El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha iniciado el procedimiento para declarar la Columna de los Ocho Mil como Lugar de Memoria Democrática, un reconocimiento con el que se pretende preservar uno de los episodios más dramáticos de la Guerra Civil en Extremadura, protagonizado por miles de personas que abandonaron sus pueblos ante el avance de las tropas sublevadas y el temor a la represión.

La incoación del expediente, publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), implica la anotación preventiva de este episodio en el Inventario de Lugares de Memoria Democrática y la aplicación provisional de las medidas de protección contempladas en la Ley de Memoria Democrática, mientras se tramita su declaración definitiva.

El éxodo comenzó alrededor del 14 y 15 de septiembre de 1936, cuando miles de vecinos del suroeste de la provincia de Badajoz emprendieron la huida hacia los territorios que todavía permanecían bajo control republicano. No era una columna militar ni una operación organizada en términos bélicos, sino una marcha de población civil en la que viajaban familias enteras, con mujeres, niños, ancianos y hombres que trataban de escapar de la ocupación de sus localidades y de la violencia que la acompañaba. Valencia del Ventoso y Fregenal de la Sierra fueron algunos de los principales puntos de concentración y salida.

La marcha terminó convirtiéndose en una tragedia en las proximidades de Fuente del Arco, donde las fuerzas sublevadas atacaron y dispersaron a la columna los días 17 y 18 de septiembre, especialmente en el entorno del monte de La Alcornocosa y el paraje de El Pencón. El expediente incorpora un informe de la Guardia Civil fechado el 8 de noviembre de 1938 que cifra en unas 8.000 las personas que formaban parte de la expedición y calcula que alrededor de 2.000 fueron capturadas por las tropas franquistas.

Una parte de los prisioneros fue asesinada posteriormente en Llerena, mientras que otros fueron trasladados de nuevo a sus localidades de procedencia, donde quedaron expuestos a nuevas represalias. El episodio dejó así una huella que va más allá de la propia marcha y refleja la persecución sufrida por quienes fueron considerados vinculados a la República, incluso después de haber sido detenidos o devueltos a sus pueblos.

El acuerdo ministerial reconoce la Columna de los Ocho Mil como símbolo del desplazamiento forzado de miles de personas que buscaron salvar su vida y conservar su libertad ante el avance de las tropas sublevadas. Su incorporación al catálogo de Lugares de Memoria Democrática permitirá avanzar en la identificación de los escenarios históricos, su señalización y la divulgación de lo ocurrido mediante placas, paneles informativos y recursos audiovisuales y digitales, además de incorporar documentación y material gráfico al portal de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática.

Una vez publicado el acuerdo, se abrirán los correspondientes trámites de información pública y audiencia para que puedan presentarse las aportaciones que se consideren oportunas. La resolución definitiva corresponderá a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, que cuenta con un plazo máximo de doce meses desde la incoación del expediente para resolver el procedimiento.

La intervención arqueológica que se desarrolla en la fosa común del cementerio de Nuestra Señora de la Montaña de Cáceres ha permitido exhumar ya ocho cuerpos y localizar otros 16 enterramientos desde el inicio de los trabajos, el pasado 7 de octubre. Entre los restos recuperados figuran cuatro mujeres, un hallazgo especialmente significativo que aporta nuevos datos sobre el alcance de la represión franquista en la capital cacereña y que demuestra, una vez más, que las mujeres también fueron víctimas de la violencia y la represión ejercidas durante la dictadura, una realidad que durante décadas permaneció en un segundo plano en muchos relatos históricos.

Los avances fueron dados a conocer este viernes durante la visita a la excavación de la directora general de Atención a las Víctimas del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, Zoraida Hijosa, acompañada por el jefe del Servicio de Memoria Histórica y Democrática de la Diputación provincial, Fernando Ayala.

La actuación está siendo desarrollada por la Sociedad de Ciencias Aranzadi, una de las entidades con mayor experiencia en exhumaciones vinculadas a la memoria democrática en España, bajo la dirección de la arqueóloga María Fortuna. El equipo trabaja en una de las mayores fosas comunes documentadas en Extremadura, un espacio donde las investigaciones históricas han identificado a 300 personas ejecutadas o represaliadas durante los primeros años de la dictadura franquista.

Aunque esta primera fase del proyecto tiene como objetivo la recuperación de los restos de 153 víctimas, sin embargo, la documentación histórica consultada por los y las investigadoras apunta a que en el recinto podrían encontrarse enterradas cerca de 300 personas. La diferencia entre ambas cifras evidencia la magnitud y complejidad de una intervención que combina investigación documental, arqueología forense y análisis antropológico para reconstruir la identidad y la historia de quienes fueron asesinados, silenciados y enterrados sin reconocimiento durante décadas.

Los trabajos se centran en localizar, documentar y exhumar los restos humanos preservando toda la información arqueológica posible. Cada hallazgo es registrado minuciosamente para garantizar que el contexto de los enterramientos no se pierda. Posteriormente, los especialistas realizarán estudios antropológicos y, cuando sea viable, pruebas genéticas que permitan avanzar en la identificación de las víctimas y facilitar la entrega de los restos a sus familiares.

Verdad, justicia y reparación

La fosa del cementerio cacereño constituye uno de los principales espacios de memoria democrática de Extremadura. Su apertura responde a una reivindicación sostenida durante años por asociaciones memorialistas y familiares de las víctimas, como Amececa, que han reclamado verdad, justicia y reparación para quienes sufrieron la represión durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.

Los resultados obtenidos en apenas unas semanas confirman el potencial de una intervención que todavía se encuentra en sus primeras fases. Los ocho cuerpos ya exhumados y los otros 16 enterramientos localizados permiten vislumbrar la dimensión de una fosa que aún guarda numerosas historias por recuperar. Bajo la tierra permanecen décadas de silencio, pero también las huellas de vidas truncadas y familias marcadas por la ausencia. Cada resto que sale a la luz representa un paso más en la reconstrucción de la memoria colectiva y en la restitución de la dignidad de quienes fueron condenados al olvido.

Los nombres de 48 personas asesinadas en 1936 permanecerán desde ahora grabados en el nuevo Jardín de la Memoria Histórica y Democrática de Cáceres. El espacio, inaugurado este viernes por la Diputación Provincial en el Complejo Cultural San Francisco, está presidido por una escultura que rinde homenaje a las víctimas de la represión franquista y convierte la memoria en un lugar visible de recuerdo, reconocimiento y reparación.

El monumento reproduce el galardón de los Premios Conchita Viera y está inspirado en la boca de acceso a la Mina Terría, en Valencia de Alcántara, donde fueron asesinadas y enterradas 48 personas cuyos nombres aparecen grabados en la obra. Sus restos pudieron ser recuperados en 2018, ochenta y dos años después de su ejecución. La escultura incorpora numerosos elementos simbólicos: una iluminación interior que resalta los nombres durante la noche, letras desprendidas que forman la palabra 'paz' y una apariencia oxidada que evoca el derramamiento de sangre y el sufrimiento de las víctimas.

En el acto participaron el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales; la directora general de Atención a las Víctimas del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, Zoraida Hijosa; el presidente de la Fundación Cives, Victorino Mayoral; y Manuel Martínez-Estéllez, hijo de Conchita Viera. Además de Fernando Ayala, responsable del servicio de memoria histórica de la Diputación. La figura de Viera ha sido una de las inspiraciones del monumento. Morales destacó que la inauguración pretende devolver la memoria a quienes fueron asesinados y reconocer el dolor de sus familias. Recordó además los trabajos de exhumación en la fosa de Cáceres y en la Mina Terría, donde aparecieron objetos personales de las víctimas. “Cuando vimos las gafas de Amado, los gemelos, las balas o los zapatos entendimos la magnitud de aquella tragedia y de la maldad humana”, afirmó.

El presidente provincial también tuvo palabras para Conchita Viera, hija del alcalde republicano Amado Viera, fusilado en 1936. Subrayó el largo silencio al que se vieron sometidas muchas familias y defendió la inversión pública destinada a recuperar la verdad histórica. “La Diputación ha invertido dinero para conocer la verdad, resarcir a las víctimas y acabar con el silencio impuesto”, señaló, asegurando que el nuevo monumento representa una luz para recordar a quienes fueron perseguidos y asesinados por sus ideas.

Por su parte, Hijosa destacó que el jardín constituye una forma de homenaje y reparación para las víctimas de la provincia y sus familiares. La inauguración coincidió además con el Encuentro Nacional 2026 ‘Memoria y futuro de la democracia’, organizado por la Fundación Cives con la colaboración de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y la Diputación de Cáceres. Durante dos jornadas, docentes, investigadores, representantes institucionales y entidades sociales reflexionarán sobre la transmisión de la memoria democrática a las nuevas generaciones con el objetivo de fortalecer una ciudadanía crítica y comprometida con los derechos humanos.

Miguel Caballero Rosa tenía 33 años cuando se lo llevaron de su casa en Hornachos (Badajoz) el 2 de octubre de 1936. Es uno de los más de 100 desaparecidos y represaliados del franquismo que se buscan en la localidad con los trabajos de excavación iniciados en el cementerio municipal, donde se ha localizado la primera fosa común con al menos 15 muertos.

“Mi padre tenía tres años cuando se llevaron a su padre, mi tío cinco y mi abuela se quedó viuda y no volvió a ver a su marido”, recuerda su nieta Maribel, que 90 años después ha visitado este viernes la fosa donde tiene la esperanza de que se encuentre su abuelo, para poder “darle un descanso digno”.

Esta familia lleva “toda la vida” luchando por encontrar a Miguel, al igual que otras muchas familias del pueblo que mantienen la “reivindicación legítima” por la que se han iniciado los trabajos de localización, donde se estima que podría haber al menos tres fosas comunes.

Quince cuerpos enterrados de forma violenta

La excavación, desarrollada por la empresa Fomento de Técnicas Extremeñas (Fotex), comenzó el pasado 13 de octubre y, tras diferentes intervenciones en el terreno, fue debajo del monumento levantado en memoria de las víctimas de la Guerra Civil donde encontraron la fosa común.

“Supimos que era una fosa por la disposición de esos cuerpos, superpuestos unos encima de otros de forma bastante violenta. No están regularizados ni ritualizados”, ha explicado la codirectora de los trabajos, Ana María Rabazo.

Todavía se desconocen los límites del enterramiento y su profundidad, por lo que podrían localizarse muchos más cuerpos. Entre los objetos encontrados hasta ahora destacan botas, zapatos, peines y botones, aunque ninguno permite identificar directamente a las víctimas.

Más de 100 asesinados en dos meses

Los estudios históricos realizados hasta ahora estiman que entre 100 y 150 personas fueron asesinadas en Hornachos durante los primeros meses de la Guerra Civil, desde el 17 de agosto hasta el 30 de octubre de 1936, fecha en la que se produjo el último asesinato atribuido a las fuerzas sublevadas.

El alcalde de Hornachos, Francisco Buenavista, ha explicado que muchas de estas personas, “casi todas de origen humilde, fueron detenidas y privadas de libertad durante algunos días antes de ser asesinadas sin un juicio previo con garantías judiciales. Sus familias nunca recibieron explicaciones sobre lo ocurrido ni volvieron a tener noticias de ellas”.

Según los testimonios, los fusilamientos se habrían producido junto a las tapias del cementerio y posteriormente los cuerpos habrían sido trasladados hasta las fosas, lo que explicaría que los investigadores no hayan encontrado munición en el enterramiento.

“No estamos hablando de reabrir heridas, sino de una cuestión de dignidad, de justicia y también de humanidad”, ha afirmado el alcalde.

La identificación podría demorarse años

La identificación de las víctimas será uno de los principales retos, ya que actualmente no existe presupuesto para realizar análisis de ADN.

El objetivo del Ayuntamiento es localizar las distintas fosas del cementerio, recuperar e identificar a las víctimas y reinhumarlas dignamente, para lo que plantea crear un mausoleo común.

La campaña actual cuenta con 57.000 euros de financiación de la Junta de Extremadura, a los que se sumarán unos 18.000 euros aportados por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática para prolongar los trabajos.

Sin embargo, localizar los cuerpos no significa que las familias puedan recuperar pronto a sus desaparecidos. La ausencia de financiación para los análisis genéticos y la complejidad de los trabajos hacen que la identificación pueda prolongarse durante años. Noventa años después de su desaparición, Miguel y el resto de represaliados siguen esperando que aparezcan sus restos y devolverles el descanso digno que sus familias llevan toda una vida reclamando.

“Gràcies per aquest acte en memòria del meu pare i del meu oncle Andreu”. Aquestes van ser les paraules que, entre llàgrimes, va pronunciar Bernat, de 93 anys, durant l'acte celebrat al municipi mallorquí d'Inca en homenatge a Bernat Mateu Ferrer i Andreu París Martorell, assassinats pels franquistes el març de 1937. Amb la col·locació de les pedres de la memòria en record seu, la cerimònia, a la qual van assistir desenes de familiars i veïns, va retornar a l'espai públic els noms de dos homes les vides dels quals van quedar truncades per la repressió i les de les seves famílies, marcades des d'aleshores per la incertesa, el silenci i l'absència.

La història de tots dos està estretament vinculada a Inca i a la militància republicana i obrera. Andreu París era sabater i un dels referents del moviment obrer de la ciutat. Bernat Mateu Ferrer era republicà i d'esquerres, germà d'Antoni Mateu, batle d'Inca, i cunyat d'Andreu París. Tots dos van ser detinguts el juliol de 1936 i empresonats, primer a Inca i després a la presó palmesana de Can Mir. Els seus cossos continuen desapareguts.

Durant l'acte, el cronista d'Inca Miquel Llorenç Villalonga va recordar que, a principis del segle XX, la ciutat estava marcada per les desigualtats socials. Mentre les famílies terratinents conservaven el poder i els nous industrials i comerciants guanyaven influència, els jornalers, els petits propietaris i els obrers fabrils vivien sovint al límit de la supervivència. Les llargues jornades laborals, els baixos salaris, el treball infantil i la manca d'habitatges dignes i d'accés a l'educació bàsica alimentaven un moviment obrer cada vegada més actiu. En aquest context, Andreu París i Bernat Mateu van créixer en una societat en què començava a arrelar l'esperança que les injustícies no fossin eternes.

Com va recordar Villalonga, les revolucions liberals i obreres del segle XIX i, especialment, la Revolució russa de 1917 van contribuir a imaginar una transformació de l'ordre social. A Inca, republicans, anarquistes i socialistes, juntament amb persones d'altres sensibilitats polítiques, compartien l'objectiu de construir una societat més justa. Un dels instruments fonamentals d'aquella lluita va ser el sindicat La Justícia, fundat el 1901 i vinculat al sector del calçat, que va encapçalar bona part de les reivindicacions obreres de la ciutat. Els seus integrants també van participar en la vida política local amb l'arribada de la Segona República.

El cronista va subratllar que els errors de la Segona República no podien justificar el cop d'estat ni la repressió posterior, que va qualificar de particularment cruenta. El 19 de juliol de 1936 es va posar en marxa una persecució planificada contra persones i organitzacions vinculades a la democràcia, la República i la justícia social, de la qual Andreu París i Bernat Mateu van acabar sent víctimes. Villalonga va defensar que la col·locació de les dues pedres de la memòria era una manera de reparar aquell sofriment i dignificar la memòria de tots dos inquers. Va tancar la seva intervenció amb una petició: que ningú no retiràs les pedres, assentades, va dir, “amb el ciment del respecte, amb el ciment de la llibertat i amb el ciment de la justícia”.

Andreu París, set mesos empresonat i una desaparició sense resposta

Andreu París Martorell va ser un dels principals referents del moviment obrer d'Inca i va arribar a presidir la Societat d'Obrers La Justícia, vinculada al sector del calçat. El seu compromís sindical venia de temps enrere: el 1918 va ser vicepresident de l'entitat i el 1919 en va exercir com a secretari, abans d'assumir-ne la presidència el 1936. De fet, en va ser el darrer president, ja que el sindicat no va tenir continuïtat després del cop militar i la repressió franquista, que va desmantellar les organitzacions obreres i va perseguir els seus dirigents.

De professió sabater, París va defensar l'organització col·lectiva dels treballadors i la justícia social, una activitat que va compaginar amb el seu compromís polític republicà i socialista. El febrer de 1936 també va participar en la fundació de l'Agrupació Socialista d'Inca. Mesos després, el 19 de juliol, va ser detingut i empresonat. Tot i que va quedar en llibertat poc després, i davant el temor que amagar-se pogués comportar represàlies contra els seus, es va entregar a la Guàrdia Civil a l'agost, una vegada nascuda la seva filla petita. Primer va estar empresonat a Inca i després va ser traslladat a Can Mir, un antic magatzem de fustes reconvertit en presó franquista. Un dia, transcorreguts set mesos, van dir a la seva filla Antònia que no li tornàs a dur menjar perquè havia quedat en llibertat.

