Del ‘welcome refugees’ a la ‘Europa fortaleza’: los 27 endurecen las reglas del asilo en la recta final del pacto migratorio

La terrible imagen de un niño de tres años muerto en la costa de Turquía en 2015 fue hace ya ocho años el catalizador para remover las conciencias europeas ante el drama de millones de personas refugiadas, pero Bruselas tardó cinco años en sentar las bases del Pacto de Migración y Asilo de la UE. Lo hizo en plena crisis de Lesbos y tres años después, con un nuevo aumento de las llegadas, sobre todo a través de las costas italianas, no hay nada cerrado, aunque el proceso se acerca a su fin. En el camino, los países con posiciones más duras respecto a la inmigración se han impuesto ante el auge de la extrema derecha. Y lo que en 2020 para España era un temor, la denominada ‘solidaridad a la carta’, es lo que le toca defender al Gobierno de Pedro Sánchez ante el resto de socios europeos para tratar de cerrar un acuerdo que Hungría y Polonia ya amenazan con incumplir dado que consideran que la regulación supondrá un “efecto llamada”. 

Atrás quedó el ‘welcome refugees’ amadrinado por Angela Merkel y, por tanto, cualquier atisbo de solidaridad que suponga un reparto obligatorio de cuotas de refugiados entre los estados miembros. Ni siquiera en tiempos de crisis migratorias. La tesis de la mano dura se ha impuesto en los textos que negocian los gobiernos mientras se acrecenta la tensión entre los países y anticipa una dura negociación con el Parlamento Europeo, que sí apuesta por el reparto obligatorio de cuotas de refugiados. 

Los 27 están a punto de cerrar su posición respecto al último reglamento que tenían pendiente: el de gestión de crisis. Es la pieza más delicada de las cinco que componen el paquete y la necesidad de hacer equilibrios entre las distintas posiciones se evidenció este jueves en Bruselas con el abandono de Italia, que se descolgó del texto que había apoyado en julio por los cambios que la presidencia española había incluido para atraer a Alemania. Fuentes diplomáticas atribuyen el bloqueo a los problemas internos del Gobierno de Giorgia Meloni, donde compiten las dos almas de la extrema derecha xenófoba, y confían en que le dé el visto bueno en los próximos días, incluso el lunes, para que no parezca que ha cedido demasiado rápido ante Berlín. 

El principio de acuerdo alcanzado es, en todo caso, de mínimos y, en términos generales, permite endurecer las normas habituales en el proceso de concesión de asilo cuando se dan unas circunstancias excepcionales. Lo que plantea el texto (que cuenta con mayoría cualificada aunque políticamente no se puede sacar sin Italia) es alargar los plazos. Por ejemplo, permitiendo que los solicitantes estén en los centros de detención ocho semanas más de las doce que establece la normativa general. 

Las ONG en el punto de mira de Meloni

Italia había avalado el texto propuesto por la presidencia española en julio, pero no contaba con la mayoría suficiente para salir adelante. Convencer a países como Austria o República Checa (endureciendo el texto aún más) podría hacer caer otros síes, lo que finalmente ha pasado al satisfacer algunas de las demandas de Alemania. En concreto, la eliminación del artículo 5 que permitía rebajar los estándares mínimos de condiciones básicas de alimentación, cuidado médico o ropa de los migrantes. 

Italia se quiere garantizar esa flexibilidad ante el colapso de los servicios en las fronteras y es uno de los motivos que alega en su negativa. El otro es el intento de Italia de incluir a las ONG que salvan vidas en el Mediterráneo como elementos desestabilizadores que instrumentalizan la migración. El nuevo reglamento también permite suavizar las normas respecto al asilo cuando hay episodios de utilización, como en la frontera con Bielorrusia. Alemania logró la inclusión de un párrafo en el que se deja claro que “las operaciones de ayuda humanitaria acordes a los estándares europeos no deberían ser considerados una instrumentalización de los migrantes cuando no hay objetivo de desestabilizar a la UE o a un estado miembro”. 

Eso ha revuelto al Gobierno de Meloni, que ha declarado la guerra a las ONG. “Hace ochenta años el Ejecutivo alemán decidió invadir países con el ejército y le fue mal. Ahora financian la invasión de clandestinos para desestabilizar los Gobiernos que no gustan a los socialdemócratas”, expresó el vicesecretario de la Liga, Andrea Crippa, según recoge EFE.

La conexión entre “instrumentalización” de los migrantes con fines políticos y la reducción de sus derechos una vez llegan a Europa alerta a organizaciones sociales. “El castigo no acaba siendo para los gobiernos que utilizan la migración como moneda de cambio, sino para esos migrantes que están siendo instrumentalizados”, cuestiona Alberto Cerezo, de Red Acoge. “Y va más allá: porque el uso de estas personas sí genera grandes réditos a los países que los utilizan”, añade el experto, en relación a los millones de euros obtenidos por países como Marruecos tras crisis migratorias como la vivida en Ceuta en 2021, cuando las autoridades del país vecino permitieron la salida de más de 10.000 personas en tres días.  

