los lazos con una emigración. “No tiene sentido que un nieto de españoles tenga menos derechos que un inmigrante”, decía ese mismo mayo desde el Hogar Español de Ancianos en Montevideo (Uruguay). “Hoy por hoy, España se lo puede permitir”, así que pidió “un esfuerzo”.

Junto con las romerías, los actos festivos y, más recientemente, las becas y las ayudas al retorno, la atención sanitaria siempre fue uno de los puntales de la presencia de Galicia en la diáspora. El hospital del Centro Gallego de Buenos Aires es, quizá, el más simbólico, también por su recorrido: después de que la Xunta saliese de su gestión en 2011 –ya con Feijóo al frente–, fue adquirido por el grupo Basa y, hace casi una década, vendido a Ribera Salud.

“El tema de la emigración no es político”, aseguraba entonces, en una visita en la que lo acompañaban varios cargos del PP, entre los que destacaba el presidente de la Deputación de Pontevedra, Rafael Louzán, presidente de la RFEF. En un momento en el que en España arreciaba el debate territorial, Feijóo destacaba que “la ideología de los emigrantes es ser gallego y español”.

“Nos podemos jugar que un partido gobierne Galicia”

Feijóo temía que una comunidad tan dependiente de las ayudas institucionales pudiera dejarse influir por el color de los gobiernos socialistas de Madrid y Santiago. “La colectividad es de centro y no socialista”, porfiaba en febrero de 2008, cuando viajó a Argentina a hacer campaña por un Mariano Rajoy que volvería a perder frente a Rodríguez Zapatero. Y eso que su hombre en Galicia prometió que, si ganaba, “equilibrará las pensiones de los emigrados, brindará asistencia sanitaria, ampliará la posibilidad de ciudadanía y dignificará el voto de los residentes extranjeros”.

A final de ese año, Feijóo regresó, pero ya en nombre propio. Era su primer asalto a la Xunta, sólo un lustro después de dejar la presidencia de Correos, pero ya empezaba a sembrar dudas sobre la limpieza del proceso. “En la transparencia del voto en Argentina nos podemos jugar la mayoría absoluta, nos podemos jugar que un partido –el PPdeG– o una coalición –socialistas y nacionalistas– gobiernen en Galicia”, afirmó tras reunirse con el que era ministro de Interior, Florencio Randazzo. De esa campaña data su promesa de un voto en urna que permitiese “al diez por ciento de la población gallega”, los residentes en el exterior, votar “con las mismas garantías y fiabilidad” que el 90 por ciento restante. Tras ganar, le trasladó esa demanda a Zapatero en su primera reunión institucional.

Feijóo retomó esa antorcha en su primer viaje como presidente a América Latina, apenas unos meses después de tomar posesión. Un periplo que lo llevó a tres países clave: Brasil, Uruguay y Argentina. Tan pronto como puso un pie en tierra, Feijóo insistió en “la equiparación de derechos de los emigrantes, tanto sociales, en el ámbito de la sanidad y los servicios sociales, como en la equiparación de derechos fundamentales, como es el derecho al voto” para que pudiesen ejercerlo en “urna de cristal”, un “voto occidental”, que es lo propio de una “democracia como la gallega”.

Las sospechas sobre la limpieza del voto emigrante no desaparecieron. A compras masivas, como la que relataba Cambas, aderezadas con cientos de kilos de pulpo o churrasco, se sumaban las denuncias sobre suplantación de identidad, lo que permitía en ocasiones ejercer el derecho después de fallecer. “Los muertos no votan”, se había esforzado en intentar negarlo Alfredo Pérez Rubalcaba, entonces también ministro de Interior, en una comparecencia en Compostela. Para aumentar las garantías, PP y PSOE –con el apoyo de CiU– decidieron implantar el voto rogado, es decir, la obligación de solicitar que le sea concedido.

La Guerra Civil, “pelea de abuelos”

Como consecuencia, la participación se desplomó a mínimos históricos y los colectivos de la diáspora pusieron el grito en el cielo. En 2015, Feijóo –de nuevo desde el Cono Sur– exigía la reforma del sistema electoral para eliminarlo y garantizar que los emigrantes pudiesen tomar decisiones “en las mismas condiciones que el resto de los españoles”. Lo hacía en la precampaña de las andaluzas para apoyar a Moreno Bonilla –“hay 200.000 andaluces viviendo fuera de España”, aseguraba el secretario ejecutivo del PP en el exterior– y reclamando “consenso” al PSOE porque la ley “siempre ha sido consensuada entre los dos grandes partidos”.

El fin del voto rogado llegaría, finalmente, en 2022, tras un acuerdo, sí, pero entre PSOE y Podemos. En octubre de ese mismo año entró en vigor la ley de nietos y, apenas unos días después, Feijóo –ya líder del PP estatal– viajó a Argentina, se reunió con la junta directiva de su partido en el país y participó en eventos como Buenos Aires celebra a España y Portugal. Allí, criticó la medida del Gobierno y se comprometió a impulsar otra norma “específica” para que los descendientes de españoles recuperasen la nacionalidad, ya que consideraba “un grave error” incluir un “derecho civil” dentro de una legislación “ideológica”.

“Tenemos que hacer una ley limpia en la que la nacionalidad no puede depender del plazo en el que el antecesor estuvo fuera de España ni tampoco de la causa”. Era la época en la que se refería a la Guerra Civil como el tiempo en que “nuestros abuelos se pelearon”.

Hoy resulta imposible imaginar cómo asistiría a estas contradicciones el predecesor de Feijóo, un Fraga que se despidió de la Xunta tal y como había llegado dieciséis años antes: pendiente de las papeletas de la emigración. En 2005, después de arrebatarle la mayoría absoluta en las urnas gallegas por un único escaño, la izquierda no ocultaba su preocupación por un hipotético voto conservador de la diáspora que diese al anciano presidente una legislatura más; pero no sucedió.

Fue justo lo contrario de lo que pudo haber ocurrido en 1989 cuando el León de Vilalba decidió abandonar el tablero estatal para competir en la política autonómica. La impresión que quedó de aquel proceso fue que Felipe González le puso un puente de plata. No sólo evitó todo lo que pudo apoyar a su candidato, Fernando González Laxe; meses después, con Fraga ya en la Xunta, “aparecieron unas sacas de correos con los votos de la emigración que le habrían dado el poder” al socialista. “Y no pasó nada”. Así lo cuenta el escritor Alfredo Conde, conselleiro de Cultura en aquel tripartito, en su libro A propósito de lo político.

“Ingeniería electoral”. Así tildó este lunes Alberto Núñez Feijóo la mal llamada ‘ley de nietos’, una disposición de la ley de memoria democrática que permite nacionalizarse españoles a los descendientes de los exiliados durante el franquismo, entre otros momentos históricos. Una norma vigente desde 2022 y que, ahora, las derechas azuzan contra el Gobierno para recuperar sus acusaciones de ‘pucherazo’ sin demostrar, como ya hicieran en 2023 o recientemente en las elecciones extremeñas del pasado mes de diciembre.

Vox abrió el camino, pero el PP se ha situado rápidamente a su costado con esa acusación contra el Gobierno lanzada por Feijóo desde el programa que presenta Federico Jiménez Losantos. La tesis: Pedro Sánchez hace “ingeniería electoral” para conseguir “nuevos votantes” porque “no le salen las cuentas”. 

El portavoz nacional del partido, Borja Sémper, intentó rebajar después las palabras de su jefe. “Hay potencialmente 2,5 millones” de “nuevos españoles”. Algo que “tiene un impacto electoral, en el censo”. “Nos preocupa, nos importa”, dijo Sémper en una rueda de prensa, pese a sostener que el PP “no prejuzga” la papeleta que elegirán esos potenciales votantes. 

El fundamento de la denuncia del PP es que “todo es posible” que no se fían “de los procedimientos”. “Vamos a estar encima políticamente”, advirtió el portavoz. 

Feijóo prometió que su partido reformará esta vía de nacionalización para “pedir una serie de requisitos adicionales” necesarios “para dar un pasaporte a una persona que nunca ha venido a España”. 

Unas declaraciones que chocan frontalmente con el propio Feijóo de las últimas décadas, cuando se dedicó a la política gallega. De hecho, hace 20 años el entonces líder de la oposición autonómica lamentaba que los nietos de los gallegos emigrados tenían que reclamar expresamente su deseo de mantener la nacionalidad española, lo que le parecía entonces algo digno “del lejano Oeste”.

Diez años después, en 2017, el propio Feijóo declaró: “Los derechos de los emigrantes son los nuestros”. “Sois tan gallegos como el que más y os merecéis que Galicia no os deje solos”, dijo hace ahora casi una década el entonces presidente de la Xunta.

En aquel momento, a Feijóo le interesaba ese voto exterior. Y ampliarlo si podía. En las elecciones autonómicas de 2024, que ganó su sucesor, Alfonso Rueda, los descendientes de los emigrantes que mantenían la nacionalidad española convertían a Galicia en la comunidad con mayor voto en el extranjero, casi un 20% del total. En Ourense, por ejemplo, suponía un 30% del censo. Y, habitualmente, el PP es el partido más agraciado por el voto CERA.

Ahora es la ley de memoria democrática, pero el anuncio de regularización de migrantes ya dio pie a las acusaciones del PP de ampliar el censo para un supuesto beneficio del Gobierno. El propio Feijóo responsabilizó en enero al Gobierno de “incrementar el censo de los españoles con la ley de nietos en más de dos millones de personas y con la regularización de la inmigración irregular de más de 800.000 personas”. Se da la circunstancia de que el PP regularizó a más de medio millón de personas bajo la legislatura de Aznar y con Rajoy aprobó la ley para conceder la nacionalidad a los sefardíes originarios de España. “El reconocimiento de la nacionalidad española para los judíos sefardíes es una reparación histórica”, decía por aquel entonces la popular María del Carmen Dueñas.

Ayuso, la beneficiada en 2023

No ocurre solo en Galicia. Una de las dirigentes de la derecha que más ha azuzado la conspiración del ‘pucherazo’, Isabel Díaz Ayuso, también fue premiada por el voto CERA en 2023. Los sufragios de los residentes en el extranjero le dieron al PP de Madrid el último escaño en liza. Fue el único diputado que se movió por los residentes en el extranjero.

Tanto el PP nacional como el partido en Madrid tienen en su estructura orgánica sendos delegados para encargarse del voto exterior. El coordinador de Acción Exterior del PP (un cargo interno del partido) es Antonio Rodríguez Miranda desde que Feijóo llegó a Madrid. Antes, desde 2012, ocupó el mismo cargo en el PP gallego con el mismo jefe. Desde entonces, cobra un sueldo público de la Xunta de Galicia como secretario xeral de Emigración.

