El Tribunal Supremo acaba de ratificar que los españoles que recuperaron su nacionalidad por el apartado de la ley de memoria democrática conocido como ley de nietos no podrán votar en las elecciones del día 29 de noviembre. Se trata de una decisión cuya intencionalidad política se puede sospechar, basada en un bulo sin fundamento y, sobre todo, descaradamente contraria a la Constitución.

El ponente del Auto ha sido un juez que ha expresado públicamente a Feijóo su deseo de que se convierta en presidente del Gobierno. Esa falta de apariencia de imparcialidad no es nada extraña en un tribunal que acaba también de anular el decreto que endurecía los requisitos para las universidades privadas en las que algunos de sus miembros imparten docencia. 

En España los magistrados del Tribunal Supremo no se nombran por oposición. Ni siquiera llegan a ese puesto por antigüedad o cualquier otro tipo de méritos. Los nombra directamente, a dedo, un órgano político. Pese a ello, hasta ahora, intentaban disimular y ganarse cierta legitimidad de ejercicio. Ya se ha acabado. Ahora es un tribunal cada vez más deficiente técnicamente y descaradamente politizado.

La decisión de impedir el ejercicio del derecho al voto a casi 170.000 españoles no tiene precedentes y es un disparate jurídico impropio de cualquier jurista digno de tal nombre. Se basa en la premisa, por ahora no resuelta, de que la ley exigía a los descendientes de perseguidos políticos demostrar fehacientemente que salieron de nuestro país entre 1936 y 1955 por motivos políticos. Los magistrados seguramente saben que en esos años las fronteras externas estaban cerradas (quedaban años para el inicio de la emigración económica), que no es fácil encontrar ahora papeles de lo que sucedió durante la guerra y la represión y que estadísticamente la absoluta mayoría de los que tuvieron que huir lo hicieron por esas razones. Pero insisten en que es obligatorio exigirles pruebas claras y sospechan que en algunos casos no se hizo.

En todo caso, por ahora no se juzga esa cuestión, sino que estamos ante medidas provisionales adoptadas mientras se resuelve. Y la medida provisional es nada menos que privar de su derecho al sufragio a decenas de miles de españoles.

Para justificarlo, el Tribunal recurre continuamente a argumentos tramposos, a la vez que pretende no darse cuenta de que está violando flagrantemente la Constitución. Como punto de partida, los magistrados insisten en que no se está privando a nadie de ningún derecho porque es solo una suspensión provisional. Deben menospreciar la inteligencia del lector y la ciudadanía, puesto que quien no pueda votar en estas elecciones ya no podrá recuperar jamás el derecho a votar en ellas. Más allá de la fecha de las elecciones, no hay ni suspensión ni provisionalidad sino pérdida irreparable de uno de los derechos más fundamentales de la democracia.

La decisión exuda soberbia. El principal argumento del Supremo es que él es el Supremo. Insiste en que, por tanto, puede decidir todo lo que considere necesario, sea lo que será, para asegurar la efectividad de su futura sentencia. Al parecer, puede incluso alterar los resultados electorales, que es lo que pasará cuando finalmente resulte que no ha habido ningún problema en la adquisición de la nacionalidad de alguno de estos conciudadanos.

Ciertamente, con esta decisión el Tribunal Supremo está prejuzgando cómo acabará el asunto: una vez que no les ha permitido votar en unas elecciones, la única salida posible será sentenciar que carecían de este derecho. Pero ni así será aceptable, porque entre quienes no podrán votar en noviembre se incluyen conscientemente españoles y españolas que no están incluidos en las categorías que los recurrentes y el Tribunal consideran problemáticas.

El auto ha decidido sacar en principio del censo a todos los inscritos mediante la ley de nietos. Solo después establece que podrán librarse de esta exclusión y recuperar su derecho quienes demostraron con pruebas que sus familiares escaparon del país por motivos de persecución política o ideológica. Eso exigiría recuperar y examinar uno por uno más de ciento cincuenta mil expedientes terminados y analizar si en cada uno de ellos había efectivamente pruebas o se recurrió a una presunción. El Estado ha justificado que eso es materialmente imposible de hacer en los diez días que quedan para la emisión de los certificados censales. Así que es evidente que se van a quedar sin votar incluso personas cuya recuperación de la nacionalidad española no ha sido discutida.

Estamos ante un auto que sólo puede haber dictado un tribunal que no conozca, o deliberadamente ignore, la Constitución española. De hecho, el auto, para argumentar que no es imposible privar del derecho al voto a ciudadanos españoles, cita el ejemplo de que la ley electoral excluye de las elecciones municipales a residentes en el extranjero y de todas las elecciones a quien esté condenado a ello por sentencia firme. Cita la ley electoral para no invocar a la Constitución. No es posible imaginar que estos magistrados desconozcan el artículo 68 de nuestro texto constitucional que, a propósito de las elecciones generales, establece que “son electores y elegibles todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos”. 

Para justificar un atentado tan grave contra la integridad misma del sistema democrático el Tribunal Supremo tiene un único argumento. Dice que el interés general de preservar la pureza del proceso electoral debe prevalecer sobre el derecho de sufragio de quienes figuran inscritos en el censo de residentes en el extranjero. Es difícil superar esta manipulación argumental. Intenta presentar el asunto como un conflicto entre un interés común y un derecho individual, cuando la realidad es que el principal interés colectivo en las elecciones es la fidelidad en la expresión de la voluntad del cuerpo electoral. Es decir, que todo él tiene derecho a votar debe poder hacerlo y hacerlo con total libertad.

La sensación de muchos juristas conocedores de la decisión es que estos jueces carecen de todo argumento jurídico. Basta el ejemplo de que en un auto anterior fundaron su decisión esencialmente en el alto número de inscritos. Ahora que el Estado ha demostrado que es una cuarta parte de lo que ellos pensaban, dicen que el número es lo de menos.

Lo que estamos presenciando es de extrema gravedad. Los magistrados del Supremo, algunos de ellos indisimulados activistas del partido conservador, se suman a la marea de quienes atizan las sospechas conspiranoicas sobre la manipulación electoral. Les da igual que la mayoría de quienes han recuperado su nacionalidad puedan ser votantes populares: pareciera que su objetivo fuese impedir que vuelvan, con todos los derechos, a los descendientes de quienes fueron expulsados por el franquismo del país. El Tribunal Supremo ha perdido respetabilidad entre muchos españoles, que lo ven como defensor de unos valores muy alejados de los de la Constitución. Como ocurre con esta decisión, que vulnera frontalmente las bases mismas del sistema democrático. La impresión que transmiten es que, como se dice coloquialmente, se han echado al monte.

El activismo judicial en España ha dejado de guardar las formas. Ya no le hace falta el pudor de la toga ni el disimulo de los tecnicismos. La reciente decisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de rechazar el recurso de la Abogacía del Estado y mantener la suspensión cautelar del voto para 163.020 españoles en el exterior no es un acto de prudencia jurídica. Es una intervención política (diseñada, eso sí, con escuadra y cartabón) en el campo de juego de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Con esta decisión, el Alto Tribunal no solo arbitra el partido: ha bajado al césped a rematar el córner en el minuto de descuento.

Para entender la magnitud del escándalo hay que desbrozar el camino de la infamia. La llamada Ley de Nietos nació amparada por una “Instrucción” del Ministerio de Justicia que aliviaba la carga de la prueba a los descendientes del exilio, presumiendo su condición si salieron del país en los años de plomo de la dictadura. Aquella norma contó en sus inicios con el perfil bajo y los matices del Partido Popular, que pretendía mantener su tradicional caladero de votos en el exterior, singularmente en Galicia y el norte peninsular. 

De hecho, Feijóo prometió en 2022 una ley específica para los descendientes de españoles y su programa de 2023 recogía ese compromiso. La contradicción es aún más llamativa si recordamos que el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó en 2015 una ley para facilitar la nacionalidad a los sefardíes: hasta finales de 2024 se habían concedido 72.209 nacionalidades por esa vía. Entonces se invocaba la reparación de un vínculo histórico. Vínculo que parece que no es relevante cuando se trata de descendientes de exiliados por el franquismo.

Pero la irrupción de Vox y ese artefacto judicial que es Iustitia Europa activaron las alarmas de la derecha. Los de Abascal llevaban tiempo alimentando la sospecha de que esta ley era, en realidad, una fábrica de votantes socialistas, así que cuando los populares se unieron a la nueva cruzada, la “integridad de la patria” exigió sacrificar los derechos de sus propios compatriotas. El PP viró en redondo y el Supremo acudió raudo al silbato.

La resolución es jurídicamente aberrante por una razón que el Supremo despacha con soberbia: los 163.020 afectados ya gozan de la nacionalidad española de pleno derecho. Tienen su pasaporte, constan en los registros del Estado y son ciudadanos a todos los efectos. Pero el Supremo, en una pirueta elitista, ha creado una ciudadanía de segunda categoría. El tribunal dictamina que el derecho de sufragio no es “absoluto” y congela el voto de miles de personas bajo la sospecha abstracta de que el trámite por el cual adquirieron su condición nacional fue “demasiado laxo”. Es un hito inaudito: un tribunal priva preventivamente de un derecho constitucional a ciudadanos legítimos para proteger una supuesta “limpieza del censo” que nadie ha demostrado alterada. El Supremo ha intervenido, pero siempre con mesura, ante fraudes localizados de empadronamiento municipal, el burdo “turismo electoral” de los caciques locales. Ahora no ha tenido reparos en aplicar una purga masiva a escala internacional a las puertas de unas generales.

