Un hombre de 25 años de origen magrebí ha fallecido y otro de unos 20 años ha sido ingresado en un hospital de Almería después de que durante la jornada de este miécoles fueran lanzados al mar junto con un número indeterminado de personas que viajaban a bordo de una patera en aguas próximas a la Cala de Enmedio, en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.

Este hecho se produce apenas dos días después de que otro hombre, de unos 30 años de edad, falleciera tras haber caído al mar desde una patera en la que viajaban al menos otras 22 personas, todos varones, que ha arribado a la playa de Los Muertos de Carboneras, también en Almería.

Según ha confirmado este jueves el servicio de emergencias 112 Andalucía, el joven, que se encontraba “en mal estado”, fue atendido en la playa por alguno de los migrantes que viajaban con él, si bien finalmente, pese a los intentos por ser reanimado, no logró sobrevivir.

En este sentido, desde Cruz Roja se atendió a un total de seis varones de origen magrebí que se encontraban en aparente buen estado de salud mientras que un séptimo fue derivado a un centro hospitalario. El octavo de los ocupantes identificado en una embarcación ocupada por muchas más personas pereció junto al mar.

El subdelegado de Gobierno en Almería, José María Martín, ha lamentado este jueves la muerte de este joven que ha tenido lugar en las próximidades de Aguamarga. “La circunstancia del fallecimiento se está investigando, se realizará la autopsia en el Instituto de Medicina Legal y la Guardia Civil está, desde el primer momento, realizando las investigaciones oportunas”, ha añadido.

Martín ha incidido en el “firme compromiso” del Gobierno en la lucha contra las familias que “trafican con seres humanos” dado que es “uno de los delitos que merecen un gran reproche social y penal”, ya que se nutre de “la necesidad de esas personas que huyen de sus países buscando una vida mejor”.

El arranque del año nos está dejando trágicas cifras de cadáveres por ahogamiento entre África y Europa. Eso por desgracia no es nuevo (hay muertes o desapariciones cada cuatro horas en la frontera sur) pero sí la forma en que las personas migrantes tratan de pisar el 'viejo continente'. En lo que va de 2025 se han hallado seis cadáveres en diferentes zonas costeras de Ceuta, arrastrados por el mar, con trajes de neopreno y aletas para los pies. Una forma bastante nueva, sobre todo en los últimos tiempos entre quienes arriesgan su vida para dejar atrás su país de origen y que, según explica Ana Rosado, coordinadora del Informe Frontera Sur de la Asociación Pro Derechos Humanos (APDHA), “desmonta el discurso de las mafias o de las bandas organizadas que prima entre la ciudadanía y que sirve principalmente para criminalizar al inmigrante”.

“Hay mucha autoorganización para este tipo de travesías, más corta, pero también mortales”, comenta la especialista a elDiario.es Andalucía. El cierre de las fronteras a las personas subsaharianas por parte del Gobierno de Marruecos no impide que los propios marroquíes o los argelinos “se lancen al agua por esta vía”, esto es, bordeando el espigón fronterizo a nado para llegar a la ciudad autónoma de Ceuta. Hubo al menos 27 cadáveres y otras 28 desapariciones en todo 2024, según el citado informe de la APDHA.

El Ministerio del Interior las contabiliza como entradas por vía terrestre, al igual que saltando la valla, “pero entran realmente por vía marítima”. “Antes era más común hallar los cadáveres procedentes de naufragios, pero ahora la tendencia en esta zona es otra”, ya que muchas personas de Marruecos se trasladan a Argelia o intentan acceder a territorio europeo a nado por el espigón de El Tarajal o Benzú en Ceuta, con los costes que ello tiene para las vidas humanas como se está viendo. El número de entradas irregulares de personas migrantes a Ceuta en lo que va de año se encuentra en 89 y la mayor parte de ellos cruzaron durante la primera quincena de enero, según la última actualización del Ministerio del Interior.

Un 90% menos de embarcaciones

Las entradas a Ceuta y Melilla se redujeron el pasado año en comparación con 2023 en un 90% respectivamente: frente a las 285 personas que lo hicieron el año pasado en Ceuta han entrado 28 personas en 7 embarcaciones en 2024, y frente a las 206 que lo hicieron en Melilla en 2023, 21 personas en 8 embarcaciones lo han hecho en este año pasado. “De hecho, a los subsaharianos tienen 'prohibido' comprar embarcaciones en Marruecos” y, entre otras cosas, hace tiempo eligieron la ruta canaria, la más mortífera: más del 75% de las personas que han perdido la vida o desaparecido en 2024 transitaba esa ruta.

Aquí nadie te obliga a meterte en una embarcación. Aquí hay chavales que cogen una tabla de surf, un hidropedal o se ponen un neopreno, y se echan al mar

De acuerdo a los argumentos de la experta, el recrudecimiento de la represión y control a las personas de determinado perfil étnico en el norte de Marruecos especialmente desde hace cinco años ha hecho, ha hecho que el perfil del migrante haya cambiado en esta zona. “Pero aquí no estamos hablando de tráfico de personas. Aquí nadie te obliga a meterte en una embarcación. Aquí hay chavales que cogen una tabla de surf, un hidropedal o se ponen un neopreno, y se echan al mar”, explica Rosado.

La experta en migraciones apunta otro dato: “En las provincias donde se han incrementado las llegadas, el discurso de la criminalización cobra más fuerza y el interés mediático por acusar de tráfico de personas al supuesto patrón de las embarcaciones, al que endosan el marrón, es proporcional a las condenas por acuerdos de conformidad que se dictan”.

Algeciras Acoge: “Siempre van a buscar una puerta”

Esas salidas al mar nado “son actos de valentía contra el intento de vulneración del derecho humano a circular libremente”, apunta María Ángeles Benítez, presidenta de Algeciras Acoge, quien opina que “no podemos olvidar que estas muertes tienen responsables y son quienes ostentan el poder político en Europa y en los países de origen, que son las personas que deben encargarse de tomar medidas para salvaguardar la vida de quienes buscan un futuro digno, creando vías seguras y legales”.

“Salvaguardar la vida humana es obligación de los Estados y se tienen que poner a disposición los recursos humanos y técnicos necesarios para ello”, añade Benítez, quien lamenta en todo caso que las muertes de personas intentando llegar a Europa “van a seguir aumentando mientras continúen estas necropolíticas migratorias que priorizan el control de las fronteras y no el derecho a la vida”.

“Pensamos además que son una forma de regulación de las migraciones fallidas y asesinas, ya que esos controles no van a disuadir a las personas de seguir adelante con sus proyectos migratorios” ya que “siempre van a buscar una puerta, una manera de salir de su país”, dice la presidenta.

Desde hace 22 años en el Área de Migraciones de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía llevamos a cabo el monitoreo y un análisis de las personas que acceden por vías irregulares a través de la frontera sur española. 

Este trabajo tiene diferentes objetivos, siendo el principal visibilizar la ausencia de un enfoque de derechos en las políticas migratorias y denunciar las vulneraciones sistemáticas que se producen en su aplicación. De este modo exigimos a las autoridades gubernamentales el cumplimiento de la legislación y el respeto a la Declaración Universal de los Derechos Humanos con especial atención a los artículos 13 y 14. 

La elaboración de nuestro balance migratorio anual no solo permite poner de manifiesto la falta de transparencia en el tratamiento de los datos por parte de las administraciones públicas, particularmente del Ministerio del Interior, sino también fomentar un pensamiento crítico frente a los discursos que criminalizan e instrumentalizan y las prácticas que deshumanizan y homogeneizan a las personas migrantes, especialmente aquellas de un determinado perfil étnico y cultural. 

Contar con datos precisos sobre el número de personas que acceden por las distintas rutas, su procedencia, sexo o género nos ayuda, por ejemplo, a comprender cómo han incrementado los discursos racistas y xenófobos y cómo se manifiesta el racismo institucional y estructural en sus múltiples formas. 

Algunos de los ejemplos de estas prácticas son las devoluciones en caliente o la externalización de fronteras hacia terceros países, medidas que, cada año, privan a miles de personas del derecho a migrar o solicitar protección internacional y asilo. 

Si, especialmente durante los meses de verano, en los medios de comunicación generalistas solo se muestra el bochornoso espectáculo ofrecido por los presidentes de las comunidades y ciudades autónomas que han tratado como mercancía e instrumentalizado de forma partidista la protección de la infancia migrante, o se incide repetitivamente en la llegada de cayucos o pateras a Canarias -la que por 5º año desde 2019 es la ruta más transitada de la frontera sur española-, no es de extrañar que la inmigración pasase de ser la cuarta preocupación de España a principios de 2024 a la primera en el mes de julio de ese mismo año, según el CIS. 

Tampoco sorprende que esa manipulación mediática haga creer que en verano es cuando más personas llegan, cuando realmente suelen ser los meses del último trimestre aquellos en los que, según nuestro monitoreo, más personas llegan. En 2024 fue el mes de noviembre con la llegada de 10.638 personas y la gran mayoría fue a la isla de El Hierro. 

Mucho menos raro es que la gente ignore que desde el récord de llegadas en la serie histórica en 2018, con 64.120 personas, el descenso de las llegadas a península y en concreto a Andalucía en 2024 haya sido de más de un 80% en comparación con ese mismo 2018. Y, sobre todo, que eso se deba al buen trabajo que está haciendo Marruecos, al que, a cambio de ingentes cantidades de dinero, se externaliza la represión más violenta hacia las personas procedentes de países como Senegal, Mali, Chad, Sudán, Guinea Conakri, Ghana, Costa de Marfil… y así les sea prácticamente imposible llegar a algún punto de la península o Baleares. 

El blindaje del norte del país vecino ha verticalizado la frontera y ha hecho que casi la única ruta posible para las personas procedentes de África occidental sea Canarias: la ruta más lejana y con más días de travesía, con las embarcaciones más precarias y también la más mortífera

Y es por eso por lo que llegan más personas a Canarias -por delante del 2006, porque el blindaje del norte del país vecino ha verticalizado la frontera y ha hecho que casi la única ruta posible para las personas procedentes de África occidental sea Canarias: la ruta más lejana y con más días de travesía, con las embarcaciones más precarias y también la más mortífera. De las 2.465 personas que perdieron la vida o desaparecieron durante el 2024, el 75% lo hizo en esta ruta. 

No nos estremecemos lo suficiente cuando conocemos que han aparecido varios cayucos en Cabo Verde, en República Dominicana o apenas unos días atrás uno en Trinidad y Tobago, que partieron desde algún punto de Mauritania o Senegal con cadáveres o personas momificadas en su interior. Tampoco que, aunque el porcentaje de mujeres que llegan se mantenga en torno a un 5% del total de llegadas, las mujeres que fallecen o desaparecen durante la travesía hayan sido el 11% del total de esas 2.465 personas. Y que, obviamente, más del 80% de esas personas que fallecen sean personas negras. 

A pesar de que durante todo el 2024 han accedido 64.048 personas, apenas un 10% más que el año anterior y un 38% menos -según Frontex- en total en toda la frontera sur europea, las medidas que se pretenden implantar con la aprobación del Pacto Europeo de Migración y Asilo y otras ya implantadas por algunos gobiernos europeos están muy lejos de garantizar vías de migración legales y seguras para que cada año no tengan que morir miles de personas en nuestros mares y océanos. 

En concreto y según el proyecto Missing Migrants de la Organización Internacional de las Migraciones – OIM - 31.162 personas han perdido la vida en el Mediterráneo durante estos últimos 10 años. Según nuestro registro, desde 1988 han sido 19.363 en la frontera sur española y el 76% de muertes se ha producido en los últimos 5 años. 

Así que en APDHA lanzamos varias preguntas para segur invitando a la reflexión y favorecer el debate en pro de los derechos humanos: ¿De verdad un país como el nuestro, la quinta economía europea, no puede establecer un sistema que sea respetuoso con los derechos humanos para la acogida de 175 personas al día? ¿Realmente el gobierno de un país no puede gestionar la llegada de 64.048 personas durante un año cuando un gobierno local puede gestionar la estancia de 230.000 turistas en un mes? ¿Es posible que un país como el nuestro no cuente con los medios humanos y materiales suficientes para atender al 0,10% del total de la población estatal? 

¿Realmente un gobierno como el nuestro, que presume de ser de los más progresistas de la Historia, puede dejar morir cada año a miles de personas sin asumir que estas prácticas forman parte de la ideología racista y xenófoba que nunca abandono Europa?

Una persona muerta cada cuatro horas es el trágico balance migratorio del acceso a España desde África durante 2024, en el que la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha documentado la muerte y desaparición de 2.465 personas, de las cuales 591 cuerpos han aparecido en las costas o en alguna embarcación durante el rescate y otras 1.874 se tiene constancia de que han muerto o no se les ha encontrado pero han desaparecido para siempre.

Es el segundo año tras 2023 con más personas muertas y desaparecidas de la serie histórica que en APDHA lleva registrando desde 1988, según han informado en rueda de prensa este martes en Sevilla. “Desgraciadamente cada vez parecen más lejos que se establezcan vías legales y seguras para que las personas puedan acceder a territorio seguro cuando sus vidas corren peligro o quieran emprender un proyecto migratorio”, han denunciado. Canarias continúa siendo la ruta más transitada, pero a la vez la más mortífera: más del 75% de las personas que han perdido la vida o desaparecido en 2024 lo ha hecho en esta ruta.

Pese a que las llegadas de migrantes a la UE caen un 38% en 2024, el incremento de personas que tomaron la ruta canaria en 2024 ha hecho que el año pasado haya tenido un total de 64.048 llegadas tanto por vía marítima como terrestre, el segundo con más llegadas, solo superado por 2018. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, viaja este martes a Estrasburgo para abordar la política migratoria y el papel de las regiones ultraperiféricas en la UE.

Macarena Olid, vicecoordinadora de la APDHA, ha dicho que “las políticas migratorias de la Unión Europea y del Estado español están condenando cada año a miles y miles de personas a utilizar las rutas más peligrosas, en las que deben jugarse la vida a bordo de precarias embarcaciones, para ejercer su legítimo derecho a migrar, reconocido como tal en la Declaración Universal de los Derechos Humanos”.

La coordinadora del informe, Ana Rosado, ha explicado que en 2024 “de media, cada día accedieron a territorio español por vías irregulares 175 personas, de las cuales 128 lo hacían a alguna de las Islas Canarias, 15 accedían por Andalucía, 24 por la ruta de Levante y 8 lo hacían a Ceuta y Melilla”.

El vacío de noticias típico del verano y los discursos racistas y xenófobos que se lanzaron provocó que la inmigración pasara de ser la cuarta a la primera preocupación de los españoles según el CIS durante el mes de julio"

Rosado apunta que “el incremento de llegadas en la ruta canaria es inversamente proporcional al descenso en las llegadas a las rutas que conducen hasta la península, a excepción de la ruta de Levante, que ha experimentado un incremento por las llegadas a Baleares”. La coordinadora del Frontera Sur señala que “no se trata de algo nuevo, sino que es un cambio que se lleva produciendo claramente desde 2019, coincidiendo con el reforzamiento de los acuerdos suscritos con Marruecos”.

La coordinadora ha lamentado “el bochornoso espectáculo del pasado verano, cuando, por intereses políticos, algunos partidos han instrumentalizado y han mercadeado con la infancia migrante o con las personas que se desplazaban desde las Islas Canarias hasta la península”. “El vacío de noticias típico del verano y los discursos racistas y xenófobos que se lanzaron provocó que la inmigración pasara de ser la cuarta a la primera preocupación de los españoles según el CIS durante el mes de julio”, ha comentado.

Para concluir respecto a estas cuestiones, Rosado ha señalado que “justamente durante los últimos 5 años se concentran casi 11.000 muertes de las 19.363 que hemos podido registrar desde APDHA durante los últimos 37 años”, lo que viene a señalar que “las políticas de militarización y externalización de fronteras en terceros países ha empeorado la situación de las personas que necesitan acceder a territorio seguro, al tiempo que tenemos un sistema de asilo cada vez más restrictivo y prácticas que, como las devoluciones en caliente, vulneran sistemáticamente los derechos humanos”. “Los datos que hoy presentamos confirman el fracaso absoluto de las políticas migratorias europeas”, ha sentenciado Rosado.

Trabajo de campo en asentamientos de Huelva y Almería

APDHA ha realizado este año un estudio de investigación acerca de la situación que enfrentan las personas migrantes que residen en los asentamientos de infraviviendas. El informe ‘Derechos Humanos en la Frontera Sur 2024. Las fronteras internas en Andalucía: las vulneraciones de derechos en los asentamientos de Huelva y Almería’ centra su mirada en la realidad que viven las personas trabajadoras migrantes que, vinculadas a la industria agroalimentaria de las provincias de Almería y Huelva, se ven obligadas a vivir en chabolas.

Se trata de un trabajo de campo realizado por investigadoras de la APDHA y que ha sido cofinanciada por el proyecto Tejiendo Derechos (WakeUpRights) de la Unión Europea y Oxfam Intermón en el marco del programa Ciudadanía, Igualdad, Derechos y Valores (CERV) de la UE. En él se refleja “una serie de vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos que requieren una respuesta urgente y estructural”. “Las condiciones laborales precarias, la falta de acceso a servicios básicos, la discriminación social y la precariedad habitacional no solo afectan la calidad de vida de los y las residentes, sino que también perpetúan un ciclo de exclusión y explotación que socava su dignidad humana”, lamenta el informe anual.

Es fundamental que se implementen soluciones integrales que incluyan la construcción de viviendas asequibles, el acceso a servicios básicos y programas de integración social

Aunque existen “esfuerzos aislados” para mejorar estas condiciones, como Lepe en Huelva y Níjar en Almería, la creación de alojamientos temporales y la intervención de organizaciones locales, así como “la falta de una estrategia integral y coordinada entre las administraciones públicas ha obstaculizado avances significativos”.

El plan estratégico para erradicar los asentamientos informales, “aunque positivo, no ha logrado abordar de manera efectiva la magnitud del problema”. “La insuficiencia de recursos y la falta de infraestructuras adecuadas siguen siendo barreras importantes”, dice APDHA, que concluye que el plan “no puede limitarse únicamente al desmantelamiento de las infraviviendas o a la prohibición y vigilancia para evitar la construcción de nuevas, sin ofrecer alternativas habitacionales reales y dignas”.

“Es fundamental que se implementen soluciones integrales que incluyan la construcción de viviendas asequibles, el acceso a servicios básicos y programas de integración social. De lo contrario, se corre el riesgo de que el plan se convierta en una medida que obligue a las personas migrantes a vivir en situación de calle, perpetuando así la vulnerabilidad y la exclusión social de estas personas”, recoge el informe.

La “cronificación” de la situación

Macarena Olid, vicecoordinadora de la APDHA, ha destacado “el trabajo de campo realizado por el equipo de investigadoras de APDHA”, quienes, “sobre el terreno, han conocido de primera mano la realidad de los asentamientos, han entrevistado a las personas obligadas a vivir en esas condiciones y se han puesto en contacto con las entidades y colectivos que les brindan ayuda y apoyo así como con los responsables de las administraciones públicas que obvian sus obligaciones para con estas personas y miran hacia otro lado mientras se vulneran sus derechos más elementales”.

Carmen Vásquez, una de las investigadoras de APDHA que ha participado en la confección del informe, ha explicado que se ha realizado “un estudio de corte cualitativo que se basa en entrevistas a trabajadores migrantes, personal de las administraciones públicas y ONGs, además de la observación participante en los asentamientos y el análisis de la información proveniente de los diarios de campos de las investigadoras”.