El portavoz del PP, Borja Sémper, aseguró este lunes a preguntas de elDiario.es que “no existe” ninguna colusión por compatibilizar ambos cargos porque “el presidente del Gobierno es también el secretario general del PSOE”.

En Madrid, ese cargo lo ocupaba la hoy dirigente nacional Alma Ezcurra. Tras ascender al equipo de Feijóo, el cargo no ha sido actualizado, o al menos se mantiene Ezcurra, según la web oficial del PP de Ayuso. elDiario.es ha preguntado quién ocupa ahora el cargo sin obtener ninguna respuesta. 

“Asignar provincias de manera arbitraria a través de embajadas y consulados jugando con la ley de nietos es ilegal”, apuntó Ayuso este lunes en un acto del PP. Es una de las denuncias que hace el PP: si las personas nacionalizadas no eligen en qué provincia votar, será la administración quien lo decida por ellos.

Los números de la ‘ley de nietos’

En 2023 ya había más de 2,3 millones de españoles residentes en el extranjero con derecho a voto. De ellos, participaron un 10,04% del censo, lo que supuso 233.688 papeletas que solo movieron ese escaño ya citado en favor de Isabel Díaz Ayuso.

El procedimiento extraordinario recogido en la Ley de Memoria Democrática se cerró en octubre de 2025 y ya no se admiten más peticiones. 

A fecha 30 de abril, las solicitudes de nacionalización ascendían a 2.622.450 el número de solicitudes, según una respuesta parlamentaria del Ministerio de la Presidencia y Justicia al PP. 

En esa misma fecha, el número de peticiones aprobadas ascendía a 557.709, según el mismo documento. Esa cifra representa el número de personas que ya han adquirido el derecho a votar por la ‘ley de nietos’. En total, se han anotado ya en el Registro Civil casi 320.000 personas por esta vía, según fuentes del Gobierno consultadas por elDiario.es.

De la supuesta superioridad moral de la izquierda, un mito que la realidad se empeña en refutar, pende otro mito igualmente indefendible: el del obrero (o precario, o pobre, o vulnerable por cualquier razón) que vota a la derecha y que, según el mentado mito, sólo lo hace por dos motivos: por idiotez o por maldad.

Los millonarios o profesionales bien retribuidos que votan a la izquierda suelen proclamarlo con orgullo. “Voto contra mis intereses”, vienen a decir. Lo hacen, claro, porque creen en un determinado modelo de sociedad, porque consideran básica la función redistributiva de los impuestos y porque, en fin, cualquier carga fiscal que recaiga sobre ellos les parece justa.

Y porque no son xenófobos, ni detestan al inmigrante (esa figura con la que nunca tendrán que competir, más bien al contrario), ni desean volver a tiempos rancios. Creen en la libertad y la justicia social. Y, por todos estos motivos, están dispuestos a sacrificarse ante Hacienda y ante quien haga falta.

Aunque las propuestas económicas de la derecha les convendrían, hinchan el pecho y las rechazan en nombre de los principios más elevados. Asumen incluso que lo que hacen pueda parecer un poco idiota. Pero cuánta nobleza en esa idiotez.

Del otro lado está esa gente de la que hablábamos al principio: los desamparados que votan a la derecha. Aquellos que la izquierda percibe como idiotas sin atenuantes y agentes del mal.

¿Por qué esa gente vota a la derecha? Es posible que a la vendedora ambulante de comida o al propietario de un abrevadero de mala muerte les convengan unas políticas desregulatorias: sería una forma de librarse, por ejemplo, de los controles sanitarios. Ahí tendríamos un interés espurio.

Abundan las justificaciones (siempre criticables) para ese error en el voto. Que si rechazan a los inmigrantes (con quienes conviven en su barrio y en su ámbito laboral), que si se aferran a un nacionalismo trasnochado, que si son homófobos o islamófobos, que si exageran con la inseguridad ciudadana (importa poco que sea más acentuada en las calles pobres que en las calles ricas), que si los bulos en las redes les han comido el coco, que si son simples nostálgicos del poder autoritario.

Sea por intereses espurios o porque vive engañado, al pobre que vota a la derecha no se le atribuye nobleza alguna. Todo lo contrario: además de ser idiota, por votar contra sus supuestos intereses, ese pobre es fundamentalmente egoísta.

El pobre desgraciado del que hablamos demuestra ser incapaz de percibir lo bien que funcionan la sanidad y la educación públicas bajo un gobierno progresista como el actual. Escandaloso, ¿no? Ni siquiera es capaz de apreciar cuánto ha cambiado su vida con los aumentos del salario mínimo. Como solía decirse de los franceses, vive en el paraíso y cree vivir en el infierno.

Por supuesto, al pobre que vota a la derecha se le niega la opción ideológica. Vive engañado, y ya está. No es posible que crea sinceramente en que una sociedad más liberal y desregulada le ofrecería más posibilidades de progresar. Tampoco es posible que los servicios privatizados le parezcan más eficientes.

No, lo suyo es pura idiotez. Innoble, además. Cuánta diferencia con el millonario que vota a la izquierda y nunca lo hace por egoísmo o por intereses espurios, sino porque rebosa generosidad, tolerancia y sentido de la justicia.

Qué suerte tenemos los de izquierdas, siempre con la razón de nuestra parte.

A las 18.00 horas ya había votado el 52,16% del censo de Andalucía. El segundo avance refleja una subida de más de siete puntos y medio en las elecciones de este domingo respecto a la misma franja de los anteriores comicios autonómicos, celebrados en junio de 2022, cuando fue del 44,51%. Este dato supera a las elecciones de 2022, 2018 y 2015. A las 14.00 horas la participación era del 37,25% del censo, 3 puntos mayor que cuatro años atrás.

Las provincias donde hay una mayor subida de participación respecto a cuatro años atrás son Córdoba, Almería, Huelva y Sevilla, con una diferencia de más de 8 puntos en las cuatro provincias.

En todas las provincias andaluzas a excepción de las de Sevilla y Jaén, se trata del mayor dato de participación a esta hora en las últimas cuatro elecciones. La menor participación a las 18 horas se registraba en las provincias de Huelva y de Cádiz, con un 48,1% y un 48,6% de votantes respectivamente.

Los menores índices de participación se han registrado en las seis elecciones autonómicas celebradas hasta el momento en solitario. La participación más alta, por tanto, se ha dado en las cinco ocasiones en que se han convocado junto a las generales. La última, en 2008.

En ninguno de esos años el porcentaje bajó del 68%. El dato más bajo fue el de 1990, cuando la participación tocó fondo al situarse en el 55,3%. El más alto, en 1996, con un 77,9% y en coincidencia con las elecciones generales.

Entre las ciudades con mayor participación están Sevilla (57,7%) Granada (57,1%), Cádiz (55,9%), Córdoba (55,4%), y Jaén (53,7%).

El incremento de la participación es generalizado en todo tipo de municipios, tanto en los que más votaron a la derecha en las últimas elecciones como en los que vencieron las formaciones de izquierdas.

La cita electoral se celebra cuatro años después de los anteriores comicios. Se trata, por tanto, de un adelanto técnico: el presidente Juanma Moreno disolvió el Parlamento y convocó elecciones para este 17 de mayo, en lugar de celebrarse en junio, cuando se agotaba el plazo. La ciudadanía decidirá entre la continuidad de Moreno, que aspira a la mayoría absoluta, o romper el ciclo electoral y resucitar una alternativa progresista.

Están llamados a las urnas más de 6,8 millones de andaluces y andaluzas. De ellos, 368.858 podrán ejercer el derecho al voto por primera vez en unos comicios autonómicos por haber cumplido 18 años desde la anterior votación. Además, 302.070 son residentes en el extranjero.

Sube o baja

% particip.

Tamaño pob.

Papeleta que vota por un partido o lista electoral que sirve para repartir los escaños a nivel nacional. El % de voto es similar al % de escaños.

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La participación en las elecciones de Andalucía para las 14.00h es de 37,25%, tres puntos superior respecto a lo que se registró a la misma hora en 2022. Si bien el arranque de estas elecciones ha sido de un 15,10% de participación a las 11.30h, algo inferior que en la convocatoria de hace cuatro años, en este nuevo avance la cifra sube tres puntos más. En el mapa puedes ver si sube o baja la participación en cada municipio, el porcentaje de participación en cada uno de ellos, teniendo en cuenta también el tamaño de la población.

Los resultados de participación a las 14h en las provincias ha pasado a alcanzar hasta el 40,51% en Córdoba y también supera el 39% en Jaén. Huelva y Cádiz, por el contrario, se mantienen al final de la tabla como las provincias con menor participación a esta hora (un 34,32% y un 34,44%, respectivamente) aunque en ambas crece más de tres puntos respecto a 2022. En el siguiente gráfico puedes ver cómo ha sido la participación en cada provincia desde 2015 hasta 2026.

¿Y el cambio respecto a las últimas elecciones? El siguiente gráfico muestra la diferencia de la participación en cada una de ellas y si sube o baja respecto a las de 2022 en cada provincia. En este caso, en todas las provincias se ha superado a las 14.00 horas la mayor participación desde las elecciones de 2015.

Si tenemos en cuenta el histórico desde 2008 podemos observar como fue precisamente en ese año donde la participación fue una de las más elevadas. Sin embargo, en el caso de las provincias de Córdoba y Jaén, se ha superado la participación incluso de aquellos comicios.

Además, en el siguiente gráfico de líneas podemos ver qué ha ocurrido en las grandes ciudades andaluzas entre 2022 y 2026 de más de 50.000 habitantes. A mayor longitud de la flecha, más cambios en la participación.

¿Y qué ha ocurrido con la participación y los votos a cada bloque? Este gráfico de burbujas muestra dónde se ubican los municipios si tenemos en cuenta la participación a las 14h y si el voto a la derecha aumentó. El tamaño de las burbujas representa el de los municipios.

María Cortés comenzó una nueva vida en el año 2024 cuando renovó el DNI con un nombre y sexo que la reconocían ante el mundo como mujer. Después de presentar la solicitud en el Registro Civil, también acudió a distintas instancias, como la sucursal del banco o la DGT para el carnet de conducir, con tal de que no hubiera confusiones. Todo había quedado resuelto cuando, de repente, le llegó la tarjeta censal en la que no constaba su perfil actual y seguía arrastrando su anterior identidad. Un fallo en el sistema administrativo del Ayuntamiento de Dos Hermanas le impedirá el próximo 17 de mayo ejercer con su nueva identidad su derecho al voto para las elecciones andaluzas.

