Bajo tierra no se escuchan los gritos. O sí. Excavar para volver a escuchar esas voces que nunca callaron es lo que hace Bajo tu piel, una creación teatral dirigida y guionizada por Raúl San Julián. Cuatro fusilados por el franquismo, con nombres y apellidos reales, se encuentran en una fosa. Ahí se preguntan si hay alguien que les espera, si hay alguien que volverá a por ellos. Pasaron 80 años para que sucediera. Tres de ellos fueron exhumados en julio de 2023.

Todo el proceso quedó recogido en una cinta documental que pronto verá la luz, cuando se inserte la grabación de la obra en la película. En el medio, tan solo una bombilla que marca el pasar y pesar de los días, de los meses y de los años. Los bisnietos, nietos y familiares de todos ellos podrán escuchar el eco de las voces de sus antepasados durante los tres días que se representará la obra

Aunque esta historia comenzó el 7 de agosto de 1939, cuando las balas de un pelotón de fusilamiento segaron una vez terminada la guerra civil las vidas de José Sahuquillo, José Tendero, Dídimo Martínez y Antonio Belaña en Chinchilla de Monte-Aragón (Albacete), su producción audiovisual no tomó forma hasta hace algunos años. “Todo parte de un relato que escribí hace una década con tintes de realismo mágico y que un viejo amigo me propuso producir”, comenta el también dramaturgo, documentalista e historiador.

Este especialista en desapariciones en Latinoamérica volvió a su viejo profesor de arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid, Ángel Fuentes. Le dijo que en apenas unos días empezaría la búsqueda de cuatro cuerpos en el mencionado pueblo de Albacete. Era la primavera de 2022, se comenzaba a fraguar el rastreo de los desaparecidos y San Julián ya sabía que los cuatro personajes de su relato serían rebautizados con el nombre de los cuatro desaparecidos.

El esmero de un grupo de amigos y gente cercana hizo posible lo que parecía inalcanzable. El equipo del cineasta logró el material indispensable para grabar la búsqueda de los cuerpos de la mano de los arqueólogos y sus familias. La hazaña tuvo lugar en julio de 2023. “Estaba planificada para hacerla en tres días. Lo primero que encontramos fue una fosa vaciada. Un vecino nonagenario dijo que los cuerpos estarían unos metros más allá, y ahí que estaban. Los encontramos dos días después”, completa San Julián.

Los huesos de José Sahuquillo, José Tendero y Dídimo Martínez aparecieron debajo de los restos de tres bebés no bautizados. Las cámaras de Esperanza Films —nombre de la productora— grabaron todo el proceso, también las lágrimas, incluso sonrisas, que se derramaban por el rostro de los familiares al conocer el hallazgo. En total, 60 horas de grabación en las que se llegó a ver una imagen almodovariana: “Mientras los arqueólogos trabajaban en la exhumación, las señoras estaban sentadas como en un corro manchego, hablando de sus cosas, vestida cada una de un color”, describe el director.

La ficción de una realidad cruda

En marzo de 2024 se cerró la herida, al menos para estas tres familias. Un entierro con orquesta republicana y puños en alto puso el punto y final a una larga lucha contra el olvido. Los seres queridos de Antonio Beleña todavía sobreviven al día a día sin saber dónde reposa su cuerpo. Sin embargo, para el equipo de San Julián se abría otro proceso: hacer realidad lo planteado al principio, llevar a escena y producir su relato original, titulado 80 años. 

Reconvertida en Bajo tu piel, que llega a las tablas por primera vez acogida por el Teatro del Barrio, en Lavapiés (Madrid), la historia nos obliga a mirar hacia abajo, desenterrar el pasado. “Si alguno puede soñar, que sueñe. Ese mundo que todos hemos perseguido, ese mundo aún no ha llegado”, tal y como dice uno de los personajes durante la función. A lo largo de la trama, varios momentos levantan la esperanza de los enterrados, muertos sin saberlo, al escuchar pasos, lloros y movimiento sobre sus cabezas. Abajo, cigarrillos y un libro se convierten en el mayor pasatiempo. El agua filtrada por las rocas y la arena, su alimento. 

Como si de un mantra se tratara, un pequeño diálogo se repite entre los cuatro: “Eso es lo que quieren, que nos volvamos locos y nos matemos entre nosotros”, comienza. “Eso que se ahorran”, responden. “Munición segura”, terminan. Mientras tanto, la bombilla siempre se enciende después de apagarse, hasta que unos 60 minutos después de su primer fogonazo, la luz decae. “Son meses que parecen años. La vida entera”, dicen.

Décadas de silencio

María Dolores Tendero Ramírez es la nieta de José Tendero Martínez, labrador y último alcalde de Madrigueras (Albacete) antes de estallar la guerra en julio de 1936. La voz de esta ordenanza de instituto se quiebra al hablar del silencio que vertebró la no conversación fraguada en torno a lo sucedido: “Mi padre, Andrés Tendero Carretero, jamás habló de esto, nunca. Mis hermanos a lo mejor sabían algo porque eran mayores, y mi madre a veces decía algo, pero mi padre nunca. Él sentía un dolor tan grande por mi abuelo que no quería transmitirlo”.

José Tendero militaba en Sol Naciente, un sindicato adscrito a la UGT. Primero como concejal por el grupo socialista en los primeros años de la década de 1920, en 1936 volvió a la corporación municipal. Más tarde, una enfermedad le obligó a dimitir como regidor, y permaneció como edil hasta el final de la contienda. Quedaba poco para su final. Según la sentencia, la detención tuvo lugar el 4 de abril de 1939, aunque la denuncia llegó cinco días más tarde. “Es un caso muy raro, pero los condenaron rápidamente. El 25 de abril ya estaban sentenciados a muerte por un tribunal de La Roda”, añade María Dolores a sus 61 años.

Nunca se les olvidará. El 7 de agosto de 1939 los mataron en Chinchilla de Monte-Aragón, donde aparecieron sus restos hace unos tres años. “Lo que más me pesa es que hayan pasado tantos años. Yo estoy muy orgullosa de mi abuelo. Mi padre siempre decía que era muy buena persona”, dice la nieta de José Tendero.

La misma fecha persigue desde que lo supo a María del Pilar Orozco Sahuquillo, bisnieta de José Sahuquillo, teniente de alcalde de Madriguera, labrador y bodeguero. Siempre que ella, llevada por una curiosidad que nació a edad temprana, preguntaba a su abuelo, Andrés Sahuquillo, por lo sucedido, recibía la misma respuesta: “Que te calles”. Como tantos otros miles, el delito de José Sahuquillo fue mantenerse leal a la legalidad republicana, lo que años después sería castigado como un delito de auxilio a la rebelión. 

Este militante socialista, cuñado de José Tendero, llegó a ser alcalde de Madrigueras durante un tiempo. De hecho, la familia todavía conserva el bastón de mando. “No sabemos por qué, porque aquí nadie ha hablado en mucho tiempo, pero él terminó como alcalde”, destaca la bisnieta. Por otro lado, María del Pilar critica la “desconsideración” que el PSOE albaceteño ha mostrado por la exhumación de uno de sus militantes asesinados por los franquistas. 

“Yo no sabía por qué tenía tanto interés en conocer más a este hombre de mi familia, pero que nunca conocí. Me dijeron que había heredado el dolor, algo que normalmente nos ocurre a las mujeres. El día que abrieron la fosa y supe que ahí estaba mi bisabuelo, ese día se me quitó ese dolor”, relata la misma María del Pilar. Era como si siempre hubiera estado esperándoles, añade. “Encontrarles y poderles enterrar significa haber hecho justicia, por fin, tras tantos años de silencio e invisibilidad”, admite.

Un médium contra el dolor enquistado

En ‘Bajo tu piel’, el actor Aníbal Soto da vida a José Sahuquillo. Al igual que sus compañeros de elenco Iván Villanueva, Javier Lera y Antonio Chamizo, su cuerpo intenta convertirse en una suerte de médium mediante el que comunicarse con el público, con los vivos. “Sabemos que bajo estos nombres encarnamos a muchísimas personas que aún necesitan justicia. Siguen siendo seres humanos que, aunque fallecidos, representan una vida que continúa en el recuerdo de las personas que les esperan”, comenta.

Soto resume la obra como una forma de habitar la duda de si alguien volverá a por esos cuerpos inertes, asesinados, que también se entrelaza con la de sus familiares: “La voz de los que estamos ahí dentro es la de sus allegados pidiendo que por favor nos saquen”, concede el actor. Él mismo finaliza: “Solo queremos que este dolor enquistado en muchísimas familias, transformado en traumas, en formas de ver el mundo, en un maltrato para buena parte de la población, que de una vez por todas esta deuda quede satisfecha”.

El Parlament balear ha aprovat aquest dimarts una moció sobre memòria democràtica impulsada pel grup Mixt-Unides Podem, si bé el bloc format per PP i Vox ha rebutjat algunes de les seves mesures més contundents, com la retirada de símbols franquistes, la revisió dels honors atorgats als responsables de la dictadura franquista i el reforç de les polítiques públiques de memòria. Conservadors i extrema dreta també s'han oposat a impedir qualsevol manifestació que impliqui la glorificació de l'alçament militar, de la dictadura o del mateix Franco.

Durant el debat, la diputada del PP Cristina Gil ha defensat el rebuig del seu grup a diverses d'aquestes mesures, emmarcant-lo en una crítica de fons a les polítiques de memòria desplegades a Balears. “Un Parlament que deroga una llei no està destruint la democràcia, l'està exercint”, ha asseverat, en al·lusió a la recent supressió de la llei autonòmica de memòria democràtica.

Gil ha qüestionat, a més, el fet que la memòria depengui d'un text legislatiu, ironitzant que, segons l'esquerra, sense aquesta norma els ciutadans “es despertarien sense recordar res”. En contraposició, ha reivindicat una memòria que “viu en arxius, en famílies i en llibres”. La diputada popular ha justificat el seu rebuig a mesures com impedir actes d'exaltació franquista en considerar que prohibir-los suposaria una limitació de drets fonamentals com la llibertat d'expressió.

Cal assenyalar que a Espanya no existeix un delicte específic que prohibeixi l’exaltació del franquisme: el Codi Penal inclou els delictes d'incitació a l'odi per raó de gènere, raça, religió o altres circumstàncies, així com el de “negació o justificació” del genocidi, però no fa esment a l'apologia del franquisme o del feixisme. Amb tot, el Congrés va donar llum verda l'any passat a la reforma de la llei d'associacions per introduir com a causa de dissolució la realització d'activitats que constitueixin apologia de la dictadura o dels seus dirigents. La norma no implica una il·legalització automàtica, sinó que han de ser els tribunals els que avaluïn cada cas i decideixin si procedeix dissoldre una entitat.

En un dels moments de la seva intervenció, Gil ha ampliat el debat més enllà del context espanyol i ha apel·lat als “més de 100 milions d'assassinats” que algunes fonts atribueixen al comunisme per qüestionar la legitimitat de l'esquerra a l'hora de donar “lliçons” sobre drets humans.

Per la seva banda, el diputat de Vox Sergio Rodríguez ha acusat directament l'esquerra de “no tenir memòria ni ser demòcrata” i de voler imposar “una veritat falsa” sota amenaça de sanció: “Tot aquell que dissenteixi, multa o presó”, ha insinuat. El parlamentari ha articulat la seva intervenció entorn d'una comparació sistemàtica entre l'Espanya actual i el franquisme, enumerant dades econòmiques i socials per reivindicar aquest període —major pes industrial, més accés a l'habitatge, millors taxes d'emancipació juvenil, menor criminalitat o reducció de l'analfabetisme—, malgrat que la majoria d'aquests indicadors són objecte de controvèrsia entre historiadors.

Rodríguez ha arribat a atribuir al franquisme el desenvolupament de la xarxa sanitària pública i de la Seguretat Social, citant hospitals i mesures implantades durant la dictadura, obviant que, tot i que el règim va impulsar estructures inicials de protecció social, el sistema sanitari universal i l'Estat del benestar actuals s'han desenvolupat principalment en democràcia.

Reconeixement de les associacions de víctimes

Malgrat el rebuig d'aquestes mesures, sí que han tirat endavant altres punts de caràcter general, com el compromís de reconèixer el paper social de les associacions de víctimes de la guerra civil i de la dictadura franquista inscrites en el registre autonòmic; el compliment de les resolucions de Nacions Unides sobre els drets de les víctimes de violacions de drets humans; la garantia de l'exercici efectiu dels drets a la reparació, la veritat, la memòria democràtica, el reconeixement i la justícia de totes les víctimes del conflicte bèl·lic, i el desenvolupament de “totes les mesures legals” per aconseguir aquest objectiu, entre les quals l'organització d'activitats extraescolars per als alumnes d'educació secundària.

La moció insta el Govern, a més, a vetllar per la comprensió i la difusió de la història de Balears durant la Segona República, la guerra civil, la dictadura franquista, la Transició i l'Estatut d'Autonomia, així com a continuar amb els homenatges institucionals a les víctimes.

Al text s'han introduït diverses esmenes del PSIB i de MÉS per Mallorca que aborden qüestions com la continuïtat de les polítiques de memòria democràtica; la col·laboració interinstitucional en l'organització d'accions de reparació; l'organització d'un acte civil de sepultura al ‘Memorial de la Dignitat’ del cementiri de Palma; l'ampliació del Pla de Fosses; i la instal·lació de pedres de la memòria, també conegudes com a Stolpersteine, als municipis de Balears.

El Parlament balear ha aprobado este martes una moción sobre memoria democrática impulsada por el grupo Mixto-Unides Podem, si bien el bloque formado por PP y Vox ha rechazado algunas de sus medidas más contundentes, como la retirada de símbolos franquistas, la revisión de los honores otorgados a los responsables de la dictadura franquista y el refuerzo de las políticas públicas de memoria. Conservadores y extrema derecha también se han opuesto a impedir cualquier manifestación que implique la glorificación del alzamiento militar, de la dictadura o del propio Franco.

Durante el debate, la diputada del PP Cristina Gil ha defendido el rechazo de su grupo a varias de estas medidas enmarcándolo en una crítica de fondo a las políticas de memoria desplegadas en Balears. “Un Parlament que deroga una ley no está destruyendo la democracia, la está ejerciendo”, ha aseverado, en alusión a la reciente supresión de la ley autonómica de memoria democrática.

Gil ha cuestionado, además, el hecho de que la memoria dependa de un texto legislativo, ironizando con que, según la izquierda, sin esta norma los ciudadanos “se despertarían sin recordar nada”. Frente a ello, ha reivindicado la memoria que “vive en archivos, en familias y en libros”. La diputada popular ha justificado su rechazo a medidas como impedir actos de exaltación franquista al considerar que prohibirlos supondría una limitación de derechos fundamentales como la libertad de expresión.

Cabe señalar que en España no existe un delito específico que prohíba la exaltación del franquismo: el Código Penal incluye los delitos de incitación al odio por razón de género, raza, religión u otra circunstancia y también el de “negación o justificación” del genocidio, pero no hace mención a la apología del franquismo o el fascismo. Con todo, el Congreso dio luz verde el año pasado a la reforma de la ley de asociaciones para introducir como causa de disolución la realización de actividades que constituyan apología de la dictadura o de sus dirigentes. La norma no implica una ilegalización automática, sino que deben ser los tribunales los que evalúen cada caso y decidan si procede disolver una entidad.

En uno de los momentos de su intervención, Gil ha ampliado el debate más allá del contexto español y ha apelado a los “más de 100 millones de asesinatos” que algunas fuentes atribuyen al comunismo para cuestionar la legitimidad de la izquierda a la hora de dar “lecciones” sobre derechos humanos.

Por su parte, el diputado de Vox Sergio Rodríguez ha acusado directamente a la izquierda de “no tener memoria ni ser demócrata” y de querer imponer “una verdad falsa” bajo amenaza de sanción: “Todo aquel que disienta, multa o cárcel”, ha insinuado. El parlamentario ha articulado su intervención en torno a una comparación sistemática entre la España actual y el franquismo, enumerando datos económicos y sociales para reivindicar ese periodo -mayor peso industrial, más acceso a la vivienda, mejores tasas de emancipación juvenil, menor criminalidad o reducción del analfabetismo-, a pesar de que la mayoría de estos indicadores son objeto de controversia entre historiadores.

Rodríguez ha llegado a atribuir al franquismo el desarrollo de la red sanitaria pública y de la Seguridad Social, citando hospitales y medidas implantadas durante la dictadura, obviando que, aunque el régimen impulsó estructuras iniciales de protección social, el sistema sanitario universal y el Estado del bienestar actuales se han desarrollado principalmente en democracia.

Reconocimiento de las asociaciones de víctimas

Pese al rechazo de estas medidas, sí han salido adelante otros puntos de carácter general, como el compromiso de reconocer el papel social de las asociaciones de víctimas de la guerra civil y de la dictadura franquista inscritas en el registro autonómico; el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas sobre los derechos de las víctimas de violaciones de derechos humanos; la garantización del ejercicio efectivo de los derechos a la reparación, la verdad, la memoria democrática, el reconocimiento y la justicia de todas las víctimas del conflicto bélico y el desarrollo de “todas las medidas legales” para lograr este objetivo, entre ellas la organización de actividades extracurriculares para los alumnos de educación secundaria.

La moción insta al Govern, además, a velar por la comprensión y la difusión de la historia de Balears durante la Segunda República, la guerra civil, la dictadura franquista, la Transición y el Estatut d'Autonomia, y a continuar con los homenajes institucionales a las víctimas.

