A las 18.00 horas ya había votado el 52,16% del censo de Andalucía. El segundo avance refleja una subida de más de siete puntos y medio en las elecciones de este domingo respecto a la misma franja de los anteriores comicios autonómicos, celebrados en junio de 2022, cuando fue del 44,51%. Este dato supera a las elecciones de 2022, 2018 y 2015. A las 14.00 horas la participación era del 37,25% del censo, 3 puntos mayor que cuatro años atrás.

Las provincias donde hay una mayor subida de participación respecto a cuatro años atrás son Córdoba, Almería, Huelva y Sevilla, con una diferencia de más de 8 puntos en las cuatro provincias.

En todas las provincias andaluzas a excepción de las de Sevilla y Jaén, se trata del mayor dato de participación a esta hora en las últimas cuatro elecciones. La menor participación a las 18 horas se registraba en las provincias de Huelva y de Cádiz, con un 48,1% y un 48,6% de votantes respectivamente.

Los menores índices de participación se han registrado en las seis elecciones autonómicas celebradas hasta el momento en solitario. La participación más alta, por tanto, se ha dado en las cinco ocasiones en que se han convocado junto a las generales. La última, en 2008.

En ninguno de esos años el porcentaje bajó del 68%. El dato más bajo fue el de 1990, cuando la participación tocó fondo al situarse en el 55,3%. El más alto, en 1996, con un 77,9% y en coincidencia con las elecciones generales.

Entre las ciudades con mayor participación están Sevilla (57,7%) Granada (57,1%), Cádiz (55,9%), Córdoba (55,4%), y Jaén (53,7%).

El incremento de la participación es generalizado en todo tipo de municipios, tanto en los que más votaron a la derecha en las últimas elecciones como en los que vencieron las formaciones de izquierdas.

La cita electoral se celebra cuatro años después de los anteriores comicios. Se trata, por tanto, de un adelanto técnico: el presidente Juanma Moreno disolvió el Parlamento y convocó elecciones para este 17 de mayo, en lugar de celebrarse en junio, cuando se agotaba el plazo. La ciudadanía decidirá entre la continuidad de Moreno, que aspira a la mayoría absoluta, o romper el ciclo electoral y resucitar una alternativa progresista.

Están llamados a las urnas más de 6,8 millones de andaluces y andaluzas. De ellos, 368.858 podrán ejercer el derecho al voto por primera vez en unos comicios autonómicos por haber cumplido 18 años desde la anterior votación. Además, 302.070 son residentes en el extranjero.

Sube o baja

% particip.

Tamaño pob.

Papeleta que vota por un partido o lista electoral que sirve para repartir los escaños a nivel nacional. El % de voto es similar al % de escaños.

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La participación en las elecciones de Andalucía para las 14.00h es de 37,25%, tres puntos superior respecto a lo que se registró a la misma hora en 2022. Si bien el arranque de estas elecciones ha sido de un 15,10% de participación a las 11.30h, algo inferior que en la convocatoria de hace cuatro años, en este nuevo avance la cifra sube tres puntos más. En el mapa puedes ver si sube o baja la participación en cada municipio, el porcentaje de participación en cada uno de ellos, teniendo en cuenta también el tamaño de la población.

Los resultados de participación a las 14h en las provincias ha pasado a alcanzar hasta el 40,51% en Córdoba y también supera el 39% en Jaén. Huelva y Cádiz, por el contrario, se mantienen al final de la tabla como las provincias con menor participación a esta hora (un 34,32% y un 34,44%, respectivamente) aunque en ambas crece más de tres puntos respecto a 2022. En el siguiente gráfico puedes ver cómo ha sido la participación en cada provincia desde 2015 hasta 2026.

¿Y el cambio respecto a las últimas elecciones? El siguiente gráfico muestra la diferencia de la participación en cada una de ellas y si sube o baja respecto a las de 2022 en cada provincia. En este caso, en todas las provincias se ha superado a las 14.00 horas la mayor participación desde las elecciones de 2015.

Si tenemos en cuenta el histórico desde 2008 podemos observar como fue precisamente en ese año donde la participación fue una de las más elevadas. Sin embargo, en el caso de las provincias de Córdoba y Jaén, se ha superado la participación incluso de aquellos comicios.

Además, en el siguiente gráfico de líneas podemos ver qué ha ocurrido en las grandes ciudades andaluzas entre 2022 y 2026 de más de 50.000 habitantes. A mayor longitud de la flecha, más cambios en la participación.

¿Y qué ha ocurrido con la participación y los votos a cada bloque? Este gráfico de burbujas muestra dónde se ubican los municipios si tenemos en cuenta la participación a las 14h y si el voto a la derecha aumentó. El tamaño de las burbujas representa el de los municipios.

María Cortés comenzó una nueva vida en el año 2024 cuando renovó el DNI con un nombre y sexo que la reconocían ante el mundo como mujer. Después de presentar la solicitud en el Registro Civil, también acudió a distintas instancias, como la sucursal del banco o la DGT para el carnet de conducir, con tal de que no hubiera confusiones. Todo había quedado resuelto cuando, de repente, le llegó la tarjeta censal en la que no constaba su perfil actual y seguía arrastrando su anterior identidad. Un fallo en el sistema administrativo del Ayuntamiento de Dos Hermanas le impedirá el próximo 17 de mayo ejercer con su nueva identidad su derecho al voto para las elecciones andaluzas.

“Primero, me enfadé, y luego, me frustré”, relata la vecina de 50 años del municipio sevillano. Con la carta en sus manos, interpuso una instancia general el 27 de abril en la sede electrónica del Consistorio para que quedara constancia del agravio sufrido. “Mis datos estaban actualizados en la sede electrónica del Ayuntamiento después de haberlo solicitado, donde ya aparecía como María, y fui presencialmente a las oficinas para arreglar un trámite al año de sacarme el nuevo DNI: ninguna de las tres personas que me atendieron comentaron que hubiera diferencias con su base de datos”, subraya. Es más, el 12 de junio de 2025 inició los trámites para modificar sus datos en el padrón municipal, tal y como ha podido comprobar este medio.

“Se ha vulnerado mi derecho a ejercer el voto”, afirma, resignada. Lo único que no ha cambiado es el número de DNI, el cual podría mostrar en la mesa electoral cuando fuera a votar el domingo 17 de mayo, como le han indicado. Pese a la recomendación, Cortés ha decidido no acudir a la cita electoral a causa de la afrenta que supone para sí misma, su pasado más reciente y todo lo luchado en estos dos años. “No voy a pasar por nada de eso, no quiero señalarme al quedarme parada delante de una urna con un procedimiento especial, es más, quería entrar y salir, pasar desapercibida”, declara. A ello, añade que “la persona responsable de la mesa podría hacer notar la irregularidad, que hay una inconsistencia, al ver que mi nombre ni mi sexo coinciden”. En tal caso, se debería apelar a la buena fe de los responsables que recogieran y comproboran su documentación. Una cuestión que descarta.

Al respecto, el Ayuntamiento de Dos Hermanas, en manos de Francisco Rodríguez (PSOE), indica a este medio que “es responsabilidad de cada persona que sus datos estén correctos en el padrón municipal”, alegando que contemplan una población de 150.000 habitantes, aunque los documentos, como el DNI, el certificado de nacimiento y el formulario ya estuvieran en el Registro Electrónico. Además, insisten en que el censo electoral “no depende” de la corporación y que la ciudadana debería haber tramitado “en tiempo y forma” las alegaciones pertinentes. Igualmente, las fuentes consultadas aseveran que “no tendría ningún problema a la hora de votar”, ya que se realizaría el mismo domingo un procedimiento extraordinario para garantizar su derecho al voto.

“Yo tengo claro a quién votar”

El censo electoral vigente se cerró el 1 de enero para los comicios andaluces, según establece la ley. En este caso, la Oficina del Censo Electoral es la que se encarga de actualizar mensualmente la información de los votantes a partir de los datos remitidos por los ayuntamientos a través de las delegaciones provinciales. En ese envío masivo deben aparecer las altas, bajas y modificaciones de los residentes en sus respectivos términos municipales, que engloba tanto el nombre y apellidos, la residencia, como el domicilio, el sexo, el lugar y fecha de nacimiento, el grado de escolaridad y el número de DNI. Por tanto, la responsabilidad última es de las administraciones locales.

Una vez expuestas las listas electorales se abría el periodo de reclamación, pero, en este caso, Cortés alega que confiaba en que el Ayuntamiento hubiera registrado su nueva identidad. Por tanto, el plazo se cerró y la carta con la tarjeta censal errónea llegó mucho más tarde, a mediados de abril, días antes de que pusiera la primera instancia ante lo que había ocurrido. Una vez terminados los plazos, no pudo rectificar ni una coma. A raíz de lo ocurrido, apela a la ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, en la que se establece que se actuará con simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos, aparte de garantizar la interoperatibilidad entre las administraciones.

Este no es el primer tropiezo burocrático de Cortés con la corporación de Dos Hermanas, ya que, asegura, en anteriores ocasiones ha sufrido perjuicios por no haber tenido su dirección postal actualizada aún notificándola y, también, ha registrado instancias por vía electrónica que nunca obtuvieron respuesta. “No me extrañaría que esto no llegara a nada”, lamenta. Ducha en estos laberintos digitales, ha decidido que el mismo domingo mandará otra queja a través del Registro General para que la instancia superior esté al tanto de lo sucedido y, así, haya una respuesta por escrito. Aun así, no es el último recurso y estudiará llevar la omisión del derecho al voto por la vía judicial.

“Yo tengo claro a quién votar”, comenta, “este año, precisamente, recibí en mi casa la notificación para mi primera mamografía y, con todo lo que ha habido, agradezco muchísimo que llegue”. Aprecia las buenas prácticas de la administración cuando suceden, pero critica y se mantiene vigilante ante sus fallos. Estupefacta, habla de los trámites tan poco intuitivos que envuelven a la ciudadanía en el día a día, como puede ser el uso de Cl@ve, el certificado digital o tantas cuestiones que no se utilizan por desconocimiento o hartazgo.

“Tengo la percepción de que hay descontento con el sistema administrativo, por lo que hay que meter el dedo en el ojo”, aunque al mismo tiempo le pide a sus allegados que pregunten, llamen, y hagan lo posible para recibir las explicaciones una y mil veces con tal de preservar sus derechos digitales. “En España tenemos un esquema de interoperatividad que no se cumple en muchos casos”, refiriéndose a la conexión entre las bases estatales, autonómicas y locales, “no te tienes que sacar el certificado de empadronamiento para viajar, por ejemplo, pero luego pasan estas cosas”.

Adecuación entre documento y candidatura electoral

Cortés pone el foco en el daño que provoca este tipo de acciones al colectivo LGTBI y cómo ella, mujer trans, ha transitado hasta ser reconocida por la administración. Quedan tareas pendientes en la democracia española, como la adecuación de la documentación para las personas trans migrantes por el Ministerio del Interior o la inclusión de las personas no binarias en las listas electorales. Acerca de este caso, la Junta Electoral Central (JEC) publicó una instrucción en noviembre del año pasado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en la que manifestaba: “Las candidaturas electorales deben incluir junto al nombre y apellido de los candidatos y candidatas la referencia, que coincidirá con la expresada en el DNI, a si se trata de un hombre o una mujer, sin que quepa sustituirla por ninguna otra mención relativa a la orientación sexual, identidad sexual o expresión de género”.

Afecta de lleno a las personas cuya identidad o expresión de género no se identifica ni como hombre ni como mujer, pero también establece el criterio para el caso de Cortés: la coincidencia entre los datos, nombre y apellido y sexo de su DNI con la candidatura electoral. De presentarse el 17 de mayo, tendría que cruzar los dedos y, de nuevo, apelar a la buena fe, una cuestión fortuita para la que no se arriesgará.

Correos ha admitido un total de 51.144 votos por correo para las elecciones autonómicas a las Cortes de Castilla y León que se celebrarán el próximo domingo, 15 de marzo, y que suponen un 6,76% más que los recibidos para los anteriores comicios en esa comunidad, en febrero del 2022.

En un comunicado, Correos ha explicado este jueves que esos 51.144 votos suponen ese 6,76% más que los admitidos en las anteriores elecciones autonómicas celebradas en Castilla y León el 13 de febrero de 2022, cuando fueron 47.907, en las primeras que tuvieron lugar en la autonomía sin coincidir con otros comicios.

Los votos emitidos representan el 94,16% de las solicitudes admitidas, una ratio de conversión similar a la registrada en el anterior proceso electoral autonómico en Castilla y León (93,87% en 2022).