Vásquez ha señalado que “aunque la agricultura intensiva es el motor económico de estas dos provincias, generando grandes beneficios económicos, las condiciones laborales de los trabajadores migrantes son sumamente precarias”. De esta forma, “mientras que en Almería se contabiliza un 22,3% de población extranjera y en Huelva un 10,57%, las cifras reales podrían ser mucho más altas debido a la falta de datos sobre personas en situación irregular”. La investigadora de APDHA ha apuntado que “son muchos los problemas que afronta cotidianamente este colectivo, entre los que destacan infraviviendas construidas con materiales desechados como plástico, cartón o palets, la falta de agua potable, electricidad y saneamientos, la cronificación de la situación para las personas que residen permanentemente en estos lugares, la vulnerabilidad de los niños, mujeres y jóvenes ex tutelados, problemas de salud vinculados a condiciones de vida insalubres, la permanente amenaza de incendios, la dificultad para obtener atención sanitaria o problemas para la escolarización de los menores”.

Vásquez ha cuantificado en “al menos 7.000 personas en Almería y como mínimo otras 5.000 en la provincia de Huelva que viven en estas condiciones que hemos descrito” y ha señalado algunas de las soluciones que APDHA pone encima de la mesa para revertir esta dramática situación: “soluciones habitacionales a partir de la construcción de viviendas sostenibles y accesibles, regularización laboral y mejoras en las condiciones de trabajo, políticas inclusivas con programas específicos para mujeres y niños en situación de vulnerabilidad, un enfoque integral con coordinación entre las administraciones para hacer frente a esta realidad y una supervisión ambiental que establezca controles para minimizar el impacto negativo de la agricultura intensiva tanto en el entorno como en las comunidades afectadas”.

Hamsa es uno de los migrantes que llevan meses en un asentamiento en el bosque entre Berango y Getxo. En su caso, este julio ha cumplido un año en el campamento que ha llevado a nueve sitios diferentes de la zona, porque una vez que la Policía les localiza, les desaloja del lugar. Hamsa recuerda perfectamente la fecha en la que salió de su Marruecos natal en busca de una vida mejor: 14 de febrero de 2023. Tampoco olvida los tres días que pasó en una patera hasta llegar a Canarias. Después, en avión hasta Málaga, donde pasó una semana, y de ahí a Almería, donde estuvo trabajando cuatro meses cultivando sandías y tomates. El 1 de julio llegó a Bizkaia y, tras pasar cuatro noches en un albergue, acabó en la calle, donde aún sigue viviendo. “En Marruecos trabajé en la agricultura y como peluquero, pero pensaba que aquí tendría una vida mejor. Vine para mejorar mi vida y ayudar a mi familia. Todos venimos por una vida mejor y trabajaremos para conseguirlo”, reconoce el joven, de 28 años, tras explicar que sus dos hermanos y su hermana, a los que pensaba ayudar con la vida que aquí tuviera, siguen en el pequeño pueblo del que son.

El caso de Hamsa es uno de los más extremos, pero desde la San Nikolas Zabalik, que aglutina toda la labor social y solidaria que se realiza en la parroquia San Nicolás de Bari en Algorta (Getxo), esperan poder ayudarle pronto. La asociación cuenta con un albergue de 10 plazas y dos viviendas en las que pueden vivir hasta 14 personas en total, siete en una y otras siete en otra. Además, gestionan otras nueve plazas con el programa Trapezistak, un proyecto del Gobierno vasco que cuenta con el objetivo de sacar a personas jóvenes de entre 18 y 25 años de la exclusión social, dándoles herramientas y acompañamiento para que puedan desarrollar el inicio de su vida adulta con garantías y dignidad. También tienen lo que se llama “pisos de autonomía”, es decir, personas que alquilan viviendas libres y a las que apoyan a través de educadores sociales y cursos. “En total podemos acoger hasta 35 personas en los distintos recursos municipales. A veces no damos abasto y menos en los últimos meses cuando las llegadas han aumentado, pero hacemos lo que podemos. Lo cierto es que hasta el año pasado por estas fechas con lo que teníamos era suficiente, pero ahora vemos que no”, detalla Javier Garai, impulsor y miembro de San Nikolas Zabalik, mientras enseña a este periódico las instalaciones de uno de los recursos.

Junto a la parroquia de San Nikolas de Bari, en Algorta, los jóvenes se reúnen para la hora de la cena. Están los que viven en el albergue y los que siguen en situación de calle, pero desayunan y cenan todos juntos. Ahora, además, se ofrece merienda porque los voluntarios se daban cuenta de que muchos de los que acudían a los cursos y talleres que ofrecen, se quedaban sin comer nada desde el desayuno hasta la cena. Cuentan, en este caso, con una amplia cocina en la que pueden cocinar ellos mismos, un par de sofás y sillas mirando a un televisor. Cuando terminan de cenar, los que están en la calle, como Hamsa, abandonan el lugar.

Vine para mejorar mi vida y ayudar a mi familia. Todos venimos por una vida mejor y trabajaremos para conseguirlo

Hamsa — Joven migrante de 31 años que lleva desde julio de 2023 sin hogar en Euskadi

Hamsa ha aprovechado su visita al recurso que tiene la asociación junto a la parroquia, donde ofrecen los talleres, para consultar con ayuda de los voluntarios la solicitud para estudiar un curso de peluquería en Bilbao y para recargar un móvil antiguo con la pantalla rota con el que se comunica con su familia y amigos. Según reconoce, su mochila con aquellas cosas que no quiere perder la tiene un amigo, con el que debe reunirse para que se la devuelva. El resto de pertenencias las suele dejar en el monte, en la tienda de campaña que comparte con otro joven migrante.

“Son situaciones muy complicadas que muchas veces no se entienden. Tratamos de evitar que ocurran casos como el de Hamsa, que lleva más de un año en la calle, procuramos que estén como mucho tres meses y después pasen a los distintos recursos, pero depende de a quién se le derive la gestión de cada caso, si al municipio de Getxo o a la mancomunidad de Uribe Kosta”, sostiene Garai.

Quiero aprender un oficio. Me encanta la mecánica y la electrónica y espero estudiarlo el año que viene

Abdila — Joven migrante que lleva en Euskadi desde septiembre

El caso de Hamsa lo lleva la mancomunidad de Uribe Kosta y si bien cuenta con recursos para que personas como él no vivan en la calle, el procedimiento es más complicado que en el caso del Ayuntamiento de Getxo con la asociación San Nikolas Zabalik. En lugar de derivarlo a un albergue, a Hamsa se le entrega una ayuda de 300 euros, pero solo se la dan si encuentra una habitación que alquilar, algo que según reconoce, es imposible. “He buscado en todo Bizkaia, pero al no tener contrato de trabajo ni nóminas, no me alquilan ninguna habitación”, lamenta el joven. Otra de las ayudas de las que dispone son 125 euros para sus necesidades básicas, un padrón social y la posibilidad de acudir a comedores sociales de la zona. “Pero lo que necesito es una vivienda”, lamenta el joven.

Un expolicía de Catar en el monte de Berango

Una suerte mejor o al menos diferente es la que tuvo Abdila, de 31 años. Abdila llegó en septiembre de 2023 y, tras pasar las cuatro noches en el albergue de urgencia para personas sin hogar, estuvo cuatro meses en la calle. En enero de este año entró a uno de los albergues que gestiona la asociación San Nikolas Zabalik y desde mayo vive en uno de los pisos que tienen junto a otros chicos en su misma situación. “Si en los tres meses que están en la calle muestran un vínculo con el pueblo, acuden a todos los cursos que se realizan y mantienen el contacto, se puede facilitar el proceso”, reconoce Garai.

A diferencia de muchos de los migrantes que llegan a Euskadi sin recursos, Abdila llegó con visa de turista porque ya contaba con un trabajo: era Policía antidroga. Uno de sus últimos trabajos antes de migrar fue en la Copa Mundial de la FIFA Catar en 2022, donde según reconoce, las condiciones fueron difíciles. “No teníamos horario de trabajo, a cualquier hora debías estar disponible. No fue una mala experiencia, aunque la mayor parte del trabajo ocurría por la noche, así que pasábamos todas las noches sin dormir”, explica el joven. Justificando que contaba con esa experiencia laboral, no tuvo problema en entrar al país, donde esperaba tener mejores oportunidades. “Aquí no quiero ser Policía y menos antidrogas. Quiero aprender un oficio. Me encanta la mecánica y la electrónica y espero estudiarlo el año que viene. Estoy muy agradecido por la oportunidad que me han dado”, confiesa.

Abdila, al igual que Hamsa ha aplicado para estudiar un curso con el que después pueda trabajar. Mientras tanto, ambos acuden a las charlas y talleres que realizan desde la asociación. “Desde castellano, hasta charlas sobre el género e incluso organizar las fiestas del pueblo. No queremos darles solo un recurso para comer y dormir, creemos que el mejor modelo de inclusión es el que consigue una integración social. Para ello es fundamental la participación ciudadana, que los vecinos se sientan partícipes de la integración”, explica Garai.

Son personan en exclusión, en situación de sinhogarismo, y deben de ser atendidas de forma individualizada

Xabier Legarreta — Director de Migración y Asilo del Gobierno vasco

En el caso de la asociación San Nikolas Zabalik, los cursos son impartidos por más de 100 voluntarios de Getxo y alrededores, y por ellos, pasan cerca de 200 personas migrantes, muchos de ellos sin hogar. Hamsa y Abdila son algunos de ellos y, en el caso de Abdila, se ha integrado de tal manera que forma parte del comité de las fiestas de Algorta. “Organizamos muchas actividades, como paellas, un concurso de chipirones y hasta herri kirolak”, sostiene el marroquí, ya todo un experto en los deportes rurales vascos.

“Estas actividades son positivas para ellos, pero también para los vecinos. Muchos que miran con recelo lo que hacemos y que no se fían de estos jóvenes, una vez que se han acercado y les han conocido, han cambiado su punto de vista. Antes no los podían ni ver y ahora pasan las tardes ayudándoles a aprender informática, castellano, euskera o vienen a excursiones con ellos. Es muy enriquecedor para todos”, reconoce Garai.

Atención “individual” para cada uno

La noticia de que decenas de migrantes vivían desde hace meses en el monte entre Getxo y Berango saltó a los medios de comunicación la semana pasada. Desde entonces, con el objetivo de buscar una solución,  el director de Migración y Asilo del Gobierno vasco, Xabier Legarreta, la alcaldesa de Berango, Itziar Aginagalde y el director del servicio vasco de integración y convivencia intercultural, Biltzen, Javier Pérez, mantuvieron el pasado viernes una reunión en la que acordaron colaborar para atender “de forma individual” a cada uno de ellos. “Son personan en exclusión, en situación de sinhogarismo, y deben de ser atendidas de forma individualizada”, aseveró Legarreta tras el encuentro.

Pese a recalcar que ante este tipo de situaciones los recursos deben provenir de los servicios sociales de la mancomunidad de Uribe Kosta, integrada por los ayuntamientos de Barrika, Berango, Gorliz, Lemoiz, Plentzia, Sopela y Urduliz, por ser su competencia, Legarreta confirmó que desde el Gobierno vasco se ofrecerá a partir del lunes el servicio Biltzen, un programa de integración y convivencia intercultural.

Este servicio prestará apoyo lingüístico en árabe y francés para facilitar la comunicación con esas personas, y entre esas personas y las autoridades. Además, informará y orientará a las personas acampadas en la localidad en relación con su situación administrativa, los trámites, documentación que necesitan, etc. Tanto en su situación actual como en las previsiones que se manejen. “En el caso de Berango, hemos conectado al Ayuntamiento con el servicio Biltzen para prestar información y orientación a las personas, con apoyo de intérpretes, así como ayudar a confeccionar un diagnóstico de situación, junto con los agentes sociales, estimar con precisión su número y realizar un triaje para valorar distintas respuestas a las personas en función de su situación”, concluyó.

Barcas completas desaparecidas, miles de muertos y cientos de familias a la espera de noticias. A pesar de tratarse de la temporada en la que se suelen producir menos travesías migratorias debido a las malas condiciones meteorológicas, los cinco primeros meses del año han sido especialmente mortíferos en las aguas fronterizas con España. Desde enero hasta finales de mayo, han fallecido 5.054 personas, de las cuales 154 eran mujeres y 50 eran niños y niñas, según los datos de la ONG Caminando Fronteras, que cuenta con una línea telefónica para alertar de pateras en riesgo.

Atendiendo a sus cálculos, 33 personas al día han fallecido al día intentando llegar a las costas españolas, lo que supone un fuerte incremento en comparación con el mismo periodo del año 2023, cuando tuvieron lugar 18 muertes al día. “La cifra de este período es alarmantemente alta en comparación con el año pasado”, alerta la organización en un comunicado. Según sus datos, 47 embarcaciones han desaparecido con todas las personas a bordo.

El mes más trágico en las aguas fronterizas ha sido abril, con 1.197 muertes en el mar. Le sigue febrero, con 1.090 fallecimientos.

Del conjunto de caminos utilizados por los migrantes para alcanzar España, la ruta atlántica, aquella con destino en las Islas Canarias, continúa siendo la más letal: 4.808 personas han muerto en este trayecto, un 95% de todas las muertes documentadas en estos primeros meses del año. Por su parte, en la ruta argelina (aquella que parte de Argelia con destino Almería, Comunidad Valenciana y Baleares) se han contabilizado 175 víctimas. Le sigue la ruta del Alborán (47 fallecidos) y la del Estrecho, con 24 muertes.

La llamada ruta atlántica parte de varios puntos de la costa africana: Mauritania, Senegal y Gambia y desde las localidades de Dajla y Guelmin. Caminando Fronteras ha detectado durante los últimos cinco meses un “aumento importante” de las salidas desde Mauritania, mientras que identifica un descenso “notable” de los viajes iniciados en Senegal y Gambia, que fueron los más numerosos durante el año pasado.

Durante este periodo, las salidas se han mantenido más activas desde Mauritania, a pesar del acuerdo firmado entre España y el país africano en febrero de 2024 que pretendía frenar el flujo migratorio a través de esta vía. “Numerosas embarcaciones que partieron de Mauritania han desaparecido con todas las personas a bordo”, advierten desde el colectivo. Un ejemplo del peligro de esta ruta es el caso del cayuco que apareció el 15 abril en Brasil sin supervivientes a bordo. Había partido de las costas mauritanas y apareció en el otro lado del Atlántico con varios cuerpos en estado de descomposición.

Según la ONG, el pacto bilateral que busca evitar las salidas “no ha establecido protocolos de colaboración” de salvamento marítimo. “La falta de medios de búsqueda y rescate cuando se alertan embarcaciones desaparecidas ha sido clave en el aumento de víctimas durante este periodo”.

También ha influido en el aumento de los fallecimientos el hecho de que, en años anteriores, se producía una disminución de las salidas durante los primeros meses del año, pero en 2024 el fluyo se ha mantenido incluso con “las peores condiciones meteorológicas”.

“No podemos normalizar estas cifras y por eso debemos exigir a los diferentes países que pongan los protocolos de deber de socorro en el mar y la defensa del derecho a la vida por encima de las medidas de control migratorio. Y no es tan complicado, es simplemente no dejar morir a gente en las fronteras y poner todos los medios para salvar las vidas de las personas en riesgo”, ha denunciado Helena Maleno, coordinadora de la investigación y fundadora de la organización

Al menos 91 personas, entre ellas numerosos niños, murieron este domingo en Mozambique cuando el barco en el que viajaban naufragó en la costa de la provincia norteña de Nampula.

“Era una embarcación pequeña que transportaba 130 pasajeros. El barco no tenía capacidad para transportar a estas personas y se hundió”, afirmó el secretario de Estado de Nampula, Jaime Neto, a última hora del domingo.

“Hemos confirmado la muerte de 91 personas, que ya han sido identificadas”, señaló Neto, al precisar que cinco personas fueron rescatadas por los servicios de emergencia.

Los datos preliminares indican que la embarcación se desplazaba entre el puesto administrativo de Lunga, en el distrito de Mossuril, y la isla de Mozambique cuando zozobró tras ser golpeada por una ola.

Vídeos difundidos en redes sociales muestran decenas de cadáveres tendidos en una playa de la isla.

Según Neto, las víctimas intentaban escapar de la zona debido al pánico causado por desinformaciones sobre un brote de cólera. El país del este de África ha registrado 14.877 casos de la enfermedad y 32 muertes desde octubre pasado, según las últimas cifras publicadas por el Gobierno.

De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Mozambique sufre actualmente su “mayor brote de cólera de los últimos 25 años”.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió el pasado febrero de un grave repunte de casos de cólera este enero en diez países del este y sur de África, y de que existe un riesgo notable de que la enfermedad se extienda aún más causando una epidemia.

Los países más afectados son Zambia y Zimbabue, mientras que Mozambique, Tanzania, la República Democrática del Congo, Etiopía y Nigeria han reportado focos activos de cólera, con un total de 26.000 casos y 700 muertes.

El cólera es una enfermedad diarreica aguda causada por la ingestión de alimentos o agua contaminados con la bacteria “Vibrio cholerae”.

A última hora de la tarde del 14 de diciembre del año pasado, cuatro amigos se dirigieron a una playa cerca de la ciudad portuaria de Dunkerque, en el norte de Francia. A medianoche estaban todos sentados en una embarcación que se hundió en el Canal de la Mancha, con otros 66 pasajeros a bordo.

Se sabe que un pasajero murió esa noche dado que se encontró el cuerpo. Sin embargo, nunca se ha confirmado la suerte de dos de esos cuatro amigos: Hiva, de 26 años, y Nima, de 24. Habían llegado a Francia huyendo de un Irán cada vez más autoritario y confiaban en poder solicitar asilo en el Reino Unido.

En una foto tomada días antes y compartida por sus amigos, Nima aparece posando orgulloso con una camiseta blanca y un chándal en París, con la estación de tren Gare de Lyon y su alta torre del reloj visibles al fondo. Otra foto muestra a Hiva sonriendo y sosteniendo a su hermana pequeña. Uno de los amigos supervivientes, Jamal, recuerda haber cogido de la mano a Nima mientras el barco hacía agua. Poco después, una ola los arrojó al Canal. El otro amigo superviviente, Rojman, recuerda que cayó al agua con Hiva. Ni Nima ni Hiva sabían nadar y no los volvieron a ver.

En cualquier otro naufragio las autoridades habrían entrevistado a los supervivientes, como Jamal y Rojman, y se habría activado un protocolo para que los familiares pudiesen contactar con las autoridades y abrir una vía de diálogo para estar informados sobre la suerte de sus seres queridos desaparecidos. Así se podría confirmar la identidad de los desaparecidos y entender qué les pasó. Las familias podrían llorar y las autoridades comprender las dimensiones humanas de esta catástrofe. 

Sin embargo, en el caso de refugiados como Hiva y Nima, esto no ha sido así. The Guardian ha descubierto muchos casos en los que, al parecer, no se ha investigado ni la identidad ni la suerte que corrieron las personas después de que su barco naufragara en la peligrosa travesía del Canal de la Mancha.

Si no puedes demostrar que tu marido ha muerto, tal vez no puedas acceder a cuentas bancarias, propiedades o a la tutela de tus hijos

Florian von König, CICR

Florian von König, que dirige la labor de sensibilización del Comité Internacional de la Cruz Roja sobre las personas desaparecidas, señala que se trata de una “gran tragedia humanitaria”. Una persona de otra organización humanitaria, que pidió no ser identificada, afirma que las autoridades no están dispuestas a investigar la desaparición de refugiados o migrantes “a menos que encuentren el cadáver”.

Al menos 38 desaparecidos sin identificar en diez años

Según la Organización Internacional para las Migraciones, sólo en la última década, al menos 38 personas siguen sin ser identificadas tras desaparecer o morir intentando cruzar el Canal de la Mancha. Von König indica que el hecho de que las autoridades no investiguen la suerte de los migrantes desaparecidos deja a las familias con “una herida abierta para el resto de sus vidas”. “No pueden hacer el duelo, cerrarlo y seguir adelante con sus vidas”, afirma. “Y en muchos países, si no puedes demostrar que tu marido ha muerto, es posible que no puedas acceder a una cuenta bancaria, a una propiedad o a la tutela de tus hijos”.