La seva àvia, amb la filla petita d'Andreu en braços, es va desplaçar fins a Palma. També hi van anar altres dones del poble que, desesperades, “van començar a anar per tot arreu, a Governació Civil i a altres edificis oficials, preguntant on se l'havien endut”, va relatar la seva neta a elDiario.es. Mai no van trobar el cos d'Andreu París, que presumiblement va ser víctima d'una saca: cada dos o tres dies, alguns presos de Can Mir eren suposadament posats en llibertat i, conduïts amb engany per grups de falangistes, acabaven afusellats a les cunetes de les carreteres o contra les parets dels cementiris.

Mentrestant, a Inca, la més petita de les filles d'Andreu anava cada tarda, a les cinc, a esperar el tren que arribava de Palma per veure si hi baixava el seu pare. “Li havien dit que era un home molt guapo i que portaria posat un abric blau marí, que era el que la seva mare li havia portat a la presó quan va començar a fer fred”, va relatar Oliver. Però mai no el va veure baixar de cap dels vagons.

Bernat Mateu, lliurat als seus botxins malgrat els intents de salvar-li la vida

Bernat Mateu Ferrer, conegut com a Rinya, tenia uns 40 anys quan va ser detingut. Era republicà i d'esquerres, germà d'Antoni Mateu, batle d'Inca, i cunyat d'Andreu París. El van detenir el mateix 19 de juliol de 1936, mentre prenia cafè al Centre Socialista, i el van empresonar a Can Mir.

Segons la documentació recollida pel portal Fideus, un sacerdot —del qual no consta la identitat— va ordenar al director de la presó que no el lliuràs a ningú sota cap concepte. Tanmateix, aquesta intervenció no va evitar que el policia Ramonell el posàs a disposició dels ocupants d'un cotxe que rondava pel carrer. Des d'aleshores, no se'n va tornar a saber res.

La violència contra Andreu París i Bernat Mateu es va inscriure en una repressió que va colpejar especialment les persones que havien participat en la vida política i sindical republicana. En el cas d'aquesta família, la persecució no es va limitar a aquests dos homes: Antoni Mateu, germà de Bernat i batle republicà d'Inca, també va ser assassinat. La història familiar va quedar així marcada per la presó, les desaparicions i la pèrdua de diversos dels seus membres.

“Avui tornem dues vides a la història del nostre poble”

“Avui [per ahir] tornem dos noms a un carrer, dues vides a la història del nostre poble i dues persones a la memòria col·lectiva d'Inca”, va afirmar durant l'homenatge la regidora de Cultura i Memòria Democràtica d'Inca, Alice Weber, que va reivindicar la necessitat de retornar a París i a Mateu el lloc que els correspon en la història del municipi. Weber va recordar que tots dos van viure al carrer de la Puresa, on van formar les seves famílies i van treballar, i va subratllar que darrere cada expedient de la repressió franquista hi havia una vida sencera, una família i uns fills que esperaven el retorn dels seus pares. La repressió, va afegir, no només va pretendre acabar amb les seves vides, sinó també imposar el silenci i la por.

A través del testimoni que va deixar Antònia, una de les filles de París, la regidora va evocar el pare que parlava amb els seus fills de les desigualtats socials, defensava el dret dels infants de famílies humils a estudiar i els transmetia la importància de no acceptar les injustícies com si fossin inevitables. Per això, va apel·lar a recordar-lo “no com una xifra, no com un expedient, no únicament com una víctima”, sinó com un home que va treballar, va pensar, va estimar i va voler deixar als seus fills un món més just.

La regidora també va recordar Bernat Mateu Ferrer i va evocar la imatge d'una nina que passejava davant les finestres de la presó amb el fill de Bernat en braços perquè pare i fill es poguessin veure. Adreçant-se als familiars presents, els va agrair que haguessin conservat i transmès els seus records durant dècades i va defensar que aquella memòria ja no és només seva, sinó una responsabilitat col·lectiva. “No volem que l'oblit torni a ser mai més una segona condemna”, va concloure.

L'emoció de Bernat, als seus 93 anys, va condensar el sentit de l'homenatge. El seu agraïment pel record del seu pare i del seu oncle va ser també el testimoni d'una memòria familiar que ha sobreviscut a la repressió. Les pedres queden com un senyal visible d'aquesta història i com un recordatori que, darrere cada nom, hi va haver una vida, una família i una absència que mai no va deixar de pesar.

L'emoció de Bernat, als 93 anys, va condensar el sentit de l'homenatge. El seu agraïment pel record del pare i del seu oncle va ser també el testimoni d'una memòria familiar que ha sobreviscut a la repressió. Les pedres queden com un senyal visible d'aquesta història i com un recordatori que, darrere de cada nom, hi va haver una vida i una família, i que l'absència ha continuat pesant al llarg de les generacions.

“Gracias por este acto en memoria de mi padre y de mi tío Andreu”. Fueron las palabras que, entre lágrimas, pronunció Bernat, de 93 años, durante el acto llevado a cabo en el municipio mallorquín de Inca en homenaje a Bernat Mateu Ferrer y Andreu París Martorell, asesinados por los franquistas en marzo de 1937. Con la colocación de las piedras de la memoria en su recuerdo, la ceremonia, a la que asistieron decenas de familiares y vecinos, devolvió al espacio público los nombres de dos hombres cuyas vidas quedaron truncadas por la represión y la de sus familias, por la incertidumbre, el silencio y la ausencia.

La historia de ambos está ligada a Inca y a la militancia republicana y obrera. Andreu París era zapatero y uno de los referentes del movimiento obrero de Inca. Mateu Ferrer era republicano, de izquierdas y hermano de Antoni Mateu, alcalde de Inca, además de cuñado de Andreu París. Ambos fueron detenidos en julio de 1936 y encarcelados, primero en Inca y después en la prisión palmesana de Can Mir. Sus cuerpos continúan desaparecidos.

Durante el acto, llevado a cabo en la calle Puresa -donde vivieron París y Mateu-, el cronista de Inca Miquel Llorenç Villalonga recordó que, a principios del siglo XX, la ciudad estaba marcada por las desigualdades sociales. Mientras las familias terratenientes conservaban el poder y los nuevos industriales y comerciantes ganaban influencia, los jornaleros, los pequeños propietarios y los obreros fabriles vivían a menudo al límite de la supervivencia. Las largas jornadas, los bajos salarios, el trabajo infantil y la falta de viviendas dignas y de educación básica alimentaban un movimiento obrero cada vez más activo. En ese contexto, Andreu París y Bernat Mateu crecieron en una sociedad en la que empezaba a extenderse la esperanza de que las injusticias no fueran eternas.

Como recordó Villalonga, las revoluciones liberales y obreras del siglo XIX y, especialmente, la Revolución rusa de 1917 contribuyeron a imaginar una transformación del orden social. En Inca, republicanos, anarquistas y socialistas, junto con personas de otras sensibilidades políticas, compartían el objetivo de construir una sociedad más justa. Uno de los instrumentos fundamentales de aquella lucha fue el sindicato La Justícia, fundado en 1901 y vinculado al sector del calzado, que encabezó buena parte de las reivindicaciones obreras de la ciudad. Sus integrantes también participaron en la vida política local con la llegada de la Segunda República.

El cronista subrayó que los errores de la Segunda República no podían justificar el golpe de Estado ni la posterior represión, que calificó como una de las más cruentas: el 19 de julio de 1936 se puso en marcha una persecución planificada contra personas y organizaciones vinculadas a la democracia, la República y la justicia social, en la que acabaron siendo víctimas Andreu París y Bernat Mateu. Villalonga defendió que la colocación de las dos pedres de la memòria es una forma de reparar aquel sufrimiento y dignificar la memoria de ambos inqueros. Cerró su intervención con una petición: que nadie retire esas piedras, asentadas, dijo, “con el cemento del respeto, con el cemento de la libertad y con el cemento de la justicia”.

Andreu París, siete meses preso y una desaparición sin respuesta

Andreu París Martorell fue uno de los principales referentes del movimiento obrero de Inca y llegó a presidir la Sociedad de Obreros La Justícia, vinculada al sector del calzado. Su compromiso sindical venía de años atrás: en 1918 fue vicepresidente de la entidad y en 1919 ejerció como secretario, antes de asumir la presidencia en 1936. Fue, de hecho, su último presidente, ya que el sindicato no tuvo continuidad tras el golpe militar y la represión franquista que desmanteló las organizaciones obreras y persiguió a sus dirigentes.

Zapatero de profesión, París defendió la organización colectiva de los trabajadores y la justicia social, una actividad que compaginó con su compromiso político republicano y socialista. En febrero de 1936 también participó en la fundación de la Agrupación Socialista de Inca. Meses después, el 19 de julio, fue detenido y encarcelado. Aunque quedó en libertad poco después, y ante el temor de que esconderse pudiera acarrear represalias contra los suyos, se entregó a la Guardia Civil en agosto, una vez nacida su hija pequeña. Primero estuvo preso en Inca y después fue trasladado a Can Mir, un antiguo almacén de maderas reconvertido en cárcel franquista. Un día, transcurridos siete meses, le dijeron a su hija, Antònia, que no volviera a llevarle comida, que había quedado en libertad.

Hasta la estación de tren próxima a Can Mir llegó no sólo su abuela con su hija pequeña en brazos, sino también otras mujeres del pueblo que, desesperadas, “comenzaron a ir por todo, a Gobernación Civil y a otros edificios oficiales, preguntando adónde se lo habían llevado”, relató su nieta alDiario.es. Nunca encontraron el cuerpo de Andreu París, quien había sido víctima de una 'saca': cada dos o tres días, los presos de Can Mir eran 'liberados' y, conducidos bajo engaño por grupos de falangistas, acababan fusilados en las cunetas de las carreteras y en las tapias de los cementerios.

Sin embargo, en Inca, la más pequeña de las hijas se dirigía cada tarde a las cinco a esperar el tren que llegaba de Palma para ver si veía bajar a su padre. “Le habían dicho que era un hombre muy guapo y que llevaría puesto un abrigo azul marino, que era el que su madre le había llevado a la prisión cuando comenzó a hacer frío”, relató Oliver. Pero nunca lo vio apearse de ninguno de los vagones.

Bernat Mateu, entregado a sus verdugos pese a los intentos de salvarle la vida

Bernat Mateu Ferrer, conocido como Rinya, tenía 40 años cuando fue detenido. Era republicano, de izquierdas y hermano de Antoni Mateu, alcalde de Inca, además de cuñado de Andreu París. Su detención se produjo el mismo 19 de julio de 1936, mientras tomaba café en el Centro Socialista. Fue encarcelado en Can Mir. Según la documentación recogida por el portal Fideus, un sacerdote ordenó al director de la prisión que no lo entregara a nadie bajo ningún concepto. Sin embargo, la intervención no sirvió de nada: el policía Ramonell lo entregó a los ocupantes de un coche que merodeaba por la calle. Desde entonces, no se volvió a tener noticias de su paradero.

La violencia contra Andreu París y Bernat Mateu se inscribió en una represión que golpeó especialmente a quienes habían participado en la vida política y sindical republicana. En el caso de esta familia, la persecución no se limitó a dos hombres: el hermano de Bernat Mateu, Antoni Mateu, alcalde republicano de Inca, también fue asesinado. La historia familiar quedó así atravesada por la cárcel, las desapariciones y la pérdida de varios de sus miembros.

“Hoy devolvemos dos vidas a la historia de nuestro pueblo”

“Hoy [por ayer] devolvemos dos nombres a una calle, dos vidas a la historia de nuestro pueblo y dos personas a la memoria colectiva de Inca”, afirmó durante el homenaje la regidora de Cultura y Memoria Democrática de Inca, Alice Weber, quien reivindicó la necesidad de devolver a París y a Mateu el lugar que les corresponde en la historia del municipio. Weber recordó que ambos vivieron en la calle de la Puresa, donde formaron sus familias y trabajaron, y subrayó que detrás de cada expediente de la represión franquista había una vida entera, una familia y unos hijos que esperaban el regreso de sus padres. La represión, añadió, no solo pretendió acabar con sus vidas, sino también imponer el silencio y el miedo.

A través del testimonio que dejó Antònia, una de las hijas de París, la regidora evocó al padre que hablaba con sus hijos de las desigualdades sociales, defendía el derecho de los niños de familias humildes a estudiar y les transmitía la importancia de no aceptar las injusticias como inevitables. Por ello, apeló a recordarlo “no como una cifra, no como un expediente, no únicamente como una víctima”, sino como un hombre que trabajó, pensó, amó y quiso dejar a sus hijos un mundo más justo.

La regidora también recordó a Bernat Mateu Ferrer y evocó la imagen de una niña que paseaba ante las ventanas de la cárcel con el hijo de Bernat en brazos para que padre e hijo pudieran verse. Dirigiéndose a los familiares presentes, agradeció que hubieran conservado y transmitido sus recuerdos durante décadas y defendió que esa memoria ya no es solo suya, sino una responsabilidad colectiva. “No queremos que el olvido vuelva a ser nunca más una segunda condena”, concluyó.

La emoción de Bernat, a sus 93 años, condensó el sentido del homenaje. Su agradecimiento por el recuerdo de su padre y de su tío fue también el testimonio de una memoria familiar que ha sobrevivido a la represión. Las piedras quedan como señal visible de esa historia y como recordatorio de que, detrás de cada nombre, hubo una vida, una familia y una ausencia que nunca dejó de pesar.

El president del Parlament, Gabriel Le Senne (Vox), serà jutjat del 25 al 29 d'octubre de 2027 per haver romput, el 18 de juny de 2024, una fotografia de tres víctimes del franquisme, exposada a la tapa de l'ordinador de la vicepresidenta segona de la Mesa, mentre es debatia la proposta del PP i de la formació d'extrema dreta de derogar la llei autonòmica de memòria democràtica. Els fets varen provocar una onada d'indignació dins i fora de les Balears, amb peticions de dimissió que Le Senne mai no ha atès. El Govern de Marga Prohens (PP) tampoc no l'ha forçat a abandonar el càrrec.

L'acusat ha comparegut aquest dimecres davant l'Audiència Provincial de les Balears en una vista preliminar en què la seva defensa ha negat que hagués comès cap delicte -se l'acusa d'un delicte d'odi-, cosa que ha frustrat la possibilitat d'arribar a un acord amb les acusacions per evitar el judici. Els tribunals hauran de determinar durant el judici si el també president de Vox a les Balears va actuar deliberadament o si, com sosté, la ruptura de la fotografia va ser accidental. Diversos familiars de víctimes de la repressió franquista s'han congregat a les portes de l'òrgan judicial per protestar pels fets.

Fins ara, Le Senne ha defensat que es va limitar a aplicar el reglament parlamentari, mentre que les acusacions sostenen que l'episodi va constituir un atac a la dignitat de les dones assassinades pel franquisme. La Fiscalia, per la seva banda, manté que no hi ha elements suficients per acreditar un delicte d'odi.

Entre altres qüestions, la Sala ha rebutjat citar com a pèrit testimoni l'historiador David Ginard, autor de la biografia d'Aurora Picornell, coneguda popularment com la Pasionaria de Mallorca, en considerar que la importància de la seva figura no és un fet controvertit. Sobre aquesta qüestió, l'advocat del col·lectiu Estimada Aurora, Sebastià Frau, ha explicat que l'objectiu era contraposar la ideologia de Picornell i de la resta de víctimes amb “la ideologia de l'acusat”.

Fins a quatre anys de presó i onze d'inhabilitació

En concret, Memòria de Mallorca, juntament amb els descendents d'Aurora Picornell i de les activistes Maria i Antònia Pascual, que apareixien a la fotografia, sol·licita per a Le Senne una pena de vint mesos de presó. El Col·lectiu Aurora reclama un any i quatre mesos de presó, onze anys d'inhabilitació per a càrrec públic i una multa de 30.000 euros, mentre que el Partit Comunista dels Pobles d'Espanya (PCPE) demana fins a quatre anys de presó, quatre anys més d'inhabilitació i una multa de 13.000 euros. Aquest darrer partit també havia sol·licitat que Vox fos jutjat com a responsable civil subsidiari, una petició que el jutge instructor va rebutjar.

Le Senne, en canvi, en demana l'absolució perquè considera que no ha quedat acreditada la intenció d'humiliar les víctimes ni cap motivació discriminatòria. Durant la declaració que va prestar com a investigat el setembre de 2024, Le Senne es va aferrar als mateixos arguments que fins aleshores havia esgrimit públicament: que l'episodi va ser “accidental” i que es va produir després que Garrido es negàs a retirar el retrat, fet que, segons el president, contradeia la neutralitat exigida a la Mesa del Parlament.

Quan la Fiscalia li va demanar si hauria fet el mateix amb una fotografia de Franco, el màxim representant de la cambra autonòmica va respondre afirmativament. El parlamentari es va negar a respondre a les acusacions particulars, però sí que va contestar les preguntes del Ministeri Fiscal, del seu advocat i del jutge.

Per la seva banda, el Ministeri Fiscal, que s'ha pronunciat en diverses ocasions a favor de l'arxivament de la causa, sosté que, tot i que la conducta de Le Senne va constituir un acte que qualifica de “colèric” -i n'ha censurat les formes-, no ha quedat acreditat, amb les exigències pròpies del dret penal, el dol necessari per considerar que s'ha comès un delicte d'odi. En aquest cas, aquest delicte s'hauria concretat en la voluntat de lesionar la dignitat i la memòria de les dones víctimes de la repressió franquista. La Fiscalia tampoc no aprecia cap motivació discriminatòria en els fets.

