“La economía circular es sentido común, es inteligencia. Tenemos que saber que los recursos no son infinitos y hay que reaprovechar todos ellos al máximo”, ha asegurado Begoña de Benito, directora de Relaciones Externas de Ecoembes, durante el debate sobre los retos y oportunidades de la circularidad en la IV Jornada de Economía circular y Energías renovables que ha organizado elDiario.es.

En este contexto de crisis climática, las administraciones están impulsando medidas y regulaciones que ayuden a empresas y tejido social a caminar hacia una economía circular, a trascender el marco del producir, usar y tirar. Sin embargo, algunas empresas perciben el nuevo marco regulatorio como un freno a su productividad. Los ciudadanos, por otro lado, desconocen —generalmente— las particularidades y objetivos de estas medidas.

“Realmente, la regulación no tiene por qué ser en sí misma un freno”, ha defendido Miguel Gómez-Pavón, subdirector general de Estrategia y Ecosistemas Industriales del Ministerio de Industria y Turismo. “Esa es un poco la queja que muchas empresas nos presentan cuando dialogan con el Ministerio”, ha reconocido. Algunas compañías critican que los nuevos marcos regulatorios no tienen en cuenta los diversos obstáculos que enfrentan para cumplir sus objetivos.

Por ello, desde el Ministerio de Industria insisten en que la regulación no puede ser “percibida como freno”, sino que está orientada a “generar certidumbre”. “Se dirige a generar las señales correctas que, bajo una dirección y un acompañamiento por parte de las administraciones, consigamos que haya un impulso a la innovación, hacia la modernización de procesos productivos”, ha explicado Gómez-Pavón. Solo así, insiste, puede reconocerse a la circularidad como “ un factor de competitividad” entre las empresas.

“Más que un coste, debería ser una palanca”, ha dicho también de la nueva regulación la patrona de la Fundación para la Economía Circular y profesora de Ecología en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, María Pérez Fernández. Pérez se ha mostrado de acuerdo con Gómez Pavón, y ha asegurado que la nueva normativa puede permitir que las empresas introduzcan mejoras como la eficiencia energética o el ecodiseño. “El cumplimiento de la normativa hace que la empresa sea más competitiva y gane en reputación”, ha insistido.

Sin embargo, para ello se necesitan mejoras en, entre otras cosas y según el punto de vista de la experta, la redacción de dicha normativa. “Necesitamos normas claras y fáciles de seguir, que no sean punitivas sino colaborativas y que se vayan acomodando a los cambios, pero sin someter a las empresas a cambios continuos”, ha especificado. “Es imprescindible que la administración sea un miembro más de los grupos de trabajo en las empresas. La sociedad necesita tener acceso a una información clara y transparente, y las normas tienen que ser sencillas para que todos podamos entenderlas y exigir a las empresas el cumplimiento correcto de estas normas”, ha añadido.

Para de Benito, lo más importante de la nueva normativa no es que sea ambiciosa —“que lo es”, ha aclarado— sino que cambia por completo nuestros patrones de producción y consumo. “No se trata de reciclar un poco más y consumir un poco menos. Se trata de hacer las cosas de manera totalmente diferente”, ha asegurado.

Este cambio, por supuesto, necesita tiempo. “La transición tiene que llegar a todos, tiene que ser ecológica y justa”, ha pedido la directora de Relaciones Externas de Ecoembes. De Benito ha reiterado que “todo el mundo” tiene que poder acceder a las ventajas de la circularidad, desde las empresas más grandes hasta las más pequeñas. “Para eso hay que hacer mucha pedagogía”. Las ponentes han hablado también de ofrecer incentivos económicos o fiscales para dar un empujón a dichas empresas.

“La Administración debe asegurar que la aplicabilidad de la norma llegue a todo el mundo”, ha coincidido Marco Mendoza, CEO de Trueworld Organization. “Si no, la empresa lo ve únicamente como algo que de repente tiene que hacer, que no sabe muy bien cómo, que tampoco tiene muy claro el para qué, y que además tiene que hacer una inversión en algo que piensa no le genera ningún retorno inmediato”, ha dicho el ponente, subrayando que los beneficios de la circularidad llegan a medio-largo plazo.

“La circularidad a día de hoy cuesta mucho convertirla en una ventaja competitiva”, ha dicho Mendoza. “Pero estamos ante un escenario de calentamiento global que, lamentablemente, no va a solucionarse con ciudades más inteligentes o con coches eléctricos. Un grado y medio de calentamiento global no es un hito político ni una meta empresarial: es un límite físico. Y creo que eso es algo que a veces se nos olvida”.

“Yo creo que, en general, la mayoría de los sectores ya tienen asumido que esto es una política que ha venido para quedarse”, ha asegurado Gómez-Pavón. El subdirector general de Ecosistemas Industriales del Ministerio de Industria ha reconocido, sim embargo, que la aplicación de las nuevas medidas no es homogénea entre todos ellos. Ha puesto de ejemplo a la industria siderúrgica que, según ha indicado, se encuentra a la cabeza entre los líderes europeos en la reutilización de recursos. “El 75% del acero que producimos en España es partir de residuos de chatarras, mientras que la media europea está en el 40%”, ha explicado.

Sin embargo, también menciona otros sectores que, debido a sus características, no pueden aplicar estas medidas de circularidad con facilidad, como el sector del cemento. “Tenemos que encontrar el proceso concreto, ver dónde tenemos que ser capaces de buscar los incentivos, el apoyo necesario para esos procesos”, ha añadido.

María Pérez Fernández ha resaltado, por otro lado y para contrarrestar la balanza, que la creación de puestos de trabajo puede ser uno de esos incentivos. “La economía circular favorece empleos más especializados y de más calidad, que implican a todo el proceso productivo de cualquier empresa”, ha dicho. “Hemos asociado inicialmente el empleo asociado a la economía circular al liquidador o al reparador y eso es todavía lo que está un poquito instaurado en la sociedad, pero en los últimos años ha habido un cambio tremendo. Hemos pasado de puestos de técnico exclusivamente a puestos directivos: directivos de cambio climático, directores de sostenibilidad, directores de repensado de negocio...”.

“No olvidemos que la economía circular no es algo nuevo. Esto está inventado en la naturaleza, no se generan residuos. Cualquier cosa que produce un organismo es utilizado por otro. El problema lo generamos nosotros”, ha recordado la patrona de la Fundación para la Economía Circular.

Desde el ministerio aseguran también que este nuevo empleo está, además, repartido por todo el territorio nacional, y es cercano al entorno rural. El resto de ponentes destacan, no solo la durabilidad de dichos trabajos, sino también su calidad. “Es un empleo de futuro que fija población a territorio. Desde el punto de vista salarial está por encima de la media, y desde el punto de vista de equidad de género también es positivo”, ha asegurado De Benito.

Aun así, la experta resalta que no se trata únicamente de crear nuevos empleos, si no de recuperar algunos de los “viejos”. La circularidad ha estado presente durante décadas en el siglo XX en España. Gran parte de la población la ha vivido en casa, aunque habitualmente no se asocie con la “circularidad” moderna. “Yo recuerdo haber llevado a remendar mis medias. Todos esos empleos de reparación han desaparecido, pero tienen que volver a existir”, recuerda De Benito.

Trueworld Organization, la startup que dirige Marco Mendoza, es una tecnológica que busca combatir la crisis climática publicando los datos de procesos y empresas implicados en la circularidad para universalizar su información y ponerla en manos de la sociedad. El objetivo, explica Mendoza, es que la gente pueda evaluar el impacto medioambiental de la sociedad y transformar los datos en conocimiento que sea útil para las compañías y administraciones. Es necesario porque, dice Mendoza, el mayor reto que enfrentan las instituciones españolas es “ponerse de acuerdo”. “Tienen que cohesionarse y ponerse de acuerdo en políticas comunes con la velocidad que esto merece”, ha asegurado.

Mendoza ha explicado que, debido a la posición geográfica de la Península Ibérica al sur de Europa, “somos el país con más ratio de vulnerabilidad” de todo el continente. “Estamos en la zona con mayor grado de afección a los sistemas costeros y climáticos, y el mayor problema demográfico”, ha apuntado. Por ello, insiste en que es necesario creer en el futuro de la economía circular, confiar en que se integrará en el trabajo. “De hecho”, ha dicho, “se estima que 1 de cada 4 empleos generados a partir de 2050 tendrá que ver con economía azul o sistemas costeros”.

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Desarrollo Sostenible en colaboración con la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, ha presentado el nuevo portal web dedicado de forma monográfica a la ‘Economía Circular’ y cómo ponerla en práctica en nuestra región.

De esta forma lo han manifestado la directora general de Economía Circular, Marta Gómez Palenque y el director general de Administración Digital, Juan Ángel Morejudo, durante la presentación de esta web, acompañados del viceconsejero de Medio Ambiente, Fernando Marchán y de los equipos técnicos de ambas consejerías. Todos han coincidido en calificarla de “novedosa, dinámica, atractiva para la ciudadanía, el tejido empresarial y otras administraciones; y sobre todo útil para todos los interesados en participar en lo que debe ser ya la nueva forma de producir y consumir por parte de los ciudadanos”.

Como ha explicado Gómez Palenque, con esta web “queremos que el concepto de economía circular llegue a todos los públicos de manera sencilla”. Así, abordará qué es y qué acciones específicas pueden poner en práctica cada uno de los agentes implicados (administraciones, empresas y ciudadanos) para hacer posible la implantación de esa economía circular en los s hábitos y entornos. El objetivo es “tener una región circular en el horizonte marcado de 2030”.

Así, ambas consejerías han trabajado de forma conjunta para que el portal “sea dinámico y fresco”, dando respuesta a una cuestión muy demandada en la actualidad para conocer todo sobre la economía circular. Y por ello, “queremos poner de manifiesto los retos y desafíos a los que nos enfrentamos a nivel global y también regional y local, que hacen necesaria la transición del modelo lineal a un modelo circular que genera valor económico, ambiental y social”.

Una de las cosas más originales de este portal web, como ha señalado la directora general, es su presentación realizada en formato ‘storytellying’, que avanza contando en formato de historia la necesidad del cambio y de qué manera llevarlo a cabo. “Queda claro que Castilla-La Mancha se encuentra en pleno proceso de transición de una economía lineal a una economía circular y que se están estableciendo los marcos instrumentales necesarios para ello, tanto normativos, como de comunicación, y buen ejemplo es esta web innovadora con la que queremos impulsar ese cambio en los modelos de producción y consumo”, ha recalcado Gómez Palenque.