“Primero, me enfadé, y luego, me frustré”, relata la vecina de 50 años del municipio sevillano. Con la carta en sus manos, interpuso una instancia general el 27 de abril en la sede electrónica del Consistorio para que quedara constancia del agravio sufrido. “Mis datos estaban actualizados en la sede electrónica del Ayuntamiento después de haberlo solicitado, donde ya aparecía como María, y fui presencialmente a las oficinas para arreglar un trámite al año de sacarme el nuevo DNI: ninguna de las tres personas que me atendieron comentaron que hubiera diferencias con su base de datos”, subraya. Es más, el 12 de junio de 2025 inició los trámites para modificar sus datos en el padrón municipal, tal y como ha podido comprobar este medio.

“Se ha vulnerado mi derecho a ejercer el voto”, afirma, resignada. Lo único que no ha cambiado es el número de DNI, el cual podría mostrar en la mesa electoral cuando fuera a votar el domingo 17 de mayo, como le han indicado. Pese a la recomendación, Cortés ha decidido no acudir a la cita electoral a causa de la afrenta que supone para sí misma, su pasado más reciente y todo lo luchado en estos dos años. “No voy a pasar por nada de eso, no quiero señalarme al quedarme parada delante de una urna con un procedimiento especial, es más, quería entrar y salir, pasar desapercibida”, declara. A ello, añade que “la persona responsable de la mesa podría hacer notar la irregularidad, que hay una inconsistencia, al ver que mi nombre ni mi sexo coinciden”. En tal caso, se debería apelar a la buena fe de los responsables que recogieran y comproboran su documentación. Una cuestión que descarta.

Al respecto, el Ayuntamiento de Dos Hermanas, en manos de Francisco Rodríguez (PSOE), indica a este medio que “es responsabilidad de cada persona que sus datos estén correctos en el padrón municipal”, alegando que contemplan una población de 150.000 habitantes, aunque los documentos, como el DNI, el certificado de nacimiento y el formulario ya estuvieran en el Registro Electrónico. Además, insisten en que el censo electoral “no depende” de la corporación y que la ciudadana debería haber tramitado “en tiempo y forma” las alegaciones pertinentes. Igualmente, las fuentes consultadas aseveran que “no tendría ningún problema a la hora de votar”, ya que se realizaría el mismo domingo un procedimiento extraordinario para garantizar su derecho al voto.

“Yo tengo claro a quién votar”

El censo electoral vigente se cerró el 1 de enero para los comicios andaluces, según establece la ley. En este caso, la Oficina del Censo Electoral es la que se encarga de actualizar mensualmente la información de los votantes a partir de los datos remitidos por los ayuntamientos a través de las delegaciones provinciales. En ese envío masivo deben aparecer las altas, bajas y modificaciones de los residentes en sus respectivos términos municipales, que engloba tanto el nombre y apellidos, la residencia, como el domicilio, el sexo, el lugar y fecha de nacimiento, el grado de escolaridad y el número de DNI. Por tanto, la responsabilidad última es de las administraciones locales.

Una vez expuestas las listas electorales se abría el periodo de reclamación, pero, en este caso, Cortés alega que confiaba en que el Ayuntamiento hubiera registrado su nueva identidad. Por tanto, el plazo se cerró y la carta con la tarjeta censal errónea llegó mucho más tarde, a mediados de abril, días antes de que pusiera la primera instancia ante lo que había ocurrido. Una vez terminados los plazos, no pudo rectificar ni una coma. A raíz de lo ocurrido, apela a la ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, en la que se establece que se actuará con simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos, aparte de garantizar la interoperatibilidad entre las administraciones.

Este no es el primer tropiezo burocrático de Cortés con la corporación de Dos Hermanas, ya que, asegura, en anteriores ocasiones ha sufrido perjuicios por no haber tenido su dirección postal actualizada aún notificándola y, también, ha registrado instancias por vía electrónica que nunca obtuvieron respuesta. “No me extrañaría que esto no llegara a nada”, lamenta. Ducha en estos laberintos digitales, ha decidido que el mismo domingo mandará otra queja a través del Registro General para que la instancia superior esté al tanto de lo sucedido y, así, haya una respuesta por escrito. Aun así, no es el último recurso y estudiará llevar la omisión del derecho al voto por la vía judicial.

“Yo tengo claro a quién votar”, comenta, “este año, precisamente, recibí en mi casa la notificación para mi primera mamografía y, con todo lo que ha habido, agradezco muchísimo que llegue”. Aprecia las buenas prácticas de la administración cuando suceden, pero critica y se mantiene vigilante ante sus fallos. Estupefacta, habla de los trámites tan poco intuitivos que envuelven a la ciudadanía en el día a día, como puede ser el uso de Cl@ve, el certificado digital o tantas cuestiones que no se utilizan por desconocimiento o hartazgo.

“Tengo la percepción de que hay descontento con el sistema administrativo, por lo que hay que meter el dedo en el ojo”, aunque al mismo tiempo le pide a sus allegados que pregunten, llamen, y hagan lo posible para recibir las explicaciones una y mil veces con tal de preservar sus derechos digitales. “En España tenemos un esquema de interoperatividad que no se cumple en muchos casos”, refiriéndose a la conexión entre las bases estatales, autonómicas y locales, “no te tienes que sacar el certificado de empadronamiento para viajar, por ejemplo, pero luego pasan estas cosas”.

Adecuación entre documento y candidatura electoral

Cortés pone el foco en el daño que provoca este tipo de acciones al colectivo LGTBI y cómo ella, mujer trans, ha transitado hasta ser reconocida por la administración. Quedan tareas pendientes en la democracia española, como la adecuación de la documentación para las personas trans migrantes por el Ministerio del Interior o la inclusión de las personas no binarias en las listas electorales. Acerca de este caso, la Junta Electoral Central (JEC) publicó una instrucción en noviembre del año pasado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en la que manifestaba: “Las candidaturas electorales deben incluir junto al nombre y apellido de los candidatos y candidatas la referencia, que coincidirá con la expresada en el DNI, a si se trata de un hombre o una mujer, sin que quepa sustituirla por ninguna otra mención relativa a la orientación sexual, identidad sexual o expresión de género”.

Afecta de lleno a las personas cuya identidad o expresión de género no se identifica ni como hombre ni como mujer, pero también establece el criterio para el caso de Cortés: la coincidencia entre los datos, nombre y apellido y sexo de su DNI con la candidatura electoral. De presentarse el 17 de mayo, tendría que cruzar los dedos y, de nuevo, apelar a la buena fe, una cuestión fortuita para la que no se arriesgará.

Correos ha admitido un total de 51.144 votos por correo para las elecciones autonómicas a las Cortes de Castilla y León que se celebrarán el próximo domingo, 15 de marzo, y que suponen un 6,76% más que los recibidos para los anteriores comicios en esa comunidad, en febrero del 2022.

En un comunicado, Correos ha explicado este jueves que esos 51.144 votos suponen ese 6,76% más que los admitidos en las anteriores elecciones autonómicas celebradas en Castilla y León el 13 de febrero de 2022, cuando fueron 47.907, en las primeras que tuvieron lugar en la autonomía sin coincidir con otros comicios.

Los votos emitidos representan el 94,16% de las solicitudes admitidas, una ratio de conversión similar a la registrada en el anterior proceso electoral autonómico en Castilla y León (93,87% en 2022).

Por provincias, los votos admitidos por correo han sido en Ávila 2.997, en Burgos 7.966, en León 9.860, en Palencia 3.967, en Salamanca 6.935, en Segovia 2.716, en Soria 2.550, en Valladolid 10.292 y en Zamora 3.861.

Despliegue especial para el 15-M

Como ha trasladado Correos, estos días está poniendo “todos los recursos tecnológicos, logísticos y humanos necesarios” para garantizar el cumplimiento de los compromisos que le son encomendados en los procesos electorales.

Para ello, ha planificado un “despliegue logístico especial” para la jornada electoral del 15 de marzo, ya que tiene la labor de entregar los votos cursados por correo en las mesas electorales.

Para ello, Correos establecerá un despliegue logístico especial, integrado por 1.413 profesionales, entre personal de reparto, oficinas y centros de tratamiento, y movilizará “todos los vehículos de su flota que sean necesarios” para el correcto desarrollo de su misión.

Cuando se abran los locales electorales, un primer equipo de personal de la empresa postal pública entregará los votos en custodia en las 4.470 mesas electorales distribuidas en los 2.910 locales electorales de los 2.248 municipios de Castilla y León.

Otro grupo de empleados y empleadas hará llegar a las mesas electorales aquellos votos por correo que pudieran recibirse durante el transcurso de la jornada.

Por último, otro equipo recogerá el denominado “tercer sobre”, con una copia del resultado del escrutinio, de las mesas electorales de todos y cada uno de los colegios electorales de Castilla y León.

Un operativo de 30.000 efectivos

Por otro lado, preguntado por el operativo autonómico para estas elecciones, el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha informado este jueves en rueda de prensa que este lo componen más de 30.000 efectivos y despliega más de 33 millones de elementos materiales para garantizar el voto de casi 2,1 millones de electores en 4.470 mesas electorales.

Formarán parte del mismo 13.410 miembros de mesas electorales distribuidos en las 4.470 mesas constituidas. Asimismo, intervienen las Juntas Electorales (1 de Castilla y León, 9 provinciales y 39 de zona), cuyo número total de integrantes asciende a 306 personas y a las que hay que sumar el personal colaborador.

Además, el operativo cuenta con 4.470 representantes de la Administración designados para la jornada electoral (uno por mesa), 1.228 secretarios municipales, 123 jueces de primera instancia y 2.125 jueces de paz.

Otros 144 empleados públicos de la Junta de Castilla y León también trabajarán de manera extraordinaria para asegurar el correcto desarrollo de la jornada, entre los que se encuentran 50 conductores para traslado de material electoral.

A estos efectivos se suman 8.262 miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (6.077 efectivos de la Guardia Civil y 2.185 efectivos de Policía Nacional) y 624 efectivos de Policía Local.

El Partido Popular ha abrazado una de las estrategias más habituales de la extrema derecha para deslegitimar al Gobierno al que aspira a desbancar: cuestionar el sistema electoral español. Los conservadores han reavivado las sospechas que ya lanzaron en 2023 sobre el sistema de voto postal en las últimas elecciones generales, después de que hayan trascendido las maniobras de Leire Díez y los audios en los que Santos Cerdán daba órdenes a Koldo García para las primarias del PSOE de 2014. “El sistema no está completamente blindado”, ha dicho Alberto Núñez Feijóo, sin aportar pruebas de sus sospechas, con los sistemas de seguridad reforzados desde hace dos años y sin explicar si vivió algo similar cuando fue presidente de Correos durante tres años. Feijóo ha llegado incluso a pedir un “grupo de trabajo” del que no tienen conocimiento en la Junta Electoral. “No hay ninguno”, explican desde este organismo.