Los amigos supervivientes cuentan que la Cruz Roja preguntó por Hiva y Nima, pero más tarde las autoridades francesas sólo les interrogaron sobre quién llevaba el timón de la embarcación y a qué traficantes de personas habían pagado para el viaje. Más de un mes después del naufragio, las autoridades no habían contactado con los dos supervivientes para preguntarles por sus amigos. Las familias de los desaparecidos en Irán también siguen esperando noticias.

The Guardian ha sabido de otras dos personas desaparecidas tras el naufragio de una embarcación en el Canal de la Mancha y cuyo destino e identidad no parecen haber sido investigados.

El 11 de agosto del año pasado, una embarcación con exceso de pasajeros se quedó sin gasóleo una hora después de zarpar de una playa cercana a Calais. La mayoría de los 67 pasajeros eran exsoldados del ejército afgano que temían por su vida tras la salida de las fuerzas británicas y estadounidenses y la toma del país por los talibanes en 2021.

No he vuelto a recibir noticias de ellos desde el naufragio

Naeem

Mientras el capitán intentaba en vano volver a poner en marcha la embarcación, uno de sus tubos hinchables explotó, arrojando a todos al agua. Algunos pasajeros llevaban chalecos salvavidas, otros se agarraron a boyas hinchables, pero muchos no tenían nada. En el caos que siguió, los pasajeros intentaron agarrarse a los restos del barco, mientras otros se encontraban dispersos, con las olas rompiendo sobre ellos, a la deriva en las corrientes y gritando y pidiendo ayuda.

Esa misma mañana se recuperaron cinco cadáveres en el Canal de la Mancha, mientras que otra persona fue evacuada en helicóptero a un hospital de Calais, donde fue declarada muerta.

Una operación de rescate llevada a cabo por equipos franceses y británicos consiguió salvar a 59 de los pasajeros, pero dos personas desaparecieron en alta mar: Ahmad Jan, de 26 años, que había trabajado para la policía en Afganistán; y Samiullah, de 20 años, que había huido por temor a ser reclutado a la fuerza como combatiente por los talibanes. “Estas dos personas estaban conmigo en Calais”, cuenta Naeem*, uno de los supervivientes: “Los conocí en el campamento y en la embarcación. Desde el naufragio no he vuelto a saber de ellos”. Otro superviviente también confirmó que los dos estaban en la embarcación.

Tras enterarse del naufragio, Mohammad Amin Ahmadzai, que dirige la Association Solidarité Culture et Insertion des Afghans (ASCIA), un grupo de apoyo a los afganos con sede en Lille, acudió a la ciudad de Boulogne-sur-Mer, cerca de Calais, para dar su apoyo.

Le dijeron que los supervivientes habían sido trasladados a alojamientos de emergencia y que la policía les había confiscado los teléfonos. Una actualización publicada en la página de Facebook del grupo de apoyo desencadenó una oleada de peticiones y fotos de familias en busca de información.

Pasaron las semanas y los meses, pero las familias de Ahmad Jan y Samiullah, que se habían puesto en contacto con Ahmadzai, no tuvieron noticias de sus seres queridos. En un último mensaje con fotografía enviado a su hermano mayor Muslim, en Afganistán, Ahmad Jan había sido todo sonrisas. “Sabía que pensaba cruzar esa misma tarde”, dice Muslim.

Tras el naufragio, las autoridades francesas sugirieron que una o dos personas más podrían haber estado también en la embarcación, pero que estaban en paradero desconocido. Hasta ahora, sin embargo, no parece que hayan hecho ningún intento de ponerse en contacto con los familiares. “No han contactado con nosotros por ninguna vía”, afirma Muslim.

A menudo estas tragedias se abordan desde la perspectiva de la legalidad y la seguridad, y se ignora su dimensión humanitaria

Florian von König, CICR

Los investigadores británicos no estudiaron el caso de agosto, argumentando que, aunque habían tenido conocimiento del accidente, no entraba dentro de su jurisdicción por haber ocurrido en aguas francesas. La investigación francesa, que aún no ha concluido, está dirigida por una unidad de lucha contra la droga y el tráfico de seres humanos con sede en París.

“Estas situaciones suelen analizarse desde un enfoque legal y de seguridad y se ignora la dimensión humanitaria”, afirma von König.

Como resultado, añade Steve Valdez-Symonds, de la organización por los derechos humanos Amnistía Internacional, las autoridades estaban de hecho “negando la dignidad humana de forma permanente a estas personas, tanto en la vida como en la muerte”.

* Se han cambiado los nombres

Este artículo se ha elaborado con el apoyo de Journalismfund Europe

Traducido por Emma Reverter

Una potente lancha fueraborda, habitualmente utilizada para el tráfico de droga, atraviesa el horizonte a toda velocidad y se aproxima a la costa a plena luz del día. Frena a unos metros de distancia de la orilla y la mayoría de los tripulantes empiezan a saltar al agua a la carrera, forzados por las órdenes del patrón que indica el momento de lanzarse al mar. Vuelve el estruendo de los motores, la neumática vira y desaparece en cuestión de segundos casi vacía. Quienes alcanzan tierra, si es que lo hacen, son migrantes recién trasladados desde Marruecos o Argelia. Quienes los transportan y se esfuman son narcos. 

La escena, aunque sigue siendo minoritaria en comparación con las llegadas de migrantes en inestables pateras, se ha repetido decenas de veces en 2023 en las costas de Cádiz y Almería. El negocio del narco está tratando de aumentar su rentabilidad a través de la inmigración irregular, prometiendo viajes a España más rápidos gracias a las potentes embarcaciones que acostumbran a utilizar en el Estrecho las redes del tráfico de drogas, las llamadas ‘narcolanchas’, prohibidas en 2018.

Algunos casos recientes, como la muerte de cuatro personas el pasado noviembre en las costas de Cádiz tras ser obligados a lanzarse al agua sin haber alcanzado la orilla incluso sin saber nadar, han evidenciado la violencia empleada en este tipo de trayectos contra los migrantes.

“Están en marcha investigaciones que apuntan a que se está produciendo una diversificación de las tareas de las organizaciones del narcotráfico para también dedicarse al tráfico de personas”, ha afirmado recientemente el fiscal jefe de Cádiz, Ángel Núñez, en una entrevista en Cadena Ser de Andalucía. Según el Ministerio Público, se trata de un fenómeno transnacional, en el que participan responsables tanto españoles como marroquíes.

Más frecuente

El uso de narcolanchas no es nuevo. Se han registrado casos desde 2018 de manera intermitente, pero su ritmo se ha acelerado en 2023, especialmente desde el pasado verano. La Guardia Civil en Cádiz ha identificado un aumento de las llegadas irregulares a bordo de este tipo de neumáticas, según explican a elDiario.es fuentes próximas a la lucha contra el narcotráfico en la provincia andaluza. 

Las embarcaciones, sin embargo, pocas veces son interceptadas debido a sus potentes motores y a un modus operandi que busca “descargar” a las personas transportadas cueste lo que cueste, incluso empleando la violencia contra sus ocupantes, con el objetivo de regresar lo más rápido posible a altamar y esquivar el control de las fuerzas de seguridad.   

Contabilizar las llegadas por esta vía, por tanto, no es fácil. No existen cifras oficiales de llegadas mediante este tipo de barcas. El Ministerio del Interior asegura que el uso de narcolanchas que simultanean el transporte de droga y de migrantes “se detectó durante la pandemia, coincidiendo con el mayor control del movimiento de mercancías a través de fronteras y con la disminución del tráfico marítimo legal en aguas territoriales nacionales e internacionales”. Entonces también se localizaron casos puntuales de pateras que transportaban droga además de migrantes. “El objetivo en ambos casos es obtener el mayor beneficio posible de los viajes”, añaden fuentes del departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska. 

Con la vuelta a la normalidad en el transporte internacional, se redujo la interceptación de narcolanchas mientras traficaban con personas, según indican las mismas fuentes. En 2023, la Guardia Civil ha detectado tres narcolanchas con inmigrantes irregulares a bordo, según los datos que maneja Interior, que aclara que sus cifras no significa que no se hayan producido más llegadas, pero “no es posible precisar un número concreto”.

Aunque no es un fenómeno completamente nuevo, el uso de las narcolanchas para transportar inmigrantes tampoco era habitual en esta zona, aseguran varias fuentes próximas a las migraciones y la lucha contra el narcotráfico. Estas planeadoras neumáticas de grandes dimensiones caracterizadas por contar con varios motores fueraborda, empleadas tradicionalmente para el tráfico de hachís en el Estrecho, son muy diferentes a las pequeñas zodiac o embarcaciones de madera, las que tradicionalmente se llaman pateras, así como a las “toys”, las barcas de goma de juguete que pueden adquirirse a precios relativamente baratos en los bazares de Tánger, de Tetuán o de Larache, con las que algunos migrantes intentan cruzar sin la intermediación de traficantes.  

En los viajes realizados en las habituales pateras, “los migrantes a menudo dejan las zodiac o las barcas, sobre la arena y se dan a la fuga” o quienes conducen la patera (a los que habitualmente las fuerzas de seguridad acusan de traficantes aunque en ocasiones solo han realizado la tarea de manejar la patera como miembro del grupo y no se han lucrado por ello) “se podían hacer pasar por migrantes para que no les identificáramos como a pilotos y los detuviésemos”, detalla una fuente del Instituto Armado de Cádiz, conocedora de las operaciones contra le narcotráfico en esta zona del Estrecho. 

Aunque abandonaban las barcas, “tanto las embarcaciones como los motores eran baratos por lo que [los traficantes, en caso de haberlos] compensaban su pérdida con el dinero que habían cobrado al pasaje”.

En contraposición, los traficantes de droga no se deshacen de sus embarcaciones, muy valiosas debido a sus potentes motores que permiten recorrer el Estrecho en cerca de 20 minutos. Tampoco quieren arriesgarse a aproximarse a la orilla: “Valen mucho dinero. No quieren llegar a la orilla por si encallan y por eso arrojan al mar a los migrantes. Para ellos, la vida de las personas vale menos que los motores que llevan”, lamenta Amin Soussi, responsable de inmigración en la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. 

Hay otros motivos que empujan a los narcos a hacer saltar a las personas que transportan, a pesar del peligro para sus vidas: ganar tiempo para darse a la fuga dado que, como varios de los casos documentados en los últimos meses, el desembarco se produce a la luz del día. Si llegasen hasta la orilla, no sólo podrían encallar sino que perderían más tiempo para volver a zarpar y no quieren arriesgarse a ser detenidos. A veces, también recurren a dicha práctica para evitar los arrecifes o aquellos lugares donde no sea fácil acceder con la lancha.

Quienes siguen de cerca el negocio del narco destacan la rentabilidad extra que las redes de tráfico de drogas obtienen con el transporte de migrantes ante las insuficientes vías legales y seguras de entrada. “Para quienes se dedican al tráfico de drogas lo de menos es lo que transportan, sino que lo importante es la rentabilidad que tiene. Cuando les persigue la Guardia Civil, lanzan al mar la mercancía. La diferencia es que si son personas se pueden ahogar, como hemos visto”, sostiene Francisco Mena, presidente de la Coordinadora Alternativas. 

“Les es más rentable porque las personas suelen pagar antes de montarse en la narcolancha y el dinero está asegurado lleguen o no lleguen, a diferencia de la droga. Aquí no se pierde nada. Para ellos vale más la droga que estas personas. Es miserable”, añade Mena. “Si llevaran hachís la metían en la misma orilla. Si fuera hachís no lo soltarían a la distancia a la que dicen a los migrantes que salten”. 

El episodio más mortífero

El pasado 29 de noviembre al menos cuatro inmigrantes de origen magrebí murieron al ser obligados –incluso a punta de pistola o de navaja- a tirarse al mar en las proximidades del litoral gaditano. Veintitrés personas lograron ser rescatadas con vida, gracias a la ayuda que les prestaron los testigos del suceso. Cuatro de aquellos náufragos forzosos también tuvieron que recibir asistencia hospitalaria al sufrir una hipotermia grave. El caso aumentó la atención sobre el tráfico de personas a España en manos de los narcos y evidenció la violencia empleada contra los migrantes.

Un mes más tarde, se sabe que dos de los pilotos eran españoles, que dos de los migrantes rescatados son menores y que la embarcación fuera borda que les trajo había zarpado de Muley Bousselham, entre Kenitra y Larache. Al llegar al frente marítimo de La Isla de Camarón, obligaron a saltar a la mayoría de los ocupantes de la nave, aunque todavía era aguatapá, que es como se le dice en Cádiz a cuando en mar abierto aún no se puede hacer pie en el fondo marino. Frente al caño de Sancti Petri, ya colindante con Chiclana, los ocho que quedaban a bordo también tuvieron que saltar, aunque en este caso lograron ser rescatados con vida. Los pilotos, en ese momento, viraron hacia mar adentro, logrando darse a la fuga.

A Soussi, sin embargo, no le salen las cuentas: “Aunque se habla de cuatro fallecidos, puede haber más. En el caso de esta embarcación, se está hablando de 28 ocupantes, pero los que venían en ella hablan de 35 y 37 personas. En Sancti Petri, según los expertos, hay corrientes muy fuertes y ese día la mar estaba muy ajetreada. Puede haber más cadáveres, no sólo los de estos cuatro”. De hecho, días más tarde, la Salvamar Suhail rescató otro cadáver, no muy lejos de allí, en los Bajos de León.  

Amin Soussi logró hablar con los supervivientes del 29 de noviembre: casi todos ellos procedían de Zagora, al sureste de Marruecos, la ciudad de adobe rojizo a la que llaman La Puerta del Desierto, junto al río Draa y a unas siete horas en coche desde Marrakech. Otros venían del entorno de Fez o de las montañas del Atlas.

A Soussi, que lleva años militando en la APDHA le sorprende el alto número de pilotos a bordo: “Hablando con los supervivientes, hemos sabido que pagaron una media de 10.000 euros pagó cada uno, algunos más y otros menos, pero ese es el promedio. Es un precio bastante costoso. Muchos, pagaron una mitad a la salida y la otra mitad, cuando llegasen a salvo, ya se encargarían sus familiares para pagar lo que falta”, explica el miembro de la ONG.

“Los supervivientes están muy agradecidos a los ciudadanos que se encontraban allí y que pudieron salvar la vida a muchos de ellos”, sostiene el activista. Desde APDHA también han tratado de identificar a los fallecidos. “Nos hemos dirigido a la Guardia Civil en Chiclana, con algunas fotos, documentos de identidad, huellas dactilares de las personas fallecidas y que nos han enviado sus familiares, para identificarles”, añade.

En enero de 2020, Alhassane Bangoura fue enterrado en una tumba sin nombre en la zona musulmana del cementerio municipal de Teguise, en Lanzarote, ante la presencia de funcionarios municipales y miembros de la comunidad musulmana local. El pequeño había nacido apenas un par de semanas antes a bordo de una patera abarrotada en la que su madre, originaria de Guinea, y otras 42 personas intentaban llegar a las Islas Canarias. La embarcación llevaba dos días a la deriva en el océano Atlántico, tras averiarse el motor, y la madre de Alhassane se puso de parto en el mar. Su hijo sólo alcanzó a vivir unas pocas horas antes de morir frente a la costa de Lanzarote.

El caso de Alhassane conmocionó a la isla y saltó a las noticias de todo el país. Sin embargo, mientras los asistentes al entierro ofrecían sus condolencias, la madre del bebé fallecido se encontraba a 200 kilómetros de distancia, en un centro de acogida de migrantes de la vecina isla de Gran Canaria, al no haber podido obtener permiso de las autoridades para permanecer en Lanzarote durante el funeral.

“Le habían permitido ver el cuerpo de su hijo una vez más antes de ser trasladada, y yo la acompañé a la funeraria”, cuenta Mamadou Sy, representante de la comunidad musulmana local. “Fue muy emotivo cuando se tuvo que marchar. Lo único que pudimos hacer fue prometerle que su hijo no estaría solo; que, como cualquier musulmán, sería llevado a la mezquita, donde su cuerpo sería lavado por otras madres; que rezaríamos por él y que después le enviaríamos un vídeo del entierro”.

Casi cuatro años después, el lugar donde reposan los restos de Alhassane sigue sin tener una lápida formal. La tumba se encuentra junto a los restos de más de tres docenas de personas migrantes no identificadas, cuyos nombres se desconocen por completo pero que, como Alhassane, también son víctimas del brutal régimen fronterizo de Europa.

Las tumbas de la frontera

A lo largo de las fronteras de la Unión Europea, miles de personas están siendo enterradas de forma precipitada en tumbas sin nombre. El equipo de investigación de Border Graves (Las Tumbas de la Frontera) ha contabilizado que, en los últimos 10 años, al menos 2.162 cadáveres de migrantes han sido encontrados en las fronteras europeas sin identificar.

El equipo de investigación también ha confirmado la existencia de 1.015 tumbas de inmigrantes sin identificar entre 2014 y 2021 en 103 cementerios, todas ellas pertenecientes a personas que intentaban emigrar a Europa.

El problema está “absolutamente abandonado”, afirma Dunja Mijatović, Comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, que insiste en que los países de la UE incumplen sus obligaciones en virtud de la legislación internacional sobre derechos humanos. “La tragedia de los migrantes desaparecidos ha alcanzado una magnitud espantosa. El asunto exige una actuación inmediata”.

Las condiciones de sepultura de estos migrantes varían en todo el continente. En la última década, en la isla griega de Lesbos, un olivar se ha convertido en un cementerio informal para refugiados. Al menos 147 tumbas sin identificar se pueden encontrar en el pequeño pueblo de Kato Tritos, que según explica el periodista Nikos Manavis brotaron tras la gran oleada de refugiados de 2015. “Los otros cementerios de la isla eran inapropiados y no podían cubrir el número de muertos que había que enterrar en Lesbos”, afirma. “Pero no es un cementerio. Es sólo un campo. No se muestra ningún respeto por la gente enterrada aquí”.

En Siče, una población al este de Croacia, se hallan las tumbas de tres refugiados afganos al borde del cementerio del pueblo, separadas de las de los residentes locales. Los tres hombres no identificados, que se ahogaron intentando cruzar el río Sava desde Bosnia a Croacia, están enterrados bajo sencillas cruces de madera en las que se lee “NN” (desconocido).

En la frontera entre Lituania y Bielorrusia, un pequeño cementerio de la tranquila localidad de Rameikos alberga la tumba de un emigrante indio. El lugar está marcado por un trozo de madera vertical, a pocos metros de la valla fronteriza. En el cementerio de Piano Gatta, en Agrigento (Sicilia), están enterrados decenas de cadáveres sin identificar del naufragio de Lampedusa en 2013, en el que perdieron la vida 368 personas de Eritrea y Somalia al hundirse el pesquero en el que viajaban.

En cuanto a la extensa costa española, pueden encontrarse tumbas de inmigrantes desde Alicante hasta Cádiz, y hacia el sur hasta las Canarias. Algunas tienen nombre, pero lo más frecuente es que las inscripciones sean del estilo de “inmigrante no identificado”, “marroquí desconocido” o “víctima del Estrecho [de Gibraltar]”. O, simplemente, una cruz pintada a mano.

En el cementerio de Barbate, en Cádiz, donde los difuntos están sepultados en nichos, el jardinero Germán señala más de 30 tumbas de inmigrantes: las más antiguas datan de 2002 y las más recientes son de un naufragio de 2019. “Nunca viene nadie a visitarlos, pero los días que hay funerales aquí y se van a tirar las flores antiguas, las coloco en las tumbas de los migrantes desconocidos”, explica. “En algunas de las más antiguas hay restos de hasta cinco o seis emigrantes juntos, cada uno colocado en bolsas separadas dentro del mismo nicho para ahorrar espacio”.