Además, ha recordado que, esta web, se enmarca en los pasos que está dando nuestra región como pionera en tener una Ley de Economía Circular y actualmente está trabajando para la elaboración de la Estrategia que la va a desarrollar. “Se encuentra en fase de información pública, hasta mañana jueves 22 de octubre y nos hemos marcado que esté lista a finales de este año o principios del que viene”. Y, como ha añadido, está contando con una participación muy amplia de todos los sectores implicados.

Web diferente y secciones innovadoras

Por su parte, el director general de Administración Digital, Juan Ángel Morejudo, ha resaltado que la nueva web es “diferente a las habituales”, con secciones muy innovadoras. En este sentido, ha incidido en que se trata de un proyecto que se ha cuidado mucho desde el inicio, prestando gran atención a la información que se presenta, la estructura en la que se organiza y los mensajes que se trasladan.

Se trata de un nuevo concepto de interacción entre la Administración regional y la ciudadanía, a través de esta web y para poner la tecnología a su servicio. Este es un primer paso para la creación de una plataforma de Economía Circular que sirva de interacción de los agentes implicados, como han explicado, incorporando nuevos servicios para sociedad, empresas y administraciones. “La web es una muestra de la apuesta del Gobierno regional por la digitalización y el desarrollo sostenible, la economía circular y la transformación digital, ejes fundamentales de la recuperación y transformación de nuestras regiones, como así se está marcando la UE”, ha indicado.

Tras señalar que se trata de un portal que está adaptado a todo tipo de dispositivos, el director general de Administración Digital ha explicado que la web se ha desplegado en una infraestructura PaaS (plataforma como servicio), lo que permite a la Administración regional la posibilidad de decidir si el portal y su posterior evolución se hace en sus propias instalaciones o en la nube, “de una forma ágil y sencilla”.

Contenidos, estructura y buenas prácticas

La web, ubicada en la dirección https://economia-circular.castillalamancha.es/ recoge recursos, documentación de interés, buenas prácticas, webs de referencia, así como noticias y agendas de actividades todo ello en el marco de la economía circular. Además, a través de un lenguaje sencillo y muy visual, se capta la atención del visitante a través de preguntas que incitan a la reflexión y a la vez se dejan establecidas pautas y medidas para la transición.

El menú principal consta de cinco pestañas principales. En ‘Participo como’, la información que recoge está destinada a todos los agentes involucrados, con información detallada, hoja de ruta y acciones a implementar; La pestaña ‘Estoy buscando’ recoge toda la información en cuanto a la definición del concepto, normativa, un apartado específico de la Estrategia de Economía Circular de Castilla-La Mancha, que está en proceso de elaboración, así como unas buenas prácticas en los sectores de interés y un apartado de recursos donde poder consultar webs, documentos y campañas de interés. Finalmente, las pestañas de ‘Actualidad’ y ‘Agenda’ recogen las noticias más relevantes y los cursos, jornadas y actividades de relevancia, respectivamente.

La web se irá actualizando con desarrollo normativo, buenas prácticas, prensa, etcétera. Para finalizar se ha visualizado un video sobre la necesaria apesta por la Economía Circular en nuestra región, “que llama a la sensibilización y a hacernos reflexionar acerca de la comunidad en la que queremos vivir, la necesidad de cuidarla y de apostar todos a una por la economía circular. Es hora de actuar y de dar el paso adelante”, ha concluido Gómez Palenque.

El consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, ha presentado hoy la ‘Guía Metodológica para la Implantación de la Recogida Selectiva de la Materia Orgánica’, elaborada por su Departamento en colaboración con Ecoembes. Se trata de una herramienta para ayudar a los ayuntamientos y otras entidades locales a desplegar la recogida selectiva de la materia orgánica generada tanto por los domicilios particulares como por otros grandes productores, en la aplicación de sus competencias en materia de residuos.

La guía, estructurada en ocho capítulos y varios anexos, desarrolla ‘a grosso modo’ qué son los biorresiduos e identifica sus principales productores; fomenta la forma de reducir el desperdicio alimentario como una de las estrategias fundamentales para prevenir la producción de biorresiduos; explica los múltiples beneficios derivados de esta recogida separada, como la disminución de la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEIS) y la protección y recuperación del suelo utilizándolo como fertilizante. Y finalmente, recoge las infraestructuras y elementos necesarios para su implantación en las distintas fases.

Además, cabe destacar otro importante objetivo que se establece en la guía, como es recoger una materia orgánica de calidad que, una vez tratada y acondicionada en los Centros de Tratamiento de Residuos Urbanos (CTRU) de la región, “genere un compost que pueda ser reincorporado de una forma segura como enmienda orgánica para la agricultura”.

“Así damos cumplimiento a otro de los objetivos prioritarios del Gobierno regional como es la mitigación del cambio climático, recogido en la Estrategia del Cambio Climático regional Horizontes 2020-2030; y el de la implementación de la economía circular, según la Ley de Economía Circular de Castilla-La Mancha aprobada en noviembre”.

Visita al Ecoparque de Toledo

Tras la presentación de la guía, se ha realizado una visita guiada a las instalaciones del Ecoparque de Toledo, conducida por los responsables de Gesmat, en la que también han participado la directora general de Economía Circular, Marta Gómez; el delegado de la Junta de Comunidades en Toledo, Javier Úbeda; el delegado provincial de Desarrollo Sostenible, Tomás Villarrubia; el presidente del Consorcio de Servicios Públicos Medioambientales de la provincia de Toledo, Rafael Martín; y la Gerente, Carmen Herranz.

Con motivo de esta visita, el consejero también ha destacado el compromiso del Gobierno regional por la mejora en la gestión de los residuos a nivel regional, indicando en la convocatoria de 2018 de expresiones de interés para la mejora de la gestión de los residuos por parte de las entidades locales, en el marco del Programa Operativo Feder Castilla-La Mancha 2014-2020, se han subvencionado 28 proyectos presentados, con un coste total de 34,5 millones de euros y una ayuda concedida de más de 27,5 millones. 

De esta forma, ha explicado que, de esos proyectos, diez expedientes son de distintos consorcios para la adaptación de centros e implantación de recogida selectiva de materia orgánica.

Entre ellos, ha sido seleccionado para su cofinanciación el proyecto de la Diputación de Toledo, para la implantación de la recogida selectiva de biorresiduos, que supondrá la construcción de nueva planta de compostaje y modernización de las actuales instalaciones del Ecoparque de Toledo, con un presupuesto de cerca de 7,5 millones de euros y una ayuda aprobada de casi 6 millones.

 “Castilla-La Mancha se está preparando para la llegada de un quinto contenedor, el contenedor marrón para la recogida selectiva de la fracción orgánica  -ha asegurado Escudero- y lograr así una adecuada valorización de los mismos dentro del marco de la economía circular”.

Durante su intervención, el consejero se ha referido a este nuevo escenario que tiene como marco la Estrategia Regional sobre la gestión de Biorresiduos, aprobada en 2019.

El calendario para la implantación de la recogida selectiva de los biorresiduos en todos los municipios de la región y su posterior gestión en instalaciones de tratamiento adecuadas, se recoge en la Orden 13/2019 que señala que antes del 31 de diciembre de 2020 debe estar en todos los municipios de más de 5.000 habitantes y antes del 31 de diciembre de 2023, la implantación total de la recogida selectiva de biorresiduos o su reciclaje en el punto de origen.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Toledo, Álvaro Gutiérrez, ha resaltado en su intervención que ya han iniciado el proceso para la recogida selectiva de materia orgánica en la provincia de Toledo que supondrá una importante mejora en la recogida y tratamiento de los residuos urbanos y un avance en el compromiso de su Gobierno de la provincia de Toledo con la economía circular y el desarrollo sostenible. Y ha avanzado que ya se está trabajando en la elaboración del informe técnico para licitar la construcción de la nueva planta de compostaje de última generación que incorporará al Ecoparque de Toledo.

“Su menú. Gracias”. Tradicionalmente, esa frase se ha traducido en una compra de bebida y comida lista para tomar, pero envuelta en plástico. Como ocurrió con las bolsas hace unos años, a partir de 2023, las tiendas de comida rápida deberán cobrar aparte los vasos, tapas y paquetes de plástico de sus productos, según recoge el anteproyecto de ley de residuos que prevé aprobar el Consejo de Ministros este martes.

Este anteproyecto es una de las piezas que tienen que desarrollar la Estrategia de Economía Circular 2030 que también revisa el Gobierno y que pretende que España deje de producir 20 millones de toneladas de desechos en los próximos 10 años, convertirá en obligatorio que se dispense agua del grifo o se recorte a la mitad el desperdicio de comida en los hogares.

Prohibido vender pajitas o cubiertos en 2021

Los plásticos de usar y tirar se han convertido en problema de primer orden. La casi imposible gestión de la ingente cantidad de basura de este material ha estallado en las islas de plástico de los océanos, las playas o las desembocaduras fluviales. El 70% del plástico consumido al año en España acaba siendo un residuo: 2,5 millones de toneladas, según Cicloplast.

El proyecto que iniciará este martes su camino para convertirse en ley prohíbe la venta de muchos de estos utensilios: pajitas, bastoncillos, palos de globo o paquetes de poliestireno a partir del 3 de julio de 2021, como obliga la directiva europea. Además, tendrán que rebajarse un 50% la venta de paquetes para comida preparada en 2026 respeto a lo que se venda en 2022. En 2030 esa caída debería alcanzar, según el anteproyecto de ley, un 70%. También se impedirá que los cosméticos tengan microplásticos añadidos, cuentan fuentes del Ministerio de Transición Ecológica.

Recortar 20 millones de toneladas de residuos

Para reducir los envases, y por tanto potenciales residuos, la ley prevé establecer una preferencia por el agua del grifo. Los bares y restaurantes van tener la obligación de ofrecer agua del grifo gratuita aunque dispongan de botellas. Las administraciones públicas deberán minimizar el consumo de agua embotellada en sus dependencias. En todo caso, en centros sanitarios y educativos podrán comercializarse envases de un solo uso.

“Con las disposiciones normativas en marcha, el agua del grifo ofrece garantías de seguridad en la práctica totalidad del territorio español en los lugares públicos, permitiendo de este modo la reducción del empleo de botellas de plástico”, aclaran las directrices del Ejecutivo.

