La directora Escénica y Dramaturga Nuria Hernando se dio cuenta de que ella también era parte del problema del turismo masivo cuando tras querer escapar de su día a día tomó el vuelo más barato que partiera aquel día desde Bilbao aterrizó en Lisboa. “Allí alquilamos una vivienda turística en uno de los barrios más gentifricados e hicimos todo lo turístico. Hasta que cogiendo un autobús de línea una mujer nos gritó que otra vez iba a llegar tarde al trabajo por culpa de los turistas. Algo en mi cabeza hizo 'click' al darme cuenta de que aquello que me molestaba en mi ciudad, yo también lo estaba haciendo. Cuesta ver que al viajar también somos parte del problema”, explica a este periódico.

Con el objetivo de reflexionar sobre ello y tratar de darle una solución, que no pasa solo por lo individual, Hernando ha creado 'Free Tour-X', una obra de teatro relacional que convierte el Casco Viejo de cualquier ciudad en un escenario. Este sábado y domingo, 18 y 19 de abril Bilbao será el escenario de la obra. “El recorrido se ha creado tras una investigación exhaustiva acerca de las heridas del turismo masivo en la ciudad. Comienza como uno de tantos 'free tours' que parten de la Plaza del Teatro Arriaga y recorre las calles con ejemplos concretos: una zapatería histórica que ahora es un café de especialidad o una tienda de disfraces que ahora es una consigna para maletas”, detalla.

La obra ha sido desarrollada a través de residencias artísticas en Madrid (Esquina Nua), Pamplona (Teatrodix) y ahora recala en Bilbao, la ciudad de la dramaturga, con el programa de Artistas en Residencia de BilbaoEszena. “Es importante que la obra cuente con la participación de vecinos afectados y también de artistas y performers locales, en el caso de Bilbao a actriz Juana Lor o la artista Haizea F. Allika. Me parece más valioso que la ciudad la explique alguien que ha vivido su transformación de cerca y hable desde lo que le hace sentir esta situación”, reconoce Hernando.

Para participar, el público necesita llevar consigo un teléfono y auriculares. A través de una aplicación web, los asistentes reciben audios, vídeos e instrucciones que guían la experiencia. “En el caso de Bilbao, encontramos 60 viviendas de uso turístico en tan solo cuatro calles. Queremos utilizar el teatro relacional como un altavoz para contar qué ocurre con los habitantes de una ciudad cuando esta se convierte en un producto”, sostiene la creadora, cuya obra, a medio camino entre la performance y el teatro, presenta las limitaciones legales al turismo o las estrategias de resistencia vecinal contando con la participación de los habitantes de los barrios, que se han visto desplazados por la compra de edificios por parte de fondos de inversión o la proliferación de negocios orientados a los visitantes vacacionales.

El estreno se realizará en el marco del Festival BLV ART 2026 del Ayuntamiento de Bilbao, el sábado 18 a las 17:00h y el domingo 19 de abril a las 11:30h. Las entradas pueden adquirirse en la web Kultura Bilbao. Esta obra es la última producción de la compañía de teatro y danza emergente Perpetûa Vastarda. Se trata de una compañía de Artes Vivas creada por Nuria Hernando (Bilbao) y María Pizarro (Barakaldo) en el año 2024, con el objetivo de producir, investigar y promover espacios creativos híbridos. Su nombre es 'Free Tour-X' porque, con la aplicación web y el formato de teatro relacional se puede extrapolar a otras ciudades afectadas por la misma problemática. “Se trata de un problema que afecta a prácticamente todas las ciudades y, si desde las instituciones no se pone solución, no sabemos cómo podrá acabar”, reconoce Hernando, que sostiene que aunque la responsabilidad no sea únicamente individual, es importante realizar una reflexión sobre la situación que están viviendo las ciudades por el turismo masivo.

La Guàrdia Civil ha denunciat el responsable de comercialitzar un habitacle de vuit metres quadrats per 695 euros al municipi mallorquí de Maria de la Salut. La barraca s'oferia a Internet com si en tingués 25. Davant la indignació generada, l'anunci va acabar sent retirat.

La investigació es va iniciar després que agents del Servei de Protecció a la Natura (Seprona) detectassin que la publicació havia generat ressò mediàtic. El comercialitzador presentava l'espai com a “ideal per a una persona que busqui tranquil·litat i contacte amb la natura”, amb “espai suficient” fins i tot per rebre familiars o amics els caps de setmana i amb “possibilitat de fer barbacoes”.

L'oferta va aixecar sospites tant per les dimensions com per les condicions de l’immoble, ubicat en sòl rústic. En la inspecció practicada el passat 10 de març, els agents varen constatar que la suposada vivenda era, en realitat, una caseta d’eines reconvertida per a ús residencial sense complir la normativa.

La construcció amb prou feines superava els 10 metres quadrats i només vuit eren habitables, molt lluny dels 25 que s’anunciaven. A més, presentava modificacions recents per fer-la habitable i instal·lacions exteriors pròpies d’un ús residencial, fet que apunta a una utilització irregular del sòl rústic.

Arran de la inspecció, l’Institut Armat ha aixecat diverses actes: una per incompliment de la normativa de cèdules d’habitabilitat, remesa a la Conselleria d’Habitatge; una altra per infracció urbanística, traslladada a l’Agència de Defensa del Territori de Mallorca; i una tercera per vulneració de la Llei d’Aigües, en detectar-se un pou sense autorització.

El cas torna a posar el focus en l’auge de les infravivendes a Balears, un fenomen cada vegada més visible en un mercat tensionat per la manca d'oferta i els preus disparats. La proliferació d’anuncis d’espais mínims, sovint en condicions irregulars, evidencia fins a quin punt l’accés a una vivenda digna s’ha convertit en un dels principals problemes socials de l’arxipèlag.

La greu situació de l'habitatge a Balears, travessada des de fa anys per l'especulació -alimentada per les successives bombolles immobiliàries-, la voracitat dels fons d'inversió, la polarització econòmica i la turistització, està abocant nombroses persones a l'amuntegament en aquest tipus d'infrahabitatges i en caravanes, fenòmens agreujats, entre altres causes, per la creixent irrupció de compradors estrangers -principalment alemanys, britànics i francesos amb gran solvència financera- que compren immobles a preus inabastables per a la majoria dels residents.

La Guardia Civil ha denunciado al responsable de comercializar un habitáculo de ocho metros cuadrados por 695 euros en el municipio mallorquín de Maria de la Salut. La barraca se ofertaba en Internet como si tuviera 25 metros. Ante la indignación generada, y en medio de la grave crisis habitacional que atraviesa Balears, el anuncio fue retirado de inmediato.

La investigación se inició después de que agentes del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) detectaran que la publicación estaba siendo objeto de atención mediática. El comercializador la ofertaba como “ideal para una persona que busque tranquilidad y contacto con la naturaleza, con espacio suficiente para disfrutar también de fines de semana con familiares o amigos” y “con posibilidad de realizar barbacoas”.

Tras una inspección realizada el pasado 10 de marzo, los agentes comprobaron que la supuesta vivienda era en realidad una caseta de aperos situada en suelo rústico que había sido transformada para uso residencial sin cumplir la normativa. La superficie total apenas superaba los 10 metros cuadrados, de los cuales solo ocho eran habitables.

Además, la edificación presentaba modificaciones recientes destinadas a hacerla habitable, así como instalaciones exteriores propias de una vivienda, lo que refuerza la hipótesis de un uso irregular del suelo rústico.

Como resultado de la inspección, el Instituto Armado ha levantado varias actas: una por incumplir la normativa de cédulas de habitabilidad y vivienda, remitida a la Conselleria de Vivienda; otra por infracción urbanística, trasladada a la Agencia de Defensa del Territorio de Mallorca, y una tercera por vulnerar la Ley de Aguas, al detectarse un pozo sin autorización.

En Balears, la especulación inmobiliaria -alimentada por las sucesivas burbujas inmobiliarias-, la voracidad de los fondos de inversión, la polarización económica y la turistización están abocando a cientos de personas al hacinamiento en infraviviendas y caravanas. Se trata de un fenómeno agravado, entre otras causas, por la creciente irrupción de compradores extranjeros -principalmente alemanes, británicos y franceses- con gran solvencia financiera.

Las operaciones las concentran inversores y grandes propietarios que compran inmuebles a precios inalcanzables para la mayoría de los residentes, quienes se ven abocados a la expulsión residencial en un mercado cada vez más orientado al lujo y a la inversión. Balears es, de hecho, la provincia de España con mayor concentración de viviendas de lujo, con precios superiores al millón de euros, y de ultralujo, aquellas con precio superior a los tres millones de euros, según datos de Idealista publicados en agosto de 2025.

Una imagen que contrasta con la proliferación de anuncios de espacios mínimos, muchas veces en condiciones irregulares, reflejando con ello hasta qué punto el acceso a una vivienda digna se ha convertido en uno de los principales problemas sociales del archipiélago.

El pasado mes de septiembre, el Servicio de Inspección de Vivienda del Govern balear y el Grupo de Extranjería de la Policía Nacional detectaron la existencia de 11 infraviviendas en un asentamiento chabolista en el municipio mallorquín de Manacor. El propietario de las mismas había levantado los habitáculos para ponerlos en alquiler sin los suministros básicos y sin las condiciones necesarias de salubridad. Mientras tanto, en 2024 un policía local fue detenido por alquilar ilegalmente trasteros como si de viviendas se tratasen y sin las mínimas condiciones de higiene y salubridad.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Palma ha reactivado en las últimas semanas el desalojo de las más de 200 personas que desde hace años malviven en la antigua prisión de la capital balear: son, principalmente, residentes sin recursos, trabajadores precarizados y migrantes. Muchos de los afectados no tienen alternativa habitacional ni ingresos suficientes para pagar el alquiler de una habitación, cuyo precio en algunos casos llega a superar los 1.000 euros.

Un extens pinar situat a la zona muntanyosa des Amunts, al nord d’Eivissa, amaga un habitatge de grans dimensions de color terracota i murs de pedra al tradicional estil eivissenc, com un oasi enmig de la natura pitiüsa. La mansió està envoltada, entre altres instal·lacions, d’una piscina amb una zona contigua de gairebé 200 metres quadrats per a llits balinesos, un amfiteatre excavat al terreny de 165 metres quadrats, una sauna de barril per a exteriors, diverses cases de convidats i una terrassa pavimentada de 429 metres. A les proximitats es troba Sant Vicent de sa Cala, un dels enclavaments més idíl·lics de l’illa. El Consell Insular, però, acaba de ratificar una sanció d’1,4 milions d’euros per a la propietària i promotora: la urbanització està construïda en una àrea natural protegida on la llei prohibeix de manera rotunda edificar.

L’expedient disciplinari es va obrir no només per l’execució d’obres en sòl rústic protegit a la zona boscosa de Sant Joan, pròxima al límit amb el terme municipal de Santa Eulària, sinó també perquè la parcel·la es troba situada dins d’una Àrea Natural d’Especial Interès (SRP-ANEI), una de les figures de major protecció territorial. Els informes tècnics del Consell conclouen que totes les actuacions realitzades des de 2013, a partir d’una construcció preexistent de dimensions molt menors, es van dur a terme sense llicència urbanística i resulten incompatibles amb la normativa vigent per a sòl rústic protegit. Les obres, valorades per la institució en 591.852 euros, es van executar a la parcel·la 273 del polígon 9, a la Venda de s’Àguila.

Els treballs executats sense autorització van transformar completament la finca original. A més d’ampliar l’habitatge principal, es van aixecar cinc edificacions destinades a ús residencial i diverses instal·lacions exteriors: a més de la piscina o la terrassa, la propietària va construir una pèrgola que envolta la casa original —construïda el 1913—, una instal·lació fotovoltaica de 92 metres quadrats i altres espais auxiliars com safareigs i quarts tècnics.

Els treballs executats sense autorització van transformar completament la finca original. Al costat de l’habitatge principal, la propietària va aixecar cinc edificacions destinades a ús residencial, una piscina, una terrassa, una pèrgola i una instal·lació fotovoltaica

La multa arriba després que el ple de la institució hagi inadmès el recurs d’alçada que la propietària de la mansió va interposar contra l’acord adoptat el juny de 2024 en el marc de l’expedient de disciplina urbanística obert per aquests fets. La resolució, feta pública pel Consell la setmana passada, esgota la via administrativa i confirma l’obligació de restaurar la legalitat vulnerada.

Sis mesos per demolir la construcció

La sanció imposada ascendeix a 1.479.630 euros, equivalent al 250 % del valor estimat del que s’ha executat —el màxim és del 300 %—, en tractar-se d’una infracció qualificada com a molt greu, tot i que s’ha iniciat de manera voluntària el procés per a la reparació voluntària del dany. A més del pagament de la multa, els propietaris hauran de procedir al restabliment de la realitat física alterada, la qual cosa implica la demolició de les construccions incloses a l’expedient i que hauran d’iniciar en un termini de sis mesos després de presentar el projecte de demoliment i executar en un màxim de tres anys. La institució explica a elDiario.es que les obres van ser detectades al febrer de 2023 en el marc de les tasques d’inspecció urbanística del Consell.

La sanció imposada ascendeix a 1.479.630 euros, equivalent al 250 % del valor estimat del que s’ha executat. Els propietaris hauran de procedir al restabliment de la realitat física alterada, la qual cosa implica l’enderroc de les construccions incloses a l’expedient

Aquell mateix estiu, la representació legal de la propietària va presentar un escrit davant l’administració supramunicipal en què manifestava la voluntat de restablir l’estat original de la vivenda abans que es resolgués el procediment sancionador per acollir-se a la reducció del 60 % de la multa prevista en la normativa. També sol·licitava més temps per executar les obres de demolició.

