La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido que el Ministerio de Igualdad impida el acceso desde España a las webs de 13 empresas que ofrecen y realizan prácticas comerciales ilegales sobre gestación subrogada. Se trata de compañías con sede fuera de la Unión Europea.

En España la gestación subrogada no está permitida por ley, y el Gobierno lleva años tratando de limitar también la publicidad que hacen las empresas que ofrecen estos servicios en el extranjero. Los magistrados de lo civil de Tribunal Supremo fueron muy claros con este asunto en una sentencia de 2022: “Las madres y los niños son tratados como simples mercancías”.

Según informa la Fiscalía en una nota de prensa, se trata de una actuación coordinada entre las Fiscalías de Madrid y Barcelona “en virtud de denuncias presentadas por entidades privadas y públicas, y en las que ha intervenido el Defensor del Pueblo”. Ya el pasado mes de noviembre una actuación pionera de la nueva sección de la Fiscalía encargada de la defensa de los consumidores logró el cierre, por primera vez en España, de tres webs dedicadas a publicitar la gestación subrogada.

En el decreto de la Fiscalía, al que ha tenido acceso elDiario.es, se indica que las actuaciones llevadas a finales de 2025 ya se han conseguido cerrar varias webs y en otros casos se han iniciado procedimientos civiles por publicidad ilícita. Pero añaden que en el curso de esas actuaciones se ha detectado “otras entidades situadas fuera del territorio de la Unión Europea, que realizan prácticas comerciales sobre gestación subrogada, accesibles y visitables en su web desde España”.

En el decreto se listan esas empresas, que tiene sedes sobre todo en Estados Unidos, pero también en Israel, Canadá, Georgia, Ucrania, México y Colombia. “Las actuaciones tienen por objeto la exigencia de responsabilidad en el ámbito de los servicios de la sociedad de la información, en defensa del derecho fundamental de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, y de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios frente a prácticas comerciales ilegales”, añade la nota.

Fuentes del Ministerio de Igualdad apuntan a que “analizará” el escrito con la Abogacía del Estado, pero recuerdan que esta lleva “más de un año trabajando intensamente en este asunto por vía judicial”. El departamento dirigido por Ana Redondo señala que el Instituto de las Mujeres, que tiene el mandato de actuar ante la publicidad ilícita de gestación subrogada, elaboró un informe el año pasado contra varias agencias que publicitaban estos servicios prohibidos en España y lo puso en conocimiento de la Abogacía “para que ejerceria acciones por vía judicial”. Añaden, además, que este informe fue también “solicitado” por la Fiscalía.

Las mismas fuentes señalan sobre la petición directa del Ministerio Público que el Instituto “tiene competencias para iniciar acciones” enmarcadas en el ámbito publicitario, pero “no tiene capacidad administrativa de bloquear webs”. “El ministerio ha demostrado en los últimos años un alto compromiso con la persecución de la explotación sexual reproducitiva”, sostienen. El pasado mes de abril, el Gobierno modificó la instrucción que permitía inscribir en España a niños nacidos en el extranjero por gestación subrogada, una vía que se abrió en 2010.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha enviado una carta al rector de la Universidad Carlos III, Ángel Arias, ante la “sorpresa y preocupación” que le ha generado la existencia de lo que asegura que es “un ‘taller’ en dicho centro universitario que podría interpretarse como una guía para identificar mecanismos que permitan eludir la prohibición legal vigente en España” de los vientres de alquiler. Se trata de un curso dirigido al alumnado que desee adquirir “las competencias profesionales necesarias para ayudar a los padres o madres que quieren inscribir en el Registro Civil español” a bebés nacidos de vientres de alquiler en el extranjero. Así figuraba en la descripción original —ahora eliminada— de su página web a la que tuvo acceso elDiario.es esta misma semana a raíz de una denuncia de CCOO.

En respuesta a las preguntas de este diario, el centro defendió la existencia de este curso argumentando que “la universidad pública es y debe ser un espacio de respeto de los derechos y libertades protegidos constitucionalmente: libertad académica o de cátedra, de investigación y de estudio, así como la libertad de expresión”. “Tal respeto incluye la investigación y el estudio de todas las disciplinas jurídicas de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de nuestra Universidad, y en concreto, respecto de esta formación, la impartida desde el área de conocimiento del Derecho Internacional Privado”, argumentan. Además, esta tesis fue avalada por la Unidad de Igualdad de la Universidad y por una de las docentes que impartirá la formación. 

Ante esta justificación, el Ministerio responde que la libertad de cátedra “no puede tener como objetivo el otorgar herramientas para el incumplimiento del ordenamiento jurídico, y menos aún para el incumplimiento de normas que se encargan de evitar el abuso de situaciones de necesidad y la mercantilización de las mujeres y los menores”. En su carta, Bolaños hace un repaso de la normativa española y recuerda que “tanto la legislación como la jurisprudencia” se basan en dos consideraciones esenciales sobre la gestación subrogada: “Que implica una explotación de la mujer contraria a su dignidad y un daño a los intereses superiores del menor”. Por ello, el ministro reclama que el rector “actúe para impedir que su institución pueda amparar este tipo de prácticas”. 

La formación lleva por título “Microcredencial Universitaria Grandes Novedades en la Validez de la Gestación Subrogada en España”. Está prevista para el próximo diciembre y la impartirán la directora del Departamento de Derecho Social e Internacional Privado, Esperanza Castellanos Ruiz, y la vicedecana de Orientación, María José Castellanos Ruiz. La matrícula cuesta 300 euros y consta de 16 horas de clase que se dan de manera no presencial, según figura en la página web. No se requiere de titulación universitaria para ser admitido y ofrece dos créditos a quienes la completen.

Tras la reciente eliminación de la frase que figuraba en la descripción original del curso, esta ha sido reemplazada por otra que, en el fondo, expresa lo mismo, aunque de forma más indirecta y con un lenguaje más técnico: “Se desarrollarán competencias orientadas a la asesoría jurídica en relación con la gestación subrogada y los problemas legales que plantea en el ámbito del Derecho Internacional Privado, español y comparado”.

Una de las docentes que lo imparte es la catedrática Esperanza Castellanos Ruiz, que publicó en 2024 el trabajo titulado 'Novedades en torno a los efectos legales de la gestación subrogada según el derecho internacional privado español: El caso de Ana García Obregón'. En él, se analizan los conflictos normativos y los mecanismos del derecho internacional privado aplicables a esta materia, tomando como ejemplo un “supuesto extraordinario”: el caso de la presentadora, que decidió ser madre mediante gestación subrogada en Florida, a los 68 años, utilizando material genético de su hijo fallecido tres años antes.

Por su parte, María José Castellanos Ruiz ha escrito varios artículos académicos abordando la misma temática. En uno de ellos, habla de la posibilidad de adopción para los españoles que recurren a vientres de alquiler. Analiza la sentencia del Tribunal Supremo español del 31 de marzo de 2022 en relación con un caso de gestación por sustitución realizada en México. En ese fallo, el Supremo rechaza reconocer una filiación natural para una mujer española que había contratado un vientre de alquiler en el extranjero, dado que no existía conexión genética entre ella y el menor, pero concede la filiación mediante adopción. Es relevante señalar que este texto es anterior a la Instrucción del 1 de mayo de 2025.

Olivia Maurel (Louisville, Kentucky, 1991) es una mujer feminista con nacionalidad suiza, francesa y estadounidense. Nació por gestación subrogada y actualmente es activista contra esta práctica. Ha pronunciado discursos en sedes parlamentarias de distintos países, y en organismos internacionales, denunciando en primera persona lo que supuso para ella ser una “bebé subrogada”.  Acaba de publicar un libro, ‘Where are you Mommy?’, que pronto se traducirá al español. Con él quiere llegar “a las mujeres pobres que están pensando en convertirse en vientres de alquiler” y concienciar sobre las consecuencias que puede tener para todas las partes implicadas.

Como una de las primeras personas nacidas por gestación subrogada en hablar públicamente sobre su caso, es interesante escuchar su voz. ¿Cree que todas las partes deben ser tenidas en cuenta en este debate, incluyendo a niños y niñas?

Absolutamente. De hecho, esa es exactamente la razón por la que hablo. Durante demasiado tiempo, las voces de los niños nacidos por subrogación han sido excluidas de la conversación, como si fuéramos solo el subproducto de un acuerdo, no seres humanos completos con derechos, sentimientos e historias. Todo el mundo habla de nosotros y nosotras, pero muy pocos nos preguntan. 

¿Qué perspectiva pueden aportar los niños y niñas –hoy adultos y adultas–, en esta reflexión? 

Creo que toda voz importa en este debate, pero especialmente las de los niños y niñas que han vivido las consecuencias de primera mano. Somos nosotros los que podemos hablar de los conflictos de identidad, el trauma de separación, el borrado legal de nuestras madres y las verdades incómodas que a menudo se pasan por alto en nombre del “amor” o la “elección”. Ignorar nuestras voces significa ignorar la realidad. Si queremos una conversación honesta y ética sobre la subrogación, entonces sí, las voces de los niños deben estar en el centro de ella.

¿Cómo es la infancia después de nacer por gestación subrogada? ¿Y en qué momento conoció su origen?

Es complicada, porque a menudo comienza con una mentira o un secreto. En mi caso, nadie me dijo la verdad mientras crecía. Siempre sentí que algo no estaba bien, como si hubiera una herida invisible que no podía explicar. No fue hasta que tuve 30 años, cuando, a través de una prueba de ADN que me regaló mi suegra, que descubrí la verdad sobre mis orígenes. Nunca había sospechado específicamente de la subrogación, pero siempre tuve un profundo sentimiento de abandono y confusión sobre quién era y de dónde venía. Ese tipo de silencio crea un vacío en tu identidad. Creces queriendo a tu familia, pero sin conocerte realmente a ti misma. Y cuando la verdad sale a la luz, es como si toda tu base se resquebrajara, porque te das cuenta de que tu historia, tu nacimiento, tu identidad, fueron decididos y ocultados por otras personas. Así que la infancia, en ese contexto, consiste en crecer con un dolor invisible.

En su caso pudo contactar con su madre biológica. ¿Pudo preguntarle sus razones para gestar para otros?

Sí, pude hablar con mi madre biológica. Fue una conversación profundamente emocional y dolorosa. Ella me dijo que se convirtió en vientre de alquiler poco después de perder a uno de sus propios hijos en un accidente doméstico. Estaba sufriendo, vulnerable y luchando para mantener a los cuatro hijos que le quedaban. No podía encontrar un trabajo estable y estaba desesperada. Me contó que creía que Dios le había dado una misión: darle un hijo a una familia que no podía tener uno, porque a ella le habían quitado uno. Pero detrás de ese razonamiento espiritual había una realidad mucho más dura: lo hizo porque necesitaba el dinero para sobrevivir. Tomó la decisión desde el dolor y la desesperación económica, no por verdadera libertad o empoderamiento. Y eso es lo que la gente necesita entender sobre la subrogación: que se aprovecha de las mujeres en su momento más frágil, disfrazando la desesperación como generosidad. Ella me dio a luz y nunca me volvió a ver. Sin fotos, sin información, solo silencio. Eso no es amor. Eso no es elección. Eso es pérdida. Y escucharlo de ella confirmó todo lo que he estado diciendo públicamente: la subrogación no es una situación en la que todos ganan. Es una transacción con profundos costes humanos.

¿Cómo le afectó personalmente el hecho de haber nacido por subrogación?

Haber nacido por subrogación ha afectado cada parte de quién soy: mi identidad, mi salud mental, mi sentido de pertenencia. Desde muy joven, llevé este profundo sentimiento de abandono, aunque no podía explicarlo en ese momento. Me sentía desconectada, como si me faltara una parte. Y resulta que así era: me faltaban mi madre, mis orígenes, mi verdad. Cuando finalmente supe la verdad a mis 30 años, todo comenzó a tener sentido, pero también fue devastador. Había estado viviendo una vida construida sobre una mentira. Mi certificado de nacimiento real, el que tenía el nombre de mi madre biológica, estaba sellado. Se creó uno falsificado para borrarla y reemplazarla por la “madre de intención”. Ese robo de identidad es algo por lo que todavía lucho hoy. La subrogación no solo me dio la vida, la fragmentó. Creó una ruptura que no elegí, una separación que no consentí y un dolor de por vida que llevo hasta el día de hoy. Y por eso hablo. Porque detrás de las narrativas brillantes de “amor” y “regalo”, hay niños y niñas como yo: heridos, buscando y tratando de dar sentido a una historia que fue escrita sin nosotros.

Desde su posición de activista, defiende el derecho de todas las personas a conocer sus orígenes. ¿Por qué es importante?

Porque saber de dónde venimos es una parte fundamental de saber quiénes somos. No es un lujo, es un derecho humano básico. Cuando naces por subrogación, especialmente en un sistema que sella tu certificado de nacimiento real y reemplaza a tu madre con un “padre intencional” contractual, tu identidad es legalmente borrada. Eso no es solo papeleo, es una violación de tus derechos. Toda persona tiene derecho a saber quién le dio la vida, a entender sus raíces biológicas, su historial médico, su historia. Negar eso no es amor, es control. El derecho a la identidad está consagrado en la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño. Pero en la subrogación, se ignora por sistema. Los niños son tratados como productos, no como personas con derechos. Por eso lucho, por el derecho de cada niño a conocer sus orígenes, a reclamar su historia y a ser más que una transacción en un contrato.

¿Debería esto aplicarse también a técnicas de reproducción asistida, como las personas nacidas mediante donación de esperma, óvulos o embriones?

Mi batalla es solo la subrogación, no hablo de técnicas de reproducción asistida.

Uno de los puntos de inflexión con este tema fue enfrentar su propia maternidad: ha contado públicamente que sintió miedo de transmitir enfermedades hereditarias a sus hijos al no conocer su historial médico. ¿La maternidad le hizo conectar más profundamente con su identidad?