Sobre los envases, el Gobierno no plantea hacer obligatorio el sistema de recogida de botellas retornables. Fuentes de Transición Ecológica aseguran que se van a eliminar los requisitos legales para introducir este sistema que se establecieron en 2011 y que, dicen, lo hacen casi imposible de implementar. Pero será en un real decreto posterior, aclaran.

El objetivo marcado por el nuevo texto legal es reducir en un 15% los residuos generados por la economía respecto a los 137 millones de toneladas calculados en 2010. La fórmula reside en establecer una jerarquía de preferencias que sitúa en primer lugar la prevención de generar desechos, después la reutilización, después el reciclaje, su valorización y, como último recurso, el vertedero.

Hay mucho retraso por recuperar: en 2016, de los 129 millones de toneladas totales se reciclaron solo 39,6, un 37%, según refleja Eurostat. “Estamos desaprovechando gran parte de los recursos en un contexto de materias primas cada vez más escasas”, analiza la Estrategia.

60% menos de basura en los vertederos en 2030

En este sentido, el anteproyecto de ley que llega mañana al Consejo de Ministros marca que, en 2030, se recicle el 60% de los desechos municipales. En 2017, último año inventariado, ese porcentaje se quedó en el 36,1%, según Ministerio de Transición Ecológica. Eso supone que, de los 22 millones de toneladas de este tipo de residuos, se llevaran a vertederos 11,2 millones de toneladas y se quemaran otros 2,8 millones: 14 millones de toneladas al basurero.

Salvar 669.000 toneladas de comida de la basura

La Estrategia Circular considera los sectores económicos prioritarios la construcción (que consume el 40% de los recursos y produce el 40% de los residuos), la industria, el turismo, el sector textil, pero también los bienes de consumo y el sector agroalimentario.

De esta manera, marca que debe reducirse mucho el desperdicio de alimentos. Los hogares españoles tendrán que dejar de tirar a la basura 669.000 toneladas de comida cada año para lograr recortar en 2030 un 50% los 1,339 millones de toneladas que se desperdician anualmente. En las casas se desperdician 1,12 millones de toneladas de comida que ni siquiera se ha cocinado, según el último recuento del Ministerio de Agricultura. Lo que más se tira: frutas, hortalizas y verduras, casi la mitad del total. Un problema tan generalizado que ocho de cada diez hogares admiten que tira comida o bebida sin utilizar. El anteproyecto de residuos también atañe a la producción, la transformación y la venta minorista de alimentos.

Freno a la obsolescencia de productos

La estrategia coordinada desde Transición Ecológica considera que hay que “invertir la tendencia actual de consumo exacerbado de productos a un modelo de consumo más responsable”. ¿Cómo? “Facilitando la reparabilidad de los bienes producidos y su reutilización, prolongando su vida útil y posibilitando su valorización al final de ésta”, responde. La obsolescencia de productos tecnológicos como los teléfonos móviles imponen alta factura, no solo por los materiales que utiliza, sino también climática en cuanto a emisiones de CO, causantes del calentamiento global de la Tierra. Los smartphones y los portátiles se cambian cada poco tiempo. Tienen una vida media en Europa de tres y 4,5 años respectivamente. En este contexto, cada curso se vende unos 210 millones de teléfonos y otros 27 millones de ordenadores en Europa: el alto ritmo de reposición produce casi 50 millones de toneladas de gases de efecto invernadero, según calculó la federación ecologistas European Environmental Bureau.

“En un contexto mundial en el que las materias primas son cada vez más escasas y caras, reciclar tan solo el 37,1 % de los residuos generados supone estar desaprovechando los recursos disponibles”, establece el plan. En este sentido, también pide reducir un 30% el consumo de materiales que, por ejemplo, en 2018 se elevó a los 423 millones de toneladas entre minerales o biomasa, es decir, los cereales, las frutas o las hortalizas.

Unos dos tercios de los residuos depositados en vertederos castellanomanchegos proceden de fuera de la comunidad autónoma, en especial de Catalunya, Comunidad Valenciana, Madrid y Navarra.

Uno de los vertederos activos es el ubicado en la localidad conquense de Almonacid del Marquesado que recibe 500 toneladas diarias de residuos, según los datos facilitados por Ecologistas en Acción. Cuenta con una superficie de unas 53 hectáreas y es, según la organización ecologista, “es el vertedero privado más grande de España que se diseñó para enterrar residuos importados, gracias a que en Castilla-La Mancha no existe tasa de vertido”.

Ahora, la organización ecologista se pregunta si este u otro vertedero en la comunidad autónoma castellanomanchega puede ser depositario de los residuos procedentes de Zaldibar, en Vizcaya, que es noticia estos días por el derrumbe en el vertedero de esta localidad en el que desaparecieron dos personas y que provocó un incendio.

El debate sobre la gestión de los vertederos vuelve a estar sobre la mesa. En junio de 2019 la organización ecologista ya puso el foco en el que calificó de “macrovertedero” conquense exigiendo “transparencia” y ahora muestra su “preocupación” por que se repita en Almonacid del Marquesado lo que ha ocurrido en la localidad vasca.

Por eso se exige al Gobierno de Castilla-La Mancha que se haga público el origen y las características de los residuos recibidos por los nueve vertederos industriales operativos de la región.

“Sin tasa de vertido y con un control que no funciona”

Y es que, añaden, en “el desastre” del vertedero de Zaldibar hay que tener en cuenta que en ambos territorios (País Vasco y Castilla-La Mancha) “no existe tasa pública de vertido y el control e inspección no ha funcionado adecuadamente” y se remite a dos casos del pasado reciente en la región.

No es la primera vez que la organización ambientalista denuncia que Castilla-La Mancha es el “destino deseado” para depositar la basura industrial de España. Incendios como el del vertedero de neumáticos en Seseña (Toledo) o el de Chiloeches en Guadalajara pusieron de manifiesto la existencia de “puntos negros” en una comunidad autónoma en la que no existe tasa de vertido, a pesar de ser la primera de España en haber aprobado una Ley de Economía Circular. Una normativa que está todavía por desarrollar y presupuestar.

El vertedero de Almonacid del Marquesado es propiedad del grupo catalán Griñó y empezó a operar en septiembre de 2019. Según la organización ecologista está recibiendo en torno a 25 camiones diarios. Estos vehículos deben acceder al vertedero, directamente desde la carretera CM-3011, puesto que no tiene acceso dedicado.

En la autorización ambiental integrada de este vertedero figura una lista de residuos autorizados (códigos LER) con unos 300 tipos de residuos: de transformación física y química de minerales; lodos de lejías y de destintado de papel; lodos que contienen metales pesados; lodos de pintura, barniz, adhesivos y tintas, etc.

Y según refleja la resolución por la que se aprueban las operaciones de gestión y tratamiento de residuos la mayor parte de ellos, hasta 232.500 toneladas/año pertenecientes a más de 100 tipos distintos de residuos, “podrán ir a vertedero, sin pasar por la planta de tratamiento”, desmintiendo las declaraciones que realizó Juan Griñó en su visita a Cuenca, así como las del delegado de la Junta (que llegó a decir que el macrovertedero crearía 200 puestos de trabajo) y que denunció Ecologistas en Acción.

La organización ecologista sostiene que, debido a la naturaleza de estos residuos, las afecciones potenciales al entorno son enormes: “Si las barreras de protección no funcionaran adecuadamente, los efectos a los suelos y las aguas subterráneas,serían desastrosas y en amplias áreas”.

Además, remarcan, tampoco se establecen medidas adicionales de protección ante la cercanía del Parque Arqueológico de Segóbriga.

“¿Vendrán los residuos del vertedero de Zaldibar a Castilla-La Mancha?”

Este viernes, Ecologistas en Acción ha reclamado a la Junta castellanomanchega que “publique información actualizada y fiable de los residuos industriales producidos en Castilla-La Mancha, así como los residuos recibidos, especificando códigos LER y lugar de procedencia”. De este modo, indican, se cumpliría la Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados.

Además exigen conocer “los resultados de las inspecciones sobre los residuos importados en aplicación del Plan de Inspección de Traslados Transfronterizos de Residuos y si se van a recibir residuos del vertedero de Zaldibar a vertederos de Castilla-La Mancha”, según declara Carlos Villeta de Ecologistas en Acción de Cuenca.

“Hemos solicitado diversa documentación y una reunión con el alcalde de Almonacid del Marquesado y presidente de Diputación Álvaro Martínez Chana, pero desconocemos la razón por la que no ha contestado a nuestras demandas”. Dicen estar interesados “especialmente” en “la cuantía que recibe su ayuntamiento de la empresa propietaria del macrovertedero, merced al convenio que ha firmado. Estamos convencidos de la importancia de la transparencia en proyectos tan impactantes como este”, apunta María Andrés, presidenta de Ecologistas en Acción de Cuenca.

“Todos los residuos están controlados” y ya hay borrador para la tasa de vertido

Desde la Consejería de Desarrollo Sostenible recuerdan que Castilla-La Mancha acaba de aprobar una Ley de Economía Circular que ya contempla esa situación y que actualmente se está desarrollando la estrategia. “Tenemos un año” para hacerlo, remarcan fuentes de este departamento.

Esta estrategia, añaden, incluye un borrador con el impuesto sobre vertidos que clasifica en tres los tipos de residuos: tanto los peligrosos, como los no peligrosos y los inertes. “El borrador ya está elaborado”, confirman las mismas fuentes, aunque todavía no es público. En él se detalla la tasa que se pagará y que estará relacionada con la clasificación del residuo.

“Será un impuesto progresivo” que comenzará a aplicarse entre 2020/2021 y tendrá vigencia hasta el año 2026, coincidiendo con el final del Plan Integral de Gestión de Residuos en Castilla-La Mancha.

Desarrollo Sostenible asegura que “todos los residuos que entran en Castilla-La Mancha están controlados”, recuerda que existe una ley nacional que “obliga a las comunidades autónomas a comunicar cualquier residuo que salga de su territorio y el destino” y que ya existe una plataforma informática “que registra todos los residuos que entran y salen”. Esa plataforma solo es accesible a las empresas y requiere autentificación para conocer su contenido. De momento, además, sigue vinculada a la Consejería de Agricultura, que ahora ya no ostenta las competencias en medio ambiente.

“Los que no cumplen con la normativa, se devuelven a su sitio de origen”, zanjan las fuentes del Gobierno regional consultadas.

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) ha publicado la orden de la Consejería de Desarrollo Sostenible por la que se crea la Comisión de Coordinación de Economía Circular y se establece su composición. La función de este órgano será la de coordinar y colaborar en la adopción de medidas para el cumplimiento de los objetivos de la Ley de Economía Circular.