Mesos després, el 16 d’octubre de 2023, un altre lletrat es va personar a l’expedient en nom de la propietat i va comunicar que estava a l’espera d’obtenir la llicència municipal necessària per iniciar l’enderroc i, a principis de 2024, la propietat va informar que l’Ajuntament de Sant Joan havia concedit la llicència de demolició. Però, en una inspecció realitzada el 5 d’abril de 2024, els tècnics del Departament van comprovar que les obres continuaven en el mateix estat que en la visita anterior, realitzada el 6 de març de 2023.

Una construcció de 1913

A sobre de la parcel·la, segons les dades del Cadastre consultades per elDiario.es, existia prèviament una construcció que corresponia a una altra casa unifamiliar —l’original— molt més petita: de 106 metres quadrats. L’habitatge va ser projectat per l’arquitecte Francisco Cuevas Raposo i promogut per la mercantil Can Joan Marge S.A. a la finca de gairebé 76.000 metres quadrats de Sant Joan, segons la mateixa font cadastral. Les imatges disponibles són del 14 de març de 2013, tot i que al Cadastre consta que la construcció més primitiva es va alçar el 1913, juntament amb un pati residencial d’ús propi.

Quant al terreny, figura a efectes fiscals com a rústic d’ús principal agrícola, sense divisió en subparcel·les i amb presència predominant de pinar destinat a l’aprofitament forestal. Des del Consell reiteren que les ampliacions executades a partir de l’any 2013 respecte a la construcció original van ser les que van motivar l’obertura de l’expedient per obres sense llicència, en considerar-se incompatibles amb l’ordenació vigent en aquell moment.

La major protecció ambiental

La vivenda de Sant Vicent construïda sense llicència s’alça sobre un terreny inclòs en un ANEI, la figura de màxima protecció ambiental creada el 1991 per la Llei d’Espais Naturals i de Règim Urbanístic del Parlament balear amb l’objectiu de preservar els espais d’alt valor ecològic, paisatgístic o cultural davant la urbanització intensiva.

La vivenda de Sant Vicent construïda sense llicència s’alça sobre un terreny inclòs en un ANEI, la figura de màxima protecció ambiental creada el 1991 per la Llei d’Espais Naturals i de Règim Urbanístic del Parlament Balear, amb l’objectiu de preservar els espais d’alt valor ecològic, paisatgístic o cultural davant la urbanització intensiva

De fet, el sector pròxim a la Cala de Sant Vicent on s’ha erigit la construcció il·legal està protegit des del mateix any en què es va aprovar la llei, que posteriorment ha estat sotmesa a diverses modificacions. En concret, pel seu article 6, que estableix que a efectes d’aplicació de la norma constitueix el paratge natural d’es Amunts com a Àrea de Protecció Especial. Dins d’aquesta categoria es diferencien, posteriorment, Àrees Naturals d’Especial Interès —on s’inclou la capritxosa vivenda que obliga a enderrocar el Consell—, Àrees Rurals d’Interès Paisatgístic i Àrees d’Assentament en Paisatge d’Interès.

Les zones sota aquesta figura d’ANEI tenen restriccions molt estrictes: les noves edificacions estan prohibides, excepte en casos puntuals, i qualsevol activitat que alteri el seu estat natural requereix autorització expressa. La llei de 1991 es va reforçar, a més, amb la Llei d’Urbanisme de les Illes Balears (LUIB) de 2017, que va eliminar la prescripció d’infraccions en sòl rústic protegit i va endurir les sancions contra les construccions il·legals, dificultant la regularització d’obres no autoritzades.

En aquest marc, les obres detectades a la Venda de s’Àguila han derivat en l’expedient de disciplina urbanística amb una multa de gairebé 1,5 milions d’euros i l’obligació de demolir les construccions. La legislació balear contempla que les infraccions molt greus, com construir en un ANEI sense llicència, poden ser sancionades amb imports proporcionals al valor de les obres, obligar a la restauració del terreny i, en cas de desobediència, imposar sancions coercitives mensuals fins a l’execució de la demolició. A més, la normativa preveu responsabilitat penal, amb penes de fins a quatre anys de presó, per als responsables de construir en sòl protegit sense permís.

Un extenso pinar ubicado en la zona montañosa de es Amunts, en el norte de Eivissa, esconde una vivienda terracota de grandes dimensiones y muros de piedra al tradicional estilo ibicenco, como un oasis en mitad de la naturaleza pitiusa. La mansión se rodea, entre otras instalaciones, de una piscina con zona contigua de casi 200 metros cuadrados para camas balinesas, un anfiteatro excavado en el terreno de 165 metros cuadrados, una sauna de barril para exteriores, varias casas de invitados y una terraza pavimentada de 429 metros. En las proximidades, Sant Vicent de sa Cala, uno de los enclaves más idílicos de la isla. El Consell Insular, sin embargo, acaba de ratificar una sanción de 1,4 millones de euros para la propietaria y promotora: la urbanización está construida en una área natural protegida donde la ley, con rotundidad, prohíbe edificar.

El expediente disciplinario se abrió no solo por la ejecución de obras en suelo rústico protegido en el área boscosa de Sant Joan, próxima al límite con el término municipal de Santa Eulària, sino porque la parcela se encuentra situada dentro de un Área Natural de Especial Interés (SRP-ANEI), una de las figuras de mayor protección territorial. Los informes técnicos del Consell concluyen que todas las actuaciones realizadas desde 2013, a partir de una construcción preexistente de dimensiones mucho menores, se llevaron a cabo sin licencia urbanística y resultan incompatibles con la normativa vigente para suelo rústico protegido. Las obras, valoradas por la institución en 591.852 euros, se ejecutaron en la parcela 273 del polígono 9, en la Venda de s'Àguila.

Los trabajos ejecutados sin autorización transformaron por completo la finca original. Además de ampliar la vivienda principal se levantaron cinco edificaciones destinadas a uso residencial y diversas instalaciones exteriores: además de la piscina o la terraza, la propietaria levantó una pérgola que rodea la casa original -construida en 1913-, una instalación fotovoltaica de 92 metros cuadrados y otros espacios auxiliares como lavaderos y cuartos técnicos.

Los trabajos ejecutados sin autorización transformaron por completo la finca original. Junto a la vivienda principal, la propietaria levantó cinco edificaciones destinadas a uso residencial, una piscina, una terraza, una pérgola y una instalación fotovoltaica

La multa llega después de que el pleno de la institución haya inadmitido el recurso de alzada que la dueña de la mansión interpuso contra el acuerdo adoptado en junio de 2024 en el marco del expediente de disciplina urbanística abierto por estos hechos. La resolución, hecha pública por el Consell la semana pasada, agota la vía administrativa y confirma la obligación de restaurar la legalidad vulnerada.

Seis meses para demoler la construcción

La sanción impuesta asciende a 1.479.630 euros, equivalente al 250% del valor estimado de lo ejecutado -el máximo es un 300%-, al tratarse de una infracción calificada como muy grave pero tras haberse iniciado voluntariamente el proceso para la reparación voluntaria del daño. Además del pago de la multa, los propietarios deberán proceder al restablecimiento de la realidad física alterada, lo que implica la demolición de las construcciones incluidas en el expediente y que deberán iniciar en un plazo de seis meses tras presentar el proyecto de derribo y ejecutar en un máximo de tres años. La institución explica a elDiario.es que las obras fueron detectadas en febrero de 2023 en el marco de las labores de inspección urbanística del Consell.

La sanción impuesta asciende a 1.479.630 euros, equivalente al 250% del valor estimado de lo ejecutado. Los propietarios deberán proceder al restablecimiento de la realidad física alterada, lo que implica la demolición de las construcciones incluidas en el expediente

Ese mismo verano, la representación legal de la propietaria presentó un escrito ante la administración supramunicipal en el que manifestaba la voluntad de restablecer el estado original de la vivienda antes de que se resolviera el procedimiento sancionador para acogerse a la reducción del 60% de la multa prevista en la normativa. También pedía más tiempo para ejecutar las obras de demolición.

Meses después, el 16 de octubre de 2023, otro letrado se personó en el expediente en nombre de la propiedad y comunicó que estaba a la espera de obtener la licencia municipal necesaria para iniciar el derribo y, a principios de 2024, la propiedad informó de que el Ayuntamiento de Sant Joan había concedido licencia de demolición. Pero en una inspección realizada el 5 de abril de 2024, los técnicos del Departamento comprobaron que las obras seguían en el mismo estado que en la visita anterior, realizada el 6 de marzo de 2023.

Una construcción de 1913

Sobre la parcela, según los datos del Catastro que ha consultado elDiario.es, existía previamente una construcción que correspondía a otra casa unifamiliar -la original- mucho más pequeña: de 106 metros cuadrados. La vivienda fue proyectada por el arquitecto Francisco Cuevas Raposo y promovida por la mercantil Can Joan Marge S.A en la finca de casi 76.000 metros cuadrados de Sant Joan, señala la misma fuente catastral. Las imágenes disponibles son del 14 de marzo de 2013, aunque en el Catastro consta que la construcción más primitiva se levantó en 1913, junto con un patio residencial de uso propio.

En cuanto al terreno, figura a efectos fiscales como rústico de uso principal agrario, sin división en subparcelas y con presencia predominante de pinar destinado al aprovechamiento forestal. Desde el Consell reiteran que las ampliaciones ejecutadas a partir del año 2013 respecto a la construcción original fueron las que motivaron la apertura del expediente por obras sin licencia al considerarse incompatibles con la ordenación vigente en ese momento.

La mayor protección ambiental

La vivienda de Sant Vicent construida sin licencia se alza sobre un terreno incluido en un ANEI, la figura de mayor protección ambiental creada en 1991 por la Ley de Espacios Naturales y de Régimen Urbanístico del Parlament balear con el objetivo de preservar los espacios de alto valor ecológico, paisajístico o cultural frente a la urbanización intensiva.

La vivienda de Sant Vicent construida sin licencia se alza sobre un terreno incluido en un ANEI, la figura de mayor protección ambiental creada en 1991 por la Ley de Espacios Naturales y de Régimen Urbanístico del Parlament balear con el objetivo de preservar los espacios de alto valor ecológico, paisajístico o cultural frente a la urbanización intensiva

De hecho, el sector próximo a la Cala de Sant Vicent donde se ha erigido la construcción ilegal está protegido desde el mismo año en que se aprobó la ley, que posteriormente se ha sometido a varias modificaciones. En concreto, por su artículo 6, que establece que a efectos de aplicación de la norma, constituye el paraje natural de es Amunts como Área de Especial Protección. Dentro de esta categoría se diferencian, luego, Áreas Naturales de Especial Interés -en la que se incluye la caprichosa vivienda que obliga a demoler el Consell-, Áreas Rurales de Interés Paisajístico y Áreas de Asentamiento en Paisaje de Interés.

Las zonas bajo esta figura de ANEI tienen restricciones muy estrictas: las nuevas edificaciones están prohibidas salvo excepciones puntuales y cualquier actividad que altere su estado natural requiere autorización expresa. La ley de 1991 se reforzó, además, con la Ley de Urbanismo de las Illes Balears (LUIB) de 2017, que eliminó la prescripción de infracciones en suelo rústico protegido y endureció las sanciones contra construcciones ilegales, dificultando la regularización de obras no autorizadas.

En este marco, las obras detectadas en la Venda de s’Águila han derivado en el expediente de disciplina urbanística con multa de casi 1,5 millones de euros y la obligación de la demolición de las construcciones. La legislación balear contempla que las infracciones muy graves, como construir en ANEI sin licencia, pueden ser sancionadas con montos proporcionales al valor de las obras, obligar a la restauración del terreno y, en caso de desobediencia, imponer sanciones coercitivas mensuales hasta la ejecución de la demolición. Además, la normativa prevé responsabilidad penal, con penas de hasta cuatro años de prisión, para los responsables de edificar en suelo protegido sin permiso.

El Parlament balear ha rebutjat, amb els vots de PP i Vox, instar els Consells Insulars a posar en marxa un programa específic de seguiment i control de l'oferta turística il·legal durant el proper estiu. L'arxipèlag figura, de fet, entre les comunitats autònomes amb major nombre d'habitatges turístics i de temporada que operen fora de la legalitat, d'acord a les dades fetes públiques el passat dilluns pel Ministeri d'Habitatge en el marc de la posada en marxa del nou registre únic de lloguers de curta durada. En total, 3.062 sol·licituds de registre obligatori han estat revocades a Balears per no complir amb els requisits exigits per poder comercialitzar-se com a allotjaments turístics o de temporada.

La iniciativa, registrada pel PSIB-PSOE, es recolzava en el consens social existent al voltant de la saturació turística que travessen les illes -amb un 80% de residents a favor de reduir el nombre de turistes i de places, segons una enquesta del propi Govern-, la qual cosa provoca un impacte directe en el territori i els preus de l'habitatge. El document posava l'èmfasi, així mateix, en el fet que l'Executiu presidit per la popular Marga Prohens hagi eliminat els principals instruments per limitar el creixement del sector.

La proposició no de llei (PNL), debatuda a la Comissió de Turisme, Cultura, Esports, Treball, Funció Pública i Diàleg Social, ha estat tombada amb els vots en contra dels set diputats de PP i Vox, enfront dels sis vots favorables del PSIB, Més per Mallorca i el Grup Mixt.

El text rebutjat, defensat pel diputat Llorenç Pou, recordava que l'actual Govern va aixecar la moratòria turística aprovada el 2022 per l'anterior Executiu d'esquerres a través de la llei de mesures urgents per a la sostenibilitat i la circularitat del turisme de Balears, que a més va donar un període de fins a quatre anys -també eliminat- perquè els Consells establissin la capacitat de càrrega de turistes que podia suportar cadascuna de les illes.