Tal preocupación era menos evidente en Arrecife, Lanzarote, donde dos tumbas no identificadas de febrero de este año se han dejado selladas con una cubierta que aún lleva el logotipo de una empresa.

No existen datos exhaustivos sobre cuántas fosas de inmigrantes identificadas y no identificadas existen en España, y el Ministerio del Interior nunca ha dado a conocer cifras sobre el número total de cadáveres recuperados en las distintas rutas migratorias marítimas. Pero los datos del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) revelan que entre 2014 y 2021 se recuperaron los cuerpos de alrededor de 530 personas fallecidas en las fronteras españolas, de las cuales 292 permanecen sin identificar.

En los diez meses que ha durado la investigación europea Border Graves, llevada a cabo de manera conjunta entre un grupo de periodistas independientes y los medios Unbias the News, The Guardian y Süddeutsche Zeitung y publicada en exclusiva en España por elDiario.es, se ha confirmado la existencia de 109 tumbas de migrantes no identificados entre 2014 y 2021 en 18 lugares de España. Según un estudio de la Universidad de Ámsterdam, otras 434 tumbas sin identificar se remontan al periodo 2000-2013 en al menos 65 cementerios del territorio nacional.

Estas tumbas son símbolos de una tragedia humanitaria mucho mayor. El CICR calcula que sólo el 6,89% de los restos mortales de las personas que desaparecen a lo largo de las fronteras europeas son recuperados, mientras que la ONG española Caminando Fronteras da una cifra aún más baja para la ruta atlántica de África Occidental a Canarias, estimando que sólo se recupera el 4,2% de los cuerpos de los fallecidos.

Garantizar los “últimos derechos”

Las tumbas anónimas y sin visitar reflejan también el hecho de que el derecho a la identificación y a un entierro digno de los fallecidos en las rutas migratorias ha sido sistemáticamente desatendido por las autoridades nacionales españolas. En 2021, el Parlamento Europeo aprobó una resolución que reconoce el derecho a la identificación de los fallecidos en las rutas migratorias, y la necesidad de una base de datos coordinada que recoja los datos de la frontera. Pero, al igual que en otros países europeos, los sucesivos gobiernos han sido incapaces de desarrollar mecanismos legales y protocolos estatales para garantizar estos “últimos derechos” de las víctimas, así como el “derecho a saber” y a llorar a sus seres queridos que corresponde a las familias.

“La gente siempre llama a la oficina y nos pregunta cómo buscar a un familiar, pero hay que ser sincero y decir que no hay un canal oficial claro al que puedan dirigirse”, explica Juan Carlos Lorenzo, coordinador del Consejo Español para los Refugiados (CEAR) en Canarias. “Se les puede poner en contacto con la Cruz Roja, pero no hay un programa de identificación liderado por el Gobierno. Tampoco existe el tipo de recurso especializado necesario para coordinarse con las familias y centralizar la información y los datos sobre los migrantes desaparecidos”.

Helena Maleno, directora de Caminando Fronteras, afirma: “Sólo este año estamos trabajando con más de 600 familias cuyos seres queridos han desaparecido. Estas familias, procedentes de Marruecos, Argelia, Senegal, Guinea y países tan lejanos como Sri Lanka, están muy solas y poco protegidas por las administraciones públicas. A su vez, esto significa que hay redes criminales y estafadores que buscan sacarles dinero”.

Incluso en el caso de la identificación de una víctima, un reciente informe de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) expone las barreras legales y financieras a las que se enfrentan las familias para repatriar a sus seres queridos. En 2020/21, las cifras del CICR muestran que se recuperaron 284 cuerpos pero que, de los 116 identificados, sólo 53 fueron repatriados. El informe de la APDHA también señala, respecto a las tumbas fronterizas, que “muchas personas acaban enterradas de manera contraria a sus creencias”. Apenas la mitad de las 50 provincias españolas cuentan con cementerios musulmanes, y no todos están en la costa española.

Para Maleno, estos fallos del Estado no son casualidad: “España y otros Estados europeos mantienen una política de invisibilización de las víctimas y de la propia frontera. Tienen políticas de negación del número de muertos y de ocultación de datos, pero para las familias esto significa obstáculos en cuanto al acceso a la información y a los derechos de sepultura, así como interminables trabas burocráticas”.

“Sueño con Oussama”

Abdallah Tayeb ha sufrido en primera persona las deficiencias del sistema español en sus intentos por confirmar si un cadáver recuperado en diciembre de 2022 es el de su primo Oussama, un joven barbero argelino que soñaba con reunirse con Tayeb en Francia.

Tayeb está convencido de que el cuerpo sin identificar, que se cree que está en un depósito de cadáveres de Almería, es el de su primo. Está previsto que los restos sean enterrados a comienzos del próximo año en una tumba sin nombre, a menos que se consiga algún avance de última hora. “La sensación es de impotencia”, admite. “No hay nada de transparencia”.

Tayeb nació en París, de padres argelinos, pero pasa todos los veranos en Argelia con su familia. “Como Oussama y yo teníamos más o menos la misma edad, estábamos muy unidos. Le obsesionaba la idea de venir a Europa, pues dos de sus hermanos ya vivían en Francia. Pero yo no sabía que en realidad ya había organizado su viaje en una patera a finales del año pasado”.

Oussama formaba parte de un grupo de 23 personas (entre ellas siete niños) que desaparecieron tras zarpar de Mostaganem, Argelia, en una lancha motora el día de Navidad de 2022. Poco después de la desaparición de la patera, su hermano Sofiane viajó de Francia a Cartagena, el destino al que esperaba llegar la embarcación. Con la ayuda de la Cruz Roja, Sofiane pudo presentar una denuncia por desaparición y dar una muestra de ADN, pero no pudo reunir ninguna información concreta sobre la suerte de su hermano.

Sin embargo, un segundo viaje a España en febrero condujo a un gran avance. Tras recorrer juntos la costa mediterránea, Tayeb y su primo Sofiane consiguieron hablar con una patóloga forense que trabaja en la morgue de Almería, quien pareció reconocer una foto de Oussama. “No paraba de decir 'esta cara me suena' y también mencionó un collar, algo que llevaba cuando se fue”. Según la forense, había una posible coincidencia con un cuerpo sin identificar recuperado por los guardacostas el 27 de diciembre de 2022.

El laberinto burocrático

Con la sensación de que por fin estaban cerca de obtener alguna respuesta, en la comisaría de Almería les informaron de que, para poder ver el cadáver –o incluso las pertenencias– y proceder a su identificación visual, necesitarían el permiso de la comisaría donde se había registrado inicialmente el cadáver. “Fue entonces cuando empezó la verdadera pesadilla”, recuerda Tayeb. Les entregaron una lista de cinco comisarías de toda la región en las que se podría haber registrado el cadáver, y se pasaron los dos días siguientes conduciendo de comisaría en comisaría a lo largo de la costa murciana.

“En la primera comisaría que visitamos ni siquiera nos dejaron entrar cuando les dijimos que estábamos buscando a un inmigrante desaparecido, y después siempre fue la misma consigna: éste no es el lugar adecuado; no tenemos ningún cadáver; tenéis que ir a este otro lugar…”, continúa. Cuando ambos regresaron a la primera comisaría de Huércal de Almería, después de que les dijeran repetidamente que era el lugar adecuado para preguntar, los agentes, impacientes, se negaron a atenderlos, alegando leyes de protección de la intimidad, e incluso les dijeron que advirtieran a otras familias que buscaban a migrantes desaparecidos que no siguieran viniendo a preguntar.

“Al final”, explica Tayeb, “nos dimos cuenta de que nunca nos darían ninguna información. Fue muy desgarrador, sobre todo volver a Francia. Fue como si le dejáramos [allí] en la nevera”.

Incertidumbre

A medida que pasaban los meses, la frustración y la ansiedad aumentaban para la familia. “En mayo nos dijeron que la muestra de ADN que habíamos dado cinco meses antes acababa de llegar a Madrid y aún no había sido procesada ni enviada a la base de datos”. No se les ha facilitado más información, y las autoridades españolas tienen la política de ponerse en contacto con las familias sólo cuando hay una coincidencia positiva, pero no si la prueba da negativo.

Tayeb se plantea una última visita a España para intentar recuperar a su primo Oussama, en parte para estar seguro de que ha hecho todo lo posible por encontrarlo, pero le preocupa que el viaje pueda reabrir su trauma de “pérdida ambigua”. “El esfuerzo de ir no es doloroso, lo doloroso es volver sin nada”, dice. “Esta falta de información es lo peor”.

La Dra. Pauline Boss, catedrática emérita de Psicología de la Universidad de Minnesota (EE.UU.), explica el concepto de pérdida ambigua: “Se parece a un duelo complejo, con pensamientos intrusivos”, dice. “No tienes otra cosa en la cabeza más que el hecho de que tu ser querido ha desaparecido. No puedes afrontar el duelo, porque eso significaría que la persona está muerta, y no lo sabes con certeza”.

Tayeb lo explica con sus propias palabras: “Todas las personas que iban a bordo eran del mismo barrio de Mostaganem. He podido hablar con muchas de sus familias y están destrozadas. Hay mucho dolor, pero tampoco hay respuestas. Sólo hay rumores, y algunas de las madres creen que sus hijos están en cárceles de Marruecos y España. Todos tenemos sueños [sobre los desaparecidos]. Al final, confías en lo que ves en tus sueños, como si la realidad cósmica te dijera que va a venir. Sueño con Oussama”.

Un sistema defectuoso

De todas las familias de los desaparecidos en la patera de Oussama, sólo Tayeb y otras tres familias han podido presentar denuncias de desaparición ante las autoridades españolas, y únicamente en dos casos se han podido entregar muestras de ADN.  Según un informe de 2021 de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), una de las mayores complicaciones a las que se enfrentan las familias en sus búsquedas es que, para registrar a alguien como desaparecido en España, hay que presentar una denuncia ante la policía del propio país, lo que para muchas familias es “una hazaña prácticamente imposible”, ya que no existen visados para viajar con este fin.

El informe de la OIM también señala que, aunque muchas familias presentan denuncias de personas desaparecidas en sus países de origen, son “conscientes del carácter casi simbólico de sus esfuerzos” y de que “nunca darán lugar a que se inicie ningún tipo de investigación en España.”

Junto con la OIM, algunas ONG nacionales, como la APDHA y más de un centenar de organizaciones comunitarias, han denunciado la incapacidad de España para adaptar los procedimientos vigentes en materia de personas desaparecidas a los retos transnacionales que plantean los casos de migrantes desaparecidos. Estas organizaciones han defendido en repetidas ocasiones que el marco jurídico del país en materia de personas desaparecidas debe adaptarse para garantizar que las familias puedan presentar denuncias desde el extranjero por casos de personas desaparecidas. 

También han presionado para que se elaboren protocolos específicos para la policía al tratar casos de migrantes desaparecidos, así como para que se cree una base de datos de migrantes desaparecidos que permita centralizar la información y haga posible el intercambio con autoridades de otros países. Esta incluiría todos los datos disponibles post mortem (desde tatuajes hasta ADN, pasando por inspecciones de cadáveres y autopsias) como de información médica forense ante mortem, es decir, la que procede de los familiares en relación con la persona desaparecida.

“La realidad es que la situación en toda Europa es sistemáticamente deficiente”, explica Julia Black, analista del Proyecto Migrantes Desaparecidos de la OIM. “A pesar de que nuestras investigaciones muestran estas necesidades acuciantes de las familias, ni España ni ningún otro país europeo ha cambiado [en los últimos años] de forma significativa sus políticas, ni tampoco han mejorado las prácticas para ayudar a este grupo desatendido. El apoyo a las familias sólo está disponible de forma muy puntual, sobre todo en respuesta a sucesos con víctimas masivas que están en el punto de mira de la opinión pública, lo que deja a muchos miles de personas sin un apoyo adecuado”.  

Actores no estatales como la Cruz Roja y Caminando Fronteras, así como una red de activistas independientes, intentan llenar este vacío. “Es un trabajo terrible que no deberíamos estar haciendo, porque los Estados deberían responder a las familias y garantizar los derechos de las víctimas más allá de las fronteras”, explica Maleno. En el caso de la patera de Mostaganem, Caminando Fronteras tiene previsto viajar a Argelia el año que viene para tomar muestras de ADN de los familiares y traerlas a España. Pero Maleno también reconoce que su ONG a menudo tiene que “ejercer mucha presión” para que las autoridades acepten estas muestras.

Es algo que también confirma Jon Iñarritu, diputado de EH Bildu: “Como miembro de la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, he tenido que intervenir en varias ocasiones para ayudar a las familias que querían registrar muestras de ADN, hablando con el Ministerio de Asuntos Exteriores o con el Ministerio del Interior para que aceptaran las muestras. Pero no debería ser necesaria la intervención de un diputado para conseguirlo. Es necesario normalizar todo el proceso con protocolos claros y automáticos [para la presentación de las muestras]. Ahora mismo, no hay una forma clara de hacerlo”.

Incluso cuando las recomendaciones de la OIM han sido objeto de debate parlamentario en España, no han tendido a traducirse en medidas gubernamentales. En 2021, por ejemplo, el Congreso de los Diputados aprobó una Proposición no de Ley en la que se instaba al Gobierno a crear una oficina estatal específica para las familias de migrantes desaparecidos. “Está claro que necesitamos aliviar el calvario administrativo y burocrático para las familias ofreciéndoles un único punto de contacto [con las autoridades estatales]”, explica Iñárritu, impulsor de la moción.

Sin embargo, aunque los partidos en el gobierno votaron a favor de la resolución, no se ha tomado ninguna medida al respecto en los 18 meses transcurridos desde la aprobación de la resolución. “Desde mi punto de vista, el Gobierno no tiene ninguna intención de aplicar la propuesta”, argumenta Iñárritu. “Sólo ofrecían un apoyo simbólico”.

Cuando se expusieron las cuestiones anteriores al Ministerio del Interior, la respuesta fue la siguiente: “El tratamiento de los cadáveres sin identificar que llegan a las costas de España es idéntico al hallazgo de cualquier otro cadáver. En España, para la identificación de cadáveres, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado aplican la Guía de INTERPOL para la Identificación de Víctimas de Catástrofes. Esta Guía, aunque está especialmente indicada para los sucesos con víctimas múltiples, también es aplicada como referencia para la identificación de un cadáver aislado”.

Derechos de sepultura

El director de migraciones de APDHA, Carlos Arce, escribe que, en un marco europeo que contempla la migración irregular predominantemente a través del prisma de la criminalidad grave y la seguridad fronteriza, “ni siquiera la muerte o desaparición de las personas migrantes pone freno a la concatenación de ataques a su dignidad”. Por su parte, Iñárritu también apunta al régimen fronterizo más amplio de la UE: “Muchas cuestiones que no encajan en este marco político dominante, como el derecho de identificación, simplemente se dejan sin gestionar en el día a día. Sencillamente, no son una prioridad”.

Esto también queda claro en lo que respecta a la inacción del gobierno español a la hora de garantizar un entierro digno a las personas cuyos cuerpos son recuperados. Como señala un informe de 2023 de APDHA, “aunque la repatriación es la opción más deseada por las familias [...] el coste es muy elevado (miles de euros) y muy pocas de sus embajadas ayudan [a sufragarlo]”. La ONG recomienda a España que establezca acuerdos de repatriación con los países de procedencia de los inmigrantes para crear “salvoconductos mortuorios” que garanticen su retorno a un coste reducido.

A esto se suma que el gobierno central tampoco ha establecido mecanismos para garantizar el derecho de los inmigrantes no identificados a un entierro digno dentro del territorio español, sino que sostiene que los ayuntamientos son responsables de todos los entierros de carácter benéfico. Esto ha supuesto que municipios muy concretos, en los que están estacionadas las embarcaciones de salvamento marítimo, sean legalmente responsables de la mayor parte de los entierros, y la mayoría de estos municipios carecen de cementerios locales capaces de acoger entierros musulmanes tradicionales.

La posibilidad de que este asunto se convierta en un caldo de cultivo para el rechazo a la inmigración quedó patente el pasado mes de septiembre, cuando la alcaldesa de Mogán (Gran Canaria), Onalia Bueno, insistió en que su municipio dejaría de sufragar estos entierros, ya que no quería “detraer los costes de los impuestos de mis vecinos”. Juan Carlos Lorenzo, de CEAR, condena ese “lenguaje divisivo, que enmarca la cuestión en términos de malgastar el dinero de mis 'vecinos' en alguien que no es un vecino”, y señala en cambio la actuación de los municipios de El Hierro como contraejemplo positivo.  

En esta isla poco poblada, en los últimos dos meses han sido enterrados siete inmigrantes no identificados, junto con los restos de Mamadou Marea, de 30 años. “Los habitantes de la isla se unieron a nosotros para acompañar los restos de cada una de estas personas hasta su lugar de descanso”, explica Amado Carballo, concejal de El Hierro. “Lo que nos entristeció a todos fue no poder poner un nombre en la lápida y simplemente tener que dejar a las personas identificadas con un código policial”.

Carballo señala que “más de 10.000 personas han llegado a El Hierro desde septiembre, lo mismo que la población de la isla. Son viajes muy largos, de entre seis y nueve días en el mar, y ahora mismo la gente llega en un pésimo estado de salud. A los que han muerto en los últimos meses hemos intentado ofrecerles un entierro digno dentro de los medios de que disponemos. Hemos contado con la presencia de un imán, que ha rezado oraciones del Islam antes de depositar los restos”.

En la actualidad, la responsabilidad de conmemorar a las víctimas no identificadas recae en los municipios e incluso en los responsables de los cementerios. Al igual que Germán en el cementerio de Barbate, que intenta dignificar las tumbas sin nombre colocando flores sobre ellas, el cementerio de Motril ha adornado las tumbas con poemas. En Teguise, el Ayuntamiento ha puesto en marcha una iniciativa que anima a los vecinos a dejar flores en las tumbas de los inmigrantes cuando vienen a visitar los restos de sus familiares.

En otro gesto conmemorativo, una colección de unas 50 barcas de pesca desechadas se ha convertido en un rasgo distintivo del puerto de Barbate. Estas pequeñas embarcaciones de madera con escritura árabe en el casco eran utilizadas por los emigrantes que intentaban cruzar el Estrecho de Gibraltar. En lugar de ser desguazadas, APDHA pudo convertir el astillero en un lugar conmemorativo y colocar placas en las embarcaciones en las que se indicaba cuántas personas viajaban en ellas y dónde y cuándo fueron encontradas.

En el caso del pequeño Alhassane Bangoura, los vecinos acuden habitualmente a dejar flores frescas y otras muestras de afecto, entre ellas un pequeño cuenco de granito con su nombre de pila inscrito. Pero muchas víctimas son enterradas sin ningún intento de identificación y, tal y como exigen innumerables ONG, políticos y activistas, no debería dejarse en manos de la buena voluntad de residentes, trabajadores de cementerios o concejales el garantizar los últimos derechos de las víctimas de la Fortaleza Europa.

Border Graves Investigation (Investigación de Las Tumbas de la Frontera), es un proyecto periodístico a escala europea realizado por Gabriele Cruciata, Eoghan Gilmartin, Danai Maragoudaki, Barbara Matejčić, Leah Pattem, Gabriela Ramírez, Daphne Tolis y Tina Xu, así como por los periodistas de 'The Guardian' Manisha Ganguly, Ashifa Kassam, Felicity Lawrence y Lorenzo Tondo, y los de 'Süddeutsche Zeitung' Ben Heubl y Kristiana Ludwig. La investigación fue financiada por Journalismfund e IJ4EU.