Con ello, el Gobierno regional da un paso más en la consecución de los objetivos establecidos en esta normativa autonómica, aprobada el pasado mes de noviembre. Precisamente, la semana pasada también comenzó la consulta pública previa para la elaboración de la Estrategia de Economía Circular, donde se establecerán las líneas maestras a seguir para la implantación de este modelo en Castilla-La Mancha.

Según publica el DOCM, la Presidencia de la Comisión la ostentará la persona titular del órgano con competencias en economía circular, la Vicepresidencia Primera la persona titular de la Viceconsejería con competencias en materia de economía circular y la Vicepresidencia Segunda la persona titular de la Dirección General con competencias en materia de economía circular.

En cuanto a las vocalías, habrá un máximo de quince, correspondientes a las personas titulares de las direcciones generales de las consejerías que integran la estructura organizativa de esta Administración regional, cuyo ámbito competencial estén afectadas en el ámbito de la Estrategia de Economía Circular.

Así, se trata de competencias en materia de agenda 2030 y consumo, energía, medio natural y biodiversidad, cohesión territorial, desarrollo rural y agua, agricultura y ganadería, planificación y programación de las políticas agroambientales, planificación territorial y urbanismo, transporte y movilidad, empresas, turismo y comercio, política financiera y fondos comunitarios, contratación pública del sector público, política educativa, universitaria e investigación.

Cooperativas, empresas, gestores de residuos...

Del mismo modo, habrá un miembro en representación de las organizaciones profesionales agrarias con mayor representatividad en la Comunidad Autónoma, uno en representación de Cooperativas Agroalimentarias, uno en representación de la Confederación de Empresarios, uno en representación de los gestores de residuos, uno en representación de la asociación de empresas energéticas y uno en representación de la asociación de consumidores y usuarios.

También habrá un miembro en representación de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha, uno en representación de representación de las organizaciones no gubernamentales con ámbito de actuación y representación en la región, cuyo objeto social sea la defensa del medio ambiente, uno en representación de la Universidad de Castilla-La Mancha y uno en representación de la Universidad de Alcalá de Henares.

Por último, la composición de la Comisión tenderá a garantizar la representación equilibrada de hombres y mujeres en los términos previstos en la Ley de Igualdad de Hombres y Mujeres de Castilla-La Mancha.

La primera Ley de Economía Circular ya es una realidad en España. Castilla-La Mancha ha conseguido, como quería, ponerse “a la vanguardia” de este modelo económico al convertirse en la primera comunidad autónoma que otorga rango legislativo a las medidas destinadas al mínimo vertido y a promover la permanencia de la vida de los productos, bienes y servicios. Ahora, el Gobierno regional se ha dado un año de plazo para elaborar una Estrategia de Economía Circular que desarrolle la ley y sus principales novedades: un impuesto que gravará el depósito de residuos -que se está consensuando con empresas y organizaciones- y una fianza para la instalación compañías contaminantes.

El pleno de las Cortes regionales ha sacado adelante esta ley en lectura única puesto que no ha habido enmiendas parciales de los partidos de la oposición. La norma ha contado con los votos a favor del PSOE y de Ciudadanos y la abstención del PP, que ya presentó una enmienda a la totalidad.

Pese a su voto favorable, el Grupo Parlamentario de Cs, por boca del diputado Alejandro Ruiz, ha sido muy crítico con la norma por estar “vacía de contenido y de presupuesto” y ha condicionado su respaldo a que tenga un desarrollo viable y con medidas concretas. Por su parte, la diputada del PP Gema Guerrero ha remarcado la necesidad de redactar “una nueva ley” puesto que la ahora aprobada no tiene ni presupuesto ni medidas concretas. “Es 'inenmendable', porque no hay nada que enmendar, no aprueba ni dice nada”, ha apostillado.

El consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, ha sido el encargado de defender esta normativa ante el pleno tras dos años de preparación y redacción. Según ha afirmado, se trata del inicio de un nuevo camino en la economía castellanomanchega, que “se sube a la locomotora de la sostenibilidad” para “avanzar juntos en un futuro común”. “Se trata de una norma integradora, refrendada por la sociedad, las empresas y los diferentes sectores, a los agradecemos su empatía”.

De igual forma, Escudero ha recordado que la normativa es también obligatoria para hacer cumplir la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): “Nos encontramos en una situación sin precedentes; es una norma que debemos defender ante los desafíos del cambio climático, la transición energética, y al desafío de la biodiversidad”.

¿Qué dice la nueva ley?

Optimizar el valor de productos, materiales y recursos, reduciendo al mínimo la generación de residuos es el pilar fundamental de lo que conocemos como economía circular. Y su objetivo, ser sostenible, hipocarbónica, eficiente en el uso de los recursos y, a la vez, competitiva. El Gobierno castellanomanchego quiere que el uso eficiente de los recursos sean los “ejes vertebradores de todas las políticas públicas y de los nuevos sectores económicos” y busca generar condiciones óptimas para fomentar la aparición de nuevos nichos de negocio. A nivel ambiental, el impacto fijado quiere traducirse en una reducción del consumo de materias primas y de la generación de residuos, en aras del medio ambiente, el clima, la diversidad biológica y la salud humana.

Su ámbito de aplicación abarca todas las fases del ciclo de vida de un bien, producto o servicio, ya que no solo se refiere a la gestión y reciclaje de residuos, sino que también implica “la gestión racional de todos los recursos que son necesarios para su producción y distribución”. Entre estos destacan los recursos materiales y energéticos, el agua y el uso del suelo, tanto en el ámbito de la producción, distribución y consumo como en la gestión de residuos, en el mercado de materias primas secundarias y, asimismo, en los aspectos de innovación e inversión.

La transición hacia una economía circular se hará incentivando la implantación y la permanencia en territorio castellano-manchego de empresas y actividades cuyo objetivo se encuadre en este ámbito. Para ello, la Administración regional promoverá los incentivos económicos, bien con fondos propios o cofinanciados europeos, para la reducción del despilfarro alimentario, insumos materiales y energéticos.

Por otro lado, se introduce la obligación de establecer un tributo, en el plazo de un año, que grave el depósito de residuos en vertedero. Esto derivaría a su vez en la “desincentivación” del uso de vertederos frente a su reciclado. Y además, promulga la reinversión de su recaudación en mejorar la gestión de los residuos y en llevar a cabo actuaciones contempladas en el Plan Integrado de Gestión de Residuos. En ese mismo plazo se aprobarán las correspondientes normas técnicas para la determinación de las cuantías de las fianzas que deberán pagar las empresas contaminantes. Es decir, la ley no implanta algunas medidas, que quedan por desarrollar a corto plazo.

En la futura Estrategia de Economía Circular se contemplarán también medidas transversales específicas relacionadas con la administración y el buen gobierno, especialmente con el fomento de la compra pública verde, los recursos naturales (hídricos, suelo y biodiversidad), la investigación, el desarrollo y la innovación y la concienciación, formación y divulgación (educación para la sostenibilidad, consumo responsable y empleo verde) y medidas sectoriales específicas relacionadas con la sostenibilidad local, la gestión de residuos, el sector agroalimentario y silvícola y el energético, industrial y turístico.

En base a los cálculos del Gobierno regional, la economía circular ayudará a generar unos 30.000 puestos de trabajo en la región y “mucha riqueza vinculada al aprovechamiento de todo lo que ahora no forma parte de la cadena de economía”. Desde el Ejecutivo parten del hecho de que algunas de las medidas ya implantadas como el Plan de Gestión de Residuos, el Plan de Biomasa Forestal, el Cecreto contra el Desperdicio Alimentario o la estrategia de biorresiduos ya están dando sus frutos y dibujan un escenario optimista en este sentido.

La ley no incorpora ninguna memoria económica porque no se prevén gastos adicionales de presupuesto. Los incentivos y las medidas de promoción procederán de lo ingresado gracias a los tributos por depósito y a las fianzas antes mencionadas, además de los fondos europeos. La máxima del Gobierno en este sentido es que “quien contamina, paga” y que todo lo ingresado en ese sentido se reinvierta para instaurar progresivamente el modelo circular.

Cambiar el modelo productivo lineal por otro circular, es decir, reducir al mínimo la generación de residuos para darle una nueva vida a los productos, se ha convertido en un ‘mantra’ desde hace años en el Gobierno de Castilla-La Mancha. Los incendios del vertedero ilegal de neumáticos en Seseña y de una planta de residuos en Chiloeches marcaron un antes y un después en este sentido. No es que el Ejecutivo de Emiliano García-Page no lo hubiera pensado antes -estaba en su programa electoral de 2015- sino que pisó el acelerador en este sentido. Aprobó al inicio de la legislatura pasada un Plan Integrado de Gestión de Residuos al que sigue ahora el proyecto de Ley de Economía Circular.

El pleno de las Cortes regionales lo aprobará hoy en lectura única y con la mayoría absoluta que ostenta el PSOE, después de que se rechazara la enmienda a la totalidad del PP y de que no se hayan presentado otras. Con ello, esta comunidad autónoma se convertirá en la primera región española en tener una normativa propia.

1. ¿Cuál es el principal objetivo?

Optimizar el valor de productos, materiales y recursos, reduciendo al mínimo la generación de residuos es el pilar fundamental de lo que conocemos como economía circular. Y su objetivo, ser sostenible, hipocarbónica, eficiente en el uso de los recursos y, a la vez, competitiva.

La futura Ley de Economía Circular pretende ir mucho más lejos: el Gobierno quiere que el uso eficiente de los recursos sean los “ejes vertebradores de todas las políticas públicas y de los nuevos sectores económicos” y busca generar condiciones óptimas para fomentar la aparición de nuevos nichos de negocio. A nivel ambiental, el impacto fijado quiere traducirse en una reducción del consumo de materias primas y de la generación de residuos, en aras del medio ambiente, el clima, la diversidad biológica y la salud humana.

También se establece el objetivo de favorecer el cálculo de los servicios ecosistémicos que se ven envueltos en cada proceso productivo, evitando la degradación; aumentar la durabilidad de los productos (darles una “segunda vida” tras el reciclaje o aprovechando los que no se puedan reciclar); optimizar el modo de organización industrial mediante una gestión eficaz de los 'stocks'; e incentivar el cálculo de la huella de carbono, la huella hídrica y la huella ecológica en las todas las actividades económicas.

2. ¿A qué productos se aplicará?