Este movimiento no es sino es el enésimo capítulo de una trayectoria de resistencia numantina de la cúpula judicial contra el Gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez. Vivimos en ese país donde el Supremo se rebela contra el poder legislativo de forma sistemática. Hace apenas una semana, el Tribunal Constitucional tuvo que enmendarle la plana a la Sala de lo Penal y al juez Pablo Llarena por su insólita interpretación de la Ley de Amnistía, acusándolos de inventarse un “beneficio patrimonial” para no aplicar la norma al delito de malversación. 

Ahora la pelota vuelve a estar en el tejado de un Tribunal Constitucional obligado a actuar a contrarreloj. La Abogacía del Estado no tiene otra salida que presentar un recurso de amparo urgente invocando la vulneración flagrante del derecho al sufragio activo (artículo 23 de la Constitución) y la indefensión absoluta (artículo 24) que supone exigir la revisión individual de más de 160.000 expedientes consulares en un intervalo temporal mínimo. Una vulneración de derechos fundamentales de manual. La clave está en que el Constitucional tiene la facultad legal de resolver solicitudes de medidas “cautelarísimas” de 24 a 48 horas: podría suspender la resolución del Supremo antes del 23 de octubre, fecha límite e inamovible en la que la LOREG exige cerrar el censo definitivo.

Quizás en previsión de esta posibilidad, Vox y la parte más vociferante del PP –la inefable Ayuso— ya se han dedicado a embarrar el terreno de juego. Ahora se entienden mejor las constantes referencias al “pucherazo” electoral por parte de los de Abascal o que la de Chamberí saliera a las primeras de cambio a cuestionar el voto por correo. No seré yo quien diga que hay vasos comunicantes entre la derecha y el poder judicial, un conducto por el que la afinidad ideológica circula a presión constante. Pero no está de más recordar que los populares estuvieron a punto de firmar en noviembre de 2018 un acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial con un Sánchez que acababa de ganar una moción de censura por primera vez en democracia. Un preacuerdo que Ignacio Cosidó vendió como “extraordinario” porque permitiría al PP controlar “la Sala Segunda desde detrás”.

Una oportuna filtración periodística de este mensaje de WhatsApp dio al traste con aquel preacuerdo y así seguimos ocho años después: con un CGPJ sin renovar, oportunamente dominado por una mayoría conservadora, que no ha tenido a bien reprobar ninguna de las delirantes actuaciones del juez Peinado, por poner solo un ejemplo. España se asoma a un escenario de colisión institucional sin precedentes. Quienes se llenan la boca con la separación de poderes han acabado por convertir el Tribunal Supremo en el órgano, también supremo, de la oposición política.

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha arrancado este sábado en la localidad sevillana de Dos Hermanas la precampaña electoral de cara a los comicios del próximo 29 de noviembre con un mensaje centrado en la vivienda y en los servicios públicos, que promete reforzar, frente a una oposición que, ha asegurado, “no ha hecho los deberes” durante la actual legislatura.

“Tratan de meter miedo a la gente”, ha afirmado Sánchez, quien ha criticado los intentos de caras visibles de Partido Popular y Vox de cuestionar el voto por correo o las nacionalizaciones de descendientes de exiliados de la Guerra Civil y ha defendido que, aunque la derecha argumenta que “no podemos enfrentar a los propietarios con el inquilino” para votar contra los decretos de vivienda, “no saben que los pequeños propietarios tienen a su lado a sus hijos que sufren también” este problema.

“Tratan de enfrentar a pequeños propietarios e inquilinos para que no miremos arriba, que es donde está el problema”, ha exclamado el líder socialista, quien ha avanzado que la intención de su partido es “unir a los pequeños propietarios y a los inquilinos y que miremos arriba: a los de los aticazos y a los fondos buitre”, y ha prometido acabar “con la especulación y con sus abusos”.

El presidente del Gobierno ha arrancado su intervención en este acto, en el que ha estado acompañado por el alcalde de Dos Hermanas, Paco Rodríguez, y por la secretaria general de los socialistas andaluces, la exvicepresidenta María Jesús Montero, trasladando su respeto y su cariño a la recientemente fallecida Maricarmen Abascal, a su familia y “a todas las personas que, como ella, están sufriendo a los fondos buitre y sus amenazas”.

Pedro Sánchez ha defendido la aprobación de los decretos de vivienda que, ha asegurado, protegen “a los inquilinos y también a todos los pequeños propietarios frente a la especulación” y ha avanzado que los reforzará. Sobre las políticas que defenderán en el Congreso que salga elegido de las próximas elecciones de noviembre, Sánchez ha argumentado que “a nosotros nos corresponde llegar tan lejos como quiera la calle y llegar tan lejos como nos permita la fuerza del voto de la gente” y que su compromiso es que la política de vivienda “no tiene fecha de caducidad”.

El presidente del Ejecutivo ha afirmado que en las causas sociales, “en las grandes conquistas sociales”, los grandes avances recorren siempre un mismo camino que ha sintetizado en tres pasos: “la movilización social”, “el no de los de siempre” y un “desbordamiento” de la sociedad que “apoya mayorías progresistas que llevan a leyes esas grandes conquistas sociales”.

En ese momento, ha defendido las movilizaciones por las pensiones dignas durante los gobiernos de Mariano Rajoy, las manifestaciones en defensa de la igualdad entre hombres y mujeres o por los derechos del colectivo LGTBi o contra la precariedad y que ha ligado a medidas aprobadas por sus gobiernos en matería de revalorización de pensiones, de subidas del salario mínimo interprofesional, la reforma laboral, el matrimonio entre personas del mismo sexo o la ampliación de los permisos de paternidad para hombres y mujeres.

Tras ello, el líder del PSOE, que ha aprovechado para defender las movilizaciones por la paz y contra el genocidio en Gaza recordando que su gobierno reconoció al Estado de Palestina, ha asegurado que “hoy, la causa social lleva el nombre de una mujer que falleció después de ser desahuciada”, en referencia a Maricarmen. “Honraremos ese ejemplo de vida”, ha dicho Sánchez tras recordar que en uno de sus últimos mensajes Maricarmen pidió “que lo que yo he sufrido no lo sufra nadie más”.

Sánchez se describe como “un perro sin amo”

“Cada generación tiene su lucha y la nuestra también será la vivienda”, ha afirmado el presidente del Gobierno, quien ha pasado a cuestionar “el mensaje del miedo” y del “España se hunde” de los dos principales partidos de la oposición, a la que ha acusado de estar “siempre con la fábula de Pedro y el lobo”.

“En la fábula de Pedro y el lobo, el lobo son ellos. Yo en todo caso soy un perro que no tiene amo. Y si sirvo a alguien es a la gente de a pie”, ha exclamado Sánchez, entre gritos de “¡Presidente, presidente!” de los asistentes. Poco antes, Sánchez había dejado claro que “el miedo no gana elecciones”, sino que lo hace la “esperanza” que dice representar el PSOE.

Después, ha recordado una intervención del portavoz del PP, Borja Sémper, en la que afirmó que, en caso de vencer el PP las elecciones se acabarían los insultos. “Pues yo prefiero que estén en la oposición cuatro años más en la oposición insultando y nosotros gobernando para la gente, para hacer los avances sociales que merece la gente, particularmente en vivienda”, ha dicho, irónico, el secretario general socialista.

Las dudas de la derecha sobre el voto por correo

Tras ello, ha puesto en cuestión las críticas y las dudas sembradas por líderes tanto de PP como de Vox sobre el funcionamiento del voto por correo en España, y ha cuestionado sarcásticamente “empezar una campaña electoral desanimando a la gente a que vote...”

Pedro Sánchez ha defendido que si los partidos de la derecha hacen este tipo de afirmaciones es porque “quien ejerce del derecho a voto por correo en unas elecciones” son fundamentalmente trabajadores de servicios esenciales, personas que viven lejos de su lugar de origen o personas con dificultades de movilidad.

“Estos de 'el que pueda hacer que haga' ahora son los de cuantos menos votos, mejor”, ha ironizado Sánchez, quien ha avisado que “a urnas llenas, gana la gente” mientras que “cuantas más urnas vacías, ganan los que mueven los hilos”. Después, ha hecho un llamamiento a acudir a votar el próximo 29 de noviembre y ha dado por hecha la victoria del Partido Socialista para “gobernar cuatro años más para la gente, que es a quien servimos”.

Un total de 1.876.349 electores están llamados a votar en las elecciones generales del 29 de noviembre para elegir a los diputados por las provincias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, 191.335 de ellos residentes en el extranjero (10,19%).

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el peso del voto emigrante duplica al de Las Palmas. De los 937.138 electores recogidos en el censo en la provincia occidental, 125.100 residen en el extranjero, lo que supone casi uno de cada siete (13,34%).