La iniciativa lamentava, així mateix, la supressió de la mesura de decreixement de places establerta per l'anterior norma, que instava a donar de baixa dues places per poder donar d'alta una nova. “Atès que s'han eliminat la data topall per a la determinació del límit de càrrega de les illes i la mesura d'intercanvi del 'dos per un', les decisions de l'actual Govern han provocat que l' únic camí per reduir el nombre de places sigui la reducció de l'oferta il·legal”, afegia el text, que assenyala la creació, per part del Consell de Mallorca, de dues borses transitòries a través de les quals “s'està ampliant el nombre de places comercialitzades a la illa”.

El text subratllava a més el fracàs de les mesures aprovades fins ara per combatre aquest fenòmen, com la possibilitat de precintar habitatges turístics il·legals. En aquest sentit, Pou ha recriminat que els resultats obtinguts per la mesura aprovada en aquest sentit a l'octubre de 2023 per l'actual Executiu “han estat nuls”, atès que “no s'ha pogut precintar cap habitatge turístic il·legal a Balears”.

Davant aquest escenari, els socialistes defensaven que la reducció de l'oferta turística il·legal s'ha convertit en “l'únic camí” per contenir el nombre de places. Per a això, la PNL instava els Consells de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, en coordinació amb el Govern, a executar durant l'estiu de 2026 un programa de seguiment i control que permetés als serveis d'inspecció turística comprovar si els habitatges detectats el 2025 com a anunciants d'estades il·legals a plataformes en línia com Airbnb que, un any després, continuen comercialitzant-se.

El Parlament balear ha rechazado, con los votos de PP y Vox, instar a los Consells Insulars a poner en marcha un programa específico de seguimiento y control de la oferta turística ilegal durante el próximo verano. El archipiélago figura, de hecho, entre las comunidades autónomas con mayor número de viviendas turísticas y de temporada que operan fuera de la legalidad, de acuerdo a los datos hechos públicos el pasado lunes por el Ministerio de Vivienda en el marco de la puesta en marcha del nuevo registro único de alquileres de corta duración. En total, 3.062 solicitudes de registro obligatorio han sido revocadas en Balears por no cumplir con los requisitos exigidos para poder comercializarse como alojamientos turísticos o de temporada.

La iniciativa, registrada por el PSIB-PSOE, se apoyaba en el consenso social existente en torno a la saturación turística que atraviesa las islas -con un 80% de residentes a favor de reducir el número de turistas y de plazas, según una encuesta del propio Govern-, lo que provoca un impacto directo en el territorio y los precios de la vivienda. El documento hacía hincapié, asimismo, en en el hecho de que el Ejecutivo presidido por la popular Marga Prohens haya eliminado los principales instrumentos para limitar el crecimiento del sector.

La proposición no de ley (PNL), debatida en la Comisión de Turismo, Cultura, Deportes, Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, ha sido tumbada con los votos en contra de los siete diputados de PP y Vox, frente a los seis votos favorables del PSIB, Més per Mallorca y el Grupo Mixto.

El texto rechazado, defendido por el diputado Llorenç Pou, recordaba que el actual Govern levantó la moratoria turística aprobada en 2022 por el anterior Ejecutivo de izquierdas a través de la ley de medidas urgentes para la sostenibilidad y la circularidad del turismo de Balears, que además dio un periodo de hasta cuatro años -también eliminado- para que los Consells establecieran la capacidad de carga de turistas que podía soportar cada una de las islas.

La iniciativa lamentaba, asimismo, la supresión de la medida de decrecimiento de plazas establecida en la anterior norma, que instaba a dar de baja dos plazas para poder dar de alta una nueva. “Dado que se han eliminado la fecha tope de la determinación del límite de carga de las islas y la medida de intercambio del 'dos por uno', las decisiones del actual Govern han provocado que el único camino para reducir el número de plazas sea la reducción de la oferta ilegal”, añadía el texto, que señala la creación, por parte del Consell de Mallorca, de dos bolsas transitorias a través de las cuales “se está ampliando el número de plazas comercializadas en la isla”.

El texto subrayaba además el fracaso de las medidas aprobadas hasta ahora para combatir este fenómeno, como la posibilidad de precintar viviendas turísticas ilegales. En este sentido, Pou ha recriminado que los resultados obtenidos de la medida aprobada en este sentido en octubre de 2023 por el actual Ejecutivo “han sido nulos”, dado que “no se ha podido precintar ninguna vivienda turística ilegal en Balears”.

Ante este escenario, los socialistas defendían que la reducción de la oferta turística ilegal se ha convertido en “el único camino” para contener el número de plazas. Para ello, la PNL instaba a los Consells de Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera, en coordinación con el Govern, a ejecutar durante el verano de 2026 un programa de seguimiento y control que permitiera a los servicios de inspección turística comprobar si las viviendas detectadas en 2025 como anunciantes de estancias ilegales en plataformas en línea como Airbnb que, un año después, continúan comercializándose.

Balears figura entre les comunitats autònomes amb major nombre d'habitatges turístics i de temporada que operen fora de la legalitat. En total, 3.062 sol·licituds de registre obligatori han estat revocades a l'arxipèlag, segons les dades fetes públiques aquest dilluns pel Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana en el marc de la posada en marxa del nou registre únic de lloguers de curta durada.

Encara que en xifres absolutes Balears ocupa el setè lloc del rànquing estatal, la dada adquireix una major dimensió en posar-la en relació amb la seva població: poc més d'1,2 milions d'habitants. En termes per càpita, l'arxipèlag se situa entre els territoris amb major concentració de lloguers il·legals, només per darrere de grans comunitats turístiques com Andalusia, Comunitat Valenciana o Canàries, totes elles amb poblacions molt superiors.

En total, el Ministeri ha notificat a les plataformes digitals la existència de 86.275 habitatges il·legals a tot Espanya que hauran de ser retirats dels portals online. Es tracta d'immobles que van sol·licitar el número de registre obligatori, en vigor des de juliol de 2025, però que no compleixen els requisits legals per operar com a lloguer turístic o de temporada.

De les 412.253 sol·licituds presentades, el 78% corresponien a lloguer turístic i el 22% a lloguer de temporada. Balears s'inscriu de ple en el primer grup, el més vinculat a la pressió sobre el mercat residencial i a l'encareiment de l'accés a l'habitatge.

El Ministeri que dirigeix Isabel Rodríguez subratlla que, amb aquest registre, busca preservar la funció social de l'habitatge i combatre la il·legalitat amb què opera actualment un gran nombre d'allotjaments, provocant “una pujada exagerada dels preus i l'expulsió de moltes famílies dels seus barris, així com una major gentrificació i pèrdua d'identitat en els mateixos”.

Un problema estructural, no puntual

A diferència d'altres comunitats, Balears no col·loca cap municipi entre els 20 amb més sol·licituds revocades, una circumstància que reforça l'abast de la dada: el lloguer turístic il·legal no es concentra en un o dos punts negres, sinó que apareix estès de forma homogènia pel territori, on centenars d'habitatges han sortit del mercat residencial per ser destinades al lloguer turístic, moltes d'elles sense complir la normativa vigent.

Des del Ministeri celebren que aquest registre “ja està funcionant amb l'objectiu de perseguir i posar fi al frau en els lloguers de curta durada, al mateix temps que s'activen altres mecanismes perquè aquests habitatges es puguin incorporar al mercat de lloguer residencial”. En comunitats com Balears, on l'accés a l'habitatge s'ha convertit en una de les principals emergències socials, l'impacte del lloguer il·legal resulta especialment visible.

La retirada obligatòria de milers d'anuncis obre ara una incògnita clau: quantes d'aquestes vivendes tornaran realment al mercat residencial i quantes buscaran noves fórmules per seguir operant al marge de la llei.

Balears figura entre las comunidades autónomas con mayor número de viviendas turísticas y de temporada que operan fuera de la legalidad. En total, 3.062 solicitudes de registro obligatorio han sido revocadas en el archipiélago, según los datos hechos públicos este lunes por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana en el marco de la puesta en marcha del nuevo registro único de alquileres de corta duración.

Aunque en cifras absolutas Balears ocupa el séptimo lugar del ranking estatal, el dato adquiere una mayor dimensión al ponerlo en relación con su población: poco más de 1,2 millones de habitantes. En términos per cápita, el archipiélago se sitúa entre los territorios con mayor concentración de alquileres ilegales, solo por detrás de grandes comunidades turísticas como Andalucía, Comunitat Valenciana o Canarias, todas ellas con poblaciones muy superiores.

En total, el Ministerio ha notificado a las plataformas digitales la existencia de 86.275 viviendas ilegales en toda España que deberán ser retiradas de los portales online. Se trata de inmuebles que solicitaron el número de registro obligatorio, en vigor desde julio de 2025, pero que no cumplen los requisitos legales para operar como alquiler turístico o de temporada.

De las 412.253 solicitudes presentadas, el 78% correspondían a alquiler turístico y el 22% a alquiler de temporada. Balears se inscribe de lleno en el primer grupo, el más vinculado a la presión sobre el mercado residencial y al encarecimiento del acceso a la vivienda.

El Ministerio que dirige Isabel Rodríguez subraya que, con este registro, busca preservar la función social de la vivienda y combatir la ilegalidad con la que opera actualmente un gran número de alojamientos, provocando “una subida exagerada de los precios y la expulsión de muchas familias de sus barrios, así como una mayor gentrificación y pérdida de identidad en los mismos”.

Un problema estructural, no puntual

A diferencia de otras comunidades, Balears no coloca ningún municipio entre los 20 con más solicitudes revocadas, una circunstancia que refuerza el alcance del dato: el alquiler turístico ilegal no se concentra en uno o dos puntos negros, sino que aparece extendido de forma homogénea por el territorio, donde centenares de viviendas han salido del mercado residencial para ser destinadas al alquiler turístico, muchas de ellas sin cumplir la normativa vigente.

Desde el Ministerio celebran que este registro “ya está funcionando con el objetivo de perseguir y poner fin al fraude en los alquileres de corta duración, al tiempo que se activan otros mecanismos para que estas viviendas se puedan incorporar al mercado de alquiler residencial”. En comunidades como Balears, donde el acceso a la vivienda se ha convertido en una de las principales emergencias sociales, el impacto del alquiler ilegal resulta especialmente visible.

La retirada obligatoria de miles de anuncios abre ahora una incógnita clave: cuántas de estas viviendas volverán realmente al mercado residencial y cuántas buscarán nuevas fórmulas para seguir operando al margen de la ley.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) ha notificado a las plataformas online la existencia de 302 viviendas turísticas y temporales ilegales en La Rioja para que retiren sus anuncios. Se trata de viviendas que han solicitado el número de registro de alquiler de corta duración, pero que no lo han obtenido porque no cumplen los requisitos y La Rioja es la comunidad con menos licencias rebocadas. Aún así, el número casi se ha duplicado con respecto a 2025 cuando Vivienda notificó 136 viviendas.

España ha sido el primer país de la UE en adaptar la normativa comunitaria que obliga a crear un registro único de alquileres de corta duración. Desde el pasado mes de julio, es obligatorio dicho código, que otorgan los Registradores de la Propiedad y que se comparte con las plataformas a través de la Ventanilla Única Digital del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Una vez este Ministerio notifica, las distintas plataformas que operan en este sector deben proceder a la retirada obligatoria de los anuncios relativos a estos inmuebles, que se pueden estar comercializando en varias de ellas a la vez.

De las 412.253 solicitudes de registro, de las cuales 320.620 (78%) corresponden al alquiler turístico, mientras que las 91.608 solicitudes restantes (22%) corresponden a alquiler no turístico; es decir, de temporada.

La gran anomalía en ese ámbito es la Comunidad de Madrid, donde el 83 por ciento de las solicitudes corresponden a vivienda de temporada. Concretamente, 21.978 de las 26.355 solicitudes recibidas son de alojamientos de temporada y 4.377 de alojamientos turísticos.

Madrid lidera el ranking de municipios con mayor número de solicitudes revocadas para el empleo de viviendas en el ámbito turístico, con un total de 5.344. Le siguen Barcelona (con 5.005 denegadas), Marbella (2.993), Sevilla (2.659), València (1.874), Málaga (1.845), Torrevieja (1.240), San Bartolomé de Tirajana (1.056), Adeje (1.019) y Arona (942).

Esta mañana la dignidad ha vuelto a caminar en Madrid. En concreto, han sido los pasos de unas 3.200 personas según los organizadores los que han hecho resonar tambores de justicia en el trayecto que separa la estación de Metro de Valdecarros, en Vallecas, hasta el Sector 6 de la Cañada Real. La lucha por la vivienda digna, por el derecho al territorio, son las grandes proclamas que han apoyado decenas de colectivos de la capital. Ahora, el barro que día tras día se pega en los zapatos de las mujeres y los niños que transitan este camino para acudir a la escuela, la compra o tomar un café se solidifica en las suelas de aquellos solidarios que no miran para otro lado ante la especulación inmobiliaria: “Cañada se queda. La vida se defiende. El territorio no se desaloja”.

En torno a las 11.00 horas se empezaban a arremolinar cientos de personas en Valdecarros convocadas por Tabadol, la PAH Vallekas y La Laboratoria. Algunas bocas calentaban motores para los cánticos que no tardarían en llegar. “Despierta, vecina, Cañada se queda”, “el suelo es vida, el suelo no es negocio” y “nuestras abuelas también fueron ocupas” han sido algunos de los más repetidos. Todos los allí presentes sabían lo que quedaba por delante: un camino de lucha y hermanamiento. “Estamos aquí para impedir que continúe el derribo de nuestras casas, al que nos vemos avocadas sin diálogo ni alternativa”, introduce a elDiario.es Houda Akrikez Essatty.