Básicamente, su ámbito de aplicación abarca todas las fases del ciclo de vida de un bien, producto o servicio, ya que no solo se refiere a la gestión y reciclaje de residuos, sino que también implica “la gestión racional de todos los recursos que son necesarios para su producción y distribución”. Entre estos destacan los recursos materiales y energéticos, el agua y el uso del suelo, tanto en el ámbito de la producción, distribución y consumo como en la gestión de residuos, en el mercado de materias primas secundarias y, asimismo, en los aspectos de innovación e inversión.

3. ¿Cómo se hará?

Al tratarse de un escenario totalmente novedoso, el Gobierno quiere facilitar la transición hacia una economía circular incentivando la implantación y la permanencia en territorio castellano-manchego de empresas y actividades cuyo objetivo se encuadre en este ámbito. Para ello, la Administración regional promoverá los incentivos económicos, bien con fondos propios o cofinanciados europeos, para la reducción del despilfarro alimentario, insumos materiales y energéticos.

Por otro lado, se introduce la obligación de establecer un tributo que grave el depósito de residuos en vertedero. Esto derivaría a su vez en la “desincentivación” del uso de vertederos frente a su reciclado. Y además, promulga la reinversión de su recaudación en mejorar la gestión de los residuos y en llevar a cabo actuaciones contempladas en el Plan Integrado de Gestión de Residuos.

4. ¿Qué importes se manejan para ese tributo?

Todavía no se ha hecho público. En el plazo de un año de la entrada en vigor de esta Ley se debe haber regulado el tributo por el que se grave el depósito de residuos en vertedero. En ese mismo plazo se aprobarán las correspondientes normas técnicas para la determinación de las cuantías de las fianzas que deberán pagar las empresas contaminantes. Es decir, la ley no implanta algunas medidas, que quedan por desarrollar a corto plazo.

5. ¿Qué tipo de regulación tendrán entonces las medidas posteriores?

La Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo máximo de doce meses desde la entrada en vigor de la ley, elaborará en coordinación con los departamentos que ostenten competencias de agua, energía, industria, economía, comercio, consumo, educación, suelo y ordenación del territorio, una Estrategia de Economía Circular de Castilla-La Mancha (que sí existe en otras comunidades autónomas). Esta última deberá ser aprobada por el Consejo de Gobierno mediante decreto, donde se incluirán los mecanismos de aplicación.

6. ¿Será también vinculante para la Administración?

Es en esta futura Estrategia donde se contemplarán también medidas transversales específicas relacionadas con la administración y el buen gobierno, especialmente con el fomento de la compra pública verde, los recursos naturales (hídricos, suelo y biodiversidad), la investigación, el desarrollo y la innovación y la concienciación, formación y divulgación (educación para la sostenibilidad, consumo responsable y empleo verde) y medidas sectoriales específicas relacionadas con la sostenibilidad local, la gestión de residuos, el sector agroalimentario y silvícola y el energético, industrial y turístico.

En la elaboración de esta futura hoja de ruta se contará obligatoriamente desde el principio con la participación de la ciudadanía. Además, será objeto de evaluación ambiental e incluirá un informe de la Oficina de Cambio Climático de Castilla-La Mancha. Asimismo, dentro del mes siguiente a la entrada en vigor de la Ley de Economía Circular, se deberá crear una comisión de coordinación y colaboración entre administraciones.

7. ¿Qué cifras maneja Castilla-La Mancha para poner en marcha este modelo?

En base a los cálculos del Gobierno regional, la economía circular ayudará a generar unos 30.000 puestos de trabajo en la región y “mucha riqueza vinculada al aprovechamiento de todo lo que ahora no forma parte de la cadena de economía”. Desde el Ejecutivo parten del hecho de que algunas de las medidas ya implantadas como el Plan de Gestión de Residuos, el Plan de Biomasa Forestal, el Cecreto contra el Desperdicio Alimentario o la estrategia de biorresiduos ya están dando sus frutos y dibujan un escenario optimista en este sentido.

8. ¿Con qué consenso político cuenta?

El proyecto de Ley se aprueba después de que el pleno de la semana pasada rechazara la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Sin embargo, tras ello, ningún partido de la oposición ha presentado enmiendas parciales y por eso se aprobará en lectura única. Saldrá adelante con la mayoría absoluta del PSOE pero es improbable que ahora el PP vaya a darle su apoyo. Tampoco Ciudadanos, que cuenta con cuatro diputados en las Cortes, se ha manifestado al respecto, pero este partido votó en contra de la enmienda a la totalidad del PP, por lo que es previsible que pueda dar su apoyo al proyecto de ley.

9. ¿Cuánto costará?

La ley no incorpora ninguna memoria económica porque no se prevén gastos adicionales de presupuesto. Los incentivos y las medidas de promoción procederán de lo ingresado gracias a los tributos por depósito y a las fianzas antes mencionadas, además de los fondos europeos. La máxima del Gobierno en este sentido es que “quien contamina, paga” y que todo lo ingresado en ese sentido se reinvierta para instaurar progresivamente el modelo circular.

La responsabilidad respecto a los impactos ambientales y la mejora de la competitividad son las dos principales ventajas que los actores, instituciones y organizaciones argumentan para defender la apuesta por la economía circular. Así ha quedado patente en algunas de las intervenciones de la jornada ‘Oportunidades y beneficios de la economía circular’ organizada por la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (CECAM) en Toledo.

Entre las principales conclusiones, Eliseo Cuadrao de la Guía, director de la Fundación General de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y creador de la iniciativa ‘Castilla-La Mancha Sostenible’,  ha resaltado el papel fundamental del consumidor responsable que busca valores “más allá de la calidad y el precio”, y que quiere productos que respeten el medio ambiente.

Ha resaltado en este sentido la importancia de dar cuerpo y concretar el concepto de ‘sostenibilidad’ puesto que hace 20 años no existía como tal, sino que imperaban factores dispersos de la responsabilidad social. Hoy en día “se configura como la gran iniciativa de defensa del planeta que supone oportunidad y ventajas” para las empresas.

El beneficio “competitivo”

Para este objetivo, ha llamado a las empresas a adelantarse a los impactos que pueden generar porque con ello también se genera un beneficio “competitivo”. “Los consumidores ya buscan valores más allá de la calidad y el precio. También están muy atentos a los impactos de las empresas en el entorno local, a si hay planes de igualdad e inclusión o a si incorporan mejoras en el rendimiento energético. Tenemos que empezar a entenderlo y a detectar cómo nos relacionamos con el consumo responsable, es decir también como oportunidad competitiva”.

Dicho esto, el responsable de la Fundación de la UCLM ha detallado el proyecto ‘Castilla-La Mancha Sostenible’ como el resultado final de un proceso iniciado hace diez años mediante cursos, seminarios, guías normativas y cursos para pymes.  Surgió de la necesidad de adaptación de las empresas a los cambios normativos en transparencia y economía circular, además de las nuevas oportunidades de trabajo en este ámbito.

Realizada con CECAM y con la Junta de Castilla-La Mancha, la plataforma ha comenzado este mismo año con el objetivo de convertirse en un referente informativo y formativo en el ámbito de la sostenibilidad en la comunidad autónoma, “muy relevante” también en la Agenda 2030 y  en su aplicación en el ámbito local. Entre sus contenidos se encuentran aspectos de economía circular, vertidos, emisiones, energías renovables, reutilización, consumo responsable, economía social, cooperativas, inversión y acción social.

En la jornada también ha intervenido Javier Ariza, coordinador de Medio Ambiente de la Consejería de Desarrollo Sostenible, quien también ha ensalzado la economía circular como “vía de crecimiento y desarrollo de las empresas”. “Es necesario porque los recursos materiales están llegando a un nivel de consumo imposible de mantener en los próximos años; el usar y tirar debe cambiar a reciclar, reducir y reutilizar junto con el aumento de la eficiencia energética”.

Ha explicado que se ha triplicado el consumo total de recursos, lo que provoca interrupciones en el suministro y precios volátiles de materias primas, materiales y recursos. Esta situación provocó la Comunicación que hace cuatro años dirigió la Comisión Europea al Parlamento comunitario y que derivó en un paquete de medidas sobre la economía circular, con cuatro directivas comunitarias que están en fase de transposición a la legislación española.

Al hilo de ello, el Gobierno español trabaja en una Estrategia estatal actualmente paralizada. En Castilla-La Mancha, habrá una estrategia autonómica posterior a la Ley actualmente en tramitación. Será en el plazo de un año desde que se apruebe la normativa regional e incluirá, entre otras cuestiones, tasas de vertido y fianzas a gestores de residuos para garantizar que si no cumplen con sus obligaciones, no tengan que abonarse posibles impactos medioambientales con dinero público.

La portavoz del grupo parlamentario socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar, ha señalado que es “lamentable” que el PP haya presentado una enmienda a la totalidad al proyecto de Ley de Economía Circular, una normativa relacionada con el desarrollo sostenible, en una día en que se celebran manifestaciones en todo el mundo para frenar el cambio climático.

Abengózar ha criticado también que el grupo parlamentario popular haya presentado esta enmienda “sin texto alternativo”, con lo que ha cuestionado su “capacidad de trabajo”. “En un día tan importante, tan significativo, el PP registra una enmienda a la totalidad sin texto alternativo a la Ley de Economía Circular”, ha lamentado y, con ello, ha destacado la importancia de esta normativa.

Ha resaltado que Castilla-La Mancha se sitúa a la vanguardia de la economía circular con una ley pionera con un triple beneficio sostenible: social, económico y medioambiental. Para Abengózar, es “lamentable” que el PP “esté a otra cosa”.

El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha dicho que “es una pena” que leyes como la de Economía Circular o la de Evaluación Ambiental, en las que el Ejecutivo regional tenía “muchas” ilusiones puestas, “no lleguen a ver la luz”. Así se ha pronunciado a propósito de la decisión de la Junta de paralizar toda la agenda legislativa trasladando la responsabilidad al diputado de Podemos David Llorente.

“Estamos trabajando independientemente de los avatares de la política regional”, ha señalado Arroyo, quien ha agregado que “cada uno tiene que asumir sus responsabilidad y Podemos tiene que decirle a los ciudadanos por qué no se aprueban esas leyes tan importantes desde el punto de vista ambiental” para la comunidad autónoma.

No obstante, el consejero se ha mostrado esperanzado al señalar que todavía queda tiempo. “Espero que juntos podamos hacer de Castilla-La Mancha una región mejor desde el punto de vista medioambiental. Tenemos tiempo pero estoy convencido de que si no es antes de las elecciones, será después”.