Traducido por Laura Seoane.

Los ministros polacos de Defensa, Interior y Exteriores formaron una línea frente a un muro alto y metálico con alambre de espino en su parte superior. Ante las cámaras de televisión ahí concentradas, los tres hombres alertaron sobre una horrible conspiración contra Polonia orquestada por el Kremlin.

Las armas en esta “operación especial” no eran tanques ni bombas, sugirió el ministro de Exteriores, Zbigniew Rau, sino personas de Oriente Medio y África. Rau defendió que la decisión de construir la valla que tenía tras él, tomada por el Gobierno polaco, ha sido la única que ha burlado el plan ruso de sembrar discordia y caos en Polonia.

“Si no, nos habríamos convertido en Lampedusa, pero una Lampedusa llena de migrantes que habían recibido entrenamiento militar. El 90% de ellos, entonces y ahora, han sido reclutados por los servicios especiales rusos”, afirmó falsamente Rau.

Con el trabajo hecho, los tres ministros volvieron a Varsovia. Sus discursos alimentaron la espiral diaria de historias de miedo sobre migración en la televisión progubernamental. El ánimo se calienta semana tras semana, con la entrada de Polonia en la fase final de una reñida campaña electoral.

Al atardecer de aquel día de finales de agosto, al otro lado del muro fronterizo, la salud de Sadia Mohamed Mohamud, de 20 años, estaba empeorando. Para entonces, Sadia llevaba atrapada en la estrecha franja de tierra entre los dos muros fronterizos, el polaco y el ruso, casi un mes, junto a algunos compañeros somalíes que también intentaban llegar a la Unión Europea. Sadia contó a los demás que había abandonado su país natal, sumido en conflictos, con la esperanza de ganar dinero en Europa para proporcionar una vida digna a sus dos hijos pequeños, que seguían en Mogadiscio.

Al teléfono desde Bielorrusia, otro hombre del grupo dijo que, en una ocasión, algunos de ellos consiguieron llegar a territorio polaco por un agujero cortado en la valla fronteriza. Los guardias fronterizos se presentaron prácticamente al instante. Uno de ellos pegó a Sadia en los hombros y le gritó en inglés: “Why did you come here?” (“¿Por qué has venido aquí?”).

Los guardias polacos abrieron una puerta del muro y empujaron a Sadia y a los demás de vuelta al otro lado. El grupo retrocedió por esa tierra de nadie hasta toparse con otra valla. Allí, los guardias fronterizos de Bielorrusia les amenazaron con perros y porras, y les ordenaron volver a Polonia. Más tarde, Sadia volvió a conseguir entrar en Polonia por segunda vez, pero los guardias fronterizos polacos la detuvieron de nuevo rápidamente y la enviaron de vuelta.

Ante la imposibilidad de entrar en la Unión Europea y el bloqueo para volver a Bielorrusia, el grupo quedó atrapado en un área gris entre ambos lados, sin apenas alimento ni cobijo y sin agua tratada. Todos estaban débiles, pero Sadia era la que peor estaba. Un vídeo, que grabó una persona del grupo en el bosque, la muestra envuelta en un saco de dormir apenas consciente.

El 10 de septiembre el grupo rogó a los guardias bielorrusos que les dejaran salir, porque Sadia se estaba muriendo. Al final, los guardias cedieron. Otra mujer somalí llevó a Sadia, envuelta en una sábana blanca y en coche, a una casa en las afueras de Minsk, que les habían dicho que era segura. Llamaron a una ambulancia. A esas alturas, Sadia ya no podía hablar, apenas podía abrir sus ojos y la sangre le brotaba por la boca.

Para cuando llegaron los servicios sanitarios, había muerto.

Contexto

La crisis en la frontera comenzó en otoño de 2021. Un año antes, el dictador bielorruso, Alexander Lukashenko, había acabado con las protestas masivas contra su Gobierno con una violencia brutal, lo que provocó el hundimiento de las relaciones con la UE y la imposición de sanciones a su régimen.

A cambio, Lukashenko amenazó con inundar Europa con “drogas y migrantes”. Pronto hizo honor a su promesa. Los vuelos desde Oriente Medio a Minsk florecieron y trajeron a personas vulnerables a las que les habían vendido la idea de un camino fácil a Europa.

En su lugar, se encontraron atrapados en uno de los últimos bosques primigenios europeos, que se convirtió en una tierra de nadie infernal entre un dictador empeñado en usarlos como marionetas políticas y un Gobierno decidido a prohibirles la entrada.

Como respuesta a la crisis inicial, el Gobierno polaco anunció la construcción de una barrera fronteriza de 5,5 metros de altura a lo largo de 186 kilómetros. Se completó el pasado verano. El Gobierno polaco a menudo señala la situación catastrófica en el Mediterráneo y asegura que ha resuelto su propia cuestión migratoria con el muro. En realidad, las organizaciones humanitarias dicen que la infraestructura solo ha incrementado el sufrimiento sin apenas frenar el movimiento de las personas.

El 15 de octubre los polacos celebrarán unas elecciones parlamentarias que penden de un hilo. El partido del Gobierno, Ley y Justicia −cuyo presidente acusó una vez a los migrantes de traer “parásitos y protozoos” a Europa−, ha aumentado la retórica antiinmigración una vez más con la esperanza de impulsar el apoyo en sus bases y ganar otra legislatura.

En los días posteriores a la muerte de Sadia, el telediario nocturno de la televisión polaca controlada por el Gobierno volvió a emitir historias sobre supuestas hordas de migrantes invasores con el objetivo de sitiar Europa.

Un anuncio electoral de Ley y Justicia intercalaba imágenes de coches en llamas y violencia en Europa occidental con el primer ministro, Mateusz Morawiecki, haciéndose selfis con polacos sonrientes. Gracias a Ley y Justicia, decía Morawiecki, en Polonia “no hay regiones llenas de inmigrantes ilegales… no hay regiones del horror”.

Los activistas

La llamada de emergencia llegó poco antes del anochecer, solo un par de horas después de que los tres ministros hubieran grabado sus discursos en la frontera. En una base en un lugar secreto del bosque, un grupo de trabajadoras humanitarias metían a toda prisa sopa caliente, té, ropa y suministros médicos en sus mochilas.

Dominika Ozynska, una trabajadora humanitaria polaca, y Liz, una médica alemana que se había tomado un tiempo alejada de su trabajo en un hospital de su país natal, subieron al coche y se dirigieron hacia la ubicación de GPS que habían recibido mientras la luz del sol iba desvaneciéndose.

Aparcaron en el punto más cercano a la ubicación y continuaron a pie por un bosque cada vez más oscuro, trepando por encima de troncos caídos y ramas que sobresalían, hasta que llegaron al lugar en cuestión. No usaron ninguna luz para no llamar la atención de los guardias fronterizos, policías o soldados. Finalmente, encontraron a ocho hombres sirios que habían pedido su ayuda, exhaustos y desorientados.

Uno de ellos se disculpó por el intento de entrada del grupo en Europa, como adelantándose a que lo enjuiciaran. “Queremos trabajar, trabajaremos”, dijo. Dominika les aseguró que no tenían nada por lo que disculparse mientras les ofrecía unas tazas de té.

Estos hombres llevaban semanas abandonados a su suerte en el bosque, y ésta era la quinta vez que habían cruzado a Polonia, después de cuatro devoluciones hacia Bielorrusia. Esta vez, sin embargo, el grupo había conseguido evitar los sensores de calor y a los soldados apostados en la frontera, y se habían adentrado más en Polonia. Finalmente, habían podido enviar su ubicación a un número de ayuda para pedir lo propio a activistas polacos.

Los activistas llaman “intervenciones” a estas misiones en el bosque, que comenzaron hace dos años como una respuesta ad hoc a la emergente crisis. Ahora los procedimientos para las intervenciones se han formalizado más, pero las ONG grandes continúan ausentes en el área fronteriza. A falta de éstas, la carga recae sobre pequeñas organizaciones polacas defensoras de derechos humanos, lugareños de gran corazón y voluntarios. A estas alturas, muchos de ellos están exhaustos y quemados.

Cada intervención es distinta: algunas personas necesitan comida o zapatos nuevos; otros están a un paso de morir. Desde que se construyó el muro, las heridas graves que requieren hospitalización suceden con mayor frecuencia: pelvis y piernas rotas o conmociones cerebrales graves.

A menudo se suman a la mezcla el trauma psicológico o los ataques de pánico. Antes de exponerse a esto, ya se advierte a estas personas de que el viaje será duro. Pero hay poco que pueda prepararlas para lo que de verdad es estar atrapado en un bosque durante semanas enteras, bebiendo de ciénagas y durmiendo sobre un suelo frío y cubierto de musgo, entre chinches y garrapatas. Puede volver loca hasta a la persona más dura.

La mayoría de las personas que todavía son capaces de caminar no quieren ayuda médica oficial, porque saben que con la ambulancia vienen los guardias fronterizos, que pueden mandarlos de vuelta a Bielorrusia de nuevo, o meterlos en uno de los centros de detención en régimen cerrado de Polonia. Así que los activistas hacen lo que pueden para hacer una cura provisional sobre el terreno y dejar que sigan su camino.

Aquella noche, Liz, que no quiere que se publique su apellido, se puso a trabajar en la evaluación de las necesidades médicas del grupo sirio. Se encontró con una colección bastante habitual de dolencias. A un hombre le dolían mucho las costillas, probablemente alguna fractura por una paliza de los guardias fronterizos. Otro tenía un corte profundo en la pierna, provocado por una caída sobre el alambre de espino en la valla fronteriza, un alambre que los guardias fronterizos polacos colocaron hace poco también a los pies del muro, además de en la parte alta. Un tercero tenía un absceso del tamaño de un huevo en su rodilla por un pequeño corte que se había infectado a lo largo de semanas en el bosque.

En un centro hospitalario, Liz habría pedido escáneres, puntos y cirugía. En la oscuridad del bosque, lo único que pudo ofrecer fueron vendajes, calmantes para el dolor y antibióticos.

En Polonia es legal dar comida y ayuda médica a quienes lo necesiten, pero va contra la ley ofrecer transporte a las personas que las autoridades consideran que han cruzado la frontera ilegalmente. Así que, tras un par de horas, Liz y Dominika desearon a los ocho hombres sirios la mejor de las suertes en la continuación de su viaje y los dejaron solos en la estremecedora oscuridad del bosque. Los trabajadores humanitarios como ellas nunca saben si las personas a las que ayudan conseguirán salir del bosque con vida.

“Es todo un poco abstracto cuando lees un artículo en casa. Luego vienes aquí y la crisis tiene cara”, dice Liz en una entrevista en la base dos días después. “Siento mucha rabia por toda esta situación; estoy furiosa con Polonia, con Europa”.

El dictador

El régimen de Lukashenko sigue exacerbando la crisis al permitir que las personas entren en Bielorrusia y darles luego equipamiento para ayudarles a llegar a Polonia.

“Los soldados bielorrusos dan a la gente herramientas especiales para cortar alambre de espino y cosas para cavar un agujero bajo la valla”, dice Katarzyna Zdanowicz, la portavoz del servicio regional de guardias fronterizos polacos, en una entrevista en el despacho que tiene en unas instalaciones fortificadas en la ciudad de Bialystok.

A mediados de agosto de este año, los sensores electrónicos del muro llevaban registrados más de 20.000 intentos para cruzar este 2023, frente a los 16.000 intentos en todo 2022, dice Zdanowicz.

El papel de Lukashenko como apoyo de la guerra de Rusia en Ucrania ha hecho aumentar aún más la tensión. Tras el fallido motín de Yevgeny Prigozhin, las tropas de su grupo Wagner se reubicaron en Bielorrusia durante el verano. Lukashenko “bromeó” sobre un supuesto plan de los guerrilleros para invadir Polonia. A finales de julio, tres helicópteros del Ejército bielorruso sobrevolaron la localidad fronteriza de Bialowieza.

Como respuesta, Polonia ordenó el despliegue de otros 10.000 militares en la región fronteriza. Hasta ahora el grupo Wagner no se ha acercado a la frontera, pero los soldados adicionales se lo ponen aún más difícil a las personas que consiguen saltar el muro para conseguir adentrarse en Polonia sin ser detectadas. La mayoría de las carreteras cercanas a la frontera tienen controles policiales en los que los agentes detienen los vehículos y escanean el color de la piel de los pasajeros.

Esto ha llevado a más devoluciones, al igual que a muchos más testimonios de violencia ejercida por los guardias fronterizos polacos. Zdanowicz dice que los guardias fronterizos no empujarían de vuelta a personas que pidieran el asilo político en Polonia y niega igualmente que los guardias fronterizos hayan ejercido alguna vez violencia no provocada por las otras personas. Los activistas sostienen que ninguna de las afirmaciones es verdad.

Para las personas devueltas a Bielorrusia, o atrapadas entre dos muros, prácticamente no hay nadie a quien pedir ayuda. Los guardias fronterizos de Bielorrusia a menudo echan a los perros sobre las personas que intentan volver a ese país tras varios intentos fallidos para cruzar; mucha gente vuelve a Minsk con heridas en las piernas por mordiscos de perros.

Las elecciones

Desde la invasión rusa de Ucrania en febrero del año pasado, Polonia ha dado la bienvenida a millones de refugiados ucranianos. Las autoridades y la población general se unieron en una respuesta llena de compasión y generosidad para ofrecer cobijo y apoyo a los ucranianos que huían.

Para una cantidad mucho menor de personas que venían de más lejos, y con un color de piel diferente, el mensaje sigue siendo muy distinto. “Desde el principio, todo esto se ha presentado como una amenaza a la seguridad en vez de una historia humana”, dice Ala Qandil, de Grupa Granica, el mayor colectivo que engloba a activistas y trabajadores humanitarios en la frontera. “Solo queremos que se vea a las personas que cruzan la frontera como seres humanos”.

En vez de eso, la deshumanización se está acrecentando. El mismo día de las elecciones parlamentarias, se pedirá a los polacos que voten en un referéndum. Una pregunta planteará si quieren retirar el muro fronterizo. Otra plantea: “¿Apoya la admisión de miles de inmigrantes ilegales de Oriente Medio y África?”.

Los últimos días, las noticias en TVP, controlada por el Gobierno, se han estado presentando en directo desde Lampedusa, donde los corresponsales explican la diferencia entre la política migratoria general de Europa y la estricta postura de Polonia en la frontera. El titular en el rótulo, que acompañaba una pieza sobre migración en un telediario nocturno hace poco, estaba compuesto por una sola palabra: “Invasión”. Algunos ministros del Gobierno han denunciado a la cineasta Agnieszka Holland, que hizo un largometraje recientemente documentando el trato cruel que reciben las personas al intentar cruzar la frontera, y la han comparado con los propagandistas nazis.

Es un intento nada sutil del partido Ley y Justicia para tratar de movilizar a sus bases de cara a unas elecciones que prometen ser tan reñidas que podrían depender de un ínfimo número de votos. Con ánimo de no parecer blanda ante la migración, la principal coalición de la oposición –liderada por el antiguo presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk– ha decidido meterse en la batalla campal del Gobierno.

“Las fronteras polacas no han estado tan abiertas a migrantes legales e ilegales nunca antes en la historia”, dijo Tusk, acusando al partido del Ejecutivo de tener un discurso duro a la vez que, a escondidas, deja entrar a los migrantes.

Kamil Syller, un activista que vive en un pequeño pueblo cerca de la frontera, dice que a él le rompe especialmente el corazón que Tusk flirtee con la retórica de la derecha. “Quedamos desencantados y aterrorizados con su cambio en el lenguaje. Los políticos ven esta crisis como una mina de oro política y todos intentan sacarle provecho”, dice durante una entrevista en su casa, una granja moderna entre campos bucólicos.

En vecindarios fronterizos como el de Syller, mucha gente ha mostrado solidaridad con las personas que pasan por ahí. En 2021, Syller y su mujer pusieron en marcha el movimiento “luz verde”, en el que una red de lugareños simpatizantes instaló luces verdes fuera de sus casas para indicar lugares donde las personas que iban de paso podían pedir ayuda.

Algunos lugareños se asustaron al principio, dice Syller, pero después de interactuar con las personas que pedían ayuda, se dieron cuenta de que no eran invasores demoníacos, sino simplemente personas vulnerables que necesitaban ayuda.

“Muchos de mis vecinos solían ser agresivos, pero con el tiempo comprendieron la naturaleza sádica de los guardias fronterizos; empezaron a querer ayudar. Ahora, si encuentran gente que necesita ayuda, algunos me llaman a mí en vez de llamar a los guardias fronterizos”, dice.

Pero tras dos años de crisis, muchos en la región fronteriza están hartos del aumento de la presencia militar, y frustrados por la bajada de turistas que vienen a visitar el bosque. Syller teme que la actitud de sus vecinos cambie pronto, especialmente con la propaganda electoral diaria que pone a los migrantes en la diana.

“Asistimos a una propaganda asquerosa, deshumanizadora cada noche; es pura propaganda de los momentos más oscuros del siglo XX”, dice Franek Sterczewski, un diputado de la oposición, que ha apoyado a los activistas en la frontera. “Por desgracia, la propaganda del miedo a menudo da resultado”.

Los desaparecidos

En una tarde con bochorno de finales de agosto, Mariusz Kurnyta, un hombre enjuto de 36 años con barba de unos días, salió a buscar un cuerpo.

Mariusz, conocido con el sobrenombre de “el hombre del bosque”, usa la microfinanciación colectiva para el trabajo que realiza en la frontera. Los últimos meses ha parcheado heridas, ha puesto goteo intravenoso en los claros del bosque, ha sacado de ciénagas a personas moribundas y ha ayudado a cientos más en su camino, con agua, sopa y mudas.

“Los últimos dos años, mi vida ha sido el bosque. No tengo otra vida”, dice dando una calada al cigarrillo mientras se prepara para salir de su base. Se ha peleado con algunos activistas que también trabajan en la frontera. Encadena cigarrillos. Parece continuamente exhausto.

Mariusz vio a Ibrahim Eltony, un hombre egipcio de 37 años, por última vez hace un año, cuando Ibrahim pidió ayuda después de cruzar desde Bielorrusia. Mariusz le dio comida, agua y un inconfundible abrigo azul para protegerse de la lluvia. Nunca más se vio a Ibrahim.

En junio de este año, durante una búsqueda por el terreno pantanoso cercano a la frontera, apareció una mochila que parecía ser la que había pertenecido a Ibrahim. Su contenido: algunos documentos empapados, un cargador, un frasco a modo de termo hecho con barro cocido y una maquinilla de afeitar. Dos meses después, apareció el mismo abrigo azul en un lugar cerca de donde se había encontrado la mochila. Mariusz decidió volver al lugar por tercera vez para ver si el cuerpo estaba cerca.

Mariusz y otros dos activistas pasaron junto a excursionistas y ciclistas que disfrutaban del final del verano por los senderos del bosque. Una camioneta todoterreno del Ejército se movía sigilosamente por una pista adyacente, sus pasajeros portando pasamontañas, aparentemente a la caza de personas que hubieran cruzado la frontera.

Al abandonar el sendero e introducirse en una zona de denso bosque, Mariusz llegó a un claro de terreno pantanoso. El suelo era irregular; cada paso, una potencial torcedura de tobillo. Mariusz se abrió camino a través de hierbas que le llegaban hasta el pecho en dirección a la zona de fango y agua estancada en la que había aparecido el anorak. El silencio era absoluto, salvo por el zumbido de los insectos.

Él y otros se pusieron petos resistentes al agua, cogieron palos gordos y comenzaron a caminar lentamente por la ciénaga, pinchando el terreno según avanzaban.