Poner los resultados en tela de juicio es una de las maniobras de cabecera de líderes políticos como Donald Trump en Estados Unidos o Jair Bolsonaro en Brasil. Las dudas las difunden masivamente sin pruebas de forma preventiva antes de unos comicios o cuando no ganan unas elecciones. Pero son teorías que se disipan cuando ganan y gobiernan como ha sido el caso de las últimas elecciones estadounidenses. Una vez en el gobierno tampoco suelen abrir investigaciones y las pruebas de esos supuestos fraudes electorales masivos nunca aparecen.

La derecha y la extrema derecha en España no son ajenas a esta tendencia. Rodrigo Rato puso en duda el censo electoral en 1993 horas antes de la victoria del PSOE de Felipe González y Santiago Abascal y Vox cuestionan el sistema de voto por correo en cualquier elección a la que se han presentado en la última década. El Partido Popular se subió a esta ola en 2023, cuando Feijóo se estrenó como candidato nacional del partido pidiendo a los carteros que entregaran todas las papeletas pese a “sus jefes”.

El funambulismo dialéctico del PP sobre este asunto –a medio camino entre cuestionar el sistema de voto por correo, pero solo en las elecciones en las que no han conseguido formar gobierno– ha vuelto dos años después al calor de las revelaciones sobre Leire Díez y del caso Koldo. La ya exmilitante socialista, expulsada por sus maniobras para obtener información comprometedora de mandos de la Unidad Central Operativa, ocupó distintos cargos en la compañía estatal entre 2021 y 2024, relación que ha llevado al PP a cuestionar los resultados de las elecciones generales de 2023 de forma retroactiva.

El pistoletazo de salida lo dio José María Aznar en una entrevista en El Mundo este fin de semana. El expresidente del Gobierno mencionó la presencia de Díez en Correos y también los audios en los que Santos Cerdán ordena a Koldo García que manipule dos papeletas en las primarias del PSOE de 2014 que ganó Pedro Sánchez. “Cuando uno es capaz de adulterar unas elecciones en su partido, ¿por qué no va a ser capaz de alterar unas elecciones generales?”, se preguntaba Aznar.

El PP actual ha recogido el guante, y Feijóo aseguraba lo siguiente en el programa de Federico Jiménez Losantos: “Si uno ha robado una joyería, por qué no puede robar un banco”. A medio camino entre cuestionar el voto por correo de las últimas elecciones generales, pero afirmando también no tener “dudas sobre los funcionarios de Correos”, Feijóo pidió a la Junta Electoral que “supervise” todo el proceso y que, en la práctica, revise esos resultados electorales, en la línea de lo solicitado por Vox. La Junta Electoral Central ya rechazó hace unos días la petición del partido de Santiago Abascal en ese sentido: si tienen sospechas sobre un fraude electoral, donde hay que ir es a la Fiscalía y los tribunales penales.

Las sospechas y teorías de la conspiración lanzadas por PP y Vox chocan contra el mismo muro contra el que se estrellaron en 2023: los controles internos en Correos y en el sistema electoral, reforzados precisamente hace dos años, dificultan que una manipulación del voto por correo a gran escala pueda llegar a alterar un resultado electoral. Los casos documentados o bajo investigación en España ubican el momento de la corrupción del voto a favor de un partido, en todo caso, antes de que las papeletas lleguen a manos de Correos.

Los refuerzos a la seguridad en 2023

El voto por correo en España arranca con los electores enviando sus papeletas a la administración a través de las oficinas de Correos, donde son custodiadas hasta el día de las elecciones. Esas papeletas son entregadas en las mesas electorales correspondientes a las nueve de la mañana, la hora a la que se abren las urnas y tras el cierre de los colegios electorales se mezclan con las papeletas presenciales después de comprobar que los electores están inscritos en el censo y que no están votando dos veces. Si la documentación falla, la papeleta se queda fuera de la urna.

Varios frentes judiciales pusieron las elecciones de 2023 debajo del foco sin que ningún tribunal, ni siquiera el Constitucional, apreciara nada parecido a una sospecha. Las detenciones de varios políticos de Coalición Por Melilla (CPM) y personas ligadas al partido y la apertura de causas judiciales en localidades como Mojácar con acusados de comprar votos para PSOE y también PP llevaron a la Junta Electoral Central a elevar el listón de la seguridad.

Feijóo disfrazó de preocupación laboral sus dudas sobre la limpieza del proceso electoral en su primer enfrentamiento con Pedro Sánchez en las urnas. Después de pedir a los carteros que repartieran todas las papeletas pese a “sus jefes”, el PP ciñó esas insinuaciones a las denuncias de un sindicato de falta de personal. En esos comicios, Correos terminó contratando 20.000 refuerzos para velar por la transparencia de esas elecciones. Y la normativa cambió para asegurarse de que la persona que llevaba el voto era, efectivamente, quien votaba.

El cambio empezó por Melilla después de que algunos líderes políticos fueran involucrados en una trama corrupta de compra de voto por correo. Allí, la Junta Electoral de Zona optó por exigir que quien fuera a votar por correo tuviera que identificarse a la hora de llevar su papeleta a Correos. Los sobres depositados en buzones no eran válidos y los votos entregados una vez vencido el plazo serían llevados a la Junta Electoral y no a la mesa. “Ante estos hechos, y para evitar cualquier duda que pueda suscitarse sobre la regularidad del procedimiento del voto por correo”, dijo la Junta Electoral poco después, esa doctrina quedaba extendida a todo el país: quien quiera votar por correo tiene que identificarse enseñando el DNI, el pasaporte, el carnet de conducir o la tarjeta de residencia.

Feijóo, expresidente de Correos

Ese nuevo filtro, unido a todos los existentes de forma previa y el funcionamiento del sistema de voto por correo, acota según fuentes de la Junta Electoral las posibilidades de que exista algún tipo de fraude y llegue hasta las urnas. “Habría que corromper a gente de Correos que entreguen cajas con votos falsos, pero también a quien luego las recibe en la administración electoral”, explican estas fuentes a elDiario.es. En los casos que se han registrado y sentenciado en España, como el que llevó al banquillo a Mustafá Aberchán en Melilla, el fraude se perpetra antes de llegar a Correos: comprando la voluntad del votante para que meta una papeleta determinada.

Parte del discurso de Alberto Núñez Feijóo se basa en recordar que el PSOE, en esos comicios de 2023, ya acudió al Constitucional buscando la revisión de 30.000 votos en Madrid para conseguir un escaño clave. El que permitía a Pedro Sánchez depender de la abstención y no del voto a favor de Junts. “En las últimas elecciones el PSOE llegó al Constitucional cuestionando el último escaño que le correspondía al PP”, ha afirmado el líder del PP.

Ese recurso del PSOE, que fue rechazado de plano por el tribunal de garantías, dio pie a una sentencia que estableció que el resultado de unas elecciones no puede cuestionarse sin pruebas y que los recuentos y revisiones como los que pide ahora Feijóo no pueden instarse solo por sospechas cuando, como en el caso de 2023, no hay ningún indicio de fraude electoral. “La revisión de la totalidad de los votos nulos, sin que existan al menos indicios de irregularidades en el procedimiento electoral, supone una desproporción”, dijo el Constitucional.

“¿Quién tenía las papeletas? Estaban en Correos. Lo justo es que lo tenga la Junta Electoral”, añadió, para sembrar la duda sobre el papel de la empresa pública en un proceso que, añade, “no está blindado”. No explica el líder del PP a qué se refiere, teniendo en cuenta que fue presidente de Correos desde el año 2000 hasta 2003, etapa en la que no hubo elecciones generales, pero sí, por ejemplo, unas elecciones gallegas en las que arrasó el PP de Manuel Fraga y en la que más de 19.000 personas votaron por correo a través de la empresa pública que presidía.

Feijóo nunca puso en duda el sistema electoral cuando estaba al frente de Correos, pero tardó apenas dos años en hacerlo tras salir de la empresa pública. En 2005, cuando encabezó la lista del PP por Pontevedra, exigió al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que custodiara las sacas del voto exterior cuando llegaran a Madrid. En esa ocasión también acudió a la Junta Electoral, consiguiendo solo que se conservaran los votos nulos por “precaución”. El PP desistió en ese recurso cuando comprobó que los votos susceptibles de revisar no les servían para recuperar la mayoría absoluta.

Veinte años después, el líder del PP también ha esgrimido un dato imposible de comprobar: que en las generales de 2023 el PSOE mejoró sus resultados en Madrid gracias al voto por correo porque sacó “muchísimos” votos con respecto a las autonómicas de ese mismo año en la región. El voto por correo se mezcla con las papeletas presenciales y no es posible conocer su incidencia, al margen de la posibilidad de que una misma persona vote cosas distintas en dos elecciones diferentes.

El pleno de la Asamblea Regional de Murcia del pasado martes 6 de mayo estuvo conformado por dos sesiones que, aparentemente, transcurrieron con normalidad. En ellas, los grupos parlamentarios sometieron a votación un total de diez mociones. Sin embargo, a nivel interno, en los canales de comunicación de la Cámara, sita en la ciudad portuaria de Cartagena, se estaba produciendo una situación que ha sido finalmente denunciada por la diputada y portavoz de Podemos, María Marín.

Marín, que está de baja a causa de una reciente intervención quirúrgica, afirma que la presidenta del Parlamento, Visitación Martínez (PP), le impidió votar de forma telemática en el pleno pese a que el reglamento de la propia Asamblea, en su artículo 103.2, ampara que los diputados puedan ejercer su derecho a participar en una votación, de manera remota, si éstos se encuentran “en situación de incapacidad temporal”.

La portavoz morada registró el 4 de mayo una solicitud a la Mesa de la Cámara para emitir su voto a distancia, dada la imposibilidad que ésta tiene para acudir presencialmente al pleno. Pero dicha petición fue rechazada el 5 de mayo, mediante una resolución firmada por Visitación Martínez, esgrimiendo que el escrito presentado por Marín “no se ajusta” a las normas internas del Parlamento murciano.

Escrito de reconsideración desestimado

Fuentes de la Asamblea Regional consultadas por este diario inciden en el desajuste con respecto a la normativa de esa solicitud presentada por Marín. En concreto, hacen referencia al “procedimiento de votación telemática en las sesiones plenarias de la aprobadas por la Mesa de la Cámara y publicadas en el Boletín Oficial de la Asamblea Regional (BOAR) nº99, de 15 de diciembre de 2021”. Las fuentes parlamentarias aluden al artículo 6 de ese procedimiento, que dispone que “para emitir su voto, la diputada o diputado autorizado deberá remitir, debidamente cumplimentado, el formulario de votación”. Pero no entran en más detalles sobre si Marín rellenó correctamente ese formulario o no.