En Las Palmas, los electores residentes en otros países son uno de cada 14, el 7,05% (66.235 de un total de 939.211).

En algunas islas concretas, el censo de electores en el extranjero que elegirán a su representante en el Senado es especialmente significativo.

Por ejemplo, en La Gomera, residen fuera de España cuatro de cada diez votantes (11.532 de 28.083); en La Palma, tres de cada diez (26.196 de 92.353); y en El Hierro, dos de cada diez (2.470 de 11.598).

Tres países concentran el 75% de los electores canarios en el extranjero: Cuba, con 72.157 (37,71%); Venezuela, con 52.775 (27,58%); y Estados Unidos, con 20.428 (10,68%).

Les siguen el Reino Unido, con 6.670 (3,49%); Argentina, con 5.896 (3,08%); Alemania, con 4.644 electores (2,43%); Francia, con 2.746 (1,44%); Uruguay, con 2.493 (1,30%); Bélgica, con 1.712 (0,89%); y Suiza, con 1.680 (0,88%).

En el conjunto de España, un total de 38.728.356 electores están llamados a votar en las elecciones generales, de los cuales 1.615.127 podrán participar por primera vez en estos comicios al haber cumplido 18 años desde los comicios anteriores.

Además, 2.769.645 electores residen en el extranjero, 444.335 más respeto a los comicios del 23 de julio de 2023 (2.325.310), según informa Instituto Nacional de Estadística (INE) en un comunicado.

Consulta del censo electoral y reclamaciones

El censo electoral de residentes en España se podrá consultar del 12 al 19 de octubre en los ayuntamientos y en las delegaciones provinciales de la OCE. Los electores residentes en el extranjero podrán comprobar sus datos de inscripción en estas mismas fechas en las oficinas consulares.

Los electores, tanto residentes en España como en el extranjero, podrán presentar reclamaciones a través de la Sede Electrónica del INE con el sistema Cl@ve aportando un certificado vigente de inscripción en el Padrón de su municipio de residencia o en el Registro de Matrícula Consular.

También podrán presentar reclamaciones a sus datos de inscripción en los ayuntamientos, consulados o en las delegaciones provinciales de la OCE en el mismo plazo, del 12 al 19 de octubre.

Tarjetas censales

Las tarjetas censales se enviarán a partir del 2 de noviembre. En ellas se informará de la mesa y el local electoral donde vota el elector.

En menos de dos meses, más de dos millones de canarios podrán acudir a las urnas para elegir a los próximos representantes del Congreso y el Senado. Sin embargo, quienes se encuentren fuera de la jurisdicción que les corresponde para ejercer este derecho -al menos 212.000 personas- o no puedan acudir a su colegio electoral tendrán que recurrir al voto por correo.

El adelanto electoral anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la derrota parlamentaria ha fijado la fecha de las elecciones generales para el próximo 29 de noviembre.

¿Hasta cuándo se puede solicitar el voto por correo?

Según establece la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, el voto por correo puede solicitarse desde la convocatoria de las elecciones y hasta el décimo día anterior a la votación.

Por tanto, el 19 de noviembre será el último día para solicitar el voto por correo, mientras que el plazo para depositarlo en una oficina de Correos se prolongará hasta el 26 de noviembre.

Cómo solicitar el voto por correo paso a paso

Los electores interesados deberán solicitar ante la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral correspondiente el certificado de inscripción en el censo.

La solicitud puede realizarse en cualquier oficina de Correos, donde será necesario presentar el DNI original en formato físico. No se admite una fotocopia del documento de identidad.

También existe la posibilidad de realizar la solicitud por internet a través de la página web de Correos utilizando el DNI electrónico o un certificado digital.

Una vez presentada la solicitud y aceptada por la Oficina del Censo Electoral, el elector ya no podrá votar presencialmente en la mesa electoral el día de las elecciones.

¿Puede otra persona solicitar el voto por correo en mi nombre?

En determinados casos, sí. Si el elector no puede acudir personalmente a una oficina de Correos por enfermedad o incapacidad, otra persona podrá realizar el trámite en su nombre.

Para ello será necesaria una autorización notarial o consular. Esta autorización es individual y únicamente puede incluir a un elector, por lo que una misma persona autorizada no podrá solicitar el voto por correo para varios votantes.

¿Cuándo se recibe la documentación para votar por correo?

Los electores que hayan solicitado el voto por correo recibirán en su domicilio la documentación necesaria para votar entre el 9 y el 22 de noviembre.

El envío incluirá:

¿Hasta cuándo se puede depositar el voto por correo?

Una vez recibida toda la documentación, el elector podrá entregar su voto en cualquier oficina de Correos hasta el 26 de noviembre.

Para depositarlo será obligatorio identificarse. Este requisito fue introducido en 2023 después de las sospechas de fraude relacionadas con el voto por correo en Melilla y otros municipios durante las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo.

¿Qué ocurre con el voto por correo el día de las elecciones?

Correos conservará hasta el día de la votación toda la correspondencia dirigida a las mesas electorales y la trasladará a los colegios a las 9.00 horas.

La ley también contempla que Correos entregue a las mesas los sobres que puedan recibirse durante la propia jornada electoral, hasta las 20.00 horas. Los envíos que lleguen después de esa hora serán remitidos a la Junta Electoral de Zona.

Además, Correos llevará un registro de toda la documentación recibida, que podrá ser consultado por las Juntas Electorales.

Andalucía elegirá 60 diputados al Congreso en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, uno menos que en los últimos comicios del 23 de julio de 2023, ya que Cádiz pierde un escaño por peso poblacional y elegirá ocho en lugar de nueve.

Así lo refleja el Real Decreto de disolución de las Cortes y convocatoria de elecciones para el 29 de noviembre que publica este martes el Boletín Oficial del Estado (BOE), consultado por Europa Press, y que fija la constitución del Parlamento, una vez celebrados los comicios, el miércoles 23 de diciembre.

En concreto, Andalucía elegirá el próximo 29N a 60 diputados al Congreso y 32 representantes para el Senado por las ocho provincias de la comunidad autónoma. La circunscripción en la que se vuelve a elegir el mayor número de escaños al Congreso de los Diputados es Sevilla, con 12, seguida por Málaga, con 11.

Por detrás se sitúan Cádiz, con ocho; Granada, con siete; Almería y Córdoba, con seis; y Huelva y Jaén, con cinco escaños en el Congreso cada una.

El Senado

Con respecto a los miembros que se eligen en el Senado por el conjunto de la comunidad autónoma, ascienden a 32 y por cada circunscripción se designan cuatro, al margen de los elegidos por el Parlamento andaluz en representación de la comunidad tras las elecciones autonómicas del pasado 17 de mayo.

Actualmente, los senadores en representación de Andalucía son Javier Arenas, Jesús Aguirre, Fran Oblaré y Virginia Pérez, a propuesta del PP-A; María Jesús Montero, Juan Espadas y Susana Díaz, a propuesta del PSOE-A; y Álvaro Zancajo y María Auxiliadora Pastor, a propuesta de Vox.

La llamada “ley de nietos” nació como una medida de reparación histórica de la mano de la Ley de Memoria Democrática de 2022. Pero su aplicación masiva plantea, quizá de forma inesperada, una pregunta que va bastante más allá de la memoria democrática: ¿qué relación debe existir entre nacionalidad, residencia y derecho de voto?

La disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática permitió adquirir la nacionalidad española de origen a determinadas categorías de descendientes de españoles. La dimensión del proceso ha sido considerable, y se calcula que ha dado pie a más de 2.4 millones de solicitudes, muchas pendientes de resolución. 

La legitimidad de esa reparación y la cuestión de quién debe participar en las elecciones son, sin embargo, problemas diferentes. Podemos considerar justificado que una persona recupere la nacionalidad de sus padres o abuelos y, al mismo tiempo, preguntarnos qué vínculo debería exigirse para participar en las decisiones políticas de un país en el que quizá nunca haya vivido.

Aquí conviene distinguir la nacionalidad de la pertenencia democrática. La nacionalidad cumple muchas funciones: expresa una identidad, garantiza el derecho a regresar, proporciona protección diplomática y reconoce jurídicamente determinados vínculos históricos y familiares. Pero de ello no se deriva necesariamente que cualquier nacional, con independencia de su relación efectiva con el país, tenga que participar en idénticas condiciones en la formación de su voluntad política.

La cuestión pertenece, ante todo, a la teoría democrática. Una de las intuiciones centrales de la democracia es que quienes están sometidos de manera estable a un poder político deben tener voz en su constitución. Las leyes sobre impuestos, educación, sanidad, vivienda, pensiones, trabajo o seguridad condicionan de manera continuada la vida de quienes residen bajo la jurisdicción del Estado. La residencia posee por ello una relevancia democrática propia: identifica, aunque imperfectamente, a quienes comparten las consecuencias ordinarias de las decisiones colectivas.