Tras un par de horas rastreando la zona a fondo, renunciaron. Aquel día no encontraron a Ibrahim Eltony, desaparecido desde el verano del año pasado.

Ibrahim es una de las más de 200 personas que siguen desaparecidas desde que comenzó la crisis en la frontera. Se han documentado al menos 49 muertes. Los datos reales son, casi con toda probabilidad, mucho más altos, especialmente teniendo en cuenta que existe tan poca información sobre lo que ocurre en el lado bielorruso de la frontera.

Muchas de estas muertes se habrían podido evitar. Muchas veces las personas murieron a tan solo cien metros de un pueblo, una patrulla policial o una carretera, donde se podría haber prestado ayuda. En el lado bielorruso, hay gente que ha muerto en cuestión de días después de que los empujaran de vuelta los guardias fronterizos de Polonia.

Solo este mes, ha habido informaciones creíbles sobre cuatro personas que parecen haber muerto en el lado bielorruso después de que las devolvieran desde Polonia. Las personas han muerto de sed y cansancio, con el territorio polaco a la vista, a solo unos metros. Es ilegal que los activistas se acerquen a 15 metros del muro fronterizo, lo que significa que no pueden tirar provisiones al otro lado.

Malgorzata Rycharska, una activista en Polonia que intercepta llamadas de quienes quedan atrapados en la zona gris entre las vallas fronterizas, dice que puede ser insoportablemente difícil explicar a estas personas que no hay ayuda que pueda llegar hasta ellos, aunque puedan ver la Unión Europea con sus propios ojos. Describe su tarea como “gestión de la desesperanza”. A menudo, lo único que puede hacer es intentar ponerlos en contacto con otros grupos atrapados.

“Es siempre lo mismo. Llaman y dicen: ‘Estamos aquí, no tenemos agua ni comida y nos vamos a quedar sin batería. ¿Nos puede ayudar?’ Y entonces tenemos que explicarles que no irá nadie”.

Con información adicional de Katarzyna Piasecka.

Traducido por María Torrens Tillack.

En 2018, Francia cerró los pasos fronterizos con Euskadi en la zona del Bidasoa. Un control migratorio que buscó su justificación en el aumento de atentados terroristas que hizo que las aguas del río vasco se convirtieran en un pequeño Mediterráneo. Solo en el año 2021, 10 personas perdieron la vida intentando cruzar esa frontera. Siete en las aguas del río, otras tres arrolladas por un tren. Ninguna de ellas abrió telediarios ni portadas de periódico. En un mundo donde los muertos en el mar se cuentan por centenas, ellos era casi una nota al pie. No eran ni un número, ni un breve de la última página de la sección de sucesos.

Para Fermín Muguruza son mucho más que eso. Son personas con nombre, apellidos, edad y sueños. Él les pone rostro y cuenta su historia en el documental Bidasoa 2018-2023, un trabajo que se ha presentado en el Festival de San Sebastián y en el que busca poner el foco en una frontera que tiene menos peso aún en las palabras de los políticos. Gracias a la animación, revive a aquellos que perdieron la vida en la frontera del Bidasoa, pero también cuenta la labor de las asociaciones Harrera Sarea (Red de acogida) y Bidasoa Etorkinekin (El Bidasoa con los migrantes).

La idea de su trabajo es que dejemos de pensar en términos de muerte cuando se mencionan palabras como Mediterráneo y Bidasoa. “Es una de las consignas que había. Que esto no sea un Mediterráneo, pero en el sentido precisamente de que identificamos Mediterráneo con fosa común, que es lo que nosotros estamos intentando desmontar. Eso ha sido una manipulación de muchos medios de comunicación. Aquí hablan del río que mata, de la trampa mortal. Vamos a intentar quitarnos eso”, cuenta y pide que mejor la gente piense en la canción de Serrat que en las muertes que pesan sobre el mar.

Un filme lleno de música, de citas a Baroja y a Saramago, que cuenta que todos somos migrantes, y que aquel lugar debería ser de unión entre pueblos, no una zona separada por una frontera creada para impedir la llegada de gente. La primera muerte no fue en las aguas del Bidasoa, sino la de un “chaval de Eritrea que es expulsado por la policía francesa más de dos veces”. “El chaval llega y decide suicidarse. Se ahorca ahí, mirando a Hendaya”, dice Muguruza que, en su película, compara la tragedia con la canción de Billie Holliday Strange Fruit, que hablaba de los esclavos negros ahorcados en EEUU. 

Para cambiar el relato hace falta cambiar el lenguaje, y para eso hace falta que haya un cambio en los medios: “Los medios de comunicación están supeditados a los grandes grupos a los que pertenecen, y cuesta mucho desmontar esos discursos que se van repitiendo. Lo del río que mata es que lo llevamos cinco años escuchando. Lo de la trampa mortal lo dicen hasta los medios de izquierda. Y no son solo los medios, son también las redes sociales. Opinadores que están comprados por diferentes partidos. Estamos hablando de todo un conglomerado en el que para mí tiene mucha importancia lo que serían los trabajadores de la cultura. Yo soy un trabajador de la cultura y por eso necesitaba hacer este documental”.

Responsabilidades políticas

La inacción de Francia y España se materializa en forma del puente de la Avenida que une Irún con Hendaya y que “sigue estando cerrado. El Puente Avenida fue por donde tuvo que huir el 80% de la población de Irún cuando llegaron los fascistas y se fueron a Hendaya. Es un puente histórico y lo tenemos cerrado a cal y canto. Los alcaldes han pedido miles de veces que se abra. Bueno, pues lo abrieron el día del Tour de Francia. Nadie se enteró. Hubo fotos de los dos alcaldes celebrando que se había abierto, y al día siguiente, a las seis de la mañana, lo estaban cerrando otra vez con vallas y está cerrado ahora mismo”.

Motivos que le hacen pensar que “es muy difícil transmitir algo positivo cuando la impotencia y la humillación a la que nos están sometiendo es algo que no se puede soportar”. “Pero es que encima la policía española también está colaborando. Se publicó en el Diario Vasco. Se descubrió que el cabeza de la Policía Nacional Española de Irún daba días libres y sobresueldo a todos los demás policías que estaban en la frontera según cuántos migrantes iban cazando. Y eso ha salido aquí, pero no ha salido por los demás sitios. Se ha callado esto y es algo que llevan haciendo desde hace años. También hay una complicidad. Hay algo que no sabemos, algo que nos tendrá que explicar Grande-Marlaska. Como tendrá que explicar lo de los 100 muertos de Melilla, nos tendrá que explicar esos nueve muertos del Bidasoa. Hasta aparecieron pintadas que decían ‘Macron asesino’. Macron tiene nueve muertos aquí en Bidasoa”, zanja.

El cine es una gran herramienta que siempre hemos tenido desde que Bertolucci dijera que él filmaba 'Novecento' como si tuviera un arma

Fermín Muguruza — Director de cine

Fermín Muguruza se define como “pesimista pero activo”, aunque sigue creyendo en que “el cine puede conseguir cosas”. “Por eso estamos aquí. El cine es una gran herramienta. De hecho, el cine activista, como es en este caso esta película de denuncia, de guerrilla, de combate, es una de las grandes herramientas que tenemos y que siempre hemos tenido desde que Bertolucci dijera que él filmaba Novecento como si tuviera un arma, hasta el cine actual. Ahora que hemos visto aquí la última película de Aki Kaurismaki, pues la anterior, Le Havre, nos enseñaba la humanidad de la inmigración, y ese es un poco el objetivo que tenemos también con esta película”, asegura.

En lo político se describe igual: “Pesimista pero activo. Por eso, yo que apoyé a Bildu, también apoyo que no salga la derecha. Sabemos lo que acaban de hacer a nivel cultural nada más entrar en Asturias, que ha sido cancelar los conciertos de los grupos que cantan en asturiano y eso es demencial, como estamos viendo también en País Valencià lo que está ocurriendo. Entonces, vamos a ser pesimistas pero activos. No vamos a permitir que esos lleguen al Gobierno y vamos a ser todo lo crítico que podamos precisamente con el nuevo Gobierno que salga”. Un activismo para conseguir el lema de Pío Baroja: “Un pueblo sin moscas, sin frailes y sin carabineros”.

La eurodiputada Sira Rego (Valencia, 1973) ha viajado esta semana a Italia para empaparse en el terreno de la situación en la que se encuentra el país ante la tensión migratoria justo cuando las negociaciones para la nueva regulación de la UE se acercan a su fase final. Y ha vuelto a España preocupada por lo que califica como una “gestión muy reaccionaria del proceso migratorio” que se ha contagiado al resto de capitales. Advierte de que el texto amenaza con vulnerar “de facto” el derecho al asilo, al mismo tiempo que sitúa la solución en la militarización.

A pesar de su viaje a Italia, ha tenido un ojo puesto en la “performance” de la investidura de Alberto Núñez Feijóo. Se muestra optimista respecto a la reedición de la coalición en la que Izquierda Unida, dice, tiene que seguir formando parte del Gobierno. Y pide que no haya posiciones maximalistas en la negociación en referencia a la apuesta de ERC y Junts por el referéndum de autodeterminación. “Lo importante es que estemos en el terreno de la política en todo lo que tiene que ver con Catalunya. No podemos estar sujetos a presiones partidistas de ningún tipo”, dice en una entrevista telefónica con elDiario.es.

Ha viajado estos días a Italia, en plena crisis por el incremento de llegadas y con la negociación del paco migratorio en su recta final. ¿Cómo ha visto situación en el terreno?

Nos hemos encontrado una situación muy complicada en Italia, una sociedad en la que la cuestión migratoria pesa muchísimo y sobre todo una gestión muy reaccionaria del proceso migratorio que está pesando mucho en la agenda europea. Los titulares que estamos viendo de Meloni y Von der Leyen reuniéndose en Túnez para fraguar un acuerdo no dejan de ser una declaración de intenciones y un acuerdo tácito entre una parte de las fuerzas que representan el Parlamento Europeo para asumir como propias las líneas maestras de la extrema derecha en el Pacto de Migración y Asilo. Lo que vemos es que lo que está haciendo Meloni no deja de ser un adelanto de lo que se plantea que sea ley a partir de que se apruebe el Pacto de Migración y Asilo: un proceso de persecución y de criminalización de las ONG muy grande y del propio fenómeno migrante.

En el texto que están negociando los gobiernos lo que se ve son más barreras de entrada y ampliación de los plazos de detención. ¿Esto sucede ya en Italia? 

Nos reunimos con el responsable de la OIM en Italia y en Malta, y reconocía que no había aumentado en términos globales el número de personas migrantes que llegaban con respecto a otros años, es decir, también hay una utilización de las llegadas para construir una narrativa determinada. Hay un incremento muy fuerte del presupuesto europeo que irá destinado a la militarización y externalización de fronteras. Si hace unos años esto nos parecía escandaloso, ahora ya es una cuestión que está normalizada. Igual que está normalizado que haya centros en los que se retiene a personas que son migrantes y, en muchos casos, personas que son solicitantes de asilo. Lo que se hace en el pacto de inmigración y asilo, de facto, es que se suspende el derecho al asilo. Esto va en contra del derecho internacional. Se plantean unos procedimientos que hacen muy complicado que se obtenga el derecho al asilo y se regulan figuras que suspenden los derechos hasta que se acredite la situación. 

Hay puntos de la frontera exterior de la UE en los que es imposible pedir asilo porque no hay físicamente posibilidad de acercarse a solicitar asilo. Esto entra en contradicción con algo que creemos que sería una solución para evitar todo esto, que es articular vías legales y seguras con las vías legales y seguras. Sería una manera también de articular las llegadas, evitando que hubiera mafias que trafican con personas en determinados países y, sobre todo, evitaría que hubiera gente jugándose la vida en el mar.

Con este acuerdo, en los términos en los que se están negociando, ¿se corre el riesgo de que la Unión Europea vulnere los derechos de las personas migrantes por ley, es decir, que se legalice el incumplimiento? 

Claro, es que nosotros lo que denunciamos precisamente es que esta es la dinámica de todo el Pacto de Migración y Asilo. En la medida en la que tú suspendes el derecho al asilo, automáticamente estás normalizando y legalizando la vulneración de un derecho humano. Todos los acuerdos con terceros países se basan precisamente en esto, en la suspensión de derechos. Lo que pasa es que nos lo llevamos fuera de territorio de la Unión Europea para no ver lo que está sucediendo en otros lugares. Lo que estamos viendo es un patrón similar en el que hay muchísimas personas que vienen de sitios que están que estarían sujetos a protección internacional, personas que huyen de conflictos bélicos y que, sin embargo, están retenidas en muchos campos en el perímetro exterior de la UE. Pero es que los acuerdos con terceros países lo que hacen es externalizar todo esto, militarizan esto y lo que hacen de facto es convertir en normal la suspensión y la vulneración de un derecho.

Hemos visto como actúa Frontex en las fronteras exteriores de la UE. Frontex es una agencia europea que está financiada con dinero público. Ha incumplido los derechos humanos y esto obedece a un problema político de primer orden y hemos conseguido que dimitiera la persona responsable de Frontex. Sin embargo, la política y la orientación de Frontex no ha cambiado sustancialmente y lo que hemos visto en las visitas que hemos hecho a la frontera exterior es que Frontex no ha tenido ningún problema en devolver barcos de personas migrantes incluso hacia territorio libio sabiendo de antemano qué es lo que está sucediendo en Libia, porque tenemos ya casos y testimonios escandalosos de lo que está sucediendo en Libia, en algunos casos con financiación y con fondos de la Unión Europea.

Respecto al acuerdo con Túnez, uno de esos terceros países, las fuerzas progresistas han pedido su retirada pero, ¿lo ve factible?

Las fuerzas progresistas hemos pedido la retirada de los acuerdos con terceros países siempre, porque son acuerdos con terceros países que normalmente no son democracias, en los que no hay garantías del cumplimiento de los derechos humanos. Esto se podría resolver de otra manera. Desde luego, llegar a acuerdos con terceros países que son regímenes antidemocráticos y entregarles la llave del proceso migratorio, no parece la mejor idea para hacer una buena política de migración. 

Europa maneja enormes cantidades de recursos públicos para el control y la externalización de fronteras de los procesos migratorios. Si esos mismos recursos, en lugar de ponerse para frenar la migración de esta manera, se pusieran a trabajar de una manera más constructiva, el fenómeno migratorio sería completamente diferente y sería con un patrón en el que se respetarían los derechos humanos y se garantizaría el bienestar de quienes llegan, pero también de quienes acogen en términos de suficiencia porque hay recursos para ello.

La migración no es un problema. La migración también es una oportunidad para los lugares de llegada, porque se generan marcos de convivencia positivos, porque se generan procesos también de bienestar comunitario, porque hay que ver también lo que aportan las personas migrantes, incluso a la economía. Siempre se ve desde el discurso de la extrema derecha, en la que se acusa de manera absolutamente injusta y además poco rigurosa de lo que soporta la sociedad con las personas migrantes. Y nunca se pone el foco en lo que aportan a las economías europeas: el trabajo de las personas que llegan a Europa y del rol social y comunitario que suponen las personas migrantes en los lugares de llegada. El enfoque tiene que ser otro, que puede ser y que debe ser constructivo.

Usted va a ser ponente en la sombra del pacto migratorio, ¿tienen los grupos alguna línea roja para el Parlamento Europeo en la negociación, como por ejemplo rechazar el pago de 20.000 euros por cada refugiado rechazado?  

No tengo constancia de que haya formalmente ninguna línea roja. Sí que hay un cierto espíritu en función del grupo político para garantizar alguna cuestión vinculada a los derechos humanos. Pero yo sinceramente estoy preocupada porque hay una voluntad de cerrarlo cuanto antes y esto se va a hacer a costa de una serie de concesiones. Por ejemplo, Meloni ya se ha plantado en el Consejo y, de momento, ya ha dicho en el marco de esta negociación que exige que se incremente la presión contra las ONG. Esto es una mala noticia, pero no deja de ser un ingrediente más que tememos que se asuma como válido, es decir, que la derecha parlamentaria esté dispuesta a asumir esta concesión. 

Se está trabajando con firmeza para que no haya repetición electoral. Es importante que vayamos hacia un acuerdo histórico para avanzar hacia la convivencia. No podemos estar sujetos a presiones partidistas de ningún tipo por parte que comprometa esto

¿Le ha sorprendido la posición del gobierno de Pedro Sánchez en esta negociación?

Nosotras seguimos manteniendo una posición más de grupo parlamentario y más desde la posición de la izquierda nítidamente a este nivel. Por ejemplo, la solidaridad de la carta no es una opción, sino que decimos que tiene que haber un reparto vinculante y solidario con un corte profundamente humanitario. Son elementos en los que nosotros tenemos una posición que hemos defendido. Es legítimo que cada grupo político defienda su posición en el Parlamento Europeo. En cuanto al Gobierno, somos una coalición que tiene una serie de acuerdos firmados que respetamos y que trabajamos en torno a ellos. Pero luego, hay un despliegue político en otras instituciones y en otros marcos que legítimamente cada uno defiende y, de alguna manera, trabaja sobre ellas de una manera completamente normalizada.

Son un Gobierno de coalición, ¿creen que seguirán siéndolo o que habrá elecciones después de que ERC y Junts hayan mandado un mensaje de que hay que avanzar en un referéndum de autodeterminación? 

Se está trabajando con firmeza para que no haya repetición electoral y para tener un gobierno progresista cuanto antes. Nuestro país lo necesita sobre todo después de estas semanas de que han retrasado la conformación de este gobierno, sabiendo además Feijóo que no tenía números para precisamente para tener una investidura exitosa y, sobre todo, viendo un Feijóo que ni siquiera tenía una alternativa y una propuesta de país. Lo que hemos visto ha sido una performance, una representación, que lo único que ha hecho ha sido dilatar la conformación de un gobierno que yo creo que urge tener. Yo soy optimista en cualquier caso. 

¿Cómo ven la posibilidad de que dentro del acuerdo se establezca mimbres que conduzcan a un referéndum de autodeterminación? ¿Es asumible?

Lo importante es que estemos en el terreno de la política en todo lo que tiene que ver con Catalunya y esto ya nos parece un enorme avance. Es importante que vayamos hacia un acuerdo histórico para avanzar de una manera decidida hacia la convivencia. El compromiso en torno a esto es lo sustancial. No podemos estar sujetos a presiones partidistas de ningún tipo por parte que comprometa esto. Más allá del detalle o de la concreción, creemos que lo importante es la voluntad, que yo creo que ya es explicita, de resolver políticamente todo esto. Después de haber parado por la mínima el avance reaccionario, no podemos jugárnosla otra vez. Ahora lo que toca es garantizar que hay un gobierno basado en un eje social para que avance el país teniendo en cuenta que ya hay un compromiso y hay una voluntad de avanzar en torno a un acuerdo para la convivencia.

¿Cómo va a ser la negociación dentro de Sumar? Estamos viendo que Yolanda Díaz ha dejado, por ejemplo, a Podemos sin portavocías, que no han intervenido en el debate de la investidura... ¿Se está negociando ya dentro de Sumar la formación del Gobierno?

Ahora se inicia todo el proceso de negociación. En Izquierda Unida estamos muy convencidos de que hay que construir la casa por los cimientos. Hace una semana en nuestra Coordinadora General adelantamos ya el debate en términos programáticos, de qué ejes tienen que ser los ejes políticos en torno a los que conversar. Y es una buena aproximación para tener el debate en el espacio de Sumar y que nos permite también sentarnos a dibujar cómo queremos que sea el Gobierno. Nosotros hemos adelantado un poco este debate planteando cuáles son los ejes políticos que consideramos importantes: trabajo garantizado, garantía de vivienda pública, empresa pública de energía, financiación local, sistema estatal de cuidados, es decir, elementos de programa político que nos permitan avanzar y clarificar la negociación y el proceso de investidura. 