Varios días después de aquella resolución, la diputada lo hizo todo público en su cuenta de X. “Pedí votar en tiempo real, votar tras escuchar el debate, como hace cualquier diputada, y como permite el reglamento en caso de incapacidad temporal. Me lo denegaron sin una sola razón jurídica sólida”, explica.

Tras conocer la negativa de Visitación Martínez, María Marín presentó un escrito de reconsideración. Pero éste también fue rechazado, a tenor del artículo 3 de la misma norma del BOAR, que asegura que “la resolución de la Presidencia no será susceptible de recurso alguno, sin perjuicio de que la diputada o diputado afectado pueda interponer, en su caso, recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional”.

Esa es una opción que María Marín no descarta. “Me dijeron que no tenía derecho a recurrir ni a defenderme. Me dejaron fuera del pleno impidiéndome votar sabiendo que vulneraban mi derecho”.

Fuentes de Podemos afirman que, a fecha de hoy, “no hay ni rectificación ni explicación de por qué la petición -de su portavoz- no se adapta a las normas de la Asamblea”. Este lunes 12 de mayo se ha celebrado otro pleno en la Cámara murciana y María Marín, que sigue sin estar en condiciones de asistir, no ha podido votar en ninguna de las diez mociones sometidas a debate.

“Un abuso de poder”

Para la diputada, dicha circunstancia es “un abuso de poder”. “Buscan silenciarnos porque señalamos lo que incomoda. Esta actitud vulnera el Artículo 23 de la Constitución [de participación política de los ciudadanos a través de representantes públicos]”.

“Cuando una autoridad dicta una resolución injusta a sabiendas tiene un nombre: prevaricación”, señala Marín. “Su única base es una norma interna de rango inferior al reglamento, que no puede anular un derecho parlamentario básico como es el voto. Una excusa para dejarme fuera”.

El reglamento general de la Asamblea Regional, en su artículo 103.2, especifica que se podrán “habilitar sistemas que garanticen el ejercicio del derecho al voto por la diputada o diputado que no pudiera asistir a las sesiones por causa justificada por encontrarse en situación de discapacidad temporal”. “A tal efecto”, prosigue la norma, “la diputada cursará la oportuna solicitud mediante un escrito dirigido a la Mesa en el que justificará tal imposibilidad y precisará el periodo de tiempo y las votaciones en las que pretenda emitir su voto por estos procedimientos”.

“Voy a seguir luchando por mi justa representación como parlamentaria. Si no rectifican, tendrán que responder. Esto va de no permitir que nadie pisotee la democracia”, concluye la diputada morada.

Otros conflictos

No es el primer conflicto entre el grupo parlamentario de Podemos y la presidenta de la Cámara en esta legislatura. En julio de 2024, el diputado morado Víctor Egío fue suspendido un mes sin sueldo después de que Martínez no le dejara intervenir para defenderse del bulo esgrimido por el portavoz de Vox, Rubén Martínez Alpañez, quien le había acusado de “no haber aparecido por la Cámara” durante “seis meses” a lo largo de su baja de paternidad.

“Voy a ser el primer diputado expulsado en la historia de este Parlamento. He sido condenado a un juicio sumarísimo por el diputado que me atacó con sus bulos y por la presidenta que no me dejó defenderme. Sin testigos, sin derecho a apelación, han convocado este pleno exprés para condenarme y nada de lo que diga o haga va a cambiar algo”, manifestó Egío en ese momento.

Por otro lado, este mismo diputado no fue sancionado por la Asamblea Regional cuando bromeó en el Parlamento con “el tiro al fachón” después de que Vox presentase una moción para reinstaurar el tiro al pichón en la Región de Murcia.

Un debate político viejo ha reemergido cuando media España está de vacaciones de Semana Santa. Ampliar la edad mínima para votar a los 16 años ha estado en la agenda de los partidos políticos de izquierdas desde hace tiempo. Unidas Podemos, ERC, Sumar e incluso el PSOE –en este caso a través de las Juventudes Socialistas– han planteado iniciativas parlamentarias u orgánicas dentro de sus formaciones para dar cabida a estos jóvenes en el censo electoral.

La discusión ha vuelto a coger vuelo esta semana tras confirmarse que el Ministerio de Juventud e Infancia está ultimando una norma para materializar esa intención en el BOE. La ministra del ramo, Sira Rego, admite en esta entrevista con elDiario.es que la fracción de Sumar dentro del Gobierno –de la que forma parte– todavía no ha negociado la reforma con el PSOE y plantea el cambio como un “acicate” contra la desafección de los jóvenes con la política. “Tenemos muy claro que nuestra acción gobierno tiene que ampliar derechos”, asegura, y “a partir de ahí se podría precisar o matizar de qué manera se va incluyendo a la población de 16 años en distintos momentos electorales”. La reforma se plasmaría dentro de la nueva ley de juventud, cuyo borrador está prácticamente cerrado, aunque habría que cambiar después, como condición indispensable, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

¿Por qué impulsar ahora esta reforma para ampliar el derecho a voto a los 16 y 17?

Por primera vez en la historia en España contamos con un Ministerio de Juventud e Infancia y desde el principio nos ponemos a trabajar con la idea de que nuestro país tenga una primera ley de juventud a nivel estatal que reconozca una parte de los derechos de la juventud de manera específica: en vivienda, en derechos labores, lo que tiene que ver con los cuidados... Aquí también planteamos que haya una beta de derechos que se fundamenten en la cuestión de la participación política. Por eso llevamos muchos meses trabajando. Queríamos que la propia ley fuera una experiencia de participación de los jóvenes, no una norma preparada y redactada por el Ministerio de Juventud. Han participado muchas entidades que representan a miles de personas jóvenes y en todos los territorios. Estamos hablando de una dimensión enorme y el resultado es un documento de 400 páginas.

Si hay dos temas que interpelan a la juventud, uno es desde luego la vivienda por todo lo que tiene que ver con la posibilidad de desarrollar un proyecto de vida, pero el otro es la participación política y la desafección que hay, que no es despolitización. No es verdad que la juventud esté despolitizada y lo que planteamos con esta ley es empezar a crear canales que vuelvan a reenganchar a las personas jóvenes, que sea un acicate para que participen de manera activa en la política y en la construcción de las políticas públicas institucionales de nuestro país. Ahí surge incorporar la ampliación del voto a los 16 y 17 años. Es una demanda histórica de la juventud, cuando yo militaba en el movimiento estudiantil ya lo reclamábamos y sigue estando muy vigente. Tiene más sentido que nunca. Cada vez tenemos menos población joven y, aunque ampliar la edad de voto no es el único mecanismo, lógicamente, para desactivar la desafección política sí que es un instrumento que puede ayudar sustancialmente.

Su socio de Gobierno ha tenido tradicionalmente una posición reticente a este cambio y la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, despejó esta semana que el asunto no se ha tratado en “ningún órgano colegiado del Consejo de Ministros”. ¿Tienen confirmado su apoyo para sacar la ley adelante con este contenido?

Estamos trabajando a todos los niveles de manera muy directa y, aunque no me corresponde a mí hablar de otro partido político, hemos visto que el Partido Socialista ha incluido esta cuestión en su último Congreso Federal como una de las propuestas –de las Juventudes Socialistas–, lo que viene a sumarle a otros partidos de la izquierda de nuestro país. Estamos, además, avanzando muy bien a nivel parlamentario. Se ha creado una subcomisión para poder tratar el tema de la reforma de la LOREG.

Lo importante es que se plantea dentro de la ley de juventud, que hablamos de la ampliación de un derecho y que en cualquier caso es un debate social interesante. Es un tema que forma parte de la conversación pública y nos saca de la confrontación. Nos pone a hablar más en términos de ideas y menos en términos de barro. Desde las organizaciones políticas que formamos parte de Sumar tenemos muy claro que nuestra acción de gobierno tiene que ampliar derechos y esta es una de esas medidas. Creemos que es importante, aunque sea en términos de debate público plantear esto. Estamos trabajando en la ley aunque todavía no se ha presentado. Tenemos el borrador tras un trabajo ingente de dar traducción jurídica a todas las propuestas que han hecho las personas jóvenes, pero todavía no hemos empezado a tramitarla, lo haremos en pocas semanas y espero contar con el apoyo del Consejo de Ministros, desde luego.

¿Esperan o está pactado que así sea? ¿Han llegado a ese punto de la negociación?

No hemos llegado a ese punto, pero espero que no haya ningún escollo, puesto que en términos políticos los partidos que formamos parte del Gobierno hemos recogido la medida, al menos en lo que tiene que ver con los documentos políticos de cada organización.

¿Temen que no salga adelante finalmente?

No contemplo demasiado ese tipo de escenarios. Procuro manejarme siempre en los presentes. Estamos en fase de terminar de trabajar el borrador de la propuesta. La ley de juventud no solo contempla la ampliación de la edad de voto, sino otras muchísimas medidas, como mecanismos para la participación bastante interesantes. Confío en que la saquemos adelante y, en cuanto a la reforma para ampliar la edad de voto supondría modificar otra ley, la LOREG, ahí se podría precisar o matizar de qué manera se va a incluyendo a la población de 16 años en distintos momentos electorales. O sea, planteamos que desde esa edad se tenga derecho al sufragio activo, pero a partir de eso habría que formular concretamente la LOREG. Esto va a ocurrir con la ley de juventud y veremos el alcance y los procesos posteriores.

Ampliar la edad de voto no es el único mecanismo para desactivar la desafección política, pero sí es un instrumento que puede ayudar sustancialmente

Sobre la discusión en torno a ampliar el derecho a votar a los 16 y 17 sobrevuela casi siempre un asunto: el acercamiento de los jóvenes a opciones de extrema derecha. ¿Las posibles reticencias del PSOE tienen que ver con este hecho?

Yo no sé si hay reticencias, pero, en el caso de haberlas, a quien habría que preguntarle sería a ellos porque lo justo es que puedan explicarlo. En cualquier caso, un argumento de polarización no puede restringir un derecho. Nos situaría en el mismo debate de 1931. Es curioso cómo se replican los argumentos. Entonces se decía que si le dábamos la posibilidad de votar a las mujeres optarían por partidos más conservadores. La historia nos ha demostrado que no es así. Además, en la ley de juventud no solo planteamos la ampliación de la edad de voto, sino que haya un itinerario en los propios currículos académicos para que tengamos más conocimiento de cómo funciona el Estado, los diferentes niveles competenciales en los órganos constitucionales. Sería un punto de inflexión no solo para los jóvenes sino para el conjunto de la población.