Arroyo ha concretado que el Proyecto de Ley de Evaluación Ambiental pasó por el Consejo de Gobierno para su remisión a las Cortes regionales y que es decisión del Parlamento autonómico calificarla o no antes de que termine la legislatura y que la Ley de Economía Circular pasó por el Consejo de Gobierno para su envío al Consejo Consultivo.

Uno de los proyectos medioambientales más importantes de la legislatura castellano-manchega ya ha pasado por su primer trámite en el Ejecutivo regional. El Consejo de Gobierno ha tomado en consideración el anteproyecto de Ley de Economía Circular para su remisión al Consejo Consultivo, que ahora tendrá que emitir dictamen. El objetivo es que sea aprobado antes de que termine la legislatura, es decir, en los dos meses que restan de periodo parlamentario de sesiones. Se trata de una normativa pionera en España que ya ha ido adelantando eldiarioclm.es y que ha resumido el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo.

Con esta normativa, ha recordado, Castilla-La Mancha se pondrá “a la vanguardia” del país y de todas las comunidades autónomas en la protección del medio ambiente, transformando los procesos lineales en circulares. Esto significa que se pasará de una forma de enfocar la producción, la utilización y el desecho a un modelo bajo las premisas de reutilización, recogida y reciclado.

Ha puesto como ejemplo actividades que ya se realizan en la región como la reutilización del agua de las depuradoras para regadíos en el Alto Guadiana. De hecho, ha hecho hincapié en que a lo largo de la legislatura se han puesto en práctica iniciativas para fomentar el uso de las energías renovables, el ahorro y la eficiencia energética, así como estrategias específicas de cambio climático, biorresiduos y uso de la biomasa. “Son enfoques que están presentes en esta ley, esfuerzos ya puestos en práctica por parte del Gobierno”.

Pero fundamentalmente, el consejero ha remarcado que el anteproyecto de ley prevé que en el plazo de un año tras su entrada en vigor se apruebe mediante decreto un sistema de fianzas para aquellas empresas que gestionen residuos peligrosos, para poder hacer frente a los gastos ante posibles vertidos. Esta medida responde al compromiso que adquirió el Gobierno castellano-manchego tras el incendio del vertedero ilegal de neumáticos de Seseña. Las fianzas, ha añadido, se impondrán en función de la peligrosidad de los residuos.

También en el plazo de un año se regulará el tributo por el cual se gravarán los residuos industriales peligrosos y no peligrosos, y los de construcción y demolición de vertederos. Este impuesto no se aplicará a los residuos domésticos, sino tan solo a aquellos generados por empresas que van al vertedero en vez de a su reutilización. Aunque todavía no se han concretado las cifras ni de fianzas ni de tasas, el consejero ha dejado claro que esa recaudación se destinará al cien por cien al fomento de la economía circular.

Proyección económica

Martínez Arroyo ha mostrado su optimismo en cuanto al respaldo y consenso en torno a la futura ley, de la que también ha resaltado su proyección económica. Concretamente, ha adelantado que la economía circular, según estudios recientes, va a suponer un incremento de rentabilidad del 30% por ciento en el sector empresarial“. ”Se crearán nuevos nichos de mercado para empresas limpias, nuevas oportunidades de negocio y nuevo empleo vinculado, al mismo tiempo que se consigue un triple beneficio sostenible: protección del medio ambiente, reducción de gases de efecto invernadero y lucha contra el cambio climático“.

Otro dato que ha querido destacar es que mientras el objetivo marcado por la Unión Europea es que en 2030 se recicle al menos el 70% de los envases para una economía sostenible, en Castilla-La Mancha ya se ha cumplido este mínimo: 80% en plásticos, 75% en papel y 88% en metales. Y en el futuro, con la aplicación de la nueva normativa, la región se implicará al cien por cien en su reutilización.

“Es un paso importante para mejorar la regulación de un sector complicado”, ha señalado, concluyendo con la previsión de que en todas las líneas de ayudas públicas de la Junta ya se está dando prioridad a proyectos con enfoque de economía circular.  “La maquinaria de la Administración ya se está adaptando”.

Caminar hacia el “mínimo vertido” se ha convertido en uno de los objetivos ambientales más importantes del Gobierno de Castilla-La Mancha y su intención es aprobar antes de que acabe la legislatura la nueva Ley de Economía Circular de esta comunidad autónoma. En ese caso, sería la primera normativa en toda España que regula ampliar el ciclo de vida de los productos, pero para ello todavía debe salvar una serie de trámites que pasan por la luz verde en el Consejo de Gobierno y después su tramitación en las Cortes regionales. Antes de que finalice la legislatura y se convoquen elecciones autonómicas solo resta ya el periodo de sesiones hasta marzo.

El último paso previo que la Viceconsejería de Medio Ambiente ha dado en la tramitación de esta ley ha sido la incorporación de varias de las peticiones incluidas en las alegaciones al texto. Además de incluir en su preámbulo una serie de directivas europeas relacionadas por la gestión de residuos, también ha incorporado otras peticiones de colectivos, empresas y particulares.   

Una de las más significativas ha sido realizada por la empresa de reciclaje Ecoembes. En su petición establece la necesidad de que exista una estrategia-marco estatal que establezca las metas a seguir y la necesaria coordinación entre administraciones. También pide aplicar nuevos modelos de educación y formación ambiental dentro de los modelos reglados y no reglados, así como fomentar el ecodiseño y mejorar la calidad de la recogida selectiva.

Este colectivo defiende uno de los aspectos más innovadores de la ley: penalizar el vertido y gravar fiscalmente aquellos a través de una tasa disuasoria y armonizada, al tiempo que demanda mecanismos fiscales que fomenten los “comportamientos responsables y sostenibles en todos los niveles, desarrollando políticas efectivas de compra verde”. Este último punto se encuentra también recogido en el anteproyecto, mediante la regulación de incentivos y ayudas para empresas que contribuyan a esa economía circular.

Participación en la futura comisión de coordinación

Al igual que otros colectivos como Aspapel, centrado en el reciclado de la industria del papel, Ecoembes pide su participación en la futura comisión de coordinación y colaboración que contempla ley, a lo que obtiene la respuesta positiva de la Viceconsejería, con la intención de que este nuevo órgano, que vigilará también el cumplimiento de la norma, sea lo más “participativo” posible.   

Una aportación importante ha sido también la de los particulares. El anteproyecto de ley cuenta ahora con la incorporación del término “preparación para la reutilización” en virtud de una de estas peticiones. Ha considerado el Gobierno que si bien esta acción está en el espíritu de la ley, no se menciona ningún producto en concreto, por lo que modifica su artículo 12 para establecer que aumentar la durabilidad de los productos requiere la reutilización “de los bienes o ciertas partes de los mismos”, y no solo de los residuos.

Finalmente, otras de las aportaciones particulares propone hacer más concreto el compromiso de las administraciones públicas en cuanto a la contratación pública circular como “un proceso por el cual las autoridades tratan de adquirir mercancías, servicios y obras con un impacto medioambiental recudido durante su ciclo de vida”. Aunque el anteproyecto también comprende esta máxima, la Viceconsejería ha propuesto cambiar el apartado en el que se encuentra para incluir que habrá medidas transversales específicas con la administración y el buen gobierno, especialmente “con el fomento de la compra pública verde y la contratación pública circular”.

Durante el Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA) celebrado el pasado mes de noviembre, Castilla-La Mancha tuvo un protagonismo especial en el caso de la economía circular. Acogió una mesa colectiva sobre esta cuestión donde se recordó que esta ley competerá a todas las consejerías por su carácter transversal. Esta ha sido precisamente una de las dificultades que han encontrado los servicios jurídicos de la Consejería de Medio Ambiente durante la elaboración del borrador: regular las competencias de otras consejerías. Por eso, finalmente se ha incluido en una disposición transitoria y establece un plazo de dos años para que el resto de departamentos se adapten a ella, una vez que entre en vigor.

Con carácter general, y tal como ha repetido el consejero de Medio Ambiente, Francisco Martínez Arroyo, en varias ocasiones, una de las máximas de la ley es que “quien contamina, paga”, entrando a fondo una de las cuestiones ambientales que más aristas presentan en España: la gestión de residuos y vertederos. Aunque parte de este objetivo ya se encontraba en el programa electoral del PSOE antes de regresar al Ejecutivo regional en 2015, los incendios del vertedero ilegal de neumáticos en Seseña (Toledo) y de una planta de residuos en Chiloeches (Guadalajara) desataron las alarmas. Hace dos años, el Gobierno de Emiliano García-Page aprobó un nuevo Plan Integrado de Gestión de Residuos, que busca ahora su puesta de largo con esta Ley de Economía Circular.

Optimizar el valor de productos, materiales y recursos, reduciendo al mínimo la generación de residuos, es el pilar fundamental de lo que conocemos como economía circular. Y su objetivo, ser sostenible, hipocarbónica, eficiente en el uso de los recursos y, a la vez, competitiva. En el texto del anteproyecto el Ejecutivo regional habla incluso de “un cambio social y de modelo productivo, económico y de consumo”. Al mencionado Plan Integrado de Gestión de Residuos se unió recientemente la Estrategia sobre Biomasa Forestal de Castilla-La Mancha dentro del Programa de Mitigación y Adaptación frente al Cambio Climático y con el horizonte puesto también en un futuro proyecto de gestión de biorresiduos.

Pero la futura Ley de Economía Circular pretende ir mucho más lejos: el Gobierno quiere que el uso eficiente de los recursos sean los “ejes vertebradores de todas las políticas públicas y de los nuevos sectores económicos” y busca generar condiciones óptimas para fomentar la aparición de nuevos nichos de negocio. A nivel ambiental, el impacto fijado quiere traducirse en una reducción del consumo de materias primas y de la generación de residuos, en aras del medio ambiente, el clima, la diversidad biológica y la salud humana.

Es el motivo por el que el ámbito de aplicación de la nueva norma abarcará todas las  fases del ciclo de vida de un bien, producto o servicio, ya que no solo se refiere a la gestión y reciclaje de residuos, sino que también implica “la gestión racional de todos los recursos que son necesarios para su producción y distribución”. Entre estos destacan los recursos materiales y energéticos, el agua y el uso del suelo, tanto en el ámbito de la producción, distribución y consumo como en la gestión de residuos, en el mercado de materias primas secundarias y, asimismo, en los aspectos de innovación e inversión.