Más retornos y más tiempo de detención

El acuerdo en su conjunto se aleja del estudio individualizado de cada caso, como establece la legislación internacional, sino aumentar y acelerar los retornos. La posición acordada en junio del Consejo de la UE sobre el reglamento de  procedimientos de asilo cambiaba con el modelo vigente sobre el estudio de las peticiones de asilo de quienes llegan irregularmente a la UE.

Como ya establecía el reglamento sobre procedimientos de asilo acordado por el Consejo el pasado mes de junio, los 27 quieren que los solicitantes de asilo que sean interceptados en frontera en su intento de cruzar irregularmente a un país de la UE tengan que pasar obligatoriamente por un procedimiento fronterizo menos garantista con el fin de evaluar rápidamente si las solicitudes son “infundadas o inadmisibles”. 

El Consejo de la UE pretende crear una nueva figura jurídica por la que se entiende que las personas llegadas de forma irregular no se encuentran en territorio europeo hasta que no se haya autorizado su entrada independientemente de su presencia física en suelo comunitario. Y hasta que se tramita su solicitud, en circunstancias normales, pueden estar detenidos hasta 12 semanas. 

El reglamento negociado actualmente por los 27 quiere ir más allá. Basándose en este procedimiento acelerado de estudio de las solicitudes en frontera, el borrador en el que trabajan actualmente los Estados miembros apuesta por que los migrantes tengan que pasar hasta 20 semanas retenidos mientras se estudia la admisión a trámite solicitud de asilo, lo que rompe con muchos de los derechos con los que hasta ahora contaban los demandantes de protección en la UE. 

En España, por ejemplo, actualmente las personas solicitantes de asilo sólo pueden ser retenidas en el procedimiento en frontera, aplicado únicamente en los aeropuertos, durante un máximo de seis días. A quienes llegan de forma irregular a través de las vallas o por el mar no se les aplica ningún mecanismo acelerado por lo que, una vez que manifiestan su necesidad de pedir protección, acceden al procedimiento habitual, deben quedar en libertad y no pueden ser expulsados hasta la resolución de su expediente. Con el nuevo acuerdo migratorio, por tanto, el Consejo pretende cambiar drásticamente el modelo de asilo, sancionando a quienes llegan de manera clandestina, en un momento en el que apenas existen vías de entrada legales para quienes huyen de la persecución de sus países de origen. 

Las ONG alertan de la disminución de las garantías legales que conllevan estos procedimientos acelerados y temen los posibles efectos de la indefinición de los requisitos para que un país pueda declarar una situación de excepcionalidad. Su mayor preocupación en torno al reglamento de gestión de crisis tiene que ver con la inclusión del concepto de “instrumentalización”, debido a la arbitrariedad que podría generar en su aplicación. 

“El concepto no está definido, no está acotado, no queda claro qué se entiende y cuándo se incluyen esas excepciones al sistema de asilo”, sostiene Vernónica Barroso, responsable de Política Interior de Amnistía Internacional España. “Un procedimiento fronterizo acelerado nunca va a tener las garantías del procedimiento ordinario”, añade Verónica Laorden, de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

Decir ‘no’ a los refugiados previo pago

Otro de los puntos más polémicos de la futura regulación tiene que ver con el concepto de solidaridad. Los 27 fijaron un umbral de 30.000 plazas para refugiados que deben repartirse entre los estados miembros. Ahora bien, los que se nieguen a acoger podrían hacerlo con el pago de 20.000 euros por persona. El choque con la Eurocámara está asegurado ya que los parlamentarios abogaron por el reparto de cuotas obligatorias. 

La presión sobre los 27 para que fijen su posición respecto al reglamento de gestión de crisis se ha incrementado en las últimas semanas. La Eurocámara frenó la negociación en otros dos expedientes del pacto migratorio hasta que no avanzara en ese dosier. Fuentes parlamentarias temían que los gobiernos acabaran dilatando ese dosier que tiene más que ver con la solidaridad mientras salían adelante los reglamentos de Eurodac y Screening que son los relativos a la seguridad como tal. 

De hecho, los países se dieron mucha prisa con esos reglamentos, cuya posición estaba lista en junio de 2022, que pretenden reforzar el “seguimiento” a los solicitantes de asilo incorporando incluso información biométrica a las bases de datos así como un refuerzo del control de las fronteras que permite a las autoridades retener a las personas hasta cinco días. 

Una vez que el Consejo de la UE logre sortear el ‘no’ de Italia y dé el visto bueno al reglamento de gestión de crisis, los 27, la Comisión y la Eurocámara tendrán que sentarse a negociar los cinco expedientes que configuran el conjunto del pacto migratorio de la UE con el objetivo de que esté en marcha antes de las elecciones europeas de junio de 2024. Para entonces habrán pasado nueve años de la muerte de Ayllan, miles de personas habrán perdido la vida en el mar y millones seguirán buscando un futuro mejor en otro continente mientras los 27 construyen la ‘Europa fortaleza’.