Para este 2025 está prevista una nueva edición del informe sobre la juventud de España que se publica cada cuatro años. ¿Ahí preguntan por la intención de voto? ¿Ya tienen resultados? 

La vamos a publicar en pocas semanas y hay una parte que tiene que ver con la cuestión ideológica. Es el 40º aniversario de manera que vamos a disponer de series históricas de cómo ha evolucionado el comportamiento de los jóvenes y las jóvenes. La idea de la polarización tiene muchos matices. Esto ya lo han comentado muchos sociólogos y personas expertas en la materia: lo que llama particularmente la atención en la generación más joven no es tanto la cantidad de voto que va a las opciones de extrema derecha sino la cuestión de género. Es decir, como esto está asociado profundamente a la cuestión de género.

Lo que llama particularmente la atención en la generación más joven no es tanto la cantidad de voto que va a la opciones de extrema derecha sino la cuestión de género. Es decir, como esto está asociado profundamente a la cuestión de género

También tenemos que analizar a qué se debe este comportamiento. Es verdad que hay más polarización del voto de hombre joven a la extrema derecha y, a la vez, el voto se polariza entre las mujeres jóvenes hacia opciones de izquierdas. En la última encuesta del CIS, dentro del apartado de personas que en las últimas elecciones no tenían edad de votar, se pueden observar los bloques. Vemos, sin ser algo matemático, que la distribución de votos es muy similar a la que se da en el resto de la población. Meter un peso específico en la cuestión de la polarización política estrictamente en la franja de más jóvenes no obedece a la realidad. Como hay polarización en toda la sociedad eso también afecta a los jóvenes. Porque forman parte de la sociedad.

Además, esta situación se puede deber precisamente al hecho de que hay una sensación de que la arquitectura institucional clásica está alejada de las personas jóvenes, de sus necesidades materiales. Esto abre desafíos y hay que garantizar los cauces de participación política porque pueden aliviar o pueden resolver algunas de las demandas de la juventud. Como es justo habilitar mecanismos que garanticen su vida en términos materiales y de proyectos de futuro, también lo es legislar para que se incorporen de manera activa a la participación política del país. Una cosa sin la otra se quedaría coja. Aparte, madurez política y madurez vital son dos cosas diferentes. Se puede tener una enorme madurez política independientemente de que tengas más madurez vital.

Es un tema que forma parte de la conversación pública y nos saca de la confrontación. Nos pone a hablar más en términos de ideas y menos en términos de barro

La vivienda es una de las principales preocupaciones de la juventud en España, ¿qué se puede esperar de la ley en este ámbito?

Ya existen leyes de vivienda de carácter estatal y regularlo no correspondería a esta ley, pero reconocemos el derecho a la vivienda de manera específica para las personas jóvenes. En general esta norma refuerza determinados derechos que ya existen para la población general, pero se definen de forma más concreta. Se trata del reconocimiento de un crisol de derechos, con la especificidad de la situación de la juventud y lo que supone en términos generacionales todo esto.

El Congreso ha aprobado finalmente la distribución de menores migrantes tras un año de negociaciones pero con el voto en contra de PP y Vox, que parece que se lo van a poner difícil en los trámites posteriores. ¿Cuál es el plan si las comunidades conservadoras se niegan a recibir a estos niños y adolescentes? ¿Apuestan por incluir sanciones en el reglamento que están desarrollando?

No contemplo ninguna posibilidad de que no cumplan con una ley, honestamente. El 28 de abril tenemos una conferencia sectorial a la que vamos a llevar una propuesta preliminar, no cerrada, para trabajar coordinadamente con las comunidades a pesar del bloqueo del PP, que está en algunas comunidades gobernando con Vox. Aunque no esté ya en los gobiernos autonómicos, sigue dictando la agencia del PP. Lo hemos visto en Aragón, en la Comunidad Valenciana y no descarto que ocurra en más lugares. Nosotros planteamos un mecanismo que tiene que ser solidario y vinculante para el conjunto de comunidades autónomas y, por tanto, se pueden hacer sugerencias y planteamientos. El espacio va a abrirse para poder trabajar colectivamente, pero el resultado tiene que ser un plan para la acogida. Confío en que hacia el verano estemos en condiciones de haber podido empezar a dimensionar correctamente el sistema de acogida con un criterio que consideramos de sentido común y que ya operan para otros servicios públicos como la sanidad, la educación o la dependencia.

¿Qué le parecen los ataques de Podemos a Sumar y al Gobierno de las últimas semanas? ¿Cómo hay que responder a eso como espacio político?

No me interesa demasiado. Estoy centrada en el trabajo que permite resolver los problemas de la gente y no sé cuánto los resuelve el hecho de que yo me ponga a conversar acerca de lo que defiende cada partido de la izquierda. Soy más útil planteando el trabajo que estoy haciendo. Estoy encantada de tener debates políticos e ideológicos con cualquier opción, con cualquier partido, pero lo que para mí es de interés es que la gente trabajadora de nuestro país viva mejor.

¿Habrá unidad en las próximas generales?

Más allá de estar pensando en la unidad, que creo que es deseable en términos políticos y mi organización, Izquierda Unida, lo tiene en su ADN, estoy en la materialización de los avances de la agenda social porque es un factor determinante para construir cualquier proceso de entendimiento entre las distintas posiciones de la izquierda. Estoy trabajando para que los chicos y chicas de este país puedan votar a los 16 años; para que salga adelante la ley de entornos digitales porque necesitamos un entorno digital que proteja nuestra infancia, sea democrático y tenga elementos de control público; estoy preocupada por terminar de materializar la agenda vinculante y solidaria de la acogida de niños y niñas porque tiene que ver también con un modelo de sociedad fundamentado en los derechos; por modificar la ley de violencia contra la infancia; o por resolver y firmar cuanto antes el Pacto de Estado para erradicar la pobreza infantil porque es una cuestión de protección a los hijos e hijas de la clase trabajadora de nuestro país.

Más allá de estar pensando en la unidad, que creo que es deseable en términos políticos, estoy en la materialización de los avances de la agenda social porque es un factor determinante para construir cualquier proceso de entendimiento entre las distintas posiciones de la izquierda

Dentro de la izquierda esto es lo prioritario porque en el tiempo histórico que nos ha tocado vivir tenemos un modelo de sociedad que trae la extrema derecha basado en el recorte, en dejar a la mayoría social en los márgenes del sistema, y hay que hacer todo lo posible porque la mayoría social trabajadora esté en el centro de las políticas. Lo demás me parece que es importante y que tiene que ver con dinámicas electorales, pero el esfuerzo debe estar puesto en otro lugar.

¿Ve a Yolanda Díaz de candidata? 

Ahora no estamos en esa fase. Yolanda es una mujer que ha hecho un trabajo extraordinario y eso es indudable. A mí no me corresponde responder a eso y hay una parte siempre personal que tiene mucho que ver. Con estas cuestiones siempre debemos escuchar lo que los seres humanos necesitan y se plantean en cada momento, pero Yolanda ha sido y es una figura de extraordinario valor político y de avance social notable para nuestro país. Estamos recibiendo todos los inputs positivos de su trabajo con la reforma laboral, con la mejora de los indicadores del empleo o con la mejora de los salarios.

Cerca de 190.000 personas ecuatorianas viven en España, un número muy alejado del de principios de los 2000 cuando el colectivo se acercaba al millón de personas. De este total, unas 1.300 votarán este domingo en Toledo, Castilla-La Mancha, en la convocatoria electoral para elegir un nuevo presidente y la nueva composición de la Asamblea Nacional.

El de Toledo es uno de los 15 recintos electorales fuera de las ciudades con “alta concentración de ecuatorianos”, que se ponen en marcha gracias a la normativa del Consejo Nacional Electoral. Será en el Palacio de Congresos 'El Greco' de la capital autonómica.

Así lo explica Vladimir Paspuel, coordinador de la Asociación Rumiñahui, una entidad que trabaja con migrantes ecuatorianos en España desde 1997. “Estas facilidades que se nos dan, se deben cumplir, porque están en el marco de la ley”, resalta. Fue una modificación de la Constitución ecuatoriana en 1998 la que permite el voto de las personas que viven en el extranjero. “Fue gracias a la lucha de las organizaciones de migrantes que pedíamos que se facilitase la votación a los extranjeros”, resalta Paspuel.

La embajadora de Ecuador en España y Andorra, Wilma Andrade, explica que a través de estos recintos electorales se quieren dar “todas las facilidades a los compatriotas” y también ampliar la participación, que suele rondar, explica, el 60% y 70%. Y esto, no solo en las ciudades en los que se concentran más personas naturales de Ecuador, como Madrid, Barcelona, Murcia o Valencia. Andrade confía en que estas elecciones, al ser presidenciales, despierten el interés y que las personas se acerquen a votar.

No solo eso, sino que las personas que viven en el extranjero en Ecuador tienen también sus propios representantes en la Asamblea Nacional, el Congreso ecuatoriano. Se reservan dos escaños para los llamados asambleístas migrantes, que cuentan con tres circunscripciones especiales: Europa, Oceanía y Asia; Estados Unidos y Canadá y Latinoamérica, El Caribe y África. “De este modo, la voz de los ecuatorianos en el exterior tiene representación y es importante para que sus demandas sean escuchadas”, resalta la embajadora.

Tienen la posibilidad de hacer un bonito recorrido si no están cerca y no vivan en una ciudad maravillosa como es Toledo. Animamos a que acudan a votar y disfruten del Patrimonio de la Humanidad

Wilma Andrade — Embajadora de Ecuador en España

Andrade recuerda que existe una conexión importante entre las personas migrantes y su país de origen. “En general son muy solidarios con su país”, recalca la embajadora. “Las remesas retornan a Ecuador. Las personas tienen familiares, sus viviendas incluso, o préstamos en el país que representa cerca del 5% del Producto Interior Bruto. Es un rubro importante, que permite el desarrollo también del Ecuador. Por eso es interesante que tengan esta posibilidad de expresarse”, resalta Wilma Andrade.

Todas las mesas son importantes, señala Andrade, incluso las más pequeñas como las de Toledo. “Además, tienen la posibilidad de hacer un bonito recorrido si no están cerca y no vivan en una ciudad maravillosa como es Toledo. Animamos a que acudan a votar y disfruten del Patrimonio de la Humanidad”, añade la embajadora.