Esto no significa que quien vive en el extranjero carezca necesariamente de intereses en España. Puede tener aquí familia, propiedades o inversiones, contribuir económicamente, seguir diariamente la política española o proyectar su regreso. Las tecnologías de comunicación han vuelto además poco convincente la idea de que quien vive lejos está necesariamente peor informado. Pero el fenómeno que pone de relieve la ley de nietos es distinto del caso tradicional del emigrante. Podemos encontrarnos con ciudadanos españoles que hayan nacido y vivido siempre en otro país y cuya vinculación con España proceda exclusivamente de su ascendencia. Jurídicamente son españoles como cualquier otro. Democráticamente, sin embargo, cabe formular otra pregunta: ¿debe la nacionalidad formal ser por sí sola condición suficiente para participar en las decisiones colectivas de una sociedad en la que nunca se ha residido?

No todas las democracias responden afirmativamente. Alemania exige a los ciudadanos que viven permanentemente en el extranjero, como regla general, haber residido al menos tres meses consecutivos en Alemania después de los 14 años y que esa residencia haya tenido lugar dentro de los 25 años anteriores, aunque admite una vía alternativa para quienes demuestren una vinculación personal y directa con la realidad política alemana. Nueva Zelanda exige, para votar desde el extranjero, haber vivido en el país durante más de doce meses continuados en algún momento de la vida y, tratándose de ciudadanos neozelandeses, haber estado en Nueva Zelanda al menos una vez durante los tres años anteriores. 

Estos ejemplos muestran que introducir alguna conexión entre residencia y sufragio exterior no es en sí mismo incompatible con la democracia. Expresa simplemente una determinada respuesta a una cuestión previa: quién forma parte del pueblo que adopta unas decisiones políticas cuyas consecuencias recaerán principalmente sobre quienes viven bajo esas instituciones.

Pero este razonamiento tiene un reverso que no podemos ignorar. Si atribuimos importancia democrática a estar sometido de forma continuada a las leyes de un país, la misma lógica obliga a mirar hacia quienes viven en España sin tener nacionalidad española. Nuestro sistema puede permitir participar en unas elecciones generales a una persona que ha adquirido la nacionalidad por descendencia y nunca ha vivido en España, mientras excluye a quien lleva ocho o nueve años trabajando aquí, pagando impuestos, utilizando sus servicios públicos, criando aquí a sus hijos y sometiendo su proyecto vital a las decisiones de las instituciones españolas.

La comparación no pretende afirmar que el primero carezca de vínculos legítimos con España ni conduce necesariamente a reconocer automáticamente el sufragio nacional a todos los extranjeros residentes. Sí obliga a preguntarse por la coherencia de nuestros criterios de inclusión política. Si la residencia y la sujeción estable al poder público proporcionan una razón para limitar o modular el voto exterior, también proporcionan una razón para favorecer la incorporación política de quienes residen de manera estable en España. Esto podría hacerse ampliando determinados derechos electorales a los residentes no nacionales después de cierto tiempo o, alternativamente, facilitando su acceso a la nacionalidad.

El contraste es especialmente llamativo porque el ordenamiento español exige, como regla general, diez años de residencia legal, continuada e inmediatamente anterior a la solicitud para que un extranjero pueda acceder a la nacionalidad, además de buena conducta cívica y un grado suficiente de integración. Al mismo tiempo, puede reconocer la nacionalidad —y con ella el derecho de voto en elecciones generales— a descendientes de españoles que nunca han residido en España. No se trata de negar la legitimidad de ninguno de estos vínculos, sino de preguntarse por qué el ordenamiento atribuye tanto peso político a la ascendencia y, comparativamente, tan poco a una residencia prolongada y efectiva.

Desde la teoría democrática, por tanto, la cuestión no debería formularse como una oposición entre “españoles auténticos” y españoles con vínculos más débiles. Tampoco tendría sentido convertir la ley de nietos en objeto de sospecha. La pregunta interesante es más general: ¿qué debe contar para formar parte del demos? Si entendemos que basta la nacionalidad, aunque nunca haya habido residencia, tendremos que explicar por qué atribuimos tan poco valor político a muchos años de residencia sin nacionalidad. Si consideramos relevante vivir bajo las mismas instituciones y compartir sus consecuencias, tendremos que discutir simultáneamente tanto los límites del voto exterior como las vías de inclusión de los extranjeros residentes.

Hasta aquí llega la teoría democrática. A partir de aquí comienza una cuestión distinta: la del Estado de Derecho. Incluso si considerásemos democráticamente aconsejable exigir algún vínculo residencial para determinadas formas de sufragio exterior, esa conclusión no podría traducirse sin más en una restricción aplicada administrativamente. Las condiciones de ejercicio del derecho de voto deben establecerse mediante normas generales y respetando las garantías constitucionales.

Esto conduce a una segunda distinción esencial: no es lo mismo preguntarse qué regulación sería democráticamente más adecuada que determinar quién tiene competencia para adoptarla. La primera pregunta admite discusión política y teórica. La segunda está regulada por la Constitución. La eventual modificación de las condiciones del sufragio exterior corresponde primariamente al legislador, y no a ninguna norma de rango inferior que suplante o altere la voluntad del mismo. Y serían posteriormente los tribunales —en último término, el Tribunal Constitucional— quienes tendrían que determinar si una regulación que introdujera criterios como residencia previa, tiempo de ausencia o conexión efectiva resulta compatible con los derechos políticos constitucionalmente protegidos. Lo que los tribunales no deberían hacer es sustituir esa deliberación legislativa por su propia concepción de quién merece formar parte del electorado. Lo que están obligados a hacer es a controlar la legalidad de la actuación de los poderes públicos y el principio de reserva de ley.

La “ley de nietos” ha hecho visible una transformación mucho más amplia. Nacionalidad, residencia e integración política han dejado de coincidir fácilmente en sociedades marcadas por la emigración, la inmigración y la doble ciudadanía. El verdadero debate no consiste en cuestionar la españolidad de quienes han recuperado legítimamente la nacionalidad de sus antepasados. Consiste en preguntarnos qué relación queremos establecer entre pertenecer jurídicamente a España, vivir bajo sus instituciones y participar en el poder que las gobierna.

El Tribunal Supremo ha suspendido cautelarmente el derecho a voto de las personas que viven en el extranjero y han obtenido la nacionalidad española gracias a la Ley de Nietos, aprobada en 2022 en el marco de la Ley de Memoria Democrática. PP y Vox llevan meses agitando el miedo ante un posible fraude electoral, ante un presunto amaño del censo por la inclusión de estas personas. Esta decisión, valorada ahora por la justicia como una opción posible, deja en el limbo a 400.000 personas, hijos y nietos de republicanos exiliados españoles… Que son españoles… pero que no tienen derecho a voto. 

Lo analizamos con la periodista de elDiario.es, Elena Herrera y con el catedrático de derecho constitucional, Joaquín Urías.

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La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha acusado al Gobierno “tener información” sobre el riesgo de crisis migratoria en Ceuta antes de que se produjera y no hacer “absolutamente nada” al respecto. “Tenemos un Gobierno que no sólo abandonó a Ceuta, sino que además pudo promover que pasara lo que pasó”, ha insistido la portavoz, que también ha acusado al Ejecutivo de “alentar próximas invasiones”.

“Si después de una invasión de 80.000 personas los inmigrantes irregulares que quedan en Ceuta son repartidos en la Península, pasado mañana tienes una invasión de 200.000 y dentro de un mes de 500.000, porque lo que estás demostrando es que entrar irregularmente tiene premio”, ha advertido Muñoz, al tiempo que ha afirmado que hay que “seguir protegiendo la frontera y no alentar a próximas invasiones, que es lo que está haciendo el Gobierno de España con este tipo de mensajes”.

Asimismo, ha explicado que, según los informes conocidos, la Guardia Civil ya alertó a principios de julio de que se podía producir una entrada masiva, y ha recordado que el PP registró a mediados de ese mes una proposición de ley para modificar la Ley de Extranjería que, a su juicio, “el Gobierno metió en un cajón”.

“Toda la información que estamos conociendo, incluso información oficial que él mismo y su gobierno ha desclasificado, apunta a que el Gobierno de España sabía perfectamente que podía haber una invasión y no hizo absolutamente nada”, ha afirmado Muñoz este domingo en declaraciones a medios de comunicación en Sevilla la Nueva (Madrid).

En este sentido, ha insistido en que “es evidente que tenían la información y no quisieron proteger nuestra frontera”, ha remachado, en referencia también a informaciones que apuntan a que el jefe de Gabinete trasladó datos del CNI al delegado del Gobierno la noche anterior a la entrada masiva y a que hubo una orden del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de “no hacer nada”, como ha explicado la portavoz.

Preguntada por si el CNI advirtió o no de la dimensión de la entrada de migrantes, Muñoz ha matizado que “no lo dice el CNI”, sino que “el Gobierno dice que el CNI dice”, al considerar que no existe “un papel o una instrucción oficial” del organismo que confirme que no avisó de la magnitud de la entrada. “Le damos la credibilidad justa teniendo en cuenta que tenemos un Gobierno que lleva mintiéndonos cuatro años”, ha añadido.

Por otra parte, al ser cuestionada por la acogida de menores migrantes en comunidades autónomas, Muñoz ha insistido en que “esto no se trata de un problema de refugiados”, sino de “una invasión” y “un ataque de guerra híbrida destinado a desestabilizar Ceuta y, por tanto, a desestabilizar España y a desestabilizar la Unión Europea”.