El jutge va apreciar indicis d'una actuació intencionada

En la interlocutòria que va posar fi a la instrucció del cas i va deixar el dirigent d'extrema dreta a les portes del judici, el jutge va considerar que el seu gest havia lesionat “la dignitat d'aquestes persones i dels seus familiars i dels partits polítics dels quals eren militants, i acredita la clara intenció d'humiliar-los”. La resolució es basava en les diligències practicades fins aleshores, entre les quals hi havia les imatges aportades al procediment. En aquestes, segons el magistrat, “es pot apreciar com el senyor Le Senne, després d'arrabassar la fotografia, no la tira immediatament a terra, sinó que la manté a la mà esquerra, la deixa un moment a la zona situada damunt les cames, on podria semblar que l'estigui manipulant d'alguna manera, i després la tira amb la mà dreta”.

La Sala de l'Audiència Provincial que va confirmar l'obertura del judici oral també va considerar que les imatges aportaven indicis compatibles amb la possible existència de dol, és a dir, d'una actuació conscient i intencionada. Els magistrats varen assenyalar que corresponia al judici determinar si la ruptura havia estat deliberada o accidental, una qüestió central per esclarir la responsabilitat penal de l'acusat. Tant la defensa com la Fiscalia rebutgen aquesta interpretació.

El Tribunal Constitucional (TC) ha decidit mantenir suspesa la derogació de la Llei de memòria i reconeixement democràtics de les Illes Balears, una supressió a la qual el Govern de Marga Prohens (PP) va donar llum verda amb el suport de Vox el març passat. D'aquesta manera, la norma continuarà vigent cautelarment mentre es resol el recurs d'inconstitucionalitat que va interposar el Govern espanyol contra la derogació, en considerar que vulnera els drets de les víctimes del franquisme i dificulta el compliment de la legislació estatal en matèria de memòria democràtica.

Mitjançant una interlocutòria datada el 20 d'octubre, a la qual ha tingut accés elDiario.es, la Sala manté suspesa la part essencial del text que va derogar la llei de memòria: l'article que deixa expressament sense efecte la norma i la disposició transitòria que l'acompanya, que estableix el règim aplicable als procediments de memòria democràtica que estaven en curs quan es va derogar la llei.

El tribunal justifica la decisió per la necessitat d'evitar perjudicis que podrien ser difícils o impossibles de reparar si la derogació entràs en vigor abans que es resolgués el recurs d'inconstitucionalitat. En aquest sentit, sosté que “el caràcter irreversible del pas del temps” en l'exercici d'aquests drets, juntament amb la importància de disposar d'estructures administratives per garantir-los, fa que els perjudicis derivats de l'aixecament de la suspensió s'hagin de qualificar d'“irreparables o de molt difícil reparació”.

En la seva anàlisi, la majoria dels magistrats considera que la desaparició del marc autonòmic de memòria democràtica pot afectar el reconeixement i la protecció dels drets de les víctimes de la Guerra Civil i de la dictadura franquista. També assenyala les conseqüències que tindria la derogació per a les actuacions públiques d'investigació, localització i exhumació de persones desaparegudes, així com per a les polítiques de reconeixement i reparació. Per això, considera que mantenir la mesura cautelar no resulta “excessiu o desproporcionat”. La decisió encara no suposa un pronunciament definitiu sobre la constitucionalitat de la derogació, però n'impedeix l'aplicació plena mentre es resol el recurs.

La interlocutòria també té en compte les obligacions de col·laboració entre les administracions públiques en matèria de memòria democràtica. En el seu recurs, el Govern central al·legava que l'aixecament de la suspensió podia perjudicar l'efectivitat de les mesures de reconeixement i reparació, així com el desenvolupament de les actuacions previstes en la legislació autonòmica.

L'Executiu balear, per la seva banda, va defensar que no hi havia motius suficients per mantenir la mesura cautelar i va sostenir que la derogació no deixava les víctimes desprotegides, ja que existien altres instruments legals i administratius per garantir-ne els drets. El Constitucional no accepta aquests arguments pel que fa a la derogació de la llei i al seu règim transitori, i considera que, en aquesta fase del procediment, la protecció cautelar dels drets en joc justifica mantenir suspesos tots dos preceptes.

El tribunal permet recuperar la llibertat d'expressió i de càtedra

A diferència del que ha decidit respecte de la part essencial del text derogatori, el tribunal aixeca la suspensió de l'article 2, que recull el dret a expressar i difondre pensaments, idees i opinions, així com la llibertat de producció i creació científica, tècnica, cultural i artística. També empara la llibertat de càtedra i la investigació històrica. En aquest sentit, l'exposició de motius de la norma acusa la llei de memòria de perseguir el dret a dissentir i de penalitzar els historiadors les conclusions dels quals no coincidissin amb la interpretació històrica de determinats partits.

El Constitucional assenyala que no s'han acreditat prou els perjudicis irreparables que justificarien mantenir suspès aquest article. Així mateix, aixeca la suspensió de la disposició final única del text derogatori, relativa a la seva entrada en vigor.

La interlocutòria incorpora vots particulars de magistrats que discrepen de la decisió majoritària i consideren que s'hauria d'haver aixecat la suspensió de tota la llei derogatòria. Els magistrats discrepants qüestionen que s'hagin acreditat prou els danys irreparables que justificarien mantenir la mesura cautelar. També sostenen que l'incident s'hauria d'haver resolt d'acord amb els criteris constitucionals sobre el caràcter excepcional d'aquestes suspensions i amb la necessitat de ponderar els interessos en conflicte.

La llei balear de memòria, aprovada el 2018, va establir un marc institucional per investigar els crims del franquisme i reconèixer públicament les persones represaliades després del cop militar de 1936. Entre altres fites, la llei de memòria democràtica va permetre ampliar la consideració de les víctimes de la Guerra Civil i de la dictadura: no només va fer possible reconèixer les persones represaliades directament, sinó també organitzacions socials, professionals i culturals, partits polítics i sindicats, entre d'altres, a més de les víctimes dels bombardejos, els nadons robats i les persones perseguides per motius ideològics.

A l'empara d'aquesta normativa, també es va declarar la nul·litat de ple dret de totes les sentències i resolucions dictades per motius polítics en causes penals, civils o administratives durant la dictadura a les Illes Balears. Es tractava d'una mesura simbòlica destinada a reparar jurídicament les persones condemnades pels tribunals franquistes. La llei també va introduir mesures en l'àmbit educatiu per garantir la transmissió d'aquest període històric a les noves generacions. Entre altres disposicions, establia la incorporació de la memòria democràtica als currículums escolars, l'impuls de programes pedagògics sobre el conflicte bèl·lic i el règim franquista, així com activitats d'investigació i divulgació en col·laboració amb centres educatius i universitats.

El pols del Govern espanyol contra la derogació de les lleis de memòria

La impugnació de la decisió adoptada pel PP i Vox s'emmarca en l'estratègia judicial iniciada pel Govern de Pedro Sánchez en altres comunitats autònomes, com la Comunitat Valenciana, Aragó i Cantàbria, on les normatives de memòria històrica han estat substituïdes per lleis de concòrdia que, sota el pretext de “reconciliar” els espanyols en lloc de “reobrir ferides”, equiparen el franquisme amb la democràcia.

El Govern central considera que aquests textos “blanquegen la dictadura franquista, neguen l'existència del cop d'Estat com a causant de la Guerra d'Espanya de 1936 a 1939, pretenen que no es conegui la veritat del que va ocórrer i, el que és pitjor, condemnen les víctimes de nou a l'oblit”. Així mateix, sosté que aquestes reformes mantenen alguns aspectes vinculats a les exhumacions, però eliminen elements essencials relacionats amb el dret a la veritat, la reparació i les garanties de no-repetició.

El Tribunal Constitucional (TC) ha decidido mantener suspendida la derogación de la Ley de Memoria y Reconocimiento Democráticos de Balears, supresión a la que dio luz verde el Govern de Marga Prohens (PP) con el apoyo de Vox el pasado mes de marzo. De este modo, la norma continuará cautelarmente vigente mientras se resuelve el recurso de inconstitucionalidad que interpuso el Gobierno central contra la eliminación de la ley al considerar que su anulación constituye una vulneración de los derechos de las víctimas del franquismo y dificulta el cumplimiento de la legislación estatal en materia de memoria democrática.

Mediante un auto fechado el pasado 20 de octubre, al que ha tenido acceso elDiario.es, la Sala mantiene paralizado el núcleo del texto con el que fue revocada la ley de memoria, es decir, el artículo que deroga expresamente la norma y la disposición transitoria que la acompaña, que establece el régimen aplicable a los procedimientos de memoria democrática que estaban en marcha cuando se derogó la ley.

El tribunal justifica la decisión por la necesidad de evitar perjuicios que podrían resultar difíciles o imposibles de reparar si la derogación entrara en vigor antes de que se resolviera el recurso de inconstitucionalidad. Al respecto, el tribunal sostiene que “el carácter irreversible del paso del tiempo” en el ejercicio de estos derechos, unido a la importancia de contar con estructuras administrativas para garantizarlos, hace que los perjuicios derivados de levantar la suspensión deban calificarse como “irreparables o de muy difícil reparación”.

En su análisis, la mayoría de los magistrados considera que la desaparición del marco autonómico de memoria democrática puede afectar al reconocimiento y a la protección de los derechos de las víctimas de la guerra civil y la dictadura franquista y aluden, asimismo, a las consecuencias que tendría la derogación para las actuaciones públicas de investigación, localización y exhumación de personas desaparecidas, así como para las políticas de reconocimiento y reparación. Por ello, consideran que mantener la medida cautelar no resulta “excesivo o desproporcionado”. La decisión no supone todavía un pronunciamiento definitivo sobre la legalidad de la eliminación, pero impide que ésta despliegue plenamente sus efectos mientras se resuelve la impugnación.

El auto toma en consideración, además, las obligaciones relacionadas con la colaboración entre las administraciones públicas en materia de memoria democrática. En su recurso, el Gobierno central alegaba que el levantamiento de la suspensión podía perjudicar la efectividad de las medidas de reconocimiento y reparación, así como el desarrollo de las actuaciones previstas en la legislación autonómica.

El Ejecutivo balear, por su parte, defendió que no existían razones suficientes para mantener la medida cautelar y aseveraba que la derogación no suponía una desprotección de las víctimas al existir otros instrumentos legales y administrativos para atender sus derechos. El Constitucional no acepta estos argumentos en lo relativo a la derogación de la ley y su régimen transitorio y considera que, en este momento del procedimiento, la protección cautelar de los derechos en juego justifica mantener suspendidos ambos preceptos.

El tribunal permite recuperar la libertad de expresión y cátedra

Al contrario que con la parte esencial del texto derogatorio, el tribunal sí levanta la suspensión del artículo 2, que recoge el derecho a expresar y difundir pensamientos, ideas y opiniones, así como a producir y crear en los ámbitos científico, técnico, cultural y artístico. También ampara la libertad de cátedra y la investigación histórica. En este sentido, la exposición de motivos del texto acusa a la ley de memoria de perseguir el derecho a disentir y penalizar a los historiadores cuyas conclusiones no coincidieran con la interpretación histórica de determinados partidos.

El Constitucional señala, al respecto, que no se han acreditado suficientemente los perjuicios irreparables que justificarían mantener suspendido este artículo. Asimismo, levanta la suspensión de la disposición final única del texto derogatorio, relativa a su entrada en vigor.

El auto incorpora votos particulares de magistrados que discrepan de la decisión mayoritaria y consideran que debía levantarse la suspensión de la ley derogatoria en su conjunto. Los magistrados discrepantes cuestionan que se hayan acreditado de manera suficiente los daños irreparables que justificarían mantener la medida cautelar. También sostienen que el incidente debía resolverse atendiendo a los criterios constitucionales sobre la excepcionalidad de estas suspensiones y a la necesidad de ponderar los intereses en conflicto.

La ley balear de memoria, aprobada en 2018, articuló un marco institucional para investigar los crímenes del franquismo y el reconocimiento público de quienes fueron represaliados tras el golpe militar de 1936. Entre otros hitos, la ley balear de memoria democrática ha permitido delimitar y ampliar la consideración de víctimas de la guerra civil y la dictadura: no solo ha posibilitado reconocer a personas represaliadas directamente, sino también a organizaciones sociales, profesionales o culturales, partidos políticos y sindicatos, entre otros, además de víctimas de bombardeos, bebés robados o personas perseguidas por motivos ideológicos.

Bajo el amparo de esta normativa también se declaró la nulidad de pleno derecho de todas las sentencias y resoluciones dictadas por razones políticas en causas penales, civiles o administrativas durante la dictadura en las islas, una medida simbólica destinada a reparar jurídicamente a quienes fueron condenados por tribunales franquistas. La ley también introdujo medidas en el ámbito educativo para garantizar la transmisión de este periodo histórico a las nuevas generaciones. Entre otras disposiciones, establecía la incorporación de la memoria democrática en los currículos escolares, el impulso de programas pedagógicos sobre el conflicto bélico y el régimen franquista, así como actividades de investigación y divulgación en colaboración con centros educativos y universidades.

El pulso del Gobierno contra la derogación de las leyes de memoria

La impugnación de la decisión adoptada por PP y Vox se enmarca en la senda ya iniciada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez con autonomías como Comunitat Valenciana, Aragón y Cantabria, cuyas normativas de memoria histórica han sido sustituidas por 'leyes de la concordia' que, so pretexto de “reconciliar” a los españoles en lugar de “reabrir heridas”, equiparan el franquismo con la democracia.

El Gobierno considera que estos textos “blanquean la dictadura franquista, niegan la existencia del golpe de Estado como causante de la Guerra de España de 1936 a 1939, pretenden que no se conozca la verdad de lo que ocurrió y, lo que es peor, condenan a las víctimas de nuevo al olvido”. Asimismo, sostiene que estas reformas mantienen aspectos vinculados a las exhumaciones pero eliminan elementos esenciales relacionados con el derecho a la verdad, la reparación y las garantías de no repetición.

El presidente del Parlament, Gabriel Le Senne (Vox), será juzgado del 25 al 29 de octubre de 2027 por romper, el 18 de junio de 2024, una fotografía de tres víctimas del franquismo, expuesta en la tapa del ordenador de la vicepresidenta segunda de la Mesa, mientras se debatía la propuesta de PP y la formación de extrema derecha de derogar la ley autonómica de memoria democrática. Los hechos provocaron una oleada de indignación dentro y fuera de Balears, con peticiones de dimisión que Le Senne nunca ha atendido. El Govern de Marga Prohens (PP) tampoco le ha forzado a abandonar el cargo. 

El acusado se ha sentado este miércoles en el banquillo de la Audiencia Provincial de Balears en una vista preliminar en la que su defensa ha negado que incurriese en irregularidad alguna -se le acusa de un delito de odio-, lo que ha frustrado la posibilidad de alcanzar un acuerdo con las acusaciones para evitar el juicio. Los tribunales deberán determinar durante el juicio si el también presidente de Vox en Balears actuó de forma deliberada o si, como sostiene, la ruptura de la imagen fue accidental. Varios familiares de víctimas de la represión franquista se han congregado a las puertas del órgano judicial en protesta por los hechos.

Hasta el momento, Le Senne ha defendido que se limitó a aplicar el reglamento parlamentario, mientras que las acusaciones sostienen que el episodio constituyó un ataque a la dignidad de las mujeres asesinadas por el franquismo. La Fiscalía, por su parte, mantiene su criterio de que no existen elementos suficientes para acreditar un delito de odio.

Entre otras cuestiones, la Sala ha rechazado que se cite como testigo perito al historiador David Ginar, autor de la biografía sobre Aurora Picornell, conocida popularmente como 'la Pasionaria de Mallorca', al entender que el peso de su figura no es un hecho controvertido. Sobre este asunto, el letrado del colectivo Estimada Aurora, Sebastià Frau, ha explicado que el objetivo era contraponer la ideología de Picornell y el resto de víctimas con “la ideología del acusado”.

Hasta cuatro años de prisión y once de inhabilitación

En concreto, la entidad Memòria de Mallorca -en unión con los descendientes de Aurora Picornell y de las activistas Maria y Antònia Pascual, quienes figuraban en la fotografía- solicita para Le Senne 20 meses de prisión; Colectivo Aurora reclama un año y cuatro meses de cárcel, 11 años de inhabilitación para cargo público y 30.000 euros de multa, mientras que el Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE) pide hasta cuatro años de cárcel, otros cuatro de inhabilitación y 13.000 euros de multa. Éste último también pedía que Vox fuese llamado a juicio como responsable civil subsidiario, un extremo que, sin embargo, el juez instructor rechazó.