Ella es la presidenta y fundadora de la Asociación Cultural Tabadol, formada por mujeres del Sector 6 de la Cañada Real para defender sus derechos y continuamente ha estado al frente de la pancarta que abría la marcha con un solo mensaje: “Cañada se queda”, escrito en árabe, castellano, romaní y caló. “Tras cinco años de lucha por el corte de suministro eléctrico, nos hemos dado cuenta de que la lucha es por el territorio”, ha añadido esta madre de tres hijas pequeñas mientras la marcha comenzaba a recorrer sus primeros pasos.

A sus 38 años, Akrikez sabe bien que ocupar la Cañada significa tomar el testigo de una gran genealogía de autoconstrucción de viviendas en Madrid. “Queremos proteger nuestro territorio y defenderlo”, sostiene con seriedad. Para eso han convocado esta manifestación en la que cientos de personas han pisado un terreno que debería pertenecer a quien de él hace uso para vivir. Y lo han conseguido. Han hecho ver que la Cañada Real es un barrio de la ciudad.

Los manifestantes, agradecidos por los rayos de sol pero ateridos por un viento frío, han transitado el mismo camino que los vecinos de la Cañada Real deben realizar todos los días. Esta vez, ante la mirada con tinte de extrañeza de algunas personas que realizaban deporte en las inmediaciones. Tras completar un camino marcado por los desechos a sus orillas, tales como bolsas de plástico, zapatos y latas de bebida, ha llegado el momento más sensible. Cientos de personas han tenido que sortear el barro de en una fila individual, en una escombrera improvisada, que ha retrasado más de media hora la marcha.

Suspensiones cautelares de los derribos

El sentido político de la reivindicación ha estado presente en todo momento. La lucha por la vivienda, casi sinónimo de luchar por la vida en sí, no comenzó ayer en este lugar. “Llevamos aquí décadas y durante muchos años hemos estado resistiendo a las diferentes formas de acoso institucional”. Se refiere a la gestión que el Ayuntamiento de Madrid y Rivas-Vaciamadrid han realizado del Sector 6 en el último tiempo. Según Akrikez, el último censo realizado en el lugar hablaba de unas 2.500 personas en 2016, de las que 1.500 eran menores.

Para todas ellas hay un pequeño rayo de esperanza. Tras recurrir el inicio el 2 de octubre de 2025 del procedimiento para los derribos por parte del Consistorio madrileño, “totalmente arbitrario y sin fundamento”, comenta la presidenta de Tabadol, la justicia les ha dado algo de oxígeno. Esas cartas llegaron con la firma de Julio César Santos, cargo del Ayuntamiento inhabilitado desde septiembre, asegura Tabadol.

Por el momento, se han dictado algunas suspensiones cautelares de las demoliciones por considerar las viviendas “domicilios habituales de las demandantes”, cuyo derribo ocasionaría un “perjuicio irreparable”. Ahora, esperan que la suspensión temporal llegue a la docena de familias afectadas y señaladas por el Ayuntamiento liderado por José Luis Martínez-Almeida.

Akrikez, a quien los manifestantes no dejan de saludar y ensalzar, es clara a la hora de expresar las tres principales demandas de esta protesta llamada a marcar un antes y un después en la lucha por la vivienda digna, ya no solo de la Cañada, sino de la capital al completo. “Exigimos el cese de las amenazas de derribo y la paralización de las demoliciones. Exigimos la apertura de un proceso real de diálogo directo con los vecinos. Y exigimos el reconocimiento del derecho al territorio de los vecinos de la Cañada Real. Porque sin vivienda digna no hay ningún derecho garantizado”, enfatiza.

Una estrategia urbanística

La PAH Vallekas ha sido otro de los colectivos que ha convocado la manifestación. Sonia García, una de sus portavoces, recuerda que la Cañada Real es otro de los tantos barrios que nacieron en Madrid ante la llegada de trabajadores durante los años del desarrollismo franquista. “El componente de origen de las personas que viven en la Cañada, muchas gitanas rumanas o españolas, o marroquís, tiene mucho que ver con que no se hayan regularizado sus viviendas como sí sucedió con otros barrios autoconstruidos en Madrid o en Vallecas mismo”, denuncia.

Hondeaban a su alrededor las banderas verdes de la PAH cuando esta activista por la vivienda digna ha resaltado que hace unos 20 años comenzaron los intentos de invisibilizar y desalojar la Cañada. “Los ayuntamientos y promotores vieron la posibilidad de crecer hacia el sureste, por eso estos terrenos son tan codiciados”, dice García, quien ha asegurado sin titubeos que “si no conseguimos que Cañada se quede, estamos todos vendidos”. Ya lo decían en su comunicado de convocatoria: “Los mismos que nos desahucian en otros barrios de Madrid tienen intereses aquí”.

García ha sido una de las personas que estos días ha intentado allanar el camino en esta lucha, metafórica y literalmente. Mientras la marcha casi alcanzaba su final, la portavoz de PAH Vallekas ha subrayado cómo una de las estrategias de expulsión es hacer imposibles los caminos que conectan con el Sector 6: “Hemos tenido que limpiar de escombro para que la gente pueda pasar. A las Administraciones les da igual cómo está ese camino, que cuando llueve siempre se embarra y las mujeres deben transitar con niños todos los días”. Y así ha quedado patente.

Una comunidad de apoyo mutuo

Desde La Laboratoria, un espacio de investigación feminista, también han decidido convocar la protesta. “Tenemos una imagen muy estigmatizada de la gente que vive en la Cañada. En realidad, Cañada nos recuerda el pasado de Vallecas”, sostiene Marta Malo, portavoz del colectivo. Desde su punto de vista, lo que sucede en la Cañada deja un futuro que se bifurca. “Si todo sigue será algo negativo, debido a la especulación sin freno que cada vez obliga a más personas a la autoconstrucción de sus viviendas, pero también positivo, cuando vemos que lugares así resisten y cooperan frente a esta dinámica de expulsión permanente”, desarrolla.

Malo ha destacado que “marchar por la Cañada también es marchar por el derecho a la ciudad y el tipo de Madrid que queremos”. En este sentido, ha criticado la supuesta política de realojos en alquileres sociales. “Cuando estás en una situación de mucha precariedad y te meten en un piso durante seis meses, aunque sea barato, te separan de la Cañada, donde sí hay una comunidad que te permite cierto apoyo mutuo”, ha precisado la portavoz de La Laboratoria cuando la manifestación llegaba a su fin.

Marchar por el derecho a tener derechos

El culmen de la protesta ha tenido lugar cerca de la sede de Tabadol con la lectura de un comunicado, previo a una pequeña comida popular y después de que varios colectivos y entidades dirigieran unas palabras a los presentes. “Marchamos por la vivienda. Marchamos por el derecho al territorio. Marchamos por el derecho a tener derechos. Y marchamos también por el derecho a la rabia. Porque la rabia no es violencia. La rabia es una respuesta legítima cuando te quieren expulsar. La rabia es memoria de todo lo perdido. La rabia es defensa del hogar”, han expresado en el comunicado.

Tal y como han añadido ante la mirada atenta de los manifestantes, “defender nuestras casas es defender nuestra dignidad. Y no vamos a permitir que nos sigan expulsando del lugar donde vivimos. Por eso decimos alto y claro: Cañada se queda”. También se han referido al feminismo, el antirracismo, el ecologismo y los colectivos vecinales, así como los que defienden una sanidad y educación públicas, que les apoyan en su lucha. “Derribar viviendas no es una solución. Desalojar familias no es política social. Desplazar comunidades no es progreso”, han criticado.

Por último, un único mensaje ha quedado petrificado en el aire frío del Sector 6: “Porque la vivienda digna es la puerta de entrada a todos los derechos, y cuando se derriba una casa, se intenta derribar una vida entera. Y lo decimos hoy con más claridad y fuerza que nunca: Cañada se queda. La vida se defiende. El territorio no se desaloja”.

El Gobierno ha impuesto a Airbnb la segunda mayor multa de una administración de consumo española de la historia a una empresa privada. “Cuando los poderes públicos actúan con determinación, ningún poder económico puede eludir sus responsabilidades”, afirmó este lunes el ministro del ramo, Pablo Bustinduy, que se comprometió a “erradicar prácticas especulativas y lesivas” en el marco de sus competencias. La sanción, de 65 millones de euros, supone seis veces el beneficio ilícito que la empresa obtuvo durante el tiempo que se negó a eliminar más de 65.000 páginas de viviendas que no tenían licencia para anunciarse o que mostraban un número de registro falso: unos 10 millones.

La mayoría de estos pisos sin permiso para ofrecerse como alojamiento vacacional se encuentran en algunas de las comunidades con zonas más tensionadas por la presión turística. Según los datos a los que ha podido acceder elDiario.es, uno de cada tres de estos anuncios se encuentra en la Comunitat Valenciana, con casi 22.000 páginas sin número de registro. Como muestra el siguiente mapa, Canarias, con 12.486, y Galicia, con 6.897, completan los primeros puestos de esta lista.

Canarias, como Balears con más de 4.300 anuncios ilegales, son comunidades eminentemente turísticas donde algunos operadores tratan de sacar provecho a toda costa. En Galicia, por su parte, la tensión por la crisis de la vivienda tampoco es baladí. A Coruña ha sido declarada zona tensionada, pese a las pegas de la Xunta del PP, que ha terminado aceptando los requerimientos del consistorio socialista, mientras Santiago espera lo propio.

Con todo, el mapa debe mirarse teniendo en cuenta las competencias del Ministerio y la idiosincrasia de cada comunidad. Cuando Consumo inició este procedimiento, en diciembre de 2024, no existía el registro único que arrancó este 1 de julio, por lo que cada gobierno autonómico o ayuntamiento tenía capacidad para exigir que los anuncios incluyeran el número de registro.

“Como se puede comprobar, las sanciones por no incluir el número de registro están presentes en todo el territorio del Estado, menos en Madrid, Andalucía y Extremadura”, territorios donde “la normativa autonómica no recogía la obligatoriedad de incluir un número de registro, por lo que el número de pisos retirados es mucho menor que en el resto de comunidades y los casos de anuncios retirados se limitan a un número de registro falso”, indican fuentes del Ministerio de Consumo.

Por ejemplo, solo en la ciudad de Madrid, el equipo de Bustinduy identificó en el mes de marzo más de 15.000 anuncios que no cumplían con la normativa local, pero que “no pudieron ser eliminados por el Ministerio al tratarse de una competencia municipal”.

El conflicto entre Airbnb y Consumo se remonta a octubre de 2024. “El Ministerio notificó a esta plataforma la existencia de publicidad ilícita relativa a más de 65.000 pisos turísticos”, explicó Bustinduy este lunes en una rueda de prensa, pero “ante la inacción [de la compañía], se inició el expediente sancionador en diciembre de 2024”. Es decir, la millonaria multa llega por la negativa de la empresa a retirar esos anuncios, una vez advertida. La administración ya entendía entonces que esta actitud insumisa “podría generar lesiones o riesgos para los intereses de consumidores y usuarios de forma generalizada”.

Hasta ahora, esta es la segunda multa más cuantiosa a la que se enfrenta una empresa privada, tras los 107 millones de euros a Ryanair. Consumo condenó a la aerolínea por prácticas abusivas, como cobrar suplemento por el equipaje de mano o reservar servicios contiguos para acompañar a personas dependientes. Esta compañía recurrió al Tribunal Superior de Madrid, que estimó las medidas urgentes solicitadas con la condición de que se presentase un aval bancario por la cantidad de la multa impuesta.

En esta ocasión, Airbnb ya ha anunciado que recurriría la sanción de Consumo ante los tribunales, al considerar que “ha cumplido en todo momento con la normativa aplicable en España”. La compañía estima que “la obligación de las plataformas de garantizar que los anuncios muestren el número de registro se incorporó en esta nueva normativa, por lo que no es aplicable, cuando se inició esta contienda en 2024, un año antes de la entrada en vigor de las mencionadas obligaciones a plataformas”.

El 1 de julio entró en vigor la nueva ventanilla única de arrendamientos, que obliga a los propietarios de viviendas que quieran anunciarlas en plataformas para uso turístico o alquiler de temporada a contar con un número de identificación, expedido por los registradores de la propiedad. Ese mismo día, la mitad de los pisos no podían anunciarse en plataformas y a principios de septiembre el Ministerio de Vivienda había notificado más de 53.000 pisos ilegales, que habían solicitado el número de registro obligatorio, pero que no cumplían los requisitos legales.

Al margen de estos alojamientos vacacionales ilícitos, a finales de julio, Airbnb accedió a bloquear los 65.000 anuncios por los que Consumo tenía en marcha el expediente sancionador que siguió su curso, al considerar que una infracción no queda impune por dejar de cometerla. Sin embargo, lo hizo tras un acuerdo con el Ministerio de Vivienda, a quien consideran “la autoridad competente en esta materia a nivel estatal”.

Previamente, el Tribunal Superior de Madrid respaldó una primera actuación de Consumo y rechazó la petición de medidas cautelares de la plataforma, a la que obligó a retirar una primera actuación de una tanda de 5.800 de estos 65.000. Bustinduy ha defendido que su departamento “aplica la legislación española con todo el rigor y con toda la determinación” y ha insistido en que “no puede haber modelos de negocio construidos al margen de la ley”.

La Asociación de Alojamientos de Corta Estancia Casocia ha anunciado que llevará a los tribunales la nueva normativa preparada por el Gobierno asturiano para regular los pisos turísticos, una medida con la que el Ejecutivo pretende frenar la expansión descontrolada de este tipo de alojamientos y garantizar estándares mínimos de seguridad y convivencia. La patronal del sector considera que las nuevas obligaciones —como la recepción presencial en las primeras 24 horas o la limpieza diaria— son “inasumibles”, pese a que muchas de ellas ya forman parte de la operativa habitual en otros modelos de alojamiento reglado.