En este sentido, ha defendido que todos los migrantes que entraron de forma irregular, “sean menores o sean adultos”, deben ser retornados “por donde entraron”, y que, en el caso de los menores, debe primar su interés superior estando “con sus familias” o, en su defecto, protegidos por los servicios sociales marroquíes.

Critica a Bolaños por “presionar” al Tribunal Supremo

La portavoz del PP ha aprovechado su comparecencia para criticar con dureza un mensaje publicado el día anterior por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, al que ha acusado de “atacar y presionar” a los magistrados del Tribunal Supremo para que dicten una sentencia “escrita a gusto del Gobierno de España” respecto a la denominada 'ley de nietos', algo que ha calificado de “enorme irresponsabilidad y gravedad”.

“En una democracia liberal el Ejecutivo no se enfrenta contra el Judicial. En una democracia liberal el imperio de la ley nos afecta a todos, a los tres poderes del Estado y también al Gobierno de España”, ha defendido Muñoz, quien ha sostenido que con ese mensaje el ministro dejó entrever la intención del Gobierno de utilizar la ley “fuera de la ley que aprobaron a posteriori” para ampliar el voto de los españoles en el exterior.

En este sentido, ha alertado de que, según su análisis, habrá municipios de Madrid, Castilla y León, Asturias, Galicia o Andalucía con más personas censadas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) votando desde fuera de España que habitantes residentes en ellos.

Finalmente, preguntada por si el PP condena las agresiones a periodistas en el ejercicio de su trabajo tras los ataques a profesionales de la información en Ceuta, Muñoz ha respondido que su partido “siempre” las ha condenado, “de cualquier naturaleza, de cualquier tipo y venga de quien venga”.

Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales han mostrado este sábado su “honda preocupación” por la decisión del Tribunal Supremo de suspender cautelarmente el derecho a voto de las personas que han obtenido la nacionalidad española en virtud de la disposición de la Ley de Memoria Democrática, conocida como 'ley de nietos', una medida que juzgan desproporcionada, puesto que afecta a un derecho fundamental.

Así lo han trasladado a través de un comunicado conjunto en el que, si bien muestran su respeto hacia el alto tribunal, se alinean con la tesis expuesta por la magistrada María Alicia Millán Herrandis en el voto particular discrepante que ha emitido desmarcándose de la decisión adoptada por sus compañeros de sala.

De este forma, critican que las medidas cautelares adoptadas por el Supremo, atendiendo la petición de Vox y Iustitia Europa, proyectan sus efectos electorales sobre la instrucción dictada en 2022 por el Ministerio de Justicia para desarrollar la 'ley de nietos' un documento que, recalcan, no ha sido impugnado “directa ni indirectamente” en este procedimiento.

Las dos asociaciones denuncian también que el Supremo priva del derecho constitucional de sufragio a personas que “son españolas en virtud de actos firmes, dictados por los órganos competentes con arreglo a la normativa vigente” y que lo hace, además, sin que el colectivo afectado “haya sido parte en el proceso y sin que se haya realizado un examen individualizado de su situación”.

Diferencia de trato entre españoles

Según la resolución judicial, estas personas no podrán votar hasta que el Supremo dicte sentencia salvo que acrediten que son descendientes de exiliados por motivos políticos. Para los jueces y fiscales progresistas, esta excepción “depende de una certificación” que los afectados “no pueden instar”, lo que genera “una diferencia de trato entre personas españolas de origen en función de la vía por la que accedieron a la nacionalidad, circunstancia que exige una especial cautela desde la perspectiva del principio de igualdad”.

Pero su principal crítica reside en la “proporcionalidad” de la medida al afectar esta “al ejercicio de derechos fundamentales”. En este contexto, se quejan de que, mientras “el riesgo” que se invoca el Supremo “se proyecta sobre procesos electorales futuros y todavía no convocados”, el “perjuicio que ocasiona la suspensión es, en cambio, inmediato y concreto”.

“Cuando una medida cautelar limita derechos fundamentales de un número muy elevado de personas, resulta necesario que la ponderación se realice con un rigor especialmente intenso”, enfatizan ambas asociaciones.

También destacan que la existencia de posiciones discrepantes, también en el seno de la JEC, pone de manifiesto la existencia de una “controversia interpretativa legítima” que, a su juicio, debe “resolverse en el enjuiciamiento del fondo, con plena contradicción y con todas las garantías”.

No hacer partidismo

En este contexto, dicen confiar en que el procedimiento, de tramitación preferente, “se resuelva con la mayor celeridad posible y, en todo caso, antes de que pueda convocarse cualquier proceso electoral”, como ha urgido también el Gobierno.

Además de reclamar que las dudas sobre la adecuación a la ley de la instrucción del Ministerio de Justicia se resuelvan mediante los cauces específicamente previstos para, exigen a las administraciones implicadas que ofrezcan “información clara y accesible” a las personas por la suspensión del derecho a voto y que este debate se afronte “con serenidad”, sin convertir “el censo electoral ni a las personas afectadas en objeto de confrontación partidista”.

“Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales reafirman su compromiso con la integridad de los procesos electorales y, con igual firmeza, con la garantía efectiva del derecho de sufragio de todas las personas que ostentan la nacionalidad española”, finaliza el comunicado.

Bolaños también cuestiona los argumentos jurídicos del Supremo

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, también ha puesto en cuestión este sábado los argumentos que han llevado al Tribunal Supremo a suspender cautelarmente el derecho a voto. “El auto TS privando provisionalmente de voto a miles de compatriotas es muy discutible jurídicamente”, ha asegurado.

Lo ha hecho a través de un mensaje en su cuenta de X, en el que se hace eco de este comunicado de JJpDD y la UPF. “Aquí los argumentos legales de JJpDD y UPF”, apunta Bolaños adjuntando el citado comunicado de las dos asociaciones progresistas. Además, el ministro vuelve a pedir “respetuosamente” al Supremo que “resuelva este tema antes de elecciones de 2027” e incide en que “el censo no puede alterarse sin base legal sólida”.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha levantado este lunes el bloqueo judicial impuesto a un decreto del presidente Donald Trump para restringir el voto por correo. En una decisión respaldada por la mayoría conservadora, el alto tribunal ha emitido una orden de emergencia que, por el momento, permite al magnate seguir con su plan. A dos meses de las elecciones de medio mandato, esta decisión suma incertidumbre al horizonte electoral, ya que todavía queda por ver la respuesta de los tribunales inferiores.

Los magistrados han dictaminado que Trump puede implementar la orden ejecutiva firmada el pasado mes de marzo, la cual instruye al Servicio Postal estadounidense a colaborar en el proceso para decidir qué votantes deben recibir los papeles para votar por correo. Según ese mismo decreto, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) —el mismo del cual depende ICE— creará listas de ciudadanos que, a discreción del gobierno, podrían utilizarse para monitorear los patrones electorales y para detectar supuesto fraude electoral. Concretamente, personas que no tengan la ciudadanía e intenten votar el próximo 3 de noviembre.

Con la popularidad por los suelos y la guerra de Irán encallada, Trump ha vuelto a reavivar las teorías de fraude electoral. El pasado mes de julio, el mandatario se dirigió a la nación con un mensaje que minaba aún más la confianza en el sistema electoral. El republicano afirmaba que había detectado “vulnerabilidades” que debía corregir, y volvía a insistir en la mentira de que le robaron las elecciones de 2020, donde perdió contra el demócrata Joe Biden. En esta ocasión fue un paso más allá y aseguró que China interfirió para asegurar su derrota en esos comicios.

En 2020 el voto por correo fue decisivo en la victoria de Biden, y desde entonces Trump no ha parado de cargar contra esta modalidad de voto, que mayoritariamente es usada por los demócratas. El magnate también ha estado alimentando la desconfianza en el sistema asegurando que las personas sin papeles van a votar, e insinúa que lo hacen en favor de los demócratas.

La decisión permite a la administración seguir adelante con su plan de limitar el voto por correo, incluso mientras un tribunal inferior continúa evaluando la legalidad de la orden ejecutiva de Trump. Aun así, no está claro si las normas de la Casa Blanca estarán vigentes para la jornada electoral, la cual está en juego el control de ambas cámaras del Congreso y todo apunta en favor de los demócratas.

El mismo tribunal inferior que había emitido este bloqueo que ahora ha sido levantado por el Supremo, también había publicado otra orden que complica aún más el escenario electoral. Esta segunda decisión impide al Servicio Postal aplicar determinadas partes de dicha orden ejecutiva, caso que, probablemente, llegue pronto a la mesa de los magistrados.

En el voto particular de la sentencia del Supremo, respaldado por las tres magistradas progresistas, la jueza Ketanji Brown Jackson advirtió que la decisión “inyecta caos e incertidumbre innecesariamente en las próximas elecciones de medio mandato”.

La restricción del voto por correo forma parte de una amplia maniobra con la cual Trump intenta diezmar la representación de aquellos ciudadanos que en las midterms (elecciones de medio mandato) puedan votar a favor de los demócratas: ya ha ganado prácticamente la batalla del rediseño de los mapas electorales, logrando que sea legal partir los principales distritos de votantes afroamericanos en el sur. De este modo, la fuerza de voto de este grupo queda diluida entre los otros distritos de mayoría blanca.