Absolutamente. Convertirme en madre fue un gran punto de inflexión para mí, sacó a la superficie todo lo que había enterrado. De repente, no solo estaba viviendo con las consecuencias de no conocer mis orígenes, sino que mis hijos podrían pagar el precio también. No tenía acceso a mi historial médico completo. No sabía qué enfermedades eran comunes en mi familia biológica, qué riesgos genéticos podría estar portando. Recuerdo pasar miedo durante mis embarazos, preguntándome si estaba transmitiendo algo sin saberlo. Ese miedo era constante y era profundamente injusto, no solo para mí, sino también para mis hijos. 

¿Cuál sería su propuesta para abordar la subrogación desde un punto de vista legislativo?

Mi propuesta es clara: necesitamos la abolición universal de la subrogación, no solo la regulación, sino la prohibición total. La subrogación, ya sea comercial o “altruista”, siempre tiene la misma injusticia en su raíz: convierte los cuerpos de las mujeres en mercancías y trata a los niños como objetos que se pueden pedir, pagar y entregar. 

¿Habría que prohibirla a nivel nacional y también internacional?

La subrogación es un mercado global. Sin una acción nacional e internacional, simplemente se traslada el problema a donde las mujeres son más vulnerables y las leyes son más débiles. Como portavoz de la Declaración de Casablanca, trabajo junto a una coalición internacional de abogadas, académicas, supervivientes y activistas que piden un tratado internacional vinculante que prohíba la subrogación en todas sus formas. Pero para llegar a eso, también necesitamos leyes nacionales sólidas, leyes que no solo prohíban la subrogación en el propio territorio de un país, sino que también prohíban que los ciudadanos exploten a las mujeres y compren niños en el extranjero. 

Un ejemplo perfecto es Italia, que recientemente aprobó una legislación innovadora: si un ciudadano italiano encarga una subrogación en el extranjero y regresa con un niño, se arriesga a hasta dos años de prisión y una multa de un millón de euros. Este es exactamente el tipo de ley nacional que necesitamos, una que realmente defienda los derechos de las mujeres y los niños, tanto en casa como más allá de las fronteras.

En España, la gestación está prohibida, pero hasta hace poco los bebés terminaban siendo registrados, una opción que se acaba de endurecer con una nueva instrucción. ¿Qué piensa de esta medida?

Me parece un gran paso adelante, porque el gobierno español ahora se niega a permitir que la mera voluntad de los adultos anule la filiación original de un niño. Agradecemos al gobierno español que tome medidas y reconozca la profunda injusticia que la subrogación inflige a los niños. Es alentador ver que un estado se toma en serio los derechos de niños y niñas, en lugar de ceder a los deseos de los adultos.

Dicho esto, la situación todavía plantea preocupaciones éticas. Idealmente, el marco legal debería reconocer la situación sin finalizar el proceso de subrogación. Por ejemplo, al padre o madre intencional no biológico se le podría otorgar un papel a través de la responsabilidad parental compartida, o un estatus legal similar al de un tutor, sin falsificar los orígenes del niño. El siguiente paso sería prohibir a los ciudadanos españoles ir al extranjero a comprar un niño.

Ya, ya sé que pensarán que soy muy insistente, y pesada, con este tema del alquiler de mujeres para procrear para otras personas. Siento venir otra vez con ello, pero no veo más remedio. En la anterior ocasión en que me referí a este tema, hace dos semanas, expresaba que, en mi opinión, tras la contundente doctrina de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, el Gobierno debía activar la maquinaria legislativa para evitar que dicha aberración continúe produciéndose.

Y lo ha hecho, en parte. En una parte ya resuelta por la jurisprudencia. Una jurisprudencia que, desde la Sentencia de 6 de febrero de 2013 – hace ya 12 años pasados -, en doctrina reiterada en Sentencias posteriores – de 31 de marzo de 2022, 1 de diciembre de 2024 y, en un litigio algo distinto, la de 25 de marzo de 2025 - ha declarado que la pretensión de reconocer la filiación determinada por una autoridad extranjera como consecuencia de un contrato de gestación por sustitución era manifiestamente contraria al orden público español. Fundamentando el TS esta conclusión tanto en que el artículo 10 de la Ley 14/2006, de Técnicas de Reproducción Humana Asistida determina la nulidad de pleno derecho de estos contratos de “gestación por sustitución” y que la filiación materna del niño nacido por este medio será determinada por el parto. A lo que añade, reiteradamente, que este contrato de “gestación por sustitución” vulnera gravemente los derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución y en los Convenios internacionales sobre derechos humanos en los que España es parte. Y ello, por cuanto genera daño al interés superior del menor y una explotación de la mujer que son inaceptables, pues ambos son tratados como meros objetos y no como personas dotadas de la dignidad propia de su condición de seres humanos y de los derechos fundamentales inherentes a esa dignidad.

Razones por las cuales, sin duda, en 2023 se modificó la Ley Orgánica 2/2010, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, para referirse a la “Prevención de la gestación por subrogación o sustitución”, tras calificarla como “forma de violencia reproductiva”, reiterando que es un contrato nulo de pleno derecho y que, a través de campañas institucionales, se promoverá la información acerca de la ilegalidad de estas conductas, se produzcan con o sin precio.

Tras el dictado de la última Sentencia por el TS el pasado 25 de marzo, el BOE del 1 de mayo ha publicado la Instrucción de 28 de abril de 2025, de la Dirección de Seguridad Jurídica y Fe Pública, “sobre actualización del régimen registral de la filiación de los nacimientos mediante gestación por sustitución”. Instrucción que deja sin efecto dos anteriores, de 5 de octubre de 2010 y de 18 de febrero de 2019 sobre la misma materia.

Lo que el ministro de Justicia, Sr. Bolaños, ha publicitado en la red X con el siguiente mensaje: “Este Gobierno da un paso más contra la explotación de las mujeres que suponen los vientres de alquiler. Con esta instrucción protegemos a las mujeres y aseguramos el cumplimiento de la legislación española y europea”. 

La nueva Instrucción se hace expresamente eco de la doctrina del TS que más arriba he citado e invoca también las normas internacionales en materia de derechos de los menores y de las mujeres gestantes. Su contenido es sencillo: a partir de ahora no se admitirá en los Registros Civiles españoles – tampoco en los Consulares – como título para inscribir el nacimiento y filiación de hijos nacidos mediante gestación subrogada una certificación registral extranjera o la simple declaración acompañada de certificación médica al respecto ni sentencia firme del país correspondiente. Asimismo, se completa esta previsión con la de que la determinación de la filiación de estos menores se realizará en España por los medios ordinarios: filiación biológica, en su caso, respecto de alguno de los progenitores de intención y posterior filiación adoptiva del otro u otros, cuando se pruebe la existencia de un núcleo familiar con suficientes garantías.

Doy por hecho que este paso contra la explotación de las mujeres que suponen los vientres de alquiler irá seguido de otros de mayor entidad, a fin de asegurar – en palabras del ministro – la protección a las mujeres y el cumplimiento de la legislación española y europea.

Es una evidencia que ninguna de las pocas medidas hasta ahora adoptadas han tenido eficacia frente a este fenómeno. A las pruebas me remito: los datos revelan que en torno a 3.000 bebés nacidos de vientres alquilados de mujeres han sido registrados en España entre 2010 y 2023, así como que en tal concepto se facturan más de 3 millones de euros al año – según algunos medios -. ¡No está nada mal para tratarse de una práctica ilegal en España y para estar prohibida su promoción comercial!.

Desde luego, hay terreno que explorar al respecto. Pero, por si acaso, aquí va una idea. Dado que hablamos – según las normas antedichas – de “violencia reproductiva” y “explotación de las mujeres” y que se vulneran de manera inaceptable los derechos de mujeres y menores, afectando gravemente a su dignidad, son conductas que merecen el mayor reproche social. Reproche que, teniendo en cuenta el enorme valor de los bienes jurídicos protegidos y la gravedad de su vulneración, en mi opinión solamente puede venir materializado en su tipificación como delito en el Código Penal.

Por este camino va Italia, que ya tenía prohibida la gestación subrogada y desde 2004 la consideraba delito cuando tenía lugar en el territorio nacional. Ahora, en una Ley de 2024, tras un prolongado y crispado, así como interesante, debate parlamentario, esta práctica tiene también la consideración de “delito universal”, por lo que afectará igualmente a su práctica en el extranjero. Se va a castigar a quien realice, organice o publicite la comercialización de gametos, embriones o vientres de alquiler, con penas de entre tres meses y dos años de prisión y una sanción económica de entre 600.000 y un millón de euros.

Ya sé que se puede alegar que las razones por las que Italia aprueba tal regulación son discutibles. Bien, puede ser, no lo niego. Pero aquí podemos tener otras razones, las nuestras, y bien poderosas. Por más que no sea yo especialmente partidaria de la criminalización de muchas conductas, entiendo que esta a la que me refiero es especialmente sancionable penalmente. Pensemos: si nuestro Código Penal tipifica y castiga, entre otros muchos delitos, el simple hurto – con penas de prisión de seis a dieciocho meses; si también es delito la estafa – que atenta solamente a intereses económicos - y la castiga con penas de prisión de seis meses a un año, ¿por qué no debiera sancionarse penalmente el alquiler de mujeres para gestar para terceras personas, tanto si ello se produce en España como en el extranjero?. 

Entiendo que éste sería un gran paso contra la explotación de las mujeres y su cosificación y la de los bebés. Y ello porque los derechos de las mujeres y de las criaturas de ellas nacidas no deben depender de ninguna situación personal – infertilidad o pertenencia al grupo LGTBI, cuyos derechos no niego, desde luego, o cualquier otra circunstancia – ni de la capacidad o la penuria económica de nadie – ni la de quien encarga la criatura ni la de quien va a gestarla y parirla -. 

Se trata de derechos absolutos a defender en todo tiempo y en todo lugar, con todos los medios constitucionales a nuestro alcance – y el Código Penal lo es, sin duda -. Porque nadie tiene ningún derecho a ser madre o padre vulnerando tan gravemente la dignidad de las mujeres y la de las criaturas así nacidas. 

*** Si aporto tantos datos – fechas y otros – solamente lo hago para que cualquiera de ustedes pueda acceder a estas Sentencias y normas y valorar las mismas.

Alquilar el vientre de una mujer para tener un bebé está prohibido en España desde hace casi dos décadas. Los ángulos ciegos legales y la política de hechos consumados de las familias que traen niños de Ucrania, México o Estados Unidos han mantenido abierta una vía para inscribir estos menores, un proceso que el Gobierno no prohíbe, pero sí aspira a complicar: las sentencias extranjeras, como lleva años diciendo el Tribunal Supremo, no son una carta blanca para regularizar en España a un bebé nacido por gestación subrogada en otro país. La filiación biológica y la adopción se mantienen como puerta de entrada para este método prohibido de concepción.

La nueva instrucción, publicada en el BOE el 1 de mayo, establece que “en ningún caso se admitirá” en el Registro Civil como “título apto” para la inscripción de bebés nacidos a través de esta práctica ni la certificación registral extranjera ni una sentencia firme de las autoridades judiciales del país correspondiente que valide el contrato de gestación por sustitución. No obstante, los bebés sí podrán ser inscritos en el Registro Civil si alguno de los “progenitores de intención” puede probar su filiación biológica. El otro progenitor (en caso de haberlo) deberá iniciar después un proceso de adopción “cuando se pruebe la existencia de un núcleo familiar con suficientes garantías”. 

La ley de reproducción asistida considera “nulos de pleno derecho” los contratos de gestación subrogada haya o no contraprestación económica y atribuye la condición de madre a la mujer que da a luz al niño. No obstante, sí da la posibilidad a los padres biológicos de “reclamar” su paternidad si pueden acreditar que han aportado sus gametos. Esta última previsión legal es la que seguirá permitiendo la inscripción de los menores gestados a través de esta práctica, aunque la nueva regulación “obstaculiza, complica y alarga el proceso”, reconocen fuentes del Ministerio de Justicia. Estas mismas fuentes añaden que el objetivo es “evitar que ciudadanos españoles burlen la prohibición de esta práctica en nuestro país y la practiquen en el extranjero”. 

Asimismo, la instrucción señala que “no se practicarán” las solicitudes pendientes de inscripción de la filiación de menores nacidos mediante gestación subrogada desde el momento en que esté publicada en el BOE, lo que está previsto para este jueves 1 de mayo. No obstante, los menores que nazcan a partir de ahora sí podrán viajar a España si cuentan con el pasaporte y los permisos correspondientes y, una vez aquí, iniciar los trámites para tratar de probar la filiación biológica y, en su caso, la adopción. 

La nueva normativa cierra la vía abierta en 2010, cuando se aprobó una instrucción que ahora se deroga. Esa instrucción abría la puerta a permitir el registro de esos bebés y su acceso a la nacionalidad española y los derechos que comporta de forma prácticamente automática siempre que se contara con una sentencia firme, una certificación registral extranjera o incluso la simple declaración acompañada de certificación médica relativa al nacimiento del menor. Esa instrucción ha permitido desde entonces la inscripción de más de 2.500 bebés nacidos por esta práctica en países donde sí es legal o donde, al menos, es más fácil completar el proceso. 

La existencia de una resolución judicial firme era, no obstante, la fórmula más garantista para evitar contratiempos con los bebés nacidos mediante esta técnica. Es por eso que Estados Unidos, donde el proceso puede superar los 100.000 euros, ha sido considerado hasta la fecha el país más seguro. Sus autoridades emiten un certificado de nacimiento, una sentencia judicial y un pasaporte estadounidense a nombre de los padres españoles, independientemente de la carga genética.