Al texto se han introducido diversas enmiendas del PSIB y de Més per Mallorca que hablan sobre cuestiones como la continuidad de las políticas de memoria democrática; la colaboración interinstitucional en la organización de acciones de reparación; la organización de un acto civil de sepultura en el 'Memorial de la Dignidad' del cementerio de Palma; la ampliación del Plan de Fosas; y la instalación de piedras de la memoria, también conocidas como Stolpersteine, en los municipios de Balears.

El Fuerte franquista de San Cristóbal por el que pasaron más de 7.000 presos republicanos ha sido declarado Lugar de Memoria por el Estado este miércoles tras su publicación en el BOE. En enero, los Gobiernos navarro y central firmaron un protocolo por el cual, además de la declaración, se convertirá el fuerte en un Centro de Interpretación Histórica (que incorpore los espacios emblemáticos) al que se podrán hacer visitas guiadas.

“Hoy es un día importante para su recuerdo. Y también para mirar al futuro desde el ejemplo de su compromiso. Y para ello los símbolos son importantes. Y el hecho de que hoy este enclave se haya declarado formalmente Lugar de Memoria es un hito importante en un camino que arranca muchos años atrás”, ha señalado la vicepresidenta segunda y consejera de Memoria, Ana Ollo. “Los lugares de Memoria Democrática tienen una finalidad pedagógica y de divulgación. La placa que se ha descubierto pretende fundamentalmente que las nuevas generaciones de la juventud navarra conozcan la historia del Fuerte de San Cristóbal, especialmente su vinculación con la represión franquista, y la fuga que se produjo en mayo de 1938 con las consecuencias tan atroces para quienes lo intentaron”, ha añadido el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez.

El fuerte de San Cristóbal fue uno de los principales penales de la dictadura por el que pasaron más de 7.000 presos políticos republicanos, de los que 795 protagonizaron en mayo de 1938 la mayor fuga carcelaria de Europa hasta la fecha, si bien solo tres lograron el objetivo de recorrer los 53 kilómetros que los separaban de Francia. La gran mayoría de ellos fueron ejecutados en los montes de alrededor o capturados y devueltos al penal.

En el acto celebrado este martes en el que se ha inaugurado la placa que lo define como Lugar de Memoria ha participado Ana Fernández Gurrutxaga, hija de Jovino Fernández, uno de los únicos tres presos que lograron alcanzar la frontera francesa. Además de recordar la historia de su padre quien, tras huir a Francia del fuerte volvió al frente republicano de Barcelona donde conoció a su madre, Luisa Gurrutxaga, con quien acabó en el exilio- ha puesto la mirada en dos cuestiones. Por un lado, ha elogiado el “gran trabajo que se hace en Navarra para que la historia de las víctimas del franquismo no quede sepultada en el olvido: sin memoria no se hace camino”, ha dicho.

Por otro lado, desde una perspectiva más actual y amplia (Ana, de 82 años, vive en Breziers, el sur de Francia) ha resaltado previamente durante la visita a Navarra la importancia de que, sobre todo “los y las jóvenes conozcan lo que pasó”. “No solo en la Guerra Civil y la dictadura franquista, sino también por ejemplo en Francia con el régimen de Petain en la II Guerra Mundial. Es increíble, para alguien que pertenece a la generación del 44 como yo, que esto sea así y más en el contexto actual”, ha reflexionado.

Antes del acto, en el Palacio de Navarra se ha constituido la Comisión de Seguimiento contemplada en el protocolo firmado recientemente entre el Estado y Navarra. Para su adecuado seguimiento, coordinación, control e interpretación de lo establecido en él, se han creado dos instrumentos: por un lado, una comisión de Asesoramiento Científico y Técnico integrada por personas expertas; y, por otro lado, en un ámbito más político e institucional, una comisión de seguimiento paritaria integrada por dos representantes designados por cada una de las tres partes firmantes del mismo. Así, esta última está copresidida por el titular de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, y la vicepresidenta del Gobierno de Navarra, Ana Ollo. 

En la reunión se ha acordado la puesta en marcha de un grupo de trabajo técnico para avanzar en temas como la elaboración de un diagnóstico del estado de conservación del Fuerte de San Cristóbal y una propuesta de calendario de las medidas urgentes de intervención (a cargo del Estado) para garantizar la seguridad; el régimen de visitas públicas y educativas del monumento o compartir información sobre el futuro proyecto memorialista que está preparando el Gobierno de Navarra. La Comisión ha trabajado un calendario para seguir avanzando en los respectivos temas en los próximos meses. 

El objetivo principal de este Protocolo General es fijar el marco general de colaboración entre los dos gobiernos. Además de esa declaración como lugar, el Gobierno de España se compromete a “colaborar en la custodia, vigilancia y conservación del inmueble en tanto la propiedad y/o posesión del inmueble residan en la Administración General del Estado. 

A estos efectos, al margen de las visitas públicas, “el acceso al Fuerte de San Cristóbal se deberá autorizar por la Delegación del Ministerio de Defensa en Navarra”, se especifica en el protocolo vigente. Aunque también se apuesta por “favorecer el mantenimiento del régimen de visitas exigido por la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, así como facilitar al Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera del Gobierno de Navarra el acceso y la organización de un régimen de visitas guiadas, complementarias al régimen previsto por la mencionada Ley 16/1985, estableciendo las condiciones adecuadas para ello”. Para garantizar la seguridad de estas actividades el Estado realizará “un diagnóstico del estado de conservación del bien y de las medidas urgentes de intervención”. 

Por parte del Gobierno de Navarra –que también contempla la importancia del trabajo con entidades locales y sociales-, se impulsará un proyecto memorialista diseñado por el Instituto Navarro de la Memoria, con la participación de las asociaciones memorialistas, así como la puesta en marcha de “un Centro de Interpretación Histórica del Fuerte y de sus usos carcelarios. Un proyecto que incorpore espacios emblemáticos como el cuerpo de guardia, el primer patio, las celdas de castigo, el patio central, las galerías, las brigadas y los aljibes, así como el cementerio de las Botellas”. También corresponderá a la Administración Foral “implementar un régimen de visitas públicas del monumento, tanto para la ciudadanía, en general, como para el alumnado de los centros escolares de Navarra, sin perjuicio de las competencias del Ministerio de Defensa como titular del bien, y contando con la participación de la administración local” según indica en el documento legal.

El Ayuntamiento de Barcelona ha presentado un Plan estratégico de memoria que plantea la creación de diversos espacios memoriales y actividades para “contrarrestar una cierta falta de transmisión pública y educativa de la historia del siglo XX”. Entre las principales propuestas destaca la inauguración de un espacio memorial en el Castillo de Montjuïc sobre el terrorismo.

Este museo, que también funcionará como archivo y centro de investigación, zanja una larga negociación con las víctimas del terrorismo, que hace años que piden a diversas instituciones -entre ellas el Ayuntamiento- más reconocimiento y acompañamiento. El consistorio se comprometió a crear este espacio ya en 2024 y ahora queda financiado bajo el paraguas de este Plan estratégico.

Se espera que las obras finalicen durante el primer semestre de este 2026, aunque el espacio de memoria y museo no se estrenará hasta 2027. La idea es que este castillo, históricamente vinculado a la represión militar y en el que se llevaron a cabo diversas ejecuciones durante el franquismo, tenga 200 metros cuadrados dedicados a la divulgación sobre estos episodios.

El consistorio apunta que combinará una exposición permanente con actividades de investigación y educativas. “Barcelona ha estado marcada por episodios de alto impacto, como los atentados multitudinarios de Hipercor, en 1987, y de la Rambla, en 2017, que han dejado una profunda huella humana, social y emocional en la ciudad”, apuntan desde el Ayuntamiento. Por ello, el memorial pretende ser un espacio que explique “con rigor y sensibilidad” el terrorismo “en toda su complejidad, situando a las víctimas en el centro y contribuyendo a su reconocimiento”.

La teniente de Alcaldía del área de Derechos Sociales y Memoria Democrática, Raquel Gil, considera que “se debe preservar el pasado para fortalecer el futuro” y destaca que el Plan de memoria es “fruto de un proceso colectivo”. A él han contribuido diversas entidades como el Observatorio Europeo de Memorias (EUROM), la Asociación Pro-Memoria de los Inmolados por la Libertad en Catalunya, el Ateneu de Memoria Popular, el Amical de Mauthausen, el de las Brigadas Internacionales, el espacio feminista Ca la Dona o la Fundación Cipriano García.

Y es que, además del memorial de terrorismo, el Plan -financiado con 6.151.280 euros- contempla otros proyectos, como el Centro Model de la Memoria, que transformará la antigua galería 4 de la cárcel en un espacio museístico. También se revisará la normativa del nomenclátor de la ciudad para “garantizar la coherencia y la precisión historiográfica”, así como para impulsar nombres que, hasta ahora, han sido “poco visibles”, con especial atención a la “necesaria feminización” de las calles.

Por último, también se reactivará la Junta de Valoración del Tardofranquismo, que revisará los protocolos e incorporará perfiles no contemplados hasta la fecha, como el de las mujeres internadas en el Patronato de Protección a la Mujer, las represaliadas por motivos políticos o morales o las perseguidas por su orientación sexual y de género.

Además, se prevé realizar un ciclo de actividades, con diversas propuestas educativas, así como la creación de una web interactiva sobre el pasado esclavista de Barcelona. En él, se identificarán los espacios de la ciudad vinculados al tráfico de esclavos. “Son memorias que han estado largamente silenciadas y la ciudad conserva numerosas trazas de esta participación, desde los domicilios de armadores de indianos hasta aquellos financiados con capitales procedentes de la explotación”, apuntan desde el Ayuntamiento.

Mientras España estrenaba Constitución, prometía derechos y libertades dejando atrás una larga dictadura de cuatro décadas y respiraba una atmósfera efervescente y liberadora, Loli Gómez Benito pisaba por primera vez los fríos suelos del centro conocido como Peñagrande, en el que viviría hasta 1983 junto a otras jóvenes madres o embarazadas. Tenía 15 años y allí daría a luz a sus dos hijos, fruto de las violaciones continuadas de su propio padre. Fue él quien la entregó al Patronato de Protección de la Mujer, la institución que desde 1941 encerró en centros regentados por religiosas a las chicas consideradas 'inmorales' y que no detendría su actividad ni con la muerte de Franco.

Diez años más tuvieron que pasar desde el 20 de noviembre de 1975 para que estos reformatorios, de los que hasta hace poco apenas se hablaba, cerraran definitivamente. “Fue entrar en un infierno, en un mundo diferente. Para mí fue como si me hubieran metido en una película. No entendía por qué estaba allí”, cuenta Loli, que recuerda las “largas jornadas de trabajo” en los talleres a las que estaban obligadas, incluso estando embarazadas o habiendo dado a luz pocos días antes. “Yo no tenía ideas políticas en ese momento, pero el contraste con lo que había fuera era grandísimo”, añade.

Consuelo García del Cid, que pasó por varios reformatorios vinculados al Patronato y que se ha dedicado a investigarlo y a unir a las víctimas, estaba dentro de uno de los centros en Madrid gestionado por las Adoratrices cuando murió el dictador. “Nada cambió para nosotras”, dice recordando que aquel día las internas no trabajaron y se dedicaron “al luto y la oración”. Salió un año después, con 17, y prometió a sus compañeras que algún día contaría lo que habían vivido: “Yo estaba convencida de que con la muerte de Franco las cosas iban a ser diferentes. De hecho, hasta hice la maleta”, cuenta.

Pero no fue así y la larga trayectoria del Patronato de Protección a la Mujer se alargó hasta 1985, cuando ya gobernaba el socialista Felipe González. El organismo dependía del Ministerio de Justicia y durante el franquismo tenía la misión de fomentar la “dignificación moral de la mujer” en virtud de las normas del régimen, atravesadas por la religión católica. En la práctica, esto suponía que jóvenes consideradas rebeldes o que se desviaban de estos férreos mandatos –las llamadas “caídas o en riesgo de caer”–, podían acabar en uno de sus reformatorios tras ser denunciadas por la policía, sus vecinos o sus propias familias.

Disolución “por la puerta de atrás”

Su fin definitivo llegó con el Real Decreto del 1 de agosto que hacía efectiva la supresión presupuestaria de varios organismos decidida un año antes. Un “cúmulo de presiones sociales, políticas y mediáticas acabó precipitando” la caída de la institución, según explica la historiadora y autora de Redimir y adoctrinar. El Patronato de Protección a la Mujer (Crítica) Carmen Guillén, que describe un proceso de disolución “por la puerta de atrás” y sin que su desaparición “suscitara un debate político ni revisión pública” como si ocurriría con otras instituciones franquistas. El silencio con el que operó durante más de 40 años perduró en su cierre.

Las presiones a las que se refiere la historiadora, autora de la primera tesis sobre el Patronato, tuvo uno de sus momentos más visibles en septiembre de 1983, cuando la joven Inmaculada Valderrama murió en el reformatorio de San Fernando (Madrid), gestionado por las Cruzadas Evangélicas. Según publicaron los medios, la joven murió al caer de un tercer piso tras intentar fugarse del centro con una “liana de sábanas” atada a la ventana. No era la primera vez que intentaba irse y lo había conseguido hacía poco, pero unos días antes de su fallecimiento fue devuelta tras ser detenida por “presuntamente ejercer la prostitución”.

Ese mismo año, la maternidad de Peñagrande en la que estaba Loli cerró sus puertas y se acordó la expulsión de la congregación que lo dirigía mientras que el Consejo Superior de Protección de Menores definió sus condiciones de vida como “sórdidas”. Había pequeños pasos que ya estaban dándose hacia el fin del Patronato, del que los medios de comunicación locales y El País a nivel nacional habían comenzado a hablar. Ejemplo paradigmático fue un artículo publicado en la revista Vindicación Feminista en 1977 en el que la abogada Magda Oranich relata el “inquisidor régimen” de un reformatorio de Barcelona, al que logró entrar.

Se entrevistó con una de las religiosas “madres” que lo dirigían, que llegó a decirle: “Yo conozco mejor que cualquier psiquiatra a estas niñas. Yo las interrogo, las aconsejo y las medico. Solo en muy contados casos es preciso darles electroshock”. Según explica Guillén en su libro, el artículo era “tan contundente” que las autoridades “intentaron impedir su difusión” mediante una “orden de secuestro” que no prosperó. A través del propio boletín del Patronato, dirigido solo a sus miembros, el organismo intentó defenderse y acusó al texto de “saña, mal estilo y aviesa intención”, según consta en el número 103 del boletín que la historiadora cita en su investigación.

Otro testimonio, esta vez desde dentro del propio organismo, apunta en la misma dirección que las denuncias acumuladas en esos años. Se trata de la carta que una visitadora social contratada por la propia institución escribe a la Junta Provincial de Barcelona en 1978 y que es parte del archivo personal que Consuelo García del Cid ha reunido tras años de investigación. En ella, la trabajadora asegura haber tenido “esperanzas” de que la democratización del país llegara también al Patronato, pero “se mantiene como una isla siguiendo sus métodos represivos, moralistas y clasistas”, reconoció. 123 centros estaban activos ese año, formando una especie de “burbuja franquista” en medio de la Transición y los primeros años de la democracia, como lo define Guillén.

“No se sabía lo que nos hacían”

Aunque el régimen revivió la institución en 1941, esta ya existía antes: era heredera del Patronato Real para la Represión de la Trata de Blancas creado en 1902 y vinculado a la lucha contra la explotación sexual. La República la reorganizó y le dio el nombre que perduraría durante el franquismo, pero se disolvió a los pocos años. De fondo y en sus fines sobre el papel, siempre se mantuvo el supuesto objetivo de la abolición de la prostitución y este elemento estuvo también presente en la dictadura, que hablaba de la “regeneración moral de las mujeres prostituidas”, pero en la práctica sirvió de aparato de control social generalizado hacia la población femenina.

El hecho de que fuera un organismo tan longevo, que su represión se dirigiera específicamente a mujeres y que sus centros fueran dirigidos por congregaciones religiosas que existían antes de la dictadura –y muchas aún hoy– son algunos de los factores que Guillén conecta con su tardía desaparición. “Tenía muy poca visibilidad, pasó desapercibido porque esas estructuras vinculadas a la supuesta caridad religiosa ya existían antes de Franco. No se percibió como un exceso del franquismo y en parte eso tuvo que ver con lo perfectamente instaladas que estaban las congregaciones en la sociedad y con que se daba por hecho que lo que hacían era positivo”.

“Yo creo que no importábamos ni molestábamos. Nadie sabía lo que nos hacían ahí dentro”, explica Micaela Ortiz, que estuvo en el reformatorio de las Oblatas de Segovia hasta 1982. La mujer, que hoy tiene 58 años, entró con sus dos hermanas y lo primero que hicieron las monjas fue separarlas. Aún recuerda los “encierros en armarios pequeños” como castigo, las duchas de agua fría y el “restregar de ortigas en mis partes íntimas” para intentar que no se hiciera pis en la cama. “El día lo dedicábamos a rezar y a limpiar y a la hora de la merienda salíamos un poco al patio. Yo no entendía nada, no sabía dónde estaba ni lo que era aquello. Lo he entendido muchos años después”, reconoce.

Políticamente, hubo algún movimiento encaminado a su disolución tras 1975. El Gobierno de Adolfo Suárez nombró en enero de 1978 a Jaime Cortezo como vicepresidente primero del Patronato con el objetivo de “marcar un cambio de rumbo y, de hecho, llegó a presentar un anteproyecto de ley para modernizar la institución, pero no llegó a ver la luz definitiva. En 1980, el diputado socialista Antonio Sotillo registró en el Congreso varias preguntas al Gobierno sobre el futuro del Patronato, que ”no parece muy adecuado a las demandas de la sociedad“, decía. En 1982, el mismo año que el PSOE llegó a la Moncloa, el grupo socialista volvió a pedir explicaciones.

