Los 27 acuerdan un reparto de refugiados que podrá obviarse con el pago de 20.000 euros por cada rechazo

Había un 50% de posibilidades de llegar a un acuerdo este jueves y, tras una jornada maratoniana, los ministros de Interior dieron el visto bueno a los expedientes que constituyen el pacto de migración y asilo que a la UE se le resiste desde hace años. Los 27 mantienen el concepto de la solidaridad a la carta planteada por Bruselas al permitir a los estados pagar en caso de no querer aceptar refugiados. Y ponen un precio a cada persona rechazada: 20.000 euros. 

El acuerdo, que ahora tendrá que someterse a una dura negociación con el Parlamento Europeo -que siempre ha rechazado el denominado ‘patrocinio de retorno’ y apuesta por las reubicaciones obligatorias-, incluye una cuota de reparto de refugiados en caso de crisis y estipula el umbral en 30.000 personas. Los países que se niegan podrán hacer aportaciones financieras a una suerte de caja común o contribuir con asistencia material. 

El Gobierno de España celebra que la propuesta garantice “el reparto equitativo de la responsabilidad en materia migratoria y la solidaridad”. “Principio que figura por primera vez en un instrumento jurídico de la UE”, señala el Ministerio del Interior en un comunicado tras la reunión en Luxemburgo. La obligatoriedad en el reparto de los refugiados en casos de crisis como la que Europa enfrentó en 2015 era una de las exigencias de los países en los que se suelen producir más entradas (España, Grecia, Italia y Malta).

Sin embargo, Hungría y Polonia rechazan de plano la obligatoriedad de las acogidas. Por eso han votado en contra. La presidencia sueca era consciente de que contaba con esos noes y por eso había asumido que la posición no saldría con unanimidad, a pesar de la complejidad que ello supone para la posterior gestión. Lituania, Malta, Eslovaquia y Bulgaria se han abstenido. 

“Es un equilibrio entre la responsabilidad y la solidaridad”, ha dicho la ministra sueca, Maria Malmer Stenergard, a quien corresponde pilotar las negociaciones en esta fase antes de ceder el testigo a Fernando Grande-Marlaska, que asumirá las riendas del pacto en las conversaciones con la Eurocámara y la Comisión Europea. “No me dan miedo los trílogos”, ha dicho la comisaria de Interior, Ylva Johansson. 

El acuerdo también supone un endurecimiento de las reglas y los plazos de la gestión de los flujos migratorios. Las solicitudes de asilo o retorno deberán estar listas en un plazo de seis meses y los países de llegada serán responsables de los refugiados dos años (frente a los doce meses actuales). Malmer ha asegurado que el acuerdo pretende evitar “el abuso en los movimientos secundarios”, que es el principal choque entre los países del sur y los del norte de Europa, como Alemania o Países Bajos.

“El grupo de los Socialistas y Demócratas (S&D) rechaza los procedimientos acelerados obligatorios en las fronteras exteriores y el Parlamento ha seguido nuestra opinión. Cuando los estados miembros decidan aplicar procedimientos acelerados, las familias con niños y los menores no acompañados deben estar exentos. La posición del Consejo de no eximir en absoluto a los menores con familia del procedimiento fronterizo obligatorio no es aceptable”, ha señalado en un comunicado la eurodiputada Birgit Sippel tras conocer los resultados del Consejo.

También Los Verdes han rechazo la posición de partida del Consejo para la negociación. “Este acuerdo va en contra de valores europeos como los derechos fundamentales y el respeto por el estado de derecho. El Parlamento Europeo luchará por un sistema de asilo que funcione y esté en consonancia con la dignidad humana y los derechos humanos, que ofrezca soluciones viables y una distribución justa de responsabilidades entre los estados miembros. Luchamos contra nuevos campos o centros de detención en las fronteras exteriores de la UE”, advierte el presidente del grupo, Terry Reintke.