El Principado plantea exigir un baño por cada cuatro plazas, sistemas de monitorización de ruido, señalización de emergencias, extintores, planos de evacuación, botiquín y un límite máximo de ocho plazas por vivienda, así como conexión a internet o teléfono. Para Casocia, estas obligaciones suponen una carga “excesiva”, aunque el decreto establece plazos de adaptación de hasta doce meses en algunos casos.

Reducir economía sumergida

El borrador también obligará a incluir el número de registro y la ubicación exacta en todas las plataformas de comercialización, una medida destinada a mejorar la trazabilidad y reducir la economía sumergida, que se ha disparado en los últimos años al calor del turismo de corta estancia.

Casocia considera “preocupante” que el decreto no haya sido modificado tras las alegaciones del sector y sostiene que el Gobierno asturiano “avanza en sentido contrario” al resto del país. Sin embargo, la mayoría de comunidades autónomas —incluidas algunas gobernadas por el PP— han comenzado a endurecer las regulaciones ante el impacto creciente del turismo de plataforma en el acceso a la vivienda y en la convivencia vecinal.

Costes a “niveles de hotel”

Para la patronal, la propuesta del Principado “elevará los costes a niveles propios de un hotel”, aunque buena parte de las viviendas turísticas se comercializan con precios comparables o superiores sin ofrecer garantías ni servicios equivalentes. El sector reclama una normativa “más flexible” y amenaza con exigir que estos requisitos se extiendan también a hoteles pequeños, albergues, casas rurales o pensiones, en un intento de trasladar la presión regulatoria a ámbitos que ya cuentan con controles públicos.

El Gobierno asturiano defiende que el objetivo del decreto es ordenar un mercado que ha crecido sin apenas regulación, proteger a los usuarios, mejorar la seguridad y, sobre todo, evitar que el negocio de las plataformas siga tensionando el mercado de la vivienda, especialmente en las zonas urbanas. Mientras tanto, la patronal de los pisos turísticos insiste en su estrategia de confrontación jurídica para frenar cualquier avance en materia de control público.

El 22 de abril de 2023 ardieron entre 15 y 20 chabolas del asentamiento en la carretera de Las Peñas de San Pedro, en Albacete capital. No hubo daños personales.

Hoy el episodio se ha repetido. Esta vez, el fuego ha afectado a 25 chabolas, de nuevo sin víctimas, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha. Ocurría poco antes de las 13.30 horas. Los bomberos de Albacete lo daban por controlado apenas 40 minutos después y ya ha sido extinguido, aunque los bomberos refrescan la zona para evitar que se reproduzca.

En este poblado de infraviviendas, y en determinados momentos del año, suelen habitar los temporeros que faenan en la provincia, normalmente inmigrantes, que llegan para trabajar en el campo. Pero no son los únicos.

En realidad desde el año 2007 allí viven diferentes tipos de personas. Lo contaba hace dos años Cheikhou Cisse, presidente del Colectivo de Apoyo al Inmigrante en Albacete, en declaraciones a este medio, poco antes de las elecciones municipales y autonómicas.

El Ayuntamiento asegura que ha evitado algo más grave

Las distintas administraciones se pasan la 'patata caliente' de la responsabilidad y las promesas electorales siguen sin tener efectos claros dos décadas después. De hecho, el Ayuntamiento ha asegurado en un comunicado que impulsa, “excede ampliamente las competencias municipales”, si bien impulsa una mesa interinstitucional “con otras administraciones, vecinos y agricultores, para trabajar conjunta y coordinadamente en el problema de los asentamientos”.

El consistorio también ha asegurado que ha llevado durante el último año trabajos de limpieza y mejora de la salubridad en los asentamientos, algo que, en su opinión, “ha evitado una mayor propagación de las llamas”.

Las actuaciones realizadas se han centrado en la recogida de “más de 200.000 kilos de basura y coches abandonados”, y el derribo de más de “130 construcciones precarias y chabolas no habitadas”.

Por último, el consistorio también ha informado que, una vez controlado el incendio, se ha procedido a limpiar la zona por personal de Valoriza para evitar nuevos riesgos y se han reservado 21 plazas en el albergue municipal para las personas afectadas.

La Asociación de Viviendas de Uso Turístico de Cantabria (AVUTCAN) presentó el 22 de septiembre recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria contra el decreto que regula las viviendas de uso turístico en la comunidad autónoma y este lunes se le ha comunicado su admisión a trámite.

Así lo ha informado AVUTCAN en un comunicado, en el que ha explicado que el recurso se fundamenta en la vulneración del principio de irretroactividad de las normas jurídicas, al pretender dejar sin efecto licencias ya concedidas o en tramitación, entre otros aspectos.

La asociación considera “ilegal” este carácter retroactivo, además de que supone “un grave perjuicio” para los propietarios de las más de 6.500 viviendas de uso turístico legales o en proceso de legalización en Cantabria.

En su opinión, el decreto, “lejos de ordenar el sector, persigue la extinción de esta modalidad alojativa, que permite a muchas familias cántabras obtener ingresos con los que subsistir, a otras muchas disfrutar de unas vacaciones asequibles, a empresas alojar a sus trabajadores en condiciones competitivas y a familiares visitar con mayor frecuencia a personas hospitalizadas o estudiantes desplazados, entre otros muchos ejemplos”.

Asimismo, afirma que su entrada en vigor tendrá “un impacto muy negativo en la economía regional”, ya que según dice afectará no solo a los pequeños propietarios, sino también al tejido empresarial que depende de esta actividad como empresas de limpieza, lavanderías y servicios textiles; multiservicios, mantenimiento, fontanería, electricidad o jardinería; y comercio y hostelería de proximidad, que se nutren del consumo de los huéspedes.

AVUTCAN ha reiterado su disposición al diálogo, pero defiende “los derechos adquiridos de los propietarios y la necesidad de un marco normativo justo, seguro y proporcionado, que apueste por un turismo de calidad, sostenible y responsable, sin destruir una modalidad alojativa plenamente legal y necesaria para Cantabria”.

Enmig de la greu crisi que travessa l'habitatge a les Balears -la comunitat autònoma amb el preu més elevat per metre quadrat-, el Servei d'Inspecció d'Habitatge del Govern i el Grup d'Estrangeria de la Policia Nacional han detectat l'existència d'11 infrahabitatges en un assentament barraquista al municipi mallorquí de Manacor. El propietari havia aixecat els habitacles per posar-los en lloguer sense els subministraments bàsics i sense les condicions necessàries de salubritat, fets pels quals podria enfrontar-se a sancions de fins a un milió d'euros.

En una inspecció duta a terme de forma conjunta, inspectors i agents van descobrir que la construcció xabolista amb prou feines comptava amb dos banys i dues cuines, tots ells comuns. El recinte presentava unes condicions precàries tant d'higiene, arran de l'acumulació de restes d'escombraries i de residus orgànics, com de seguretat a causa del deteriorament dels sostres i l'escassa estabilitat de les estructures. La instal·lació elèctrica deficitària, a més, suposava en risc de perill per a les persones que resideixen al lloc.

D'acord amb la informació recollida pels investigadors, els 11 infrahabitatges són propietat d'un mateix propietari que s'aprofitava de les necessitats habitacionals de les persones que pagaven els lloguers, i moltes de les quals són persones amb baixos recursos o en situació irregular al país.

El Govern, a través de la Conselleria dHabitatge, Territori i Mobilitat, ha obert diligències per a la posterior obertura dun expedient sancionador.

D'acord amb allò que disposa la Llei balear d'habitatge, la creació d'infrahabitatges està tipificada com una infracció molt greu que se sanciona amb multes d'entre 30.001 i 90.000 euros. Tal com assenyala la Conselleria, cada infrahabitatge constituït se sanciona separadament, per la qual cosa el propietari s'enfrontaria a sancions que podrien vorejar el milió d'euros.

El cas se suma a altres de similars com el de desenes de persones que malviuen en trasters i habitacles sense finestres ni ventilació al carrer Joan Miró, a Palma. Totes paguen entre 300 i 750 euros en mà al policia local que els lloga de forma fraudulenta, i que l'any passat va ser detingut per arrendar il·legalment aquests infrahabitatges sense les mínimes condicions dhigiene i salubritat.

A les illes, la greu situació de l'habitatge a Balears, travessada des de fa anys per l'especulació -alimentada per les successives bombolles immobiliàries-, la voracitat dels fons d'inversió, la polarització econòmica i la turistització, està abocant nombroses persones a l'amuntegament en aquest tipus d'infrahabitatges i en caravanes, fenòmens agreujats, entre altres causes, per la creixent irrupció de compradors estrangers -principalment alemanys, britànics i francesos amb gran solvència financera- que compren immobles a preus inabastables per a la majoria dels residents.

En medio de la grave crisis que atraviesa la vivienda en Balears -la Comunidad Autónoma con el precio más elevado por metro cuadrado-, el Servicio de Inspección de Vivienda del Govern y el Grupo de Extranjería de la Policía Nacional han detectado la existencia de 11 infraviviendas en un asentamiento chabolista en el municipio mallorquín de Manacor. El propietario de las mismas había levantado los habitáculos para ponerlos en alquiler sin los suministros básicos y sin las condiciones necesarias de salubridad, hechos por los que podría enfrentarse a sanciones de hasta un millón de euros.

En una inspección llevada a cabo de forma conjunta, inspectores y agentes descubrieron que la construcción chabolista apenas contaba con dos baños y dos cocinas, todos ellos comunes. El recinto presentaba unas condiciones precarias tanto de higiene, a raíz de la acumulación de restos de basura y residuos orgánicos, como de seguridad debido al deterioro de los techos y la escasa estabilidad de las estructuras. La instalación eléctrica deficitaria, además, suponía en riesgo de peligro para las personas que residen en el lugar.

De acuerdo con la información recabada por los investigadores, las 11 infraviviendas son propiedad de un mismo dueño, quien se aprovechaba de las necesidades habitacionales de las personas que pagaban los alquileres, tratándose muchas de ellas de personas con bajos recursos o en situación irregular en el país.

El Govern, a través de la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad, ha abierto diligencias para la posterior apertura de un expediente sancionador.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley balear de vivienda, la creación de infraviviendas está tipificada como una infracción muy grave que se sanciona con multas de entre 30.001 y 90.000 euros. Tal como señala la Conselleria, cada infravivienda constituida se sanciona separadamente, por lo que el propietario se enfrentaría a sanciones que podrían rozar el millón de euros.

El caso se suma a otros similares como el de decenas de personas que malviven en trasteros y habitáculos sin ventanas ni ventilación en la calle Joan Miró, en Palma. Todas ellas pagan entre 300 y 750 euros en mano al policía local que los alquila de forma fraudulenta, y que el año pasado fue detenido por arrendar ilegalmente estas infraviviendas sin las mínimas condiciones de higiene y salubridad.

En las islas, la grave situación de la vivienda en Balears, atravesada desde hace años por la especulación -alimentada por las sucesivas burbujas inmobiliarias-, la voracidad de los fondos de inversión, la polarización económica y la turistización, está abocando a numerosas personas al hacinamiento en este tipo de infraviviendas y en caravanas, fenómenos agravados, entre otras causas, por la creciente irrupción de compradores extranjeros -principalmente alemanes, británicos y franceses con gran solvencia financiera- que compran inmuebles a precios inalcanzables para la mayoría de los residentes. 

Los propietarios de viviendas que quieran anunciarlas en plataformas para uso turístico o alquiler de temporada deberán contar desde este 1 de julio con un número de identificación, expedido por los registradores de la propiedad, que certifique que cumplen con los requisitos exigidos por la normativa. El plazo de seis meses que el Ministerio había dado para completar este trámite se saldó con un total de 231.379 solicitudes recibidas este martes. Unas 100.000 se aceptaron, otras 112.000 están activadas provisionalmente, porque se solicitaron a última hora, y más de 19.000 han sido revocadas y no podrán publicitarse en plataformas como Airbnb o Booking.

España se convierte, con esta ventanilla única, en el primer país de la Unión Europea en aplicar la normativa comunitaria referente a los alquileres de corta duración. El registro contempla dos casuísticas: las viviendas de uso turístico y aquellas que quieran destinarse al alquiler de temporada, la trampa que muchos propietarios han encontrado frente a la Ley de Vivienda, que blinda los contratos de arrendamientos de subidas indiscriminadas durante cinco o siete años, en función de si el casero es un pequeño propietario o un gran tenedor o empresa.

Por comunidades autónomas, Andalucía es la región donde más solicitudes han atendido los registradores, con más de 50.000 para uso turístico y 2.250 para el alquiler de temporada. No es casualidad que aquí se encuentren algunos municipios muy turísticos y que acumulan buena parte de los registros, como Málaga (6.751), Marbella (4.238), Sevilla (5.051), Mijas (2.663), Benalmádena (2.538), Estepona (2.037) o Granada (1.970).

La segunda comunidad que más solicitudes ha registrado es Catalunya, donde destaca el alto porcentaje de viviendas que se quieren destinar al alquiler de temporada, con 15.830, frente a casi de 30.000 turísticas. La ciudad, donde se aplican las zonas tensionadas, es la muestra palpable de lo que desde el Ministerio de Vivienda han venido a denominar como “fraude”: pasar de alquiler habitual al de corta estancia exento de regulación. Según un análisis de elDiario.es, en abril, el 80% de todos los anuncios detectados en esta ciudad eran de temporada.