Tuvieron que pasar algunos años más para que cerrara, después de haber transferido las competencias en materia de “mujer” a las comunidades autónomas y se decidiera eliminar el presupuesto del Ministerio de Justicia para tal fin. Algunos de los centros desaparecieron y otros siguieron vigentes, con otra dirección pero en muchos casos dirigidos por las mismas congregaciones religiosas que entonces. “Varias, de hecho, siguen teniendo funciones vinculadas a lo femenino y tienen programas, por ejemplo, de atención a mujeres víctimas de trata”, explica Guillén.

Las órdenes religiosas organizaron un acto hace menos de un año en Madrid para pedir perdón a las víctimas, pero estas lo rechazaron por cómo se había llevado el proceso. El pasado 20 de marzo, medio centenar de mujeres recibieron el reconocimiento como víctimas del franquismo de parte del Gobierno, que les pidió disculpas. “El estado os falló”, reconoció el ministro de Justicia, Félix Bolaños.

El Govern de Marga Prohens (PP) manté sense difondre una quinzena de treballs sobre memòria democràtica encarregats durant la passada legislatura sobre aspectes clau de la repressió franquista a les Balears. Es tracta d'investigacions de gran abast -amb milers de pàgines en conjunt- i de caràcter multidisciplinari -a nivell històric, psicològic, jurídic...- que van ser promogudes per l'anterior Executiu d'esquerres en el marc del IV Pla de Fosses, desenvolupat a l'empara de la llei autonòmica de recuperació de persones desaparegudes durant la guerra civil i el franquisme -més coneguda com 'llei de fosses'-. D'acord amb el propi disseny del pla, aquests treballs havien de revertir en la societat a través d'exposicions, materials pedagògics i presentacions públiques.

Lluny d'aquest objectiu, els informes romanen avui fora de l'abast de la ciutadania. Les investigacions, que reconstrueixen els episodis menys explorats del cop militar de 1936, la guerra civil i la dictadura franquista, van ser concebudes com una de les peces centrals de la política pública de memòria democràtica a les Balears. No només van ser encarregades, sinó també executades i remunerades: en total, l'Administració autonòmica ha abonat 218.000 euros als diferents autors sense que el seu treball hagi vist encara la llum.

El conjunt d'estudis traça un ambiciós i complex mapa de la memòria històrica a les illes: des de la relació entre l'arxipèlag i la Vall dels Caiguts, on almenys un centenar d'illencs hi foren enterrats després de ser traslladats durant el franquisme, en molts casos sense coneixement de les seves famílies, fins a una anàlisi en profunditat dels bombardejos provinents de Mallorca, passant per estudis més detallats sobre el desembarcament del capità Bayo -la gran ofensiva que va dur a terme la República amb l'objectiu de recuperar la illa de mans dels sublevats-, els mecanismes de repressió desplegats pel franquisme, l'actualització del cens de persones assassinades per la repressió franquista o informes sobre les pròpies polítiques de 'memòria' impulsades durant la dictadura i com aquesta va construir el seu propi relat sobre la guerra i la repressió mitjançant l'exaltació dels vencedors i el silenciament de les víctimes republicanes.

Així mateix, les investigacions aborden dimensions menys visibles de la repressió, com l'impacte del trauma psicològic derivat de la violència i la seva transmissió generacional des del 1936, ampliant així el focus més enllà dels fets estrictament bèl·lics per incorporar-ne les conseqüències socials i emocionals a llarg termini.

Les investigacions aborden des del trasllat d'illencs a la Vall dels Caiguts a estudis més detallats sobre el desembarcament del capità Bayo

Des de l'Executiu autonòmic atribueixen l'absència de difusió al fet que encara es troba pendent rebre la versió definitiva d'un d'ells, relatiu al “cens de víctimes”, que ha hagut de ser “esmenat per discrepàncies entre els membres amb la categoria de causes de mort”. Fonts implicades en el desenvolupament dels treballs apunten, tanmateix, que la majoria dels estudis porten lliurats des de fa més d'un any i que aquests podrien haver-se fet públics de forma independent, atès que la seva publicació -almenys en format digital- no depèn necessàriament de la finalització dels treballs que poguessin estar pendents.

Fonts de la Conselleria de Presidència i Administracions Públiques consultades per elDiario.es asseguren que els informes acabaran veient la llum, però condicionen la seva publicació a què tots compleixin els requisits tècnics establerts, “tant a nivell de contingut com a nivell de disseny”. Un cop completats, precisen, els estudis hauran de passar per un procés d'unificació formal abans de la seva difusió. “El Servei de memòria democràtica haurà de maquetar tots els estudis un per un, ja que no tenen el mateix format i es necessita unificar el disseny per poder publicar-los tots en les mateixes condicions”, apunten, incidint en què la seva voluntat és publicar-los “tots alhora”.

El Govern assegura que els informes acabaran veient la llum, encara que condicionen la seva publicació al fet que tots compleixin els requisits tècnics establerts, "tant a nivell de contingut com a nivell de disseny"

Per a la seva elaboració, els treballs es van integrar en un conjunt de diversos lots que incloïen des d'exhumacions fins a estudis històrics relatius a diverses fosses comunes, passant per l'elaboració del mapa de fosses de Menorca amb l'objectiu de sumar-lo als ja existents de Mallorca, Eivissa i Formentera i completar així el mapa de fosses de les Balears. L'adjudicació va recaure en la unió temporal d'empreses formada per la Sociedad de Ciencias Aranzadi i la consultora Àtics. L'objectiu era no només avançar en el coneixement acadèmic, sinó també traslladar aquests resultats al conjunt de la societat en línia amb els principis de veritat, justícia i reparació.

El trauma 'heretat' des de 1936

Entre les investigacions figura la duta a terme per la psicòloga clínica Anna Miñarro, autora de l'estudi Evolució del trauma entre generacions des del 1936, en el qual analitza com la repressió política, la tortura o les desaparicions que van patir les víctimes del franquisme a les Balears no solament van marcar els seus familiars més propers, sinó que les seqüeles d'aquell horror van assolir generacions posteriors, manifestant-se encara avui, principalment, en forma de depresió, demència i trastorns psicoafectius. Són les principals conclusions d'un informe inèdit a les illes que va desenvolupar acompanyant les víctimes i els seus familiars en els processos d'exhumació i que posa llum sobre els traumes que arrosseguen els descendents dels assassinats, desapareguts i represaliats, les vides dels quals van quedar marcades per la brutalitat dels revoltats.

Un altre dels treballs inclosos aprofundeix en un aspecte fins ara poc documentat: el paper de l'aviació en la guerra a Menorca i, en particular, els atacs sistemàtics llançats des de Mallorca. L'estudi, elaborat pels historiadors Carlos de Salort Giménez i Miquel López Gual, aporta noves evidències a partir de fonts militars inèdites que permeten reconstruir amb precisió la dimensió real de la guerra aèria sobre l'illa. La principal novetat del treball radica en l'anàlisi de centenars de documents originals -comunicats, telegrames i historials de vol- conservats en arxius militars espanyols a partir dels quals els autors teixeixen un mapa molt més detallat de les operacions aèries sobre Menorca, ampliant i corregint les fonts tradicionals basades en testimoniatges o registres incomplets.

Un dels estudis inèdits és sobre els atacs sistemàtics llançats sobre Menorca; un altre aborda les conseqüències psicològiques de la repressió política, la tortura i les desaparicions

Bombardeigs sistemàtics

En un estudi publicat l'any passat sota el títol La Guerra Civil a Menorca des del cel: noves aportacions al paper de l'aviació en la contesa ambdós autors desmunten la idea que els alçats efectuassin atacs aïllats i revelen, a partir de més de 270 comunicacions directes entre unitats aèries i el comandament franquista, l’existència d’una estratègia molt més àmplia de control del Mediterrani. En aquest esquema, l’aviació va exercir un paper clau en el bloqueig, la pressió sobre la població civil i la consolidació del domini militar des de Mallorca, mitjançant tasques de vigilància, intimidació i bombardeig sobre l’illa, especialment a partir de l’aïllament de Menorca després del fracàs del desembarcament republicà a Mallorca. Des d’aleshores, l’illa va quedar sotmesa durant prop de trenta mesos a operacions aèries constants dirigides des de la base franquista mallorquina, amb la participació determinant de l’aviació italiana.

El treball aporta també dades inèdites sobre la intensitat de la violència aèria: només entre 1936 i 1937 es comptabilitzen desenes d’atacs i centenars de bombes llançades sobre l’illa, amb una evolució clara cap a operacions cada vegada més sistemàtiques i tecnificades. Aquesta escalada va obligar la població civil a adaptar-se progressivament al perill, passant de la curiositat inicial davant els avions a la construcció de refugis i, finalment, a la normalització del bombardeig com a part de la vida quotidiana.

També va participar en els treballs Manel Suárez Salvà, autor de nombroses investigacions sobre la segona república i el moviment obrer a Mallorca -especialment en el nucli municipal de Calvià- així com sobre les presons franquistes que es van implantar a l'illa, entre elles la de Can Mir, una de les presons més fosques i tràgiques de la repressió franquista a l'illa. Després del cop feixista de 1936, aquest magatzem situat en les Avingudes de Palma es va transformar en un centre penitenciari que va confinar, entre misèria i tortures, a més de 2.000 presos durant cinc anys. Una de les pràctiques habituals eren les 'saques': els presos, mitjançant enganys, eren 'alliberats' i, posteriorment, assassinats pels falangistes.

Mallorca com a “laboratori feixista”

Per altra banda, el doctor en Història Manuel Aguilera, autor, entre d'altres, del llibre El Oro de Mussolini. Cómo la República planeó vender parte de España al fascismo i un dels principals investigadors entorn del paper de l'Aviació Italiana a la guerra civil, va fer lliurament d'un estudi que reprèn aquesta línia d'investigació, emfatitzant l'ocupació italiana de Mallorca i l'intent de convertir-la “en un laboratori feixista”, com assenyala el propi investigador en declaracions a elDiario.es. La instal·lació del contingent italià va transformar l'illa en un gran portaavions dedicat a bombardejar sense descans el litoral republicà del Mediterrani i bloquejar les rutes marítimes de subministrament de l'URSS.

Tal com sosté l'historiador, els italians van començar a adquirir centenars d'hectàrees i propietats per construir a l'illa 'cases colonials', traslladar una important quantitat de treballadors del país transalpí i crear allà mateix un “centre d'italianitat”. Degut a que la legislació local impedia als estrangers adquirir terrenys costaners sense autorització militar, Mussolini va utilitzar testaferros mallorquins i empreses tapadores, com Celulosa Hispánica S.A., emprada per comprar l'emblemàtica finca de L'Albufera.

En el treball que Aguilera va lliurar al Govern també aborda els vestigis materials de la presència italiana que romanen en territori balear i explora les incògnites que envolten el faraònic bust que va ser manat construir a finals dels anys trenta en homenatge a Benito Mussolini. L'efígie, embolicada en un halo de misteri des d'aleshores, jauria enterrada en aquesta mateixa zona, esperant que algú la tregui algun dia a la llum, cosa que, segons el parer de l'historiador, constituiria una de les principals proves materials sobre la dimensió simbòlica i propagandística que va assolir la presència italiana a Mallorca durant la contesa i del paper de l'illa com a espai estratègic per al feixisme europeu.

En concret, el monument va ser dissenyat pel legionari Italià Heros Giusti i construït el 1939 en un solar situat a uns 100 metres del que avui és el poblat xabolista de Son Banya. Tres anys abans, en aquest mateix punt, havia estat aixecat el quarter de l'Aviazione Legionaria. Les instal·lacions van servir a més per albergar les bateries antiaèries de l'aeròdrom de Son Sant Joan, les pistes del qual van adaptar els italians com a base aèria propera a la capital balear. A l'empara de la carismatització i el culte als líders feixistes de l'època, l'efígie no va trigar a fer-se realitat.

Una de les obres aborda els vestigis materials de la presència italiana que romanen en territori balear i explora les incògnites que envolten al faraònic bust que va ser manat construir a finals dels anys trenta en homenatge a Benito Mussolini

El cementiri de Palma compta, a més, amb un mausoleu que les autoritats italianes van fer construir en 1942 per a conservar “les restes mortals dels camarades que van donar la seva vida en la lluita contra el marxisme”, pel derrocament de la Segona República i per la implantació d'un règim feixista a Espanya. Per a garantir el seu manteniment, el Govern italià abona cada any 449,11 euros a l'Empresa Funerària Municipal (EFM), d'acord amb la documentació consultada en el seu moment per elDiario.es.

“La memòria s'ha de donar a conèixer”

El disseny original del IV Pla de Fosses contemplava diferents vies de difusió. Més enllà de la seva possible publicació digital, es plantejava la difusió d'edicions en paper i la realització d'exposicions vinculades als resultats a iniciativa del Govern, un escenari que Jurado percep llunyà. De fet, creu que els estudis podrien haver-se fet públics fa més d'un any, però fins al moment no han estat difosos ni incorporats al web institucional de memòria democràtica, on, assevera, podrien haver-se consultat almenys en format digital.

Per la seva banda, la presidenta de Memòria de Mallorca, Maria Antònia Oliver, subratlla que els estudis es van concebre precisament per treure a la llum una part de la història que encara roman en gran mesura oculta. “Això es va fer amb la intenció de recuperar aquesta part de la memòria”, explica, en referència a uns treballs que qualifica de “molt novedosos” i “imprescindibles”. Oliver denuncia que aquest procés no hagi tingut continuïtat en forma de difusió pública: “No tenim notícies dels estudis ni de les exposicions que devien fer-se”. La responsable de l'entitat memorialista insisteix que l'objectiu d'aquests treballs anava molt més enllà de l'àmbit acadèmic: “La memòria no pot estar només a l'acadèmia, amagada, guardada a les cases o en silenci. S'ha de donar a conèixer, ser de tots, perquè parlem de memòria i de drets humans”.

Oliver rebutja de ple possibles arguments per justificar la paralització. “No tenen excusa”, assevera, recordant que els estudis s'emmarquen en una llei vigent, la de fosses, i que la seva aprovació es va produir dins dels cànons establerts. En la seva opinió, el bloqueig no només afecta la difusió del coneixement, sinó també al treball dels propis investigadors: “És terrible que hagin fet una feina i no en puguin fer res amb ella”.

Els treballs són molt novedosos i imprescindibles. No tenim notícies d'ells ni de les exposicions que havien de fer-se. La memòria no pot estar només a l'acadèmia, amagada, guardada a les cases o en silenci. S'ha de donar a conèixer, ser de tots, perquè parlem de memòria i de drets humans

Maria Antònia Oliver — Presidenta de Memòria de Mallorca

Mentrestant, el Govern insisteix en la seva intenció de publicar tots els estudis una vegada compleixin els criteris de contingut i disseny i assenyala, en referència a les exposicions, que té previst cedir un totem a la Universitat de les Illes Balears (UIB) de cara a la pròxima celebració d'una jornada sobre la llei de fosses. Des de la Conselleria de Presidència subratllen que la seva pretensió passa per cedir-ho “sempre que sigui lliurat dins del termini i en la forma escaient, abans d'aquesta jornada, per l'empresa adjudicatària”.

En matèria de divulgació, recorden que el Govern ha dut a terme durant aquesta legislatura, malgrat no formar part de les mostres vinculades al IV Pla de Fosses, tots els tràmits administratius corresponents a la cessió de l'exposició Sense Oblit a Can Óleo (exposada des del 29 d'agost al 2 de setembre de 2025), a l'Ajuntament de Lloseta (cedida del 10 al 13 d'octubre), al Centre Flassaders (del 23 al 30 de març de 2026) i a l'IES CTEIB (des del passat 31 de març fins al 4 de maig). L'exposició també ha estat sol·licitada pel IES Josep Sureda i Blanes de cara a maig.

En paral·lel, expliquen que des de l'Executiu han encarregat a Manuel Aguilera un estudi sobre els bombardejos soferts en Balears durant la guerra civil del qual, segons assenyalen, existia un informe previ que “estava incomplet perquè no incloïa la identificació de les persones víctimes dels bombardejos, que mai han estat reconegudes”. Afegeixen que, amb aquest nou estudi, “més exhaustiu i que determina el nom real de les víctimes, es permetrà avançar en la seva identificació”, permetent així commemorar-les en un acte d'homenatge previst per a aquest estiu. Les mateixes fonts asseveren que a la pàgina web de Memòria Democràtica del Govern es pot trobar “tot tipus d'informació sobre els temes relacionats amb la guerra civil i la dictadura” amb la recomanació de llibres, còmics i documentals, entre altres, així com documentació sobre el cens de víctimes en Balears o el mapa de fosses de Mallorca, Eivissa i Formentera.

El Govern de Marga Prohens (PP) mantiene sin difundir una quincena de trabajos sobre memoria democrática encargados durante la pasada legislatura sobre aspectos clave de la represión franquista en Balears. Se trata de investigaciones de gran alcance –con miles de páginas en conjunto– y de carácter multidisciplinar –a nivel histórico, psicológico, jurídico...– que fueron promovidas por el anterior Ejecutivo de izquierdas en el marco del IV Plan de Fosas, desarrollado al amparo de la ley autonómica de recuperación de personas desaparecidas durante la guerra civil y el franquismo –más conocida como 'ley de fosas'–. De acuerdo al propio diseño del plan, estos trabajos debían revertir en la sociedad a través de exposiciones, materiales pedagógicos y presentaciones públicas.