Por provincias, los votos admitidos por correo han sido en Ávila 2.997, en Burgos 7.966, en León 9.860, en Palencia 3.967, en Salamanca 6.935, en Segovia 2.716, en Soria 2.550, en Valladolid 10.292 y en Zamora 3.861.

Despliegue especial para el 15-M

Como ha trasladado Correos, estos días está poniendo “todos los recursos tecnológicos, logísticos y humanos necesarios” para garantizar el cumplimiento de los compromisos que le son encomendados en los procesos electorales.

Para ello, ha planificado un “despliegue logístico especial” para la jornada electoral del 15 de marzo, ya que tiene la labor de entregar los votos cursados por correo en las mesas electorales.

Para ello, Correos establecerá un despliegue logístico especial, integrado por 1.413 profesionales, entre personal de reparto, oficinas y centros de tratamiento, y movilizará “todos los vehículos de su flota que sean necesarios” para el correcto desarrollo de su misión.

Cuando se abran los locales electorales, un primer equipo de personal de la empresa postal pública entregará los votos en custodia en las 4.470 mesas electorales distribuidas en los 2.910 locales electorales de los 2.248 municipios de Castilla y León.

Otro grupo de empleados y empleadas hará llegar a las mesas electorales aquellos votos por correo que pudieran recibirse durante el transcurso de la jornada.

Por último, otro equipo recogerá el denominado “tercer sobre”, con una copia del resultado del escrutinio, de las mesas electorales de todos y cada uno de los colegios electorales de Castilla y León.

Un operativo de 30.000 efectivos

Por otro lado, preguntado por el operativo autonómico para estas elecciones, el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha informado este jueves en rueda de prensa que este lo componen más de 30.000 efectivos y despliega más de 33 millones de elementos materiales para garantizar el voto de casi 2,1 millones de electores en 4.470 mesas electorales.

Formarán parte del mismo 13.410 miembros de mesas electorales distribuidos en las 4.470 mesas constituidas. Asimismo, intervienen las Juntas Electorales (1 de Castilla y León, 9 provinciales y 39 de zona), cuyo número total de integrantes asciende a 306 personas y a las que hay que sumar el personal colaborador.

Además, el operativo cuenta con 4.470 representantes de la Administración designados para la jornada electoral (uno por mesa), 1.228 secretarios municipales, 123 jueces de primera instancia y 2.125 jueces de paz.

Otros 144 empleados públicos de la Junta de Castilla y León también trabajarán de manera extraordinaria para asegurar el correcto desarrollo de la jornada, entre los que se encuentran 50 conductores para traslado de material electoral.

A estos efectivos se suman 8.262 miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (6.077 efectivos de la Guardia Civil y 2.185 efectivos de Policía Nacional) y 624 efectivos de Policía Local.

El Partido Popular ha abrazado una de las estrategias más habituales de la extrema derecha para deslegitimar al Gobierno al que aspira a desbancar: cuestionar el sistema electoral español. Los conservadores han reavivado las sospechas que ya lanzaron en 2023 sobre el sistema de voto postal en las últimas elecciones generales, después de que hayan trascendido las maniobras de Leire Díez y los audios en los que Santos Cerdán daba órdenes a Koldo García para las primarias del PSOE de 2014. “El sistema no está completamente blindado”, ha dicho Alberto Núñez Feijóo, sin aportar pruebas de sus sospechas, con los sistemas de seguridad reforzados desde hace dos años y sin explicar si vivió algo similar cuando fue presidente de Correos durante tres años. Feijóo ha llegado incluso a pedir un “grupo de trabajo” del que no tienen conocimiento en la Junta Electoral. “No hay ninguno”, explican desde este organismo.

Poner los resultados en tela de juicio es una de las maniobras de cabecera de líderes políticos como Donald Trump en Estados Unidos o Jair Bolsonaro en Brasil. Las dudas las difunden masivamente sin pruebas de forma preventiva antes de unos comicios o cuando no ganan unas elecciones. Pero son teorías que se disipan cuando ganan y gobiernan como ha sido el caso de las últimas elecciones estadounidenses. Una vez en el gobierno tampoco suelen abrir investigaciones y las pruebas de esos supuestos fraudes electorales masivos nunca aparecen.

La derecha y la extrema derecha en España no son ajenas a esta tendencia. Rodrigo Rato puso en duda el censo electoral en 1993 horas antes de la victoria del PSOE de Felipe González y Santiago Abascal y Vox cuestionan el sistema de voto por correo en cualquier elección a la que se han presentado en la última década. El Partido Popular se subió a esta ola en 2023, cuando Feijóo se estrenó como candidato nacional del partido pidiendo a los carteros que entregaran todas las papeletas pese a “sus jefes”.

El funambulismo dialéctico del PP sobre este asunto –a medio camino entre cuestionar el sistema de voto por correo, pero solo en las elecciones en las que no han conseguido formar gobierno– ha vuelto dos años después al calor de las revelaciones sobre Leire Díez y del caso Koldo. La ya exmilitante socialista, expulsada por sus maniobras para obtener información comprometedora de mandos de la Unidad Central Operativa, ocupó distintos cargos en la compañía estatal entre 2021 y 2024, relación que ha llevado al PP a cuestionar los resultados de las elecciones generales de 2023 de forma retroactiva.

El pistoletazo de salida lo dio José María Aznar en una entrevista en El Mundo este fin de semana. El expresidente del Gobierno mencionó la presencia de Díez en Correos y también los audios en los que Santos Cerdán ordena a Koldo García que manipule dos papeletas en las primarias del PSOE de 2014 que ganó Pedro Sánchez. “Cuando uno es capaz de adulterar unas elecciones en su partido, ¿por qué no va a ser capaz de alterar unas elecciones generales?”, se preguntaba Aznar.

El PP actual ha recogido el guante, y Feijóo aseguraba lo siguiente en el programa de Federico Jiménez Losantos: “Si uno ha robado una joyería, por qué no puede robar un banco”. A medio camino entre cuestionar el voto por correo de las últimas elecciones generales, pero afirmando también no tener “dudas sobre los funcionarios de Correos”, Feijóo pidió a la Junta Electoral que “supervise” todo el proceso y que, en la práctica, revise esos resultados electorales, en la línea de lo solicitado por Vox. La Junta Electoral Central ya rechazó hace unos días la petición del partido de Santiago Abascal en ese sentido: si tienen sospechas sobre un fraude electoral, donde hay que ir es a la Fiscalía y los tribunales penales.

Las sospechas y teorías de la conspiración lanzadas por PP y Vox chocan contra el mismo muro contra el que se estrellaron en 2023: los controles internos en Correos y en el sistema electoral, reforzados precisamente hace dos años, dificultan que una manipulación del voto por correo a gran escala pueda llegar a alterar un resultado electoral. Los casos documentados o bajo investigación en España ubican el momento de la corrupción del voto a favor de un partido, en todo caso, antes de que las papeletas lleguen a manos de Correos.

Los refuerzos a la seguridad en 2023

El voto por correo en España arranca con los electores enviando sus papeletas a la administración a través de las oficinas de Correos, donde son custodiadas hasta el día de las elecciones. Esas papeletas son entregadas en las mesas electorales correspondientes a las nueve de la mañana, la hora a la que se abren las urnas y tras el cierre de los colegios electorales se mezclan con las papeletas presenciales después de comprobar que los electores están inscritos en el censo y que no están votando dos veces. Si la documentación falla, la papeleta se queda fuera de la urna.

Varios frentes judiciales pusieron las elecciones de 2023 debajo del foco sin que ningún tribunal, ni siquiera el Constitucional, apreciara nada parecido a una sospecha. Las detenciones de varios políticos de Coalición Por Melilla (CPM) y personas ligadas al partido y la apertura de causas judiciales en localidades como Mojácar con acusados de comprar votos para PSOE y también PP llevaron a la Junta Electoral Central a elevar el listón de la seguridad.

Feijóo disfrazó de preocupación laboral sus dudas sobre la limpieza del proceso electoral en su primer enfrentamiento con Pedro Sánchez en las urnas. Después de pedir a los carteros que repartieran todas las papeletas pese a “sus jefes”, el PP ciñó esas insinuaciones a las denuncias de un sindicato de falta de personal. En esos comicios, Correos terminó contratando 20.000 refuerzos para velar por la transparencia de esas elecciones. Y la normativa cambió para asegurarse de que la persona que llevaba el voto era, efectivamente, quien votaba.

El cambio empezó por Melilla después de que algunos líderes políticos fueran involucrados en una trama corrupta de compra de voto por correo. Allí, la Junta Electoral de Zona optó por exigir que quien fuera a votar por correo tuviera que identificarse a la hora de llevar su papeleta a Correos. Los sobres depositados en buzones no eran válidos y los votos entregados una vez vencido el plazo serían llevados a la Junta Electoral y no a la mesa. “Ante estos hechos, y para evitar cualquier duda que pueda suscitarse sobre la regularidad del procedimiento del voto por correo”, dijo la Junta Electoral poco después, esa doctrina quedaba extendida a todo el país: quien quiera votar por correo tiene que identificarse enseñando el DNI, el pasaporte, el carnet de conducir o la tarjeta de residencia.

Feijóo, expresidente de Correos

Ese nuevo filtro, unido a todos los existentes de forma previa y el funcionamiento del sistema de voto por correo, acota según fuentes de la Junta Electoral las posibilidades de que exista algún tipo de fraude y llegue hasta las urnas. “Habría que corromper a gente de Correos que entreguen cajas con votos falsos, pero también a quien luego las recibe en la administración electoral”, explican estas fuentes a elDiario.es. En los casos que se han registrado y sentenciado en España, como el que llevó al banquillo a Mustafá Aberchán en Melilla, el fraude se perpetra antes de llegar a Correos: comprando la voluntad del votante para que meta una papeleta determinada.

Parte del discurso de Alberto Núñez Feijóo se basa en recordar que el PSOE, en esos comicios de 2023, ya acudió al Constitucional buscando la revisión de 30.000 votos en Madrid para conseguir un escaño clave. El que permitía a Pedro Sánchez depender de la abstención y no del voto a favor de Junts. “En las últimas elecciones el PSOE llegó al Constitucional cuestionando el último escaño que le correspondía al PP”, ha afirmado el líder del PP.

Ese recurso del PSOE, que fue rechazado de plano por el tribunal de garantías, dio pie a una sentencia que estableció que el resultado de unas elecciones no puede cuestionarse sin pruebas y que los recuentos y revisiones como los que pide ahora Feijóo no pueden instarse solo por sospechas cuando, como en el caso de 2023, no hay ningún indicio de fraude electoral. “La revisión de la totalidad de los votos nulos, sin que existan al menos indicios de irregularidades en el procedimiento electoral, supone una desproporción”, dijo el Constitucional.

“¿Quién tenía las papeletas? Estaban en Correos. Lo justo es que lo tenga la Junta Electoral”, añadió, para sembrar la duda sobre el papel de la empresa pública en un proceso que, añade, “no está blindado”. No explica el líder del PP a qué se refiere, teniendo en cuenta que fue presidente de Correos desde el año 2000 hasta 2003, etapa en la que no hubo elecciones generales, pero sí, por ejemplo, unas elecciones gallegas en las que arrasó el PP de Manuel Fraga y en la que más de 19.000 personas votaron por correo a través de la empresa pública que presidía.

Feijóo nunca puso en duda el sistema electoral cuando estaba al frente de Correos, pero tardó apenas dos años en hacerlo tras salir de la empresa pública. En 2005, cuando encabezó la lista del PP por Pontevedra, exigió al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que custodiara las sacas del voto exterior cuando llegaran a Madrid. En esa ocasión también acudió a la Junta Electoral, consiguiendo solo que se conservaran los votos nulos por “precaución”. El PP desistió en ese recurso cuando comprobó que los votos susceptibles de revisar no les servían para recuperar la mayoría absoluta.

Veinte años después, el líder del PP también ha esgrimido un dato imposible de comprobar: que en las generales de 2023 el PSOE mejoró sus resultados en Madrid gracias al voto por correo porque sacó “muchísimos” votos con respecto a las autonómicas de ese mismo año en la región. El voto por correo se mezcla con las papeletas presenciales y no es posible conocer su incidencia, al margen de la posibilidad de que una misma persona vote cosas distintas en dos elecciones diferentes.

El pleno de la Asamblea Regional de Murcia del pasado martes 6 de mayo estuvo conformado por dos sesiones que, aparentemente, transcurrieron con normalidad. En ellas, los grupos parlamentarios sometieron a votación un total de diez mociones. Sin embargo, a nivel interno, en los canales de comunicación de la Cámara, sita en la ciudad portuaria de Cartagena, se estaba produciendo una situación que ha sido finalmente denunciada por la diputada y portavoz de Podemos, María Marín.