Si en todas las comunidades autónomas predominan las solicitudes para el alquiler turístico, en Madrid la relación es la contraria. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, se ha referido a esta “asimetría” durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes. “Si en el resto de España en torno al 75% son pisos turísticos y el resto, temporales, en el caso de Madrid es a la inversa. ¿Por qué? Porque son ilegales y, por lo tanto, no se pueden registrar”, ha explicado Rodríguez, que ha reconocido que “para abordar algunas políticas en nuestro país se requiere del acuerdo de todas las administraciones públicas”.

A su lado, el Ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, aseguraba que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, “no ha hecho nada” contra los pisos turísticos. La Dirección General de Consumo ha enviado al Consistorio varias tandas de información relativa a anuncios ilegales de pisos turísticos, la última este lunes, con un listado de 3.500 direcciones postales para “facilitar la labor de inspección y sanción” del Ayuntamiento. “El Ministerio está haciendo el trabajo que el Ayuntamiento no hace”, ha afirmado.

Los datos recogidos por los registradores de la propiedad contrastan con la estimación de viviendas turísticas que hace el Instituto Nacional de Estadística, a través de un análisis de las principales plataformas. Según el INE, en España hay unos 368.000 alojamientos turísticos, frente a las casi 183.000 solicitudes. El cruce de estos datos vuelve a poner en la diana a Madrid, donde habrían ignorado la nueva normativa el 89% de los propietarios.

Como muestra el siguiente gráfico, las comunidades que más se ajustan a las estimaciones del INE son Andalucía, Aragón y Canarias, entre el 65 y el 62%. En todo el Estado, se habrían registrado tan solo la mitad de las viviendas turísticas.

El Ministerio de Vivienda ha recabado datos de los municipios con mayor número de solicitudes. A la cabeza están las ya mencionadas Barcelona, Málaga, Marbella y Sevilla. Estas dos últimas son, como muestra la siguiente tabla, las que más se aproximan a las estimaciones del INE, con las notables excepciones de Salou, donde ha habido más registros de los esperados, Torremolinos, con el 90% de peticiones en relación con los cálculos del Instituto Nacional de Estadística, y Fuengirola, con el 85%.

A falta de que se resuelvan las 112.000 solicitudes pendientes —90.000 de alquiler turístico y 22.000 temporales—, los registradores han revocado más de 19.000 peticiones. Son 16.000 pisos vacacionales y casi 3.300 viviendas que querían destinarse al alquiler de temporada y que no podrán anunciarse en las plataformas digitales por no cumplir con los requisitos que exige la normativa o por defectos en la información facilitada a los registradores.

En concreto, Andalucía, Canarias, Catalunya y la Comunitat Valenciana son las que más 'noes' han recibido a la hora de intentar obtener un código de alquiler de vivienda turística y estas dos últimas, junto a Madrid, en el caso de los arrendamientos temporales.

Estas viviendas, junto a las que no se hayan registrado todavía, no podrán anunciarse desde este martes en plataformas digitales, aunque sí podrán comercializarse desde inmobiliarias a pie de calle o mediante el boca a boca. Airbnb, una de las principales páginas de anuncios, emitió un comunicado el pasado 27 de junio en el que anunciaba la “implementación de una herramienta que facilitará el cumplimiento de la nueva normativa nacional para los alquileres de corta duración”. “A partir del 1 de julio, Airbnb exigirá a cualquier nuevo anuncio que se publique mostrar un número de registro válido según su tipología”, indican.

Aunque Airbnb solo hace referencia a los “nuevos anuncios”, fuentes ministeriales trasladan que se lleva meses trabajando con estas plataformas en la eliminación de los anuncios que no cumplen la normativa. Una posición que contrasta con la que la compañía ha mantenido ante los requerimientos del Ministerio de Consumo, que le ha abierto un expediente sancionador por negarse a bloquear miles de pisos de alquiler turístico sin licencia.

El mòbil d’en Gregorio (nom fictici) recorre en pocs segons la superfície de l’habitació. No necessita més temps per mostrar-ho tot. És petita, acumula poques coses. L’objectiu de la càmera capta un llit, una tauleta de nit, un ventilador, una nevera. Un armari, sense portes, on amuntegar la roba. Dos armaris més, amb portes, que fan servir com a rebost. Un té pany. L’altre, no. No toquéis mis cosas es llegeix en el marc d’un dels prestatges.

“És clar, aquesta habitació era compartida. Ara és meua, visc tot sol en aquests dos per tres”, comenta –irònic– quan se li demana per la mida del seu habitatge. “750 euros”, respon –flegmàtic– quan se li demana quant paga l’últim dia de cada mes. Els seus sous, i els d’una trentena de persones més, acaben a la butxaca d’Agustín Sales Sapiña, un propietari que fa vint anys que voreja la legalitat a Sant Antoni de Portmany, Eivissa.

“El xalet-pastera és vox populi a l’illa. El taxi que ens va portar fins allà quan vam fer la mudança ja sabia on anava”, diu n’Ana Rocío, una afirmació compartida per la seua companya Eva. Durant dos mesos, van conviure (i van fer amistat) amb en Gregorio. La seua mensualitat, en compartir habitació, era més baixa. 395 euros per persona a canvi de dormir en un cubicle separat per pladur d’altres cubicles. A través del guix se filtraven remors i olors. La intimitat era escassa en un lloc que, paradoxalment, va ser per a elles un salvavides.

Aquestes dos al·lotes –madrilenyes i cambreres– van arribar a Eivissa a la primavera amb un contracte de treball, però van descobrir que no tenien habitatge. La seua primera experiència a l’illa començava malament. Havien picat l’ham d’una oferta fantasma; les havien estafat. Aleshores va aparèixer una habitació que feia temps que “veien a Idealista”. Van escriure, van escoltar que només la llogaven a majors de trenta anys, però en rebre la vida laboral de totes dos, l’amo els va obrir la seva propietat. La mateixa reixa, les mateixes portes pintades de blau que tantes voltes han sortit a les pàgines de la premsa local. Els periodistes eivissencs també coneixen de memòria el camí que condueix fins al número 2 del Carrer de ses Margalides.

Problemes legals des de fa vuit anys

El pastís es va destapar el 2017. “Aquest assumpte s’ha polititzat i ha d’haver-hi un cap de turc. I seré jo. No sé fins a quin punt, però estic segur que seré el cap de turc”, va dir Sales Sapiña a Diario de Ibiza quan els mitjans locals es van plantar per primera vegada davant de la seua propietat amb càmeres i gravadores. S’havien emès imatges de l’interior del seu habitatge –que també és el domicili on ell resideix– en diversos programes de televisió nacional.

Més enllà del sensacionalisme, el xalet-pastera amagava una realitat molt complexa com per explicar-la enmig del fragor d’una tertúlia de plató. Era l’exemple de com ha funcionat l’urbanisme en un municipi, Sant Antoni, esquinçat per la manca de planificació i les llicències a la carta. Un cercle viciós que va començar durant el boom del turisme (en plena dictadura franquista) i que dura fins avui, gairebé mig segle després del retorn de les eleccions municipals: hi ha lleis i plans generals vigents, que s’aproven, però no sempre es respecten ni es fan complir.

El desordre d’es Molí, el barri periurbà on es troba el xalet-pastera, n’és la prova, d’aquest l’anarcocapitalisme que va fer créixer Sant Antoni. Més que un entramat de carrers, és un campi qui pugui; un lloc on complir un somni que es va convertir en aspiració social amb el retorn de la democràcia i l’auge econòmic de les primeres legislatures felipistes: viure en una casa unifamiliar. Per això, molts dels nouvinguts, atrets per l’escalf del turisme, s’hi van instal·lar quan van aconseguir estalviar una mica de sous.

Sales Sapiña és un dels molts valencians que es van establir al port més proper a la costa llevantina. La relació entre la Terreta i aquesta badia (la més gran i la que és més a recer d’Eivissa: un fet que ja apreciaven els fenicis i, sobretot, els romans) ve de molt enrere. Dénia i Gandia es troben a poc més d’un centenar de quilòmetres en línia recta de Sant Antoni. Quan el turisme es va convertir en l’única font de riquesa de l’illa, alguns dels edificis més alts es van construir a les ribes d’aquesta badia. Quadrilles de paletes valencians i alacantins van fer la mateixa ruta que els pescadors que treballen a les dos costes del canal, la insular i la peninsular, per aixecar-los.

Alguns s’hi van quedar i es van convertir en constructors en una època i un lloc on era fàcil edificar. S’hi sentien com a casa i, a més, tenien un paisà que els facilitava la feina: Miquel Àngel Martí Miralles va ser, durant els anys vuitanta, noranta i els dos mil, l’aparellador que tenia en plantilla l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany. El 7 de novembre de 2013 va saber que el condemnaven a un any i mig de presó i vuit d’inhabilitació per exercir un càrrec públic. Delicte de prevaricació. Sense immutar-se, va acudir al seu lloc de feina. Llavors havia fet els seixanta-cinc anys. Era a punt de jubilar-se. Tenia altres causes obertes als jutjats.

El xalet-pastera es troba as Molí, un barri caracteritzat pel desordre urbanístic. El propietari de l’immoble és un dels molts valencians que es van establir a Sant Antoni, el port més proper a la costa llevantina

Més d’una dècada després d’aquells fets, Martí Miralles despenja el telèfon i assegura que, en el cas del xalet-pastera, no va consentir que es vulneràs la legalitat. “Si, com a aparellador municipal”, explica l’antic funcionari, que va començar a treballar a l’Ajuntament de Sant Antoni cap al 1985, “es van detectar algunes obres, segur que hi havia un expedient d’infracció urbanística, i el meu informe aniria en aquest sentit, declarant-les il·legals i que no es podien legalitzar”. Continua: “Hauria de veure l’informe i els expedients per respondre amb més exactitud. Estic parlant de memòria; en tinc, però no tanta. Recorde una mica la zona. No sé si és aquest xalet o va ser en un altre, però em sona que es van detectar algunes infraccions i es va obrir el corresponent expedient d’infracció. Això ha de constar a l’Ajuntament”. Tot i sol·licitar en diverses ocasions l’històric d’expedients relacionats amb la propietat de Sales Sapiña, l’equip de govern del municipi eivissenc no ha remès cap document ni tampoc cap informació a elDiario.es.

Retirat dels mitjans

Les obres sense llicència –segons el Consistori– que va realitzar Sales Sapiña a la seua vivenda van coincidir amb aquella època de barra lliure urbanística a Sant Antoni. A la parcel·la de 957 metres quadrats que va comprar als afores del poble a finals dels anys vuitanta, el propietari pràcticament va doblar la superfície construïda –de 400 metres a més de 700, segons va informar l’Ajuntament a Periódico de Ibiza y Formentera–, la va reconvertir en apartaments –sense autorització municipal, i per tant sense possibilitat de legalització– i, quan va veure que s’havien quedat petits –“Em deien que tenien pocs metres”, va dir a la premsa local després que Telecinco destapés el cas–, els va reconvertir en habitacions.

Fins fa pocs dies, el número de telèfon de Sales Sapiña era a l’abast de qualsevol que es trobàs amb l’anunci que tenia publicat a Idealista. El 12 de juny el retirà. El gener passat, va atendre Periódico de Ibiza y Formentera. El periodista es va fer passar per una persona interessada en llogar-li una habitació. Ara, quan despenja el telèfon, diu que s’estima “no parlar amb la premsa”. La conversa dura quaranta segons. Clavats.

–Estem escrivint un reportatge a elDiario.es sobre el xalet on lloga habitacions, a Sant Antoni. Li volíem fer unes preguntes.

–La veritat és que no parlem amb ningú.

–No parla amb la premsa?

–No.

–Ha canviat d’opinió? Hem llegit algunes declaracions seues.

–He llegit moltes mentides, he decidit no parlar amb ningú.

La propietat va créixer sense control

El 2007, eren vint-i-cinc. El 2017, cinquanta. Un centenar d’habitants és el cens que durant un temps es donava per bo quan es parlava als mitjans locals del xalet-pastera. Ana Rocío i Eva, en canvi, s’hi van traslladar creient que compartirien amb bastanta menys gent, que igualment ja era molta (quinze persones) i que finalment es va doblar (trenta). “Tot i les condicions, hem estat molt a gust”. Les raons: “una vesina respectuosa” (“els que dormien enganxats al rebost oi a la cuina no tenien tanta sort, allà hi havia més remor”) i haver estat seixanta dies en lloc de dos-cents a la casa. S’expliquen les madrilenyes: “Si haguéssim aguantat tota la temporada, la nostra percepció hauria estat diferent. Hem conegut persones de tot el món i ens portàvem força bé amb la majoria”.

Era un ambient d’Erasmus, existia una certa solidaritat entre els habitants del xalet-pastera. Tot i que alguns, com en Gregorio, hi duguin diversos anys vivint, la majoria eren temporers arribats a l’illa per donar servei al turisme. Les històries de cadascú podien ser diverses, però hi havia trets compartits. Els codis de comuna brollaven gairebé de forma espontània. Una estada llarga en un hostel no s’allunya massa de ser unes colònies per a adults: hi havia “bon rotllo” per parar grans taules a l’hora de sopar, escoltar-se i, també, mantenir en condicions una cuina precària. Els fogons eren tres plaques elèctriques. En teoria, l’espai més transitat de la casa l’havia de netejar la dona del propietari. Ana Rocío i Eva expliquen que els resultats deixaven molt a desitjar. “I als dos banys que ens repartíem entre totes, ni t’ho explic.” Com en tantes residències d’estudiants Erasmus.