Le Senne, en cambio, solicita su absolución al aseverar que no ha quedado acreditada la intención de humillar a las víctimas ni una motivación discriminatoria. Durante la declaración que prestó como investigado en septiembre de 2024, Le Senne se aferró a los mismos alegatos que hasta ese momento había esgrimido públicamente: que el episodio fue “accidental” y que éste tuvo lugar después de que Garrido se negara a retirar el retrato, lo que, en opinión del presidente, contradice la neutralidad requerida en la Mesa del Parlament.

Al ser preguntado por la Fiscalía sobre si con una fotografía de Franco habría hecho lo mismo, el máximo representante de la Cámara autonómica respondió que sí. El parlamentario se negó a responder a las acusaciones particulares, pero sí lo hizo a preguntas del Ministerio Público, de su abogado y del juez.

Por su parte, el Ministerio Público, que se ha pronunciado en varias ocasiones para apoyar el archivo de la causa, sostiene que, aunque la conducta de Le Senne de fue un acto de califica de “colérico” -motivo por el que censuró sus formas-, considera que no ha quedado acreditado, con las exigencias propias del derecho penal, el dolo que llevaría a hablar de un delito de odio, concretado, en este caso, en la voluntad de lesionar la dignidad y la memoria de las mujeres víctimas de la represión franquista. Tampoco aprecia en los hechos motivación discriminatoria.

El juez apreció indicios de una actuación intencionada

En el auto que puso fin a la instrucción del caso y dejó al dirigente de extrema derecha a las puertas del juicio, el juez consideró que su gesto lesionó “la dignidad de esas personas y sus familiares y de los partidos políticos de que eran militantes, y acredita la clara intención de humillarlos”. La resolución se apoyaba en las diligencias practicadas hasta entonces, entre ellas las imágenes aportadas al procedimiento, en las que “se puede apreciar cómo el señor Le Senne, después de arrebatar la fotografía, no la tira inmediatamente al suelo sino que la mantiene en la mano izquierda, la deja un momento en la zona situada sobre de sus piernas, donde podría parecer que la esté manipulando de alguna manera, y después la tira con la mano derecha”.

La Sala de la Audiencia Provincial que confirmó la apertura de juicio oral también consideró que las imágenes aportan indicios compatibles con la posible existencia de dolo, es decir, de una actuación consciente e intencionada. Los magistrados señalaron que corresponde al juicio determinar si la ruptura fue deliberada o accidental, una cuestión central para esclarecer la responsabilidad penal del acusado. La defensa y la Fiscalía rechazan esa interpretación.

Durante 32.448 días, las víctimas han permanecido bajo tierra sin nombre. Durante 88 años y casi diez meses, sus familias han convivido con una ausencia suspendida entre la certeza y la incertidumbre, sin una tumba a la que acudir y sin una respuesta definitiva sobre el lugar exacto en el que fueron enterrados sus familiares tras la represión franquista.

Ahora, en el cementerio municipal Nuestra Señora de la Montaña de Cáceres, aquella espera empieza a quebrarse. Bajo una capa de tierra de apenas setenta centímetros han aparecido ya seis cuerpos en una zona donde la documentación histórica sitúa los restos de 153 personas represaliadas. Son los primeros hallazgos de una intervención que tienes visos de convertirse en una de las mayores exhumaciones de memoria democrática realizadas en Extremadura.

La excavación se desarrolla en el llamado cuartel cuatro, conocido durante décadas como el antiguo Limbo. Allí trabaja el equipo de antropología forense de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, que afronta una tarea mucho más compleja que recuperar restos humanos. El objetivo inicial consiste en comprender cómo fueron enterradas las víctimas, localizar los límites de cada fosa y reconstruir la organización interna del espacio para evitar que la información de unos cuerpos se mezcle con la de otros.

“Estamos intentando corroborar lo que nos marca la documentación”, explica la antropóloga forense María Fortuna, directora del proyecto. Los registros localizados describen ocho filas de enterramientos y distintas fosas dentro de cada una de ellas. Traducir ese plano histórico al terreno real es ahora la prioridad.

Los primeros seis cuerpos han aparecido en el nivel más superficial de la excavación, pero todo apunta a que bajo ellos podrían existir más enterramientos. Algunas posiciones anatómicas observadas por el equipo sugieren que los cadáveres fueron depositados en varios niveles, una circunstancia que obligará a extremar las precauciones durante los próximos meses.

Cada centímetro excavado aporta información. Las extremidades flexionadas, los desplazamientos producidos durante la descomposición o la profundidad a la que aparecen determinados huesos permiten reconstruir lo ocurrido hace casi nueve décadas. No se trata únicamente de encontrar esqueletos, sino de interpretar científicamente las circunstancias de los enterramientos.

Por eso el trabajo avanza con la lentitud precisa. Antes de retirar un cuerpo, los especialistas documentan su posición, registran su relación con los enterramientos contiguos y elaboran una cartografía precisa del subsuelo. En una investigación de estas características, conservar el contexto resulta casi tan importante como recuperar los restos.

En los primeros días también ha aparecido un pequeño tramo de muro cuya localización puede ayudar a definir uno de los límites del cuartel cuatro. Si se confirma su utilidad arqueológica, permitirá contrastar sobre el terreno la documentación histórica y organizar con mayor precisión las siguientes fases de la excavación.

Identificación

La identificación de las víctimas tampoco comenzará directamente en un laboratorio genético. El proceso arranca mucho antes. Los antropólogos deberán determinar sexo, edad aproximada, posibles patologías y características individuales de cada persona exhumada. Esa información será comparada después con la documentación histórica disponible sobre quienes fueron ejecutados y enterrados en esta zona del cementerio.

Solo entonces llegarán, cuando sean necesarias, las pruebas genéticas. Fortuna insiste en que no todos los familiares ofrecen las mismas posibilidades de identificación y que será necesario valorar caso por caso qué muestras resultan más adecuadas para cada estudio.

En esa labor de interlocución con los descendientes juega un papel esencial la Asociación Memorial en el Cementerio de Cáceres (Amececa), impulsora de un proceso que comenzó hace más de una década. La entidad mantiene contacto con familias de distintos puntos de Extremadura y también con descendientes que hoy viven fuera de la región como consecuencia de las migraciones producidas durante generaciones. Algunos de estos familiares ya han viajado hasta Cáceres y han podido hablar con Amececa y con la propia María Fortuna.

Muchas de esas familias llevan años aguardando este momento. Algunas han seguido cada paso administrativo desde 2010. Otras han conocido la existencia de las exhumaciones tras la difusión pública de los primeros hallazgos. Para todas, la aparición de los restos supone una mezcla de esperanza y prudencia: la posibilidad de una identificación sigue requiriendo meses de trabajo científico.

La continuidad de ese trabajo está garantizada gracias a la financiación aportada por la Diputación Provincial de Cáceres y la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. El presidente de la institución provincial, Miguel Ángel Morales, ha reiterado el compromiso de completar las exhumaciones y facilitar la identificación de las víctimas para que puedan recibir una sepultura digna.

Entre los nombres que aparecen en la documentación relacionada con la represión franquista en Cáceres figura el de Antonio Canales González, alcalde socialista de la ciudad durante la Segunda República. Detenido tras el golpe militar de 1936, fue fusilado el 25 de diciembre de 1937. Diversas fuentes históricas señalan que su familia recuperó posteriormente el cuerpo, por lo que no figura entre las víctimas que previsiblemente permanecen en las fosas del cuartel cuatro.

Junto a él, la represión alcanzó también a numerosos cargos municipales de la provincia, alcaldes, concejales y dirigentes sindicales de distintas localidades cacereñas que fueron ejecutados o encarcelados durante aquellos años. Muchos de ellos continúan sin localizar o sin una identificación definitiva.

La previsión de Aranzadi es completar esta primera intervención entre finales de año y comienzos de 2027. Después, los trabajos avanzarán hacia el sector donde se encuentra el memorial actual y, posteriormente, al cuartel uno. Las labores de campo podrían prolongarse hasta antes del verano de 2027, aunque el calendario dependerá de la complejidad de los hallazgos.

Sin embargo, el final de las excavaciones no supondrá el final de la investigación. Quedarán por delante los estudios antropológicos, los análisis genéticos, las reconstrucciones tridimensionales, la elaboración de informes técnicos y, sobre todo, el largo proceso de poner nombre a quienes fueron reducidos durante décadas a un número en un registro.

Por ahora, la tierra del antiguo Limbo empieza a devolver las primeras pruebas de una historia conocida por los documentos y silenciada durante generaciones. Los seis cuerpos hallados son solo el comienzo. Bajo ese terreno permanecen todavía decenas de personas cuya identidad sigue esperando ser recuperada. Y para muchas familias, después de 32.448 días, la búsqueda entra por fin en la fase más ilusionante y decisiva.

El Espacio UEX, ubicado en la antigua Escuela de Magisterio de Cáceres, acogerá el próximo 26 de octubre, lunes, a las 19.00 horas, una mesa redonda dedicada a la memoria de las víctimas extremeñas de la dictadura franquista. El encuentro reunirá a representantes institucionales, especialistas en investigación forense y científica, asociaciones memorialistas y familiares vinculadas a algunos de los principales espacios de memoria de la provincia.

La actividad se enmarca en el proyecto Memoria, Educación y Verdad: Reflexiones sobre la dictadura franquista, desarrollado por la Facultad de Formación del Profesorado con colaboración de la Diputación de Cáceres a través de su Servicio de Memoria Histórica y Democrática. La iniciativa persigue incorporar la memoria democrática al ámbito educativo y promover entre los jóvenes una reflexión crítica sobre la represión franquista, los derechos humanos y el derecho a la verdad.

La mesa contará con la participación de Fernando Ayala, en representación de la Diputación de Cáceres; María Fortuna, integrante de la Sociedad de Ciencias Aranzadi y vinculada a los trabajos de localización e identificación de personas desaparecidas; y María Jesús Criado, representante de la asociación AMECECA.

Junto a ellas intervendrán familiares relacionadas con lugares emblemáticos de la memoria en la provincia. La periodista Inma Montero aportará su testimonio desde la experiencia vinculada a la Mina de la Paloma en Zarza la Mayor, y abordará la búsqueda de verdad y reconocimiento en torno a la fosa. Su intervención permitirá situar en primer plano la dimensión humana de los procesos de investigación y reparación.

La sesión estará moderada por la periodista de elDiario.es, Sandra Moreno Quintanilla. Tras la apertura institucional y una intervención musical, los participantes debatirán sobre los avances y desafíos de la investigación de las fosas, las obligaciones de las administraciones públicas, el trabajo desarrollado por el movimiento memorialista y las reivindicaciones de las familias que continúan reclamando respuestas sobre el destino de sus allegados.

El programa incluirá asimismo un turno de preguntas abierto al público y un espacio para el intercambio de experiencias antes de cerrar la jornada con una actuación musical.

Memoria democrática y educación

Dirigido principalmente al alumnado universitario, aunque abierto también a estudiantes de Secundaria, profesorado, investigadores y ciudadanía interesada, el proyecto plantea la memoria democrática como una herramienta de conocimiento histórico y formación cívica.

A través del análisis de la represión franquista, la recuperación de testimonios y el estudio de los lugares de enterramiento de las víctimas, la iniciativa busca acercar a las nuevas generaciones a una parte de la historia reciente que durante décadas permaneció relegada al silencio de los archivos y de muchas familias.

La jornada aspira así a poner en diálogo investigación académica, acción institucional, movimiento memorialista y experiencia familiar para abordar una cuestión que sigue ocupando un lugar central en los debates sobre verdad, justicia y reparación.

Una obra “reveladora y renovadora”. Así ha definido el jurado del Premio Nacional de Historia La hambruna española: victoria y muerte en la posguerra (Crítica), la obra que ha hecho al historiador Miguel Ángel del Arco llevarse el galardón este año. El libro cuestiona una de las imágenes más arraigadas de la posguerra: la de un país que pasó hambre como consecuencia inevitable de la Guerra Civil. Y detalla su verdadera dimensión: lo que hubo, sostiene este profesor de Historia de la Universidad de Granada, fue más bien una auténtica hambruna provocada y después “borrada” por el franquismo tras “llevarse miles de vidas por delante”.

El historiador destierra los mitos que han sobrevivido al propio Franco en un libro que acaba también de ganar el premio Almudena Grandes de La Rinconada y que nació con vocación de ser una obra “de hombres y mujeres comunes” cuya memoria del hambre llega hasta nuestros días. “Asistimos a un desprecio al conocimiento y a la ciencia y una primacía de la subjetividad. Y ya sabemos a dónde nos lleva eso”, dice sobre el auge del revisionismo histórico el experto, que ha acusado a PP y Vox de utilizar su firma “torticeramente” para intentar blindar la cruz franquista de Cáceres.

¿Por qué ha tardado tanto en reconocerse la verdadera dimensión del hambre durante el franquismo?

Es difícil que España se acuerde porque fue borrada de la historia por el franquismo, que siempre negó su existencia. Sobre todo quiso ocultar la magnitud de la tragedia y su propia responsabilidad en la misma. Que se muera la gente de hambre es el peor aval que puede tener cualquier gobierno. Hubo una propaganda brutal, pero lo curioso es que la gente, especialmente las mujeres, transmitieron una memoria de todo aquello aunque no le pusieran el nombre de hambruna.

Esa memoria pervive en la imagen del pan negro, el estraperlo, las cartillas de racionamiento, una abuela que besa el pan cuando se cae al suelo... Está presente en la literatura y el cine, pero no ha pasado a la historia como una violencia propia del franquismo.

No, porque categorizarlo así implica preguntarnos por qué pasó y eso lleva directamente a las responsabilidades del régimen. Además, hablamos de unas dimensiones inmanejables: más de 200.000 personas fallecieron por el hambre o enfermedades derivadas entre 1939 y 1942, a las que hay que sumar 20.000 más en 1946. Solemos hablar de 150.000 víctimas de la violencia franquista represiva y nos horroriza. Ahora que estamos hablando de la 'ley de nietos', hay que mencionar que el exilio se produjo también por el hambre.

Todo se explica por la actitud imperialista y fascista del régimen. Franco tuvo que elegir entre pan e imperio y escogió lo segundo.

Decía que la dictadura ocultó esta situación. ¿Con qué estrategias?

Hubo varias fases, pero cuando ya era imposible eludir del todo lo que pasaba se recurrió a una propaganda brutal que relacionaba el hambre con tres elementos: la Guerra Civil, el aislamiento internacional y lo que llamaban la 'pertinaz sequía'. Son los mitos construidos por el régimen, que se han demostrado falsos. Sin embargo, las destrucciones de la guerra no fueron tan grandes como para ello y, de hecho, durante la contienda no hubo hambre en el bando franquista.

Sabemos también que solo el año 45 fue negativo en lluvias y no en toda España y el aislamiento internacional es una verdad a medias. No es que España no pudiera comerciar, es que durante la Segunda Guerra Mundial exportaba alimentos a la Alemania nazi y la Italia fascista como pago por su ayuda militar en la Guerra Civil mientras la gente aquí se moría de hambre. Por otro lado, los aliados impusieron un bloqueo económico porque estábamos colaborando con el Eje. En el fondo, todo se explica por la actitud imperialista y fascista del régimen. Franco tuvo que elegir entre pan e imperio y escogió lo segundo.

¿Han sobrevivido estos mitos al dictador?

Plenamente. Los historiadores siempre luchamos contra los mitos del poder. Hoy el más sólido es el de la imagen de éxito que el régimen vendió sobre sí mismo, sobre todo durante los años 60 y 70. Con una España rebosante de pantanos, turistas dispuestos a disfrutarla y un desarrollo económico supuestamente envidiable. Todo ese discurso sepulta la tragedia de la hambruna de la que el mismo régimen fue responsable.

¿Cuáles fueron las verdaderas causas de la hambruna?

La Guerra Civil es un antecedente, pero si hubiera sido determinante, la hambruna hubiera empezado durante la contienda. No fue accidental, estuvo motivada por decisiones políticas y económicas. La principal causa es la política económica autárquica del franquismo. Fue un modelo que aspiraba a la autosuficiencia de la nación, un cuento de la lechera sin fundamento económico que provocó un auténtico desastre y un grandísimo mercado negro, precios disparados y bajísimos salarios. En 1940, un jornalero andaluz cobraba seis pesetas al día y una barra de pan costaba diez.

Es un mito que Franco fuera un político honrado y no hubiera corrupción, pero está demostrado que el régimen se llenó los bolsillos a costa del sufrimiento y las vidas de muchas personas.

La corrupción también contribuyó. Otro de los mitos es que Franco era un político honrado y no había corrupción, pero está demostrado que el régimen, la Iglesia, Falange y el Ejército se llenaron los bolsillos a costa del sufrimiento y las vidas de muchas personas. La autarquía suprimió el libre mercado y el Estado controlaba todo el alimento, lo que le daba un poder enorme para enriquecerse. Disfrutaban del botín de guerra mientras otros se morían de hambre. Fue como una España de pan blanco y pan negro, de abundancia y de escasez y muerte vinculada a la Victoria franquista.

En algunos momentos del libro lo llama la “hambruna de la Victoria”...