Marín, que está de baja a causa de una reciente intervención quirúrgica, afirma que la presidenta del Parlamento, Visitación Martínez (PP), le impidió votar de forma telemática en el pleno pese a que el reglamento de la propia Asamblea, en su artículo 103.2, ampara que los diputados puedan ejercer su derecho a participar en una votación, de manera remota, si éstos se encuentran “en situación de incapacidad temporal”.

La portavoz morada registró el 4 de mayo una solicitud a la Mesa de la Cámara para emitir su voto a distancia, dada la imposibilidad que ésta tiene para acudir presencialmente al pleno. Pero dicha petición fue rechazada el 5 de mayo, mediante una resolución firmada por Visitación Martínez, esgrimiendo que el escrito presentado por Marín “no se ajusta” a las normas internas del Parlamento murciano.

Escrito de reconsideración desestimado

Fuentes de la Asamblea Regional consultadas por este diario inciden en el desajuste con respecto a la normativa de esa solicitud presentada por Marín. En concreto, hacen referencia al “procedimiento de votación telemática en las sesiones plenarias de la aprobadas por la Mesa de la Cámara y publicadas en el Boletín Oficial de la Asamblea Regional (BOAR) nº99, de 15 de diciembre de 2021”. Las fuentes parlamentarias aluden al artículo 6 de ese procedimiento, que dispone que “para emitir su voto, la diputada o diputado autorizado deberá remitir, debidamente cumplimentado, el formulario de votación”. Pero no entran en más detalles sobre si Marín rellenó correctamente ese formulario o no.

Varios días después de aquella resolución, la diputada lo hizo todo público en su cuenta de X. “Pedí votar en tiempo real, votar tras escuchar el debate, como hace cualquier diputada, y como permite el reglamento en caso de incapacidad temporal. Me lo denegaron sin una sola razón jurídica sólida”, explica.

Tras conocer la negativa de Visitación Martínez, María Marín presentó un escrito de reconsideración. Pero éste también fue rechazado, a tenor del artículo 3 de la misma norma del BOAR, que asegura que “la resolución de la Presidencia no será susceptible de recurso alguno, sin perjuicio de que la diputada o diputado afectado pueda interponer, en su caso, recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional”.

Esa es una opción que María Marín no descarta. “Me dijeron que no tenía derecho a recurrir ni a defenderme. Me dejaron fuera del pleno impidiéndome votar sabiendo que vulneraban mi derecho”.

Fuentes de Podemos afirman que, a fecha de hoy, “no hay ni rectificación ni explicación de por qué la petición -de su portavoz- no se adapta a las normas de la Asamblea”. Este lunes 12 de mayo se ha celebrado otro pleno en la Cámara murciana y María Marín, que sigue sin estar en condiciones de asistir, no ha podido votar en ninguna de las diez mociones sometidas a debate.

“Un abuso de poder”

Para la diputada, dicha circunstancia es “un abuso de poder”. “Buscan silenciarnos porque señalamos lo que incomoda. Esta actitud vulnera el Artículo 23 de la Constitución [de participación política de los ciudadanos a través de representantes públicos]”.

“Cuando una autoridad dicta una resolución injusta a sabiendas tiene un nombre: prevaricación”, señala Marín. “Su única base es una norma interna de rango inferior al reglamento, que no puede anular un derecho parlamentario básico como es el voto. Una excusa para dejarme fuera”.

El reglamento general de la Asamblea Regional, en su artículo 103.2, especifica que se podrán “habilitar sistemas que garanticen el ejercicio del derecho al voto por la diputada o diputado que no pudiera asistir a las sesiones por causa justificada por encontrarse en situación de discapacidad temporal”. “A tal efecto”, prosigue la norma, “la diputada cursará la oportuna solicitud mediante un escrito dirigido a la Mesa en el que justificará tal imposibilidad y precisará el periodo de tiempo y las votaciones en las que pretenda emitir su voto por estos procedimientos”.

“Voy a seguir luchando por mi justa representación como parlamentaria. Si no rectifican, tendrán que responder. Esto va de no permitir que nadie pisotee la democracia”, concluye la diputada morada.

Otros conflictos

No es el primer conflicto entre el grupo parlamentario de Podemos y la presidenta de la Cámara en esta legislatura. En julio de 2024, el diputado morado Víctor Egío fue suspendido un mes sin sueldo después de que Martínez no le dejara intervenir para defenderse del bulo esgrimido por el portavoz de Vox, Rubén Martínez Alpañez, quien le había acusado de “no haber aparecido por la Cámara” durante “seis meses” a lo largo de su baja de paternidad.

“Voy a ser el primer diputado expulsado en la historia de este Parlamento. He sido condenado a un juicio sumarísimo por el diputado que me atacó con sus bulos y por la presidenta que no me dejó defenderme. Sin testigos, sin derecho a apelación, han convocado este pleno exprés para condenarme y nada de lo que diga o haga va a cambiar algo”, manifestó Egío en ese momento.

Por otro lado, este mismo diputado no fue sancionado por la Asamblea Regional cuando bromeó en el Parlamento con “el tiro al fachón” después de que Vox presentase una moción para reinstaurar el tiro al pichón en la Región de Murcia.

Un debate político viejo ha reemergido cuando media España está de vacaciones de Semana Santa. Ampliar la edad mínima para votar a los 16 años ha estado en la agenda de los partidos políticos de izquierdas desde hace tiempo. Unidas Podemos, ERC, Sumar e incluso el PSOE –en este caso a través de las Juventudes Socialistas– han planteado iniciativas parlamentarias u orgánicas dentro de sus formaciones para dar cabida a estos jóvenes en el censo electoral.

La discusión ha vuelto a coger vuelo esta semana tras confirmarse que el Ministerio de Juventud e Infancia está ultimando una norma para materializar esa intención en el BOE. La ministra del ramo, Sira Rego, admite en esta entrevista con elDiario.es que la fracción de Sumar dentro del Gobierno –de la que forma parte– todavía no ha negociado la reforma con el PSOE y plantea el cambio como un “acicate” contra la desafección de los jóvenes con la política. “Tenemos muy claro que nuestra acción gobierno tiene que ampliar derechos”, asegura, y “a partir de ahí se podría precisar o matizar de qué manera se va incluyendo a la población de 16 años en distintos momentos electorales”. La reforma se plasmaría dentro de la nueva ley de juventud, cuyo borrador está prácticamente cerrado, aunque habría que cambiar después, como condición indispensable, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

¿Por qué impulsar ahora esta reforma para ampliar el derecho a voto a los 16 y 17?

Por primera vez en la historia en España contamos con un Ministerio de Juventud e Infancia y desde el principio nos ponemos a trabajar con la idea de que nuestro país tenga una primera ley de juventud a nivel estatal que reconozca una parte de los derechos de la juventud de manera específica: en vivienda, en derechos labores, lo que tiene que ver con los cuidados... Aquí también planteamos que haya una beta de derechos que se fundamenten en la cuestión de la participación política. Por eso llevamos muchos meses trabajando. Queríamos que la propia ley fuera una experiencia de participación de los jóvenes, no una norma preparada y redactada por el Ministerio de Juventud. Han participado muchas entidades que representan a miles de personas jóvenes y en todos los territorios. Estamos hablando de una dimensión enorme y el resultado es un documento de 400 páginas.

Si hay dos temas que interpelan a la juventud, uno es desde luego la vivienda por todo lo que tiene que ver con la posibilidad de desarrollar un proyecto de vida, pero el otro es la participación política y la desafección que hay, que no es despolitización. No es verdad que la juventud esté despolitizada y lo que planteamos con esta ley es empezar a crear canales que vuelvan a reenganchar a las personas jóvenes, que sea un acicate para que participen de manera activa en la política y en la construcción de las políticas públicas institucionales de nuestro país. Ahí surge incorporar la ampliación del voto a los 16 y 17 años. Es una demanda histórica de la juventud, cuando yo militaba en el movimiento estudiantil ya lo reclamábamos y sigue estando muy vigente. Tiene más sentido que nunca. Cada vez tenemos menos población joven y, aunque ampliar la edad de voto no es el único mecanismo, lógicamente, para desactivar la desafección política sí que es un instrumento que puede ayudar sustancialmente.

Su socio de Gobierno ha tenido tradicionalmente una posición reticente a este cambio y la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, despejó esta semana que el asunto no se ha tratado en “ningún órgano colegiado del Consejo de Ministros”. ¿Tienen confirmado su apoyo para sacar la ley adelante con este contenido?

Estamos trabajando a todos los niveles de manera muy directa y, aunque no me corresponde a mí hablar de otro partido político, hemos visto que el Partido Socialista ha incluido esta cuestión en su último Congreso Federal como una de las propuestas –de las Juventudes Socialistas–, lo que viene a sumarle a otros partidos de la izquierda de nuestro país. Estamos, además, avanzando muy bien a nivel parlamentario. Se ha creado una subcomisión para poder tratar el tema de la reforma de la LOREG.

Lo importante es que se plantea dentro de la ley de juventud, que hablamos de la ampliación de un derecho y que en cualquier caso es un debate social interesante. Es un tema que forma parte de la conversación pública y nos saca de la confrontación. Nos pone a hablar más en términos de ideas y menos en términos de barro. Desde las organizaciones políticas que formamos parte de Sumar tenemos muy claro que nuestra acción de gobierno tiene que ampliar derechos y esta es una de esas medidas. Creemos que es importante, aunque sea en términos de debate público plantear esto. Estamos trabajando en la ley aunque todavía no se ha presentado. Tenemos el borrador tras un trabajo ingente de dar traducción jurídica a todas las propuestas que han hecho las personas jóvenes, pero todavía no hemos empezado a tramitarla, lo haremos en pocas semanas y espero contar con el apoyo del Consejo de Ministros, desde luego.

¿Esperan o está pactado que así sea? ¿Han llegado a ese punto de la negociación?

No hemos llegado a ese punto, pero espero que no haya ningún escollo, puesto que en términos políticos los partidos que formamos parte del Gobierno hemos recogido la medida, al menos en lo que tiene que ver con los documentos políticos de cada organización.

¿Temen que no salga adelante finalmente?

No contemplo demasiado ese tipo de escenarios. Procuro manejarme siempre en los presentes. Estamos en fase de terminar de trabajar el borrador de la propuesta. La ley de juventud no solo contempla la ampliación de la edad de voto, sino otras muchísimas medidas, como mecanismos para la participación bastante interesantes. Confío en que la saquemos adelante y, en cuanto a la reforma para ampliar la edad de voto supondría modificar otra ley, la LOREG, ahí se podría precisar o matizar de qué manera se va a incluyendo a la población de 16 años en distintos momentos electorales. O sea, planteamos que desde esa edad se tenga derecho al sufragio activo, pero a partir de eso habría que formular concretamente la LOREG. Esto va a ocurrir con la ley de juventud y veremos el alcance y los procesos posteriores.

Ampliar la edad de voto no es el único mecanismo para desactivar la desafección política, pero sí es un instrumento que puede ayudar sustancialmente

Sobre la discusión en torno a ampliar el derecho a votar a los 16 y 17 sobrevuela casi siempre un asunto: el acercamiento de los jóvenes a opciones de extrema derecha. ¿Las posibles reticencias del PSOE tienen que ver con este hecho?

Yo no sé si hay reticencias, pero, en el caso de haberlas, a quien habría que preguntarle sería a ellos porque lo justo es que puedan explicarlo. En cualquier caso, un argumento de polarización no puede restringir un derecho. Nos situaría en el mismo debate de 1931. Es curioso cómo se replican los argumentos. Entonces se decía que si le dábamos la posibilidad de votar a las mujeres optarían por partidos más conservadores. La historia nos ha demostrado que no es así. Además, en la ley de juventud no solo planteamos la ampliación de la edad de voto, sino que haya un itinerario en los propios currículos académicos para que tengamos más conocimiento de cómo funciona el Estado, los diferentes niveles competenciales en los órganos constitucionales. Sería un punto de inflexión no solo para los jóvenes sino para el conjunto de la población.

Para este 2025 está prevista una nueva edición del informe sobre la juventud de España que se publica cada cuatro años. ¿Ahí preguntan por la intención de voto? ¿Ya tienen resultados? 