A pesar de que en 2024 el voto de los hombres negros fue clave para el retorno del republicano a la Casa Blanca, en los últimos años la tendencia entre la comunidad afroamericana ha sido votar demócrata.

Otra de las medidas que Trump está liderando para interferir en el sistema electoral es la norma Save Act, la cual lleva meses atascada en el Senado. El proyecto de ley plantea cambios profundos en la manera en que votan los ciudadanos. Entre otras medidas, obligaría a los votantes a acreditar la ciudadanía y eliminaría los registros de voto vinculados exclusivamente al voto por correo.

Una serie de modificaciones que, en un país sin un documento de identidad generalizado, amenazan con dejar sin acceso al voto a determinados grupos de población. El Brennan Center for Justice ya ha advertido que millones de mujeres casadas podrían ser unas de las grandes damnificadas, ya que sus nombres y apellidos actuales ya no coincidirían con el que tenían cuando nacieron. En EEUU las mujeres acostumbran a perder su apellido de solteras y pasan a adquirir el de su marido; de ahí el problema.

En los últimos días hemos escuchado a dirigentes del PP acusar a Pedro Sánchez de fraude electoral por la ley de Memoria Democrática, que abre las puertas de la nacionalidad a los nietos de los exiliados españoles en la dictadura. Esas personas, si consiguen ese derecho, podrán votar en las elecciones generales. Este discurso de la derecha española contrasta con lo que el propio Feijóo decía hace no tanto tiempo. En 2022, cuando se tramitaba la ley, el PP no hizo mención al asunto. De hecho, algo muy similar llevó en su programa electoral de 2023. Por no hablar de todas las elecciones en las que el PP gallego, con Feijoo y también con Fraga a la cabeza (visitando a Fidel Castro en Cuba para dejarse ver), se benefició del voto exterior.

Ahora, que todo vale para la confrontación, repasamos esa táctica del PP gallego con el periodista de elDiario.es, Luis Pardo y analizamos de qué manera el censo electoral ha sido, históricamente, un campo de batalla, el mayor que ha habido. Lo hacemos con el analista político y profesor en la Carlos III, Lluís Orriols.

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La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, se refirió este miércoles a las críticas del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a la disposición de la Ley de Memoria Democrática conocida como ley de nietos, que permite la nacionalización de descendientes de exiliados españoles, al asegurar que con el expresidente del Gobierno gallego y fundador del Partido Popular, Manuel Fraga, “votaban los muertos”. Recordó que Fraga “consiguió su mayoría absoluta gracias a un escaño que cambió el voto de la emigración” y que a lo largo de los años “hubo múltiples denuncias de cómo se manipulaba y cómo se compraban votos en la emigración”.

Preguntada este miércoles en rueda de prensa sobre las dudas trasmitidas por los dirigentes populares sobre un fin electoral de esta medida, Pontón manifestó que “cree el ladrón que todos son de su condición”. En este sentido, según informa Europa Press, la portavoz nacional del BNG criticó que el PP trate de trasladar que el hecho de que vote la emigración “es preparar un pucherazo” cuando en Galicia se sabe que “durante la época de Fraga votaban los muertos, se compraban sacos de votos e incluso hay testimonios de cómo el PP compraba con 50 dólares el voto de emigrantes”.

La líder de los nacionalistas gallegos afirmó que el BNG tiene una posición “muy clara” y defiende que el voto emigrante tiene que tener “todas las garantías democráticas” y que hay que poner “todos los medios para que las prácticas que se vieron con el PP en Galicia no se repitan nunca más”. “Porque quien tiene que votar son los emigrantes y lo que no se puede es utilizar la capacidad que tienen de votar para intentar poner en marcha prácticas absolutamente antidemocráticas”, dijo.

El PP, añadió, “sabe mucho de manipulación del voto de la emigración, pero es que también resulta muy incoherente que, por un lado, digan que es importante la emigración y que ahora estén haciendo este tipo de discursos”. “Nada que nos sorprenda, incoherencia y Partido Popular van de la mano”, zanjó.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, asegura que el PP “queda en evidencia” al cuestionar la denominada ley de nietos -que se recoge en la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática- y ha recordado a los populares que ya habido “hasta cinco iniciativas legislativas” que modificaron “a mejor y a más” las respuestas para los descendientes españoles que tuvieron que irse del país, entre ellas, alguna con el Gobierno del PP.

“El PP, en el año 2002, cuando ya era presidente Aznar, modificó la ley para ampliar las posibilidades de acogerse a la nacionalidad española a aquellos que estaban viviendo fuera de nuestro país y que tuvieron que abandonar España. Por tanto, el PP critica lo que hizo cuando gobernaba”, indicó el ministro en declaraciones a los medios este miércoles en Santiago de Compostela, en declaraciones recogidas por Europa Press.

Preguntado por el cuestionamiento de los populares sobre la llamada ley de nietos, Torres dijo que, si la crítica del PP se refiere a “que la ley añadió a las personas que fueron perseguidas por su orientación de género”, el Ejecutivo central está “muy orgulloso” de que se hayan incluido “personas que fueron torturadas, vejadas e incluso recluidas en centros de trabajo por su orientación sexual”.

En esta línea, el ministro ha acusado al PP de hacer “lo mismo” con las críticas a la regularización de migrantes, apuntando que el Gobierno de José María Aznar “en dos años regularizó a cerca de 600.000 españoles”. “Nosotros hemos hecho un proceso semejante, justo, en el que quien está absolutamente sola es la ultraderecha y la derecha ultra”, manifestó antes de recordar que la medida ha sido apoyada tanto por el Episcopado como por la patronal y por otras formaciones políticas.

El PP, insistió, “queda en evidencia” ante los españoles que están en otros países y que “ahora pueden regularizar su situación” porque “son descendientes, en muchos casos, de familias que se tuvieron que marchar y ahora vienen a un país en el que hay prosperidad”. La postura del PP contra “todo lo que haga el Gobierno”, lo lleva a cometer “tremendos errores”, concluyó.

“Te pagaban 50 dólares para ir a votar y todos fuimos a votar a Fraga”. La anécdota la relató en la radio en 2020 el pianista Juan Carlos Cambas, hijo de la emigración gallega en Argentina. El suyo es uno de tantos testimonios que atestiguan la importancia que, históricamente, ha tenido para el PP de Galicia el voto de la diáspora. Por su volumen –casi 500.000 votantes en las últimas autonómicas, más que en las provincias de Ourense o Lugo– puede mover escaños y, en un escenario ajustado, cambiar gobiernos. Una lección que Alberto Núñez Feijóo no tardó en aprender de su predecesor al frente del partido, por eso, desde que se hizo con los mandos, nunca descuidó a la parroquia del otro lado del mar.

Feijóo sucedió a Fraga en enero 2006 al frente del PPdeG y pronto comenzó a trabajar en rehacer los lazos con una emigración. “No tiene sentido que un nieto de españoles tenga menos derechos que un inmigrante”, decía ese mismo mayo desde el Hogar Español de Ancianos en Montevideo (Uruguay). “Hoy por hoy, España se lo puede permitir”, así que pidió “un esfuerzo”.

Junto con las romerías, los actos festivos y, más recientemente, las becas y las ayudas al retorno, la atención sanitaria siempre fue uno de los puntales de la presencia de Galicia en la diáspora. El hospital del Centro Gallego de Buenos Aires es, quizá, el más simbólico, también por su recorrido: después de que la Xunta saliese de su gestión en 2011 –ya con Feijóo al frente–, fue adquirido por el grupo Basa y, hace casi una década, vendido a Ribera Salud.

“El tema de la emigración no es político”, aseguraba entonces, en una visita en la que lo acompañaban varios cargos del PP, entre los que destacaba el presidente de la Deputación de Pontevedra, Rafael Louzán, presidente de la RFEF. En un momento en el que en España arreciaba el debate territorial, Feijóo destacaba que “la ideología de los emigrantes es ser gallego y español”.

“Nos podemos jugar que un partido gobierne Galicia”

Feijóo temía que una comunidad tan dependiente de las ayudas institucionales pudiera dejarse influir por el color de los gobiernos socialistas de Madrid y Santiago. “La colectividad es de centro y no socialista”, porfiaba en febrero de 2008, cuando viajó a Argentina a hacer campaña por un Mariano Rajoy que volvería a perder frente a Rodríguez Zapatero. Y eso que su hombre en Galicia prometió que, si ganaba, “equilibrará las pensiones de los emigrados, brindará asistencia sanitaria, ampliará la posibilidad de ciudadanía y dignificará el voto de los residentes extranjeros”.

A final de ese año, Feijóo regresó, pero ya en nombre propio. Era su primer asalto a la Xunta, sólo un lustro después de dejar la presidencia de Correos, pero ya empezaba a sembrar dudas sobre la limpieza del proceso. “En la transparencia del voto en Argentina nos podemos jugar la mayoría absoluta, nos podemos jugar que un partido –el PPdeG– o una coalición –socialistas y nacionalistas– gobiernen en Galicia”, afirmó tras reunirse con el que era ministro de Interior, Florencio Randazzo. De esa campaña data su promesa de un voto en urna que permitiese “al diez por ciento de la población gallega”, los residentes en el exterior, votar “con las mismas garantías y fiabilidad” que el 90 por ciento restante. Tras ganar, le trasladó esa demanda a Zapatero en su primera reunión institucional.