¿Izquierda Unida reclamará tener presencia en el Consejo de Ministros?

Izquierda Unida lógicamente reclamará formar parte del Gobierno.

Con la salida de Alberto Garzón Izquierda Unida se encamina a la renovación del liderazgo. ¿Está Sira Rego en las quinielas?

Nosotros somos una organización muy deliberativa que toma las decisiones colectivamente. Es verdad que Alberto Garzón ya no es diputado. Izquierda Unida sigue teniendo una dirección política y cuando llegue el momento de emprender la renovación, será un debate colectivo y seguro que hacemos una propuesta que cuenta con muchísimos compañeros y compañeras valiosísimos para la nueva Dirección Política de Izquierda Unida. Pero ahora mismo estamos muy centrados en lo que tiene que ver con cerrar todo el proceso de gobierno y con las urgencias que tiene el país. Más adelante, cuando toque, cuando llegue el momento de iniciar el proceso asambleario de Izquierda Unida, tendremos un debate colectivo en el que seguro que muchos compañeras y compañeros valiosos que tenemos formarán parte de la próxima lección política. 

“Todos vinimos a Túnez pensando que podríamos tener algo mejor para nuestra familia. Sin embargo, aquí no podemos. Ni trabajar ni respirar. Aquí no somos bien recibidos. Ni siquiera lo ocultan”, dice Fátima*, migrante subsahariana de 32 años, rescatada por Médicos Sin Fronteras (MSF) en aguas del Mediterráneo por el barco de esta ONG.

Sus palabras reflejan la realidad vivida por miles de personas en Túnez, adonde llegan huyendo de la pobreza, los conflictos o la persecución en países del África subsahariana. Pero Túnez también se ha convertido en un territorio hostil para los migrantes, que buscan una vida mejor allí o esperan cruzar el Mediterráneo para alcanzar las costas europeas.

El país norteafricano se ha convertido en el principal punto de partida de los que intentan llegar a Europa a través de la ruta del Mediterráneo central, superando a Libia. En los primeros seis meses de 2023, el 53% de las personas que llegaron a Italia vía mar embarcaron en Túnez, el doble que en el mismo periodo del año anterior. MSF ha recogido los testimonios de esos migrantes que sufrieron torturas, abusos, detenciones arbitrarias, expulsiones al desierto y ataques racistas en el país árabe, donde desde febrero las autoridades han fomentado un discurso de odio contra los negros.

Acuerdo de Túnez con la UE

Fátima fue una de las 421 personas rescatadas en el Mediterráneo central por el barco de MSF, Geo Barents, entre el 15 y 16 de julio de 2023. Dos días en los que los equipos de la ONG realizaron once operaciones consecutivas de rescate, debido a la gran cantidad de embarcaciones que partían desde Sfax (Túnez). Esos mismos días, la UE y el país norteafricano firmaban un acuerdo millonario para frenar la inmigración.

“Dicho acuerdo amparará con impunidad y sistematizará la violencia contra los migrantes en Túnez, y convierte a la UE en cómplice de sus muertes y abusos. Estas políticas migratorias irresponsables ponen en último lugar el bienestar y los derechos de las personas en movimiento y las atrapan en ciclos de violencia, abuso y desesperación”, denuncia en un comunicado Juan Matías Gil, coordinador general de Operaciones en el Mediterráneo de MSF.

El acuerdo ha sido cuestionado por la Defensora del Pueblo de la UE debido a la falta de garantías sobre los derechos humanos y también por varios estados miembros y los grupos políticos de la izquierda. Sin embargo, Bruselas desbloqueó el viernes 127 millones de euros “en apoyo de la aplicación del Memorándum de Entendimiento (ME) sobre una asociación estratégica y global entre la UE y Túnez”. De ese monto, 60 millones corresponden a programas que ya estaban en marcha mientras que el resto irán destinados al control migratorio: 24,7 millones ya aparecían en programas de 2022 y 42 millones forman parte de un paquete de 105 millones incluido en el memorando.

“Este nuevo paquete proporcionará el reequipamiento de buques de búsqueda y rescate, vehículos y otros equipos para la guardia costera y la marina tunecinas, la protección de los migrantes en Túnez en cooperación con el CDHNU y el retorno y la reintegración desde Túnez a los países de origen, en cooperación con la OIM. También está previsto el suministro de nuevas embarcaciones, cámaras térmicas y otras ayudas operativas, junto con la formación necesaria”, según un comunicado de la Comisión Europea.

La asociación de la UE con Túnez ha seguido adelante a pesar de las violaciones de los derechos humanos e, incluso, de las expulsiones de cientos de migrantes y su abandono en el desierto en las fronteras con Argelia o Libia, donde muchos de ellos fallecieron por deshidratación en verano. La foto de Matyla Dosso y su hija de seis años muertas sobre la arena del Sáhara dio la vuelta al mundo y puso cara a las consecuencias de las políticas racistas del presidente tunecino, Kais Said.

“Vinieron con machetes”

“Antes de que hablara el presidente, Túnez ya estaba mal. Cuando habló diciendo que los negros tenían que volver [a su país], todo empeoró”, explica Fátima, refiriéndose a las palabras pronunciadas por Said el 21 de febrero. En un discurso incendiario y racista, el mandatario afirmó que la migración irregular procedente del África subsahariana tenía como objetivo cambiar la identidad de Túnez, lo cual provocó una ola de ataques por parte de los propios ciudadanos y también campañas de arrestos de las fuerzas de seguridad.

Achille, rescatado en julio por MSF, recuerda la sensación de que algo iba mal, a la mañana siguiente de que Said pronunciara su discurso. Cuando cogió el autobús para ir a trabajar, no vio a otros africanos negros. “En un momento dado, alguien del autobús golpea mi teléfono contra el suelo y empieza a pegarme mientras la policía, que estaba cerca, no hacía nada. Me sacaron a rastras del autobús y siguieron golpeándome por la calle y algunos me apuñalaron con un destornillador”, cuenta a la ONG.

“Fue la población la que nos desalojó de nuestra casa en Sfax. Vinieron con machetes; empezaron a romper las puertas, a golpear, a asaltar las casas. Para ver si había dinero. Empezaron a tirar nuestros colchones para ver si teníamos dinero escondido. Lo dejamos todo”, recuerda una mujer de 34 años rescatada por el Geo Barents en julio.

Entre el desierto y el mar                      

Entre el desierto del Sáhara y el mar Mediterráneo, sólo queda la violencia para los migrantes subsaharianos y la deshumanización en Túnez. “Túnez es otro mundo. Cuando caminas, la gente te escupe. Se tapan la nariz como si olieras mal. El negro allí no tiene ningún valor. Los animales son más respetados”, dice una mujer de 32 años a MSF.

Expulsados al desierto y perseguidos dentro del país, muchas personas sólo tienen la opción de cruzar el Mediterráneo. Pero ni en el mar consiguen escapar de la violencia. “En abril fue mi tercer intento. Estábamos sólo a seis kilómetros de la orilla […] y había pescadores. Vinieron y nos detuvieron por la fuerza. Intentaron quitarnos el motor. Permanecimos cuatro días en el agua. Íbamos a la deriva. El agua nos arrastraba. Los pescadores se llevaron el motor para venderlo”, recuerda un joven de 16 años rescatado por la ONG.

En los primeros meses de 2023, los hospitales, tanatorios y cementerios de Túnez no daban abasto debido al gran número de migrantes que naufragaron al intentaban cruzar el Mediterráneo. A principios de mayo, más de 300 cadáveres llegaron a las costas tunecinas, sólo en la región de Sfax. Sin embargo, el peligro que acecha en el mar parece ser la única vía de escape de la violencia en tierra de Túnez.

Achille lo tiene claro: “Túnez no es un lugar seguro para las personas negras”. “A todos mis hermanos negros les desaconsejo encarecidamente que vayan a Túnez. No es un lugar seguro. Hay un racismo extremo. Nunca fue mi intención cruzar el mar. Jamás. Para mí cruzar el mar era un riesgo enorme”.

Otro migrante afirma a MSF que prefiere arriesgarse a perecer en el Mediterráneo: “Prefiero morir en el mar que volver a Túnez. Todo es difícil allí. La policía no nos deja [en paz], los tunecinos no nos dejan [en paz]”.

*Nombre ficticio para proteger la identidad de la persona.

Karem viste una camisa blanca de flores y no aleja la mirada de su bebé, Mía, de ocho meses. A ratos le da el pecho y juega con ella, mientras relata una historia que hasta el momento ha mantenido prácticamente en secreto. Quiere hablar, pero le cuesta. Karem tiene 32 años y es madre de dos niñas, Kaitlin, de cuatro años y la pequeña Mía, de ocho meses. La menor nació en Euskadi después de que su madre y su hermana mayor migraran desde Honduras. “Compré un boleto con el dinero que pude ahorrar y salí de ahí embarazada de cinco meses y con mi hija de tres años. Sabía que si me quedaba las tres estaríamos en peligro”, confiesa a este periódico. Es la única de las madres que atiende diariamente la asociación Nueva Vida que ha querido contar su historia. Su objetivo, ayudar a más mujeres que, al igual que ella, buscan salir adelante con un futuro incierto y dejando atrás un pasado que no deja de perseguirlas.

Karem llevaba años siendo amenazada por un exnovio que no aceptó que tras romper con él rehiciera su vida con otra persona. La maltrataba física y psicológicamente y, en un país en el que la mayoría de las denuncias por violencia de género caen en saco roto y cada 20 horas una mujer es asesinada, consiguió llevar su caso a los tribunales. “Siento decir que no sirvió de nada porque lo absolvieron. Las Justicia en mi país es corrupta y, según salió a la calle, me llevó junto con otros hombres a un río y me obligó a comerme la denuncia. No le deseo a nadie lo que yo pasé”, asegura con un brillo en los ojos mientras sostiene a Mía en brazos y no deja de jugar con ella. El bebé ríe sin parar mientras las palabras brotan de los labios de su madre, que pese a la crudeza del relato a ratos trata de cambiar el tono a uno más cálido cuando se da cuenta de que su hija no le quita la mirada.

Su exnovio le dio dos opciones al enterarse de que había rehecho su vida, había tenido una hija con otro hombre y, además, estaba embarazada de una segunda: huir del país o la muerte. No tenía otra opción, así que decidió marchar. Por su parte, el padre de las niñas accedió a firmar el permiso para que estas abandonaran el país y se desentendió por completo. “El padre de mis hijas tuvo varios intentos de maltratarme, pero después de todo lo que había pasado con mi anterior pareja no podía volver a pasar lo mismo. Se lo dejé claro y se fue. Jamás negaré a sus hijas la posibilidad de hablar con él, a veces lo llamo para contarle cómo estamos, pero no contesta”, reconoce.

No podía marcharme de mi país sin mis hijas porque merecen una vida mejor que la que yo he tenido

Tras las amenazas de su exnovio, Karem decidió comprar un billete de avión a España, donde su hermana llevaba años viviendo, y con su hija que por aquel entonces tenía tres años y embarazada de cinco meses llegó a Vitoria. Estuvo un tiempo viviendo allí, pero, cuando Mía nació, su hermana le confesó no poder mantenerla a ella y a sus dos hijas y le dijo que tenía que irse. “Fue algo muy duro porque me quedé en la calle con un bebé recién nacido y una niña pequeña. No sabía qué hacer”, recuerda. Acudió a informarse a varias asociaciones para salir de esa situación y, desde Zehar Errefuxatuekin le dieron la posibilidad poder quedarse en Bizkaia en un centro con otras familias refugiadas. “Allí estuvimos un mes y medio y mi hija la mayor pudo estar con otros niños. Se le veía tranquila y aunque todas las historias de las familias que allí estaban eran trágicas, los niños jugaban y jugaban entre ellos. La verdad es que son mis hijas las que me dieron la fuerza para salir de la pesadilla que estaban viviendo y para seguir día a día. Sabía que no podía marcharme sin ellas porque merecen una vida mejor que la que yo he tenido”, sostiene.

Tras solicitar asilo le otorgaron protección internacional debido al riesgo real de amenazas graves contra su vida y cuenta con permiso de residencia y de trabajo. Sin embargo, el cuidado de sus hijas le dificulta encontrar trabajo e incluso completar las 20 horas de formación que contempla el programa de refugio. En su caso, Karem superó todas las pruebas para realizar un curso de limpieza en Orduña, algo a lo que se dedicaba en su país de origen y que le gustaría seguir realizando, pero no pudo inscribirse porque no pudo acceder a la beca de comedor que le permitía compatibilizar la formación y el cuidado de sus hijas.

Actualmente, Karem vive con sus hijas en un apartamento que le facilitan desde la ONG Nueva Vida tras adquirir la protección internacional. Su hija mayor, Kaitlin va a la escuela, mientras ella realiza cursos y trata de buscar un trabajo compatible con el cuidado de las menores. “Está siendo muy difícil porque la pequeña es muy pequeña aún y, aunque puedo dejarla unas horas en una guardería, no encuentro un trabajo compatible con eso”, confiesa.

La rutina de Karem es la misma cada mañana. Se levanta y lleva en metro a Kaitlin al colegio mientras empuja a Mía que va en el carrito de bebé. La deja y, según el día, sale a buscar trabajo o sigue realizando cursos en la ONG Nueva Vida hasta la hora de comer, que tiene que volver a por la pequeña, ya que no dispone de una beca para el comedor. Por las tardes también acude a clases, pero reconoce que no se siente del todo segura cuando se separa de sus hijas. “Estudio y voy a buscar trabajo con mi bebé. Puede ser que sea por lo que he vivido, pero no me siento cómoda dejando a la pequeña aún, la mayor sé que está bien en el colegio, pero me cuesta tener confianza. Es algo que tendré que superar, poco a poco”, señala.

La joven sabe que lo peor ya ha pasado y que ya están a salvo. “Esto para mí es el paraíso, en la nueva casa Kaitlin tiene su propia habitación y, cuando la vio, no se creía que era toda entera para ella”, confiesa, con una sonrisa en los labios, aunque reconoce que le aterra pensar en el día en el que tenga que explicarle a sus pequeñas todo lo vivido. “Kaitlin ya está empezando a preguntar por su papá y no sé qué decirle cuando eso pasa. Lo menos quiero es que las hagan sufrir”, lamenta. Por el momento vive gracias a la ayuda que le dan las instituciones por tener la protección internacional, pero asegura que no descansará hasta encontrar trabajo. “En mi país trabajaba recolectando fruta y verdura, es un trabajo duro, pero a mí me encanta trabajar con la tierra y las manos. Quiero dedicarme a eso o a limpiar, que también se me da bien”, responde al preguntarle cuál sería su trabajo soñado.

Lo único que queremos es tener la vida que en nuestros países no nos dejan tener

La Karem es una de las 95.000 familias monomarentales que hay actualmente en Euskadi, las cuales en un 82,4% están encabezadas por mujeres. Con el objetivo de visibilizar situaciones como la suya, desde Nueva Vida han realizado la campaña '¿Imaginas no tener red de apoyo?', enfocada sobre todo a las personas que cuentan con protección internacional, migrantes o refugiados. “La conciliación familiar y laboral supone un verdadero obstáculo para un colectivo de mujeres que carece de opciones que les permitan compatibilizar sus obligaciones como madres y su necesidad de acceder a un empleo para garantizar su manutención y autonomía. A esto se le suma la ausencia de una red de apoyo para suplir, de algún modo, esa falta de flexibilidad laboral”, explica a este periódico Julio David García, gerente de la asociación que cuenta con sedes en Santander, Palma de Mallorca y Bilbao.

Durante el año 2022 se han gestionado un total de 4.086 solicitudes de asilo en Euskadi, una cifra que se sitúa cerca de las solicitudes tramitadas antes de la pandemia, según los últimos datos presentados por Zehar Errefuxatuekin. Hasta el 31 de mayo de este año han tramitado la protección internacional en Euskadi de 2.518 personas. La mayoría de las personas que han solicitado asilo en Euskadi en 2022, un total de 2.023, lo han hecho en Bizkaia, mientras que 1.044 personas han solicitado asilo en Álava y 1.019 en Gipuzkoa. Además, se ha concedido la protección temporal a 4.282 personas procedentes de Ucrania. “Lo único que queremos es tener la vida que en nuestros países no nos dejan tener”, lamenta Karem que lanza un mensaje a todas las mujeres que se encuentran en la misma situación en la que estaba ella: “Todas merecemos estar a salvo y ser felices, si os hacen daño, no aguantéis, salid de ahí como podáis, hay un mundo para vosotras y vuestras hijas fuera de ese infierno”, concluye.

Dos varones migrantes han muerto este viernes cuando intentaban alcanzar a nado el litoral de Adra (Almería) junto a otras 130 personas que han podido ser rescatadas con vida por agentes de la Guardia Civil.

Los inmigrantes, tanto supervivientes como fallecidos, viajaban a bordo de dos pateras y, según los primeros datos, habrían sido obligados por los patrones de la embarcaciones a lanzarse al agua antes de tocar tierra.

Fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Almería han indicado a Europa Press que dos de ellos han fallecido por ahogamiento, mientras que hay un tercer migrante que ha sido encontrado en “estado grave” y ha precisado evacuación urgente a un centro hospitalario por hipotermia.

Los patrones de las dos pateras en las que viajaban los 130 supervivientes y los dos varones muertos, cuya identidad y edad no ha trascendido, han conseguido huir poniendo rumbo a alta mar, por lo que no se han producido detenciones.

El subdelegado del Gobierno, José María Martín, ha lamentado esta “nueva tragedia” registrada en las costas almerienses y ha deseado una “pronta recuperación” al migrante trasladado hasta el Hospital de Poniente, en El Ejido, donde se encuentra ingresado en observación.

Martín ha indicado que, en total, viajaban 132 personas en dos pateras y ha confirmado que los decesos se han producido por ahogamiento cuando ambos varones intentaban alcanzar la playa de Los Guainos de Adra a nado.

Investigaciones pertinentes

“Condenamos lógicamente a las mafias y a las personas que se dedican a esta actividad delictiva de tráfico de personas y de las que, evidentemente, son victimas los dos fallecidos hoy”, ha dicho para añadir que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado “seguirán trabajando” con “todos los medios en nuestras manos para evitar futuras nuevas catástrofes como esta, lamentablemente”.

A preguntas de los periodistas tras el acto de celebración del 179 aniversario de la Guardia Civil, Martín no ha precisado el punto de partida de las dos embarcaciones en las que viajaban ni si entre sus ocupantes hay menores de edad, aunque ha remarcado que la investigación policial para esclarecer las circunstancias en que se han producido las muertes está en marcha.

“Se están realizando las investigaciones pertinentes, por lo que, por ahora, hay que lamentar las victimas y alegrarnos de que no se hayan producido mayores daños personales”, ha concluido.

La llegada a nado hasta el litoral abderitano se ha producido a alrededor de las 07,00 horas de este viernes. Los supervivientes, tras esperar en la playa custodiados por la Guardia Civil y junto a los cuerpos sin vida de los dos compañeros de travesía fallecidos, han sido trasladados al puerto de Almería, en cuyas instalaciones Cruz Roja ha activado equipos de respuesta inmediata ante emergencias (ERIE).

Según ha precisado el coordinador provincial, Fran Vicente, los operativos de Cruz Roja han empezado a recibir a los migrantes a partir de las 10,30 horas y continúan prestándoles atención humanitaria con el reparto de mantas, ropa y calzado seco, y bebidas calientes.

Las autoridades de Túnez se están planteando la construcción de nuevos cementerios. El país se está quedando sin espacio para entierros debido a las decenas de cadáveres de refugiados que aparecen todos los días en la costa. Para las personas que tratan de cruzar hasta Europa por el Mediterráneo central, los tres primeros meses de 2023 han sido los más letales desde 2017, según las estimaciones de la ONU, con un número cada vez mayor de naufragios en embarcaciones repletas de solicitantes de asilo.