Lejos de ese objetivo, los informes permanecen hoy fuera del alcance de la ciudadanía. Las investigaciones, que reconstruyen los episodios menos explorados del golpe militar de 1936, la guerra civil y la dictadura franquista, fueron concebidas como una de las piezas centrales de la política pública de memoria democrática en Balears. No solo fueron encargadas, sino también ejecutadas y remuneradas: en total, la Administración autonómica ha abonado 218.000 euros a los distintos autores de las mismas sin que su trabajo haya visto todavía la luz.

El conjunto de estudios traza un ambicioso y complejo mapa de la memoria histórica en Balears: desde la relación entre el archipiélago y el Valle de los Caídos, donde al menos un centenar de isleños fueron enterrados tras ser trasladados durante el franquismo, en muchos casos sin conocimiento de sus familias, hasta un análisis en profundidad de los bombardeos provenientes de Mallorca, pasando por estudios más detallados sobre el desembarco del capitán Bayo -la gran ofensiva que llevó a cabo la República con el objetivo de recuperar la isla de manos de los sublevados-, los mecanismos de represión desplegados por el franquismo, la actualización del censo de personas asesinadas por la represión franquista o informes sobre las propias políticas de 'memoria' impulsadas durante la dictadura y cómo ésta construyó su propio relato sobre la guerra y la represión mediante la exaltación de los vencedores y el silenciamiento de las víctimas republicanas.

Asimismo, las investigaciones abordan dimensiones menos visibles de la represión, como el impacto del trauma psicológico derivado de la violencia y su transmisión generacional desde 1936, ampliando así el foco más allá de los hechos estrictamente bélicos para incorporar sus consecuencias sociales y emocionales a largo plazo.

Las investigaciones abordan desde el traslado de isleños al Valle de los Caídos a estudios más detallados sobre el desembarco del capitán Bayo

Desde el Ejecutivo autonómico atribuyen la ausencia de difusión al hecho de que aún se encuentra pendiente recibir la versión definitiva de uno de ellos, relativo al “censo de víctimas”, que ha tenido que ser “enmendado por discrepancias entre los miembros con la categoría de causas de muerte”. Fuentes implicadas en el desarrollo de los trabajos apuntan, sin embargo, que la mayoría de los estudios llevan entregados desde hace más de un año y que estos podrían haberse hecho públicos de forma independiente, dado que su publicación -al menos en formato digital- no depende necesariamente de la finalización de los trabajos que pudieran estar pendientes.

Fuentes de la Conselleria de Presidencia y Administraciones Públicas consultadas por elDiario.es aseguran que los informes acabarán viendo la luz, aunque condicionan su publicación a que todos cumplan los requisitos técnicos establecidos, “tanto a nivel de contenido como a nivel de diseño”. Una vez completados, precisan, los estudios deberán pasar por un proceso de unificación formal antes de su difusión. “El Servicio de memoria democrática tendrá que maquetar todos los estudios uno por uno, ya que no tienen el mismo formato y se necesita unificar el diseño para poder publicarlos todos en las mismas condiciones”, apuntan, incidiendo en que su voluntad es publicarlos “todos a la vez”.

El Govern asegura que los informes acabarán viendo la luz, aunque condicionan su publicación a que todos cumplan los requisitos técnicos establecidos, "tanto a nivel de contenido como a nivel de diseño"

Para su elaboración, los trabajos se integraron en un conjunto de varios lotes que incluían desde exhumaciones hasta estudios históricos relativos a varias fosas comunes, pasando por la elaboración del mapa de fosas de Menorca con el objetivo de sumarlo a los ya existentes de Mallorca, Eivissa y Formentera y completar así el mapa de fosas de Balears. La adjudicación recayó en la unión temporal de empresas formada por la Sociedad de Ciencias Aranzadi y la consultora Àtics. El objetivo era no solo avanzar en el conocimiento académico, sino también trasladar esos resultados al conjunto de la sociedad en línea con los principios de verdad, justicia y reparación.

“Había todo un lote, muy potente, dedicado a estudios de investigación”, explica el que fuera secretario autonómico de Memoria Democrática durante la pasada legislatura, Jesús Jurado, en alusión a los quince trabajos 'desaparecidos'. Lejos de tratarse de informes homogéneos, cada uno de ellos fue encomendado a especialistas concretos en función de su ámbito de conocimiento. En este sentido, el exsecretario autonómico subraya que uno de los objetivos era precisamente ampliar el foco más allá del enfoque tradicional centrado exclusivamente en las fosas. “Creo que es importante que la memoria democrática salga un poco del ámbito de los cementerios y que nos centrásemos en otros muchos aspectos”, incide en declaraciones a este periódico.

El trauma 'heredado' desde 1936

Entre las investigaciones figura la llevada a cabo por la psicóloga clínica Anna Miñarro, autora del estudio Evolución del trauma entre generaciones desde 1936, en el que analiza cómo la represión política, la tortura o las desapariciones que padecieron las víctimas del franquismo en Balears no solo marcaron a sus familiares más cercanos, sino que las secuelas de aquel horror alcanzaron a generaciones posteriores, manifestándose aún hoy, principalmente, en forma de depresión, demencia y trastornos psicoafectivos. Son las principales conclusiones de un informe inédito en las islas que desarrolló acompañando a las víctimas y sus familiares en los procesos de exhumación y que arroja luz acerca de los traumas que cargan a sus espaldas los descendientes de los asesinados, desaparecidos y represaliados, cuyas vidas quedaron marcadas por la brutalidad de los sublevados.

Otro de los trabajos incluidos profundiza en un aspecto hasta ahora poco documentado: el papel de la aviación en la guerra en Menorca y, en particular, los ataques sistemáticos lanzados desde Mallorca. El estudio, elaborado por los historiadores Carlos de Salort Giménez y Miquel López Gual, aporta nuevas evidencias a partir de fuentes militares inéditas que permiten reconstruir con precisión la dimensión real de la guerra aérea sobre la isla. La principal novedad del trabajo radica en el análisis de centenares de documentos originales -comunicados, telegramas e historiales de vuelo- conservados en archivos militares españoles a partir de los cuales los autores tejen un mapa mucho más detallado de las operaciones aéreas sobre Menorca, ampliando y corrigiendo las fuentes tradicionales basadas en testimonios o registros incompletos.

Uno de los estudios inéditos es sobre los ataques sistemáticos lanzados sobre Menorca; otro aborda las consecuencias psicológicas de la represión política, la tortura y las desapariciones

Bombardeos sistemáticos

En un estudio publicado el año pasado bajo el título La Guerra Civil en Menorca desde el cielo: nuevas aportaciones al papel de la aviación en la contienda ambos autores desmontan además la idea de que los alzados efectuaran ataques aislados y revelan, a partir de más de 270 comunicaciones directas entre unidades aéreas y el mando franquista, una estrategia más amplia de control del Mediterráneo por parte del bando sublevado, donde la aviación desempeñó un papel clave en el bloqueo, la presión sobre la población civil y la consolidación del dominio militar desde Mallorca mediante la vigilancia, intimidación y bombardeo sobre Menorca, especialmente a partir del aislamiento de ésta tras el fracaso del desembarco republicano. Desde entonces, la isla quedó sometida durante cerca de treinta meses a operaciones aéreas constantes dirigidas desde la base franquista mallorquina, con la participación clave de la aviación italiana.

El trabajo también aporta datos inéditos sobre la intensidad de la violencia aérea: solo entre 1936 y 1937 se contabilizan decenas de ataques y centenares de bombas lanzadas sobre la isla, con una evolución clara hacia operaciones más sistemáticas y tecnificadas. Esta escalada obligó a la población civil a adaptarse progresivamente al peligro, pasando de la curiosidad inicial ante los aviones a la construcción de refugios y la normalización del bombardeo como parte de la vida cotidiana.

También participó en los trabajos Manel Suárez Salvà, autor de numerosas investigaciones sobre la segunda república y el movimiento obrero de Mallorca -especialmente en el núcleo municipal de Calvià- así como sobre las cárceles franquistas que se implantaron en la isla, entre ellas la de Can Mir, una de las prisiones más oscuras y trágicas de la represión franquista en la isla. Tras el golpe fascista de 1936, este almacén situado en las Avenidas de Palma se transformó en un centro penitenciario que confinó, entre miseria y torturas, a más de 2.000 presos durante cinco años. Una de las prácticas habituales eran las 'sacas': los presos, mediante engaños, eran 'liberados' y, posteriormente, asesinados por los falangistas.

Mallorca como “laboratorio fascista”

Por otro lado, el doctor en Historia Manuel Aguilera -autor, entre otros, del libro El Oro de Mussolini. Cómo la República planeó vender parte de España al fascismo y uno de los principales investigadores en torno al papel de la Aviación Itmanosaliana en la guerra civil-, hizo entrega de un estudio que retoma esta línea de investigación, enfocándose en la ocupación italiana de Mallorca y el intento de convertirla “en un laboratorio fascista”, como señala el propio investigador en declaraciones a elDiario.es. La instalación del contingente italiano transformó la isla en un gran portaaviones dedicado a bombardear sin descanso el litoral republicano del Mediterráneo y bloquear las rutas marítimas de suministro de la URSS.

Tal como sostiene el historiador, los italianos comenzaron a adquirir centenares de hectáreas y propiedades para construir en la isla 'casas coloniales', trasladar una importante cantidad de trabajadores del país transalpino y crear allí mismo un “centro de italianidad”. Debido a que la legislación local impedía a los extranjeros adquirir terrenos costeros sin autorización militar, Mussolini utilizó testaferros mallorquines y empresas tapaderas, como Celulosa Hispánica S.A., empleada para comprar la emblemática finca de L'Albufera.

En el trabajo que Aguilera entregó al Govern también aborda los vestigios materiales de la presencia italiana que permanecen en territorio balear y explora las incógnitas que rodean al faraónico busto que fue mandado construir a finales de los años treinta en homenaje a Benito Mussolini. La efigie, envuelta en un halo de misterio desde entonces, yacería enterrada en esa misma zona, aguardando que alguien la saque algún día a la luz, lo que a juicio del historiador constituiría una de las principales pruebas materiales sobre la dimensión simbólica y propagandística que alcanzó la presencia italiana en Mallorca durante la contienda y del papel de la isla como espacio estratégico para el fascismo europeo.

En concreto, el monumento fue diseñado por el legionario Italiano Heros Giusti y construido en 1939 en un solar situado a unos 100 metros de lo que hoy es el poblado chabolista de Son Banya. Tres años antes, en ese mismo punto, había sido levantado el cuartel de la Aviazione Legionaria. Las instalaciones sirvieron además para albergar las baterías antiaéreas del aeródromo de Son Sant Joan, cuyas pistas adaptaron los italianos como base aérea próxima a la capital balear. Al abrigo de la carismatización y el culto a los líderes fascistas de la época, la efigie no tardó en hacerse realidad.

Una de las obras aborda los vestigios materiales de la presencia italiana que permanecen en territorio balear y explora las incógnitas que rodean al faraónico busto que fue mandado construir a finales de los años treinta en homenaje a Benito Mussolini

El cementerio de Palma cuenta, además, con un mausoleo que las autoridades italianas hicieron construir en 1942 para conservar “los restos mortales de los camaradas que dieron su vida en la lucha contra el marxismo”, por el derrocamiento de la Segunda República y por la implantación de un régimen fascista en España. Para garantizar su mantenimiento, el Gobierno italiano abona cada año 449,11 euros a la Empresa Funeraria Municipal (EFM), de acuerdo a la documentación consultada en su día por elDiario.es.

“La memoria debe darse a conocer”

El diseño original del IV Plan de Fosas contemplaba diferentes vías de difusión. Más allá de su posible publicación digital, se planteaba la difusión de ediciones en papel y la realización de exposiciones vinculadas a los resultados, todo ello a iniciativa del Govern, un escenario que Jurado percibe lejano. No en vano, cree que los estudios podrían haberse hecho públicos hace más de un año, pero hasta el momento no han sido difundidos ni incorporados a la web institucional de memoria democrática, donde, asevera, podrían haberse consultado al menos en formato digital.

Por su parte, la presidenta de Memòria de Mallorca, Maria Antònia Oliver, subraya que los estudios se concibieron precisamente para sacar a la luz una parte de la historia que aún permanece en gran medida oculta. “Esto se hizo con la intención de recuperar esta parte de la memoria”, explica, en referencia a unos trabajos que califica de “muy novedosos” e “imprescindibles”. Oliver denuncia que ese proceso no haya tenido continuidad en forma de difusión pública: “No tenemos noticias de los estudios ni de las exposiciones que debían hacerse”. La responsable de la entidad memorialista insiste en que el objetivo de estos trabajos iba mucho más allá del ámbito académico: “La memoria no puede estar solo en la academia, escondida, guardada en las casas o en silencio. Debe darse a conocer, ser de todos, porque hablamos de memoria y de derechos humanos”.

Oliver rechaza de plano posibles argumentos para justificar la paralización. “No tienen excusa”, asevera, recordando que los estudios se enmarcan en una ley vigente, la de fosas, y que su aprobación se produjo dentro de los cauces establecidos. En su opinión, el bloqueo no solo afecta a la difusión del conocimiento, sino también al trabajo de los propios investigadores: “Es terrible que hayan hecho un trabajo y no puedan hacer nada con él”.

Los trabajos son muy novedoso e imprescindibles. No tenemos noticias de ellos ni de las exposiciones que debían hacerse. La memoria no puede estar solo en la academia, escondida, guardada en las casas o en silencio. Debe darse a conocer, ser de todos, porque hablamos de memoria y de derechos humanos

Maria Antònia Oliver — Presidenta de Memòria de Mallorca

Mientras tanto, el Govern insiste en su intención de publicar todos los estudios una vez cumplan los criterios de contenido y diseño y señala, en lo referente a las exposiciones, que tiene previsto ceder un totem a la Universitat de les Illes Balears (UIB) de cara a la próxima celebración de una jornada sobre la ley de fosas. Desde la Conselleria de Presidencia subrayan que su pretensión pasa por cederlo “siempre que sea entregado en tiempo y forma, antes de dicha jornada, por la empresa adjudicataria”.

En materia de divulgación, recuerdan que el Govern ha llevado a cabo durante esta legislatura, a pesar de no formar parte de las muestras vinculadas al IV Plan de Fosas, todos los trámites administrativos correspondientes a la cesión de la exposición Sense Oblit a Can Óleo (expuesta desde el 29 de agosto al 2 de septiembre de 2025), al Ayuntamiento de Lloseta (cedida del 10 al 13 de octubre), al Centre Flassaders (del 23 al 30 de marzo de 2026) y al IES CTEIB (desde el pasado 31 de marzo hasta el 4 de mayo). La exposición también ha sido solicitada por el IES Josep Sureda i Blanes de cara a mayo.

En paralelo, explican que desde el Ejecutivo han encargado a Manuel Aguilera un estudio sobre los bombardeos sufridos en Balears durante la guerra civil del que, según señalan, existía un informe previo que “estaba incompleto porque no incluía la identificación de las personas víctimas de los bombardeos, que nunca han sido reconocidas”. Añaden que, con este nuevo estudio, “más exhaustivo y que determina el nombre real de las víctimas, se permitirá avanzar en su identificación”, permitiendo así conmemorarlas en un acto de homenaje previsto para este verano. Las mismas fuentes aseveran que en la página web de Memoria Democrática del Govern se puede encontrar “todo tipo de información sobre los temas relacionados con la guerra civil y la dictadura” con la recomendación de libros, cómics y documentales, entre otros, así como documentación sobre el censo de víctimas en Balears o el mapa de fosas de Mallorca, Eivissa y Formentera.

No fue un militar local cualquiera cuya carrera coincidió fatalmente con la dictadura, si es que esa inocencia resultase posible. Juan Yagüe Blanco, represor al frente de las tropas africanas de la Revolución de Asturias en 1934, falangista de primera hora, conspirador contra la democracia republicana, fue además el Carnicero de Badajoz. Entre 2.000 y 4.000 civiles cayeron ejecutados en la ciudad extremeña en agosto de 1936 al paso de la columna de Yagüe. El ejército español mantiene una “sala de honor” con su nombre en el Palacio de Capitanía de A Coruña y la publicita en carteles y dípticos para visitas guiadas al inmueble. La Comisión Pola Memoria Histórica de la ciudad lo ha denunciado y exige la retirada de la distinción.

Yagüe Blanco había nacido en un pequeño ayuntamiento de la provincia de Soria en 1891. Murió en Burgos 61 años después. Por el medio se convirtió en uno de los militares ultramontanos más célebres. Integrado en la Legión durante las guerras del Rif y cabecilla de liquidación militar de la revuelta obrera de 1934, amigo personal del líder falangista José Antonio Primo de Rivera, el 17 de julio del 36 sublevó a las tropas en Ceuta. Un mes después lideraba a 3.000 soldados para entrar a sangre y fuego en Badajoz, uno de los más conocidos episodios de terror fascista de la Guerra Civil.