Una mesa receptora de voto por cada 500 votantes

Desde la Asociación Rumiñahui, Vladimir Paspuel explica que son las normas del Consejo Nacional Electoral las que imponen la existencia de las mesas electorales, una por cada 500 votantes. “Es el trabajo de la cónsul de buscar los recintos electorales adecuados, de tal manera que se felicite la participación de los migrantes y que la gente pueda acudir a votar sin mayor dificultad”, explica.

“Es muy importante, porque es una manera de mantenernos vinculados con nuestro país. A medida que pasa el tiempo, el grupo de ecuatorianos que ya está en España tienden a desvincularse del país y a veces sucede”, explica Paspuel, que añade en concreto a los hijos e hijas de las personas que han migrado desde Ecuador a España. Paspuel añade también que los asambleístas de los migrantes cumplen un papel fundamental a la hora de mantener el contacto de las personas que han emigrado con su gobierno.

Paspuel, que también ha sido parte del Foro para la Integración social de los inmigrantes en España, resalta que asociaciones que trabajan con migrantes, como la que coordina, también han luchado por facilitar el derecho a voto no solo de las personas ecuatorianas, sino también de las españolas ante su conflicto por el voto rogado. “Era una vergüenza”, recuerda. “También hemos compartido esta experiencia con los compañeros mexicanos, en su lucha para que ellos también puedan votar en el extranjero”, recuerda.

La experiencia de Ecuador también se ha compartido a través del Pacto Mundial de Migraciones y en el Foro Mundial de Migraciones en Desarrollo. “Compartimos nuestra experiencia y se llevan a cada uno de los países para reivindicar sus derechos”, recalca.

Buscando más participación en el futuro

Wilma Andrade, embajadora de Ecuador en España, también resalta que existen generaciones nuevas que ni siquiera se registran como ecuatorianos. “Han afincado aquí su educación, su formación y trabajo. A lo que aspiramos es que, teniendo en cuenta la doble nacionalidad, puedan participar y se registren para votar”. “Ecuador llegó a ser en un momento dado, en la década de los años 2000, a ser el primer país migrante en España, con alrededor de un millón de ecuatorianos”, resalta Andrade.

Esta migración pasó de ocupar lugares de servicios, cuidados u hostelería a también formarse y trabajar en otros ámbitos, de la salud o técnicos. “Ecuador es una comunidad que se integra, con valores similares y una historia en común. España es el primer socio comercial de Europa para Ecuador, entonces aspiramos que esta relación nunca se pierda y que nuestros compatriotas tampoco pierdan nunca el vínculo.

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso del PP contra el voto telemático de Carles Puigdemont que le permitió votar para elegir al nuevo presidente del Parlament, pero rechaza suspender esa posibilidad de forma cautelarísima. La decisión tomada por el pleno ha tenido el voto en contra de dos magistrados, Enrique Arnaldo y Concepción Espejel, que también apostaban por admitir a trámite el recurso pero solicitaban que se estimase la petición de medidas urgentes y que el voto fuera anulado.

El pleno entiende que el recurso del grupo parlamentario del PP en la cámara catalana merece ser admitido a trámite: “El asunto suscitado trasciende del caso concreto porque pudiera tener unas consecuencias políticas generales”, explica en un comunicado sobre las alegaciones del partido contra el voto telemático de Carles Puigdemont y Lluís Puig.

Admite a trámite el recurso pero no estima su petición de medidas cautelarísimas de anular sus votos en la constitución de la Mesa del Parlament. “Los dos votos delegados no fueron determinantes del resultado de las votaciones celebradas el pasado 10 de junio”, explica. No se trata de la última palabra del Constitucional sobre este asunto en pleno proceso de investidura de un nuevo president en Catalunya: los magistrados ponen en marcha el procedimiento de cautelares, que entre otras cosas lleva más tiempo por requerir que las partes presenten alegaciones.

Los cuatro magistrados del sector conservador se han quedado en minoría al pedir que las cautelarísimas se pusieran en marcha y que el voto de Puigdemont y Puig fuera anulado. Según su criterio, media docena de sentencias dictadas en los últimos dos años por el propio Constitucional apuntan en ese sentido, incluyendo la más reciente que anuló el voto telemático concedido a Lluís Puig en la última legislatura catalana.

El Constitucional mandó el primer aviso sobre el voto telemático del Parlament hace dos semanas. La sala primera del tribunal estimó un recurso del grupo de Socialistes y Units per Avançar y anuló el voto telemático que permitió a Lluís Puig, fuera de España desde 2017 e imputado en la causa del procés, participar en la actividad parlamentaria catalana durante parte de la pasada legislatura.

Según el Constitucional, esos acuerdos se pusieron en marcha sin una reforma del Reglamento del Parlament, algo que vulneró los derechos de otros diputados. En la práctica, la decisión no tuvo incidencia sobre las votaciones que salieron adelante con el apoyo de Puig, pero sí anuló la normativa transitoria y la habilitación para que el exconseller pudiera votar a distancia.

Se trata del mismo sistema que utiliza en la actualidad el Parlament para las votaciones en las que participa, entre otros, Carles Puigdemont, líder de la lista de JxC en las últimas elecciones europeas y potencial candidato a presidir la Generalitat. Hasta la fecha, la votación que sirvió para dar la presidencia de la cámara a Josep Rull, diputado de su partido.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha vuelto a insistir en la importancia de abrir el debate sobre la posibilidad de adelantar la edad mínima para votar de los 18 a los 16 años, como ya ocurre en varios países del entorno europeo.

Rego ha enmarcado esta propuesta, que requeriría la reforma de la ley electoral, en la apuesta del Gobierno por seguir avanzando en políticas que amplíen los derechos de la gente joven.

La ministra ha hecho esta reflexión momentos antes de participar en la capital asturiana en una reunión del Consejo Interterritorial de Juventud, que por primera vez se ha celebrado fuera de Madrid con representantes de los institutos de juventud de las distintas comunidades autónomas, con la intención de “descentralizar” este tipo de espacios de debate y reflexión.

Rego ha recordado que en las próximas elecciones al Parlamento Europeo, que se celebrarán el próximo mes de junio, los jóvenes de 16 y 17 años ya podrán votar en una decena de países, como Bélgica, Malta, Austria, Grecia, Croacia, Eslovenia, Hungría o Alemania.

La ministra también ha abordado la futura ley de juventud, cuyo borrador espera tener listo en un año tras culminar un “elevado proceso participativo” para recoger los planteamientos de los jóvenes.

Además, ha remarcado la necesidad de seguir trabajando en los ámbitos de la salud mental, la vivienda y el trabajo, “una suerte de tres derechos intergeneracionales situados en el marco de la crisis ecosocial”.

Acompañada del consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Principado, Ovidio Zapico (IU, al igual que la ministra), Rego ha afirmado que las políticas de juventud asturianas son un “referente”, e “inspiran mucho” para seguir trabajando.

Zapico, quien ha dicho coincidir con Rego en que uno de los “problemas” que comparte la juventud asturiana y la española es la vivienda, ha destacado que el Principado ya está en el “camino de empezar a intervenir” en el mercado.

El Consejo Interterritorial de Juventud

La celebración del Consejo Interterritorial coincide con el arranque de la Semana Europea de la Juventud, dedicada este año a la participación política de los jóvenes.

La ministra ha señalado que, en las próximas elecciones europeas, hasta 10 países europeos contarán con el voto de sus jóvenes de 16 años y ha recalcado que si los jóvenes de esa edad quieren votar en las próximas elecciones generales, contarán con su apoyo.

Presidido por la directora general del Injuve, Margarita Guerrero, el Consejo Interterritorial de Juventud también ha tratado cuestiones como el Carné joven, el European Youth Card Association y el programa Reconoce, cuyo fin es que las competencias que las personas jóvenes adquieren en labores de voluntariado sean un plus en el currículo a la hora de conseguir un empleo.

El Consejo Interterritorial de Juventud se reúne dos veces al año y es un espacio de coordinación y colaboración de todas las administraciones públicas implicadas en el desarrollo de las políticas de juventud. 

El sufragio femenino en España, ese importante hito marcado por el reconocidísimo discurso de Clara Campoamor en las Cortes generales, no sólo fue producto del trabajo de las feministas españolas. Un trabajo que va mucho más allá de la Segunda República. Fue el resultado de una labor feminista que aún hoy “trasciende” las fronteras españolas y conecta al país con la “lucha global por la igualdad de género”. Así lo reivindicó la presidenta de ONU Mujeres España, Ewa Widlack, que participó en el acto institucional celebrado por las Cortes de Castilla-La Mancha para celebrar el 90 aniversario del voto de las mujeres en España, cuya efeméride se celebró el 19 de noviembre, recordando la fecha de 1931.

“Ya las primeras feministas a finales del siglo XVIII habían entendido que lo primero que se tenía que ganar era el derecho a voto, porque únicamente así se iba a permitir que todas las voces fueron escuchadas”, explicó Widlack, en un acto en el que intervinieron también María José Romero, directora de la Cátedra de Igualdad de Género y Diversidad 'Clara Campoamor' de la Universidad de Castilla-La Mancha y Sandra Ferrer, periodista y divulgadora de la historia de las mujeres.

Las Cortes de Castilla-La Mancha realizaron un extenso y profundo homenaje, con múltiples análisis de expertas y también con una reproducción del ejemplar de la revista 'Estampa' publicada con motivo del sufragio femenino. Widlack recordó a las mujeres “visionarias”, entre las que situó a Clara Campoamor, pero también a las sufragistas británicas y al intenso movimiento feminista que se inició en Nueva York para conseguir el voto femenino. La presidenta de ONU Mujeres España tampoco olvidó a las hermanas Mirabal, en cuyo honor se conmemora el Día de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, tras haber sido asesinadas por su oposición a la dictadura de Rafael Trujillo en República Dominicana.

“Estas mujeres visionarias no sólo abogaron por el sufragio, sino que sentaron las bases para la inclusión plena de las mujeres en la esfera política y social. Es imperativo reconocer el coraje y la tenacidad de las mujeres que desafiaron las restricciones impuestas por las normas sociales y políticas de su época”, explicó Widlack, que tachó el sufragio femenino como una “revolución” de los roles de género y la “inclusión plena” de las mujeres. Desde los países escandinavos hasta España, supuso la entrada “progresiva” de las mujeres en la escena pública. “Que era un lugar hasta entonces prohibido para ellas”.

Widlack recordó que fue precisamente una mujer, Eleanor Roosevelt, la que impulsó que las mujeres tuvieran un lugar en la declaración universal de los derechos humanos. Y fue otra mujer, Hansa Mehta, la que consiguió que la declaración pasase a ser de “todos los hombres” a “todos los seres humanos nacen libres e iguales”. Y finalmente, el nombre de Minerva Bernardino, una diplomática dominicana que fue “fundamental” para incluir la igualdad en el preámbulo de la declaración de los derechos humanos. La muerte de las hermanas Mirabal, resaltó, fue un “símbolo de resistencia feminista” que marcó el principio de un marco legal internacional para la defensa de los derechos de las mujeres.