Años de denuncias del Supremo

Las leyes españolas son claras y el Tribunal Supremo, desde hace una década, también es claro: la gestación subrogada no está permitida en España. Los magistrados de lo civil han sido inusualmente duros con este asunto: “Las madres y los niños son tratados como simples mercancías”, dijo el tribunal en 2022. “Entraña una explotación de la mujer y un daño a los intereses superiores del menor”, añadieron los jueces. Pero entre crítica y crítica, las sentencias del Supremo han consolidado un camino que ahora ilumina la nueva normativa: filiación biológica y adopción, siempre buscando el “interés superior del menor”. 

La sentencia que cimenta la nueva normativa fue dictada a finales de diciembre. Los jueces frenaron el intento de una pareja de Cádiz de inscribir a los dos niños que obtuvieron en Texas en 2020 a través de un vientre de alquiler y que pretendían legalizar con una resolución de un juzgado del condado estadounidense de Béxar que reconocía a los pequeños como sus hijos. Su argumento era que no darles la razón dejaría “al descubierto” la realidad de su nacimiento, y la respuesta de los jueces fue contundente: esa sentencia de Texas es “contraria al orden público” y no tiene efecto en España. 

Esa resolución del Supremo español, y media docena de sentencias anteriores, han taponado las vías de agua abiertas en el Registro Civil desde 2010 pero señalando una y otra vez a las familias el camino a seguir: que uno de los progenitores demuestre la filiación biológica del niño y el otro lo adopte. En todos los casos, para cuando les toca dictar sentencia firme sobre el asunto, el “interés superior” de unos menores que llevan ya años viviendo en España se impone a casi cualquier amago de prohibición real. 

Esta permisividad se ha visto afianzada recientemente por el Tribunal Constitucional. Hace un año, el pleno concedió amparo a una pareja que en 2016 obtuvo dos niños por vientre de alquiler en Ucrania e inició la batalla legal para registrarlos como propios en España después de conseguirlo en el consulado de Kiev con respecto al padre y la mujer ucraniana que los había parido. El Constitucional terminó reconociendo el derecho de la mujer española a adoptar a los pequeños: la negativa, explicaron los magistrados, creó “inseguridad jurídica” después de años de relación maternofilial creada desde que llegaron a España. 

Fuentes del Ejecutivo afirman que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) también ha determinado que los Estados tienen derecho a poner obstáculos a este tipo de prácticas prohibidas en su ordenamiento interno. No obstante, admiten que en el ámbito del Registro Civil, no es posible llevar a cabo acciones más ambiciosas dada la posibilidad que ofrece la ley de reproducción asistida a los padres biológicos de “reclamar” su paternidad si pueden acreditar que han aportado sus gametos. 

El Ejecutivo sí está explorando vías para actuar contra las agencias intermediarias a las que se suelen recurrir las familias para hacer frente a estos procesos. Estas compañías, que esquivan la ley española contratando los procesos en países donde sí son legales, ofrecen distintos paquetes con diferentes precios según el lugar en el que se vaya a realizar y las prestaciones ofrecidas: intentos ilimitados, reinicio en caso de aborto, compensación si hay pérdida del útero, incluso posibilidad de elegir el sexo del bebé… 

La ley de garantía de los derechos sexuales y reproductivos prohibió en 2023 la publicidad de este tipo de empresas. Sin embargo el Instituto de las Mujeres detectó recientemente que ocho de ellas seguían manteniendo promociones en páginas web y redes sociales, por lo que envió a la Abogacía del Estado un informe jurídico para determinar si era posible actuar sobre ellas. Entre los recursos utilizados por estas agencias hay entrevistas en blogs que, dice el Instituto, “disfrazan la violencia que esta práctica supone para la salud de las mujeres hasta la denominación de las llamadas 'madres gestantes'”.

¡No quiero dolores de parto, quiero el bebé!”

Al Pacino (Ocean's Thirteen)

El Gobierno pone hoy una piedra en el camino de la industria de explotación de mujeres con fines reproductivos y hay que felicitarle y felicitarnos por ello. No es la solución, no es la decisión definitiva, pero la inscripción automática de los bebés nacidos por vientre de alquiler en el Registro Civil si existe una sentencia del país de origen es un inconveniente que desanima. En España los vientres de alquiler no están permitidos, se trata de contratos de esclavitud, contratos inválidos, contratos ilegítimos, lo que no ha imposibilitado a parejas o individuos españoles sortear la prohibición poniendo ante las autoridades al bebé como objeto de chantaje insoslayable: ¿quién convierte a un bebé en ilegal cuando ya ha nacido?, ¿quién le priva de filiación y por tanto de derechos civiles? A eso juegan los que utilizan este sistema y a las mujeres y las numerosas empresas que obviamente se lucran con el tráfico. 

Primero nos contaron el argumento de las pobres parejas infértiles, luego el de las parejas biológicamente imposibilitadas para reproducirse y, como alertamos, todo acabará derivando en el privilegio de quien puede pagar para evitar un proceso, el del embarazo y parto, que no es una bicoca para el cuerpo femenino. Eso ya ha sucedido. Mujeres ricas haciendo gestar por ellas a otras mujeres. El último caso, el de Chimamanda Ngozie Adichie, escritora declaradamente feminista, que confesaba en una entrevista a The Irish Times que sus gemelos los ha gestado otra. Cuando le preguntan cómo es posible que nazca una novela y gemelos en el mismo año, Adichie empieza a reír: “Nacieron a través de una madre de alquiler. De lo contrario, habría sido absolutamente imposible”. Mujeres que no tienen tiempo para gestar y pagan por ello, mujeres que no quieren estropearse o pasar sufrimientos, parejas infértiles, parejas de hombres que no pueden reproducirse... todos desean un bebé y la industria internacional de los deseos cumplidos está dispuesta a facilitárselo. 

El cachondeo es que, no siendo legal en España, en la práctica todo se convierta en coladero. Según ha notificado Justicia, la instrucción obligará para la inscripción a realizar una adopción legal –que consta como tal– o a presentar evidencias biológicas de paternidad. Ya no valdrán las sentencias de carril de los países que admiten esta industria. Una dificultad más que no acaba con el problema, si bien avanza en el buen camino. Afirma la nota del Gobierno que con esta instrucción a la Dirección General de Registros se plasma la jurisprudencia del Tribunal Supremo que ha determinado en numerosas ocasiones que este tipo de explotación –me niego a llamarla gestación subrogada, se subrogan los contratos mercantiles no la maternidad–, además de explotar a mujeres pobres, “cosifica a los bebés” implicando a mujeres “que por lo general actúan impelidas por un estado de necesidad acuciante”. Es de cajón, porque lo de la voluntariedad y la empatía de gestarte un bebé por amor al arte no hay hija de madre que se lo trague, aunque no estaba de más que el alto tribunal lo determinara. 

El problema de las sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo es que han ido dando aquí y allá, en función de los casos y de la composición del tribunal que enjuiciara. De facto, los magistrados han estado legislando a veces para refrendar la prohibición contenida en la ley de reproducción asistida y otras para sortearla. Ha habido litigios estratégicos para conseguir incluso borrar el país de nacimiento de los niños y sustituirlo en la célula registral por España ¡y se han ganado! La industria de los niños daba cada vez un pasito más, ya que, como bien decía una de las abogadas litigantes, por cuenta del lobby, “¡lo que no nos da el Parlamento nos lo da la Justicia!”. Eso es lo que estaba pasando, la dejación de la voluntad del legislador en manos de magistrados concretos. 

La novedad que este jueves se publica en el BOE es una dificultad añadida para los comitentes de estos actos de explotación ya que se dificultará la inscripción aunque se sigue dejando la custodia de los bebés en manos de los compradores del niño. Cumple además la petición de las feministas de la derogación de las instrucciones de 2010 y de su reforma en 2015. Sin embargo, no es suficiente. El propio Gobierno y los partidos que lo sustentan reconocen que los vientres de alquiler en todas sus modalidades constituyen una forma de explotación de mujeres y no debe servirles que toda la regulación se limite a un artículo en la Ley de Reproducción Asistida que considera que tales contratos son ilegítimos y no tienen validez. Hay que ir más allá. Hay que legislar claramente la prohibición total de esta práctica deshumanizadora y, si es preciso, tipificarla en el Código Penal. Sería una bonita forma de resaltar el liderazgo español en materia de derechos humanos. 

Queda lucha por delante y será difícil. La presión es muy grande. Existen demasiados y diversos lobbies que consideran legítimo comprar a mujeres pobres para usar su potencia reproductiva. Existen países que han claudicado y que consideran una forma de civilización superior el dar gusto a los consumidores que no quieren vivir sin un bebé que no pueden tener de forma natural y que no se avienen a la fórmula ética y generosa de la adopción. Existen personas muy relevantes que han usado o tienen previsto usar esta fórmula en ocasiones, como en el ejemplo que he puesto antes, para poder dedicarse a sus actividades sin complicarse la vida. 

Las madres son madres. 

Esa condición no debe estar en venta ni debe poder comprarse. 

Felicidades al Gobierno por este paso, ánimo para dar todos los que vienen después.  

El Gobierno da un nuevo paso para limitar en España los vientres de alquiler. Una instrucción del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que se publicará el 1 de mayo en el BOE, establece que una sentencia extranjera que valide el contrato de gestación por sustitución “en ningún caso se admitirá” en el Registro Civil como “título apto” para la inscripción de bebés nacidos a través de esta práctica. 

La nueva instrucción, adelantada por El País y la que ha tenido acceso elDiario.es, cierra la vía abierta en 2010, cuando se aprobó una instrucción que ahora se deroga y que establecía el procedimiento mediante el que se permite el registro de esos bebés y su acceso a la nacionalidad española y los derechos que comporta pese a ser una práctica prohibida en España. Esa instrucción ha permitido desde entonces la inscripción de más de 2.500 bebés nacidos por esta práctica en países donde sí es legal o donde, al menos, es más fácil completar el proceso. 

La ley de reproducción asistida considera “nulos de pleno derecho” los contratos de gestación subrogada haya o no contraprestación económica y atribuye la condición de madre a la mujer que da a luz al niño. No obstante, sí da la posibilidad a los padres biológicos de “reclamar” su paternidad si pueden acreditar que han aportado sus gametos. Esta última previsión legal es la que, hasta ahora, ha venido permitiendo la inscripción de los menores en el Registro Civil siempre que se contara con una resolución judicial que determine la filiación del bebé —acreditando genéticamente la paternidad— y se constatara que se han garantizado los derechos de la gestante y del menor. 

Sin embargo, el Tribunal Supremo dictó en diciembre de 2024 una sentencia que cierra la puerta a que una sentencia de un tribunal extranjero pueda facilitar que una familia inscriba en España a niños nacidos por vientre de alquiler. Los jueces de lo Civil rechazaron la petición de una pareja para, en la práctica, legalizar el contrato por el que habían obtenido dos niños por gestación subrogada en Texas ya que, alegaban, un tribunal de Estados Unidos sí lo había permitido. El Supremo recordó entonces que eso no es legal en España y que un contrato como el que firmaron para obtener dos bebés “entraña una explotación de la mujer y un daño a los intereses superiores del menor”.

Es a esta sentencia a la que se acoge el Ministerio de Justicia para dictar esta nueva instrucción. En consecuencia, a partir de ahora, solo se podrá formalizar la inscripción siguiendo los cauces habituales de determinación de la filiación (la relación jurídica entre hijos y padres): por vínculo biológico o por adopción. 

En un mensaje publicado en su cuenta de X, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha afirmado que esta instrucción supone dar “un paso más contra la explotación de las mujeres que suponen los vientres de alquiler”. “Con esta Instrucción protegemos a las mujeres y aseguramos el cumplimiento de la legislación española y europea”, ha escrito.

Inscripciones pendientes

Asimismo, la nueva instrucción señala que “no se practicarán” las solicitudes pendientes de inscripción de la filiación de menores nacidos mediante gestación subrogada desde el momento en que esté publicada en el BOE, lo que está previsto para este jueves 1 de mayo. No obstante, los menores que nazcan a partir de ahora sí podrán viajar a España si cuentan con el pasaporte y los permisos correspondientes y, una vez aquí, la determinación de la filiación se efectuará a través de los medios ordinarios previstos en el ordenamiento español: filiación biológica, en su caso, respecto de alguno de los progenitores de intención y filiación adoptiva posterior cuando se pruebe la existencia de un núcleo familiar con suficientes garantías.

Fuentes del Ministerio de Justicia que dirige Félix Bolaños sostienen que el objetivo de esta instrucción “es evitar que ciudadanos españoles burlen la prohibición de esta práctica en nuestro país y la practiquen en el extranjero”. Y añaden que esta regulación “busca que prevalezca siempre el interés superior del menor, evitando su mercantilización y haciendo que se respeten los procedimientos legales para establecer la filiación y posterior registro en España”. La derogación de la instrucción de 2010 es una reclamación histórica de parte del movimiento feminista.

“Es muy delicado que las lógicas de mercado hayan entrado en un terreno como es la creación de la vida”. June Fernández es periodista, feminista, escritora. Es una de las voces más visibles de un periodismo con perspectiva de género, que se reivindica así desde antes de que la última ola feminista llegara para revolverlo todo. Es autora de varios libros, el último: Sueños y vasijas. Análisis feministas en torno a la gestación subrogada (Consonni), publicado primero en euskera en la editorial Susa. En el libro reivindica la pluralidad, ejerciéndola: a través de entrevistas con distintas feministas ahonda en la complejidad ética, legal, y social de la gestación subrogada.

En la introducción del libro dice que investigar y escribirlo le ha servido para seguir dándole vueltas a un tema que parece muy polarizado y en el que tiene dudas. Después de todo el proceso, ¿hay algo que tenga más claro que antes sobre la gestación subrogada?, ¿y menos?