A la batalla entre legionarios partidarios de Franco y milicianos republicanos la sucedió una brutal represión. Los investigadores todavía discuten cifras de asesinados: como mínimo 2.000, otras fuentes hablan de casi 4.000. El propio Yagüe admitía su papel en lo sucedido en una entrevista con el New York Herald Tribune recogida por el historiador Julián Casanova: “Por supuesto que los matamos. ¿Qué esperaba usted? ¿Qué iba a llevar cuatro mil prisioneros rojos conmigo, teniendo mi columna que avanzar contra reloj? ¿O iba a soltarlos en la retaguardia y dejar que Badajoz fuera roja otra vez?”. La matanza transcendió las fronteras españolas y le valió a Yagüe el sobrenombre de Carnicero de Badajoz.

Después de la guerra, Yagüe Blanco viajó a la Alemania nazi para acompañar a la Legión Cóndor de regreso a España. Fue Ministro del Aire del primerísimo franquismo entre agosto de 1939 y junio de 1940 y en el 43 ascendió a teniente general. Ese es el grado con el que lo recuerda el Palacio de Capitanía de A Coruña. “Mantener esta denominación es una ofensa a las víctimas de la dictadura y a la propia institución militar, además de un incumplimiento flagrante de la Ley de Memoria Democrática”, ha señalado en un comunicado la Comisión pola Recuperación da Histórica de la ciudad, que recuerda que localidades como Soria, Madrid o Logroño han eliminado referencias y homenajes al militar fascista. El colectivo también ha remitido escritos al Ministerio de Defensa y a la Dirección General de Atención a las Víctimas del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática en los que solicita suprimir la denominación “sala de honor TG Yagüe”.

Según el artículo 40 de la citada ley, aprobada en 2022, “las administraciones públicas […] adoptarán las medidas oportunas para revisar de oficio o retirar la concesión de reconocimientos, honores y distinciones anteriores a la entrada en vigor de esta ley que resulten manifiestamente incompatibles con los valores democráticos y los derechos y libertades fundamentales, que comporten exaltación o enaltecimiento de la sublevación militar, la Guerra o la Dictadura o que hubieran sido concedidas con motivo de haber formado parte del aparato de represión de la dictadura franquista”. Juan Yagüe Blanco fue uno de los 35 cargos de la dictadura franquista que el juez Baltasar Garzón imputó en 2008 por delitos de detención ilegal y crímenes contra la humanidad.

elDiario.es ha preguntado por el caso al Ministerio de Defensa pero por el momento no ha recibido respuesta.

La consejera vasca de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, ha entregado a las familias en Talarrubias (Badajoz) y Los Pozuelos de Calatrava (Ciudad Real) los restos mortales de Manuel Cabezas y Tiburcio Zazo, exhumados del cementerio de Orduña (Bizkaia), localidad en la que estuvieron presos tras la guerra civil española.

Ambos murieron en marzo der 1941 en la Prisión Central de Orduña y sus restos fueron exhumados del cementerio de esta localidad vizcaína en 2022.

La familia de Tiburcio Zazo ha recibido sus restos mortales este viernes en el cementerio de Talarrubias (Badajoz), de la mano de la consejera y del director del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, Alberto Alonso.

El acto de entrega, de carácter familiar, ha contado con la presencia del jefe de servicio del Área de Memoria Histórica y Democrática de la Diputación de Badajoz, Juan Ceballos.

Los restos de Manuel Cabezas fueron entregados a sus familiares ayer en Los Pozuelos de Calatrava (Ciudad Real). En presencia de viceconsejero de Relaciones Institucionales de la vicepresidencia segunda del Gobierno de Castilla-La Mancha, Javier Vicario, y de la alcaldesa de la localidad, Laura Flores.

Apresados tras la guerra

Ambos fueron apresados una vez terminada la guerra, llevados lejos de sus lugares de origen, y murieron víctimas de las condiciones de las cárceles franquistas.

Manuel Cabezas era natural y vecino de Los Pozuelos de Calatrava t estaba soltero y trabajaba como jornalero. La documentación histórica recoge que ingresó en la Prisión Provincial de Ciudad Real el 22 de enero de 1940, trasladado desde la Prisión de Almodóvar del Campo.

El 8 de febrero de ese año ingresó en la Prisión Central del municipio vizcaíno y poco más de un año después, el 10 de marzo de 1941, falleció a los 24 años, según el certificado de defunción, por una enfermedad renal.

Tiburcio Zazo nació y vivió en Talarrubias y estaba casado con 4 hijos. El 29 de diciembre de 1939 ingresó en la Prisión de partido de Herrera de Duque procedente del Depósito Municipal de Talarrubias, y de allí fue enviado a la Prisión Central de Castuera en enero de 1940.

Apenas un mes después fue trasladado a la Prisión Central de Orduña, donde falleció a los 66 años el 24 de marzo de 1941 también por la misma dolencia.

La familia de Eusebio Moreno, natural y vecino de Peñalsordo (Badajoz), la última de las persona enterrada en el cementerio de Orduña e identificadas, recibirá sus restos en las próximas semanas.

Al menos 225 personas fallecieron en la Prisión de Orduña, todos ellos varones y trasladados desde otras comunidades autónomas.

Programa de Búsqueda Desaparecidas

Más de la mitad (127) eran extremeños y a ellos se les suman 41 castellanomanchegos (34 de Ciudad Real, 4 de Toledo y 3 de Albacete), mientras que 22 fueron trasladados desde la prisión de Málaga, 7 de Tarragona y los 28 restantes eran naturales de otras provincias.

Las identificaciones se enmarcan en el 'Programa de Búsqueda de Personas Desaparecidas durante la Guerra Civil' que lleva a cabo Gogora.

 La consejera ha subrayado en un comunicado que con gestos como estos no existe ningún ánimo de revancha “frente a lo que argumentan quienes quieren terminar con las leyes de memoria”.

“Nadie quiere señalar ni alimentar ningún rencor, al menos entre quienes somos firmes defensores del derecho que tiene toda víctima a la verdad, la justicia y la reparación”, ha dicho. Ha defendido que estas leyes permiten hablar de aquello que pasó “sin miedo a enfrentarnos a un pasado sucio y doloroso”.

Por todo ello, ha respaldado las leyes de memoria “comprometidas con la mirada crítica y reflexiva al pasado, con el apoyo firme de las instituciones” y ha subrayado que el recuerdo de las historias de vida de víctimas como Manuel y Tiburcio “sirven de faro para advertir de que el odio puede llegar a ser un gas venenoso que contamina la convivencia”.

El Día da Clase Obreira Galega conmemora cada 10 de marzo el asesinato de los obreros comunistas Amador Rey y Daniel Niebla a manos de la policía franquista en Ferrol. Hubo además un centenar de heridos Sucedió en 1972 en medio de un intensísimo conflicto laboral en el astillero Bazán y fue uno de los episodios clave del antifranquismo gallego y estatal, impulsado por un formidable movimiento obrero. El pasado 10 de marzo, el Gobierno central emitió una declaración insitucional a iniciativa de su vicepresidenta Yolanda Díaz -su padre, Suso Díaz, sindicalista de Comisións Obreiras y militante del PC, había sufrido prisión tras los sucesos del 72- en la que “reconoce y homenajea a las personas fallecidas y a todas las que resultaron heridas, así como a sus familiares” y condena la “desproporcionada actuación” policial. Este miércoles el ministro de Memoria Democrática, Ángel Torres, anunció en el Pleno del Congreso que ya ha aceptado 15 peticiones de indemnización, entre ellas la de los familiares de Amador Rey, que dejó viuda y tres hijos.

El Gobierno está estudiando medio centenar de solicitudes para que se repare e indemnice a otras tantas personas asesinadas o que sufrieron lesiones graves como consecuencia de la represión franquista entre el 1 de enero de 1968 y el 29 de diciembre de 1978 y ya ha dado luz verde a una quincena de ellas, según ha adelantado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Lo ha dicho durante el debate de convalidación del decreto ley por el que se modifica la Ley de Memoria Democrática para dar cobertura a este colectivo de víctimas y ampliar el marco temporal de aplicación hasta el 29 de diciembre de 1978, fecha de entrada en vigor de la Constitución.

El ministro ha detallado que la comisión encargada de evaluar la concesión de estas indemnizaciones ha recibido ya unas 50 solicitudes de los potenciales beneficiarios, ha estudiado 18 de ellas y ha aceptado 15, entre ellas la relativa a Manuel José García Caparrós, asesinado cuando tenía 18 años el 4 de diciembre en 1977 durante una manifestación en Málaga en defensa de la autonomía de Andalucía.

Otras víctimas

Pero también se va a indemnizar a los familiares de Víctor Manuel Pérez, que tenía 23 años cuando fue asesinado en Portugalete (Vizcaya) al recibir dos disparos por la espalda “por el mero hecho de repartir octavillas en apoyo de una huelga”. Asimismo, se ha aceptado la petición de la familia de Ángel Almazán que murió en el hospital en 1976 tras varios días de ingreso por los “culatazos recibidos por agentes policiales al término de una manifestación”, y lo mismo se ha hecho con la de Juan Gabriel Rodrigo Nafo, muerto por la represión policial de las protestas obreras en Tarragona en marzo de 1976.

El ministro ha mencionado también el caso de Francisco Javier Nuñez Fernández que, al “volver de misa con su hija de tres años”, se encontró con la represión policial contra una manifestación por la amnistía que se celebraba en Bilbao. Logró dejar a su hija en el portal, pero recibió una dura paliza por parte de la policía franquista. “Al día siguiente, al ir a denunciar los hechos, fue torturado, se le hizo beber un litro de aceite de ricino y coñac, y murió 13 días después en el hospital”, ha rememorado el ministro ante la viuda y la hija de Núñez Fernández, presentes en el hemiciclo.

La historia de Extremadura se ha escrito, durante demasiado tiempo, con una caligrafía incompleta. Las lagunas en el relato oficial no son fruto del azar, sino de un vacío sistémico que ha mantenido a la mitad de la población en los márgenes de la cronología regional. Para enmendar esta orfandad documental, el Grupo de Estudios Históricos sobre la Extremadura Contemporánea (GEHCEx) ha dado un paso firme con la publicación de 'Las mujeres en Extremadura durante la contemporaneidad'. Esta obra colectiva, presentada en el marco del XVI Encuentro Historiográfico de la entidad en la provincia de Cáceres, es un libro y es un acto de justicia poética y científica que busca integrar la experiencia femenina en el tronco común de la memoria extremeña.

Un mosaico contra el olvido

Coordinado por la investigadora Desiré Rodríguez Martínez, junto a Guillermo León Cáceres y José Antonio Pérez Rubio, el volumen nace de una urgencia latente. “Desde la propia historiografía ha habido siempre un vacío respecto a la historia de las mujeres”, explica Rodríguez Martínez. En Extremadura, este silencio ha sido especialmente persistente; mientras la sociología se acercaba tímidamente al género, la historia académica local mantenía una deuda pendiente que este libro empieza a saldar.

El texto no se limita a una enumeración de fechas, sino que construye un mosaico de vivencias que recorre desde los estertores del siglo XIX hasta los conflictos laborales del presente. La estructura de la obra permite transitar por investigaciones que, aunque diversas, comparten un hilo conductor: la resistencia frente a una hegemonía cultural patriarcal que, durante siglos, naturalizó la exclusión femenina de la educación y el espacio público.

De las fosas a las aulas: nombres con intrahistoria

Uno de los pilares más emocionantes y rigurosos del libro se detiene en la represión franquista. Gracias al rastreo minucioso de expedientes militares y registros civiles, las investigaciones han logrado rescatar del anonimato trayectorias vitales que el miedo pretendió borrar. “La aportación indiscutible es la recuperación de los nombres y el conocimiento de su intrahistoria”, señala la coordinadora. Es, en esencia, devolverle la identidad a quienes fueron doblemente castigadas: por su ideología y por su sexo.

Pero la mirada del GEHCEx también se proyecta hacia el futuro. El volumen conecta las estructuras de desigualdad del pasado con realidades tan actuales como la situación de las camareras de piso, demostrando que la precariedad tiene raíces históricas profundas.

El reto de las aulas

Para los autores, el papel de este libro debe trascender las estanterías de las bibliotecas universitarias. El objetivo final es la incidencia en el sistema educativo. “Es necesario que la historia de nuestro país y de la región, desde la perspectiva feminista, se aborde en los institutos”, defiende Rodríguez Martínez. Solo así, integrando estos relatos en el currículo de las y los jóvenes extremeños, se podrá garantizar que el relato colectivo de la comunidad sea, por fin, íntegro y veraz.

Con la creación de grupos de trabajo específicos y una apuesta decidida por la difusión bibliográfica, el GEHCEx aspira a que la historia de las mujeres deje de ser un capítulo aparte para convertirse en la esencia misma de lo que fuimos y lo que somos. Y por lo tanto, de lo que seremos.

La fosa de La Lloba, ubicada en el concejo asturiano de Castrillón, podría contener los restos óseos de entre 24 y 28 republicanos que fueron víctimas de la represión franquista. Son las estimaciones del Gobierno de Asturias que este viernes ha anunciado que los trabajos que se están llevando a cabo han permitido localizar los restos de al menos seis personas.

Esta es una noticia que ha devuelto la esperanza a los familiares que se han concentrado para seguir las labores de exhumación. Confían en la posibilidad de recuperar algún resto u objeto de sus seres queridos y reconocen que esta ilusión llega precedida de la gran expectación que levantó el hallazgo, el pasado mes de noviembre, de fragmentos de un cráneo y dos pies con sus botas y clavos en la suela en esta misma fosa.

El anuncio de la confirmación oficial de la localización de los restos de seis personas se ha conocido a través de la Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, de la que es titular Ovidio Zapico.

El consejero se desplazó esta misma mañana hasta la zona de exhumación, acompañado de la directora general de Memoria Democrática, Begoña Collado; el director del grupo Arqueos de la Universidad de Oviedo, Avelino Gutiérrez González, y familiares de las víctimas.

El trabajo del Grupo Arqueos responde al acuerdo que mantiene la consejería con la Universidad de Oviedo, a través del Vicerrectorado de Extensión Universitaria.

Explicaciones sobre el terreno

Durante la visita, el responsable del equipo arqueológico ha explicado sobre el terreno los descubrimientos realizados hasta el momento, así como los próximos pasos previstos en la intervención.

Desde la consejería se ha subrayado que este hallazgo supone un avance decisivo respecto a las primeras actuaciones realizadas en noviembre de 2025, cuando se identificaron los primeros indicios de la fosa, incluyendo restos óseos parciales y vestigios que confirmaban la existencia de enterramientos clandestinos en la zona.

Saldar la deuda histórica

Ovidio Zapico ha enmarcado este avance en una deuda histórica de las instituciones con las víctimas de la represión franquista: “Este es un trabajo que tenía que haberse hecho hace muchísimos años. No se hizo y hoy estamos corrigiendo ese abandono desde lo público”, ha explicado.

El consejero ha reivindicado el papel de las asociaciones memorialistas y de familiares, cuyo trabajo durante décadas ha sido clave para impulsar estas actuaciones.

Recoger el testigo

“Las administraciones -ha asegurado- hemos recogido su testigo y hoy lo estamos materializando en políticas públicas que buscan verdad, justicia y reparación”.

El titular de Derechos Ciudadanos ha resaltado especialmente el carácter simbólico y político que representa la localización de estos restos.

Trabajos con financiación pública

“Aquí, hace menos de 90 años, se cometió un crimen. Y hoy el Estado democrático está respondiendo, sacando a la luz lo que durante demasiado tiempo permaneció oculto”, ha expresado bajo la atenta mirada de los familiares.

Estos trabajos, impulsados íntegramente con financiación pública durante la actual legislatura, marcan “un antes y un después” en la política de memoria democrática en Asturias, ha destacado.

Además, ha puesto de manifiesto el trabajo del equipo técnico y la profesionalidad del personal arqueológico y ha asegurado que las labores continuarán en los próximos días tras la autorización del juzgado de Avilés.

Represión en la Quinta de Pedregal

Sin embargo, Ovidio Zapico no se ha limitado a ensalzar la importancia de este hallazgo, sino que ha aprovechado para realizar un llamamiento directo a la ciudadanía: “Es el momento de que las familias den un paso al frente. Puede haber aquí personas desaparecidas cuyos nombres aún no conocemos”, ha añadido.

Por ello, ha incidido en la importancia de tratar de salvar este desconocimiento ya que, según comentó, en este enclave podrían encontrarse víctimas de la Quinta de Pedregal de Avilés.

Recogida de muestras de ADN

El consejero considera que para lograr este objetivo es imprescindible que las familias colaboren para la recogida de muestras de ADN que permitan avanzar en la identificación de los cuerpos.

“Esta es solo la primera parte. Ahora comienza un proceso clave para devolver identidad, dignidad y memoria a quienes fueron asesinados”, ha resumido el titular de Derechos Ciudadanos.

El Ayuntamiento de Palma, con los votos a favor del PP y Vox, ha dado un paso más para blindar el mayor monumento franquista de Balears, el situado en el parque palmesano de Sa Feixina en homenaje a los “héroes” del Crucero Baleares, hundido en marzo de 1938 y responsable del bombardeo llevado a cabo un año antes, en plena ofensiva fascista, contra la población que huía de Málaga a Almería -más de 300.000 personas, según algunas invesigaciones-, episodio históricamente conocido como 'la Desbandá'. Los historiadores calculan que fallecieron entre 5.000 y 10.000 civiles. 

La Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Palma ha aprobado este viernes la inclusión definitiva del monumento en el Catálogo de Edificios y Elementos Protegidos del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), una medida que, de ratificarse en el próximo pleno municipal, le otorgará el máximo grado de protección patrimonial.