Feijóo retomó esa antorcha en su primer viaje como presidente a América Latina, apenas unos meses después de tomar posesión. Un periplo que lo llevó a tres países clave: Brasil, Uruguay y Argentina. Tan pronto como puso un pie en tierra, Feijóo insistió en “la equiparación de derechos de los emigrantes, tanto sociales, en el ámbito de la sanidad y los servicios sociales, como en la equiparación de derechos fundamentales, como es el derecho al voto” para que pudiesen ejercerlo en “urna de cristal”, un “voto occidental”, que es lo propio de una “democracia como la gallega”.

Las sospechas sobre la limpieza del voto emigrante no desaparecieron. A compras masivas, como la que relataba Cambas, aderezadas con cientos de kilos de pulpo o churrasco, se sumaban las denuncias sobre suplantación de identidad, lo que permitía en ocasiones ejercer el derecho después de fallecer. “Los muertos no votan”, se había esforzado en intentar negarlo Alfredo Pérez Rubalcaba, entonces también ministro de Interior, en una comparecencia en Compostela. Para aumentar las garantías, PP y PSOE –con el apoyo de CiU– decidieron implantar el voto rogado, es decir, la obligación de solicitar que le sea concedido.

La Guerra Civil, “pelea de abuelos”

Como consecuencia, la participación se desplomó a mínimos históricos y los colectivos de la diáspora pusieron el grito en el cielo. En 2015, Feijóo –de nuevo desde el Cono Sur– exigía la reforma del sistema electoral para eliminarlo y garantizar que los emigrantes pudiesen tomar decisiones “en las mismas condiciones que el resto de los españoles”. Lo hacía en la precampaña de las andaluzas para apoyar a Moreno Bonilla –“hay 200.000 andaluces viviendo fuera de España”, aseguraba el secretario ejecutivo del PP en el exterior– y reclamando “consenso” al PSOE porque la ley “siempre ha sido consensuada entre los dos grandes partidos”.

El fin del voto rogado llegaría, finalmente, en 2022, tras un acuerdo, sí, pero entre PSOE y Podemos. En octubre de ese mismo año entró en vigor la ley de nietos y, apenas unos días después, Feijóo –ya líder del PP estatal– viajó a Argentina, se reunió con la junta directiva de su partido en el país y participó en eventos como Buenos Aires celebra a España y Portugal. Allí, criticó la medida del Gobierno y se comprometió a impulsar otra norma “específica” para que los descendientes de españoles recuperasen la nacionalidad, ya que consideraba “un grave error” incluir un “derecho civil” dentro de una legislación “ideológica”.

“Tenemos que hacer una ley limpia en la que la nacionalidad no puede depender del plazo en el que el antecesor estuvo fuera de España ni tampoco de la causa”. Era la época en la que se refería a la Guerra Civil como el tiempo en que “nuestros abuelos se pelearon”.

Hoy resulta imposible imaginar cómo asistiría a estas contradicciones el predecesor de Feijóo, un Fraga que se despidió de la Xunta tal y como había llegado dieciséis años antes: pendiente de las papeletas de la emigración. En 2005, después de arrebatarle la mayoría absoluta en las urnas gallegas por un único escaño, la izquierda no ocultaba su preocupación por un hipotético voto conservador de la diáspora que diese al anciano presidente una legislatura más; pero no sucedió.

Fue justo lo contrario de lo que pudo haber ocurrido en 1989 cuando el León de Vilalba decidió abandonar el tablero estatal para competir en la política autonómica. La impresión que quedó de aquel proceso fue que Felipe González le puso un puente de plata. No sólo evitó todo lo que pudo apoyar a su candidato, Fernando González Laxe; meses después, con Fraga ya en la Xunta, “aparecieron unas sacas de correos con los votos de la emigración que le habrían dado el poder” al socialista. “Y no pasó nada”. Así lo cuenta el escritor Alfredo Conde, conselleiro de Cultura en aquel tripartito, en su libro A propósito de lo político.

“Ingeniería electoral”. Así tildó este lunes Alberto Núñez Feijóo la mal llamada ‘ley de nietos’, una disposición de la ley de memoria democrática que permite nacionalizarse españoles a los descendientes de los exiliados durante el franquismo, entre otros momentos históricos. Una norma vigente desde 2022 y que, ahora, las derechas azuzan contra el Gobierno para recuperar sus acusaciones de ‘pucherazo’ sin demostrar, como ya hicieran en 2023 o recientemente en las elecciones extremeñas del pasado mes de diciembre.

Vox abrió el camino, pero el PP se ha situado rápidamente a su costado con esa acusación contra el Gobierno lanzada por Feijóo desde el programa que presenta Federico Jiménez Losantos. La tesis: Pedro Sánchez hace “ingeniería electoral” para conseguir “nuevos votantes” porque “no le salen las cuentas”. 

El portavoz nacional del partido, Borja Sémper, intentó rebajar después las palabras de su jefe. “Hay potencialmente 2,5 millones” de “nuevos españoles”. Algo que “tiene un impacto electoral, en el censo”. “Nos preocupa, nos importa”, dijo Sémper en una rueda de prensa, pese a sostener que el PP “no prejuzga” la papeleta que elegirán esos potenciales votantes. 

El fundamento de la denuncia del PP es que “todo es posible” que no se fían “de los procedimientos”. “Vamos a estar encima políticamente”, advirtió el portavoz. 

Feijóo prometió que su partido reformará esta vía de nacionalización para “pedir una serie de requisitos adicionales” necesarios “para dar un pasaporte a una persona que nunca ha venido a España”. 

Unas declaraciones que chocan frontalmente con el propio Feijóo de las últimas décadas, cuando se dedicó a la política gallega. De hecho, hace 20 años el entonces líder de la oposición autonómica lamentaba que los nietos de los gallegos emigrados tenían que reclamar expresamente su deseo de mantener la nacionalidad española, lo que le parecía entonces algo digno “del lejano Oeste”.

Diez años después, en 2017, el propio Feijóo declaró: “Los derechos de los emigrantes son los nuestros”. “Sois tan gallegos como el que más y os merecéis que Galicia no os deje solos”, dijo hace ahora casi una década el entonces presidente de la Xunta.

En aquel momento, a Feijóo le interesaba ese voto exterior. Y ampliarlo si podía. En las elecciones autonómicas de 2024, que ganó su sucesor, Alfonso Rueda, los descendientes de los emigrantes que mantenían la nacionalidad española convertían a Galicia en la comunidad con mayor voto en el extranjero, casi un 20% del total. En Ourense, por ejemplo, suponía un 30% del censo. Y, habitualmente, el PP es el partido más agraciado por el voto CERA.

Ahora es la ley de memoria democrática, pero el anuncio de regularización de migrantes ya dio pie a las acusaciones del PP de ampliar el censo para un supuesto beneficio del Gobierno. El propio Feijóo responsabilizó en enero al Gobierno de “incrementar el censo de los españoles con la ley de nietos en más de dos millones de personas y con la regularización de la inmigración irregular de más de 800.000 personas”. Se da la circunstancia de que el PP regularizó a más de medio millón de personas bajo la legislatura de Aznar y con Rajoy aprobó la ley para conceder la nacionalidad a los sefardíes originarios de España. “El reconocimiento de la nacionalidad española para los judíos sefardíes es una reparación histórica”, decía por aquel entonces la popular María del Carmen Dueñas.

Ayuso, la beneficiada en 2023

No ocurre solo en Galicia. Una de las dirigentes de la derecha que más ha azuzado la conspiración del ‘pucherazo’, Isabel Díaz Ayuso, también fue premiada por el voto CERA en 2023. Los sufragios de los residentes en el extranjero le dieron al PP de Madrid el último escaño en liza. Fue el único diputado que se movió por los residentes en el extranjero.

Tanto el PP nacional como el partido en Madrid tienen en su estructura orgánica sendos delegados para encargarse del voto exterior. El coordinador de Acción Exterior del PP (un cargo interno del partido) es Antonio Rodríguez Miranda desde que Feijóo llegó a Madrid. Antes, desde 2012, ocupó el mismo cargo en el PP gallego con el mismo jefe. Desde entonces, cobra un sueldo público de la Xunta de Galicia como secretario xeral de Emigración.

El portavoz del PP, Borja Sémper, aseguró este lunes a preguntas de elDiario.es que “no existe” ninguna colusión por compatibilizar ambos cargos porque “el presidente del Gobierno es también el secretario general del PSOE”.

En Madrid, ese cargo lo ocupaba la hoy dirigente nacional Alma Ezcurra. Tras ascender al equipo de Feijóo, el cargo no ha sido actualizado, o al menos se mantiene Ezcurra, según la web oficial del PP de Ayuso. elDiario.es ha preguntado quién ocupa ahora el cargo sin obtener ninguna respuesta. 