Reivindico este ejercicio de pluralidad, porque es bastante habitual que el tema se despache de dos maneras. Por parte del feminismo abolicionista, diciendo que no hay matices posibles porque es explotación reproductiva y mercantilización de los bebés. Y por el otro lado, en los entornos de familias que han sido madres-padres por gestación subrogada, despacharlo con la idea de que es una técnica reproductiva más y que hay que normalizarla y no estigmatizar a las familias y a los bebés. Yo sí que sostengo que es un tema complejo, porque, incluso si mi posición es que un tipo de negocio así es inadmisible, ¿cómo lo solucionamos? Ahí entran cuestiones como las que abordamos en el capítulo de la legislación sobre qué implicaciones tiene un modelo prohibicionista, como el de Italia, en el que, por ejemplo, hay bebés que pueden terminar en servicios sociales.

Es muy delicado que las lógicas de mercado hayan entrado en un terreno como es la creación de la vida y que se normalice el que haya personas gestando para otras en un marco neoliberal globalizado

Aclaro, y ahí sin matices, que no estoy a favor de la gestación subrogada comercial ni del eufemismo de 'altruista con compensación'. Es muy delicado que las lógicas de mercado hayan entrado en un terreno como es la creación de la vida y que se normalice el que haya personas gestando para otras en un marco neoliberal globalizado. La mayor parte de la gente que reivindica su derecho a gestar para otras lo hace en un contexto más relacional, de querer ayudar a una amiga o a una prima.

Este es un tema en el que aparentemente las posiciones parecen muy polarizadas ¿estamos dándole más importancia a tener una posición cerrada que a tener una conversación, un debate en el que poder escuchar otras ideas y quizá llegar a reflexiones distintas, incluso a consensos?

Esto tiene mucho que ver con las lógicas de las redes sociales, de cómo nos comunicamos ahí y de qué se exige a cada quien, porque no es esa mi sensación en el movimiento feminista de Euskal Herria, que es del que yo vengo y en el que se habla desde posiciones distintas, sosegadamente, con mucha pluralidad. De repente lo que encuentro en redes y en el discurso mediático no es eso, sino estas posiciones enrocadas. Por eso, mi invitación es, efectivamente, a darle una vuelta en serio a este y a cualquier tema.

También hay un feminismo, sobre el que queda claro mi animadversión en el libro, no por abolicionista, sino por dogmático, que está vendiendo una especie de mochila ideológica en la que te reparten el carné de feminista si estás en contra de la prostitución, los vientres de alquiler y la autodeterminación de género. Y no solo en contra, sino si crees que la solución es criminalizar esas tres prácticas. Más allá del tema de la gestación por sustitución, el libro pretende ser una defensa de la pluralidad y del pensamiento crítico. En el capítulo de filosofía, por ejemplo, entrevisto a dos profesoras de filosofía feministas vascas: la que viene de lo queer y del transfeminismo, y que de hecho es una persona trans, está radicalmente en contra de los vientres de alquiler, mientras que la que procede del feminismo de la igualdad, ilustrado, tiene más dudas y una posición más relativista. Me parece enriquecedor pensar los temas sin estas lógicas de bandos, de packs ideológicos.

Me parece que hay que distinguir el plano del debate ideológico-político sobre qué modelo queremos, cómo queremos reproducirnos, cómo queremos parir nuestra especie... y el plano de cómo convivimos, a quién criminalizamos y a quién no

¿Es posible o incluso deseable que existan discursos críticos con la gestación subrogada, pero que no impliquen necesariamente defender el prohibicionismo?

Por intentar no ser dogmáticas, pienso que una cosa son mis convicciones personales —¿cuáles son los modelos reproductivos que me gustan?, ¿cuáles me gustaría que se extendieran y cuáles no?— y otra es cómo construimos consensos sociales y cómo establecemos el perímetro que separa la libertad individual de los consensos sociales. En cuanto a los órganos, en España parece que no se está poniendo en duda que la donación tiene que ser un asunto público y que no puede entrar en la lógica de mercado. En cambio, con la gestación por sustitución no hay tal consenso construido.

Con esto quiero decir que debemos pensar cómo puedo hacer yo para conciliar el hecho de que no me gusta el modelo reproductivo de la gestación subrogada con el hecho de que ya hay familias en nuestro país que se han establecido de esa manera y que tienen que tener unos derechos, como garantizar la filiación de sus criaturas. Sé que esto es muy peliagudo, pero me parece que hay que distinguir el plano del debate ideológico-político sobre qué modelo queremos, cómo queremos reproducirnos, cómo queremos parir nuestra especie... y el plano de cómo convivimos, a quién criminalizamos y a quién no. Es una respuesta que yo no tengo, pero entrar en discursos muy beligerantes de 'venga, hay que meter a la cárcel a todo el mundo que haya ido fuera a pagar por gestación subrogada', no me parece muy prudente.

En el capítulo que aborda el aspecto legal aparecen las aristas de regular y de prohibir, ninguna de las dos opciones parece fácil cuando se baja a los detalles jurídicos y prácticos.

La vía de prohibir y tipificarlo como delito universal, como ha hecho Giorgia Meloni, conlleva peligros, como que los bebés queden en situación de desprotección. Pienso, además, que no hay un suficiente consenso en España como para adoptar ese tipo de medidas. Hay encuestas que hablan de una aceptación más del 60% por parte de la opinión pública hacia esta práctica. Sería difícil de entender que de repente haya padres y madres que terminan en la cárcel por esto, porque hay potencias occidentales como Estados Unidos o Canadá donde esto está permitido y estas personas han respetado sus leyes. En cuanto al registro de los bebés, lo de obstaculizar las afiliaciones, encontramos que la jurisprudencia europea insiste en privilegiar el interés superior del menor. Entiendo que ahí haya debate feminista. ¿Priorizar el interés superior del menor es promover la gestación por sustitución?, ¿y que haya contratos en los que una criatura sea objeto de ese contrato? No lo creo.

El modelo comercial, es decir, regularlo en plan capitalismo salvaje, ni lo analizo, porque es evidente que las feministas estamos casi en nuestra mayoría en contra. Hay un término medio, que a veces se presenta como la opción menos mala, que sería lo que han hecho por ejemplo Portugal, Uruguay, Cuba, Reino Unido o Australia. Permiten una sola forma de hacerlo, que es supervisada por el Estado, sin intermediarios privados. La mujer no cobra para que no lo haga por necesidad económica o incluso puede ser solo entre conocidos. Es muy bonito sobre el papel, pero en países como el Reino Unido la mitad de las familias sigue yéndose al extranjero a la vía fácil de pagar dinero y hacer el proceso más rápido. Al final eso es lo que hace que la práctica se normalice, que en el fondo se sigue alimentando un sistema global.

A largo plazo deberíamos pensar por qué estamos dedicando tanta atención a este modelo tan minoritario de reproducción y no estamos dedicando más energía a visibilizar alternativas más ajenas al mercado, como pueden ser los acuerdos de reproducción entre personas conocidas o la filiación múltiple

Defiende que, en lugar de centrar todo el debate en la gestación subrogada, deberíamos atender a otras cuestiones, otras propuestas, ¿cuáles?

A largo plazo deberíamos pensar por qué estamos dedicando tanta atención a este modelo tan minoritario de reproducción y no estamos dedicando más energía a visibilizar alternativas más ajenas al mercado, como pueden ser los acuerdos de reproducción entre personas conocidas. Una mujer que quiere ser madre sola, sin pareja, y un hombre que quiere ser padre solo, sin pareja, que son amigos, se ponen de acuerdo y crían juntos con un régimen de custodia compartida, por ejemplo. ¿Por qué de esto no hablamos? O de la filiación múltiple, que una criatura tenga más de dos figuras legalmente reconocidas, que es algo que afecta a las llamadas familias ensambladas o reconstituidas, a los padrastros, las madrastras, pero también a las familias poliamorosas... Entonces, igual no se trata tanto de buscar una solución a este modelo en concreto, sino, en palabras de Amaia Pérez Orozco en el libro, de desbordar este modelo mediante un replanteamiento de los modelos de reproducción con soluciones más imaginativas y que no sean las que te ofrece el capitalismo en bandeja.

El altruismo de las madres que se invoca en el llamado modelo altruista es algo muy criticado entre feministas, ¿por qué?

Algunas de las entrevistadas en el libro dicen que la gratuidad de la gestante no es una gratuidad, sino un mal pago, porque al final sí que se les está pagando por el tiempo dedicado al embarazo y al parto, por el tiempo que no pueden dedicarse a su trabajo habitual, etcétera. Es cierto que en algunos países, especialmente del sur global, por ejemplo en India, hay mujeres quejándose de que desde el norte global se está presionando para quitarles lo que para ellas es una estrategia de supervivencia, que les da una alimentación y una atención sanitaria mejor que la que tienen normalmente, por la que a lo mejor cobran cinco veces más que en sus trabajos. Es un debate muy complicado, pero en el libro hay un consenso entre todas las entrevistadas: la crítica feminista al altruismo.

Si en España se aprobase la modalidad altruista en la que la mujer no cobra, ¿qué significa eso?, ¿que como sociedad vamos a animar a las mujeres a que hagan trabajo reproductivo gratis porque somos seres de luz, ángeles? Desde luego, el peor modelo es el modelo en el que se apela a la generosidad de las mujeres y en el que los intermediarios siguen siendo intermediarios con ánimo de lucro. Entonces, si hay una alternativa realmente altruista, solidaria, tendrá que ser en un marco en el que el Estado se haga cargo y en el que no haya intermediarios privados. Ahí la pregunta es, ¿queremos eso?, ¿queremos destinar dinero público a que el Estado facilite este tipo de reproducción? Tengo muchas dudas, la verdad.

Si hay una alternativa realmente altruista, solidaria, tendrá que ser en un marco en el que el Estado se haga cargo y en el que no haya intermediarios privados. Ahí la pregunta es, ¿queremos eso?, ¿queremos destinar dinero público a que el Estado facilite este tipo de de reproducción?

A veces hablamos de gestación subrogada como algo aparte de la industria de la reproducción asistida, ¿pero tiene sentido debatir sobre vientres de alquiler sin reflexionar sobre la reproducción asistida?

Es parte de lo mismo. Estamos hablando todo el rato de las gestantes, pero en la mayor parte de los países en los que la gestación subrogada es legal se impone que los óvulos no los ponga la gestante, sino una donante, al menos en familias en las que no haya una mujer que tenga óvulos que se puedan utilizar. Recordemos que España es el líder europeo y segundo líder mundial en reproducción asistida, precisamente porque estamos en un paraíso en el que se dan todas las facilidades para que las mujeres den sus óvulos a las clínicas con este eufemismo de la donación con compensación y con la garantía de que la donación sea anónima. Es un tema muy de actualidad, porque personas nacidas por donación de gametos que ya son adultas están diciendo que tienen derecho a conocer sus orígenes genéticos.

También desde una posición anticapitalista es todo parte de lo mismo, porque tenemos una industria con un poder en España muy grande y que está influyendo muchísimo. Cuando tienes 20 años las clínicas van a la universidad a convencerte de que seas muy generosa y dones tus óvulos por mil euros, con 30 años te convencen de que congeles tus óvulos para posponer la maternidad, y con 40 años te dicen bueno, si tienes problemas puedes usar los de una donante. Y si todo eso falla, vamos a presionar para que se legalice la gestación por sustitución como una técnica reproductiva más, como el último cartucho. Eso es muy problemático, hay muchos intereses en juego.

Si ahora mismo es muy difícil acceder a una adopción transnacional es, entre otras muchas cosas, porque era un terreno en el que se daban unas lógicas colonialistas. Desde España propiciamos el empobrecimiento y los conflictos armados en otros países y luego vamos a salvar a esos bebés

En nuestra mirada desde aquí a la gestación subrogada, ¿hay un sesgo racista?

En el libro hay un capítulo sobre esta cuestión y de la mano de dos feministas migradas y dos gitanas sacamos algunas conclusiones. Por una parte, hay una tendencia al salvacionismo blanco y a ser muy beligerantes con cuestiones que no nos atraviesan. Es decir, ese feminismo abolicionista contra los vientres de alquiler y la prostitución no está posicionándose por la abolición del trabajo del hogar en régimen de interna o, al menos, no está incluido en su agenda. Al final, las gestantes no están en España, salvo las que lo hacen de forma clandestina, sino que están otros países. Existen gestantes que creen que la regularización es la mejor vía de controlar que no haya situaciones de explotación y que los contratos sean lo menos lesivos posible. Deberíamos reflexionar sobre qué temas nos indignan y cuáles no. Y también en cómo victimizamos a esas 'pobres' mujeres indias desconociendo qué procesos se han dado en su sociedad y qué críticas hay ahí.

Destacaría que en el tema de las soluciones y las alternativas en el feminismo blanco y en los partidos políticos de izquierdas lo típico es decir que la solución es agilizar las adopciones. Eso entra en contraste con un movimiento antirracista en España que está denunciando, por ejemplo, los criterios clasistas, racistas y sexistas en las quitas de patria potestad. Si ahora mismo es muy difícil acceder a una adopción transnacional es, entre otras muchas cosas, porque era un terreno en el que se daban unas lógicas colonialistas. Desde España propiciamos el empobrecimiento y los conflictos armados en otros países y luego vamos a salvar a esos bebés y los traemos aquí a un entorno racista sin suficiente preparación.

En cuanto a las gitanas, nos subrayan que las experiencias de maternidad no son universales, que cuando se habla de, por ejemplo, la crianza con apego, es algo muy occidental y muy contemporáneo. Nos dicen que las juzgamos por ser madres muy jóvenes cuando luego nosotras tenemos este desaguisado y creemos que con 40 vamos a poder ser madres. Y que cuando hablamos de criar en comunidad no hace falta irnos a utopías o a una comuna sino que también hay realidades de otras culturas que conviven con la blanca paya en la que la reproducción y la crianza se organizan distinto.

Para terminar, quería preguntarle por el revuelo alrededor de la decisión de la escritora y feminista Chimamanda Ngozi Adichie de recurrir a la gestación subrogada para ser madre de nuevo. ¿Cómo lo ve?