El monumento, cuya presencia lleva años en disputa política, social y judicial en la capital balear, fue erigido por el franquismo en 1947 para homenajear a los marinos del buque de guerra que protagonizó una de las mayores masacres tras el golpe de Estado de 1936: la llevada a cabo contra los miles de civiles que el 7 de febrero de 1937 se arrojaron a la carretera en dirección este para escapar de las tropas sublevadas que, apoyadas por las fuerzas italianas y los regulares marroquíes, avanzaban desde el oeste. En su huida, los civiles fueron ametrallados por los aviones Heinkel de la Luftwaffe y bombardeados por tres buques que los cañoneaban desde el mar: el Almirante Cervera, el Baleares y el Canarias.

Un año después, el Crucero Baleares fue torpedeado por la flota republicana durante la batalla del cabo de Palos. El barco se hundió con más de 700 hombres a bordo, muchos de ellos reclutados en Mallorca. El régimen franquista lo erigió en emblema de heroísmo y martirio nacional y lo utilizó como herramienta de propaganda en todo el país, mientras las víctimas del bombardeo fueron abocadas al olvido.

El monolito, diseñado por los arquitectos Francisco Roca Simó y Antoni Roca Cabanellas, fue construido gracias a las abundantes donaciones de particulares y empresas que reunieron las 100.000 pesetas que costó su ejecución. Fue inaugurado en 1947 con la presencia del dictador Francisco Franco.

Aunque las fuerzas progresistas que gobernaban el Ayuntamiento lo 'resignificaron' en 2010, al abrigo de la Ley de Memoria Histórica, con la retirada de la simbología franquista explícita, como la cruz laureada, las asociaciones memorialistas denuncian que su origen continúa ligado a la exaltación de los vencedores del golpe de Estado contra la Segunda República.

“Una piedra que glorifica la violencia contra la población civil”

Desde Més per Palma, su portavoz, Neus Truyol, ha denunciado que la decisión supone consolidar un símbolo “fascista” en el espacio público. “No puede haber neutralidad ante un símbolo franquista. O estás con las víctimas o estás con los verdugos. Y PP y Vox han elegido bando”, ha afirmado.

La formación ecosoberanista considera que la protección del monolito forma parte de una estrategia más amplia de la derecha para “blanquear el franquismo” en un contexto marcado por la derogación de la ley balear de memoria democrática y decisiones como la cancelación de actos de homenaje a víctimas del franquismo, como Aurora Picornell, conocida como 'la Pasionaria' de Mallorca y asesinada por el franquismo la noche de reyes de 1937.

“Se está blindando una piedra que glorifica la violencia contra la población civil mientras se abandona el patrimonio vivo de Palma”, ha criticado Truyol, quien ha recordado que existen más de 600 elementos patrimoniales en la ciudad pendientes de protección.

El proceso para catalogar el monolito arrancó el año pasado con su aprobación inicial en la Gerencia de Urbanismo. La votación definitiva está prevista para el próximo pleno municipal, donde previsiblemente saldrá adelante con la mayoría de PP y Vox.

“Exponente del 'art déco'”

El pasado mes de noviembre, ambas formaciones se opusieron en el Parlament balear al derribo del monumento. “Hay informes que le otorgan un valor artístico digno a proteger y se le considera un exponente del art déco”, defendió entonces la diputada del grupo popular Cristina Gil. Aludía, en concreto, al documento elaborado por el historiador Jaume Llabrés, quien señala en su informe que el monolito “es la única construcción relevante” de este estilo arquitectónico en la capital balear. “Forma parte de una etapa muy significativa de la evolución de la arquitectura del siglo XX en Palma y, una vez desprovisto de toda su simbología original, merece ser preservado”, concluía.

Con su silueta de hormigón armado y su impronta monumental, el monumento de sa Feixina ha servido, además, de fondo para algunos los actos políticos de Vox. Desde su irrupción institucional en las islas en 2019, la formación de extrema derecha ha utilizado este lugar como escenario simbólico para sus manifestaciones en defensa de lo que denominan “la historia de España sin complejos”.

El 20 de noviembre de 2023, coincidiendo con el aniversario de la muerte de Franco, varios miembros del partido acudieron al lugar en una acción no oficial, pero ampliamente difundida en redes sociales. Fue además en esta zona donde el líder de Vox, Santiago Abascal, celebró en abril de 2023 el mitin principal de precampaña del partido en Balears. En otras ocasiones, Falange ha organizado ofrendas florales en el monolito como homenaje a los “caídos por Dios y por España”, mientras que la organización ultracatólica HazteOir ha convocado concentraciones en sa Feixina en varias ocasiones, especialmente en 2016 y 2017, cuando se intensificó el debate sobre la posible demolición del monumento.

Mientras PP y Vox velan en Palma por la protección del monolito, la Asociación Contra el Silencio y el Olvido y por la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha puesto en marcha un proyecto en la plataforma Goteo con el objetivo de recaudar fondos para levantar un monumento, por suscripción popular, en reconocimiento de los protagonistas de 'La Desbandá'. La escultura se levantará en el Campus de Teatinos, tal como se establece en el convenio firmado por la ARMH y la Universidad de Málaga, y contará con un diseño coherente con otras levantadas en pueblos del valle del Guadalhorce.

Se suele decir que, tras el golpe de Estado de Francisco Franco en 1936, en Sevilla no hubo guerra, pero sí una larga y durísima represión. La capital hispalense fue –y de manera inesperada– la primera gran ciudad en caer en manos franquistas tras la que fue la batalla fundacional del conflicto en la Península Ibérica. En tres o cuatro días, los golpistas liquidaron los conatos de resistencia, sobre todo en barrios obreros como Triana, la Macarena o San Bernardo. Y precisamente muchos obreros fueron a partir de ahí depurados, como ahora refleja de manera muy gráfica la documentación que ha salido a la luz en el Archivo Histórico Provincial de Sevilla sobre cómo fue en la Fábrica de Tabacos el proceso de busca y captura de izquierdistas y sindicalistas.

El sorpresivo golpe de mano en la capital y la posterior represión tuvo nombre y apellidos: Gonzalo Queipo de Llano, el general que asumió el mando del Ejército del Sur golpista y fue responsable directo de la muerte de más de 45.000 personas, 14.000 de ellas en Sevilla. Ahora ha sido un estudiante de Historia de la UPO en prácticas el que se ha topado con un ejemplo más de cómo funcionaron las cosas una vez tomada la ciudad, al encontrarse con una carpeta marcada como 'Confidencial' y 'Muy reservado' en el Archivo Histórico, dependiente de la Consejería de Cultura.

Este archivador de fuelle almacenaba toda la documentación que se intercambiaron el Gobierno Civil ya en manos franquistas y la dirección de la Fábrica de Tabacos, por entonces perteneciente a la empresa estatal Compañía Arrendataria de Tabacos, en los meses posteriores a julio de 1936. Y refleja al detalle el modus operandi: cartas pidiendo listados según la ideología, órdenes de apartar a trabajadores, informes personales... Este mecanismo se repitió en todos los grandes centros de trabajo en una ciudad que por desgracia se acostumbró a los fusilamientos, como muestran las grandes fosas de Pico Reja o Monumento.

“Refleja la época más dura de la represión”, explica el director del Archivo Histórico, Braulio Vázquez, que señala que el archivo completo de la Fábrica de Tabacos les fue entregado en 2021, nada más y nada menos que en 3.500 cajas. El proceso, por lo tanto, es lento y laborioso, “harían falta diez vidas para clasificar todo lo que nos llega”, ya que se custodia la documentación administrativa histórica, los protocolos notariales del distrito de Sevilla y fondos de muchas empresas, como la naviera Ybarra, la Fábrica de Vidrio o La Cartuja Pickman.

Amigo de Azaña y Casares Quiroga

“Se investigó a todo el personal, desde peones a ingenieros”. De uno de ellos, el teniente de Artillería retirado Fernando de Bedia Alfaro, se detalla por ejemplo que “desde luego este funcionario no se ocultaba de profesar ideas extremistas de la extrema izquierda”, y se le reprocha incluso que hacía gala de “su amistad con los señores Azaña y Casares Quiroga”.

La dirección de la fábrica detalla que este ingeniero fue detenido por orden del mando militar el 22 de julio de 1936, “y desde entonces continúa en prisión y procesado, al parecer como desafecto al movimiento”. De hecho, el encabezamiento de su informe lleva el revelador título de “Relación de los funcionarios de esta fábrica que por su conducta anterior y posterior al movimiento de España se consideran contrarios a éste”. Pese a ello, la dirección cree que “no tomó parte activa en la propaganda del Frente Popular”, algo que “todo el personal hacía con el mayor descaro sin tener necesidad de excitaciones”.

Pedro Parias, el militar al que Queipo de Llano pone como gobernador civil el mismo 18 de julio, es el que en septiembre de 1936 envía una carta al director de las instalaciones para pedirle que remita, “a la mayor brevedad posible”, una relación del personal que haya cesado “en virtud de las disposiciones contenidas en el bando por el que se declaró el estado de guerra”. Reclama asimismo que se detallen los puestos que ocupaban.

Análisis del comportamiento íntimo

“En algunos casos se piden explicaciones por trabajadores que no están acudiendo a su puesto de trabajo, porque se sospecha que son izquierdistas que han huido, y resulta que están combatiendo en el frente en el bando franquista”, señala Braulio Vázquez, que apunta lo vistoso del caso con ese etiquetado de 'Muy reservado'. La investigación se llevó a cabo tanto en el personal masculino como en el femenino, con mucha presencia siempre en la Fábrica de Tabacos, y en algunos casos “se entra incluso en el comportamiento íntimo”, como cuando de una trabajadora “se dice que está casada pero liada con su jefe”.

En otra misiva, rubricada también por Parias, se adjunta un listado de trabajadores de los que se exige que “cesen inmediatamente” en sus funciones. “Los individuos incluidos en la adjunta relación”, apunta el gobernador civil, “pertenecían unos a los cuadros dirigentes de las organizaciones en lucha contra el Ejército de España y eran otros colaboradores de dichos elementos”.

Hay informes, en cambio, que son positivos, con todas las cautelas del mundo. De una trabajadora (Luisa de Castro Salas, detenida en noviembre de 1936) se detalla que llevaba una década como liadora de tabaco y que “ha observado siempre buena conducta, no actuó en política y en su trabajo se distinguió por su buena labor”. Eso sí, se detalla que eso ocurrió “dentro de la fábrica”, fechándose el breve documento el 29 de agosto de 1939, “Año de la Victoria”.

Ahora se sigue trabajando en la clasificación, con la prioridad puesta en la macrodescripción de la documentación para orientar a investigadores e historiadores, que poco a poco serán los que vayan profundizando en este mar de papel. Andado el camino se llegará también a la digitalización del material, como se viene haciendo en un Archivo Histórico Provincial que custodia documentos fechados entre 1441 y el siglo XXI que ocupan diez kilómetros lineales de estanterías. Como insiste Braulio Vázquez, aquí el trabajo “no se acaba nunca”.

A penes 24 hores després que PP i Vox tombassin la llei balear de memòria democràtica, la formació d’extrema dreta ha carregat contra les víctimes del franquisme que es varen concentrar a les portes del Parlament balear en protesta per l’eliminació de la norma. Els de Santiago Abascal s’han presentat com a blancs d’un suposat “clima d’hostilitat” que, asseguren, varen generar aquells que varen mostrar al carrer el seu rebuig a la derogació del text i posteriorment es varen congregar al saló contigu a l’hemicicle per seguir el ple.

La portaveu del grup, Manuela Cañadas, ha comparegut en roda de premsa per denunciar el que ha considerat “un espectacle lamentable i d’una violència preocupant” per part dels familiars de represaliats del franquisme, amplificant la indignació d’aquests i acusant-los d’haver protagonitzat un comportament tal que els seus companys de bancada varen córrer fins i tot el risc de ser agredits amb arma blanca: “Podríem haver patit, i ho dic així de clar, un apunyalament contra qualsevol dels nostres càrrecs i hauríem hagut de lamentar una cosa molt més greu”.

“És inacceptable que els càrrecs públics d’un partit polític no puguin accedir sense ser escopits, insultats i sense mantenir la distància de seguretat, envoltats per 150 persones”, ha asseverat.

La diputada ha fet aquestes manifestacions malgrat que l'ambient va transcórrer sense incidències -i sota presència policial- més enllà dels moments de tensió que es varen viure abans d’iniciar-se el debat, quan el diputat de Vox al Congrés Jorge Campos es va dirigir als manifestants per dedicar-los un gest de desaprovació amb el polze cap avall, o després de la votació que va possibilitar la derogació del text memorialista. En un missatge difós a 'X', Campos assegurava que els d’Abascal havien estat víctimes de “intents d’agressió” per part de “l’associació Memòria de Mallorca i la Fundació Darder Mascaró”, les quals va qualificar de “xiringuitos que han viscut de la subvenció pública i que treballen per enfrontar i dividir la societat”, així com per part de membres del PSIB-PSOE i de Més per Mallorca.

En la mateixa publicació, el diputat es va vantar, amb tot, que els suposats increpadors no varen poder “aturar el mandat democràtic de Balears”: “Avui, els defensors de la concòrdia entre espanyols estam d’enhorabona per la derogació de la sectària llei de memòria democràtica”.

En declaracions a eldiario.es, la presidenta de Memòria de Mallorca, Maria Antònia Oliver, ha condemnat les acusacions efectuades per Vox, lamentant que la formació pretengui desacreditar les víctimes del franquisme i els col·lectius memorialistes amb “mentides que intenten embrutar la nostra imatge”. “Ahir va ser un dia terrible, però ja podíem preveure que passarien coses així”, ha assenyalat, recordant que no és la primera vegada que des de Vox utilitzen un llenguatge hostil cap a ells.

No debades, el 2021 el portaveu adjunt de la formació al Parlament, Sergio Rodríguez, va apel·lar a tancar la Secretaria General de Memòria Democràtica, “fumigar-la i acabar amb totes les paparres, paneroles i xinxes que hi habiten”, unes declaracions que varen ser durament criticades per col·lectius de víctimes i partits de l’oposició per considerar que deshumanitzaven aquells que treballen en polítiques de memòria i per tractar-se de termes utilitzats pels nazis per referir-se als jueus i per la propaganda del genocidi de Ruanda, quan determinats mitjans incitaven a “exterminar les paneroles” en al·lusió a la minoria tutsi.

A aquest episodi s’hi va sumar un altre dels moments més controvertits de la legislatura, quan el president del Parlament, Gabriel Le Senne (Vox), va rompre en ple hemicicle la fotografia de tres víctimes del franquisme durant un altre debat entorn de la supressió de la llei, uns fets que varen provocar una onada d’indignació dins i fora de l’arxipèlag, amb peticions de dimissió que Le Senne mai no ha atès. El Govern de Marga Prohens (PP) tampoc no l’ha forçat a abandonar el càrrec.

El responsable ultra es troba pendent de ser jutjat per un delicte d’odi com a conseqüència d’aquella acció, per la qual els querellants i les acusacions populars personades en la causa —els descendents de les republicanes assassinades, Memòria de Mallorca, el col·lectiu Estimada Aurora (que engloba uns 50 ciutadans), el Partit Comunista (PCE) i el Partit Comunista dels Pobles d’Espanya (PCPE)— reclamen per a ell des d’un any i quatre mesos fins a quatre anys de presó, així com fins a 11 anys d’inhabilitació. La Fiscalia i el mateix inculpat, per la seva banda, demanen l’arxivament de la causa en al·legar que va actuar en l’exercici de les seves funcions per preservar la neutralitat institucional i el pluralisme polític.

En la roda de premsa d’aquest dimecres, ha acusat a més el PSIB-PSOE d’organitzar “performances totalment calculades” cada vegada que s’aborden debats “complicats” al Parlament. “Si tiram d’hemeroteca fotogràfica, sempre són les mateixes persones les que venen”, ha etzibat. La portaveu de Vox ha matisat, no obstant això, que exclou d’aquestes acusacions els grups de Més per Mallorca i Més per Menorca.

L’esquerra demana a Le Senne moderar els plens: “Alguns actuen com hooligans”

Precisament, la Junta de Portaveus, que s’ha prolongat durant prop d’una hora, ha abordat avui les formes i la cortesia parlamentària després de la tensió viscuda al ple del dia anterior. Així ho ha explicat el portaveu de Més per Menorca, Josep Castells, qui ha impulsat el debat i ha traslladat que existeix un sentir majoritari entre els grups que el president del Parlament ha d’intervenir quan es produeixin afirmacions ofensives durant els debats, interrompre l’orador quan se sobrepassen determinats límits i, si és necessari, cridar a l’ordre els diputats.

“No es tracta d’atacar ningú, sinó de millorar la feina que es fa aquí. Confrontam idees i debatem civilitzadament i, si no som capaços de fer-ho, no mereixem estar en aquests escons”, ha afirmat, lamentant que en ocasions alguns parlamentaris actuen com a “hooligans”.

En la mateixa línia, el portaveu de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha sostingut que Le Senne ha demostrat ser “incapaç de dirigir els debats” i ha denunciat una “falta d’actuació del president respecte a les seves obligacions parlamentàries”. L’ecosobiranista també ha criticat que, durant la reunió, el dirigent de Vox no hagi respost a les qüestions plantejades pels grups.

Per la seva banda, Cañadas ha assenyalat que comparteix que han d’existir límits en el debat parlamentari i que tots els diputats tenen la responsabilitat de donar exemple, mentre que des del PSIB-PSOE, el seu portaveu adjunt, Marc Pons, ha acusat l’extrema dreta d’actuar amb “cinisme” i d’alimentar la confrontació política, alhora que ha lamentat que Le Senne no hagi exercit l’autoritat que li correspon des de l’inici de la legislatura.