Hay un elemento político clave. Los que hicieron la guerra y la ganaron no pasaron hambre. Se ve claro cuando miras dentro de las cárceles, donde el hambre fue un elemento de castigo contra los republicanos. Si Lorca es el prototipo de las víctimas de la violencia franquista, Miguel Hernández lo es de las víctimas de la hambruna. Impactó a las clases bajas y trabajadoras y especialmente en el sur del país y en las zonas rurales. Dentro de las ciudades también hubo diferencias: sabemos que en los barrios obreros de Madrid, como Vallecas, la talla de los jóvenes cayó por la malnutrición. Eso no pasó en Chamberí.

El franquismo quiso ocultar lo que estaba ocurriendo en el país, pero ¿le beneficiaba políticamente en algo esta situación?

Fue rentable. En primer lugar, porque a través del enriquecimiento de militares y miembros del Consejo de Ministros, Franco se aseguraba su apoyo y cimentaba su régimen. Y después porque el hambre es un elemento desmovilizador brutal. Cuando tienes hambre, los sueños políticos y la idea de subvertir el régimen desaparecen, te convierte en un ser obligadamente individualista. Además, Franco utilizó el hambre como arma de reeducación a través de la Iglesia u el Auxilio Social de Falange, donde a cambio de un pan, se exigían lealtades.

Una creencia muy extendida en su momento entre la población es que Franco no se enteraba de los problemas de los españoles, que si no lo solucionaba, era porque no lo sabía.

Es completamente falso. Franco fue responsable directo de la adopción de la política autárquica que provocó la hambruna y sabemos que estuvo implicado en negocios de corrupción, como el del café regalado por Getúlio Vargas. Muchos de los documentos que he utilizado son de la Fundación Nacional Francisco Franco, que son los que él tenía en su despacho y en ellos es claro que el dictador conocía que la gente se estaba muriendo de hambre. Tenía estudios en los que se concluía que las clases bajas gastaban el 90% de su sueldo en vivienda y alimentación. También informes de economistas que eran franquistas pero no tontos y que le decían que su política era equivocada.

Vivimos un auge del revisionismo histórico, hemos visto a líderes de Vox hacer declaraciones cuestionables sobre el franquismo e impulsar junto al PP leyes autonómicas que obvian el golpe de Estado de 1936. ¿Cómo ve este escenario?

Preocupante. No solo respecto a la historia. Lo que hay detrás es un desprecio al conocimiento y a la ciencia y eso es pegarnos un tiro en el pie. Si hemos llegado hasta aquí y por fin conocemos nuestra historia es precisamente porque ha habido democracia y educación pública. Hoy vivimos una primacía de lo subjetivo y la emoción por encima de la preparación y la racionalidad. Pero ya sabemos a dónde nos lleva eso, dónde nos llevan los ultranacionalismos. Tenemos el siglo XX para verlo.

Antes de escribir este libro no sabía si había habido una hambruna en España, he tenido que investigar y visitar más de una veintena de archivos para demostrar que las piezas encajan.

En el libro asegura que “los historiadores no emitimos opiniones sobre el pasado”. Está siendo cada vez más habitual la acusación desde la extrema derecha de que sus conclusiones son producto de su posicionamiento ideológico.

Yo antes de escribir este libro no sabía si había habido una hambruna en España, he tenido que investigar para demostrar que las piezas encajan, visitar más de una veintena de archivos, entrevistar a diferentes personas y tomar las consideraciones previas de otros historiadores para llegar al convencimiento. No es una opinión, es un trabajo y una labor común de los que me han precedido. Estos discursos lo que persiguen a través de mi desprestigio profesional es deslegitimar el mensaje y evitar que la gente se informe.

El pasado 12 de octubre vimos en la Puerta del Sol jóvenes con el brazo en alto, banderas franquistas y entonando el 'cara al sol'. ¿Se han cometido errores en la manera en que se ha transmitido la historia para que estos símbolos se hayan resignificado?

Se ha llegado tarde, pero se ha llegado. Quiero romper una lanza porque lo que pasa en los institutos, al menos los públicos, es que se transmiten bien los conocimientos, pero hay dos cuestiones que se nos están escapando: el universo digital y las familias. Percibo una relación muy directa entre la posición política de muchos jóvenes y lo que escuchan en casa y en el entorno digital.

Les entitats memorialistes de les Balears han abandonat en bloc les comissions tècniques del Govern de Marga Prohens (PP) després de denunciar que l'Executiu margina les associacions i els familiars de les víctimes del franquisme, ignora les seves propostes i pren decisions al marge del marc legal, és a dir, d'esquena als òrgans competents en matèria de memòria democràtica. Memòria de Mallorca, el Fòrum per la Memòria d’Eivissa i Formentera i Memòries de Menorca han presentat aquest dijous la seva renúncia en considerar que aquests òrgans han quedat buidats de les seves funcions i que la presència de les tres organitzacions s'ha convertit en una presència merament testimonial i sense capacitat real per influir en les decisions que afecten les víctimes del cop militar de 1936, la guerra civil i la dictadura franquista.

Així ho han donat a conèixer en un comunicat conjunt, en el qual denuncien l'incompliment dels compromisos institucionals per part del Govern en relació amb l'organització de memorials i homenatges i alerten del desmantellament d'instruments essencials per garantir els seus drets.

La decisió es produeix després de mesos de controvèrsia per les polítiques memorialistes de l'Executiu de Prohens, que, de la mà de Vox, va derogar el passat mes de març la Llei de memòria democràtica de les Balears. El Tribunal Constitucional va admetre a tràmit el recurs presentat pel Govern central contra la mesura i va suspendre cautelarment l'eliminació de la norma mentre es resol el procediment.

En un escrit presentat durant la reunió de la Comissió de la Llei de Fosses, Memòria de Mallorca relata els detalla els episodis que, assevera, il·lustren aquesta pèrdua de capacitat d'intervenció. L'associació precisa que la ruptura “no és fruit d'un desacord puntual”, sinó “de la constatació” que el funcionament d'aquest òrgan i la gestió de les polítiques de memòria democràtica del Govern “s'han allunyat de les finalitats per les quals van ser creats”.

L'entitat critica que les actuacions de l'Executiu es decideixen i, en ocasions, s'executen abans que les comissions puguin valorar-les. També denuncia que les seves propostes i preguntes són ignorades de forma reiterada, que no s'incorporen assumptes a l'ordre del dia i que les entitats no reben informació adequada sobre decisions que les afecten directament. “La participació no pot limitar-se a assistir a reunions i expressar opinions que després no tenen cap incidència real”, adverteix l'entitat en el document. La seva renúncia afecta tant la comissió vinculada a la llei per a la recuperació de persones desaparegudes durant la Guerra Civil i el franquisme -més coneguda com a 'llei de fosses'- com a la de la Llei de Memòria i Reconeixements Democràtics de les Illes Balears.

L'associació també qüestiona el funcionament intern d'aquests òrgans. Assegura que el Govern no aplica un reglament aprovat per majoria absoluta perquè sosté que no s'ha localitzat l'acta de la seva aprovació, però tampoc ha procedit a aprovar-lo de nou pel procediment legalment exigit. Així mateix, denuncia que no s'incorporen a l'ordre del dia assumptes que les entitats sol·liciten tractar i que s'impulsen actuacions sense recaptar prèviament el parer de les comissions corresponents.

Un dels exemples que aporta és la informació sobre la derogació de la llei autonòmica. Memòria de Mallorca assegura que va haver de conèixer pels mitjans de comunicació tant la decisió de suprimir-la com la seva posterior suspensió cautelar malgrat formar part de les comissions i ser una de les organitzacions directament afectades. L'entitat també critica que el Govern hagi promogut actuacions relatives als bombardejos de l'aviació republicana sense consultar prèviament a la comissió de memòria democràtica malgrat el paper que la legislació atribueix a aquest òrgan.

El xoc pel Columbari de la Dignitat

Entre els incompliments que han contribuït a la ruptura, Memòria de Mallorca assenyala el cas del Columbari de la Dignitat, inaugurat el passat 28 de setembre al cementiri de Palma. L'associació afirma que va presentar una proposta per al text del memorial i va fixar dues condicions irrenunciables: que s'inclogués una referència expressa al cop d'Estat de 1936 i que la comissió assumís el text com a propi, de manera que així constés a la placa. Segons al·lega, el Govern els va assegurar verbalment que ambdues condicions s'havien incorporat. No obstant això, el memorial es va inaugurar i la placa es va descobrir sense respectar cap d'aquests dos requisits.

Per a l'entitat, la discrepància va més enllà d'una qüestió de redacció. La referència al cop d'Estat és, sosté, fonamental per contextualitzar la repressió franquista i reconèixer les seves víctimes. La participació de la comissió havia de garantir, a més, que el text fos resultat d'un procés col·lectiu i d'un acord institucional, i no d'una decisió unilateral. “No podem acceptar que se'ns asseguri que uns compromisos es compliran i que, finalment, s'incompleixin”, argüeix l'associació.

Un altre dels episodis que denuncia es remunta al passat 2 de setembre, quan va registrar una proposta per instal·lar memorials a les vies públiques de Palma. La iniciativa pretenia recordar les més de 2.000 víctimes de desaparició forçada a Mallorca i les més de 6.000 víctimes mortals dels bombardejos de l'aviació feixista procedent de l'illa contra altres territoris. Segons Memòria de Mallorca, la proposta ni tan sols es va incloure en l'ordre del dia de la reunió d'aquest dijous. L'entitat també assegura que s'elaboren plans de fosses sense la gestió ni la participació de les comissions corresponents.

El desmantellament dels instruments de memòria

La renúncia no respon únicament als problemes de funcionament de les comissions. Memòria de Mallorca la vincula també a la política general del Govern, que, segons denuncia, ha debilitat els instruments públics destinats a garantir els drets de les víctimes del franquisme i les seves famílies. L'associació assenyala expressament l'eliminació de la Direcció General de Memòria Democràtica i de l'oficina d'informació i atenció a les víctimes i els seus familiars. Considera que tots dos instruments van ser possibles després d'anys de reivindicació i que resulten essencials per mantenir una política pública de memòria continuada.

A això suma la derogació de la llei autonòmica, una decisió que les entitats consideren incompatible amb el reconeixement i la defensa dels drets de les víctimes. La suspensió cautelar acordada pel TC manté la norma vigent mentre s'estudia el recurs del Govern central, però no ha resolt l'enfrontament polític sobre el model de memòria democràtica que ha d'aplicar la comunitat.

La sortida de les tres organitzacions suposa un nou revés per als mecanismes de participació vinculats a aquestes polítiques. Les associacions, que treballen en la localització de desapareguts, la investigació i la reparació de les víctimes consideren que no poden continuar formant part d'uns òrgans en els quals, segons denuncien, no se'ls permet intervenir de manera efectiva.

Més de vint anys de treball per la memòria

D'altra banda, Memòria de Mallorca reivindica una trajectòria de més de dues dècades en la defensa dels drets a la veritat, la justícia, la reparació i les garanties de no repetició. En el seu escrit recorda que ha participat en més de seixanta reunions relacionades amb les dues lleis autonòmiques i que ha aportat testimonis, documentació, contactes d'especialistes i familiars de víctimes. L'associació destaca la seva contribució a projectes d'investigació i exhumació com els de les fosses de Porreres i Son Coletes. També assenyala que va aconseguir incorporar per primera vegada vint estudis a l'últim Pla de Fosses i Memòria Democràtica des d'una perspectiva transversal.

Entre les seves propostes figuren l'elaboració d'un cens de víctimes, la incorporació de la perspectiva del dret internacional dels drets humans i l'estudi del trauma transgeneracional. L'entitat reivindica aquestes aportacions per subratllar que la seva participació en les comissions mai va ser testimonial i que ha contribuït activament a construir les polítiques autonòmiques de memòria. Per això, l'entitat considera que mantenir la seva presència sense capacitat de decisió podria acabar legitimant una forma d'actuar amb la qual discrepa profundament.

La renúncia, tanmateix, no suposa un tancament definitiu a la participació institucional. Memòria de Mallorca no descarta tornar si es produeix un canvi efectiu en el funcionament de les comissions, es respecten les normes vigents i es garanteix a les entitats memorialistes i a les víctimes una capacitat real d'intervenció. “El diàleg exigeix voluntat d'escoltar, la participació exigeix capacitat d'incidència i la confiança exigeix que els compromisos es compleixin”, resumeix l'associació, que assegura que continuarà treballant de forma independent i fiscalitzant l'actuació de les administracions públiques.

“Per respecte a les víctimes del franquisme, a les seves famílies i als més de vint anys de treball de Memòria de Mallorca, no podem continuar legitimant amb la nostra presència una situació que s'ha allunyat dels objectius i de l'esperit de les lleis autonòmiques de memòria democràtica”, conclou el document.

Las entidades memorialistas de Balears han abandonado en bloque las comisiones técnicas del Govern de Marga Prohens (PP) tras denunciar que el Ejecutivo margina a las asociaciones y a los familiares de las víctimas del franquismo, ignora sus propuestas y toma decisiones al margen del marco legal, es decir, de espaldas a los órganos competentes en materia de memoria democrática. Memòria de Mallorca, el Fòrum per la Memòria d’Eivissa i Formentera y Memòries de Menorca han presentado este jueves su renuncia al considerar que estos órganos han quedado vaciadas de sus funciones y que la presencia de las tres organizaciones se ha convertido en una presencia meramente testimonial y sin capacidad real para influir en las decisiones que afectan a las víctimas del golpe militar de 1936, la guerra civil y la dictadura franquista.

Así lo han dado a conocer en un comunicado conjunto, en el que denuncian el incumplimiento de los compromisos institucionales por parte del Govern en relación a la organización de memoriales y homenajes y alertan del desmantelamiento de instrumentos esenciales para garantizar sus derechos.

La decisión se produce tras meses de controversia por las políticas memorialistas del Ejecutivo de Prohens, que, de la mano de Vox, derogó el pasado mes de marzo la Ley de memoria democrática de Balears. El Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso presentado por el Gobierno central contra la medida y suspendió cautelarmente la eliminación de la norma mientras se resuelve el procedimiento.

En un escrito presentado durante la reunión de la Comisión de la Ley de Fosas, Memòria de Mallorca relata los detalla los episodios que, asevera, ilustran esa pérdida de capacidad de intervención. La asociación precisa que la ruptura “no es fruto de un desacuerdo puntual”, sino “de la constatación” de que el funcionamiento de este órgano y la gestión de las políticas de memoria democrática del Govern “se han alejado de las finalidades por las cuales fueron creados”.

La entidad critica que las actuaciones del Ejecutivo se deciden y, en ocasiones, se ejecutan antes de que las comisiones puedan valorarlas. También denuncia que sus propuestas y preguntas son ignoradas de forma reiterada, que no se incorporan asuntos al orden del día y que las entidades no reciben información adecuada sobre decisiones que las afectan directamente. “La participación no puede limitarse a asistir a reuniones y expresar opiniones que después no tienen ninguna incidencia real”, advierte la entidad en el documento. Su renuncia afecta tanto a la comisión vinculada a la ley para la recuperación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y el franquismo -más conocida como 'ley de fosas' como a la de la Ley de Memoria y Reconocimientos Democráticos de las Illes Balears.

La asociación también cuestiona el funcionamiento interno de estos órganos. Asegura que el Govern no aplica un reglamento aprobado por mayoría absoluta porque sostiene que no se ha localizado el acta de su aprobación, pero tampoco ha procedido a aprobarlo de nuevo por el procedimiento legalmente exigido. Asimismo, denuncia que no se incorporan al orden del día asuntos que las entidades solicitan tratar y que se impulsan actuaciones sin recabar previamente el parecer de las comisiones correspondientes.

Uno de los ejemplos que aporta es la información sobre la derogación de la ley autonómica. Memòria de Mallorca asegura que tuvo que conocer por los medios de comunicación tanto la decisión de suprimirla como su posterior suspensión cautelar pese a formar parte de las comisiones y ser una de las organizaciones directamente afectadas. La entidad también critica que el Govern haya promovido actuaciones relativas a los bombardeos de la aviación republicana sin consultar previamente a la comisión de memoria democrática pese al papel que la legislación atribuye a este órgano.

El choque por el Columbari de la Dignitat

Entre los incumplimientos que han contribuido a la ruptura, Memòria de Mallorca señala el caso del Columbari de la Dignitat, inaugurado el pasado 28 de septiembre en el cementerio de Palma. La asociación afirma que presentó una propuesta para el texto del memorial y fijó dos condiciones irrenunciables: que se incluyera una referencia expresa al golpe de Estado de 1936 y que la comisión asumiera el texto como propio, de modo que así constara en la placa. Según alega, el Govern les aseguró verbalmente que ambas condiciones se habían incorporado. Sin embargo, el memorial se inauguró y la placa se descubrió sin respetar ninguno de esos dos requisitos.

Para la entidad, la discrepancia va más allá de una cuestión de redacción. La referencia al golpe de Estado es, sostiene, fundamental para contextualizar la represión franquista y reconocer a sus víctimas. La participación de la comisión debía garantizar, además, que el texto fuese resultado de un proceso colectivo y de un acuerdo institucional, y no de una decisión unilateral. “No podemos aceptar que se nos asegure que unos compromisos se cumplirán y que, finalmente, se incumplan”, arguye la asociación.