Se trata de un escenario totalmente novedoso. Por eso, para facilitar la transición hacia una economía circular, se incentivará la implantación y la permanencia en territorio castellano-manchego de empresas y actividades cuyo objeto se encuadre en el ámbito de la economía  circular. La Administración regional promoverá los incentivos económicos, bien con fondos propios o cofinanciados europeos, para la reducción del despilfarro alimentario, insumos materiales y energéticos.

Tributos y fianzas

Por otro lado, se introduce la obligación de establecer un tributo que grave el depósito de residuos en vertedero. Esto derivaría a su vez en la “desincentivación” del uso de vertederos frente a su reciclado. Y además, promulga la “reinversión” de su recaudación en mejorar la gestión de los residuos y en llevar a cabo actuaciones contempladas en el mencionado Plan Integrado de Gestión de Residuos.

En el plazo de un año de la entrada en vigor de esta Ley se debe haber regulado el  tributo por el que se grave el depósito de residuos en vertedero así como la reinversión de su recaudación en mejorar la gestión de los residuos y en llevar a cabo actuaciones contempladas en la planificación de gestión de residuos de Castilla-La Mancha. En ese mismo plazo se aprobarán  las  correspondientes  normas técnicas para la determinación de las cuantías de las fianzas.

Con las autorizaciones que está dando la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en Castilla-La Mancha se podrán verter en la región al menos 593.050 toneladas al año de residuos conceptuados como “no peligrosos”. Estos residuos proceden de actividades industriales por lo que generan “altas dosis de contaminación”, graves riesgos ambientales e incendios como el de Chiloeches, junto con una gran degradación del territorio. Así lo ha denunciado Ecologistas en Acción para poner sobre la mesa varios ‘puntos negros’ en esta comunidad autónoma en cuanto a residuos.

Según afirman, estas cifras contrastan con las incluidas en el Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha de la región, que señala que en 2014 se depositaron en vertedero o almacenaron en espera de depósito unas 31.000 toneladas de residuos industriales no peligrosos (RINP). En esa fecha y según el mismo plan, el 50,34% de los mismos provenían de otras comunidades autónomas, por lo que “ahora el porcentaje sería aún mayor”.

Concretamente, y como ejemplo, apuntan que cuando el vertedero de Almonacid del Marquesado (Cuenca) se ponga en marcha se abrirá así la posibilidad de multiplicar hasta por 19 la capacidad de verter respecto a lo registrado en 2014, “lo que está atrayendo a empresas gestoras y más residuos de otras comunidades autónomas”.

A este respecto, afirman que la futura Ley de Economía Circular de Castilla-La Mancha “llega tarde y desenfocada”, dejando en una situación muy desfavorable a una región que se ha convertido en el “objetivo deseado de los residuos industriales de España”. Más tarde aún, añaden desde Ecologistas, llegaría la tasa de vertido de residuos que “como panacea ha anunciado el Gobierno pero que, como pronto, estaría operativa en 2020 o 2021”.

“A falta de tasas, el Gobierno da alas al 'dumping' medioambiental”

Entre las causas que apunta este colectivo sobre el incremento del volumen de vertido de residuos industriales en Castilla-La Mancha, se encuentra el hecho de que el Gobierno regional esté poniendo en práctica una política de “dumping medioambiental” para acoger residuos cuya gestión y vertido son más caros en las regiones en las que se generan. Este modelo de “competencia ventajista” tiene su base en dos elementos: ausencia de tasas de vertido autonómicas y precios bajos de los gestores al permitirse la ocupación de grandes extensiones de terreno para la implantación de instalaciones de gran capacidad de vertido.

“Los gestores implantados en Castilla-La Mancha ofrecen a menor precio el depósito de cada tonelada de residuo industrial respecto de lo que se cobra en las regiones de origen. Y además, no gravan la factura con tasa autonómica alguna. De esta manera, los productores de residuos de Cataluña, Valencia, País Vasco, Navarra o Madrid, traen su basura industrial a vertederos en Castilla-La Mancha o los depositan en intermediarios, como era el caso de Chiloeches en Guadalajara”. Ecologistas en Acción apunta que las tasas autonómicas para este tipo de residuos pueden variar en España entre 5 y 30 euros por tonelada; y que los precios por depósito en vertedero pueden alcanzar los 60 euros en algunas comunidades, mientras en Castilla-La Mancha son de media la tercera parte.

Según los registros oficiales, en la actualidad hay nueve centros de tratamiento con vertedero de no peligrosos en la región. Ecologistas en Acción dispone de datos de vertido autorizado de cinco, y solo entre ellos se alcanzan ya más de 593.000 toneladas por año. Destaca así cuatro casos especialmente llamativos: los de Hoya Gonzalo (Albacete), Almonacid del Marquesado (Cuenca) y los de Pantoja y Alameda de la Sagra (Toledo).

En la localidad albaceteña de Hoya Gonzalo, en el centro propiedad del grupo catalán TMA, aproximadamente el 70% de las 150.000 toneladas al año que tiene autorizadas se están recibiendo de Cataluña y otras zonas alejadas de Castilla-La Mancha. Ecologistas en Acción entregó alegaciones en enero de 2018 que no fueron tenidas en cuenta.

El “mayor vertedero privado” de España

Por otra parte, en breve, el “mayor vertedero privado” de España se situará en Almonacid del Marquesado. Es propiedad del grupo catalán Griñó, y podrá recibir cada día, los 365 días del año y durante 47 años, 1.000 toneladas de residuos industriales de cualquier punto del país y de ellas se arrojarán a vertedero 775 toneladas.

En cuanto al tercer caso, el vertedero de la planta de Alameda de la Sagra (Toledo) sufrió un incendio el 6 de junio de 2016. Tras una inspección, la Junta pudo “comprobar numerosas irregularidades” entre las que cabe destacar el estado “muy deficiente” de la balsa de lixiviados y acumulaciones por encima de lo autorizado. Por ello el 18 de julio de 2016 se suspende la autorización de funcionamiento de la instalación, aunque queda sin efecto al año siguiente.

Tras recordar también el caso del incendio en la planta de residuos de Chiloeches, cuyo procedimiento penal sigue en marcha, el colectivo ecologista considera que esta situación “no se ataja con anuncios de leyes que, además, veremos si da tiempo para aprobarlas”, sino con “resoluciones negativas de autorización y con la implantación inmediata de una tasa que sea verdaderamente desincentivadora de este inadecuado manejo de los residuos”.

“La tasa se puede y se debe incorporar a los nuevos presupuestos o a cualquier otra iniciativa legislativa de rango análogo. En este sentido se pide al Gobierno y a los grupos parlamentarios que den ya los pasos precisos para evitar que Castilla-La Mancha se convierta en el vertedero de industriales de España”.

Quien contamina, paga. Es la máxima que ha llevado al Gobierno de Castilla-La Mancha a entrar a fondo en una de las cuestiones ambientales que más aristas presentan en España: la gestión de residuos y vertederos. Aunque parte de este objetivo ya se encontraba en el programa electoral del PSOE antes de regresar al Ejecutivo regional en 2015, los incendios del vertedero ilegal de neumáticos en Seseña (Toledo) y de una planta de residuos en Chiloeches (Guadalajara) desataron las alarmas. Hace dos años, el Gobierno de Emiliano García-Page aprobó un nuevo Plan Integrado de Gestión de Residuos, que busca ahora su puesta de largo con la nueva Ley de Economía Circular, cuyo borrador será sometido en breve a información pública. Será la primera normativa autonómica de este tipo que se aprueba en España. El plazo es muy apurado, pero posible: el tramo final de la presente legislatura.

Optimizar el valor de productos, materiales y recursos, reduciendo al mínimo la generación de residuos, es el pilar fundamental de lo que conocemos como economía circular. Y su objetivo, ser sostenible, hipocarbónica, eficiente en el uso de los recursos y, a la vez, competitiva. En Castilla-La Mancha la han convertido en uno de sus lemas fundamentales, y de hecho, es la bandera con la que va a patrocinar la XIV edición del Congreso Nacional de Medio Ambiente CONAMA, que se celebra en Madrid del 26 al 29 de noviembre.

En el borrador del anteproyecto, al que ha tenido acceso eldiarioclm.es, el Ejecutivo regional habla incluso de “un cambio social y de modelo productivo, económico y de consumo”. Al mencionado Plan Integrado de Gestión de Residuos se unió recientemente la Estrategia sobre Biomasa Forestal de Castilla-La Mancha dentro del Programa de Mitigación y Adaptación frente al Cambio Climático y con el horizonte puesto también en un futuro proyecto de gestión de biorresiduos.

Pero la futura Ley de Economía Circular pretende ir mucho más lejos: el Gobierno quiere que el uso eficiente de los recursos sean los “ejes vertebradores de todas las políticas públicas y de los nuevos sectores económicos” y busca generar condiciones óptimas para fomentar la aparición de nuevos nichos  de  negocio. A nivel ambiental, el impacto fijado quiere traducirse en una reducción del consumo de materias primas y de la generación de residuos, en aras del medio ambiente, el clima, la diversidad biológica y la salud humana.

Más “ciclo de vida” para productos y servicios

Es el motivo por el que el ámbito de aplicación de la nueva norma abarcará todas las  fases del ciclo de vida de un bien, producto o servicio, ya que no solo se refiere a la gestión y reciclaje de residuos, sino que también implica “la gestión racional de todos los recursos que son necesarios para su producción y distribución”. Entre estos destacan los recursos materiales y energéticos, el agua y el uso del suelo, tanto en el ámbito de la producción, distribución y consumo como en la gestión de residuos, en el mercado de materias primas secundarias y, asimismo, en los aspectos de innovación e inversión.

Se trata de un escenario totalmente novedoso. Por eso, para facilitar la transición hacia una economía circular, se incentivará la implantación y la permanencia en territorio castellano-manchego de empresas y actividades cuyo objeto se encuadre en el ámbito de la economía  circular. La Administración regional promoverá los incentivos económicos, bien con fondos propios o cofinanciados europeos, para la reducción del despilfarro alimentario, insumos materiales y energéticos

Por otro lado, se introduce la obligación de establecer un tributo que grave el depósito de residuos en vertedero. Esto derivaría a su vez en la “desincentivación” del uso de vertederos frente a su reciclado. Y además, promulga la “reinversión” de su recaudación en mejorar la gestión de los residuos y en llevar a cabo actuaciones contempladas en el mencionado Plan Integrado de Gestión de Residuos.