A mí lo que más me interesa de lo de Chimamanda, más que su vida y sus elecciones, es utilizarlo como pretexto para ver qué es lo que tenemos que pensar aquí sobre la industria y el modelo que queremos fomentar o no. Por otra parte, en sus declaraciones se decía que para ella había sido como una estrategia de conciliación. Le leí a una feminista argentina, María Luisa Peralta, que ese es el plan del capitalismo: saca una técnica de reproducción asistida y primero la vende utilizando a las personas con enfermedades y con problemas de fertilidad; luego a gays o con la diversidad familiar como coartada, pero que en realidad el negocio está en la gente con mucho dinero que se puede permitir el privilegio de externalizar el embarazo. Que la gente privilegiada tenga un batallón de nanis para no comerse las noches del llanto del bebé, por ejemplo, lo tenemos normalizado. También hay que tener en cuenta que estamos pensando el tema desde aquí, pero que en Estados Unidos la gestación por sustitución tiene un arraigo de más de 30 años. Ella es de origen nigeriano, y Nigeria es uno de los países en los que también se practica gestación subrogada. Estaría bien preguntar a las feministas estadounidenses cómo se vive ahí lo sucedido más que juzgar desde nuestros parámetros.

Chimamanda también dijo que las mujeres trans no son mujeres, sino mujeres trans. Parece paradójico que una persona que habla de los 'privilegios' de las mujeres trans, que sabemos que son uno de los colectivos sociales más atacados y más expuestos a la violencia social, haga uso de sus privilegios.

El Instituto de las Mujeres ha enviado a la Abogacía del Estado un informe jurídico sobre ocho agencias de gestación subrogada por promociones publicadas en páginas web y redes sociales. La ley de garantía de los derechos sexuales y reproductivos prohibió en 2023 la publicidad de este tipo de empresas, que promocionan servicios que son ilegales en España y que se ofrecen en otros países. Con este informe, la Abogacía podría iniciar acciones legales contra estas agencias.

Son 334 quejas enviadas al Observatorio de la Imagen de las Mujeres de este organismo entre el 29 de noviembre y el 31 de diciembre de 2024 las que han dado lugar a este informe. El documento incluye un análisis de la publicidad hecha por estas ocho empresas que, aunque ofertan el acceso a la gestación por sustitución en otros países, tienen la sede social en España.

Entre los recursos utilizados por estas agencias hay entrevistas en blogs que, dice el Instituto, “disfrazan la violencia que esta práctica supone para la salud de las mujeres hasta la denominación de las llamadas 'madres gestantes'”. El organismo de Igualdad recogió información sobre la actividad publicitaria de las empresas y preparó el informe jurídico. Puesto que el Instituto de las Mujeres no tiene capacidad sancionadora, será la Abogacía la que, con el documento en la mano, deberá decidir y comunicar si se emprenden acciones legales.

La ley de derechos sexuales y reproductivos aprobada en 2023 prohibió la publicidad de este tipo de agencias. Son empresas radicadas en España pero que ofrecen servicios en países donde la gestación subrogada sí está permitida. Aunque se estudió la manera de impedir el funcionamiento de estas empresas, finalmente la medida que se consideró viable fue el veto a la promoción pública de su actividad.

Esta es la primera vez desde la aprobación de la norma que se inicia el trámite para denunciar a agencias de gestación subrogada por su publicidad.

“No valen eufemismos lingüísticos para esconder una situación de violencia y explotación reproductiva de las mujeres por su situación devulnerabilidad”, asegura la directora del Instituto de las Mujeres, Cristina Hernández.

El Supremo ha dictado una sentencia que cierra la puerta a que una sentencia de un tribunal extranjero pueda facilitar que una familia inscriba en España a niños nacidos por vientre de alquiler. Los jueces de lo Civil han rechazado la petición de una pareja para, en la práctica, legalizar el contrato por el que habían obtenido dos niños por gestación subrogada en Texas ya que, alegaban, un tribunal de Estados Unidos sí lo había permitido. El Supremo recuerda que eso no es legal en España y que un contrato como el que ellos firmaron para obtener dos bebés “entraña una explotación de la mujer y un daño a los intereses superiores del menor”.

En los últimos años esta misma sala del Supremo ha dictado varias sentencias que cierran la puerta a legalizar, de alguna manera, los contratos de vientre de alquiler firmados por familias españolas en países como Ucrania o México para obtener niños. En la práctica, la posibilidad judicial de adoptar a los niños y perseguir el “interés superior del menor” ha permitido que, a golpe de sentencia, su situación se regularice igualmente cuando vuelven a España con el bebé.

El caso que ha estudiado la sala es el de una pareja que en octubre de 2020 obtuvo dos bebés por el método del vientre de alquiler en el hospital St. Luke's Health de Woodlands, Texas. Apenas un mes después un juzgado del condado de Béxar condedía la custodia de los niños a la familia que había pagado por ellos. El siguiente paso, una vez de vuelta a España con los niños, fue acudir a los juzgados de Cádiz para que esa sentencia estadounidense tuviera efectos dentro del territorio nacional y reconociera a los niños como suyos.

Ningún juez español de los que han estudiado el caso ha dado la razón a esta pareja. Ni el juzgado, ni la Audiencia Provincial de Cádiz ni ahora tampoco el Tribunal Supremo. El argumento principal de la pareja era que no darles la razón dejaría a los niños “en una situación de vulnerabilidad y exposición” ya que dejaría “al descubierto” la realidad de su nacimiento.

El Supremo contesta que “lo que vulnera la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad, tanto de la mujer gestante como de los menores, es la celebración del propio contrato de gestación subrogada, en el que la mujer y el menor son tratados como meros objetos”. La gestación subrogada, recuerdan los jueces, “cosifica” al menor ya que “se le concibe como el objeto del contrato”.

La normativa de cooperación jurídica internacional, recuerdan los jueces, no permite validar sentencias extranjeras que sean “contrarias al orden público”, y en este caso los vientres de alquiler están claramente prohibidos por la normativa española.

Adoptar o acoger a los niños

La maternidad subrogada, añaden los magistrados, “atenta contra la integridad moral de la mujer gestante y del niño, que son tratados como cosas susceptibles de comercio, privados de la dignidad propia del ser humano”. También atenta contra la integridad física de la madre biológica “que puede verse sometida a agresivos tratamientos hormonales para conseguir que quede embarazada”. “Entraña una explotación de la mujer y un daño a los intereses superiores del menor”.

El Supremo desestima el recurso y recuerda lo que ya dijo el Comité de Bioética hace siete años: “El deseo de una persona de tener un hijo, por muy noble que sea, no puede realizarse a costa de los derechos de otras personas”.

Como en casos anterioes, el Supremo explica que la solución para esta pareja es aplicar la normativa española y establecer su filiación “mediante la determinación de la filiación biológica paterna, la adopción, o permitiendo la integración de los menores en un núcleo familiar mediante la figura del acogimiento familiar”.

Mater semper certa est

Esta misma semana el Supremo ha vuelto a hacerlo: colar de rondón lo que la legislación prohibe. La Sala Civil, tres magistrados varones, ha aprobado el borrado del rastro de nacimiento de un niño nacido mediante vientre de alquiler en un país extranjero, de modo que a partir de ahora en el registro aparezca como nacido en el lugar de domicilio de sus padres. Borrada la madre, borrado el país, borrado el origen, el alto tribunal acaba por consagrar una práctica expresamente prohibida por la legislación española: puedes hacerlo y si lo logras, no dejará rastro.

La misma Sala I que consideró hace solo dos años que los vientres de alquiler “entrañan una explotación inaceptable para el niño y para la madre”, se descuelga ahora borrando la huella de esa gestación en el extranjero o, lo que es lo mismo, aceptando que si se sortea la ley española comprando la capacidad reproductiva de una mujer en el extranjero, no sólo no habrá inconveniente en España sino que todo indicio de tal práctica será borrado de la documentación ya que, como afirman los interesados, “la propia mención del lugar de nacimiento extranjero puede suponer un menoscabo de la intimidad y puede atentar contra el libre desarrollo de la personalidad del menor”. Pasmoso. ¿No es tan normal y adecuado y posible y benéfico comprar la gestación de bebés en los cuerpos de mujeres pobres? No se entiende entonces qué menoscabo puede suponer que el menor en su día lo sepa. ¿No tiene derecho a saberlo, por otra parte?

Hay que dejar constancia de que el Tribunal Supremo aceptando este cambio del lugar del nacimiento del menor está adoptando el papel de legislador. Entre otras cosas porque el Código Civil sólo acepta este cambio al registro del lugar de residencia de los padres para la adopción internacional y, obviamente, no menciona en modo alguno los vientres de alquiler. Los tres magistrados deciden hacer la analogía -legislar, sin paliativos- revocando así las sentencias de la Audiencia Provincial y del juzgado de Primera Instancia que, con toda lógica, denegaban esa alteración de los datos. “No puede considerarse que existan semejanzas con la adopción ya que la gestación por sustitución está expresamente prohibida”, dijo la juez de Instancia. “No puede darse la analogía con la adopción ya que el Código Civil (art. 4) recoge que tiene que existir un supuesto regulado por ley y éste lo está, está prohibido”. Tanto la Abogacía del Estado como la Fiscalía se opusieron a las pretensiones de estos padres, hasta llegar al TS donde la Fiscalía apoyó la alteración del lugar de nacimiento. 

“Lo que no nos ha dado el Parlamento nos lo ha dado la Justicia” ha proclamado exultante la abogada que ha llevado este pleito estratégico. Tiene tan claro como yo que los jueces han legislado saltándose la voluntad del legislador. Que el pleito es estratégico y tiene detrás toda una gestión para lograr regularizar el mercado de los vientres de alquiler, también lo reconoce a su manera al afirmar que entre 5000 y 6000 familias podrán beneficiarse ahora de esta ficción legal. Y las que vengan.

La cuestión es que esto ha sido posible, efectivamente, por la inacción del Parlamento que está dejando que su voluntad soberana sea suplida por directivas o por sentencias judiciales hasta conseguirse que lo que se considera una violencia contra la mujer acabe siendo no sólo natural sino legal en nuestro país. Y es que la violencia se comete igual en el lugar de nacimiento y falsear ese origen implica blanquearla y, además, impedir al menor conocer en algún momento su origen. Insisto, ese origen tan aceptable que lo quieren legalizar, pero del que luego tienen que borrar las huellas.

¿Qué hace mientras el legislador? Mirar para otro lado. Es curioso que un gobierno progresista formado por partidos que proponían castigar penalmente a las agencias de vientres de alquiler -PSOE 2019- o que hablaban sin ambages de violencia contra las mujeres y explotación reproductiva -Gobierno, 2023- o que están o han estado apoyados por otros partidos que han levantado la voz contra estas prácticas -Irene Montero contra Ana Obregón- no hayan movido un solo dedo para hacer efectiva la petición de los grupos feministas que solicitan la derogación de la instrucción sobre registro de 2010 y la reforma de 2019 y que apuestan por una prohibición total, previa moratoria para los casos que ya estén en marcha. Estos colectivos consideran que sólo el no reconocimiento de la inscripción a favor del comitente de las violencias y la explotación en el extranjero, frenaría el incremento de esta práctica. Prohibir en España y admitir de facto, como hacen las directivas y ahora el Supremo, supone lanzar el mensaje de que protegemos contra la explotación a las mujeres de aquí pero que, oiga, si puede explotar a las de otro lugar, no sólo haremos la vista gorda sino que le facilitaremos hasta hacer desaparecer las pruebas. El PP es el único partido que se muestra de perfil en esta cuestión: “Es un aspecto complejo que merece debates profundos”, alcanzó a proferir Cuca Gamarra cuando el caso de Ana Obregón.

Los litigios estratégicos que se llevan a cabo están desde luego apoyados por el lobby de empresas que obtienen beneficio de esta práctica inhumana. Las organizaciones de mujeres explican que lo que intentan, para conseguir el visto bueno total a su negocio, es fragmentar el proceso: la gestación y el parto son un trozo y la inscripción y filiación y vida del menor otro. En el fondo se trata de negar que la maternidad quede determinada por el parto -Mater semper certa est- y conseguir que sea un proceso desvinculado de la realidad biológica de las mujeres que pasan así a convertirse en meros receptáculos incubatorios sin que de ello se derive realidad humana o jurídica alguna. 

Hay muchas fuerzas y grupos de presión en liza. Los partidos prefieren no enfrentarse, unos a unos lobbys y otros, a otros. Lo cierto es que poco a poco se va a instalar la tolerancia legal y social a la explotación reproductiva de mujeres pobres y, ya puestos, si es posible hacerlo con total garantía con las extranjeras ¿por qué no darles la oportunidad de entrar en ese fantástico mercado altruista a las españolas con problemas económicos? Es sarcasmo, claro. Debátanlo, vótenlo, aclárense, lo que no puede suceder es que tres señores con toga le den la vuelta ahora de facto y con melindres técnicos a toda una política legislativa y de estado. 

Los vientres de alquiler están expresamente prohibidos en España pero las personas que recurren a esta técnica encuentran la manera de legitimar, por vía administrativa o vía judicial, la adquisición de un bebé en otros países sin que, en la práctica, tenga consecuencias para ellos. Sentencia tras sentencia, el Tribunal Supremo reitera que es una práctica prohibida pero también reconoce que el interés de los niños menores de edad obliga, por ejemplo, a permitir su adopción en España, reconocer prestaciones de paternidad o maternidad a los padres o permisos aunque el contrato de origen, repiten los jueces una y otra vez, es un “fraude de ley”. La última resolución del Supremo equipara estos casos a una adopción internacional a la hora de permitir que su documentación refleje que España, y no el país en el que fueron gestados, es su lugar de nacimiento.