La vamos a publicar en pocas semanas y hay una parte que tiene que ver con la cuestión ideológica. Es el 40º aniversario de manera que vamos a disponer de series históricas de cómo ha evolucionado el comportamiento de los jóvenes y las jóvenes. La idea de la polarización tiene muchos matices. Esto ya lo han comentado muchos sociólogos y personas expertas en la materia: lo que llama particularmente la atención en la generación más joven no es tanto la cantidad de voto que va a las opciones de extrema derecha sino la cuestión de género. Es decir, como esto está asociado profundamente a la cuestión de género.

Lo que llama particularmente la atención en la generación más joven no es tanto la cantidad de voto que va a la opciones de extrema derecha sino la cuestión de género. Es decir, como esto está asociado profundamente a la cuestión de género

También tenemos que analizar a qué se debe este comportamiento. Es verdad que hay más polarización del voto de hombre joven a la extrema derecha y, a la vez, el voto se polariza entre las mujeres jóvenes hacia opciones de izquierdas. En la última encuesta del CIS, dentro del apartado de personas que en las últimas elecciones no tenían edad de votar, se pueden observar los bloques. Vemos, sin ser algo matemático, que la distribución de votos es muy similar a la que se da en el resto de la población. Meter un peso específico en la cuestión de la polarización política estrictamente en la franja de más jóvenes no obedece a la realidad. Como hay polarización en toda la sociedad eso también afecta a los jóvenes. Porque forman parte de la sociedad.

Además, esta situación se puede deber precisamente al hecho de que hay una sensación de que la arquitectura institucional clásica está alejada de las personas jóvenes, de sus necesidades materiales. Esto abre desafíos y hay que garantizar los cauces de participación política porque pueden aliviar o pueden resolver algunas de las demandas de la juventud. Como es justo habilitar mecanismos que garanticen su vida en términos materiales y de proyectos de futuro, también lo es legislar para que se incorporen de manera activa a la participación política del país. Una cosa sin la otra se quedaría coja. Aparte, madurez política y madurez vital son dos cosas diferentes. Se puede tener una enorme madurez política independientemente de que tengas más madurez vital.

Es un tema que forma parte de la conversación pública y nos saca de la confrontación. Nos pone a hablar más en términos de ideas y menos en términos de barro

La vivienda es una de las principales preocupaciones de la juventud en España, ¿qué se puede esperar de la ley en este ámbito?

Ya existen leyes de vivienda de carácter estatal y regularlo no correspondería a esta ley, pero reconocemos el derecho a la vivienda de manera específica para las personas jóvenes. En general esta norma refuerza determinados derechos que ya existen para la población general, pero se definen de forma más concreta. Se trata del reconocimiento de un crisol de derechos, con la especificidad de la situación de la juventud y lo que supone en términos generacionales todo esto.

El Congreso ha aprobado finalmente la distribución de menores migrantes tras un año de negociaciones pero con el voto en contra de PP y Vox, que parece que se lo van a poner difícil en los trámites posteriores. ¿Cuál es el plan si las comunidades conservadoras se niegan a recibir a estos niños y adolescentes? ¿Apuestan por incluir sanciones en el reglamento que están desarrollando?

No contemplo ninguna posibilidad de que no cumplan con una ley, honestamente. El 28 de abril tenemos una conferencia sectorial a la que vamos a llevar una propuesta preliminar, no cerrada, para trabajar coordinadamente con las comunidades a pesar del bloqueo del PP, que está en algunas comunidades gobernando con Vox. Aunque no esté ya en los gobiernos autonómicos, sigue dictando la agencia del PP. Lo hemos visto en Aragón, en la Comunidad Valenciana y no descarto que ocurra en más lugares. Nosotros planteamos un mecanismo que tiene que ser solidario y vinculante para el conjunto de comunidades autónomas y, por tanto, se pueden hacer sugerencias y planteamientos. El espacio va a abrirse para poder trabajar colectivamente, pero el resultado tiene que ser un plan para la acogida. Confío en que hacia el verano estemos en condiciones de haber podido empezar a dimensionar correctamente el sistema de acogida con un criterio que consideramos de sentido común y que ya operan para otros servicios públicos como la sanidad, la educación o la dependencia.

¿Qué le parecen los ataques de Podemos a Sumar y al Gobierno de las últimas semanas? ¿Cómo hay que responder a eso como espacio político?

No me interesa demasiado. Estoy centrada en el trabajo que permite resolver los problemas de la gente y no sé cuánto los resuelve el hecho de que yo me ponga a conversar acerca de lo que defiende cada partido de la izquierda. Soy más útil planteando el trabajo que estoy haciendo. Estoy encantada de tener debates políticos e ideológicos con cualquier opción, con cualquier partido, pero lo que para mí es de interés es que la gente trabajadora de nuestro país viva mejor.

¿Habrá unidad en las próximas generales?

Más allá de estar pensando en la unidad, que creo que es deseable en términos políticos y mi organización, Izquierda Unida, lo tiene en su ADN, estoy en la materialización de los avances de la agenda social porque es un factor determinante para construir cualquier proceso de entendimiento entre las distintas posiciones de la izquierda. Estoy trabajando para que los chicos y chicas de este país puedan votar a los 16 años; para que salga adelante la ley de entornos digitales porque necesitamos un entorno digital que proteja nuestra infancia, sea democrático y tenga elementos de control público; estoy preocupada por terminar de materializar la agenda vinculante y solidaria de la acogida de niños y niñas porque tiene que ver también con un modelo de sociedad fundamentado en los derechos; por modificar la ley de violencia contra la infancia; o por resolver y firmar cuanto antes el Pacto de Estado para erradicar la pobreza infantil porque es una cuestión de protección a los hijos e hijas de la clase trabajadora de nuestro país.

Más allá de estar pensando en la unidad, que creo que es deseable en términos políticos, estoy en la materialización de los avances de la agenda social porque es un factor determinante para construir cualquier proceso de entendimiento entre las distintas posiciones de la izquierda

Dentro de la izquierda esto es lo prioritario porque en el tiempo histórico que nos ha tocado vivir tenemos un modelo de sociedad que trae la extrema derecha basado en el recorte, en dejar a la mayoría social en los márgenes del sistema, y hay que hacer todo lo posible porque la mayoría social trabajadora esté en el centro de las políticas. Lo demás me parece que es importante y que tiene que ver con dinámicas electorales, pero el esfuerzo debe estar puesto en otro lugar.

¿Ve a Yolanda Díaz de candidata? 

Ahora no estamos en esa fase. Yolanda es una mujer que ha hecho un trabajo extraordinario y eso es indudable. A mí no me corresponde responder a eso y hay una parte siempre personal que tiene mucho que ver. Con estas cuestiones siempre debemos escuchar lo que los seres humanos necesitan y se plantean en cada momento, pero Yolanda ha sido y es una figura de extraordinario valor político y de avance social notable para nuestro país. Estamos recibiendo todos los inputs positivos de su trabajo con la reforma laboral, con la mejora de los indicadores del empleo o con la mejora de los salarios.

Cerca de 190.000 personas ecuatorianas viven en España, un número muy alejado del de principios de los 2000 cuando el colectivo se acercaba al millón de personas. De este total, unas 1.300 votarán este domingo en Toledo, Castilla-La Mancha, en la convocatoria electoral para elegir un nuevo presidente y la nueva composición de la Asamblea Nacional.

El de Toledo es uno de los 15 recintos electorales fuera de las ciudades con “alta concentración de ecuatorianos”, que se ponen en marcha gracias a la normativa del Consejo Nacional Electoral. Será en el Palacio de Congresos 'El Greco' de la capital autonómica.

Así lo explica Vladimir Paspuel, coordinador de la Asociación Rumiñahui, una entidad que trabaja con migrantes ecuatorianos en España desde 1997. “Estas facilidades que se nos dan, se deben cumplir, porque están en el marco de la ley”, resalta. Fue una modificación de la Constitución ecuatoriana en 1998 la que permite el voto de las personas que viven en el extranjero. “Fue gracias a la lucha de las organizaciones de migrantes que pedíamos que se facilitase la votación a los extranjeros”, resalta Paspuel.

La embajadora de Ecuador en España y Andorra, Wilma Andrade, explica que a través de estos recintos electorales se quieren dar “todas las facilidades a los compatriotas” y también ampliar la participación, que suele rondar, explica, el 60% y 70%. Y esto, no solo en las ciudades en los que se concentran más personas naturales de Ecuador, como Madrid, Barcelona, Murcia o Valencia. Andrade confía en que estas elecciones, al ser presidenciales, despierten el interés y que las personas se acerquen a votar.

No solo eso, sino que las personas que viven en el extranjero en Ecuador tienen también sus propios representantes en la Asamblea Nacional, el Congreso ecuatoriano. Se reservan dos escaños para los llamados asambleístas migrantes, que cuentan con tres circunscripciones especiales: Europa, Oceanía y Asia; Estados Unidos y Canadá y Latinoamérica, El Caribe y África. “De este modo, la voz de los ecuatorianos en el exterior tiene representación y es importante para que sus demandas sean escuchadas”, resalta la embajadora.

Tienen la posibilidad de hacer un bonito recorrido si no están cerca y no vivan en una ciudad maravillosa como es Toledo. Animamos a que acudan a votar y disfruten del Patrimonio de la Humanidad

Wilma Andrade — Embajadora de Ecuador en España

Andrade recuerda que existe una conexión importante entre las personas migrantes y su país de origen. “En general son muy solidarios con su país”, recalca la embajadora. “Las remesas retornan a Ecuador. Las personas tienen familiares, sus viviendas incluso, o préstamos en el país que representa cerca del 5% del Producto Interior Bruto. Es un rubro importante, que permite el desarrollo también del Ecuador. Por eso es interesante que tengan esta posibilidad de expresarse”, resalta Wilma Andrade.

Todas las mesas son importantes, señala Andrade, incluso las más pequeñas como las de Toledo. “Además, tienen la posibilidad de hacer un bonito recorrido si no están cerca y no vivan en una ciudad maravillosa como es Toledo. Animamos a que acudan a votar y disfruten del Patrimonio de la Humanidad”, añade la embajadora.

Una mesa receptora de voto por cada 500 votantes

Desde la Asociación Rumiñahui, Vladimir Paspuel explica que son las normas del Consejo Nacional Electoral las que imponen la existencia de las mesas electorales, una por cada 500 votantes. “Es el trabajo de la cónsul de buscar los recintos electorales adecuados, de tal manera que se felicite la participación de los migrantes y que la gente pueda acudir a votar sin mayor dificultad”, explica.

“Es muy importante, porque es una manera de mantenernos vinculados con nuestro país. A medida que pasa el tiempo, el grupo de ecuatorianos que ya está en España tienden a desvincularse del país y a veces sucede”, explica Paspuel, que añade en concreto a los hijos e hijas de las personas que han migrado desde Ecuador a España. Paspuel añade también que los asambleístas de los migrantes cumplen un papel fundamental a la hora de mantener el contacto de las personas que han emigrado con su gobierno.

Paspuel, que también ha sido parte del Foro para la Integración social de los inmigrantes en España, resalta que asociaciones que trabajan con migrantes, como la que coordina, también han luchado por facilitar el derecho a voto no solo de las personas ecuatorianas, sino también de las españolas ante su conflicto por el voto rogado. “Era una vergüenza”, recuerda. “También hemos compartido esta experiencia con los compañeros mexicanos, en su lucha para que ellos también puedan votar en el extranjero”, recuerda.

La experiencia de Ecuador también se ha compartido a través del Pacto Mundial de Migraciones y en el Foro Mundial de Migraciones en Desarrollo. “Compartimos nuestra experiencia y se llevan a cada uno de los países para reivindicar sus derechos”, recalca.

Buscando más participación en el futuro

Wilma Andrade, embajadora de Ecuador en España, también resalta que existen generaciones nuevas que ni siquiera se registran como ecuatorianos. “Han afincado aquí su educación, su formación y trabajo. A lo que aspiramos es que, teniendo en cuenta la doble nacionalidad, puedan participar y se registren para votar”. “Ecuador llegó a ser en un momento dado, en la década de los años 2000, a ser el primer país migrante en España, con alrededor de un millón de ecuatorianos”, resalta Andrade.

Esta migración pasó de ocupar lugares de servicios, cuidados u hostelería a también formarse y trabajar en otros ámbitos, de la salud o técnicos. “Ecuador es una comunidad que se integra, con valores similares y una historia en común. España es el primer socio comercial de Europa para Ecuador, entonces aspiramos que esta relación nunca se pierda y que nuestros compatriotas tampoco pierdan nunca el vínculo.