En el plazo de un año de la entrada en vigor de esta Ley sedebe haber regulado el  tributo por el que se grave el depósito de residuos en vertedero así como la reinversión de su recaudación en mejorar la gestión de los residuos y en llevar a cabo actuaciones contempladas en la planificación de gestión de residuos de Castilla-La Mancha. En ese mismo plazo se aprobarán  las  correspondientes  normas técnicas para la determinación de las cuantías de las fianzas.

En resumidas cuentas, Castilla-La Mancha quiere converger hacia el “mínimo vertido” y al mismo tiempo minimizar los riesgos para la salud humana y el medio ambiente. En el borrador también se establece el objetivo de favorecer el cálculo de los servicios ecosistémicos que se ven envueltos en cada proceso productivo, evitando  la  degradación; aumentar la durabilidad de los productos (darles una “segunda vida” tras el reciclaje o aprovechando los que no se puedan reciclar); optimizar el modo de organización industrial mediante una gestión eficaz de los stocks; e incentivar el cálculo de la huella de carbono, la huella hídrica y la huella ecológica en las todas las actividades económicas.

¿Cómo regulará el Gobierno castellano-manchega cada una de estas medidas? La Consejería de Medio Ambiente, en el plazo máximo de doce meses desde la entrada en vigor de esta ley, elaborará en coordinación con los departamentos que ostenten competencias de agua, energía, industria, economía, comercio, consumo, educación, suelo y ordenación del territorio, una Estrategia de Economía Circular de Castilla-La Mancha. Esta última deberá ser aprobada por el Consejo de Gobierno mediante decreto, donde se incluirán los mecanismos de aplicación 

Es en esta Estrategia donde se contemplarán medidas transversales específicas relacionadas con la administración y el buen gobierno, especialmente con el fomento de la compra pública verde, los recursos naturales (hídricos, suelo y biodiversidad), la investigación, el desarrollo y la innovación y la concienciación, formación y divulgación (educación para la sostenibilidad, consumo responsable y empleo verde) y medidas sectoriales específicas relacionadas con la sostenibilidad local, la gestión de residuos, el sector agroalimentario y silvícola y el energético, industrial y turístico.

En la elaboración de esta futura hoja de ruta se contará obligatoriamente desde el principio con la  participación de la ciudadanía. Además, será objeto de evaluación ambiental e incluirá un informe de la Oficina de Cambio Climático de Castilla-La Mancha. Asimismo, dentro del mes siguiente a la entrada en vigor de la Ley de Economía Circular, se deberá crear una comisión de coordinación y colaboración entre administraciones.

Los incendios en el vertedero ilegal de neumáticos de Seseña (Toledo) y en la planta de reciclaje industrial de Chiloeches (Guadalajara) han sido un punto de inflexión en la política de gestión de residuos del Gobierno de Castilla-La Mancha. La Administración regional quiere evitar las desastrosas consecuencias para la salud y el medio ambiente de este tipo de incidentes, y también el coste que supone para las arcas públicas. El antes y el después vendrá marcado por una nueva Ley de Economía Circular cuyo borrador ya está prácticamente terminado y a la espera de aportaciones cuando pase a información pública. La previsión es que el Consejo de Gobierno pueda darle luz verde en noviembre.

Con ello, además, la comunidad autónoma se convertirá en pionera de este tipo de economía, interrelacionada con la sostenibilidad y muy en boga en todo el mundo debido a la necesidad de buscar formas alternativas de gestionar los residuos que genera la actividad humana. En esto, la economía circular defiende que recursos como los productos de consumo, los materiales, el agua y la energía se mantengan en el mercado el mayor tiempo posible, reduciendo con ello al mínimo la generación de residuos. Es circular porque con ello, según los expertos, se cierra “el ciclo de la vida”, eliminando con ello las tradicionales formas de economía lineal.

En Castilla-La Mancha no hay precedentes. Fuentes del Gobierno han explicado a eldiarioclm.es que la normativa es novedosa y trata de llevar al ordenamiento jurídico los principios de la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo 'Cerrar el círculo: un plan de acción de la UE para la economía circular'. El órgano ejecutivo europeo defiende un paquete de nuevas medidas sobre la economía circular para ayudar a las empresas y a los consumidores europeos en la transición a una “gestión sostenible, hipocarbónica, eficiente y competitiva”.

Sistema productivo, recursos naturales y consumo

La nueva ley pretende así incluir los principios de la economía circular en el sistema productivo de la región, y trata de dar soluciones a problemas como la gestión de los recursos naturales (agua, suelo, servicios ecosistémicos, diversidad biológica o energía), el proceso de producción, el consumo -aquí entraría en juego la economía colaborativa- y la gestión de residuos. Este último punto es uno de los más importantes porque en el mismo se introduce el mercado de materias primas, plásticos, residuos de alimentos, residuos de construcción y demolición, biomasa y biomateriales. En la nueva normativa quieren establecerse las multas, fianzas o “fiscalidad ambiental”, que se aplicaran a empresas y particulares contaminantes y que ya se contemplan en el Plan regional de Gestión de Residuos.

La elaboración de la Ley es un “compromiso de gobierno necesario”, apuntan las mismas fuentes, no solo para completar determinados vacíos competenciales que no tenían soporte legal, sino también para “regular aquellos los sectores afectados por la economía circular que permita reintroducir en el sistema productivo los recursos que en la actualidad son desechados”. Agregan que esta iniciativa sería pionera en el Estado español siendo la primera comunidad que aborda su regulación con rango de ley.

Además, al hilo de esta normativa, el Gobierno castellano-manchego quiere minimizar los riesgos para la salud humana y el medio ambiente, impulsar la competitividad y el crecimiento económico, crear empleo, favorecer el desarrollo sostenible, y servir para la lucha contra el cambio climático: habla también de la promoción de la economía hipocarbónica, es decir, baja en carbono, reduciendo con ello las emisiones de CO2 y su concentración en la atmósfera.

Economía rural hipocarbónica

Precisamente, Castilla-La Mancha también prepara un programa de promoción para el desarrollo de una economía rural hipocarbónica, que forma parte de las medidas establecidas en el Plan de Desarrollo Rural 2014-2020 y en la Estrategia Regional frente al Cambio Climático, con el mismo horizonte.

Junto con todo ello, la idea es también “desmaterializar la economía”, desvinculando el crecimiento económico del consumo de recursos. En cuanto a residuos, la Ley de Economía Circular busca la convergencia hacia el “mínimo vertido”, eliminando progresivamente el depósito controlado de residuos. El consejero de Medio Ambiente, Francisco Martínez Arroyo, ya ha calculado que puede recaudar hasta 15 millones de euros en multas y fianzas a empresas contaminantes, que serán una ‘tasa verde’, es decir se convertirán en recursos públicos para realizar políticas medioambientales.

Finalmente, esta nueva normativa busca promover la información, la participación y la concienciación, fomentando una “cultura de la corresponsabilidad ambiental” en el comportamiento diario de los ciudadanos y de las administraciones. El Gobierno regional deja claro que no hay “soluciones alternativas legales” a esta propuesta, ya que la regulación global de la economía circular debe abordarse mediante ley y desarrollarse mediante un Plan Estratégico, como por ejemplo ya existe en la Comunidad de Madrid.

Que pague quien contamine y que esa tasa sea ‘verde’, es decir, que repercuta posistivamente en el medio ambiente. Es la tesis con la que el Gobierno de Castilla-La Mancha quiere evitar que las empresas gestoras de residuos vuelvan a provocar daños ambientales como los producidos en los incendios del cementerio de neumáticos de Seseña (Toledo) y de la planta ilegal de reciclaje de Chiloeches (Guadalajara).

En total, esta administración prevé recaudar 15 millones de euros anuales en multas y fianzas a las empresas que contaminen. Es una cifra aproximada que ha aportado el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, con motivo de la próxima aprobación de la Ley regional de Economía Circular, que permitirá implementar las tasas ya contempladas en el Plan de Gestión de Residuos.

Con motivo de la firma de un protocolo de colaboración con Ecoembes, el consejero ha querido destacar primero la importancia del reciclado de residuos, tanto en el ámbito doméstico como en las administraciones y las empresas. Dicho esto, ha insistido en que el mayor compromiso de Castilla-La Mancha en este sentido en la puesta en marcha de la Ley de Economía Circular, actualmente en su fase última de preparación. El anteproyecto pasará en octubre por el Consejo Asesor de Medio Ambiente y en noviembre podría recibir luz de verde del Consejo de Gobierno.

Esta nueva ley, enmarcada en el Plan de Acción de Economía Circular de la Unión Europa, prevé la implementación de fianzas para empresas que trabajen en la reutilización y gestión de residuos, así como multas para las empresas que contaminen. Ese dinero recaudado, ha remarcado Martínez Arroyo, se convertirá en “recursos públicos” para hacer políticas de medio ambiente. Además, para su desarrollo normativo, la Junta contará con la colaboración de Ecoembes.

Precisamente, esta organización de empresas y comercializadoras ha incidido en la importancia del reciclaje y ha puesto de manifiesto la relevancia de los protocolos firmados con las administración para la reutilización de envases ligeros, cartones y papel. Al convenio-marco ya firmado con la Junta de Castilla-La Mancha en 2005, se unen ahora otros particulares como el ratificado hoy para el uso de sus contenedores en los edificios de la Consejería en Toledo.

La directora técnica de Innovación de Ecoembes, Rosa Trigo, ha aprovechado para reafirmar el “magnífico” balance realizado de los 20 años transcurridos desde la firma de los primeros convenios, y también ha precisado las buenas cifras de 2016 en Castilla-La Mancha: un 78% de reciclaje ha sido de consumo doméstico en los contenedores azul y amarillo (por encima de la media nacional), con más de 59 millones de kilos reciclados.

“En Castilla-La Mancha tenemos una ciudadanía concienciada y recicladora”, ha resaltado, anunciando la intención de seguir facilitando a las personas que puedan realizar esta labor también fuera del hogar, en las administraciones (como es el caso de la Junta), en los centros de salud o en los lugares de ocio y esparcimiento. 

Finalmente, la representante de Ecoembes, preguntada al respecto, también se ha referido a la posibilidad de estudiar alternativas para fomentar un mayor compromiso ciudadano con el reciclado de residuos. Según ha apuntado, propuestas como el ‘pago por generación’, donde el ciudadano que mejor recicle puede “tener un menos coste” por reciclar, están “encima de la mesa” y desde esta organización “apoyarán a la Administración en cualquier medida que vaya por este camino”.