Otro de los episodios que denuncia se remonta al pasado 2 de septiembre, cuando registró una propuesta para instalar memoriales en las vías públicas de Palma. La iniciativa pretendía recordar a las más de 2.000 víctimas de desaparición forzada en Mallorca y a las más de 6.000 víctimas mortales de los bombardeos de la aviación fascista procedente de la isla contra otros territorios. Según Memòria de Mallorca, la propuesta ni siquiera se incluyó en el orden del día de la reunión de este jueves. La entidad también asegura que se elaboran planes de fosas sin la gestión ni la participación de las comisiones correspondientes.

El desmantelamiento de los instrumentos de memoria

La renuncia no responde únicamente a los problemas de funcionamiento de las comisiones. Memòria de Mallorca la vincula también a la política general del Govern, que, según denuncia, ha debilitado los instrumentos públicos destinados a garantizar los derechos de las víctimas del franquismo y sus familias. La asociación señala expresamente la eliminación de la Dirección General de Memoria Democrática y de la oficina de información y atención a las víctimas y sus familiares. Considera que ambos instrumentos fueron posibles tras años de reivindicación y que resultan esenciales para mantener una política pública de memoria continuada.

A ello suma la derogación de la ley autonómica, una decisión que las entidades consideran incompatible con el reconocimiento y la defensa de los derechos de las víctimas. La suspensión cautelar acordada por el TC mantiene la norma vigente mientras se estudia el recurso del Gobierno central, pero no ha resuelto el enfrentamiento político sobre el modelo de memoria democrática que debe aplicar la comunidad.

La salida de las tres organizaciones supone un nuevo revés para los mecanismos de participación vinculados a estas políticas. Las asociaciones, que trabajan en la localización de desaparecidos, la investigación y la reparación de las víctimas consideran que no pueden seguir formando parte de unos órganos en los que, según denuncian, no se les permite intervenir de manera efectiva.

Más de veinte años de trabajo por la memoria

Por otro lado, Memòria de Mallorca reivindica una trayectoria de más de dos décadas en la defensa de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. En su escrito recuerda que ha participado en más de sesenta reuniones relacionadas con las dos leyes autonómicas y que ha aportado testimonios, documentación, contactos de especialistas y familiares de víctimas. La asociación destaca su contribución a proyectos de investigación y exhumación como los de las fosas de Porreres y Son Coletes. También señala que consiguió incorporar por primera vez veinte estudios al último Plan de Fosas y Memoria Democrática desde una perspectiva transversal.

Entre sus propuestas figuran la elaboración de un censo de víctimas, la incorporación de la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos y el estudio del trauma transgeneracional. La entidad reivindica estas aportaciones para subrayar que su participación en las comisiones nunca fue testimonial y que ha contribuido activamente a construir las políticas autonómicas de memoria. Por ello, la entidad considera que mantener su presencia sin capacidad de decisión podría terminar legitimando una forma de actuar con la que discrepa profundamente.

La renuncia, sin embargo, no supone un cierre definitivo a la participación institucional. Memòria de Mallorca no descarta regresar si se produce un cambio efectivo en el funcionamiento de las comisiones, se respetan las normas vigentes y se garantiza a las entidades memorialistas y a las víctimas una capacidad real de intervención. “El diálogo exige voluntad de escuchar, la participación exige capacidad de incidencia y la confianza exige que los compromisos se cumplan”, resume la asociación, que asegura que continuará trabajando de forma independiente y fiscalizando la actuación de las administraciones públicas.

“Por respecto a las víctimas del franquismo, a sus familias y a los más de veinte años de trabajo de Memoria de Mallorca, no podemos continuar legitimando con nuestra presencia una situación que se ha alejado de los objetivos y del espíritu de las leyes autonómicas de memoria democrática”, concluye el documento.

Las excavaciones en el cementerio municipal Nuestra Señora de la Montaña de Cáceres han arrojado sus primeros hallazgos científicos. El equipo del departamento de Antropología de la Sociedad de Ciencias Aranzadi ha confirmado la localización de las primeras evidencias de restos de víctimas de la represión franquista. Se trata de osamentas compatibles con hombres jóvenes que presentan lesiones traumáticas en el cráneo causadas por proyectiles de arma de fuego, confirmando sobre el terreno lo registrado en la investigación documental previa.

Los trabajos comenzaron el pasado 5 de octubre tras años de tramitación y de espera por parte de las familias. Las estimaciones de la intervención apuntan a que en el denominado Cuartel 4 del antiguo Limbo, ubicado bajo el actual Memorial a las víctimas, se localizan al menos ocho filas de fosas clandestinas que albergan los restos de entre 153 personas (según las previsiones iniciales en la zona de intervención) y hasta cerca de 300 víctimas en el conjunto del área, lo que podría convertir este enclave en la mayor fosa común excavada hasta la fecha en Extremadura.

La actuación forma parte del proyecto 'Exhumación de las fosas del Cementerio Nuestra Señora de la Montaña y estudio antropológico forense de los restos de víctimas de la guerra civil y de la represión franquista en la ciudad de Cáceres', una iniciativa impulsada mediante un convenio entre la Diputación de Cáceres, la Asociación Memorial en el Cementerio de Cáceres (AMECECA) y la propia Sociedad de Ciencias Aranzadi, con financiación de la corporación provincial y la Secretaría de Estado de Memoria Democrática.

Avanzar hacia la identificación genética

Tras las dos primeras semanas centradas en la delimitación arqueológica y la apertura de las primeras catas, el equipo técnico inicia ahora la fase de recuperación minuciosa, documentación y análisis antropológico forense de los restos. Todo el proceso seguirá protocolos científicos para el contraste de muestras biológicas y pruebas de ADN con los familiares y allegados localizados por AMECECA, con el objetivo de lograr su identificación y posterior entrega a sus allegados.

La asociación memorialista y la Diputación de Cáceres han recibido el hallazgo con “satisfacción y emoción”, calificando los primeros resultados como un “paso histórico y trascendental” en el camino iniciado en 2010 hacia la verdad, la justicia y la reparación para los represaliados y sus familias en la capital cacereña.

24 de maig de 1931. La Segona República fa tot just unes setmanes que està en marxa i un grup de joves treballadors d'Esporles (Mallorca) ha decidit organitzar-se políticament. Congregats a la Casa del Poble, funden l'Agrupació Socialista del municipi, que es presenta com un instrument per “educar cívicament la classe treballadora” i “capacitar-la per a la conquesta de tots els seus drets” mentre criden els treballadors a trencar les cadenes de la seva explotació econòmica. Entre ells es troba José Comes Ferrà, elegit secretari.

Jornaler, es convertirà en una de les figures més reconegudes del moviment obrer de la Serra de Tramuntana. Tant, que els seus companys acabaran anomenant-lo 'Largo Caballero': igual que l'històric dirigent socialista espanyol, defensa posicions revolucionàries i és un dels principals referents del socialisme en un municipi que, per la seva intensa activitat obrera i sindical, és conegut com la “petita Rússia” de Mallorca. Els qui el coneixen asseguren que Josep Comes porta tatuada al pit una imatge de Karl Marx.

El seu compromís polític i les seves idees revolucionàries acabarien convertint-lo en un dels objectius de la repressió desencadenada després del cop militar de juliol de 1936. En l'ofensiva per desarticular el moviment obrer i esborrar qualsevol rastre d'organització col·lectiva, els colpistes van perseguir, empresonar i assassinar dirigents sindicals, militants socialistes i republicans. Entre ells hi havia Josep Comes Ferrà, que encarnava precisament allò que pretenien eradicar: l'aspiració dels treballadors a transformar la societat. Aquesta setmana s'han complert 90 anys del seu assassinat al crit de “Visca Rússia!”, juntament amb el d'altres joves que compartien aquell anhel i que van pagar amb la vida el desafiament a l'ordre que els colpistes volien imposar.

Les investigacions dutes a terme pel grup de memòria històrica d'Esporles permeten rastrejar la trajectòria de Comes Ferrà des de la seva activitat política durant la Segona República fins al seu assassinat. El treball de Guillem Mir, Arnau Alemany i Bartomeu Garau, plasmat en el llibre Les petjades dels oblidats. La repressió a Esporles ('Les petjades dels oblidats. La repressió a Esporles'), reconstrueix la vida de fins a 157 veïns represaliats després del cop militar franquista en un poble que, més enllà del seu teixit de fàbriques tèxtils, es va convertir en un dels grans focus obrers i socialistes de la Mallorca d'entreguerres.

La concentració de treballadors, l'organització sindical i la inauguració de la 'Casa del Poble' el 1930 van alimentar una consciència de classe que va fer d'Esporles un símbol de la mobilització obrera a l'illa. Va ser allà on va néixer, el 12 de juliol de 1909, el 'Largo Caballero' mallorquí, un nom durant dècades relegat a la memòria familiar i al record d'antics militants obrers i que els investigadors han recuperat dels arxius, els expedients judicials i els testimonis orals.

L'activitat de Comes a l'Agrupació Socialista d'Esporles anava molt més enllà d'un càrrec orgànic. Exercia com a propagandista i divulgador del socialisme i utilitzava les pàgines d'El Obrero Balear per intervenir en els debats polítics i ideològics de l'època. Al llarg d'aquells anys, Comes va deixar impresa la seva visió materialista de la societat, la seva crítica de la propietat privada i del capitalisme, la seva defensa de l'organització obrera i una preocupació explícita per la formació política dels treballadors.

Del sindicat a la Casa del Poble

La seva activitat es va desenvolupar també en el moviment sindical. El gener de 1932 El Obrero Balear l'identifica com a representant de la Federació Gremial d'Esporles, una organització que comptava llavors amb 200 afiliats. El seu nom apareix entre els delegats de les organitzacions obreres representades en el congrés socialista balear.

La Casa del Poble d'Esporles havia estat inaugurada el 20 d'abril de 1930, culminant un projecte iniciat el 1923 per un grup de treballadors de la Federació Gremial Esporlerina que va impulsar la construcció d'un local destinat a la classe treballadora sobre uns terrenys cedits per l'escriptor i polític Alexandre Jaume Rosselló. Durant anys, nombrosos veïns van contribuir a aixecar l'edifici amb petites aportacions econòmiques i jornades de treball, convertint-lo en un símbol de l'esforç col·lectiu i de la lluita per la dignitat. La Casa del Poble es va convertir en un espai de trobada, formació, alfabetització, participació política i activitat cultural i recreativa, fonamental per a la identitat del moviment obrer local. Comes formava part d'aquest entramat.

La seva militància tenia, a més, una marcada dimensió laica. El Obrero Balear recollia diverses informacions procedents d'Esporles sobre matrimonis i actes civils. El maig de 1935, per exemple, Comes va signar, en nom de l'Agrupació Socialista, una crònica sobre el matrimoni civil de dos militants. Hi destacava les dificultats que la parella havia hagut de superar davant la tradició i els prejudicis familiars, i presentava la celebració com una ruptura amb el “clericalisme”. La defensa d'una vida civil al marge de l'Església formava part del projecte polític d'aquell socialisme. Comas no era únicament un organitzador sindical: també contribuïa a construir una cultura política socialista que pretenia transformar les relacions econòmiques, l'educació i els costums.

Aquella notorietat va assolir fins i tot una dimensió insòlita per a un jove obrer mallorquí. El 1934, Comes, a qui les fonts de l'època el descriuen com un home de forta presència física, amb un notable prestigi entre els treballadors d'Esporles i d'altres municipis de Mallorca, va ser seleccionat per participar en un viatge a la Unió Soviètica. El Obrero Balear va obrir una subscripció per sufragar el trajecte. Les organitzacions obreres i particulars de Mallorca van anar realitzant aportacions per cobrir el cost. El maig, el periòdic explicava que s'havien recaptat 409,30 pessetes i que el viatge podia costar al voltant de mil.

Com anunciava la publicació, al seu retorn Comes oferiria diverses conferències per compartir les seves impressions a la Rússia soviètica amb l'objectiu de traslladar al moviment obrer els debats internacionals del socialisme i convertiria la seva experiència en material de divulgació per a altres treballadors. Durant la seva estada a l'URSS va participar en diverses intervencions radiofòniques des de Moscou que van ser escoltades pels seus companys d'Esporles. A la seva tornada, va emprendre una gira per diversos pobles de Mallorca per explicar el que havia vist i après durant el viatge. Aquella experiència va reforçar encara més el seu prestigi entre la militància socialista i va alimentar l'hostilitat que despertava entre els seus adversaris polítics. No en va, la seva influència preocupava especialment els sectors conservadors del municipi, que l'identificaven com un dels dirigents més destacats de l'esquerra local.

El jove obrer mallorquí va participar en un viatge a la Unió Soviètica, sufragat en part per El Obrero Balear, per traslladar al moviment obrer els debats internacionals del socialisme

Tot just unes setmanes abans del cop militar, durant el Congrés de la Federació Socialista Balear celebrat a la Casa del Poble de Palma, Comes va formar part de la ponència encarregada d'examinar les credencials de les agrupacions i apareix com a representant d'Esporles, amb 50 afiliats. Així mateix, El Obrero Balear el situa per aquestes mateixes dates en un míting celebrat a Alaró amb motiu de la unificació de les Joventuts Socialistes i Comunistes. L'acte va concloure amb la creació d'una organització marxista unificada de les joventuts. El seu últim període d'activitat política documentada coincideix amb una creixent radicalització del moviment obrer i amb la crisi que va precedir el cop de juliol de 1936.

La resistència al cop

Una investigació publicada a Llucmajor. De Pinte en Ample reconstrueix els seus últims mesos i relata com durant la nit del 18 al 19 de juliol de 1936, quan van començar a arribar les notícies de la revolta militar, Comes va participar activament en l'organització de la resistència republicana a Esporles. Va organitzar guàrdies a la Casa del Poble i a l'Ajuntament, va impulsar piquets en diversos punts del municipi i va supervisar grups de vigilància pels carrers de la localitat.

La resistència, tanmateix, fou breu. El 20 de juliol, una vegada consumat el triomf del cop militar a Mallorca i lliurat l'Ajuntament a la Guàrdia Civil, Comes va comprendre que la seva situació era extremadament perillosa. Juntament amb el sindicalista Miquel Seguí es va refugiar a la muntanya, on va romandre ocult durant prop de tres mesos. La seva captura es va convertir en una obsessió per als falangistes locals. Els dirigents obrers més visibles figuraven entre els principals objectius de la repressió que s'estava desplegant per tota l'illa.

Després del cop militar a Mallorca, Comes es va refugiar a la muntanya, on va romandre ocult durant prop de tres mesos. La seva captura es va convertir en una obsessió per als falangistes locals

A mitjan octubre de 1936, després de mesos amagat, Comes es trobava exhaust. Però hi havia un altre motiu que l'empentava a abandonar el refugi: volia tornar a veure el seu fill Tomeu, de tot just tres mesos, a qui pràcticament no havia pogut conèixer. El 13 d'octubre va descendir de la muntanya acompanyat d'altres fugits. Va buscar refugi a casa d'un veí, Pere Bonet, conegut com a Palla Llarga. El propietari ja havia estat detingut. La seva esposa els va donar aixopluc, però una denúncia veïnal va acabar precipitant-ho tot.

Aquell mateix matí, falangistes i guàrdies civils van localitzar l'amagatall i van procedir a la detenció. Els arrestats van ser conduïts primer a la caserna de la Guàrdia Civil d'Esporles. Segons la documentació conservada, els falangistes van exigir al comandant que els lliurés els detinguts. L'oficial s'hi va negar i va ordenar el seu trasllat a Palma, on van quedar a disposició de la Direcció General de Seguretat.

“Visca Rússia!”

Les hores següents van estar marcades per les tortures. Durant els interrogatoris, els seus botxins li van arrencar el tatuatge de Karl Marx a ganivetades. També van intentar obligar-lo a cridar “Visca Espanya!”, al que ell responia reiteradament: “Visca Rússia!”. L'endemà, 14 d'octubre de 1936, va aparèixer mort.

El seu cadàver va ser trobat al costat del de Miquel Seguí a prop de les portes del cementiri de Palma. L'autòpsia va atribuir la mort a diversos impactes de bala. El cos va ser identificat pel seu pare, Josep Comes Arbós. Entre les seves pertinences va aparèixer un petit retrat de la seva vida truncada: a la butxaca de l'americana portava el rebut d'unes entrades per a les pel·lícules Sin rumbo i Justicia del fuego, projectades a la Casa del Poble el 19 de juliol, així com un plànol del futur habitatge que projectava construir per a la seva família a la costa des Rafal. Dies després, un falangista local va arribar a jactar-se públicament de les tortures infligides al dirigent socialista. “Quin gran gust he passat estirant dels cabells a Largo Caballero”, va dir en un cafè del poble.