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso del PP contra el voto telemático de Carles Puigdemont que le permitió votar para elegir al nuevo presidente del Parlament, pero rechaza suspender esa posibilidad de forma cautelarísima. La decisión tomada por el pleno ha tenido el voto en contra de dos magistrados, Enrique Arnaldo y Concepción Espejel, que también apostaban por admitir a trámite el recurso pero solicitaban que se estimase la petición de medidas urgentes y que el voto fuera anulado.

El pleno entiende que el recurso del grupo parlamentario del PP en la cámara catalana merece ser admitido a trámite: “El asunto suscitado trasciende del caso concreto porque pudiera tener unas consecuencias políticas generales”, explica en un comunicado sobre las alegaciones del partido contra el voto telemático de Carles Puigdemont y Lluís Puig.

Admite a trámite el recurso pero no estima su petición de medidas cautelarísimas de anular sus votos en la constitución de la Mesa del Parlament. “Los dos votos delegados no fueron determinantes del resultado de las votaciones celebradas el pasado 10 de junio”, explica. No se trata de la última palabra del Constitucional sobre este asunto en pleno proceso de investidura de un nuevo president en Catalunya: los magistrados ponen en marcha el procedimiento de cautelares, que entre otras cosas lleva más tiempo por requerir que las partes presenten alegaciones.

Los cuatro magistrados del sector conservador se han quedado en minoría al pedir que las cautelarísimas se pusieran en marcha y que el voto de Puigdemont y Puig fuera anulado. Según su criterio, media docena de sentencias dictadas en los últimos dos años por el propio Constitucional apuntan en ese sentido, incluyendo la más reciente que anuló el voto telemático concedido a Lluís Puig en la última legislatura catalana.

El Constitucional mandó el primer aviso sobre el voto telemático del Parlament hace dos semanas. La sala primera del tribunal estimó un recurso del grupo de Socialistes y Units per Avançar y anuló el voto telemático que permitió a Lluís Puig, fuera de España desde 2017 e imputado en la causa del procés, participar en la actividad parlamentaria catalana durante parte de la pasada legislatura.

Según el Constitucional, esos acuerdos se pusieron en marcha sin una reforma del Reglamento del Parlament, algo que vulneró los derechos de otros diputados. En la práctica, la decisión no tuvo incidencia sobre las votaciones que salieron adelante con el apoyo de Puig, pero sí anuló la normativa transitoria y la habilitación para que el exconseller pudiera votar a distancia.

Se trata del mismo sistema que utiliza en la actualidad el Parlament para las votaciones en las que participa, entre otros, Carles Puigdemont, líder de la lista de JxC en las últimas elecciones europeas y potencial candidato a presidir la Generalitat. Hasta la fecha, la votación que sirvió para dar la presidencia de la cámara a Josep Rull, diputado de su partido.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha vuelto a insistir en la importancia de abrir el debate sobre la posibilidad de adelantar la edad mínima para votar de los 18 a los 16 años, como ya ocurre en varios países del entorno europeo.

Rego ha enmarcado esta propuesta, que requeriría la reforma de la ley electoral, en la apuesta del Gobierno por seguir avanzando en políticas que amplíen los derechos de la gente joven.

La ministra ha hecho esta reflexión momentos antes de participar en la capital asturiana en una reunión del Consejo Interterritorial de Juventud, que por primera vez se ha celebrado fuera de Madrid con representantes de los institutos de juventud de las distintas comunidades autónomas, con la intención de “descentralizar” este tipo de espacios de debate y reflexión.

Rego ha recordado que en las próximas elecciones al Parlamento Europeo, que se celebrarán el próximo mes de junio, los jóvenes de 16 y 17 años ya podrán votar en una decena de países, como Bélgica, Malta, Austria, Grecia, Croacia, Eslovenia, Hungría o Alemania.

La ministra también ha abordado la futura ley de juventud, cuyo borrador espera tener listo en un año tras culminar un “elevado proceso participativo” para recoger los planteamientos de los jóvenes.

Además, ha remarcado la necesidad de seguir trabajando en los ámbitos de la salud mental, la vivienda y el trabajo, “una suerte de tres derechos intergeneracionales situados en el marco de la crisis ecosocial”.

Acompañada del consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Principado, Ovidio Zapico (IU, al igual que la ministra), Rego ha afirmado que las políticas de juventud asturianas son un “referente”, e “inspiran mucho” para seguir trabajando.

Zapico, quien ha dicho coincidir con Rego en que uno de los “problemas” que comparte la juventud asturiana y la española es la vivienda, ha destacado que el Principado ya está en el “camino de empezar a intervenir” en el mercado.

El Consejo Interterritorial de Juventud

La celebración del Consejo Interterritorial coincide con el arranque de la Semana Europea de la Juventud, dedicada este año a la participación política de los jóvenes.

La ministra ha señalado que, en las próximas elecciones europeas, hasta 10 países europeos contarán con el voto de sus jóvenes de 16 años y ha recalcado que si los jóvenes de esa edad quieren votar en las próximas elecciones generales, contarán con su apoyo.

Presidido por la directora general del Injuve, Margarita Guerrero, el Consejo Interterritorial de Juventud también ha tratado cuestiones como el Carné joven, el European Youth Card Association y el programa Reconoce, cuyo fin es que las competencias que las personas jóvenes adquieren en labores de voluntariado sean un plus en el currículo a la hora de conseguir un empleo.

El Consejo Interterritorial de Juventud se reúne dos veces al año y es un espacio de coordinación y colaboración de todas las administraciones públicas implicadas en el desarrollo de las políticas de juventud. 

El sufragio femenino en España, ese importante hito marcado por el reconocidísimo discurso de Clara Campoamor en las Cortes generales, no sólo fue producto del trabajo de las feministas españolas. Un trabajo que va mucho más allá de la Segunda República. Fue el resultado de una labor feminista que aún hoy “trasciende” las fronteras españolas y conecta al país con la “lucha global por la igualdad de género”. Así lo reivindicó la presidenta de ONU Mujeres España, Ewa Widlack, que participó en el acto institucional celebrado por las Cortes de Castilla-La Mancha para celebrar el 90 aniversario del voto de las mujeres en España, cuya efeméride se celebró el 19 de noviembre, recordando la fecha de 1931.

“Ya las primeras feministas a finales del siglo XVIII habían entendido que lo primero que se tenía que ganar era el derecho a voto, porque únicamente así se iba a permitir que todas las voces fueron escuchadas”, explicó Widlack, en un acto en el que intervinieron también María José Romero, directora de la Cátedra de Igualdad de Género y Diversidad 'Clara Campoamor' de la Universidad de Castilla-La Mancha y Sandra Ferrer, periodista y divulgadora de la historia de las mujeres.

Las Cortes de Castilla-La Mancha realizaron un extenso y profundo homenaje, con múltiples análisis de expertas y también con una reproducción del ejemplar de la revista 'Estampa' publicada con motivo del sufragio femenino. Widlack recordó a las mujeres “visionarias”, entre las que situó a Clara Campoamor, pero también a las sufragistas británicas y al intenso movimiento feminista que se inició en Nueva York para conseguir el voto femenino. La presidenta de ONU Mujeres España tampoco olvidó a las hermanas Mirabal, en cuyo honor se conmemora el Día de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, tras haber sido asesinadas por su oposición a la dictadura de Rafael Trujillo en República Dominicana.

“Estas mujeres visionarias no sólo abogaron por el sufragio, sino que sentaron las bases para la inclusión plena de las mujeres en la esfera política y social. Es imperativo reconocer el coraje y la tenacidad de las mujeres que desafiaron las restricciones impuestas por las normas sociales y políticas de su época”, explicó Widlack, que tachó el sufragio femenino como una “revolución” de los roles de género y la “inclusión plena” de las mujeres. Desde los países escandinavos hasta España, supuso la entrada “progresiva” de las mujeres en la escena pública. “Que era un lugar hasta entonces prohibido para ellas”.

Widlack recordó que fue precisamente una mujer, Eleanor Roosevelt, la que impulsó que las mujeres tuvieran un lugar en la declaración universal de los derechos humanos. Y fue otra mujer, Hansa Mehta, la que consiguió que la declaración pasase a ser de “todos los hombres” a “todos los seres humanos nacen libres e iguales”. Y finalmente, el nombre de Minerva Bernardino, una diplomática dominicana que fue “fundamental” para incluir la igualdad en el preámbulo de la declaración de los derechos humanos. La muerte de las hermanas Mirabal, resaltó, fue un “símbolo de resistencia feminista” que marcó el principio de un marco legal internacional para la defensa de los derechos de las mujeres.

Todas ellas han permitido que en la actualidad las mujeres lideren áreas hasta ahora dirigidas por hombres. Pero Widlack también recalcó que los últimos datos de ONU Mujeres señalan que harían falta casi 300 años para conseguir una igualdad de género “en el mundo”. “En el nonagésimo aniversario del voto femenino reafirmamos nuestro compromiso con la igualdad de género, porque la lucha por la participación de las mujeres es una tarea global. Transformemos un futuro donde todas las veces sean escuchadas y respetadas”, concluyó.

Mayor hecho histórico de relevancia feminista y democrática

María José Romero — Directora de la Cátedra 'Clara Campoamor' UCLM-Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha

“Máximo” valor del sistema democrático de la región y el país

La catedrática de la Universidad de Castilla-La Mancha, María José Romero, resaltó que “institucionalizar la celebración del voto femenino pone en evidencia el máximo valor del sistema democrático de la región y del país”. La también responsable de la Cátedra Clara Campoamor UCLM-Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha señaló que el voto es el “mayor hecho histórico de relevancia feminista y democrática” y que se consiguió, principalmente, gracias al tesón de Clara Campoamor. “Fue decisiva para evitar a quienes querían atrasar el voto de las mujeres. Romero citó algunas declaraciones de diputados que no querían que las mujeres votaran, como las del diputado Novoa Santos que dijo que ”las mujeres son histéricas por naturaleza“ o del diputado Ayuso, que señaló que las mujeres antes de los 45 años ”tenían reducida la voluntad y la inteligencia“.

El voto efectivo para las mujeres supuso un “paso clave” para su participación política en la sociedad. “La memoria es nuestra mejor herramienta de futuro”, resaltó, al nombrar a mujeres que apoyaron un derecho con el que la sociedad española “ganó en dignidad y justicia social”. Nombres como Isabel Muñoz Caravaca, Carolina Coronado, Emilia Pardo Bazá, María de Maeztu, o Carmen de Burgos. “Pero sobre todo, Clara Campoamor”, recalcó. Campoamor, la primera mujer en dirigirse a las Cortes durtante la II República. La primera mujer que intervino ante el Tribunal Supremo.

La divulgadora Sandra Ferrer trazó un amplio análisis, porque el hecho del voto femenino no es uno “aislado”. “Son hechos que forman parte de una historia en la cual hay muchas protagonistas”. El voto en 1931 fue el resultado de una lucha feminista “quizás menos conocida” que la de las 'sufragettes', pero que fue “constante y persistente”. “Todo objetivo cumplido tiene detrás un trabajo que no siempre se ve”, concluyó.

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El 19 de noviembre de 1933 fue un día histórico. Las mujeres de Toledo, como todas aquellas de España mayores de veintitrés años, pudieron votar por primera vez. Se celebraban las segundas elecciones generales desde la proclamación de la II República y 15.164.349 ciudadanos estaban convocados a las urnas, de ellos 7.955.451 eran mujeres. Ese día, además, también por primera vez, en las listas concurrentes por nuestra provincia figuraba una mujer, Leocadia Muñoz de la Casa, integrante de la lista presentada por el PSOE.

La consecución del derecho al voto de las mujeres fue uno de los grandes logros de la II República. Aunque las reivindicaciones sufragistas llevaban décadas planteadas en nuestro país, la batalla que Clara Campoamor mantuvo en las Cortes para que ese derecho figurase en el texto constitucional del nuevo régimen fue memorable.

Ella, diputada electa por el Partido Radical Republicano (PRR) en 1931, hubo de superar tanto el rechazo de sus propios compañeros de grupo parlamentario, como de los elementos más reaccionarios de la sociedad e incluso de algunos colectivos de mujeres que veían en ese derecho una especie de “caballo de Troya” para que las derechas ganasen futuras elecciones, considerando que ellas, bien por influencias religiosas o convicciones sociales, se decantarían por opciones políticas conservadoras. En el seno de las Cortes, Campoamor tuvo como antagónica en sus pretensiones a la diputada Victoria Kent, del Partido Radical Socialista (PRS), quien consideraba que en tanto no se consolidase el régimen republicano aún no era el momento de conceder tal derecho a las mujeres.