Los cadáveres, entre los que hay cuerpos de niños y de mujeres embarazadas, suelen aparecer en las playas de Túnez, donde los recogen y entierran. De acuerdo con las cifras de la Media Luna Roja en Túnez, solo en la región de Sfax se recuperaron más de 800 cadáveres el año pasado. En lo que va de 2023, ya han encontrado más de 300.

Para reducir la presión sobre los hospitales, hay funerales casi a diario. Los depósitos de cadáveres han superado su capacidad máxima y en muchos cementerios municipales se está agotando el espacio de enterramiento para refugiados, en su mayoría del África subsahariana.

“Debido a la afluencia de un gran número de víctimas, la capacidad de acogida de la unidad de Medicina Forense del hospital universitario Habib Bourghiba se ha superado en más de 170 cadáveres”, dice un comunicado de las autoridades de Sfax, que se ha reunido de urgencia con las autoridades sanitarias para encontrar “soluciones radicales” al problema. Entre ellas, “asignar rápidamente un cementerio a los inmigrantes y disponer de camiones frigoríficos para trasladar a los cadáveres, a menudo en descomposición”.

Más de 35.000 personas han alcanzado las costas italianas desde enero, una cifra que multiplica casi por cuatro la del mismo período en 2022, con un fuerte incremento en el último mes de las embarcaciones de refugiados que tratan de llegar a la pequeña isla italiana de Lampedusa, uno de los territorios más meridionales de Europa en el Mediterráneo.

Según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, este año han salido casi 20.000 migrantes desde Túnez y unos 15.500 desde Libia. Pero más salidas significan más muertes y a las autoridades de Malta y de Italia las están acusando de retrasarse con las labores de rescate.

“Los cuerpos quedan en un limbo”

“El sistema tunecino de recepción y gestión de cadáveres no estaba preparado para una situación así”, sostiene Filippo Furri, investigador asociado de Mecmi, un grupo de investigación que hace seguimiento de las muertes producidas durante el proceso migratorio. “Las unidades de Medicina Forense están colapsadas, los cementerios también; los cuerpos de los migrantes se están quedando en un limbo”, apunta.

“Los médicos forenses tunecinos que hacen las autopsias a los cadáveres de solicitantes de asilo subsaharianos solo establecen las causas de la muerte pero no la identidad de la víctima”, explica Furri. “Las autoridades no tienen la obligación de identificar al cadáver, y si tampoco hay familiares denunciando la desaparición, la identificación se vuelve 'irrelevante' para las autoridades”, detalla.

Según Silvia Di Meo, antropóloga de la Universidad de Génova y miembro del proyecto Memoria Mediterránea (también conocido como Mem.Med, tiene como objetivo identificar a las personas desaparecidas en el Mediterráneo), han muerto muchas más personas tratando de cruzar el Mediterráneo de las que son identificadas o, incluso, encontradas.

“Hay numerosos naufragios fantasma y muertes que no se comunican a nivel nacional”, explica. “Por la información que nos dan las familias de los migrantes, sabemos que hay muchas muertes de las que sigue sin saberse nada; son náufragos cuyos cuerpos no se recuperan en el mar y tampoco llegan a tierra”, apunta.

Di Meo cree que no hay ninguna voluntad de identificar con su nombre a estas personas “porque eso requiere asumir responsabilidades y reconocer varios crímenes”. “El recuerdo de estas muertes es políticamente muy inconveniente”, dice.

Para atender la emergencia, algunos municipios tunecinos han autorizado el entierro de migrantes en sus cementerios locales. En uno de los cementerios de la ciudad costera de Sfax, 270 kilómetros al sureste de la ciudad de Túnez, las autoridades ya han designado una zona con lápidas vacías y sin nombre para albergar los cadáveres de migrantes subsaharianos.

“Uno de los mayores problemas en la recuperación de los [cuerpos de los] migrantes varados en la costa tunecina es identificar a las víctimas”, explica un activista de la sociedad civil que ayuda a recuperar los cadáveres. “Es una tarea muy complicada teniendo en cuenta que en su mayoría los cuerpos no traen documentos y están en avanzado estado de descomposición, lo que sugiere que han pasado varios días en el mar”.

Corresponsabilidad europea

Italia y Malta, los dos países de la Unión Europea (UE) obligados por la ley internacional a rescatar a los solicitantes de asilo en el Mediterráneo central, han sido acusados de no responder con celeridad a varias llamadas de socorro de embarcaciones hundiéndose.

Los guardacostas libios patrullan el Mediterráneo desde 2017 en virtud de un acuerdo con Italia que les autoriza a devolver los migrantes a Libia, un país donde según las organizaciones humanitarias son sometidos a torturas y agresiones. Pero ahora que Túnez ha superado a Libia como principal centro de salida de migrantes africanos, los ministros de Exteriores de la UE están debatiendo cómo responder a la creciente inestabilidad en un país que es puerta de entrada a Europa.

El viernes, la Comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, habló de “establecer una asociación operativa más firme en materia de lucha contra el contrabando” con Túnez, pese a las reticencias mostradas por los países de la UE a apoyar al presidente Kais Saied. El líder tunecino ha clausurado el Parlamento, ha aprobado una nueva Constitución que le confiere amplios poderes ejecutivos, y ha reprimido a los inmigrantes africanos tanto como a sus opositores políticos.

En Túnez, los inmigrantes subsaharianos viven en riesgo desde el discurso racista que Saied pronunció el 21 de febrero, afirmando que la migración irregular de otras partes de África formaba parte de un complot internacional para cambiar la esencia de Túnez.

Poco después del discurso, a muchos solicitantes de asilo procedentes del África subsahariana los desalojaron de sus casas y hubo redadas generalizadas en los barrios donde vivían. Según los trabajadores humanitarios, varios refugiados, incluyendo a personas de Yemen y de Sudán, abandonaron inmediatamente el país en embarcaciones metálicas de mala calidad. Muchos de ellos, dicen, siguen desaparecidos.

Traducido por Francisco de Zárate.

Nuevos vídeos del interior de la estación del Instituto Nacional de Migración (INM) de México en la fronteriza Ciudad Juárez evidencian negligencias de los funcionarios a cargo durante la noche del 27 de marzo, cuando murieron 40 migrantes en un incendio.

Cuando se cumple un mes de una de las mayores tragedias migratorias de los últimos años en México, medios de comunicación filtraron 16 minutos y 25 segundos de imágenes que muestran el maltrato que recibieron los migrantes en la instalación gubernamental y la ausencia de reacción de los agentes cuando se desató el fuego.

Las primeras imágenes, que el Gobierno ha pedido entregar a la Fiscalía para que sean parte de la investigación oficial, muestran a decenas de migrantes caminando por un pasillo del centro de detención, todos ellos esposados, menos uno. Aunque no se aprecia que sean esposas convencionales, van amarrados y con las manos en la espalda.

A las 12:26 hora local (18.26 GMT), cuando todavía quedaban varias horas para que se desatara el mortal incendio, se observa el interior de la celda masculina, en la que cerca de 50 hombres se encuentran hacinados y tirados en colchonetas de colores.

Al otro lado de los barrotes, un grupo de funcionarios observa la escena, otros hablan con unos pocos migrantes apostados sobre la verja. Varios extranjeros más entran en el recinto, pero ninguno sale.

Ese mismo día y los anteriores, según el relato de los migrantes que se encuentran varados en la ciudad fronteriza a la espera de cruzar a Estados Unidos, los funcionarios del INM iniciaron redadas para detener a migrantes, algunos de ellos con permisos humanitarios o de turista.

De acuerdo con el relato oficial, e impulsado por el estado en el que estaban, sin agua ni alimentos, los migrantes iniciaron una protesta al enterarse de que serían deportados.

A las 20:37 hora local (02.37 GMT), tras unas últimas discusiones con los funcionarios, las rejas están completamente cubiertas por los colchones de colores, y cuatro minutos después las cámaras tan solo registran una humareda.

No vuelve a haber rastro de los funcionarios, que salieron corriendo, ni de los migrantes, inundados por la humo y el fuego.

También hay imágenes de una habitación con literas en la que se encontraban recluidas una decena de mujeres, que al percatarse del fuego huyen despavoridas. Ninguna de ellas murió en el suceso.

Mientras en el interior se consumaba la tragedia, imágenes del acceso de entrada a la estación migratoria muestran un trasiego de funcionarios y agentes de seguridad, entre ellos varios miembros de la Marina. Los pocos que entran, salen en cuestión de segundos.

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dijo conocer los vídeos filtrados, y exhortó a los medios de comunicación que los han publicado a entregárselos a la Fiscalía General de la República (FGR).

“Debe formar parte de la indagatoria de la Fiscalía (...). Es probable que surjan evidencias de responsabilidad, sea de los funcionarios o de los migrantes”, expuso este jueves en la rueda de prensa diaria del Gobierno, en sustitución del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien tiene COVID-19.

El primer vídeo que se filtró, a los pocos días del suceso, evidenció el momento en el que los funcionarios huyen al ver el fuego, sin abrir la celda en la que se encontraban los migrantes que finalmente fallecieron.

Cuando Isidro escuchó el sonido del teléfono desde su cama, inmediatamente pensó que una llamada a esas horas solo podía significar que se había declarado un incendio en algún lugar de Ciudad Juárez. El hombre al otro lado de la línea le pidió que se dirigiera al centro de detención de migrantes situado cerca del puente que une la ciudad fronteriza mexicana con El Paso (en el estado de Texas). Eran las 22.20 horas del 27 de marzo, e Isidro todavía no sabía que iba de camino a una tragedia.

Cuando llegó al lugar del siniestro, se puso rápidamente el uniforme de bombero y corrió hacia la puerta del edificio en llamas, pasando junto a varios cuerpos que yacían en el suelo. No estaba seguro de si aquellos hombres estaban vivos. “Uno de los bomberos me dijo: 'Hay más gente dentro. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Deprisa!'. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba ante una tragedia”, explica.

Isidro no es su nombre real. El bombero pidió a The Guardian que no revelara su identidad por motivos de seguridad, ya que las autoridades han prohibido a los equipos que sofocaron el incendio que hablen con los medios de comunicación porque se está llevando a cabo una investigación federal.

Según las imágenes de vigilancia verificadas por un ministro del Gobierno mexicano, los guardias intentaron abandonar las instalaciones mientras las llamas crecían y el humo llenaba una celda en la que se encontraban decenas de hombres migrantes latinoamericanos que no pudieron escapar. Cuarenta migrantes murieron en el incendio y más de 20 resultaron heridos.

Una escena infernal

Isidro se adentró en una escena infernal. “Los migrantes que se encontraban atrapados en el edificio no gritaban pidiendo ayuda. Habían estado inhalando dióxido de carbono producido por el fuego, así que la mayoría de ellos estaban inconscientes”, relata en la única entrevista que ha dado a un medio de comunicación.

Isidro empezó a sacar de las instalaciones un cuerpo tras otro. La mayoría parecía estar afectada por el humo, y él y sus compañeros encontraron a una veintena de cuerpos acurrucados en el cuarto de baño por donde habían intentado escapar. Habían abierto el agua de la ducha para intentar disipar el humo que los ahogaba.

“Después de sacar a más de una decena de personas del edificio, vi a un hombre sentado encima de un retrete, en posición fetal. No podía verle la cara, pero me apresuré a entrar”, cuenta Isidro. “Lo agarré por los brazos y un compañero lo agarró por las piernas y, mientras lo sacábamos del edificio, el hombre abrió los ojos. No me dio las gracias, pero tuve la sensación de que el hombre sabía que lo había salvado y que iba a sobrevivir”, explica.

Investigación

La fiscal federal mexicana Sara Irene Herrerías ha indicado que ha abierto una investigación para esclarecer las 40 muertes, que se consideran presuntos homicidios, y ha acusado a los responsables de no hacer nada para evacuar a las víctimas.

Dos días después del incendio, un abogado de Ciudad Juárez, Javier Vásquez Campbell, presentó una denuncia en el estado de Chihuahua en nombre de algunas de las víctimas contra Salvador González Guerrero, alto funcionario del INM.

“González Guerrero dio la orden a través de una llamada telefónica de que los migrantes 'alojados' en el lugar donde se inició el incendio no fueran liberados bajo ninguna circunstancia”, sostiene la denuncia, a la que ha tenido acceso The Guardian.

A The Guardian no le ha sido posible contactar con González Guerrero para que pudiera dar su versión de los hechos. Según ha informado el periódico local El Diario, pesa una orden de arresto en su contra y los agentes federales lo buscan. Desde finales de la semana pasada se le considera un fugitivo.

Vásquez Campbell ha explicado que dos guardias del centro de detención y un funcionario de inmigración contactaron con él poco después del incendio en busca de asesoramiento jurídico ante la preocupación de que pudieran estar en el punto de mira de la fiscalía federal.

“Ni salida de emergencia, ni extintores”

Las organizaciones de defensa de los derechos humanos llevan mucho tiempo denunciando las malas condiciones y el hacinamiento en los centros de detención de migrantes de México. Algunas instantáneas de poca calidad del interior del centro de detención de Ciudad Juárez, tomadas unas semanas antes del incendio y que fueron enviadas a The Guardian, muestran a migrantes durmiendo en decenas de literas ocupadas y a otros en colchones por el suelo.

Según un comunicado de prensa del INM, el 27 de marzo había 68 migrantes de países de Centroamérica y América del Sur detenidos en el centro. Un día después, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que el incendio se originó cuando los migrantes prendieron fuego a los colchones para protestar contra la inminencia de sus deportaciones.

Isidro recuerda haber visto los colchones en llamas mientras buscaba frenéticamente a supervivientes en el interior del centro. “Durante nuestra última inspección de las estancias del centro, nos asegurábamos de que nadie se quedara atrás, cuando me di cuenta de que no había rutas de salida de emergencia, ni extintores”, explica Isidro.

Posibles incumplimientos

Las condiciones en el interior del centro de detención, tal y como él las observó, parecen vulnerar una normativa federal que entró en vigor en 2011 que establece directrices para empleadores y trabajadores en caso de incendio. Las normas exigen que los lugares de trabajo, incluidos los que están bajo jurisdicción federal, como los centros de detención de migrantes, tengan a la vista avisos sobre los riesgos de incendio, las rutas de evacuación, las salidas o escaleras de emergencia e indicaciones sobre dónde encontrar un extintor.

El 27 de marzo, Roberto Briones, director de Protección Civil de Ciudad Juárez que supervisa el cuerpo de bomberos, declinó responder a las preguntas sobre las condiciones en el interior del centro de detención. Sin embargo, anteriormente había declarado a los medios de comunicación locales que no había recibido ningún informe sobre el inicio de un incendio en las instalaciones de migración.

Briones aseguró que fue un capitán del cuerpo de bomberos quien vio salir humo del centro de inmigración y llamó al equipo de bomberos. Coincide con el relato de Isidro y con un mensaje de audio de un miembro del cuerpo de bomberos enviado a The Guardian. Según Isidro, cualquier persona atrapada en un incendio tiene tan solo tres minutos para salvarse.

Tres semanas después del mortífero incendio, López Obrador afirmó que la puerta del centro de detención permaneció cerrada mientras los migrantes se encontraban atrapados en su interior “porque la persona que tenía las llaves no estaba allí”.

Isidro cree que la tragedia podría haberse evitado con condiciones de seguridad mejores y una mayor capacidad de reacción. “Si nos hubieran llamado a tiempo, habríamos salvado a más gente”, lamenta.

Traducido por Emma Reverter.

Una joven se pone las gafas de realidad virtual y viaja -sin moverse del lugar- hasta una cocina. Frente ella, se está terminando de hacer un puchero, hay ropa en una silla y platos sin fregar. De repente, las manos de la persona en la que se ha convertido la joven -las que ve a través de las gafas- tiemblan. Alguien llega. Es un hombre. “¿Cómo puede estar la casa sin recoger, si no tienes nada que hacer en todo el día? ¿Otra vez me has preparado esta mierda para comer? ¡No sirves para nada!”, le grita un hombre de complexión fuerte, que cada vez se va acercando más a ella y de forma más agresiva. En el frigorífico hay dos dibujos coloridos. Ella, que no responde, sigue sentada en la mesa, escuchando al hombre. “Mira lo que me haces hacer, me pongo así por tu culpa. La niña está arriba y nos va a escuchar”, le dice.

Finalmente, se escucha la voz de ella, pero no para responderle a él, sino para explicarle a la persona que está viviendo la experiencia inmersiva que una vez aquel hombre que ahora le trata de esa manera fue el amor de su vida, que fueron felices, se casaron y tuvieron una hija, pero que a día de hoy esa era su situación y no sabe cómo salir de ella. La joven se quita las gafas y vuelve a su mundo, no sin antes reflexionar acerca de la realidad que ha vivido por unos minutos, esa misma que viven miles de mujeres cada día.

El experimento forma parte de 'Googaz', un proyecto creado por “milennials inconformistas”, que ha contado con el apoyo de la Diputación de Bizkaia, BBK Kuna y Virtualware. Su objetivo se basa en hacer que la juventud vasca viva en sus propias carnes y reflexione sobre cuestiones como la violencia de género, la ansiedad, la situación de las personas migrantes y refugiadas, las “ciudades del futuro”, aquellas con contaminación y falta de luminosidad o la vivienda, mostrando los llamados “coffin home”, casas ataúdes que hoy en día existen en Japón y que albergan a personas que viven en situación de pobreza y desigualdad.

“Queremos que los jóvenes vivan la experiencia inmersiva para que empaticen, pero no solo eso, el proyecto cuenta con una segunda parte en la que deberán proponer soluciones a los problemas que han vivido a través de la realidad virtual. Queremos mostrar que los videojuegos y la tecnología también sirven para el bien”, ha explicado Irati Arejita, responsable de Googaz en una rueda de prensa celebrada este martes en Bilbao y en la que también han participado la responsable del área de Emprendimiento, Talento e Innovavión de BBK Oihane Aldayturriaga y Yera Zaldumbide, responsable de Marketing de Virtualware.

Ruta por colegios y un hackathon

De esta manera, la experiencia con la realidad virtual se dividirá en tres fases. La primera será en un recorrido por municipios de Bizkaia durante abril y mayo. Estarán en Leioa el 24 y el 25 de abril, en Gernika-Lumo el 27 y 28, en Durango el 2 y 3 de mayo, en Balmaseda el 4 y 5 y, por último hasta el momento, en Getxo el 11 y 12 de mayo. En esos municipios acudirán principalmente a centros escolares, pero, mediante una convocatoria abierta, podrán participar todos aquellos que se inscriban a través de la página web www.googaz.es. “Las listas siguen abiertas, pero vivirán la experiencia unas 250 personas por municipio y esperamos que, en total, sean 900”, ha detallado Arejita.

La segunda fase del proyecto será un hackathon, es decir, un maratón de hackers, el próximo 17 de junio para crear el guion de un juego de realidad virtual que de solución a los problemas que han visto y vivido durante la experiencia anterior. Los jóvenes lo harán por equipos y el equipo vencedor se llevará unas gafas de realidad virtual para cada miembro. Habrá, además, una tercera y última fase en la que con el guion ganador y en colaboración con dos centros de formación profesional, se diseñará y creará un juego de realidad virtual.

'Googaz' se creó en 2017 y cada año busca trabajar en un reto social y acercar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a la ciudadanía joven de Euskadi. El año pasado, por ejemplo, acercaron estas cuestiones a los jóvenes a través de 'scape rooms'. “Es un proyecto destinado a jóvenes de entre 16 y 30 años para que sean conscientes de la realidad de una forma más divertida y cercana a su mundo, que en su mayoría es el de las nuevas tecnologías”, han concluido.