La normativa que regula las técnicas de reproducción asistida en España desde hace 18 años explica de forma clara que la “gestación por sustitución” está prohibida en España. Cualquier contrato para usar a una mujer como vientre de alquiler, con o sin dinero de por medio, es “nulo de pleno derecho”. Si un niño nace por ese método, la madre biológica seguirá siendo la mujer que lo gestó. Eso hace inviable que una clínica española ofrezca este tipo de servicios, pero también deja abierta la puerta a que se haga en el extranjero y se consolide en España.

Los datos reflejan que la prohibición no ha sido suficiente para frenar esta práctica. Entre 2010 y 2020 se registraron en España más de 2.500 bebés nacidos por esta práctica en países donde sí es legal o donde, al menos, es más fácil completar el proceso. “Le garantizamos el éxito o le devolvemos el dinero”, era uno de los eslóganes de agencias que llevaban al cliente de la mano a países como Ucrania, Georgia o México con unos contratos que, incluso, dejan en manos del contratante la capacidad de mantener con vida a la mujer gestante aunque esté en muerte cerebral, al menos hasta que nazca el bebé por el que ha pagado.

La ley evolucionó ligeramente hace un año, cuando se prohibió de forma explícita la publicidad de este tipo de agencias. A nivel internacional, la Unión Europea ha acordado que los casos de coacción a mujeres para que sean vientres de alquiler sea incluido en la directiva contra la trata. Pero las distintas resoluciones de distintos tribunales españoles, desde el Supremo hasta el Constitucional, constatan cómo la vía de los hechos consumados es suficiente para legitimar legalmente una práctica prohibida en España, generalmente porque los jueces tienen que velar por un niño que tiene que tener los mismos derechos que cualquier otro.

En la última década la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha sido clara al hablar de los vientres de alquiler: “Las madres y los niños son tratados como simples mercancías”, dijo hace dos años en una sentencia que estudió el caso de una mujer que obtuvo un niño de vientre de alquiler a través de una empresa mexicana. Los jueces denunciaron entonces el “trato inhumano” que reciben las madres biológicas de los niños, la impunidad de las agencias y la “cosificación” del niño, pero terminaron abriendo la puerta a que la mujer adoptara al niño: “La satisfacción del interés superior del menor conduce a que el reconocimiento de filiación a la madre comitente deba obtenerse por la vía de la adopción”.

Permisos y prestaciones de maternidad

Para cuando este tipo de pleitos relacionados con los vientres de alquiler llegan a manos de los jueces, la realidad de los niños va varios pasos por delante. Llevan ya varios años viviendo con sus familias en España plenamente integrados en su entorno y el debate sobre la legalidad del contrato con la agencia de gestación por sustitución quedó atrás hace tiempo. Hace más de diez años los jueces se encontraron con el caso de dos familias que habían traído a España varios bebés desde Nueva Delhi y California y terminaron reconociendo permisos de maternidad y paternidad.

En 2016 la misma Sala reconoció el derecho de los clientes a beneficiarse de prestaciones de maternidad. En otro caso, de una mujer que adoptó al hijo biológico que su pareja tuvo por este método también vio reconocido su derecho a la prestación por maternidad. Hace apenas unos meses el Tribunal Constitucional, por unanimidad, reconoció el derecho de una mujer a adoptar al bebé que su pareja adquirió por vientre de alquiler. Y en otros casos los tribunales ordinarios han avalado la vigencia de los contratos de agencias que se dedican a asesorar legalmente a quienes quieren optar por este método prohibido en España.

Obtener un niño a través de esta técnica está prohibido en España y, sobre el papel, hacerlo en el extranjero no otorga ninguna validez, pero en la práctica las familias que recurren a esta técnica en países como Ucrania terminan consiguiendo en los tribunales los mismos derechos, amparados por el interés superior del niño. El último ejemplo es una sentencia del Supremo que reconoce el derecho de un matrimonio a cambiar la documentación para que, de forma oficial, su lugar de nacimiento sea España y no Kiev. Equiparando su caso concreto –adoptado por la pareja de su padre biológico– al de una adopción internacional para proteger su intimidad.

Por el momento en España no existe ningún proyecto de ley o norma para reforzar la regulación de los vientres de alquiler después de su prohibición expresa en 2006 y de la modificación de 2023 que también proscribe la publicidad de las agencias que ofertan este servicio en España. El caso de Ana Obregón, que obtuvo en Estados Unidos una niña con este método y usando material biológico de su hijo fallecido, reavivó el debate político sobre esta práctica, con el PP abriéndose a modificar la regulación si no existía contraprestación económica y tanto PSOE como Podemos reiterando que se trata de una “forma de violencia contra las mujeres”.

El Tribunal Supremo ha permitido que los padres de un niño nacido por vientre de alquiler en Ucrania cambien de forma oficial su lugar de nacimiento para que figure como nacido en España. Los jueces han estimado el recurso de una pareja y entienden que prima la privacidad del menor e impedir que su adopción y sus circunstancias de nacimiento sean públicos. Permitir que el lugar de nacimiento oficial siguiera siendo un país extranjero, alega la Sala de lo Civil, “denotaría el carácter adoptivo de la filiación y las circunstancias de origen del menor”.

Las distintas sentencias del caso revelan que el menor nació por gestación subrogada en Ucrania, hijo biológico de su padre y posteriormente adoptado por la pareja de éste. Una vez en España empezaron a pleitear para que su documentación no reflejara que había nacido en Ucrania, sino en la ciudad española donde residía la familia. El Registro Civil rechazó este cambio al entender que el niño era español y que había sido una adopción nacional, en las que no se aprueban estas modificaciones sobre el lugar de nacimiento.

Tanto el juzgado como la Audiencia Provincial que estudiaron el caso rechazaron también el cambio. “No puede considerarse que exista semejanza entre la adopción internacional y la técnica de gestación por sustitución”, dijo una primera sentencia que recordó que esta práctica está, además, “expresamente prohibida”. La Audiencia añadió que el argumento de los padres era “insostenible” ya que directamente esta técnica está prohibida.

El Supremo entiende que los padres, tanto el biológico como la adoptiva, tienen derecho a que el niño figure como nacido en España y no en Ucrania. La Sala pone encima de la mesa el derecho a la intimidad personal y familiar del menor, concluyendo que lo determinante para permitir este cambio no es que sea una adopción internacional sino que “la publicidad de este dato puede ser indicativa del carácter adoptivo de la filiación”.

Los jueces descartan la fórmula aplicada en otros casos de inscribir al menor como nacido en “un país remoto”. El objetivo es “impedir que el carácter adoptivo de la filiación y las circunstancias relativas al origen del menor sean públicos”. A este caso se le puede aplicar, por tanto y según el Supremo, los requisitos del Código Civil para cambiar su lugar de nacimiento aunque como tal no se trate de una adopción internacional.

Permitir que la documentación reflejara el lugar de nacimiento del niño “vulneraría el derecho a la intimidad del menor, al ser revelador de la existencia de la adopción y de las circunstancias relativas a su origen especialmente sensibles, haber sido engendrado por gestación por sustitución”.

El Parlamento Europeo ha avalado la revisión de la ley contra la trata y el tráfico de personas prácticamente por unanimidad. Todos los grupos han votado a favor, a excepción de siete eurodiputados que han votado en contra y 17 que se han abstenido. La directiva contra la trata apunta a la explotación de la gestación subrogada, aunque el castigo queda limitado a quienes coaccionen o engañen a las mujeres para que actúen como vientres de alquiler. Al mismo tiempo, busca reducir la demanda de prostitución y tipifica como delitos el matrimonio forzado y la adopción ilegal. Todos ellos estarán penalizados con entre cinco y diez años de prisión. 

La futura normativa, que los estados miembros tendrán que trasponer a los ordenamientos jurídicos nacionales en un plazo de dos años,no entra en el fondo de la gestación subrogada, dado que existe división sobre cómo afrontar el asunto. En España, el planteamiento de incluir los vientres de alquiler en los delitos contra la trata por el que apostó la exministra de Justicia Pilar Llop se quedó fuera del anteproyecto que presentó el Gobierno el pasado 8 de marzo. 

Otra de las novedades de la directiva es la criminalización del consumo de servicios sexuales a sabiendas de que se trata de una víctima de trata. La tipificación queda en manos de los estados miembros, que tendrán que incluirla en su legislación penal “con sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias”. En el caso de la normativa española, que se encuentra aún en tramitación, los puteros se exponen a entre uno y cuatro años de cárcel si explotan a una víctima de trata. 

“Aprobamos un texto ambicioso en el que se contempla por primera vez la explotación reproductiva, se protege y se asiste a las víctimas, se criminaliza la demanda y se suspenden permisos y autorizaciones para quienes participen en este negocio. Que tomen nota los prostíbulos en los que no se cumpla con la legalidad. Buena parte de ellos son agujeros negros en los que no se distinguen unos servicios sexuales de otros, ni quién los presta, ni en qué condiciones”, afirma la eurodiputada de La Izquierda María Eugenia Rodríguez Palop (Sumar), que ha sido ponente de la iniciativa.

La nueva legislación europea, que actualiza la directiva de 2011, refuerza el castigo a las personas jurídicas, como las empresas, responsables de delitos de trata. La idea es dejarlas sin la financiación pública (excluyéndolas de los procedimientos de licitación, subvenciones, concesiones y licencias, y retirando permisos y autorizaciones para el ejercicio de actividades que hayan dado lugar a la comisión de la infracción).

El texto pretende ampliar la protección a las cerca de 7.000 víctimas de trata que se detectan al año en la UE. Así, establece que las autoridades encargadas de la lucha contra la trata y las encargadas del asilo coordinen sus actividades para que las víctimas de la trata, que también necesitan protección internacional, reciban el apoyo y la protección adecuados, y para que se respete su derecho de asilo. 

Igualmente, insta a los estados miembros a garantizar que las autoridades judiciales puedan optar por no enjuiciar o castigar con multas administrativas las conductas que se hayan producido como consecuencia de la situación de trata, independientemente de si han cooperado o no con la investigación. 

La directiva también emplaza a los estados miembros a incluir como agravante la difusión de imágenes, vídeos y demás contenidos a través de las tecnologías de la información y la comunicación. 

 “Cuando hablamos de trata, la mayoría de la gente suele pensar en víctimas de explotación sexual pero esta directiva persigue también la explotación laboral que se practica a veces en los mismísimos salones de las casas o en los negocios propios. Internas secuestradas, temporeras esclavizadas y personas migrantes de cuya vulnerabilidad se extrae un provecho económico. Hay miles de personas sometidas a un permanente círculo de violencia, deshumanizadas y cosificadas, convertidas en una mercancía segura y perdurable. Hoy damos un paso hacia adelante por ellas”, remata Palop.

'No'. Esta es la palabra que más se repite en Dignitas Infinita, el último documento del Vaticano que el dicasterio para la Doctrina de la Fe ha lanzado este mediodía. Un texto que vuelve a mostrar que, pese a una cierta apertura que suele destacarse de los 11 años de pontificado de Francisco, hay prohibiciones que parecen intocables. Del aborto a la eutanasia, pasando por la denominada 'teoría de género', Roma continúa defendiendo una férrea doctrina moral en un documento que, por otra parte, hace mención a los abusos sexuales, la guerra, el hambre, la “violencia digital” o la maternidad subrogada, cuestiones que considera “violaciones a la dignidad humana”.

El documento, que lleva cinco años siendo continuamente modificado, nació de la mano del anterior prefecto de Doctrina de la Fe, el español Luis Ladaria, en 2019, pero ha sido culminado por el teólogo del Papa, Víctor Manuel Tucho Fernández, el mismo que ha sufrido continuos ataques por parte de los sectores tradicionalistas tras la aprobación de Fiducia Supplicans y el permiso para las bendiciones de parejas del mismo sexo. De hecho, distintas fuentes apuntan a que se nota la mano de Fernández a la hora de incluir aspectos relativos a la lucha por la dignidad de lo desfavorecidos a un texto que, en principio, solo apuntaba a la férrea doctrina moral. De hecho, en su introducción, el cardenal afirma haber prestado “mayor atención a las graves violaciones de la dignidad humana que se produce actualmente en nuestro tiempo”, para lo que el dicasterio “tomó medidas para reducir la parte inicial [...] y elaborar con más detalle lo que el Santo Padre había indicado”.

Así, por primera vez un documento vaticano equipara “algunas violaciones graves de la dignidad humana”, que van desde “el drama de la pobreza” hasta la “violencia digital”, pasando por la condena inequívoca del aborto, la eutanasia o la teoría de género, mientras reclama la lucha contra las guerras, la trata de personas, la violencia contra las mujeres o los abusos sexuales.

Claves del documento

Donde no cambia la doctrina moral de la Iglesia es en cuestiones como la del aborto, donde Roma continúa definiéndolo como un delito “particularmente grave e ignominioso”, denunciando que “la aceptación del aborto en la mentalidad, en las costumbres y en la misma ley es señal evidente de una peligrosísima crisis del sentido moral, que es cada vez más incapaz de distinguir entre el bien y el mal”, y utilizando “una terminología ambigua, como la de ‘interrrupción del embarazo’ (…). Pero ninguna palabra puede cambiar la realidad de las cosas: el aborto procurado es la eliminación deliberada y directa, como quiera que se realice, de un ser humano en la fase inicial de su existencia, que va de la concepción al nacimiento”.

“La Iglesia, también, se posiciona en contra de la práctica de la maternidad subrogada”, insiste el documento, que denuncia cómo esta práctica convierte al niño “en un mero objeto”. Y es que, apunta el texto, “la práctica de la maternidad subrogada viola, ante todo, la dignidad del niño” y “la dignidad de la propia mujer que o se ve obligada a ello o decide libremente someterse”.