El uno de octubre de 1931, durante los trabajos de redacción de nuevo texto constitucional, Clara Campoamor pronunció uno de los discursos más nobles, emotivos y trascendentales que han podido escucharse en sede parlamentaria: “Yo, señores diputados -diría en uno de sus pasajes-, me siento ciudadano antes que mujer, y considero que sería un profundo error político dejar a la mujer al margen de ese derecho, a la mujer que espera y confía en vosotros; a la mujer que como ocurrió con otras fuerzas nuevas en la revolución francesa, será indiscutiblemente una nueva fuerza que se incorpora al derecho y no hay sino que empujarla a que siga su camino […] La mujer española espera hoy de la República la redención suya y la redención del hijo. No cometáis un error histórico que no tendréis nunca bastante tiempo para llorar; al dejar al margen de la República a la mujer, que representa una fuerza nueva, una fuerza joven; que ha sido simpatía y apoyo para los hombres que estaban en las cárceles; que ha sufrido en muchos casos como vosotros mismos, y que está anhelante, aplicándose a sí misma la frase de Humboldt de que la única manera de madurarse para el ejercicio de la libertad y de hacerla accesible a todos es caminar dentro de ella”.

Su propuesta fue respaldada por 161 votos a favor por 121 en contra. Entre quienes no se alinearon con ella figuraban sus compañeros del PRR. Aunque a veces se ha comentado que el Partido Socialista no apoyó la propuesta, ello no es cierto. De entre los votos favorables, 84 fueron del PSOE. Cierto es que entre su filas no había unanimidad al respecto, destacando la beligerancia de Indalecio Prieto, a quien se le atribuye la frase de que concediendo el voto a las mujeres se estaba dando “una puñalada” a la República, pero ante ese disenso, la dirección del grupo decidió que quienes no estuviesen de acuerdo no asistiesen a la sesión parlamentaria en contra.

Entre los que votaron “sí” se encontraban los cuatro diputados socialistas toledanos presentes en aquellas Cortes: Fermín Blázquez, Domingo Alonso, Félix Fernández Villarrubia y Anastasio de Gracia. También secundaron ese logro otros diputados por nuestra provincia: Dimas Madariaga y Ramón Molina (canónigo de la Catedral Primada), encuadrados en el bloque de las derechas. Por contra, los parlamentarios del partido de Campoamor por Toledo, Perfecto Díaz y Pedro Riera, se situaron en el bando del “no”, al igual que los otros dos del PRS, José Ballester (alcalde de Toledo) y Emilio Palomo. 

Años después, en su libro El voto femenino y yo. Mi pecado mortal, la propia Campoamor dejó constancia de cuantos sinsabores le deparó este gran logro político, llegando a calificar como “el día del histerismo masculino” la jornada en que tal derecho fue reconocido en el Congreso. En las páginas de ese mismo libro, reconoció “la honestidad política y programática del partido socialista” fue decisiva para conseguir el voto femenino. El resultado de aquella votación en el Congreso fue acogido con aplausos y protestas en el hemiciclo, escuchándose en mitad de la algarabía un sonoro “¡Viva la República de las mujeres!”.

El logro de Campoamor, que aún hubo de superar alguna que otra traba parlamentaria, pues en una segunda votación se intentó aplazar su entrada en vigor, quedó plasmado en el artículo 36 de la Constitución de la II República, al reconocerse que “los ciudadanos de uno y otro sexo, mayores veintitrés años, tendrán los mismos derechos electorales”. Con ello quedaban atrás años de reivindicaciones de diferentes colectivos feministas, superando críticas, dudas, chanzas e incomprensiones ante la implantación en nuestro país de tal derecho. España se sumaba, así, a países como Inglaterra, Alemania, Noruega, Suecia o Finlandia, donde las mujeres ya podían votar, mientras que en Francia no había sido aprobado y en Italia estaba sujeto a determinadas restricciones. 

Una vez aprobada la Constitución republicana el 9 de diciembre de 1931, las mujeres españolas hubieron de esperar más de un año para poder ejercer su derecho al voto, aunque no todas pudieron hacerlo.

Por decisión de las Cortes, para el 23 de abril de 1933 se convocaron elecciones municipales en aquellas localidades donde en las de 1931 no habían contado nada más con una candidatura, en su mayor parte monárquicas. Los comicios afectaban a un total de 2.478 municipios, sesenta y nueve de ellos en Toledo. Entre las poblaciones más importantes estaban Mora, Valdeverdeja, Las Herencias, Lagartera, Orgaz con Arisgotas, Sevilleja de la Jara y Los Navalucillos.

Cara al día de los comicios, desde las páginas del socialista 'Heraldo de Toledo' se insertaron numerosas llamadas a las futuras votantes: “Mujeres campesinas: los socialistas han conquistado tu derecho, los socialistas te han concedido el voto para que te redimas, no para que se lo entregues a tu enemigo. Vota por los republicanos de izquierda o por los socialistas”.

La derecha, por su parte, tampoco desaprovechó sus mensajes para captar el respaldo femenino: “Hay quien dice –pudo leerse en ”El Castellano“, editado por el Arzobispado de Toledo- que en algunos pueblos de nuestra provincia no acudirán las mujeres a las urnas. Nosotros no participamos de esa creencia. Las mujeres son más valientes que los hombres y votarán. Con su voto dirán al Gobierno que son enemigas de los atropellos cometidos con la Iglesia, que son enemigas de que al Crucifijo se le retire de los sitios donde pueden estar aún los anarquistas, de que a las Órdenes religiosas se les prohíba enseñar a sus hijos, de que el marido se pueda burlar de ella divorciándose. Las mujeres votarán valientemente contra la política izquierdista”.           

Materializadas las votaciones, el triunfo fue rotundo para las formaciones de centro y derecha. De 567 concejales elegidos en la provincia, 389 correspondían a ellas. En el cómputo nacional, la derrota tampoco tuvo paliativos. Esos malos resultados fueron el anticipo de la sustitución a mediados de septiembre del gobierno de Manuel Azaña, que contaba con ministros socialistas tan destacados como Fernando de los Ríos, Indalecio Prieto y Largo Caballero, por el de Alejandro Lerroux, generándose un estado de inestabilidad política que abocó al Estado a la convocatoria de elecciones generales para el 19 de noviembre y entonces sí podrían ejercer el derecho al voto todas las mujeres españolas mayores de 23 años.

Las Cortes de Castilla-La Mancha van a acoger el 19 de noviembre un acto institucional para celebrar el 90 aniversario de la primera cita electoral en España en la que las mujeres pudieron ejercer el derecho a voto, en el marco de la Segunda República.

Así lo ha avanzado el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha Pablo Bellido, quien ha aprovechado la celebración este 15 de septiembre del Día Internacional de la Democracia para afirmar que la institución “va a renovar y reforzar su compromiso con la igualdad de género y con el feminismo durante esta XI Legislatura”.

“Vamos a hacer un acto de reivindicación de la igualdad entre mujeres y hombres, en el compromiso de que las Cortes de Castilla-La Mancha sean feministas y por tanto promotoras de una igualdad real y de una democracia plena donde participen todos y todas”, ha explicado Bellido.

Desde el Parlamento regional han recordado que esta conquista política ya fue objeto de una exposición itinerante de la Cámara Autonómica, producida en el marco del convenio con la Universidad de Alcalá de Henares.

En un vídeo editado con motivo de la declaración por la Unesco del Día Internacional de la Democracia, Bellido ha ratificado “la obligación” de celebrar esta fecha en el Parlamento, recordando que la democracia presupone libertad, pero también “igualdad ante la ley y respeto a la pluralidad política”.

“Unas Cortes más abiertas”

El presidente de las Cortes regionales ha recordado que su segundo mandato al frente de la Cámara ha comenzado con la creación del Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno en la Cámara, pero ha prometido también proseguir con las acciones de extensión democrática que experimentaron un impulso a lo largo de la pasada legislatura, como la programación de visitas guiadas a la sede del parlamento y el Plan de Accesibilidad para personas con discapacidad.

“Queremos que las Cortes sean más abiertas, que puedan venir los colectivos, los colegios y quienes quieran, con el compromiso a su vez de estar más próximos a las ciudades y pueblos de Castilla-La Mancha para poder escuchar a la ciudadanía de nuestra región”, ha asegurado el presidente de la asamblea castellanomanchega.

La Fiscalía Anticorrupción investiga una denuncia que acusa al Partido Popular de manipular y alterar el voto por correo en las últimas elecciones municipales y autonómicas en Melilla. Según ha sabido elDiario.es, el departamento que dirige Alejandro Luzón ha abierto diligencias después de una denuncia presentada por Coalición por Melilla acusando al partido de Alberto Núñez Feijóo de promover diversas irregularidades en el voto por correo de la ciudad autónoma.

La Fiscalía no especifica qué delitos concretos investiga y ahora tiene seis meses para investigar antes de presentar una denuncia o archivar el caso. El partido que denunció al PP en Melilla, CpM, forma parte a su vez de otra investigación bajo secreto de sumario de un juzgado que indaga en si esa formación, a su vez, participó en otro fraude en el voto por correo de esas mismas elecciones municipales y autonómicas.

Su denuncia contra el partido de Feijóo, según un escrito del Ministerio Público al que ha tenido acceso elDiario.es, “ha dado lugar a la incoación de diligencias de investigación de la Fiscalía Especial contra la Corrupción”. Este escrito resume la denuncia: “Referida a la presunta manipulación y alteración de votos emitidos por correo una vez depositados en las Oficinas de Correos, cambiando las papeletas de Coalición por Melilla por las papeletas del Partido Popular”.

La denuncia que dio origen a este proceso fue presentada hace unas semanas en la Fiscalía General por Dunia Almansuri, cabeza de lista de Coalición por Melilla (CPM) en las últimas elecciones. Un documento en el que afirmaba que existían “sospechas fundadas” de “cambio, manipulación y alteración” de votos por correo una vez dejados en las oficinas. Según esta denuncia, votos emitidos a favor de su partido habrían sido cambiados por papeletas del Partido Popular. “La cadena de custodia de los votos depositados por correo se ha roto y, además, no ha funcionado como en elecciones anteriores”.

Este partido, cuyo líder fue condenado en firme precisamente por dos delitos electorales y uno de falsedad documental en el marco de la compra de votos por correo en comicios anteriores y que está bajo la lupa de la Justicia por hechos similares en las últimas elecciones, denuncia que en varias mesas electorales de un instituto público los votos a distancia se introdujeron por la mañana en las urnas, cuando la ley obliga a hacerlo al terminar las votaciones presenciales. También que las actas de varias mesas hicieron constar que algunos sobres de voto por correo estaban “sospechosamente manipulados”. Otras de las denuncias se correspondían con sospechas relativas a sensaciones de su partido sobre el resultado final o la “preocupación en el PP”.

Melilla fue el primer territorio donde la Justicia investigó un posible fraude en el voto por correo en las últimas elecciones municipales y autonómicas. El juzgado 2 de la ciudad autónoma abrió una investigación contra casi una decena de personas, entre ellas varias vinculadas a Coalición por Melilla, por supuestas irregularidades en miles de votos por correo. La exigencia de presentar el DNI para poder emitir el voto a distancia, impuesta por Interior tras estallar el escándalo, neutralizó más de 6.000 papeletas bajo sospecha.

El pasado 28 de mayo, el candidato popular Juan José Imbroda volvió a salir victorioso en las elecciones en Melilla con 14 escaños. El resto de escaños fueron repartidos entre Coalición por Melilla (5), PSOE (3), Vox (2) y Somos Melilla (1).

Un total de 828.744 personas podrán votar en las elecciones generales de este domingo en Baleares, un 2,6 por ciento más que en 2019, y con un incremento del voto por correo cercano al 24% respecto a las generales de hace cuatro años. De entre los baleares llamados a las urnas, casi 39.000 jóvenes podrán votar por primera vez

Según la Delegación del Gobierno, 38.757 jóvenes están llamados a votar por primera vez en unas elecciones generales. Del total de votantes en las elecciones generales en las Islas, hay 32.842 que corresponden al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), que ha aumentado en 4.527 personas desde los comicios de hace cuatro años.

Por su parte, el Censo Electoral de Residentes (CER) se ha incrementado un 2,1 por ciento en el mismo periodo y ha llegado a las 795.902 personas.

En cuanto al voto por correo, se han tramitado 36.545 solicitudes, un 23,96 por ciento más en comparación con las 29.481 recibidas para el mismo proceso electoral de noviembre 2019.

En total, el domingo se constituirán en Baleares 1.249 mesas electorales, que son 34 más que para las elecciones generales de noviembre de 2019. La delegada del Gobierno, Aina Calvo, ha agradecido por adelantado la participación de la ciudadanía llamada a incorporarse a alguna de las mesas, y ha destacado, también, el trabajo del personal funcionario de la Administración General del Estado en estos días previos a los comicios, que garantiza, ha dicho, “que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto”.