“Asignar provincias de manera arbitraria a través de embajadas y consulados jugando con la ley de nietos es ilegal”, apuntó Ayuso este lunes en un acto del PP. Es una de las denuncias que hace el PP: si las personas nacionalizadas no eligen en qué provincia votar, será la administración quien lo decida por ellos.

Los números de la ‘ley de nietos’

En 2023 ya había más de 2,3 millones de españoles residentes en el extranjero con derecho a voto. De ellos, participaron un 10,04% del censo, lo que supuso 233.688 papeletas que solo movieron ese escaño ya citado en favor de Isabel Díaz Ayuso.

El procedimiento extraordinario recogido en la Ley de Memoria Democrática se cerró en octubre de 2025 y ya no se admiten más peticiones. 

A fecha 30 de abril, las solicitudes de nacionalización ascendían a 2.622.450 el número de solicitudes, según una respuesta parlamentaria del Ministerio de la Presidencia y Justicia al PP. 

En esa misma fecha, el número de peticiones aprobadas ascendía a 557.709, según el mismo documento. Esa cifra representa el número de personas que ya han adquirido el derecho a votar por la ‘ley de nietos’. En total, se han anotado ya en el Registro Civil casi 320.000 personas por esta vía, según fuentes del Gobierno consultadas por elDiario.es.

De la supuesta superioridad moral de la izquierda, un mito que la realidad se empeña en refutar, pende otro mito igualmente indefendible: el del obrero (o precario, o pobre, o vulnerable por cualquier razón) que vota a la derecha y que, según el mentado mito, sólo lo hace por dos motivos: por idiotez o por maldad.

Los millonarios o profesionales bien retribuidos que votan a la izquierda suelen proclamarlo con orgullo. “Voto contra mis intereses”, vienen a decir. Lo hacen, claro, porque creen en un determinado modelo de sociedad, porque consideran básica la función redistributiva de los impuestos y porque, en fin, cualquier carga fiscal que recaiga sobre ellos les parece justa.

Y porque no son xenófobos, ni detestan al inmigrante (esa figura con la que nunca tendrán que competir, más bien al contrario), ni desean volver a tiempos rancios. Creen en la libertad y la justicia social. Y, por todos estos motivos, están dispuestos a sacrificarse ante Hacienda y ante quien haga falta.

Aunque las propuestas económicas de la derecha les convendrían, hinchan el pecho y las rechazan en nombre de los principios más elevados. Asumen incluso que lo que hacen pueda parecer un poco idiota. Pero cuánta nobleza en esa idiotez.

Del otro lado está esa gente de la que hablábamos al principio: los desamparados que votan a la derecha. Aquellos que la izquierda percibe como idiotas sin atenuantes y agentes del mal.

¿Por qué esa gente vota a la derecha? Es posible que a la vendedora ambulante de comida o al propietario de un abrevadero de mala muerte les convengan unas políticas desregulatorias: sería una forma de librarse, por ejemplo, de los controles sanitarios. Ahí tendríamos un interés espurio.

Abundan las justificaciones (siempre criticables) para ese error en el voto. Que si rechazan a los inmigrantes (con quienes conviven en su barrio y en su ámbito laboral), que si se aferran a un nacionalismo trasnochado, que si son homófobos o islamófobos, que si exageran con la inseguridad ciudadana (importa poco que sea más acentuada en las calles pobres que en las calles ricas), que si los bulos en las redes les han comido el coco, que si son simples nostálgicos del poder autoritario.

Sea por intereses espurios o porque vive engañado, al pobre que vota a la derecha no se le atribuye nobleza alguna. Todo lo contrario: además de ser idiota, por votar contra sus supuestos intereses, ese pobre es fundamentalmente egoísta.

El pobre desgraciado del que hablamos demuestra ser incapaz de percibir lo bien que funcionan la sanidad y la educación públicas bajo un gobierno progresista como el actual. Escandaloso, ¿no? Ni siquiera es capaz de apreciar cuánto ha cambiado su vida con los aumentos del salario mínimo. Como solía decirse de los franceses, vive en el paraíso y cree vivir en el infierno.

Por supuesto, al pobre que vota a la derecha se le niega la opción ideológica. Vive engañado, y ya está. No es posible que crea sinceramente en que una sociedad más liberal y desregulada le ofrecería más posibilidades de progresar. Tampoco es posible que los servicios privatizados le parezcan más eficientes.

No, lo suyo es pura idiotez. Innoble, además. Cuánta diferencia con el millonario que vota a la izquierda y nunca lo hace por egoísmo o por intereses espurios, sino porque rebosa generosidad, tolerancia y sentido de la justicia.

Qué suerte tenemos los de izquierdas, siempre con la razón de nuestra parte.

A las 18.00 horas ya había votado el 52,16% del censo de Andalucía. El segundo avance refleja una subida de más de siete puntos y medio en las elecciones de este domingo respecto a la misma franja de los anteriores comicios autonómicos, celebrados en junio de 2022, cuando fue del 44,51%. Este dato supera a las elecciones de 2022, 2018 y 2015. A las 14.00 horas la participación era del 37,25% del censo, 3 puntos mayor que cuatro años atrás.

Las provincias donde hay una mayor subida de participación respecto a cuatro años atrás son Córdoba, Almería, Huelva y Sevilla, con una diferencia de más de 8 puntos en las cuatro provincias.

En todas las provincias andaluzas a excepción de las de Sevilla y Jaén, se trata del mayor dato de participación a esta hora en las últimas cuatro elecciones. La menor participación a las 18 horas se registraba en las provincias de Huelva y de Cádiz, con un 48,1% y un 48,6% de votantes respectivamente.

Los menores índices de participación se han registrado en las seis elecciones autonómicas celebradas hasta el momento en solitario. La participación más alta, por tanto, se ha dado en las cinco ocasiones en que se han convocado junto a las generales. La última, en 2008.

En ninguno de esos años el porcentaje bajó del 68%. El dato más bajo fue el de 1990, cuando la participación tocó fondo al situarse en el 55,3%. El más alto, en 1996, con un 77,9% y en coincidencia con las elecciones generales.

Entre las ciudades con mayor participación están Sevilla (57,7%) Granada (57,1%), Cádiz (55,9%), Córdoba (55,4%), y Jaén (53,7%).

El incremento de la participación es generalizado en todo tipo de municipios, tanto en los que más votaron a la derecha en las últimas elecciones como en los que vencieron las formaciones de izquierdas.

La cita electoral se celebra cuatro años después de los anteriores comicios. Se trata, por tanto, de un adelanto técnico: el presidente Juanma Moreno disolvió el Parlamento y convocó elecciones para este 17 de mayo, en lugar de celebrarse en junio, cuando se agotaba el plazo. La ciudadanía decidirá entre la continuidad de Moreno, que aspira a la mayoría absoluta, o romper el ciclo electoral y resucitar una alternativa progresista.

Están llamados a las urnas más de 6,8 millones de andaluces y andaluzas. De ellos, 368.858 podrán ejercer el derecho al voto por primera vez en unos comicios autonómicos por haber cumplido 18 años desde la anterior votación. Además, 302.070 son residentes en el extranjero.

Sube o baja

% particip.

Tamaño pob.

Papeleta que vota por un partido o lista electoral que sirve para repartir los escaños a nivel nacional. El % de voto es similar al % de escaños.

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La participación en las elecciones de Andalucía para las 14.00h es de 37,25%, tres puntos superior respecto a lo que se registró a la misma hora en 2022. Si bien el arranque de estas elecciones ha sido de un 15,10% de participación a las 11.30h, algo inferior que en la convocatoria de hace cuatro años, en este nuevo avance la cifra sube tres puntos más. En el mapa puedes ver si sube o baja la participación en cada municipio, el porcentaje de participación en cada uno de ellos, teniendo en cuenta también el tamaño de la población.

Los resultados de participación a las 14h en las provincias ha pasado a alcanzar hasta el 40,51% en Córdoba y también supera el 39% en Jaén. Huelva y Cádiz, por el contrario, se mantienen al final de la tabla como las provincias con menor participación a esta hora (un 34,32% y un 34,44%, respectivamente) aunque en ambas crece más de tres puntos respecto a 2022. En el siguiente gráfico puedes ver cómo ha sido la participación en cada provincia desde 2015 hasta 2026.

¿Y el cambio respecto a las últimas elecciones? El siguiente gráfico muestra la diferencia de la participación en cada una de ellas y si sube o baja respecto a las de 2022 en cada provincia. En este caso, en todas las provincias se ha superado a las 14.00 horas la mayor participación desde las elecciones de 2015.

Si tenemos en cuenta el histórico desde 2008 podemos observar como fue precisamente en ese año donde la participación fue una de las más elevadas. Sin embargo, en el caso de las provincias de Córdoba y Jaén, se ha superado la participación incluso de aquellos comicios.

Además, en el siguiente gráfico de líneas podemos ver qué ha ocurrido en las grandes ciudades andaluzas entre 2022 y 2026 de más de 50.000 habitantes. A mayor longitud de la flecha, más cambios en la participación.

¿Y qué ha ocurrido con la participación y los votos a cada bloque? Este gráfico de burbujas muestra dónde se ubican los municipios si tenemos en cuenta la participación a las 14h y si el voto a la derecha aumentó. El tamaño de las burbujas representa el de los municipios.