Un enemic prioritari

La importància política de Josep Comes Ferrà queda reflectida en la pròpia documentació repressiva. En un informe, les autoritats franquistes el descrivien com “un dels principals dirigents marxistes d'aquesta localitat”. Recordaven el seu viatge a la Unió Soviètica, les seves intervencions radiofòniques des de Moscou i les conferències que va impartir al seu retorn. També destacaven el seu paper en l'organització sindical i la seva influència entre els treballadors d'Esporles.

Segons el document, havia participat activament en les mobilitzacions obreres dels anys republicans i era considerat “el major responsable de la propaganda marxista d'aquesta vila” i una persona “molt perillosa”. Paradoxalment, la burocràcia franquista va deixar una mostra més del caràcter arbitrari de la repressió: un escrit policial datat el 22 de desembre de 1936 afirmava que Josep Comes havia estat posat en llibertat perquè no s'havia trobat cap càrrec contra ell. Aleshores feia més de dos mesos que era mort. El 22 de setembre de 1937, les autoritats militars van emetre un requeriment perquè comparegués davant el jutjat en un termini de cinc dies, sota amenaça de ser declarat rebel. El destinatari d'aquella citació havia estat executat feia gairebé un any.

Noranta anys després del seu assassinat, el sobrenom amb el qual era conegut continua ressonant en la memòria d'Esporles. La figura de Josep Comes Ferrà roman lligada a aquella generació de treballadors que es van organitzar per conquerir drets i defensar els seus ideals polítics, i que van acabar convertint-se en objectiu de la repressió deslligada després del cop militar de 1936. La seva història, com la de tants altres militants perseguits i assassinats, forma part d'una memòria col·lectiva que encara mira de recuperar els seus noms, reconstruir les seves trajectòries i tornar-los el lloc que els va ser arrabassat.

Al juliol de l'any passat, l'Ajuntament d'Esporles va aprovar la primera ordenança municipal de memòria democràtica de l'Estat, en resposta a la derogació de la llei autonòmica per part de PP i Vox. La norma local estableix un marc normatiu propi per reconèixer, reparar i preservar la memòria de les víctimes de la repressió franquista. El Grup de Memòria Democràtica d'Esporles —constituït com a delegació local de l'associació Memòria de Mallorca— eleva a prop de 300 les dones i homes que van ser represaliats al municipi “per tenir unes idees diferents de les d'aquells que es van revoltar contra la Segona República”.

24 de mayo de 1931. La Segunda República lleva apenas unas semanas en marcha y un grupo de jóvenes trabajadores de Esporles (Mallorca) ha decidido organizarse políticamente. Congregados en la Casa del Pueblo, fundan la Agrupación Socialista del municipio, que se presenta como un instrumento para “educar cívicamente a la clase trabajadora” y “capacitarle para la conquista de todos sus derechos” mientras llaman a los trabajadores a romper las cadenas de su explotación económica. Entre ellos se encuentra José Comes Ferrà, elegido secretario.

Jornalero, se convertirá en una de las figuras más reconocidas del movimiento obrero de la Serra de Tramuntana. Tanto, que sus compañeros acabarán apodándolo 'Largo Caballero': al igual que el histórico dirigente socialista español, defiende posiciones revolucionarias y es uno de los principales referentes del socialismo en un municipio que, por su intensa actividad obrera y sindical, es conocido como la “pequeña Rusia” de Mallorca. Quienes le conocen aseguran que Josep Comes lleva tatuada en el pecho una imagen de Karl Marx.

Su compromiso político y sus ideas revolucionarias acabarán convirtiéndolo en uno de los objetivos de la represión desatada tras el golpe militar de julio de 1936. En su ofensiva por desarticular el movimiento obrero y borrar cualquier rastro de organización colectiva, los sublevados perseguirán, encarcelarán y matarán a dirigentes sindicales, militantes socialistas y republicanos. Entre ellos se encuentra Josep Comes Ferrà, quien encarna precisamente aquello que los fascistas pretenden erradicar: la aspiración de los trabajadores a transformar la sociedad. Esta semana se han cumplido 90 años de su asesinato, junto al de otros jóvenes que compartían ese anhelo y que pagaron con su vida el desafío al orden que los golpistas pretendían imponer.

Las investigaciones llevadas a cabo por el grupo de memoria histórica de Esporles permiten rastrear la trayectoria de Comes Ferrà desde su actividad política durante la Segunda República hasta su asesinato. El trabajo de Guillem Mir, Arnau Alemany y Bartomeu Garau, plasmado en el libro Les petjades dels oblidats. La repressió a Esporles ('Las huellas de los olvidados. La represión en Esporles'), reconstruye la vida de hasta 157 vecinos represaliados tras el golpe militar franquista en un pueblo que, más allá de su tejido de fábricas textiles, se convirtió en uno de los grandes focos obreros y socialistas de la Mallorca de entreguerras.

La concentración de trabajadores, la organización sindical y la inauguración de la 'Casa del Poble' en 1930 alimentaron una conciencia de clase que hizo de Esporles un símbolo de la movilización obrera en la isla. Fue allí donde nació, el 12 de julio de 1909, el 'Largo Caballero' mallorquín, un nombre durante décadas relegado a la memoria familiar y al recuerdo de antiguos militantes obreros y que los investigadores han recuperado de los archivos, los expedientes judiciales y los testimonios orales.

La actividad de Comes en la Agrupación Socialista de Esporles iba mucho más allá de un cargo orgánico. Ejercía como propagandista y divulgador del socialismo y utilizaba las páginas de El Obrero Balear para intervenir en los debates políticos e ideológicos de la época. A lo largo de aquellos años, Comes dejó impresa su visión materialista de la sociedad, su crítica de la propiedad privada y del capitalismo, su defensa de la organización obrera y una preocupación explícita por la formación política de los trabajadores.

Del sindicato a la Casa del Pueblo

Su actividad se desarrolló también en el movimiento sindical. En enero de 1932 El Obrero Balear lo identifica como representante de la Federación Gremial de Esporles, una organización que contaba entonces con 200 afiliados. Su nombre aparece entre los delegados de las organizaciones obreras representadas en el congreso socialista balear.

La Casa del Pueblo de Esporles había sido inaugurada el 20 de abril de 1930, culminando un proyecto iniciado en 1923 por un grupo de trabajadores de la Federación Gremial Esporlerense que impulsó la construcción de un local destinado a la clase trabajadora sobre unos terrenos cedidos por el escritor y político Alexandre Jaume Rosselló. Durante años, numerosos vecinos contribuyeron a levantar el edificio con pequeñas aportaciones económicas y jornadas de trabajo, convirtiéndolo en un símbolo del esfuerzo colectivo y de la lucha por la dignidad. La Casa del Pueblo se convirtió en un espacio de encuentro, formación, alfabetización, participación política y actividad cultural y recreativa, fundamental para la identidad del movimiento obrero local. Comes formaba parte de ese entramado.

Su militancia tenía además una marcada dimensión laica. El Obrero Balear recoge distintas informaciones procedentes de Esporles sobre matrimonios y actos civiles. En mayo de 1935, por ejemplo, Comes firmó en nombre de la Agrupación Socialista una crónica sobre el matrimonio civil de dos militantes y destacó las dificultades que la pareja había tenido que superar frente a la tradición y los prejuicios familiares y relata la celebración como una ruptura con el “clericalismo”. La defensa de una vida civil al margen de la Iglesia formaba parte del proyecto político de aquel socialismo. Comes no era únicamente un organizador sindical: intervenía también en la construcción de una cultura política socialista que pretendía transformar las relaciones económicas, la educación y las costumbres.

Aquella notoriedad alcanzó incluso una dimensión insólita para un joven obrero mallorquín. En 1934, Comes, a quien las fuentes de la época lo describen como un hombre de fuerte presencia física, con un notable prestigio entre los trabajadores de Esporles y de otros municipios de Mallorca, fue seleccionado para participar en un viaje a la Unión Soviética. El Obrero Balear abrió una suscripción para sufragar el trayecto. Las organizaciones obreras y particulares de Mallorca fueron realizando aportaciones para cubrir el coste. En mayo, el periódico explicaba que se habían recaudado 409,30 pesetas y que el viaje podía costar alrededor de mil.

Como anunciaba la publicación, a su regreso Comes ofrecería varias conferencias para compartir sus impresiones en la Rusia soviética con el objetivo de trasladar al movimiento obrero los debates internacionales del socialismo y convertiría su experiencia en material de divulgación para otros trabajadores. Durante su estancia en la URSS participó en varias intervenciones radiofónicas desde Moscú que fueron escuchadas por sus compañeros de Esporles. A su vuelta, emprendió una gira por distintos pueblos de Mallorca para explicar lo que había visto y aprendido durante el viaje. Aquella experiencia reforzó aún más su prestigio entre la militancia socialista y alimentó la hostilidad que despertaba entre sus adversarios políticos. No en vano, su influencia preocupaba especialmente a los sectores conservadores del municipio, que lo identificaban como uno de los dirigentes más destacados de la izquierda local.

El joven obrero mallorquín participó en un viaje a la Unión Soviética, sufragado en parte por El Obrero Balear, para trasladar al movimiento obrero los debates internacionales del socialismo

Apenas unas semanas antes del golpe militar, durante el Congreso de la Federación Socialista Balear celebrado en la Casa del Pueblo de Palma, Comes formó parte de la ponencia encargada de examinar las credenciales de las agrupaciones y aparece como representante de Esporles, con 50 afiliados. Asimismo, El Obrero Balear lo sitúa por esas mismas fechas en un mitin celebrado en Alaró con motivo de la unificación de las Juventudes Socialistas y Comunistas. El acto concluyó con la creación de una organización marxista unificada de las juventudes. Su último periodo de actividad política documentada coincide con una creciente radicalización del movimiento obrero y con la crisis que precedió al golpe de julio de 1936.

La resistencia al golpe

Una investigación histórica publicada en Llucmajor. De Pinte en Ample reconstruye sus últimos meses y relata cómo durante la noche del 18 al 19 de julio de 1936, cuando comenzaron a llegar las noticias de la sublevación militar, Comes participó activamente en la organización de la resistencia republicana en Esporles. Organizó guardias en la Casa del Pueblo y en el Ayuntamiento, impulsó piquetes en diversos puntos del municipio y supervisó grupos de vigilancia por las calles de la localidad.

La resistencia, sin embargo, fue breve. El 20 de julio, una vez consumado el triunfo del golpe militar en Mallorca y entregado el Ayuntamiento a la Guardia Civil, Comes comprendió que su situación era extremadamente peligrosa. Junto al sindicalista Miquel Seguí se refugió en la montaña, donde permaneció oculto durante cerca de tres meses. Su captura se convirtió en una obsesión para los falangistas locales. Los dirigentes obreros más visibles figuraban entre los principales objetivos de la represión que se estaba desplegando por toda la isla.

Tras el golpe militar en Mallorca, Comes se refugió en la montaña, donde permaneció oculto durante cerca de tres meses. Su captura se convirtió en una obsesión para los falangistas locales

A mediados de octubre de 1936, tras meses escondido, Comes se encontraba exhausto. Pero había otro motivo que lo empujaba a abandonar el refugio: quería volver a ver a su hijo Tomeu, de apenas tres meses, a quien prácticamente no había podido conocer. El 13 de octubre descendió de la montaña acompañado de otros huidos. Buscó refugio en casa de un vecino, Pere Bonet, conocido como Palla Llarga. El propietario ya había sido detenido. Su esposa les dio cobijo, pero una denuncia vecinal acabó precipitándolo todo.

Aquella misma mañana, falangistas y guardias civiles localizaron el escondite y procedieron a la detención. Los arrestados fueron conducidos primero al cuartel de la Guardia Civil de Esporles. Según la documentación conservada, los falangistas exigieron al comandante que les entregara a los detenidos. El oficial se negó y ordenó su traslado a Palma, donde quedaron a disposición de la Dirección General de Seguridad.

“¡Viva Rusia!”

Las horas siguientes estuvieron marcadas por las torturas. Durante los interrogatorios, sus verdugos le arrancaron el tatuaje de Karl Marx a cuchilladas. También intentaron obligarlo a gritar “¡Viva España!”, a lo que él respondía reiteradamente: “¡Viva Rusia!”. Al día siguiente, 14 de octubre de 1936, apareció muerto.

Su cadáver fue hallado junto al de Miquel Seguí cerca de las puertas del cementerio de Palma. La autopsia atribuyó la muerte a diversos impactos de bala. El cuerpo fue identificado por su padre, Josep Comes Arbós. Entre sus pertenencias apareció un pequeño retrato de su vida truncada: en el bolsillo de la americana llevaba el recibo de unas entradas para las películas Sin rumbo y Justicia del fuego, proyectadas en la Casa del Pueblo el 19 de julio, así como un plano de la futura vivienda que proyectaba construir para su familia en la costa des Rafal. Días después, un falangista local llegó a jactarse públicamente de las torturas infligidas al dirigente socialista. “Qué gran gusto he pasado estirando de los cabellos a Largo Caballero”, dijo en un café del pueblo.

Un enemigo prioritario

La importancia política de Josep Comes Ferrà queda reflejada en la propia documentación represiva. En un informe, las autoridades franquistas lo describían como “uno de los principales dirigentes marxistas de esta localidad”. Recordaban su viaje a la Unión Soviética, sus intervenciones radiofónicas desde Moscú y las conferencias que impartió a su regreso. También destacaban su papel en la organización sindical y su influencia entre los trabajadores de Esporles.

Según el documento, había participado activamente en las movilizaciones obreras de los años republicanos y era considerado “el mayor responsable de la propaganda marxista de esta villa” y una persona “muy peligrosa”. Paradójicamente, la burocracia franquista dejó una muestra más del carácter arbitrario de la represión: un escrito policial fechado el 22 de diciembre de 1936 afirmaba que Josep Comes había sido puesto en libertad porque no se había hallado ningún cargo contra él. Para entonces llevaba más de dos meses muerto. El 22 de septiembre de 1937, las autoridades militares emitieron un requerimiento para que compareciera ante el juzgado en un plazo de cinco días, bajo amenaza de ser declarado rebelde. El destinatario de aquella citación había sido ejecutado hacía casi un año.

Noventa años después de su asesinato, el sobrenombre con el que era conocido continúa resonando en la memoria de Esporles. La figura de Josep Comes Ferrà permanece ligada a aquella generación de trabajadores que se organizaron para conquistar derechos y defender sus ideales políticos, y que acabaron convirtiéndose en objetivo de la represión desatada tras el golpe militar de 1936. Su historia, como la de tantos otros militantes perseguidos y asesinados, forma parte de una memoria colectiva que todavía trata de recuperar sus nombres, reconstruir sus trayectorias y devolverles el lugar que les fue arrebatado.

En julio del año pasado, el Ayuntamiento de Esporles aprobó la primera ordenanza municipal de memoria democrática del Estado, en respuesta a la derogación de la ley autonómica por parte de PP y Vox. La norma local establece un marco normativo propio para reconocer, reparar y preservar la memoria de las víctimas de la represión franquista. El Grupo de Memoria Democrática de Esporles —constituida como delegación local de la asociación Memòria de Mallorca— eleva a cerca de 300 las mujeres y hombres que fueron represaliados en el municipio “por tener unas ideas diferentes de quienes se sublevaron contra la Segunda República”.

La dictadura franquista no se sostuvo únicamente sobre la victoria militar de 1939, sino también sobre una compleja red de leyes, tribunales, sanciones y mecanismos de control que durante décadas persiguieron a miles de personas. Cómo funcionó ese engranaje represivo en la provincia de Cáceres, quiénes lo dirigieron, a quiénes castigó y de qué manera condicionó la vida cotidiana de los vencidos es el objeto de La represión franquista en Cáceres, el libro del historiador Francisco Javier Ruiz Cano. Presentado en la Biblioteca Pública de Cáceres junto al investigador José María Izquierdo Calle, la obra, adaptación de su tesis doctoral, constituye hasta la fecha uno de los estudios más exhaustivos sobre la implantación y el funcionamiento de la maquinaria represiva franquista en la provincia cacereña entre 1936 y finales de los años cincuenta.

La investigación tiene su origen en la tesis doctoral Implantación, consolidación y actuación represiva de la dictadura franquista en la provincia de Cáceres: el Gobierno Civil, el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas y el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, dirigida por Juan Andrés Blanco Rodríguez, y se sitúa en diálogo con los estudios de Julián Chaves Palacios y Sergio Riesco Roche.

El libro parte del análisis del alzamiento militar del 18 de julio de 1936, que no sólo desencadenó una guerra civil de casi tres años, sino que supuso el desmantelamiento inicial del Estado republicano y de sus instituciones democráticas. Desde los primeros días del conflicto, los sublevados comenzaron a configurar un nuevo orden institucional de carácter autocrático y represivo, inspirado inicialmente en modelos totalitarios europeos como el italiano y el alemán. Aunque tras la Segunda Guerra Mundial el régimen viró hacia un autoritarismo menos abiertamente fascista, sus instituciones mantuvieron siempre prácticas sistemáticas de violencia política, justificadas por la doctrina del Nacional-Catolicismo y amparadas en leyes represivas como la Ley de Responsabilidades Políticas, la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo, la Ley de Seguridad del Estado o la Ley de Bandidaje y Terrorismo.