Durante la jornada electoral, se desplegarán en el archipiélago 1.651 agentes de la Guardia Civil, la Policía Nacional y policías locales de los diferentes municipios. Además, en las últimas semanas se han celebrado juntas de seguridad en cada isla para organizar el dispositivo de seguridad, con el objetivo de garantizar la máxima coordinación de todas las partes y hacer posible que el electorado pueda ejercer su derecho a voto.

Por otro lado, un total de 724 representantes de las administraciones se distribuirán entre los 378 colegios electorales desde donde transmitirán las incidencias, en el supuesto de que se produzcan, así como los datos provisionales de participación y el escrutinio de los resultados a partir del cierre.

La Delegación del Gobierno ha recordado que, según la ley de Régimen Electoral, los miembros designados para las mesas electorales tienen que acudir a ejercer sus funciones y no pueden abandonar ni desistir sin una causa justificada y el aviso correspondiente para ausentarse, pues el incumplimiento de esta obligación puede comportar responsabilidades penales

“En el contexto de la actual campaña electoral, la utilización de camisetas que incorporen el lema ‘Que te vote Txapote’ debe entenderse incluida en la prohibición establecida en el artículo 93 de la LOREG”. La Junta Electoral Central (JEC) ha decidido que la frase “Que te vote Txapote”, un lema contra Pedro Sánchez que se ha extendido, no podrá portarse en camisetas al momento de ir a las urnas a votar el 23 de julio.

Esta es una resolución específica, pero no la única. En aplicación de la ley electoral (LOREG), las autoridades electorales han prohibido que se muestren diversos mensajes y símbolos en los colegios electorales, ya sea por parte de los votantes o de los interventores y apoderados.

Qué dice la ley electoral

El artículo 93 de la ley electoral, que es la que regula el proceso de las votaciones, dice que “Ni en los locales de las secciones ni en las inmediaciones de los mismos se podrá realizar propaganda electoral de ningún género”. Añade que “tampoco podrán formarse grupos susceptibles de entorpecer, de cualquier manera que sea, el acceso a los locales, ni se admitirá la presencia en las proximidades de quien o quienes puedan dificultar o coaccionar el libre ejercicio del derecho de voto. El presidente de la Mesa tomará a este respecto las medidas que estime convenientes”.

Las restricciones afectan a votantes e interventores

Las restricciones que se han ido especificando a través de los años mediante acuerdos de la JEC no siempre afectan de la misma manera a apoderados e interventores (estos pueden portar el logo de su partido en una acreditación visible) que a votantes.

Un caso que involucra a ambos. En junio de 2015, la representante general de Chunta Aragonesista preguntó a la Junta Electoral Central si apoderados e interventores, por un lado, y votantes, por otro, podían “llevar puesta una camiseta con una estampación del logo o las siglas del partido”.

La JEC enmarcó a todos, apoderados y votantes, dentro de las prohibiciones del artículo 93 y expresó que “la LOREG prohíbe que ni en los locales electorales ni en las inmediaciones se pueda realizar propaganda electoral de ningún género, prohibición que incluye portar camisetas con la denominación, el logo o las siglas de una formación política”.

Por otro lado, encontramos casos en los que las restricciones son más fuertes para los apoderados e interventores. En 2016, los representantes de la coalición electoral Unidos Podemos consultaron si sus apoderados podían llevar camisetas identificativas de la formación. La JEC lo prohibió.

Un año más tarde, en noviembre de 2017, el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) consultó si los interventores y apoderados podían presentarse a las mesas electorales portando lazos amarillos, símbolo del independentismo. No se trataba de una consulta sobre algo que ellos, como PSC, estuvieran interesados en portar, sino algo que buscaban evitar en otras formaciones, pues argumentaron que el uso del lazo amarillo estaba siendo “promovido por entidades nacionalistas y determinados partidos políticos”. Nueva prohibición por parte de la JEC. 

En las elecciones más recientes, las municipales y autonómicas del 28 de mayo de 2023, la JEC indicó a los apoderados e interventores del partido Vox que no podían incluir la bandera del estado español en sus acreditaciones. Esto a raíz de las quejas presentadas por la alianza Cambiar Huesca - IU, en Huesca (Aragón).

En esa ocasión, sin embargo, la referencia no es el artículo 93 sino el apartado 5 del artículo 46 de la LOREG, en el que se establece que “no pueden presentarse candidaturas con símbolos que reproduzcan la bandera o el escudo de España, o con denominaciones o símbolos que hagan referencia a la corona”.

Símbolos que sí, símbolos que no

Más allá de las siglas y logos de los partidos políticos, hay otros símbolos por los que la JEC también ha entrado a deliberar. En 2017, la Junta Electoral de Zona de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) consultó sobre la posibilidad de portar “camisetas o ropa que contengan estampación de banderas esteladas”. La JEC lo prohibió tanto para apoderados como para votantes.También se ordenó la retirada de esteladas de edificios públicos durante dicha campaña electoral. 

En marzo de 2015, durante las elecciones autonómicas en Andalucía, tres personas fueron detenidas en Torre del Mar, provincia de Málaga, por llegar a las mesas de votación portando camisetas con ese lema de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, “STOP Desahucios”

Meses después, en noviembre, un juzgado de Vélez-Málaga determinó que aquello no era delito electoral, que no contrariaba la LOREG.

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Este artículo forma parte de los contenidos difundidos por Comprobado.es, una alianza de verificadores y medios para luchar contra la desinformación sobre las elecciones generales del 23 de julio.

El derecho al voto es intransferible, incluso si se ejerce por correo. Es decir, es el elector el que tiene que emitir su voto, bien introduciendo el sobre en la urna el día de las elecciones o enviándolo por correo en el plazo establecido. Para garantizar este criterio, la Junta Electoral Central (JEC) aprobó una instrucción en la que se indica que el personal de Correos debe exigir al elector que se identifique mediante documento nacional de identidad, pasaporte, permiso de conducir, tarjeta de residencia o cualquier otro documento válido que permita identificar al elector para emitir el voto. Esta norma contempla una autorización para que otra persona pueda entregar la documentación de voto de un elector que no pueda hacerlo personalmente.

Como ya contamos en Maldita.es, la JEC acordó el 8 de junio de 2023 exigir la identificación con el DNI para entregar el voto por correo en las oficinas de Correos para las elecciones generales del 23-J, tras las sospechas de fraude en Melilla en las elecciones municipales y autonómicas del 28-M. “Ante estos hechos, y para evitar cualquier duda que pueda suscitarse sobre la regularidad del procedimiento del voto por correo, y teniendo en cuenta que el artículo 73.3 de la LOREG señala que la entrega de la documentación por el elector debe hacerse por correo certificado, ha considerado necesario modificar su doctrina y establecer con carácter general la obligación de entrega personal por el elector en las oficinas de Correos de la referida documentación electoral”, explica la instrucción.

La JEC aprobó una autorización para que otra persona pueda entregar el voto de un elector que no pueda hacerlo personalmente

En la instrucción, la JEC contempla una alternativa para las personas que no puedan entregar la documentación de voto personalmente. En estos casos, los electores deben otorgar una autorización para que la entrega sea realizada por otra persona en su nombre. Esta autorización debe ir firmada por el elector y acompañarse de fotocopia de su DNI, pasaporte u otro documento oficial identificativo. Correos no aceptará la entrega de documentación electoral perteneciente a otro elector si no se acompaña de la documentación mencionada. En este PDF puedes consultar la autorización modelo de Correos para las elecciones generales del 23-J.

Como comentamos, la posibilidad de utilizar esta autorización si el elector no puede emitir el voto de forma presencial está aceptada por la JEC. Por lo tanto, no es cierto que Correos “permite votar sin DNI” y “se pasa por el arco del triunfo” la decisión de la JEC, como dicen algunos contenidos desinformadores que se difunden por redes sociales y acusan al PSOE de organizar un pucherazo. En Maldita.es ya hemos resuelto dudas sobre el voto por correo y la situación de los envíos de Correos.

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Este artículo forma parte de los contenidos difundidos por Comprobado.es, una alianza de verificadores y medios para luchar contra la desinformación sobre las elecciones generales del 23 de julio.

Este lunes Correos hizo pública una nota de prensa en la que anunciaba que, hasta esa fecha, 17 de julio, había puesto a disposición de los solicitantes de voto por correo un total de 2.575.597 documentaciones electorales. Las papeletas para poder votar fueron entregadas en mano a 2.124.990 electores mientras otros 450.607 deben acudir a las oficinas de Correos a recogerlas porque no estaban en los lugares que ellos mismos indicaron para recibir dicha documentación.

¿Por qué hay 450.607 papeletas de voto por correo que están en las oficinas de Correos a la espera de ser recogidas?

No son en ningún caso votos “perdidos” como se ha sugerido desde las derechas para tratar de desacreditar el proceso electoral. Esas 450.607 papeletas están en las oficinas porque no ha sido posible entregárselas en mano a sus destinatarios en dos ocasiones. Después de esos dos intentos los carteros les han dejado un aviso para que vayan a recogerlas a la oficina más cercana. Los votantes pueden ir a Correos, recoger la documentación y votar allí mismo. Por tanto, no son votos “perdidos”, son votos que aún pueden materializarse hasta el jueves, último día para poder votar por correo.

¿Qué dice la normativa electoral al respecto?

La actual normativa electoral establece que tras comprobar la inscripción de los solicitantes del voto por correo en el censo, las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral remiten los envíos con la documentación electoral (certificado de inscripción en el censo, sobres y papeletas de todas las candidaturas) a la dirección indicada por el elector en la solicitud del voto por correo, con carácter certificado y urgente. El cartero o cartera de Correos realiza al menos dos intentos de entrega de esta documentación en mano al propio destinatario. Solo en el caso de que no haya sido posible realizar esa entrega en mano en esas dos ocasiones, el cartero deja un aviso para que el elector vaya a recogerla a la oficina más cercana. Es lo que les ha sucedido a las 450.607 personas mencionadas.

¿Qué pueden hacer esas personas para ejercer su derecho al voto?

Los electores que no hayan recibido la documentación para votar en su domicilio o en el lugar indicado por no encontrarse en el mismo en dos ocasiones deben acudir a las oficinas de Correos que se les haya indicado en el aviso que se les ha dejado en el domicilio. Una vez allí, para realizar la entrega de las papeletas, el personal de Correos comprobará la identidad del votante mediante el DNI, Pasaporte o Permiso de Conducir y anotará el número del documento identificativo dando fe de la recepción de los sobres y papeletas con la firma de la entrega por parte del solicitante.

¿Hasta qué día pueden votar las personas que han solicitado el voto por correo?

El plazo para depositar el voto por correo finaliza el 20 de julio, es decir, el próximo jueves.

¿Es posible pedir que se envíe la documentación para votar a otra dirección de la inicialmente indicada?

Sí. En una nota publicada el pasado día 10 Correos recordó que las personas que hayan solicitado el voto por correo y deseen recibir la documentación en una dirección distinta a la que indicaron en la solicitud, pueden solicitar la reexpedición de la misma a otra dirección en cualquier oficina informatizada de Correos, aportando el número de registro de dicho envío que pueden obtener en la web del Censo Electoral. El elector que lo desee deberá solicitar dicha reexpedición con tiempo suficiente para que Correos pueda hacerle llegar su documentación a la nueva dirección.

Cómo pedir que la documentación electoral se reenvíe a otra dirección

Una vez que la Oficina del Censo Electoral (OCE) ha remitido la documentación electoral a la dirección indicada por el solicitante, la Junta Electoral Central permite la reexpedición de esa documentación electoral a otras señas, siempre que medie petición expresa del elector. Por ejemplo, si una persona ha solicitado recibir la documentación electoral en una dirección y tiene que irse antes de recibirla, puede realizar este trámite en cualquier oficina informatizada de Correos, siendo obligatorio para ello que facilite el número de registro de la documentación electoral que desea reexpedir, y que puede obtener en la siguiente dirección de la OCE: https://sede.ine.gob.es/ce-votoxcorreo/?lang=es_ES. Se puede solicitar que se reenvíe la documentación a otra dirección o a otra oficina de Correos. En cualquier caso, es importante que el elector tenga en cuenta que deberá solicitar dicha reexpedición con tiempo suficiente para que Correos pueda hacerle llegar su documentación a la nueva dirección.

¿Se puede cambiar de opinión y votar de forma presencial una vez solicitado el voto por correo?