El nuevo documento vaticano también arremete con fuerza contra la eutanasia y el suicidio asistido, cuestionando la denominación de “leyes de muerte digna”. “Está muy extendida la idea de que la eutanasia o el suicidio asistido son compatibles con el respeto a la dignidad de la persona humana”, admite Roma, que señala la importancia de unos “cuidados paliativos apropiados y evitando cualquier encarnizamiento terapéutico o intervención desproporcionada”, pero aclara: “No hay condiciones en ausencia de las cuales la vida humana deje de ser digna y pueda, por tanto, suprimirse”. Y va más allá: “Ayudar al suicida a quitarse la vida es, por tanto, una ofensa objetiva contra la dignidad de la persona que lo pide, aunque con ello se cumpliese su deseo”.

Al tiempo Doctrina de la Fe denuncia “el descarte de las personas con discapacidad”, que “sufren a veces marginación, cuando no opresión, al ser tratadas como auténticos descartados”.

“Colonizaciones ideológicas”

Una de las grandes novedades del documento es su firme condena de la “teoría de género”. Pese a condenar que “en algunos lugares se encarcele, torture e incluso prive del bien de la vida, a no pocas personas, únicamente por su orientación sexual”, Roma denuncia las “colonizaciones ideológicas, entre las que ocupa un lugar central la teoría de género, que es extremadamente peligrosa porque borra las diferencias en su pretensión de igualar a todos”.

Así, el Vaticano afirma que la teoría de género “pretende negar la mayor diferencia posible entre los seres vivos: la diferencia sexual”. En este sentido, concluye Roma, “resulta inaceptable que algunas ideologías de este tipo, que pretenden responder a ciertas aspiraciones a veces comprensibles, procuren imponerse como un pensamiento único que determine incluso la educación de los niños”. Por lo tantos “debe rechazarse todo intento de ocultar la referencia a la evidente diferencia sexual entre hombres y mujeres”.  

El cambio de sexo, el Vaticano sostiene que “por regla general, corre el riesgo de atentar contra la dignidad única que la persona ha recibido desde el momento de la concepción”, aunque no excluye la posibilidad de que “una persona afectada por anomalías genitales, que ya son evidentes al nacer o que se desarrollan posteriormente, pueda optar por recibir asistencia médica con el objetivo de resolver esas anomalías”.

Por contra, Roma denuncia con dureza “el drama de la pobreza” que, insiste, se trata de “uno de los fenómenos que más contribuye a negar la dignidad de tantos seres humanos”, y que supone “una de las mayores injusticias del mundo contemporáneo”. “Todos somos responsables, aunque en diversos grados, de esta flagrante desigualdad”, recalca el dicasterio.

Respecto a la guerra, “otra tragedia que niega la dignidad humana”, el Vaticano recuerda que es una “derrota de la Humanidad”, y que “ninguna guerra vale la pérdida de la vida, aunque solo sea de una sola persona humana”, ni “el envenenamiento de nuestra casa común”, ni “la desesperación de los que están obligados a dejar su patria”.

“Todas las guerras, por el mero hecho de contradecir la dignidad humana, son «conflictos que no resolverán los problemas, sino que los aumentarán»”, recalca el texto, que pide “salir de la lógica de la legitimidad de la guerra”.

 Sobre los migrantes, el documento los reconoce como “las primeras víctimas de las múltiples formas de pobreza”, por lo que “es siempre urgente recordar que «todo emigrante es una persona humana que, en cuanto tal, posee derechos fundamentales inalienables que han de ser respetados por todos y en cualquier situación”.

El Vaticano también incluye la trata de personas entre las graves violaciones de la dignidad humana, denunciando a “explotadores y clientes” y recordando que “la Iglesia y la humanidad no deben abandonar la lucha contra fenómenos como el comercio de órganos y tejidos humanos, explotación sexual de niños y niñas, trabajo esclavo, incluyendo la prostitución, tráfico de drogas y de armas, terrorismo y crimen internacional organizado”. “La trata de personas es un crimen contra la Humanidad” sostiene Dignitas Infinita.

Los abusos sexuales son otro de los puntos abordados por el texto, que admite que“todo abuso sexual deja profundas cicatrices en el corazón de quienes lo sufren” y advierte que “se trata de sufrimientos que pueden llegar a durar toda la vida y a los que ningún arrepentimiento puede poner remedio”

Por otro lado, el Vaticano denuncia que “las violencias contra las mujeres es un escándalo global, cada vez más reconocido”, y recalca las “desigualdades graves entre mujeres y varones” incluso “en los países más desarrollados y democráticos”. “Es hora de condenar con determinación, empleando los medios legislativos apropiados de defensa, las formas de violencia sexual que con frecuencia tienen por objeto a las mujeres”, con especial hincapié en el feminicidio.

Finalmente, el documento hace una referencia a la “violencia digital”, que pone en peligro “la buena reputación de cualquier persona con noticias falsas y calumnias”. “De hecho, el ambiente digital también es un territorio de soledad, manipulación, explotación y violencia, hasta llegar al caso extremo del dark web”, concluye el documento, que incide en que, con estas prácticas, “el respeto al otro se hace pedazos y, de esa manera, al mismo tiempo que lo desplazo, lo ignoro y lo mantengo lejos, sin pudor alguno puedo invadir su vida hasta el extremo”.

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El Tribunal Constitucional ha decidido amparar a una mujer que reclamaba poder adoptar a uno de los hijos de su pareja, nacido en Ucrania por vientre de alquiler. El pleno, según apuntan fuentes del organismo a este periódico, ha estimado por unanimidad el recurso de la mujer contra las decisiones de la Audiencia Provincial de Madrid que, en contra de lo que dijo la Justicia en un primer momento, negó que ella pudiera ser registrada como su adoptante. La misma mujer, además, no había tenido problemas en adoptar al otro hijo de su pareja, también nacido por vientre de alquiler.

El caso que ha estudiado el tribunal de garantías es el de una pareja española que acudió a Ucrania en 2016 a obtener dos niños a través de la gestación subrogada usando el semen del hombre. Dos niños registrados en el consulado de Kiev como hijos del hombre y de su madre biológica, una mujer ucraniana. Una vez de vuelta a España, la pareja acudió a la administración para intentar registrar a los dos niños. No hubo problema para que la mujer fuera reconocida como adoptante del más pequeño, pero sí los hubo con respecto al mayor.

En un primer momento un juzgado de Madrid sí permitió esta inscripción pero posteriormente, ya en 2019, la Audiencia Provincial de Madrid la rechazó. Según fuentes del caso, tanto los jueces como la Fiscalía dudaron de que el hombre pudiera ser considerado el padre del menor y eso llevó a rechazar las pretensiones de la mujer de adoptar al pequeño.

El Tribunal Constitucional se ha reunido este martes para estudiar el asunto y, por unanimidad, ha decidido otorgar amparo a la mujer y reconocer su derecho a ser inscrita como madre adoptante del niño nacido por vientre de alquiler en Ucrania. La resolución ha tenido ponencia de la magistrada Inmaculada Montalbán y ha obtenido el apoyo unánime del pleno -con la ausencia de Enrique Arnaldo- aunque María Luisa Balaguer ha anunciado un voto particular para explicar su posición sobre los vientres de alquiler.

Los vientres de alquiler no son legales en España, pero el debate legal es complejo cuando una pareja recurre a esta técnica en el extranjero y después regresa con el bebé para su inscripción. El Tribunal Supremo, en varias sentencias dictadas en los últimos años, ha optado por reconocer la opción de la adopción aunque ha cargado con dureza contra este sistema: “Un contrato de gestación por sustitución entraña una explotación de la mujer y un daño a los intereses superiores del menor”, dijo por ejemplo la Sala de lo Civil en 2022.

El interés superior del niño

Las decisiones del Supremo han incidido en la ilegalidad de este tipo de contratos y de métodos, pero han dejado claro que la salida a casos como éste pasa por la adopción: “La satisfacción del interés superior del menor en este caso conduce a que el reconocimiento de la relación de filiación a la madre comitente deba obtenerse por la vía de la adopción”, dijo el Supremo en esa misma sentencia.

En este caso, el Constitucional entiende que las decisiones del tribunal madrileño vulneraron la tutela judicial efectiva: “Lejos de ceñirse al objeto del proceso, verificando si se cumplían los requisitos para la adopción, puso en tela de juicio la filiación paterna, que constaba y consta inscrita en el registro civil español, sobre la base de meras presunciones”, dice. Tampoco tuvo en cuenta, añade el Constitucional, “la inseguridad jurídica que provocaba en la relación maternofilial forjada entre la demandante de amparo y el menor, ni el impacto de tal decisión en la construcción de la identidad de este”.

La UE da un paso para poner coto a la gestación subrogada. Lo ha hecho a través de la revisión de la directiva contra la trata de seres humanos en la que se incluirá esta práctica como un tipo de explotación. Ahora bien, la normativa queda acotada a quienes coaccionen o engañen a las mujeres para que actúen como vientres de alquiler, según figura en sendos comunicados del Consejo de la UE y la Eurocámara tras alcanzar el acuerdo al filo de la medianoche del martes. Los delitos cubiertos bajo el paraguas de la directiva contra la trata, entre los que se encontrarán también el matrimonio forzado o la adopción ilegal, se penalizarán con entre 5 y 10 años de cárcel.

“Hemos introducido, entre otras cosas, la explotación de la gestación subrogada, mejorado la prevención, reforzado la investigación y las actuaciones judiciales, así como la coordinación y el seguimiento, e incluido medidas para proteger, asistir y apoyar mejor a todas las víctimas. Hoy estamos un poco más cerca de acabar con esta forma de barbarie”, ha celebrado la eurodiputada María Eurgenia Rodríguez Palop (Sumar), que ha sido una de las negociadoras del texto.

La inclusión de la gestación subrogada se limita, no obstante, únicamente a castigar a las personas que engañen o coaccionen a mujeres para someterse a ese procedimiento; pero no entra en el fondo de la cuestión dado que existe división sobre cómo encarar los vientres de alquiler. En España, el Gobierno se abrió el pasado mes de abril a tipificar la gestación subrogada como un delito de trata de seres humanos, pero aún no se ha dado ningún paso en esa dirección. Una vez la directiva esté en vigor, cuando sea ratificada por el Parlamento Europeo y los 27, los estados miembros tendrán que adecuar sus leyes.

“Hemos incorporado un intento de que los paises se comprometan con la reducción de la demanda en la idea comprobada de que hay una relación directa entre prostitución y trata”, explica Palop a elDiario.es.

La directiva contempla, además, castigar el uso intencional de servicios sexuales a sabiendas de que es una víctima de trata. La tipificación queda en manos de los estados miembros, que tendrán que incluirla en su legislación penal “con sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias”.

También se reforzarán las sanciones a las personas jurídicas, como las empresas, responsables de delitos de trata. La idea es dejarlas sin la financiación pública (excluyéndolas de los procedimientos de licitación, subvenciones, concesiones y licencias, y retirando permisos y autorizaciones para el ejercicio de actividades que hayan dado lugar a la comisión de la infracción).

Además, la nueva legislación europea, que actualiza la directiva de 2011, incluye como agravante que los responsables de trata hayan facilitado o cometido la difusión de imágenes, vídeos o material similar de carácter sexual que involucre a la víctima.

“La trata de personas es un acto criminal que tiene un alto costo humano. Esta muy necesaria actualización de la directiva equipará mejor a los Estados miembros para luchar contra este terrible crimen en todas sus formas”, dijo en un comunicado el ministro de Justicia belga, Paul Van Tigchelt, cuyo departamento ha pilotado la recta final de las negociaciones.

La pretensión de los legisladores es, igualmente, es que las autoridades encargadas de la lucha contra la trata y las encargadas del asilo coordinen sus actividades para que las víctimas de la trata, que también necesitan protección internacional, reciban el apoyo y la protección adecuados, y para que se respete su derecho de asilo, según recoge la Eurocámara en un comunicado

Más allá de los tradicionales llamamientos a la paz en un mundo en guerra, en el que incluyó la petición de dos Estados en Palestina e Israel, el Papa Francisco también hizo referencia, en su discurso al Cuerpo Diplomático, a la “deplorable práctica de la maternidad subrogada”, que “ofende gravemente la dignidad de la mujer y del niño, y se basa en la explotación de la situación de necesidad material de la madre”. 

En este sentido, tras exigir “el respeto de la vida, de toda vida humana, empezando por la del niño no nacido en el seno materno, que no puede ser suprimida ni convertirse en un producto comercial”, Bergoglio hizo “un llamamiento para que la Comunidad internacional se comprometa a prohibir universalmente esta práctica”, dejando claro que “un hijo es siempre un don y nunca el objeto de un contrato”.

“En cada momento de su existencia, la vida humana debe ser preservada y tutelada, aunque constato, con pesar, especialmente en Occidente, la persistente difusión de una cultura de la muerte que, en nombre de una falsa compasión, descarta a los niños, los ancianos y los enfermos”, culminó Bergoglio. 

En su discurso, que supone el primer encuentro del año del Papa con los 184 representantes diplomáticos acreditados ante la Santa Sede, Francisco también rechazó la invasión rusa de Ucrania, criticó la persecución a la Iglesia por parte del régimen de Ortega, y recordó, en referencia a los ataques de Israel en Gaza: “No debemos olvidarnos de que las violaciones graves del derecho internacional humanitario son crímenes de guerra, y que no es suficiente con evidenciarlos, sino es necesario prevenirlos”.

“Confío en que la Comunidad internacional promueva con determinación la solución de dos Estados, uno israelí y uno palestino, así como también un estatuto especial internacionalmente garantizado para la Ciudad de Jerusalén, de modo que israelíes y palestinos puedan por fin vivir en paz y con seguridad”, incidió Bergoglio, quien también reclamó la entrada de ayuda humanitaria sin restricciones, y la liberación de los colonos israelíes retenidos por Hamás.

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No seré una mujer libre mientras siga habiendo mujeres sometidas

Teresa Domínguez

Tenía que pasar, la metáfora transformándose en crónica cruel. 