Ruiz Cano subraya que, aunque el régimen rara vez empleó la palabra “represión”, esta figuraba en textos legales que pretendían legitimar la lucha contra la disidencia. La violencia política se elevó a norma y se institucionalizó mediante disposiciones jurídicas que otorgaron apariencia de legalidad a la persecución de la disidencia política y social. El nuevo sistema derivó hacia la aplicación jerarquizada de la aniquilación y la exclusión, sustentado en la retórica de la España y la AntiEspaña.

La represión comenzó con la justicia militar —los consejos de guerra— y continuó con leyes de excepción y tribunales especiales. El libro explica que era necesario implantar la dictadura en todas las demarcaciones provinciales, por lo que la violencia del Nuevo Estado tuvo una repercusión significativa a nivel local y regional, golpeando con severidad también a la provincia de Cáceres.

El libro analiza no sólo las modalidades represivas, sino también las instituciones que las ejercieron y los actores que las dirigieron, así como los grupos sobre los que recayeron. El periodo estudiado (1936-1959) abarca desde la toma de la provincia por los sublevados hasta el final del mandato del último gobernador civil analizado, en un momento en que el régimen ya estaba consolidado.

Reconstrucción del proceso

A lo largo de cinco capítulos, Ruiz Cano reconstruye el proceso mediante el que la dictadura franquista se implantó y consolidó en la provincia de Cáceres, desde las tensiones sociales previas al golpe de Estado hasta la consolidación definitiva de su aparato represivo. El primero estudia las condiciones socioeconómicas de la provincia y las tensiones sociales previas al golpe, que explican su rápida adhesión a la sublevación. Cáceres era una provincia agraria con un profundo desequilibrio entre propietarios y trabajadores: grandes fincas en manos de una minoría, pequeñas y medianas explotaciones en manos del grueso de la población, y una crisis agraria que generó protestas y movilizaciones. La reforma agraria avanzó lentamente, lo que incrementó la crispación social. El Frente Popular ganó las elecciones de febrero de 1936 y los sindicatos, especialmente UGT, protagonizaron reivindicaciones. Falange supo aprovechar la tensión y aglutinar apoyos, convirtiéndose en un rival del gobierno republicano. Todo ello explica que la ocupación de Cáceres el 19 de julio de 1936 se produjera sin apenas resistencia.

Desde ese momento comenzó a configurarse un sistema represivo que fue articulándose a través de distintas instituciones y mecanismos de control. El Gobierno Civil quedó en manos de los sublevados y se crearon instituciones como el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas y el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, sustentadas en las leyes de 1939 y 1940, con el objetivo de castigar y controlar al disidente y estructurar un sistema autocrático basado en el control social.

El libro explica que el personal político que ocupó los organismos del nuevo orden fue renovado por personas jóvenes, excombatientes y con inicios políticos en los años treinta. Sin embargo, la presencia de Falange en Cáceres fue escasa: sólo uno de los gobernadores civiles procedía de sus filas. La unificación del cargo de Jefe Provincial de FET de las JONS con el de Gobernador Civil (1938-1945) no evitó los conflictos entre familias del régimen, que mantuvieron su identidad ideológica pese a integrarse en el Partido Único.

Todos los dirigentes aplicaron severas formas de represión. El Gobierno Civil inició depuraciones que, en sus primeros momentos, fueron paralegales. El Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas impuso sobre todo sanciones económicas, destierros e inhabilitaciones, debido a la escasa resistencia republicana y al empobrecimiento de la provincia. La reforma de 1942 suspendió muchas causas. El Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo dictó pocas penas de prisión y ninguna de la máxima gravedad, debido al bajo grado masónico de los acusados y a su escasa vinculación con las élites republicanas. La mayoría de las condenas fueron confinamientos.

La violencia afectó a dirigentes republicanos, corporaciones municipales, jornaleros, militantes de UGT y PSOE, y mujeres, que recibieron un doble castigo por su condición de género y por transgredir los principios nacional-católicos. Se castigó a madres solteras, prostitutas y mujeres sospechosas de relaciones con otras mujeres. Adoptó múltiples formas: paralegal, institucionalizada, económica, social y psicológica.

La resistencia

El único foco de resistencia fue la guerrilla antifranquista, pero su debilidad y la abundancia de delatores facilitaron su neutralización por la Guardia Civil. Con su desaparición se consolidó definitivamente el engranaje represivo en la provincia, donde la violencia política estableció una división entre vencedores y vencidos y afectó a todos los aspectos de la vida cotidiana.

El libro concluye que la represión franquista en Cáceres reprodujo el modelo de exclusión y control social característico del régimen, y que su estudio permite completar el mapa de la implantación y represión de la dictadura en España. Su presentación en la capital cacereña refuerza la importancia de seguir investigando la violencia política en Extremadura y de documentar con rigor la actuación de las instituciones franquistas en la provincia.

Al final, La represión franquista en Cáceres trasciende el análisis de leyes, tribunales e instituciones para mostrar el impacto humano de un sistema concebido para controlar, castigar y excluir. Detrás de cada expediente, cada destierro o cada confinamiento aparecen vidas marcadas por el miedo, la pérdida y el silencio. Con una investigación rigurosa y ampliamente documentada, Francisco Javier Ruiz Cano, doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Salamanca y especializado en el estudio de la violencia política y las estructuras represivas del franquismo, reconstruye con detalle la implantación de la maquinaria represiva en la provincia y contribuye a completar el mapa de la represión franquista en España desde una perspectiva local imprescindible para comprender el alcance real de la violencia ejercida por el régimen.

“Es terrorífico que algo tan básico como poder honrar a tu abuelo sea un motivo de conflicto 90 años después”. Esta es una de las frases con las que el director de elDiario.es, Ignacio Escolar, sintetizó buena parte del debate que mantuvo con el periodista Enrique Sánchez Lubián, en la presentación de su libro ‘Crónicas del después de una guerra’. Ambos mantuvieron un clarificador debate sobre memoria histórica y polarización política en el marco de la Feria del Libro de Toledo, moderado por Carmen Bachiller, la directora de la edición castellanomanchega de este periódico, del que Sánchez Lubián también es colaborador.

Más de un centenar de personas asistieron a este coloquio en el que el eje inicial giró en torno al necesario trabajo periodístico para desenterrar la memoria de las personas fusiladas y represaliadas por la dictadura franquista. Así lo expuso Escolar. Detalló que requiere una labor investigadora y la búsqueda de documentos “muy difíciles de hallar”, pero que “desde el punto de vista humano, son valiosísimos” y que “no se pueden contar de manera neutral, como si fuese un partido de fútbol”.

Sánchez Lubián así lo valoró también. Hizo mención a Miguel de Unamuno para referirse a la “intrahistoria”, es decir, aquella “gente corriente, gente cotidiana” que no forma parte de la “historia con mayúsculas”. “Gente anónima que no tuvo cargos de responsabilidad, pero que sin embargo sufrió represión y sobre la que no se ha contado nunca nada. Esa es la cuestión, darle voz a los olvidados, no desde el revanchismo, sino por necesidad de sacar a la luz sus historias”. Y ese es el objetivo de buena parte de su libro.  

Precisamente, Escolar criticó el discurso utilizado por las derechas cuando arremeten contra la memoria histórica alegando que “solo se está contando la historia de los rojos represaliados y no de los curas quemados o de Paracuellos”. “Eso no es verdad, porque esa historia ha estado presente durante toda la dictadura, fue contada un día y otro día, y todos esos muertos fueron honrados y todas esas personas están enterradas en un sitio donde sus descendientes saben dónde están, donde pueden llevarles flores”.

Saber qué fue de tu padre, de tu abuelo, de tu tío, poder recuperar algo de sus pertenencias personales, de su historia, es algo básico, es un mínimo para después, sobre eso, construir cualquier concordia

Ignacio Escolar

El drama, apuntó, está en que hay otra parte de las víctimas, que además “son mayoría en números absolutos”, que durante años fue “ignorada”, incluso “bien entrada ya la democracia”. Fueron historias que eran “tabú”. Y, de hecho, también arremetió contra el que el hecho de que se contraponga la “concordia” como antítesis de la memoria histórica. “Saber qué fue de tu padre, de tu abuelo, de tu tío, poder recuperar algo de sus pertenencias personales, de su historia, es algo básico, es un mínimo para después, sobre eso, construir cualquier concordia”.

Y por todo ello, consideró “terrorífico” que algo tan esencial como “poder honrar a tu abuelo”, que es “algo que las víctimas del otro bando han tenido siempre”, sea “un motivo de conflicto 90 años después”.

 Sánchez Lubián añadió que tanto en su libro como en el anterior que escribió sobre los presos del franquismo que construyeron la Academia de Infantería de Toledo, ha podido comprobar cómo se ha ido creando “una maraña de silencio”. “A veces las familias han creado un relato paralelo para justificar lo que les pasó a ellos, pero eso no se correspondía luego con la realidad. Eso es injusto. Conocer la verdad no es revanchismo, es encontrar respuestas”.

De hecho, durante su intervención puso como ejemplo el caso de Federico García Lorca. “Yo a veces no pienso en García Lorca. Pienso en las tres personas que fueron fusiladas y enterradas con él. El maestro y aquellos dos banderilleros. Esa gente no sabe dónde tiene que ir a llevar las flores. ¿Que la familia de García Lorca no hace nada para localizar a sus restos? Bueno, pero las otras familias tienen derecho a ello”.

Pero, ¿se pudo haber hecho esa reparación de la memoria mucho antes, durante la transición democrática y los primeros años de la década de los 80? Ambos periodistas consideraron que sí. El autor del libro se mostró convencido de que hay un “déficit del que todos somos responsables” pero principalmente los primeros gobiernos democráticos.

“Hay quienes dicen que la Ley de Memoria Democrática lo que hace es resucitar males del pasado, pero gracias a esa ley se está exhumando a mucha gente enterrada en las cunetas. Y gracias a ella se ha puesto en marcha, por ejemplo, la creación de un banco público de ADN, que puede parecer una cosa etérea, pero es importantísimo, porque hasta ahora las exhumaciones se hacían mediante gestión privada”. En definitiva, apuntó, la mencionada norma viene a considerar que la democracia es “mucho más que resignificar”.

El director de elDiario.es también opinó que “se llega tarde” porque “muchos de los familiares que están buscando a sus abuelos están muriendo”. Admitió que durante el periodo en que Adolfo Suárez estaba legalizando al Partido Comunista, y con las tensiones militares que luego desembocaron en el golpe de Estado de 1981, no había en las fuerzas democráticas “capacidad suficiente como para forjar esa reparación” y hubiera sido “darle demasiadas cucharadas de ricino al Ejército”.

“Pero después, en el año 1982, con Felipe González y una mayoría apabullante, y después del golpe de Estado, sí habría sido el momento para poder hacerlo. E incluso hubiera sido más fácil de explicar políticamente, porque uno de los argumentos que utilizan ahora los que se oponen es por qué se hace actualmente”.

En este punto, surgió el debate sobre la educación en las aulas. Aunque sí hay museos y monumentos que ahora dignifican a muchas de esas víctimas olvidadas, no ocurre igualmente en la educación pública. Así lo reconoció el propio Escolar: “En la E.G.B. nunca llegábamos a la Guerra Civil, nunca”.  

Es necesario un ejercicio para que la gente entendiera lo que es la democracia, lo que le ha costado a este país tener una educación, una sanidad pública, un estado de bienestar, y eso es un déficit que estamos arrastrando

Enrique Sánchez Lubián

Y Sánchez Lubián lo confirmó. “Ahora que tanto nos ocupamos ante el revival franquista, nos damos cuenta de que habría que haber hecho una labor de pedagogía, no solamente por explicar la historia en las aulas, sino también por inculcar que la libertad democrática no afecta solo a los tiempos de la guerra, sino también al presente. Un ejercicio para que la gente entendiera lo que es la democracia, lo que le ha costado a este país tener una educación, una sanidad pública, un estado de bienestar, y eso es un déficit que estamos arrastrando”.

Al hilo de ello se refirió a actuaciones como los recientes abusos policiales en cargas contra manifestantes universitarios, las denuncias contra elDiario.es por investigaciones como la de Julio Iglesias, las actuaciones de militares contra migrantes en Ceuta o ver a un agitador de ultraderecha (en referencia a Vito Quiles) vitoreado por legionarios. “Eso es un déficit democrático y contra ello tendríamos que haber puesto una vacuna hace tiempo”.

De hecho, otro ejemplo que puso es el de los jóvenes que acudieron el pasado 12 de octubre a la Puerta del Sol a increpar a los acampados por la vivienda, con consignas fascistas y franquistas, y banderas con la cruz de Borgoña. “Me preocupa de dónde han salido, porque seguramente ninguno de ellos ni sabe ni quién es José Antonio (Primo de Rivera) ni nada de nada”.

Sobre esta cuestión, Escolar hizo mención a una conversación con Iñaki Gabilondo a este respecto, en la que le remarcó que estos chicos y chicas que gritan ‘Viva Franco’ no aguantarían “ni diez minutos, o doce, a más tardar, en una dictadura”.  “Hay cosas muy básicas que ellos dan por sentadas, como que una mujer pueda abrir una cuenta corriente sin permiso del padre o del marido, o que puedas querer a quien quieras, y que antes no eran posibles. Pero lamentablemente hay una corriente, yo creo que algo frívola en primer sentido, o casi pop, de reivindicar cosas de las que desconocen todo”.

También la denominada ‘Ley de Nietos’ y el hecho de que el Tribunal Supremo haya paralizado la posibilidad de votar a los descendientes de exiliados españoles ocuparon parte del coloquio entre ambos periodistas. Mientras Sánchez Lubián destacó que es “sintomático” de que mucha gente en la derecha política no es consciente de la “dimensión del exilio español”, Escolar consideró “terrible” el debate sobre la cuestión.

De hecho, apuntó que la famosa orden del decreto por la que se permite ese voto incluye “exactamente la misma definición” que se hizo con la Ley de Memoria Histórica del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. “Esto, que era pacífico en 2007 y es prácticamente un copia-pega que es fácil de comprobar en el BOE, ahora se convierte en un gran escándalo. Yo creo que en parte tiene que ver también con una mala conciencia por la historia de la derecha española”.

Y al hilo de ello, ambos reflexionaron sobre la polarización política actual. “Cada vez hay menos violencia, pero al mismo tiempo, hay más odio. En gran medida por cómo funcionan los algoritmos en las redes sociales, hay cada vez más discursos encendidos de rechazo al de en frente, de rechazo que no piensa como tú”.

Aunque para el director de elDiario.es resulta “inimaginable un nuevo conflicto militar o una represión y una dictadura asesina como la de la posguerra”, sí dejó claro que “no hace falta llegar a eso para que haya un retroceso democrático”. Para ello puso ejemplos como los de Hungría o Polonia.

Incluso si hay mayoría absoluta del PP con Vox, será muy difícil aprobar según qué cosas si hay un 70 o un 80% de la población a la que le parece mal algo tan básico como no echar de casa a una señora de 87 años

Ignacio Escolar

“Cuando hay un partido en el Parlamento que no reconoce la legitimidad del Gobierno desde el minuto uno, pone en duda el resultado electoral y arrastra a la otra fuerza de oposición a esos mismos discursos, cuestionando la limpieza de las elecciones, todo eso es una amenaza de retroceso democrático sin que por eso vayamos a volver a tener fosas comunes ni fusilados”, destacó.

No obstante, también dejó claro que, por “ver el vaso medio lleno”, hay muchas leyes que suponen avances sociales y que no se van a modificar. “Porque se está generando una nueva conciencia social que hará que, incluso si hay mayoría absoluta del PP con Vox, sea muy difícil aprobar según qué cosas si hay un 70 o un 80% de la población a la que le parece mal algo tan básico como no echar de casa a una señora de 87 años”, en referencia al clamor social derivado del desahucio de Maricarmen Abascal.

Por último, Enrique Sánchez Lubián insistió en la necesidad de seguir investigando, buceando en los archivos. “Hay que seguir apostando por la digitalización de todos los documentos, porque muchas veces encuentras expedientes que dicen no se pueden consultar porque su estado de conservación es tan nefasto que se va a deshacer el papel. Y hay que seguir recogiendo testimonios de familiares. Seguir trabajando por la memoria, por desenterrar todo lo tapado y olvidado”, concluyó.

Enrique Sánchez Lubián (Alcázar de San Juan, 1956) ha ejercido el periodismo durante más de 40 años, habiendo sido jefe de prensa del Ayuntamiento de Toledo. Ha combinado la labor periodística con la divulgativa, siendo autor de libros como 'Besteiro, años de juventud'; 'Domingo Alonso, apóstol del socialismo toledano'; 'Emelina, la belleza que alumbró a la República'; 'El reloj de la cárcel, Poesías y leyendas de Francisco Machado'; 'Crónica negra de Toledo. Truhanes, pícaros, asesinos y otras gentes de mal vivir'; 'Luisa Alberca, reina de los seriales en la España de los 50'; 'Toledo en la II República'; o 'Los presos que construyeron la Academia de Toledo'.