No. Si solicitas votar por correo y tu solicitud es aceptada, no podrás votar de manera presencial en tu mesa electoral el 23 de julio.

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“El Gobierno no parece que esté encariñado con que la gente vaya a votar”. La frase no es de una cuenta falsa de Twitter, ni forma parte de las soflamas de un ultra en YouTube o TikTok. Tampoco la ha expresado en el fragor del debate político ninguno de los candidatos en las elecciones generales del 23 de julio. Es la conclusión del “responsable del Sector Postal de CCOO”, Regino Martín. El “único amigo comunista” de Alberto Núñez Feijóo, según el propio líder del PP, quien ha encontrado en el sindicalista al aliado perfecto para abundar en el bulo de que el voto por correo el 23J está en peligro, tal y como hiciera Donald Trump antes de perder frente a Joe Biden en 2020.

elDiario.es ha intentado ponerse en contacto con Martín para ahondar en las dudas que expresó en Telemadrid este mismo martes sobre las motivaciones del Gobierno para, supuestamente, boicotear el voto por correo, pero no ha sido posible.

“Está de viaje”, han asegurado desde la delegación en Correos de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO. Un par de horas antes, Martín sí ha atendido en directo al programa ‘Espejo Público’ de Antena 3 desde la sede del sindicato.

Martín también atendió esta semana a RTVE, donde lanzó la duda sobre las intenciones de Correos. “Hay un apagón informativo respecto a lo que los ciudadanos tienen que saber”, dijo. En Telemadrid, abundó: “Están engañando a los sindicatos, a los trabajadores y a la población”. “Me consta por muchas razones”, dijo, sin explicarlas. “No se puede engañar a la población”, añadió.

Fuentes de la sección sindical de CCOO en Correos desligan las palabras de Martín de las acusaciones veladas de pucherazo azuzadas por el PP en los últimos días. No solo Feijóo ha puesto en duda que “los jefes” de la empresa pública quieran que la gente vote. También su número dos, Cuca Gamarra, lanzó dudas sobre el servicio postal, y apuntó a su presidente, Juan Manuel Serrano: “No hay que olvidar quién está al frente de Correos y la relación directa con Sánchez”.

Serrano fue el jefe de Gabinete de Sánchez antes de su llegada a la Moncloa. El presidente del Gobierno lo relevó en 2018 tras la moción de censura que terminó con el mandato de Mariano Rajoy. En su lugar, fichó a Iván Redondo.

También en las críticas al presidente de la empresa hay pinza entre el PP y su “portavoz” sobre Correos. Regino Martín dijo en esa entrevista en Telemadrid del pasado día que “si no hay carteros para llevar la documentación y no hay apertura de oficinas para emitir el voto, no se está tomando en serio el voto por correo”. “Antes dudábamos, ahora pensamos que es cierto, el presidente [de Correos] no está facilitando el voto”, concluyó.

En Antena 3, esta mañana, ha atacado directamente a Serrano, con quien arrastra un enfrentamiento desde su aterrizaje al frente de la empresa en 2018. “El presidente lleva tres años hundiendo la empresa. Es un incapaz”, le ha dicho a Susanna Griso antes de partir de viaje. Serrano lleva cinco años al frente de la empresa.

La secretaria general del PP ha abundado esta misma mañana en sus acusaciones y ha elevado el tiro a Pedro Sánchez: “Quiere que no votemos porque él gana”.

Y Feijóo también ha incidido en las dudas sobre el proceso. “No quiero ni pensar que pueda haber un conjunto de personas que no puedan votar porque no les ha llegado la papeleta”, ha dicho en una entrevista en esRadio. Preguntado en el programa que dirige Federico Jiménez Losantos sobre una hipotética impugnación del resultado, el candidato del PP no lo ha negado: “No queremos contemplar ese escenario”.

Lío en CCOO

“Aquí nadie habla de ‘pucherazo’ sino de las manifestaciones de sindicatos que saben lo que dicen”, ha señalado Feijóo, quien se ha parapetado tras las reivindicaciones laborales de los representantes de los trabajadores de las empresa pública, quienes han reclamado en las últimas semanas a los gestores de Correos más agilidad en el reforzamiento de personal y ampliación del horario de reparto y de apertura de oficinas.

El candidato del PP ha insinuado que Correos afronta una hipotética crisis a nivel “mundial” si hay problemas con el voto a distancia. “No podemos ser cicateros”, ha apuntado, para exigir a los trabajadores de la empresa que “trabajen mañana, tarde y noche” y poner en duda, después, que se les vaya a pagar las horas extra.

Una palabra, “cicatero”, utilizada también desde la sección sindical de CCOO en Correos, desde donde trasladan que existe “un problema laboral” por la “desidia o desgana” de la empresa. “Lo que nos interesa es Correos, lo laboral y la información a la ciudadanía. Alguien tiene que ser responsable en la empresa y el Gobierno de trasladar a la sociedad” qué hacer para garantizar el voto por correo, apuntan.

En opinión del interlocutor de elDiario.es, se están “sacando las cosas de quicio” tras las declaraciones de Martín, Feijóo y Gamarra. Con todo, desde la sección de Correos defienden que “todo lo que está trasladando” a los medios Regino Martín “está avalado por la organización”.

Sin embargo, el secretario general, Unai Sordo, ha desautorizado las dudas extendidas por Martín: “No compartimos que haya ninguna intencionalidad política detrás de la gestión de este voto. Este es un mensaje muy peligroso, deslegitimador de un proceso electoral y CCOO queremos ser taxativos”.

Desde el sindicato se ha señalado que la delegación Postal de CCOO no tiene actualmente una dirección oficial, y que Martín actúa como “responsable” o “portavoz”.

De hecho, su sucesora al frente de la secretaría general, Azucena Arévalo, dimitió apenas un año después de llegar al cargo, en buena medida por las maniobras de Martín. “Poco a poco he visto como la confianza, poca o mucha, que pudiera tener con los miembros del secretariado, (con algunos miembros del secretariado), y ellos/as conmigo, se ha diluido por completo. Y a la vez, he podido ver como la interlocución directa de esta parte del secretariado con el anterior SG ha sido manifiesta en todo momento, siendo alimentada por éste; lo que significa un ninguneo total a mi persona y cargo”, expresó en su carta de renuncia, a la que ha tenido acceso elDiario.es: “Mi otra gran extrañeza ha sido ver que la interlocución directa con el anterior SG conmigo, es casi nula, por no decir nula; ya que, en los últimos tres meses, ha sido prácticamente imposible poder mantener una reunión bilateral con él”.

“Espero que alguna/o quizás ”más disciplinado/a“ se haga cargo de esta Secretaría General, lo que sin duda redundará en que la Sección Sindical funcione en la dirección deseada”, lanzaba Arévalo en esa misiva rubricada en marzo de 2022.

El “único amigo comunista” de Feijóo

Regino Martín es un histórico de CCOO en Correos. De hecho, ya estaba allí al frente de la sección sindical en el año 2000, cuando Feijóo llegó a la presidencia de la empresa. Feijóo estuvo tres años al frente de la compañía pública.

Pero a Feijóo también le dio tiempo a trabar una fuerte amistad con Martín. El sindicalista ha asistido habitualmente a las tomas de posesión del gallego. Por ejemplo, en 2012 al inicio de su segundo mandato al frente de la Xunta.

O en abril de 2022. Regino Martín estuvo entre los invitados al congreso extraordinario de Sevilla que encumbró a Feijóo como líder del PP. A él le dedicó unas palabras en su primer discurso como presidente del partido. “Es el único amigo comunista que tengo”, dijo de él entre risas del público. 

Ante el ataque recibido por parte del PP, Correos se ha defendido con sendos comunicados en los que asegura que se han realizado 20.240 contrataciones de refuerzo desde el día en que Sánchez pulsó el botón de convocatoria electoral y que se van a ampliar los horarios de apertura de las oficinas. Unas cifras que desde CCOO ponen en duda.

“Correos ha acometido esta alta cifra de contrataciones de refuerzo teniendo en cuenta el incremento en el número de solicitudes de voto por correo recibidas, y la coincidencia del periodo electoral con las vacaciones de verano, de modo que también ha cubierto al 100% las vacaciones de la plantilla durante el mes de julio”, asegura en una de las notas en la que también agradece que un 30% de los trabajadores que tenían previstas sus vacaciones en julio las han retrasado voluntariamente. 

La Junta Electoral paralizó el envío de papeletas

Lo que sí admiten es que ha habido un cierto retraso en el comienzo del envío de los votos debido al recurso que el Partido Feminista presentó ante la Junta Electoral Central, que paralizó temporalmente la difusión. “Eso provocó que la oficina del censo no nos mandase alguna documentación. Pero ya se está mandando con normalidad”, explican en la empresa pública. 

En el diagnóstico coinciden en el Sindicato Libre, desde donde explican que el voto por correo debería haber comenzado a repartirse el 3 de julio y no lo hizo hasta el día 10. “Hay atasco. Creo que en este punto debería intervenir la Junta Electoral Central y hacer algo con los plazos porque se le escapa incluso a Correos”, señala Miguel Ángel Mora. 

Lo que apunta el representante sindical, en cualquier caso, es que hay falta de medios materiales (carros, mesas, etc.) por más que se haya reforzado la plantilla y señala que los 20.000 contratos no son necesariamente nuevas personas incorporadas sino que algunos son “concatenaciones” de contratos que concluían. No obstante, el Sindicato Libre amenazó con una huelga a principios de junio y no llegó a celebrarla. “Queríamos una solución al problema y queríamos ser parte de la solución”, explica Mora, que recuerda que Feijóo convirtió Correos en empresa con el aval de CCOO y UGT: “Antes había un Correos que prestaba un servicio de calidad, pero en los últimos 20 años se han amortizado mil puestos de trabajo anuales y quieren seguir usando Correos con fines mercantilistas”. 

También Yolanda Díaz ha terciado en la polémica. La vicepresidenta del Gobierno y candidata de Sumar ha criticado a Regino Martín, de quien ha recordado que lleva décadas como liberado sindical en Correos. Díaz también ha arremetido contra Feijóo y ha asegurado que “quien practicó los mayores recortes en Correos es el PP”.

“Soy gallega y quien tiene un problema con los votos es el PP. Sí son expertos en sacas de votos y traer voto exterior fraudulento. Yo he visto en mi comunidad como votan personas con certificado de discapacidad que no pueden votar. Le pediría al señor Feijóo que respete a los trabajadores que se están dejando la piel”, ha concluido.

Cuando llegó a Madrid, el líder del PP eligió a alguien de su máxima confianza para la Secretaría del PP en el Exterior: el que fuera su secretario xeral de Emigración de la Xunta desde 2012, aún en el cargo: Antonio Rodríguez Miranda. Fue, además, el coordinador de Acción Exterior del PP gallego desde 2013 hasta que siguió a su jefe a Madrid. 

Es decir, Feijóo encomendó el control de los gallegos residentes en el extranjero tanto en su Gobierno como en su partido a la misma persona. Rodríguez Miranda seguirá ejerciendo una doble función: para el presidente gallego, Alfonso Rueda, con sueldo público y, en principio, visión institucional, y para su jefe en Génova y el que le diera su gran oportunidad política hace más de una década. El dirigente compatibiliza ambas agendas exteriores.

Choque sindical

UGT ha aprovechado el comunicado en el que se defienden del ataque de Feijóo para situar al presidente de Correos en la diana de sus críticas. “Los profesionales de Correos no merecen las insólitas, desafortunadas y equívocas declaraciones de Alberto Núñez Feijóo ayer, sembrando sospechas sobre la capacidad y neutralidad de los carteros y jefes intermedios de Correos para sacar adelante el voto por correo”, señala la central sindical antes de arremeter contra Serrano: “Los problemas operativos e insuficiencias existentes en este momento, proceden de su desguace de Correos en los últimos cinco años denunciados reiteradamente por los sindicatos”. 

El área de servicios públicos del sindicato hermano del PSOE cita a Sánchez a quien consideran responsable “in eligiendo” por la designación de Serrano antes de sentenciar que confían “plena y absolutamente en la profesionalidad de los empleados y empleados de Correos de distribución, rurales, oficinas, centros de tratamiento, oficinas de cambio, sus mandos intermedios y todos los profesionales que desde todas las áreas dan soporte directa o indirectamente al desarrollo de las obligaciones de Correos en materia electoral” ante las dudas que ha sembrado Feijóo, que se ha comprometido a pagar las horas extra que hagan los carteros y que ya se están reconociendo y pagando, según reconocen fuentes sindicales: “Vienen en el convenio”.

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