L’ambient és una mena d’‘Erasmus. Dos madrilenyes que han residit al xalet-pastera asseguren que van compartir pis amb trenta persones. La majoria són temporers que han arribat a l’illa per donar servei als turistes

Però, fins que no trobessin alguna cosa millor, elles sabien que no els compensava marxar. Els preus (fins a més de mil euros per una habitació en un pis compartit) del mercat eivissenc ho impedien: per poder competir en aquest Wall Street immobiliari fa falta guanyar més de mil euros a la setmana. Marxar del xalet-pastera també suposava pagar un peatge perquè, segons conten les madrilenyes, a qui se’n va no li tornen la fiança. Un dipòsit que, com el lloguer o el cost de la neteja (50 euros per estada cada mes), es paga en efectiu, comenten aquestes mateixes fonts. Un altre tret comú entre uns habitants als quals, segons afirmen les al·lotes, “se’ls havia venut una cosa diferent que no s’ajustava a la realitat”.

47.000 euros: la multa per construir sense llicència

Però, per què Sales Sapiña va reduir la capacitat del xalet-patera? Va ser una manera de gestionar millor el negoci? Un “menys és més”? Feng shui empresarial? No. La resposta també s’ha de buscar a l’hemeroteca insular. L’any 2017, quan les portes de color blau per les quals s’entra a la propietat surten a televisió, la Regidoria d’Urbanisme comença a observar detingudament què està passant, i què fa anys que passa, al número 2 del Carrer de ses Margalides.

Per primera –i única– vegada des del 1983, governa a Sant Antoni una coalició sense elements d’Aliança Popular o el PP. Està formada pel PSOE, Reinicia (una candidatura sorgida d’una plataforma vesinal) i El PI, partit conservador i insularista. Potser per això, Sales Sapiña es declara aleshores “cap de turc” en “un assumpte polititzat”. Una víctima que, tot i tenir esperit d’hoteler frustrat, es veu a si mateix gairebé com un benefactor. “No ho puc legalitzar perquè no hi ha manera. Això hauria de ser un hostal. Però, en aquest cas, hauria de cobrar IVA i oferir uns serveis que els treballadors no podrien pagar. La gent ve aquí perquè el lloguer els costa poc i poden estalviar diners per endur-se’ls a la Península”, va afirmar a Diario de Ibiza.

El propietari va assegurar a la premsa local: 'No puc legalitzar-ho perquè no hi ha manera. Això hauria de ser un hostal. Però, en aquest cas, hauria de cobrar IVA i oferir uns serveis que els treballadors no podrien pagar. La gent ve aquí perquè el lloguer els costa poc i poden estalviar diners per endur-se’ls a la Península'

Incomplir la llei li acabarà costant a Sales Sapiña una multa de 47.304 euros i 58 cèntims. Va ser hàbil. Va aconseguir reduir la sanció que li va imposar l’Ajuntament en un 40% en declarar-se culpable abans que es resolgués un procés que va intentar entorpir al Jutjat del Contenciós.

Als tribunals fins i tot li van donar la raó, impedint una ordre de precinte dictada per l’Ajuntament de Sant Antoni. El juny de 2018, quan va saber d’aquella victòria, no tenia cap problema per parlar amb els mitjans locals. Així es vantava a Periódico de Ibiza y Formentera: “No veig escàndol enlloc perquè hi ha cases on hi caben 2.000 persones [...] L’Ajuntament va intentar fer fora setanta persones, això està molt malament. [...] La gent es baralla per venir i tinc cua per poder entrar. Més de la meitat de les persones que venen ho fan recomanades perquè aquí estan molt bé. [...] S’estan llogant llits a 800 i 1.000 euros, i jo, que sóc el més barat i una de les millors cases de l’illa, perquè els jóvens ho tenen tot, resulta que m’estic aprofitant de la situació [...] Es va fer una ampliació fa quinze anys [el 2003, sense permís d’obra] que ja ha prescrit perquè les coses prescriuen. No ho dic jo, ho diu un professional”.

El passat gener, segons indicava el govern municipal a les pàgines de Periódico de Ibiza, que des de 2019 torna a ser del PP (des de 2023 amb majoria absoluta), l’infractor es va posar les piles. Va eliminar els metres quadrats que havia construït sense llicència durant els anys salvatges de l’aparellador Martí Miralles. La informació que l’Ajuntament de Sant Antoni va donar al diari local també ressaltava que un magatzem de cent metres quadrats havia tornat a usar-se per guardar objectes en comptes d’allotjar persones. Sales Sapiña “complia”, subratllaven des del Consistori, “amb l’ordre de restabliment dictada per la Junta de Govern celebrada el 14 de febrer de 2018”: el document oficial que sancionava econòmicament un arrendador que, si va saber guardar bé els sous recaptats, no hauria hagut de tenir problemes per pagar.

Mutisme municipal: quan va ser la darrera inspecció?

Malgrat haver-ho sol·licitat diverses vegades a l’Ajuntament, elDiario.es no ha pogut conèixer l’historial complet de sancions que ha rebut el xalet-patera durant els últims anys. Tampoc si hi ha cap procés en marxa, ni la darrera vegada que un zelador d’obres va visitar la llar on Gregorio torna cada dia després d’anar a una feina que, amb el sou que guanya, li permetria viure molt més còmodament a l’Espanya no turistificada.

Davant el mutisme municipal –elDiario.es s’ha posat en contacte amb el Consistori, que no vol parlar–, plana un dubte. El 2018, encara amb la coalició entre centristes i progressistes al poder, l’Ajuntament de Sant Antoni va moure papers per tal que es pogués sancionar amb 200.000 euros mensuals a Sales Sapiña si no deixava d’estar en els seus tretze, i seguia jugant a ser hoteler sense carnet. Des de l’equip de govern no aclareixen què va passar amb aquell expedient. Altres fonts indiquen “que es va deixar perdre”. Com llàgrimes sota la pluja.

Va ocórrer al 2019. Poc després d’agafar el bastó de comandament i després de la dimissió per motius familiars del regidor que havia nomenat per gestionar l’àrea d’Urbanisme, l’actual alcalde va assumir personalment les regnes de la regidoria que més crema als municipis del Mediterrani. Marcos Serra Colomar es va proposar “desencallar” uns arxivadors plens de documents per resoldre. Durant gairebé quatre anys, l’alcalde va concedir llicències d’obra que feia anys –o dècades– que eren al llimb. Com a mínim, una dotzena.

Però, igual com passa amb la cessió de sòl públic a l’Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI) per construir habitatge públic de lloguer social (no n’hi ha cap a Sant Antoni, cosa inaudita en un territori de 127 km² on viuen gairebé 30.000 veïns, i on el metre quadrat supera fàcilment els 4.000 euros per un pis de segona mà; 6.000 si l’obra és nova), durant la gestió directa de Serra Colomar sobre l’urbanisme del municipi tampoc van transcendir mesures per controlar el xalet-pastera.

Avui, tot i que el nombre de persones que hi pernocten s’ha reduït dràsticament, de cent (segons Periódico de Ibiza) a trenta (la xifra que coincideixen a assenyalar Ana Rocío, Eva i Gregorio), el xalet-pastera continuaria incomplint la llei si el relat dels seus inquilins és cert. La seua cèdula d’habitabilitat permet un màxim de dotze habitants, segons apunta el Consell d’Eivissa a elDiario.es. A les Illes Balears són els consells insulars qui concedeixen aquest document, essencial per ocupar un domicili.

La Llei d’Habitatge autonòmica, aprovada el 2018 durant el primer Govern de Francina Armengol, considera “sobreocupada” una propietat que superi aquesta quantitat. Com es calcula la capacitat? Seguint una sèrie de barems i criteris. És l’espai qui marca els índexs mínims de salubritat i és un decret dels noranta, el 145/1997, qui defineix els espais mínims de cada estança. A través d’una taula: 28 m² per a un “tot en comú” (el tecnicisme per dir estudi), 10 m² per a una habitació compartida (la d’Ana Rocío i Eva no els assolia), 6 m² per a un quart individual (pels pèls, les mesures que aporta Gregorio quan descriu l’habitació on dorm). Però el nombre màxim el recull la cèdula. Fonts del Consell d’Eivissa expliquen que la institució insular no pot actuar contra l’arrendador “perquè la competència és de la Conselleria d’Habitatge” del Govern balear. I no els consta que hi hagi hagut inspeccions dirigides des de Palma. elDiario.es ho va consultar al departament de premsa del Govern, però no va obtenir resposta abans de la publicació del reportatge.

Aquesta suposada descoordinació entre administracions és la gatonera per on s’escapa Sales Sapiña per continuar oferint uns lloguers que resulten atractius. L’avarícia immobiliària que pateix una gran part dels eivissencs converteix els seus preus en barats. El mercat va explotar fa una dècada i va acabar de rebentar després de la pandèmia. Un context que ha afavorit l’arrendador, que fa més de vint anys que obre i tanca la porta blava del xalet-pastera a la gent que arriba, a la gent que se’n va. El silenci és el seu millor aliat. Un gat no pot caçar amb un cascavell al coll. Al seu negoci, ningú no li ho acaba de calar.

El móvil de Gregorio (nombre ficticio) barre en pocos segundos la superficie del cuarto. No necesita más tiempo para mostrarlo todo. Es pequeño, acumula pocas cosas. El objetivo de la cámara capta una cama, una mesita de noche, un ventilador, un frigorífico. Un armario, sin puertas, donde amontonar la ropa. Otros dos armarios, con puertas, para usarlos como alacena. Uno tiene cerradura. El otro, no. No toquéis mis cosas se lee en el marco de una de sus baldas.

“Claro, esta habitación estaba compartida. Ahora es mía, vivo solo en este dos por tres”, comenta –irónico– cuando se le pregunta por el tamaño de su hogar. “750 pavos”, responde –flemático– cuando se le pregunta cuánto paga el último día de cada mes. Su dinero, y el de otra treintena de personas, acaba en el bolsillo de Agustín Sales Sapiña, un casero que lleva veinte años caminando por el filo de la ley en Sant Antoni de Portmany, Eivissa.

“El chalé-patera es vox pópuli en la isla. El taxi que nos llevó hasta allí cuando hicimos la mudanza sabía a dónde iba”, dice Ana Rocío, una afirmación compartida por su compañera Eva. Durante dos meses, ellas convivieron (e hicieron buenas migas) con Gregorio. Su mensualidad, al compartir cuarto, era más baja. 395 euros por cabeza a cambio de dormir en un cubículo separado por pladur de otros cubículos. A través del yeso se filtraban ruidos y olores. La intimidad era escasa en un lugar que, paradoja, fue para ellas una tabla de salvación.

Estas dos chicas –madrileñas y camareras– llegaron a Eivissa en primavera con un contrato de trabajo, pero descubrieron que no tenían vivienda. Su primera experiencia en la isla arrancaba fatal. Habían mordido el anzuelo de una oferta fantasma; las habían estafado. Entonces, apareció una habitación que llevaban tiempo “viendo en Idealista”. Escribieron, escucharon que sólo la alquilaban a mayores de treinta, pero al recibir la vida laboral de ambas, el casero les abrió su propiedad. La misma cancela, las mismas puertas, pintadas de azul que tantas veces han salido en las páginas de la prensa local. Los periodistas ibicencos también conocen de memoria el camino que conduce hasta el número 2 del Carrer de ses Margalides.

Problemas legales desde hace ocho años

El pastel se destapó en 2017. “Este asunto se ha politizado y tiene que haber un cabeza de turco. Y seré yo. No sé hasta qué punto, pero estoy seguro de que seré el cabeza de turco”, dijo Sales Sapiña a Diario de Ibiza cuando los medios locales se plantaron por primera vez delante de su propiedad cámaras y grabadoras. Se habían emitido imágenes del interior de su vivienda –que también es el domicilio que él habita– en varios programas de televisión nacional.

Más allá del sensacionalismo, el chalé-patera escondía una realidad muy compleja como para explicarla en el fragor de una tertulia de plató. Era el ejemplo de cómo ha funcionado el urbanismo en un municipio, Sant Antoni, estragado por la falta de planificación y las licencias a la carta. Un círculo vicioso que comenzó durante el boom del turismo (plena dictadura franquista) y dura hasta nuestros días, casi medio siglo después del retorno de las elecciones locales: hay leyes y planes generales en vigor, que se aprueban, pero no siempre se respetan y tampoco se hacen cumplir.

El desorden de es Molí, el barrio periurbano donde se encuentra el chalé-patera, da fe del anarcocapitalismo que hizo crecer a Sant Antoni. Más que un entramado de calles es un sálvese quien pueda; un lugar donde cumplir un sueño que se convirtió en aspiración social con el regreso de la democracia y el auge económico de las primeras legislaturas felipistas: vivir en una casa unifamiliar. Por eso, muchos de los recién llegados al calor del turismo se instalaron allí cuando ahorraron algo de dinero.

Sales Sapiña es uno de los muchos valencianos que se asentaron en el puerto más cercano a la costa levantina. La relación entre la Terreta y esta bahía (la más grande y mejor resguardada de Eivissa: algo que ya apreciaban fenicios y, sobre todo, romanos) viene de muy atrás. Dénia y Gandia están a poco más de un centenar de quilómetros en línea recta de Sant Antoni. Cuando el turismo se convirtió en la única fuente de riqueza de la isla, algunos de los edificios más altos se construyeron en Sant Antoni. Cuadrillas de albañiles valencianos y alicantinos hicieron la misma ruta que los pescadores que faenan en las dos orillas, la insular y la peninsular, para levantarlos.

Algunos se quedaron, se convirtieron en constructores en una época y un lugar donde era fácil construir. Estaban como en casa y, además, tenían a un paisano que les facilitaba el trabajo: Miquel Àngel Martí Miralles fue, en los ochenta, noventa y los dos mil, el aparejador que tuvo en plantilla el Ajuntament de Sant Antoni de Portmany. El 7 de noviembre de 2013 conoció que le condenaban a un año y medio de cárcel y ocho de inhabilitación para ostentar un cargo público. Delito de prevaricación. Sin inmutarse, acudió a su puesto de trabajo. Había cumplido, entonces, los sesenta y cinco. Estaba a punto de jubilarse. Tenía otras causas abiertas en los juzgados.