Finalment, la portaveu adjunta del PP, Marga Durán, ha admès que el ple de dimarts va ser “tens i difícil”, si bé ha assenyalat que correspon al president del Parlament exercir la moderació. Durán ha afegit que quan els diputats interrompen els consellers durant les seves intervencions també haurien de ser cridats a l’ordre.

Apenas 24 horas después de que PP y Vox tumbaran la ley balear de memoria democrática, la formación de extrema derecha ha cargado contra las víctimas del franquismo que se concentraron a las afueras del Parlament balear en protesta por la eliminación de la norma. Los de Santiago Abascal se han presentado como blancos de un supuesto “clima de hostilidad” que, aseguran, generaron quienes mostraron en la calle su rechazo a la derogación del texto y posteriormente se congregaron en el salón contiguo al hemiciclo para seguir el pleno.

La portavoz del grupo, Manuela Cañadas, ha comparecido en rueda de prensa para denunciar lo que ha considerado “un espectáculo lamentable y de una violencia preocupante” por parte de los familiares de represaliados del franquismo, amplificando la indignación de estos y acusándolos de haber protagonizado tal comportamiento que sus compañeros de bancada corrieron incluso el riesgo de ser agredidos con arma blanca: “Podríamos haber sufrido, y lo digo así de claro, un apuñalamiento contra cualquiera de nuestros cargos y hubiéramos tenido que lamentar algo mucho más grave”.

“Es inaceptable que los cargos públicos de un partido político no puedan acceder sin ser escupidos, insultados y sin mantener la distancia de seguridad, rodeados por 150 personas”, ha aseverado.

La diputada ha efectuado estas manifestaciones a pesar de que el ambiente transcurrió sin incidencias -y bajo presencia policial- más allá de los momentos de tensión que se vivieron antes de iniciarse el debate, cuando el diputado de Vox en el Congreso Jorge Campos se dirigió a los manifestantes para dedicarles un gesto de desaprobación con su pulgar hacia abajo, o tras la votación que posibilitó la derogación del texto memorialista. En un mensaje en 'X' difundido en 'X', Campos aseguraba que los de Abascal habían sido víctimas de “intentos de agresión” por parte de “la asociación Memòria de Mallorca y la Fundación Darder Mascaró”, a las que tachó de “chiringuitos que han vivido de la subvención pública y que trabajan para enfrentar y dividir a la sociedad”, así como por parte de miembros del PSIB-PSOE y de Més per Mallorca.

En la misma publicación, el diputado se jactó, con todo, de que los supuestos increpadores no pudieron “parar el mandato democrático de Baleares”: “Hoy, los defensores de la concordia entre españoles estamos de enhorabuena por la derogación de la sectaria ley de memoria democrática”.

En declaraciones a elDiario.es, la presidenta de Memòria de Mallorca, Maria Antònia Oliver, ha condenado las acusaciones efectuadas por Vox, lamentando que la formación pretenda y desacreditar a las víctimas del franquismo y a los colectivos memorialistas con “mentiras que intentan ensuciar nuestra imagen”. “Ayer fue un día terrible, pero ya podíamos prever que pasarían cosas así”, ha señalado, recordando que no es la primera vez que desde Vox utilizan un lenguaje hostil hacia ellos.

No en vano, en 2021, el portavoz adjunto de la formación en el Parlament, Sergio Rodríguez apeló a cerrar la secretaría general de Memoria Democrática, “fumigarla y acabar con todas las garrapatas, cucarachas y chinches que habitan en ella”, unas declaraciones que fueron duramente criticadas por colectivos de víctimas y partidos de la oposición por considerar que deshumanizaban a quienes trabajan en políticas de memoria y por tratarse de términos utilizados por los nazis para referirse a los judíos y por la propaganda del genocidio de Ruanda, cuando determinados medios incitaban a “exterminar a las cucarachas” en alusión a la minoría tutsi.

A ese episodio se sumó otro de los momentos más controvertidos de la legislatura, cuando el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne (Vox), rompió en pleno hemiciclo la fotografía de tres víctimas del franquismo durante otro debate en torno a la supresión de la ley, unos hechos que provocaron una oleada de indignación dentro y fuera del archipiélago, con peticiones de dimisión que Le Senne nunca ha atendido. El Govern de Marga Prohens (PP) tampoco le ha forzado a abandonar el cargo.

El responsable ultra se encuentra pendiente de ser juzgado por un delito de odio como consecuencia de aquella acción, por la que los querellantes y las acusaciones populares personadas en la causa -los descendientes de las republicanas asesinadas, Memòria de Mallorca, el colectivo Estimada Aurora (que engloba a unos 50 ciudadanos), el Partido Comunista (PCE) y el Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE)- reclaman para él desde un año y cuatro meses hasta cuatro años de cárcel, así como hasta 11 años de inhabilitación. La Fiscalía y el propio inculpado, por su parte, piden el archivo de la causa al alegar que actuó en el ejercicio de sus funciones para preservar la neutralidad institucional y el pluralismo político.

En la rueda de prensa de este miércoles, ha acusado además al PSIB-PSOE de organizar “performances totalmente calculadas” cada vez que se abordan debates “complicados” en el Parlament. “Si tiramos de hemeroteca fotográfica, siempre son las mismas personas las que vienen”, ha espetado. La portavoz de Vox ha matizado, no obstante, que excluye de esas acusaciones a los grupos de Més per Mallorca y Més per Menorca.

La izquierda pide a Le Senne moderar los plenos: “Algunos actúan como hooligans”

Precisamente, la Junta de Portavoces, que se ha prolongado durante cerca de una hora, ha abordado hoy las formas y la cortesía parlamentaria tras la tensión vivida en el pleno del día anterior. Así lo ha explicado el portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, quien ha impulsado el debate y ha trasladado que existe un sentir mayoritario entre los grupos de que el presidente del Parlament debe intervenir cuando se produzcan afirmaciones ofensivas durante los debates, interrumpir al orador cuando se sobrepasan determinados límites y, si es necesario, llamar al orden a los diputados.

“No se trata de atacar a nadie, sino de mejorar el trabajo que se hace aquí. Confrontamos ideas y debatimos civilizadamente y, si no somos capaces de hacerlo, no merecemos estar en estos escaños”, ha afirmado, lamentando que en ocasiones algunos parlamentarios actúan como “hooligans”. En la misma línea, el portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha sostenido que Le Senne ha demostrado ser “incapaz de dirigir los debates” y ha denunciado una “falta de actuación del presidente respecto a sus obligaciones parlamentarias”. El ecosoberanista también ha criticado que, durante la reunión, el dirigente de Vox haya respondido a las cuestiones planteadas por los grupos.

Por su parte, Cañadas ha señalado que comparte que deben existir límites en el debate parlamentario y que todos los diputados tienen la responsabilidad de dar ejemplo, mientras que desde el PSIB-PSOE, su portavoz adjunto, Marc Pons, ha acusado a la extrema derecha de actuar con “cinismo” y de alimentar la confrontación política, al tiempo que ha lamentado que Le Senne no haya ejercido la autoridad que le corresponde desde el inicio de la legislatura. Finalmente, la portavoz adjunta del PP, Marga Durán, ha admitido que el pleno del martes fue “tenso y difícil”, si bien ha señalado que corresponde al presidente del Parlament ejercer la moderación. Durán ha añadido que cuando los diputados interrumpen a los consellers durante sus intervenciones también deberían ser llamados al orden.

PP i Vox han culminat aquest dimarts un dels compromisos polítics assumits per ambdós partits a l’inici de la legislatura a Balears: la derogació de la llei autonòmica de memòria democràtica. La votació duta a terme al Parlament de les Illes Balears ha suposat l’eliminació definitiva d’una de les primeres normes aprovades a nivell estatal en aquesta matèria, la que per primera vegada a l’arxipèlag va articular un marc institucional per investigar els crims del franquisme i el reconeixement públic de qui va ser represaliat després del cop militar de 1936. L’arxipèlag s’afegeix així a les comunitats autònomes que, governades pels populars i l’extrema dreta, ja han tombat els seus textos memorialistes, substituïts en alguns casos per “lleis de la concòrdia” que, sota el pretext de “reconciliar” els espanyols en lloc de “reobrir ferides”, equiparen el franquisme amb la democràcia.

Malgrat que el desembre de 2024 els conservadors van assolir un insòlit pacte amb els partits d'esquerres per no suprimir la normativa balear, tan sols mig any després van incomplir el seu compromís en pactar novament amb Vox la seva eliminació a canvi d’aconseguir el suport dels de Santiago Abascal per poder tirar endavant els pressupostos autonòmics de 2025. Aquest dimarts, lluny d’expressar cap mena de condemna a la sublevació feixista i a les violacions de drets humans comeses durant la dictadura, PP i Vox han sumat els seus vots per fer caure un document que rebutja expressament “qualsevol totalitarisme i règim antidemocràtic”.

Mentre a les portes de la Cambra un centenar de persones es manifestaven contra l’eliminació de la llei, a l’hemicicle la bancada de l’esquerra exhibia fotografies de víctimes del franquisme i carregava amb duresa contra la derogació i contra “l’assumpció”, per part dels populars, dels postulats de l’extrema dreta “per un grapat de vots per continuar governant”. “Han quedat desdibuixats com a partit democràtic”, els ha retret el diputat d’Unides Podem, José María García, qui ha lamentat que la supressió no només afecta les víctimes del franquisme, sinó el conjunt del sistema democràtic. “Amb la derogació de les lleis de memòria democràtica no només perden les víctimes i els seus familiars: hi perdem totes i tots, i també hi perd la democràcia”, ha subratllat, retraient al PP que utilitzi la seva majoria parlamentària per eliminar una llei que, tal com ha defensat l’oposició, va ser fruit d’un consens previ.

“La història és clara: quan la dreta moderada assumeix el marc ideològic de l’extrema dreta per por de perdre vots, no l’atura, el legitima. I sovint el reforça”, ha expressat per la seva banda la diputada de Més per Mallorca Joana Gomila, assegurant que les seves paraules no són paral·lelismes “simplistes”, sinó un recordatori que Europa “ja ha recorregut aquest camí abans i sap perfectament on acaba quan ningú s’atreveix a plantar-hi cara a temps”.

En aquesta mateixa línia, el portaveu socialista, Iago Negueruela, ha qualificat la jornada com “un dia trist per a aquest Parlament i per a aquesta societat”, retraient als populars que cedeixin davant l’extrema dreta per modificar un marc legal que, ha remarcat, formava part dels consensos bàsics de la convivència democràtica. Negueruela també ha reivindicat la importància de mantenir les polítiques públiques de memòria per explicar a les escoles el que va passar durant la dictadura i evitar que es repeteixi, alhora que ha incidit que les lleis de memòria no busquen reobrir conflictes, sinó garantir que les noves generacions coneguin els fets i comprenguin la gravetat de les vulneracions de drets humans comeses durant el franquisme.

“Mai callaran ni esborraran les víctimes”

“Però els diré una cosa”, ha advertit: “Els asseguro que per moltes lleis que deroguin mai esborraran els grans horrors que es van cometre, mai callaran ni esborraran les víctimes. Veuran les seves cares tantes vegades com faci falta, aquí o al Consolat de Mar, perquè la presidenta [Marga Prohens] vegi què suposa la derogació”. Una apel·lació que la líder autonòmica del PP no ha pogut escoltar atès que no ha estat present durant el debat i només ha acudit per participar en la votació.

Davant les manifestacions de l’esquerra, el portaveu adjunt de Vox, Sergio Rodríguez, ha defensat la derogació de la llei de memòria democràtica recorrent al relat habitualment brandat per l’extrema dreta i rebutjat pel consens historiogràfic: que el govern del Front Popular sorgit després de les eleccions de febrer de 1936 no tenia “legitimitat d’origen” perquè “mig centenar de vots van ser robats” a la comissió d’actes del Congrés.

Malgrat que el cop militar contra la Segona República feia mesos que es preparava per part d’amplis sectors de l’Exèrcit i de la dreta autoritària, i que la repressió es va prolongar de manera sistemàtica durant dècades, el parlamentari d’extrema dreta ha presentat l’assassinat del dirigent monàrquic José Calvo Sotelo com el “tret de sortida” de la contesa i ha assegurat que en ambdós bàndols hi va haver víctimes, com les de Massacres de Paracuellos del Jarama.

Rodríguez ha acabat mostrant a l’hemicicle una fotografia del seu besavi, qui —segons ha explicat— va ser maître de l’Hotel Ritz Barcelona, i ha relatat que va ser tret de casa seva una nit i assassinat. També ha afirmat que un altre familiar seu, de 19 anys, va ser executat i que el seu cos encara podria trobar-se en alguna cuneta.

Vox: “Estan molt acostumats a treure pit pels assassins”

En la seva segona intervenció, Rodríguez ha elevat el to del debat, acusant els socialistes de reivindicar figures històriques a les quals ha considerat responsables d’episodis violents, entre les quals ha citat el fundador del PSOE y de UGT, Pablo Iglesias Posse, o l'exdirigent socialista Francisco Largo Caballero, a qui ha assenyalat com “un dels màxims responsables d’arribar a la guerra civil per les seves declaracions incendiàries, per la seva participació en la Revolució d’Astúries i, per descomptat, en la repressió que es va produir al bàndol republicà durant els primers mesos de la guerra civil”. “Vostès estan, pel que veig, molt acostumats a treure pit pels assassins”, ha etzibat.

El diputat ha acabat mostrant a l’hemicicle una fotografia del seu besavi, qui —segons ha explicat— va ser maître de l’Hotel Ritz Barcelona. “El varen treure una nit de casa seva i li varen pegar un tir”. “I aquest és el seu fill, el meu oncle Salvador”, ha continuat mostrant una altra imatge: “19 anys i sense cap participació política de cap tipus. El seu cos deu estar encara en alguna cuneta, perquè no l’hem recuperat”. “I com es pensen que em sent jo com a víctima quan vostès fan actes de reconeixement, estàtues i posen carrers a Lluís Companys?”, ha afegit, qualificant d’“assassí” l’expresident de la Generalitat de Catalunya i considerant-lo “responsable dels assassinats dels meus familiars”.

“En el fons, l’únic que volen vostès és blanquejar el partit del qual són directament hereus. Perquè aquí no hi ha ni falangistes, ni carlins, ni cap participant del bàndol nacional de la guerra civil”, ha afirmat, per acabar titllant d’“assassins” “tots els responsables de la barbàrie roja a la rereguarda republicana, majoritàriament socialista”.

Després de les paraules de Sergio Rodríguez, Iago Negueruela ha pres la paraula per reprovar la seva intervenció i invocar el reglament de la Cambra. “Li record unes paraules seves a la Junta de Portaveus de la setmana passada”, ha assenyalat adreçant-se al president del Parlament de les Illes Balears, Gabriel Le Senne (Vox), “en què vostè ens va dir a tots que no toleraria segons quins comentaris dirigits a grups o a partits”.

“Dir que el Partit Socialista és un partit d’assassins és una falsedat històrica. És una falsedat pròpia d’una persona que no té el més mínim respecte i que es creu superior a la resta de persones que formen part d’aquesta Cambra”, ha continuat el portaveu del PSIB, qui ha instat Le Senne —que està pendent de ser jutjat per un delicte d’odi per haver romput en ple hemicicle la fotografia de tres víctimes del franquisme— a retirar les acusacions abocades per Rodríguez. El màxim responsable de la Cambra legislativa, però, no hi ha accedit.

El PP reivindica les víctimes del bàndol franquista

Per part del PP, la diputada Cristina Gil ha mostrat el seu suport a la iniciativa de Vox en considerar que la llei de memòria “no uneix, sinó que separa i enfronta”. “La memòria és individual i cap llei, excepte en les dictadures més abjectes, es pot imposar”, ha argumentat, acusant l’esquerra d’obviar la memòria de les víctimes que no combreguen amb la seva ideologia. “Són víctimes de segona? Són noms sense memòria?”, s’ha demanat. “Sota el pretext d’una llei que sí que és cert que podia ser justa en el seu inici s’ha dut a terme una veritat oficial, la del costat bo de la història que vostès repeteixen com un mantra marxista”, ha sostingut, per tot seguit insinuar que la normativa memorialista mai no ha estat una “prioritat” per al seu partit. Per al PP, ha asseverat, la veritablement important, i que per tant continuarà vigent, és la llei de recuperació de persones desaparegudes durant la guerra civil i el franquisme —més coneguda com la ‘llei de fosses’—, aprovada per unanimitat el 2016.

Es tracta d’una norma que ha permès recuperar les restes de més de 280 víctimes del franquisme —de les quals més de 50 han estat identificades— que van ser assassinades de forma violenta i enterrades, la majoria d’elles de manera clandestina, en clots excavats dins i fora dels cementiris. Els investigadors apunten que altres persones van ser llançades a pous i simes. Amb tot, s’estima que més de 1.700 víctimes continuen desaparegudes arreu del territori balear.

Després de la intervenció de la diputada conservadora, el portaveu de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha respost que la memòria “no és una qüestió individual”. “La memòria es construeix com un fet social i col·lectiu, i en aquest país, durant quaranta anys, es va intentar construir una memòria de bons i dolents en què es va culpabilitzar sistemàticament les persones derrotades del bàndol republicà. I vostès no poden entendre que no només cal recuperar els cossos de les persones que van ser assassinades i torturades durant la guerra civil, sigui quin sigui el seu bàndol. Cal recuperar la memòria de totes les persones que durant 40 anys van lluitar per la llibertat”.