Todas ellas han permitido que en la actualidad las mujeres lideren áreas hasta ahora dirigidas por hombres. Pero Widlack también recalcó que los últimos datos de ONU Mujeres señalan que harían falta casi 300 años para conseguir una igualdad de género “en el mundo”. “En el nonagésimo aniversario del voto femenino reafirmamos nuestro compromiso con la igualdad de género, porque la lucha por la participación de las mujeres es una tarea global. Transformemos un futuro donde todas las veces sean escuchadas y respetadas”, concluyó.

Mayor hecho histórico de relevancia feminista y democrática

María José Romero — Directora de la Cátedra 'Clara Campoamor' UCLM-Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha

“Máximo” valor del sistema democrático de la región y el país

La catedrática de la Universidad de Castilla-La Mancha, María José Romero, resaltó que “institucionalizar la celebración del voto femenino pone en evidencia el máximo valor del sistema democrático de la región y del país”. La también responsable de la Cátedra Clara Campoamor UCLM-Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha señaló que el voto es el “mayor hecho histórico de relevancia feminista y democrática” y que se consiguió, principalmente, gracias al tesón de Clara Campoamor. “Fue decisiva para evitar a quienes querían atrasar el voto de las mujeres. Romero citó algunas declaraciones de diputados que no querían que las mujeres votaran, como las del diputado Novoa Santos que dijo que ”las mujeres son histéricas por naturaleza“ o del diputado Ayuso, que señaló que las mujeres antes de los 45 años ”tenían reducida la voluntad y la inteligencia“.

El voto efectivo para las mujeres supuso un “paso clave” para su participación política en la sociedad. “La memoria es nuestra mejor herramienta de futuro”, resaltó, al nombrar a mujeres que apoyaron un derecho con el que la sociedad española “ganó en dignidad y justicia social”. Nombres como Isabel Muñoz Caravaca, Carolina Coronado, Emilia Pardo Bazá, María de Maeztu, o Carmen de Burgos. “Pero sobre todo, Clara Campoamor”, recalcó. Campoamor, la primera mujer en dirigirse a las Cortes durtante la II República. La primera mujer que intervino ante el Tribunal Supremo.

La divulgadora Sandra Ferrer trazó un amplio análisis, porque el hecho del voto femenino no es uno “aislado”. “Son hechos que forman parte de una historia en la cual hay muchas protagonistas”. El voto en 1931 fue el resultado de una lucha feminista “quizás menos conocida” que la de las 'sufragettes', pero que fue “constante y persistente”. “Todo objetivo cumplido tiene detrás un trabajo que no siempre se ve”, concluyó.

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El 19 de noviembre de 1933 fue un día histórico. Las mujeres de Toledo, como todas aquellas de España mayores de veintitrés años, pudieron votar por primera vez. Se celebraban las segundas elecciones generales desde la proclamación de la II República y 15.164.349 ciudadanos estaban convocados a las urnas, de ellos 7.955.451 eran mujeres. Ese día, además, también por primera vez, en las listas concurrentes por nuestra provincia figuraba una mujer, Leocadia Muñoz de la Casa, integrante de la lista presentada por el PSOE.

La consecución del derecho al voto de las mujeres fue uno de los grandes logros de la II República. Aunque las reivindicaciones sufragistas llevaban décadas planteadas en nuestro país, la batalla que Clara Campoamor mantuvo en las Cortes para que ese derecho figurase en el texto constitucional del nuevo régimen fue memorable.

Ella, diputada electa por el Partido Radical Republicano (PRR) en 1931, hubo de superar tanto el rechazo de sus propios compañeros de grupo parlamentario, como de los elementos más reaccionarios de la sociedad e incluso de algunos colectivos de mujeres que veían en ese derecho una especie de “caballo de Troya” para que las derechas ganasen futuras elecciones, considerando que ellas, bien por influencias religiosas o convicciones sociales, se decantarían por opciones políticas conservadoras. En el seno de las Cortes, Campoamor tuvo como antagónica en sus pretensiones a la diputada Victoria Kent, del Partido Radical Socialista (PRS), quien consideraba que en tanto no se consolidase el régimen republicano aún no era el momento de conceder tal derecho a las mujeres.

El uno de octubre de 1931, durante los trabajos de redacción de nuevo texto constitucional, Clara Campoamor pronunció uno de los discursos más nobles, emotivos y trascendentales que han podido escucharse en sede parlamentaria: “Yo, señores diputados -diría en uno de sus pasajes-, me siento ciudadano antes que mujer, y considero que sería un profundo error político dejar a la mujer al margen de ese derecho, a la mujer que espera y confía en vosotros; a la mujer que como ocurrió con otras fuerzas nuevas en la revolución francesa, será indiscutiblemente una nueva fuerza que se incorpora al derecho y no hay sino que empujarla a que siga su camino […] La mujer española espera hoy de la República la redención suya y la redención del hijo. No cometáis un error histórico que no tendréis nunca bastante tiempo para llorar; al dejar al margen de la República a la mujer, que representa una fuerza nueva, una fuerza joven; que ha sido simpatía y apoyo para los hombres que estaban en las cárceles; que ha sufrido en muchos casos como vosotros mismos, y que está anhelante, aplicándose a sí misma la frase de Humboldt de que la única manera de madurarse para el ejercicio de la libertad y de hacerla accesible a todos es caminar dentro de ella”.

Su propuesta fue respaldada por 161 votos a favor por 121 en contra. Entre quienes no se alinearon con ella figuraban sus compañeros del PRR. Aunque a veces se ha comentado que el Partido Socialista no apoyó la propuesta, ello no es cierto. De entre los votos favorables, 84 fueron del PSOE. Cierto es que entre su filas no había unanimidad al respecto, destacando la beligerancia de Indalecio Prieto, a quien se le atribuye la frase de que concediendo el voto a las mujeres se estaba dando “una puñalada” a la República, pero ante ese disenso, la dirección del grupo decidió que quienes no estuviesen de acuerdo no asistiesen a la sesión parlamentaria en contra.

Entre los que votaron “sí” se encontraban los cuatro diputados socialistas toledanos presentes en aquellas Cortes: Fermín Blázquez, Domingo Alonso, Félix Fernández Villarrubia y Anastasio de Gracia. También secundaron ese logro otros diputados por nuestra provincia: Dimas Madariaga y Ramón Molina (canónigo de la Catedral Primada), encuadrados en el bloque de las derechas. Por contra, los parlamentarios del partido de Campoamor por Toledo, Perfecto Díaz y Pedro Riera, se situaron en el bando del “no”, al igual que los otros dos del PRS, José Ballester (alcalde de Toledo) y Emilio Palomo. 

Años después, en su libro El voto femenino y yo. Mi pecado mortal, la propia Campoamor dejó constancia de cuantos sinsabores le deparó este gran logro político, llegando a calificar como “el día del histerismo masculino” la jornada en que tal derecho fue reconocido en el Congreso. En las páginas de ese mismo libro, reconoció “la honestidad política y programática del partido socialista” fue decisiva para conseguir el voto femenino. El resultado de aquella votación en el Congreso fue acogido con aplausos y protestas en el hemiciclo, escuchándose en mitad de la algarabía un sonoro “¡Viva la República de las mujeres!”.

El logro de Campoamor, que aún hubo de superar alguna que otra traba parlamentaria, pues en una segunda votación se intentó aplazar su entrada en vigor, quedó plasmado en el artículo 36 de la Constitución de la II República, al reconocerse que “los ciudadanos de uno y otro sexo, mayores veintitrés años, tendrán los mismos derechos electorales”. Con ello quedaban atrás años de reivindicaciones de diferentes colectivos feministas, superando críticas, dudas, chanzas e incomprensiones ante la implantación en nuestro país de tal derecho. España se sumaba, así, a países como Inglaterra, Alemania, Noruega, Suecia o Finlandia, donde las mujeres ya podían votar, mientras que en Francia no había sido aprobado y en Italia estaba sujeto a determinadas restricciones. 

Una vez aprobada la Constitución republicana el 9 de diciembre de 1931, las mujeres españolas hubieron de esperar más de un año para poder ejercer su derecho al voto, aunque no todas pudieron hacerlo.

Por decisión de las Cortes, para el 23 de abril de 1933 se convocaron elecciones municipales en aquellas localidades donde en las de 1931 no habían contado nada más con una candidatura, en su mayor parte monárquicas. Los comicios afectaban a un total de 2.478 municipios, sesenta y nueve de ellos en Toledo. Entre las poblaciones más importantes estaban Mora, Valdeverdeja, Las Herencias, Lagartera, Orgaz con Arisgotas, Sevilleja de la Jara y Los Navalucillos.

Cara al día de los comicios, desde las páginas del socialista 'Heraldo de Toledo' se insertaron numerosas llamadas a las futuras votantes: “Mujeres campesinas: los socialistas han conquistado tu derecho, los socialistas te han concedido el voto para que te redimas, no para que se lo entregues a tu enemigo. Vota por los republicanos de izquierda o por los socialistas”.

La derecha, por su parte, tampoco desaprovechó sus mensajes para captar el respaldo femenino: “Hay quien dice –pudo leerse en ”El Castellano“, editado por el Arzobispado de Toledo- que en algunos pueblos de nuestra provincia no acudirán las mujeres a las urnas. Nosotros no participamos de esa creencia. Las mujeres son más valientes que los hombres y votarán. Con su voto dirán al Gobierno que son enemigas de los atropellos cometidos con la Iglesia, que son enemigas de que al Crucifijo se le retire de los sitios donde pueden estar aún los anarquistas, de que a las Órdenes religiosas se les prohíba enseñar a sus hijos, de que el marido se pueda burlar de ella divorciándose. Las mujeres votarán valientemente contra la política izquierdista”.           

Materializadas las votaciones, el triunfo fue rotundo para las formaciones de centro y derecha. De 567 concejales elegidos en la provincia, 389 correspondían a ellas. En el cómputo nacional, la derrota tampoco tuvo paliativos. Esos malos resultados fueron el anticipo de la sustitución a mediados de septiembre del gobierno de Manuel Azaña, que contaba con ministros socialistas tan destacados como Fernando de los Ríos, Indalecio Prieto y Largo Caballero, por el de Alejandro Lerroux, generándose un estado de inestabilidad política que abocó al Estado a la convocatoria de elecciones generales para el 19 de noviembre y entonces sí podrían ejercer el derecho al voto todas las mujeres españolas mayores de 23 años.