El chalé-patera se ubica en Es Molí, un barrio caracterizado por el desorden urbanístico. El propietario del inmueble es uno de los muchos valencianos que se asentaron en Sant Antoni, el puerto más cercano a la costa levantina

Más de una década después de aquellos sucesos, Martí Miralles descuelga el móvil y asegura que, en el caso del chalé-patera, no consintió que se vulnerara la legalidad. “Si, como aparejador municipal”, explica el antiguo empleado público, que comenzó a trabajar en el Ajuntament de Sant Antoni hacia 1985, “se detectaron algunas obras seguro que había un expediente de infracción urbanístico, y el informe mío sería en ese sentido, siendo ilegales y que no se podían legalizar”. Prosigue: “Tendría que ver el informe y los expedientes para responder en consonancia. Estoy hablando de memoria; que la hay, pero no llega a ser tanta. Recuerdo un poco la zona. No sé si es ese chalé, o fue en otro, pero me suena que se detectaron algunas infracciones, y se hizo correspondiente expediente de infracción. Eso tiene que constar en el Ayuntamiento”. Pese a solicitar varias veces el histórico de expedientes relacionados con la propiedad de Sales Sapiña, el equipo de gobierno del municipio ibicenco no le ha remitido ningún documento ni, tampoco, información de algún tipo a elDiario.es.

Retirado de los medios

Las obras sin licencia –según el Consistorio– que realizó Sales Sapiña en su vivienda coincidieron con esa época de barra libre urbanística en Sant Antoni. En la parcela de 957 metros cuadrados que compró a las afueras del pueblo a finales de los ochenta, el propietario prácticamente dobló la superficie construida –de 400 metros a más de 700, según informó el Ayuntamiento al Periódico de Ibiza y Formentera–, la reconvirtió en apartamentos –sin autorización municipal, luego no pudo legalizarlos– y, como vio que se le habían quedado pequeños –“Me decían que tenían pocos metros”, dijo a la prensa local después de que Telecinco tirara de la manta– los reconvirtió en habitaciones.

Hasta hace unos días, el número de teléfono de Sales Sapiña estaba al alcance de cualquiera que tropezara con el anuncio que tenía publicado en Idealista. El 12 de junio lo retiró. El pasado enero, atendió a Periódico de Ibiza y Formentera. El periodista se hizo pasar por una persona interesada en alquilarle una habitación. Ahora, cuando descuelga, dice que prefiere “no hablar con la prensa”. La conversación dura cuarenta segundos. Clavados.

–Estamos escribiendo un reportaje en elDiario.es sobre el chalé donde alquila habitaciones, en Sant Antoni. Le queríamos hacer unas preguntas.

–La verdad es que no hablamos con ninguno.

–¿No habla con la prensa?

–No.

–¿Ha cambiado de opinión? Hemos leído algunas declaraciones suyas.

–He leído bastantes mentiras, he decidido no hablar con nadie.

La propiedad creció sin control

En 2007, eran veinticinco. En 2017, cincuenta. Un centenar de habitantes es el censo que durante un tiempo se dio por bueno cuando se informaba en la prensa local sobre el chalé-patera. Ana Rocío y Eva, en cambio, se mudaron creyendo que iban a compartir con bastante menos gente que, al mismo tiempo, ya era mucha (quince personas) y acabó siendo el doble (treinta). “A pesar de las condiciones, hemos estado súper a gusto”. Las razones: “una vecina respetuosa” (“los que dormían pegados a la despensa y a la cocina no tenían tanta suerte, allí había más ruido”) y haber estado sesenta días en vez de doscientos en la casa. Dicen las madrileñas: “Si nosotras hubiéramos aguantado toda la temporada, nuestra percepción habría sido distinta. Hemos conocido a personas de todas partes del mundo, nos llevábamos bastante bien con la mayoría”.

Era un ambiente Erasmus, existía una cierta solidaridad entre los habitantes del chalé-patera. Aunque algunos, como Gregorio, lleven varios años viviendo allí, la mayoría eran temporeros llegados a la isla para dar servicio al turista. Las historias de cada cual podían ser diversas, pero había rasgos compartidos. Los códigos de comuna surgían de forma casi espontánea. Una estancia larga en un hostel no está demasiado lejos de ser las colonias y los campamentos de la edad adulta: había “buen rollo” para organizar mesas grandes a la hora de cenar, escucharse y, también, mantener en condiciones una cocina precaria. Los fogones eran tres hornillos eléctricos. En teoría, el espacio más transitado de la casa debía limpiarlo la mujer del casero. Ana Rocío y Eva cuentan que los resultados dejaban mucho que desear. “Y en los dos baños que nos repartíamos entre todas, ni te cuento”. Como en tantas residencias de estudiantes Erasmus.

El ambiente es una especie de 'Erasmus'. Dos madrileñas que han residido en el chalé-patera aseguran que compartieron piso con treinta personas. La mayoría son temporeros llegados a la isla para dar servicio al turista

Pero, hasta que no encontraran algo mejor, ellas sabían que no les compensaba irse. Los precios (hasta más de mil euros por un cuarto en piso compartido) del mercado ibicenco lo impedían: para pujar en ese Wall Street inmobiliario hay que ganar más de mil euros a la semana. Marcharse del chalé-patera también conllevaba pagar un peaje porque a quien se va, no le devuelven la fianza, según las madrileñas. Un depósito que, como el alquiler o el coste de la limpieza (50 euros por estancia cada mes), se paga en billetes, comentan estas mismas fuentes. Otro rasgo en común entre unos habitantes a los que, según afirman las chicas, “se les había vendido una cosa diferente que no se ajustaba a la realidad”.

47.000 euros: la multa por construir sin licencia

¿Pero por qué Sales Sapiña redujo la capacidad del chalé-patera? ¿Fue una manera de gestionar mejor su negocio? ¿Un menos es más? ¿Feng shui empresarial? No. La respuesta hay que buscarla también en la hemeroteca insular. En 2017, cuando las puertas de color azul por las que se entra a la propiedad salen en televisión, la Concejalía de Urbanismo se pone a observar con detenimiento lo que ocurre, lo que lleva años ocurriendo, en el número 2 del Carrer de ses Margalides.

Por primera –y única– vez desde 1983 gobierna en Sant Antoni una coalición sin elementos de Alianza Popular o el PP. Está formada por PSOE, Reinicia, una candidatura surgida desde una plataforma vecinal, y El PI, partido conservador e insularista. Quizás por ello, Sales Sapiña se declara entonces “cabeza de turco” en “un asunto politizado”. Una víctima, que, aunque tenga espíritu de hotelero frustrado, se ve a sí misma casi como un benefactor. “No puedo legalizarlo porque no hay manera. Esto debería ser un hostal. Pero, en ese caso, tendría que cobrar IVA y dar unos servicios que los trabajadores no podrían pagar. La gente viene aquí porque el alquiler les cuesta poco dinero y pueden ahorrar dinero para llevárselo a la Península”, afirmó en Diario de Ibiza.

El propietario aseguró a la prensa local: 'No puedo legalizarlo porque no hay manera. Esto debería ser un hostal. Pero, en ese caso, tendría que cobrar IVA y dar unos servicios que los trabajadores no podrían pagar. La gente viene aquí porque el alquiler les cuesta poco dinero y pueden ahorrar dinero para llevárselo a la Península'

Vulnerar la ley le acabará costando a Sales Sapiña una multa de 47.304 euros y 58 céntimos. Fue hábil. Consiguió reducir la sanción que le interpuso el Ayuntamiento en un 40% al declararse culpable antes de que se resolviera un proceso que intentó entorpecer en el Juzgado de lo Contencioso.

En los tribunales incluso le dieron la razón, impidiendo una orden de precinto dictada por el Ajuntament de Sant Antoni. En junio de 2018, cuando supo de aquella victoria, no tenía problema para hablar con los medios locales. Así se jactaba en El Periódico de Ibiza y Formentera: “No veo escándalo por ningún lado porque hay casas en las que caben 2.000 personas [...] El Ayuntamiento intentó echar a setenta personas, eso está muy mal. [...] La gente se pelea por venir y tengo cola para poder entrar. Más de la mitad de las personas que vienen lo hacen recomendadas porque aquí están muy bien. [...] Se están alquilando camas a 800 y 1.000 euros y yo que soy el más barato y una de las mejores casas de la isla, porque los chavales tienen de todo, resulta que estoy aprovechándome de la situación [...] Se hizo una ampliación hace quince años [en 2003, sin permiso de obra] que ya ha prescrito porque las cosas prescriben. No lo digo yo, lo dice un profesional”.

El pasado enero, según indicaba en las páginas de Periódico de Ibiza el equipo de gobierno actual, que desde 2019 vuelve a ser del PP (desde 2023, con mayoría absoluta), el infractor se puso las pilas. Acabó con los metros cuadrados que había construido sin licencia, durante los años salvajes del aparejador Martí Miralles. La información que el Ajuntament de Sant Antoni dio al diario local también resaltaba que un almacén de cien metros cuadrados había vuelto a utilizarse para guardar objetos en vez de para alojar personas. Sales Sapiña “cumplía”, subrayaban desde el Consistorio, “con la orden de restablecimiento dictada por la Junta de Gobierno celebrada el 14 de febrero de 2018”: el documento oficial que sancionó económicamente a un casero que, si supo guardar bien lo recaudado, no debió tener problemas en pagar.

Mutismo municipal: ¿cuándo fue la última inspección?

Pese a haberlo solicitado en varias ocasiones al Ayuntamiento, elDiario.es no ha podido conocer el historial completo de sanciones que ha recibido el chalé-patera durante los últimos años. Tampoco, si hay algún proceso en marcha, ni la última vez que un celador de obras visitó el hogar donde Gregorio vuelve cada día después de ir a un trabajo que, con el sueldo que gana, le permitiría vivir de forma mucho más cómoda en la España no turistificada.

Ante el mutismo municipal –elDiario.es se ha puesto en contacto con el Consistorio, que no quiere hablar–, flota una duda. En 2018, todavía con la coalición entre centristas e izquierdistas en el poder, el Ajuntament de Sant Antoni movió papeles para que se pudiera sancionar con 200.000 euros mensuales a Sales Sapiña si se mantenía en sus trece y seguía jugando a ser hotelero sin carné. Desde el equipo de gobierno no aclaran qué ocurrió con aquel expediente. Otras fuentes indican “que se dejó perder”. Lágrimas en la lluvia.

Ocurrió en 2019. Al poco tiempo de tomar la vara de mando y tras la dimisión por motivos familiares del concejal que había nombrado para que gestionara la parcela de Urbanismo, el actual alcalde agarró personalmente las riendas de la concejalía que más suele quemar en los municipios del Mediterráneo. Marcos Serra Colomar se propuso “desatascar” unos archivadores llenos de documentos por resolver. Durante casi cuatro años, el alcalde concedió licencias de obra que llevaban años –o décadas– en el limbo. Al menos, una docena.

Pero, igual que ocurre con la cesión de suelo público al Institut Balear De La Vivienda (IBAVI) para construir viviendas públicas de alquiler social (no hay ninguna en Sant Antoni, algo inaudito en un territorio de 127 km2 en el que viven casi 30.000 vecinos, y donde el metro cuadrado supera sin esfuerzo los 4.000 euros cuando se venden un piso en un edificio de segunda mano; los 6.000 si la obra es nueva), durante la gestión directa de Serra Colomar sobre el urbanismo del municipio tampoco trascendieron medidas para controlar al chalé-patera.

Hoy, pese a que el número de personas que pernoctan se ha reducido drásticamente, de cien (según Periódico de Ibiza) a treinta (la cifra que coinciden en señalar Ana Rocío, Eva y Gregorio), el chalé-patera seguiría incumpliendo la ley si el relato de sus inquilinos es cierto. Su cédula de habitabilidad permite un máximo de doce habitantes, según apunta el Consell d'Eivissa a elDiario.es. En las Illes Balears son los consells insulars quienes conceden ese documento, esencial para ocupar un domicilio.

La Ley de Vivienda autonómica, aprobada en 2018, durante el primer Govern de Francina Armengol, considera “sobreocupada” una propiedad que supere esa cantidad. ¿Cómo se calcula la capacidad? Siguiendo una serie de baremos y criterios. Es el espacio quien marca los índices mínimos de salubridad y es un decreto de los noventa, el 145/1997, quien define los espacios mínimos de cada estancia. A través de una tabla: 28 m2 para un “todo en común” (el tecnicismo para decir estudio), 10 m2 para una habitación compartida (la de Ana Rocío y Eva no los alcanzaba), 6 m2 para un cuarto individual (por los pelos, las medidas que aporta Gregorio cuando describe el cuarto en el que duerme). Pero el número máximo lo recoge la cédula. Fuentes del Consell d'Eivissa explican que la institución insular no puede actuar contra el casero “porque la competencia es de la Conselleria d'Habitatge” del Govern balear. Y no les consta que haya habido inspecciones dirigidas desde Palma. elDiario.es lo consultó al departamento de prensa del Govern, pero no obtuvo respuesta antes de la publicación del reportaje.

Esa supuesta descoordinación entre administraciones es la gatera por la que se escapa Sales Sapiña para continuar ofreciendo unos alquileres que resultan atracticos. La avaricia inmobiliaria que sufre una gran parte de los ibicencos convierte sus precios en baratos. El mercado explotó hace una década y terminó de reventar después de la pandemia. Un contexto que ha favorecido al casero, que lleva más de veinte años abriendo y cerrando la puerta azul del chalé-patera a la gente que llega, a la gente que se marcha. El sigilo es su mejor aliado. Un gato no puede cazar con un cascabel al cuello. A su negocio nadie termina de ponérselo.