Ha llegado y lo hemos sabido aunque no resultaba difícil de intuir que pasaría, porque cuando transformas los deseos en inalienables derechos a la satisfacción, entonces todos se creen autorizados a satisfacerlos; porque cuando imbuyes a la sociedad de la idea de que el fin justifica los medios, entonces les das pie a obviar la moralidad de los que emplea; porque cuando conviertes el dinero en la medida moral de todas las cosas, el que no lo tiene está siendo habilitado también para saltar sobre una cuestión meramente material. Para mí uno de los temas de la semana ha quedado opacado, probablemente con razón, por las trágicas violaciones no sólo de derechos sino de la más mínima noción de humanidad en Oriente Medio. 

Es pobre y latinoamericana y fue contactada desde España, sin mediación legal alguna, para comprar su útero y gestar en él al hijo de una pareja en Córdoba. 20.000 euros fueron el único motivo de que aceptara desplazarse hasta nuestro país pensando en someterse a aquello que las redes y la propaganda se han ocupado de dulcificar: convertirse en una incubadora humana aprovechando los avances médicos para emboscar la realidad. Sólo una vez conducida al domicilio de los “deseadores” se le informó de que no estaban pensando en una inseminación artificial, que cuesta una pasta, pudiendo como se puede proceder a una inseminación natural que sale gratis. La mujer pobre, según los datos de la Fiscalía, primero “manifestó su preferencia por la inseminación artificial” y luego, al parecer, aceptó tener relaciones sexuales –libre consentimiento le llaman a cualquier cosa–, aunque estas se acabaron produciendo “con violencia e intimidación” hasta lograr el embarazo. Que la violaron para preñarla como a un animal, vamos, para lograr su objetivo. Supongo que tampoco pensaban pagarle el dinero prometido, aunque de eso no tengo datos. 

Tenía que pasar. Los ricos han exhibido su poder de clase al poder obtener lo que la naturaleza les niega u obviar las consecuencias estéticas y personales del proceso natural. Ahora, como sucede con todo, las necesidades y su satisfacción se popularizan y es así como descubren su verdadera cara, más allá del glamour que pretenden otorgarles la publicidad, el couché y el brilli-brilli. Para un rico siempre habrá un pobre con el que satisfacer sus deseos y el menos rico encontrará a su vez a un miserable al que explotar. Por cierto, no es el primer caso detectado en España. Este mismo año, en la COPE, Cristina López Schlichting entrevistaba a otra mujer tratada y prostituida desde los 14 en que fue vendida, que manifestaba que en Valencia sus explotadores la obligaron a quedarse embarazada de un cliente y entregar luego a un bebé “que no puedes quedarte porque tú no eres digna de tener un bebé”. 

El problema es que ni la propaganda ni los bien pensantes repararon en que el suculento negocio al que quieren abrir la puerta pudiera traer hasta nuestros países civilizados la explotación miserable a la que someten a las mujeres actualmente en Malasia, Kenia, Nigeria, Sudáfrica, Argentina y Guatemala, según el último estudio de Sheela Saranavan. Prácticas en las que se viola sistemáticamente la ética médica, los derechos humanos de las mujeres y ahora, como vemos, también directamente el cuerpo de las mujeres. Primero se alquilaban sus úteros, arropados por la ciencia, y ahora sus matrices son okupadas literalmente por la violencia física para obtener el mismo resultado: expropiar su poder reproductivo y ponerlo al servicio de quien satisface su deseo. 

El problema a la hora de tratar este caso, que se reproducirá, es que en el artículo del Código Penal en el que se castiga la trata de personas, el 177 bis, no se contemplan los fines reproductivos como parte de las finalidades que fijan el tipo. Así que piensan los fiscales hacer una propuesta de lege ferenda para que sea incluido en el futuro. La bajeza humana está mucho más allá de lo que estamos dispuestos a prever. No se les había ocurrido. En las cerca de 900 páginas del magnífico trabajo multidisciplinar 'Gestación subrogada. Principales cuestiones civiles, penales, registrales y médicas', dirigido entre otros por Francisco Lledó –que tuvo la deferencia de regalármelo– se tocan todas las aristas posibles del fenómeno menos esta. ¡Y era tan evidente que los deseos de los que no alcanzan se intentan satisfacer de forma ilícita! Piénsenlo, pasa hasta con los perfumes caros y los it bag y así ha crecido un mercado imparable de falsificaciones, robos y receptaciones. ¿Cómo no iba a suceder con deseos más viscerales y desestabilizadores como son el de la maternidad o la paternidad frustradas? Todo mercado elitista acaba teniendo su reflejo a pie de calle. ¿Cómo si los niños devienen una mercancia no iba a aparecer el mercadillo subterráneo en el que obtenerlos?

“La dignidad humana como límite infranqueable del Derecho no debe ceder y resignarse a que el progreso de la ciencia conlleve un retroceso para los derechos de las mujeres y los menores”, escribe la profesora Herrán Ortiz en ese libro, en el que no llega ni a imaginar que la ciencia ni siquiera aparezca y sea sustituida por la brutalidad de una violación.

La dignidad humana. ¿Han reparado en que casi todos los problemas que nos rodean tienen que ver con la pérdida de valor de ese concepto? No contemplo un feminismo que la pierda de vista, tampoco un progresismo.  

“La práctica de los vientres de alquiler produce unos beneficios millonarios. Podemos catalogarlo de extractivismo de seres humanos porque la transacción económica y los contratos mercantiles se producen en una única dirección: de los países mas pobres a los más ricos en una lógica capitalista del siglo XXI y con un profundo sesgo de clase. Es explotación colonialista y clasista. Se produce el flujo de seres humanos en un contexto capitalista desde países pobres y dentro de los países occidentales desde las mujeres con menos recursos. Sorprende que partidos políticos que se adscriben a planteamientos decoloniales no hayan denunciado explícitamente esta práctica, cuando en realidad los hechos son cristalinos. No hay mujeres suizas pariendo bebés para familias de Mauritania o El Salvador”, han denunciado en el Parlamento Vasco desde la plataforma Las Criadas, compuesta por distintas asociaciones feministas y mujeres en contra de los vientres de alquiler.

La plataforma se creó al anunciarse la celebración de dos congresos sobre gestación subrogada en Bilbao. El primero de ellos, el XVI Congreso de la Asociación Nacional de Clínicas de Reproducción Asistida (ANACER) celebrado los días 16 y 17 de junio y, el segundo, el I Congreso Internacional sobre Gestación Subrogada organizado por asociaciones de familias con bebés nacidos por esta práctica y mujeres que se han sometido a ella y celebrado del 20 al 21 de julio. En ambas ocasiones Las Criadas se manifestaron en la puerta de los congresos vestidas simulando 'El cuento de la Criada' y trataron de impedir su celebración mediante una denuncia ante Fiscalía, sin embargo, la denuncia fue archivada.

“En ambos eventos se reflejaban, únicamente, los intereses y la postura favorable de las asociaciones organizadoras, con el claro objeto de promocionar y normalizar una práctica, la de los vientres de alquiler, ya debatida, y que es ilegal según las leyes de nuestro país, que prohíben su publicidad por considerarla, directamente, una forma de violencia contra las mujeres. Una práctica que tiene detrás grandes intereses económicos y comerciales y que usa un lenguaje con un aspecto aparentemente técnico, inocuo, impersonal y muchas veces incomprensible para la ciudadanía, como maternidad subrogada, gestación por sustitución, vientres de alquiler, detrás del que se esconde un potente mercado internacional cuyo modo de producción (lo que se alquila) son las mujeres y cuyo producto (lo que se compra) son personas recién nacidas. En ambos casos, seres humanos”, han señalado durante la comparecencia celebrada este lunes en el Parlamento Vasco a petición de Isabel González, portavoz de Elkarrekin Podemos-IU.

En la explotación de la mujer con fines reproductivos la consideración de la mujer como un sujeto de derecho desaparece

Tras asegurar que en España la práctica de los vientres de alquiler “está prohibida según la Ley 14/2006 de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida que refuerza la nulidad de pleno derecho de los contratos de subrogación y la ilegalidad de los vientres de alquiler”, desde Las Criadas han insistido en que “en la explotación de la mujer con fines reproductivos la consideración de la mujer como un sujeto de derecho desaparece”. “Se le transforma en un objeto y por extensión el recién nacido que pare también es considerado un objeto”, han denunciado, para después explicar que en la actualidad existen contratos entre la madre y la familia en los que hay cláusulas que estipulan indemnizaciones a la familia en el caso de que el nacimiento del bebé no se produjera. “Con el fin de garantizar que pase lo que pase no haya sorpresas económicas, como si fuese una compra en Amazon y no se tratase de la vida de seres humanos”, han indicado.

250 bebés nacidos por vientres de alquiler llegan a Euskadi al año

Según las asociaciones, a Euskadi llega un tercio de los casos que llegan a España, con un total de 250 bebés nacidos al año mediante este práctica en otros países en los que sí que está permitido, por lo que han exigido al Gobierno vasco campañas de sensibilización para evitar estas prácticas. Sin embargo, al menos dos normativas autonómicas vascas asimilan plenamente los vientres de alquiler con la adopción y ya se han dado los primeros casos de funcionarios que han pedido permisos de crianza tras haber ejercido la maternidad/paternidad por esta vía, según confirman fuentes oficiales. De hecho, desde el 1 de marzo están activas las nuevas ayudas por hijos con las que Euskadi desea impulsar la natalidad y la norma general que implica el abono de 200 euros mensuales durante 1.000 días o tres años después del nacimiento, se aplica también a la adopción, a la acogida y a quienes registren un bebé gestado adquirido por subrogación.

“Quienes defienden los vientres de alquiler como una técnica reproductiva más, intentan que el foco de atención se ponga únicamente en las historias personales de las familias, o de alguna madre gestante que llevan a conferencias, con el fin de evitar que se ponga encima de la mesa la cuestión ética que impregna de hecho todo el problema”, han explicado, cuestión que se reflejaba en los dos congresos en los que las propias mujeres contaban su experiencia positiva gestando los bebés para otras familias. “Realmente estamos ante una cuestión ética de principio a fin, no cabe la opción de eludir la ética en ninguno de los puntos a considerar de la problemática en su conjunto. La experiencia de una sola persona no puede pasar por encima de los derechos reconocidos del 99% de las partes implicadas, y precisamente esa es la estrategia utilizada por quienes defienden los vientres de alquiler. Enterrar la ética a favor de los intereses comerciales y de un supuesto deseo de maternidad o paternidad pero ligado a una transmisión genética, porque la posibilidad de la maternidad o paternidad por medio de la adopción queda completamente ignorada”, han argumentado.

Todos los partidos, en contra

Todos los partidos con representación en la comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Justicia del Parlamento Vasco han coincidido con Las Criadas en que los vientres de alquiler o gestación subrogada está prohibida en España y por tanto, se debe evitar que siga ocurriendo. “Es explotación del cuerpo de la mujer, explotación reproductiva y también es violencia machista. No podemos permitir que los deseos de unas recaigan en las necesidades de otras”, ha aseverado la portavoz de Elkarrekin Podemos-IU, Isabel González.

Carmelo Barrio, del PP, también se ha mostrado contrario a esta práctica, pese a que su partido declarara el pasado marzo y con motivo de la polémica surgida por el caso de Ana Obregón -en el que tuvo una bebé a través de esta práctica en EEUU y la trajo a España- que estaba dispuesto a abrir un debate “sosegado y serio” para regular los vientres de alquiler siempre que “no medie en ningún caso una contraprestación económica”, según indicaron fuentes de la dirección popular de Alberto Núñez Feijóo.

“La mercantilización es un negocio no admisible en relación con esta situación. La mercantilización de estas cuestiones es una línea roja, nosotros somos claros en ese sentido. Es una línea roja infranqueable todo lo que tenga que ver con el negocio a través de estas cuestiones. Lógicamente saludamos el hecho de que tengamos una normativa clara en ese sentido a través de las leyes. Ahí está esa normativa y esperamos que sea clara siempre en relación con evitar cualquier negocio no admisible y cualquier mercantilización de estas cuestiones”, ha explicado Barrio haciendo referencia a que tanto las “personas como él” como “la Conferencia episcopal y la Iglesia Católica” comparten este mismo criterio.

La portavoz del PSE-EE, Miren Gallástegui, se ha limitado a decir que la gestación subrogada es “una práctica absolutamente prohibida en nuestro país”. “Yo estoy absolutamente de acuerdo con esa prohibición y esta es la posición del grupo socialista y no tengo nada más que decir al respecto”, ha indicado.

Es explotación del cuerpo de la mujer, explotación reproductiva y también es violencia machista. No podemos permitir que los deseos de unas recaigan en las necesidades de otras

Desde EH Bildu, Eraitz Saez de Egilaz, ha señalado que EH Bildu está “en contra de los vientres de alquiler y del mercado que surge a raíz de ellos” y que, en este sentido, han apoyado “la ley de Solo sí es sí del Gobierno español”. “Sabemos que esa ley prohíbe la publicidad de los vientres de alquiler y la promoción de ese mercado. Nosotros nos mantenemos en esa línea ahora y en un futuro”, ha insistido. Por su parte, Eva Juez, portavoz del PNV, de forma más escueta ha indicado que “hay mucho que decir y que estudiar” sobre este tema, pero que, por el momento “reciben el mensaje” de las asociaciones feministas y “entienden sus quejas”.

“La sociedad no entiende el proceso de los vientres de alquiler, porque la información que hay es muy escasa. No sabe lo que se hace, ni los problemas legales que hay, ni que hay tramas delictivas que están actuando de por medio. De todos los bebés que llegan a España habría que analizar cuántos de ellos llegan por vía de trata. El que haya un mensaje permisivo en la sociedad y el que no se explique lo que está pasando hace que haya más demanda. Si se fomenta la demanda y se convierte en una actividad comercial, como hay pocas mujeres dispuestas a alquilar su vientre, lo que se fomenta es que haya más tramas delictivas y trata de mujeres y de bebés”, han concluido Las Criadas.