Després de la votació, els diputats de Vox han aplaudit mentre els del PP, tot i haver donat suport a l’eliminació, han romàs en silenci, fet que ha portat alguns diputats de l’esquerra a qualificar-los de “covards” des dels seus escons. “Ara no aplaudiu?”, els han etzibat. Entre els diputats de l’extrema dreta han predominat les abraçades i els gestos d’alegria, primer des dels seus escons i després als passadissos del Parlament de les Illes Balears, on s’han trobat amb el diputat al Congrés Jorge Campos, qui havia seguit el debat des de la tribuna de convidats. El mateix Campos ha estès la mà a Marga Prohens, qui li ha correspost amb una encaixada. Per la seva banda, la portaveu parlamentària de Vox, Manuela Cañadas, ha fet dos besos a la presidenta balear, mentre que el diputat Sergio Rodríguez ha encaixat la mà amb el líder parlamentari dels populars, Sebastià Sagreras.

En un moment donat, la presidenta de l’entitat Memòria de Mallorca s’ha acostat a Prohens, sobre la taula de la qual ha dipositat un mocador amb el lema “Justícia, reparació i no repetició”, un dels lemes del moviment memorialista. El gest, silenciós i breu, ha servit com a símbol de protesta de les víctimes davant la derogació de la llei. La presidenta del Govern, però, ha recollit immediatament la peça i l’ha guardada a la butxaca.

Fites de la llei de memòria

Entre altres fites, la llei balear de memòria democràtica havia permès delimitar i ampliar la consideració de víctimes de la guerra civil i la dictadura: no només havia possibilitat reconèixer persones represaliades directament, sinó també organitzacions socials, professionals o culturals, partits polítics, sindicats, lògies maçòniques, moviments feministes o col·lectius LGTBI, així com víctimes de bombardejos, nadons robats o persones perseguides per motius ideològics.

Sota l’empara d’aquesta normativa també es va declarar la nul·litat de ple dret de totes les sentències i resolucions dictades per raons polítiques en causes penals, civils o administratives durant la dictadura a les illes, una mesura simbòlica destinada a reparar jurídicament aquells que van ser condemnats per tribunals franquistes. La llei també va introduir mesures en l’àmbit educatiu per garantir la transmissió d’aquest període històric a les noves generacions. Entre altres disposicions, establia la incorporació de la memòria democràtica als currículums escolars, l’impuls de programes pedagògics sobre el conflicte bèl·lic i el règim franquista, així com activitats d’investigació i divulgació en col·laboració amb centres educatius i universitats.

Mentrestant, a l’empara d’aquesta norma es van crear els Espais i itineraris de la Memòria i Reconeixement Democràtics com a nova figura de protecció a l’arxipèlag, es va declarar el 29 d’octubre com a data simbòlica de record i reivindicació dels valors democràtics i de la lluita per la llibertat, i es va elaborar un cens de símbols i mencions franquistes.

PP y Vox han culminado este martes uno de los compromisos políticos asumidos por ambos partidos al inicio de la legislatura en Balears: la derogación de la ley autonómica de memoria democrática. La votación llevada a cabo en el Parlament ha supuesto la eliminación definitiva de una de las primeras normas aprobadas a nivel estatal en esta materia, la que por primera vez en el archipiélago articuló un marco institucional para investigar los crímenes del franquismo y el reconocimiento público de quienes fueron represaliados tras el golpe militar de 1936. El archipiélago se suma así a las Comunidades Autónomas que, gobernadas por populares y extrema derecha, ya han tumbado sus textos memorialistas, sustituidos en algunos casos por 'leyes de la concordia' que, so pretexto de “reconciliar” a los españoles en lugar de “reabrir heridas”, equiparan el franquismo con la democracia. 

A pesar de que en diciembre de 2024 los conservadores alcanzaron un insólito pacto con los partidos de izquierdas para no suprimir la normativa balear, tan solo medio año después incumplieron su compromiso al pactar nuevamente con Vox su eliminación a cambio de granjearse el apoyo de los de Santiago Abascal para poder sacar adelante los presupuestos autonómicos de 2025. Este martes, lejos de expresar cualquier tipo de condena a la sublevación fascista y a las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura, PP y Vox han sumado sus votos para echar abajo un documento que rechaza expresamente “cualquier totalitarismo y régimen antidemocrático”.

Mientras a las puertas de la Cámara un centenar de personas se manifestaban contra la eliminación de la ley, en el hemiciclo la bancada de la izquierda exhibía fotografías de víctimas del franquismo y cargaba con dureza contra la derogación y contra la “asunción”, por parte de los populares, de los postulados de la extrema derecha “por un puñado de votos para seguir gobernando”. “Han quedado desdibujados como partido democrático”, les ha recriminado el diputado de Unides Podem, José María García, quien ha lamentado que la supresión no solo afecta a las víctimas del franquismo, sino al conjunto del sistema democrático. “Con la derogación de las leyes de memoria democrática no solo pierden las víctimas y sus familiares: perdemos todas y todos, y también pierde la democracia”, ha subrayado, reprochando al PP que utilice su mayoría parlamentaria para eliminar una ley que, tal como ha defendido la oposición, fue fruto de un consenso previo.

“La historia es clara: cuando la derecha moderada asume el marco ideológico de la extrema derecha por miedo a perder votos, no lo detiene, lo legitima. Y a menudo lo fortalece”, ha expresado por su parte la diputada de Més per Mallorca Joana Gomila, aseverando que sus palabras no son paralelismos “simplistas”, sino un recordatorio de que Europa “ya ha recorrido este camino antes y sabe perfectamente dónde acaba cuando nadie se atreve a hacer frente a tiempo”.

En esta misma línea, el portavoz socialista, Iago Negueruela, ha calificado la jornada como “un día triste para este Parlament y para esta sociedad”, reprochando a los populares que cedan ante la ultraderecha para modificar un marco legal que, ha recalcado, formaba parte de los consensos básicos de la convivencia democrática. Negueruela también ha reivindicado la importancia de mantener las políticas públicas de memoria para explicar en las escuelas lo ocurrido durante la dictadura y evitar que se repita, al tiempo que ha incidido en que las leyes de memoria no buscan reabrir conflictos, sino garantizar que las nuevas generaciones conozcan los hechos y comprendan la gravedad de las vulneraciones de derechos humanos cometidas durante el franquismo.

“Jamás van a callar ni a borrar a las víctimas”

“Pero les digo una cosa” -ha advertido-: “Les aseguro que por muchas leyes que deroguen jamás borrarán los grandes horrores que se hicieron, jamás van a callar ni a borrar a las víctimas. Verán sus rostros las veces que hagan falta, aquí o en el Consolat de Mar [sede de la Presidencia balear-, para que la presidenta [Marga Prohens] vea lo que supone la derogación”. Una apelación que la líder autonómica del PP no ha podido escuchar dado que no ha estado presente durante el debate y tan solo ha acudido para participar en la votación. “Hoy escuchamos crueldad y rabia en un parlamento democrático que no requiere ni de crueldad ni de rabia”, ha continuado, lamentando que lo vivido en el hemiciclo “es el dolor de muchas personas que no entienden qué rabia hay que tener para atentar contra una ley como esta, que lo único que exige es reparación y justicia”. En su opinión, la derogación de la normativa “es una traición a la democracia y a la palabra”.

Frente a las manifestaciones de la izquierda, el portavoz adjunto de Vox, Sergio Rodríguez, ha defendido la derogación de la ley de memoria democrática recurriendo a la narrativa habitualmente enarbolada por la extrema derecha y rechazada por el consenso historiográfico: que el gobierno del Frente Popular surgido tras las elecciones de febrero de 1936 carecía de “legitimidad de origen” porque “medio centenar de votos fueron robados” en la comisión de actas del Congreso.

A pesar de que el golpe militar contra la Segunda República llevaba meses preparándose por parte de amplios sectores del Ejército y de la derecha autoritaria, y de que la represión se prolongó de forma sistemática durante décadas, el parlamentario de extrema derecha ha presentado el asesinato del dirigente monárquico José Calvo Sotelo como el “pistoletazo de salida” de la contienda y ha aseverado que en ambos bandos hubo víctimas, como las de “Paracuellos del Jarama”, recordando a quienes fueron “asesinados por las hordas rojas” para sostener, de este modo, que las leyes de memoria democrática ignoran a estos últimos.

Vox: “Están muy acostumbrados a sacar pecho por los asesinos”

En su segunda intervención, Rodríguez ha elevado el tono del debate, acusando a los socialistas de reivindicar a figuras históricas a las que ha considerado responsables de episodios violentos, entre quienes ha citado al fundador del PSOE y de UGT, Pablo Iglesias, o el exdirigente socialista Francisco Largo Caballero, a quien ha señalado como “uno de los máximos responsables de llegar a la guerra civil por sus declaraciones incendiarias, por su participación en la Revolución de Asturias y, por supuestísimo, en la represión que se produjo en el bando republicano durante los primeros meses de la guerra civil”. “Ustedes están, por lo que veo, muy acostumbrados a sacar pecho por los asesinos”, ha espetado.

El diputado ha finalizado mostrando en el hemiciclo una fotografía de su bisabuelo, quien -según ha explicado- fue maître del Hotel Ritz Barcelona. “Lo fueron a sacar una noche de su casa y le pegaron un tiro”. “Y este es su hijo, mi tío Salvador”, ha continuado exhibiendo otra imagen: “19 años y sin ninguna participación política de ningún tipo. Su cuerpo debe de estar todavía en alguna cuneta, porque no lo hemos recuperado”. “¿Y cómo se creen que me siento yo como víctima cuando ustedes hacen actos de reconocimiento, estatuas y le ponen calles a Lluís Companys?”, ha abundado, calificando de “asesino” al expresidente de la Generalitat de Catalunya y considerándolo “responsable de los asesinatos de mis familiares”.

“En el fondo, lo único que quieren ustedes es blanquear al partido del que son ustedes directamente herederos. Porque aquí no hay ni falangistas, ni carlistas, ni ningún participante en el bando nacional de la guerra civil”, ha manifestado, para terminar tachando de “asesinos” a “todos los responsables de la barbarie roja en la retaguardia republicana, mayoritariamente socialista”.

Tras las palabras de Rodríguez, Negueruela ha tomado la palabra para reprobar las palabras de Rodríguez e invocar el reglamento de la Cámara. “Le recuerdo unas palabras suyas en la Junta de Portavoces de la semana pasada” -ha señalado dirigiéndose al presidente del Parlament, Gabriel Le Senne (Vox)- “en la que usted nos dijo a todos que no toleraría según qué comentarios dirigidos a grupos o a partidos”.

“Decir que el Partido Socialista es un partido de asesinos es una falsedad histórica. Es una falsedad propia de una persona que no tiene el más mínimo respeto y que se cree superior al resto de las personas que forman parte de esta Cámara”, ha proseguido el portavoz del PSIB, quien ha emplazado a Le Senne -quien se encuentra pendiente de ser juzgado por un delito de odio por romper en pleno hemiciclo la fotografía de tres víctimas del franquismo- a retirar las acusaciones vertidas por Rodríguez. El máximo responsable de la Cámara legislativa no ha accedido a ello.

El PP reivindica las víctimas del bando franquista

Por parte del PP, la diputada Cristina Gil ha mostrado su apoyo a la iniciativa de Vox al considerar que la ley de memoria “no une, sino que separa y enfrenta”. “La memoria es individual y ninguna ley, salvo en las dictaduras más abyectas, se puede imponer”, ha argumentado, acusando a la izquierda de obviar la memoria de las víctimas que no comulgan con su ideología. “¿Son víctimas de segunda? ¿Son nombres sin memoria?”, se ha preguntado. “Bajo el pretexto de una ley que sí que es cierto que podía ser justa en su inicio se ha llevado a cabo una verdad oficial, la del lado bueno de la historia que repiten ustedes a modo de mantra marxista”, ha sostenido, para acto seguido deslizar que la normativa memorialista nunca ha sido una “prioridad” para su partido. Para el PP, ha aseverado, la verdaderamente importante, y que por lo tanto la que sí seguirá vigente, es la ley de recuperación de personas desaparecidas durante la guerra civil y el franquismo -más conocida como la 'ley de fosas'-, aprobada por unanimidad en 2016.

Se trata de una norma que ha permitido recuperar los restos de más de 280 víctimas del franquismo -de las que han sido identificadas más de 50- que fueron asesinadas de forma violenta y enterradas la mayoría de ellas de forma clandestina en hoyos excavados dentro y fuera de los cementerios. Los investigadores apuntan a que otras personas fueron lanzadas a pozos y simas. Se estima, con todo, que más de 1.700 víctimas continúan desaparecidas a lo largo del territorio balear.

Tras la intervención de la diputada conservadora, el portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha respondido que la memoria “no es una cuestión individual”. “La memoria se construye como un hecho social y colectivo, y en este país, durante cuarenta años se intentó construir una memoria de buenos y de malos en la que se culpó sistemáticamente a las personas derrotadas del bando republicano. Y ustedes no pueden entender que no solo hace falta recuperar los cuerpos de las personas que fueron asesinadas y torturadas durante la guerra civil, sea cual sea su bando. Hace falta recuperar la memoria de todas las personas que durante 40 años lucharon por la libertad”.

Tras la votación, los diputados de Vox han aplaudido mientras los del PP, pese a respaldar la eliminación, permanecían en silencio, lo que ha llevado a algunos diputados de izquierdas a calificarles de “cobardes” desde su bancada. “¿No aplaudís ahora?”, han proferido. Entre los diputados de la extrema derecha han primado los abrazos y las caras de alegría, primero desde sus escaños y después en los pasillos del Parlament, donde se han encontrado con el diputado en el Congreso Jorge Campos, quien ha seguido el debate desde la tribuna de invitados. El propio Campos le ha tendido la mano a Prohens, quien le ha correspondido con un apretón. Por su parte, la portavoz parlamentaria de Vox, Manuela Cañadas, le ha dado dos besos a la presidenta balear, mientras que el diputado Sergio Rodríguez ha estrechado la mano al líder parlamentario de los populares, Sebastià Sagreras.

En un momento dado, la presidenta de la entidadad Memòria de Mallorca se ha acercado a Prohens, en cuya mesa ha depositado un pañuelo con las insignias “Justicia, reparación y no repetición”, uno de los lemas del movimiento memorialista. El gesto, silencioso y breve, ha servido como símbolo de protesta de las víctimas frente a la derogación de la ley. La presidenta del Govern, sin embargo, ha recogido de inmediato la pieza y la ha guardado en el bolsillo.

Hitos de la ley de memoria

Entre otros hitos, la ley balear de memoria democrática ha permitido delimitar y ampliar la consideración de víctimas de la guerra civil y la dictadura: no solo ha posibilitado reconocer a personas represaliadas directamente, sino también a organizaciones sociales, profesionales o culturales, partidos políticos, sindicatos, logias masónicas, movimientos feministas o colectivos LGTBI, además de víctimas de bombardeos, bebés robados o personas perseguidas por motivos ideológicos.

Bajo el amparo de esta normativa también se declaró la nulidad de pleno derecho de todas las sentencias y resoluciones dictadas por razones políticas en causas penales, civiles o administrativas durante la dictadura en las islas, una medida simbólica destinada a reparar jurídicamente a quienes fueron condenados por tribunales franquistas. La ley también introdujo medidas en el ámbito educativo para garantizar la transmisión de este periodo histórico a las nuevas generaciones. Entre otras disposiciones, establecía la incorporación de la memoria democrática en los currículos escolares, el impulso de programas pedagógicos sobre el conflicto bélico y el régimen franquista, así como actividades de investigación y divulgación en colaboración con centros educativos y universidades.

Mientras tanto, al socaire de esta norma fueron creados los Espacios e itinerarios de la Memoria y Reconocimiento Democráticos como nueva figura de protección en el archipiélago, fue declarado el 29 de octubre como fecha simbólica de recuerdo y reivindicación de los valores democráticos y la lucha por la libertad, y fue confeccionado un censo de símbolos y menciones franquistas.

En la galería de presidentes del Real Madrid no existió la Guerra Civil. El listado que el equipo mantiene publicado en su página web –que empieza en 1900 y acaba con el empresario Florentino Pérez, actual directivo del club– hace un salto en los años que duró la contienda. Sin embargo, entre 1936 y 1939, el equipo tuvo al frente a dos presidentes republicanos que ejercieron el cargo después de que fuera incautado por el Frente Popular. Uno de ellos, Antonio Ortega, fue fusilado solo tres meses después de que los golpistas ganaran la guerra y su cuerpo fue arrojado a una fosa común de Alicante que va camino de abrirse.

Sus restos reposan junto a los de otros 51 represaliados procedentes de unos 15 municipios en la Fosa IX del cementerio, usado por los franquistas para enterrar a quienes mataron entre mayo de 1939 y 1945. “Usaban las llamadas fosas de beneficencia, para personas sin familia o recursos. Las iban llenando una a una y cuando acababan, pasaban a la siguiente. Por eso hay casi una treintena”, explica Jorge García, arqueólogo de Drakkar Consultores, que se ha encargado de exhumar ya una de las fosas y de redactar el proyecto para intervenir la que contiene los restos de Antonio.

“Sería cerrar un ciclo que lleva muchos años abierto”, sostiene su nieto, José Ignacio Echeverría Ortega, desde México, a dónde se exilió la familia tras su muerte. “En alguna ocasión me han comentado que no era importante recuperar unos huesos, que mejor mirar hacia delante, pero sí lo es, la historia trágica del dolor vivido es una parte intrínseca de esos huesos”, añade. La Asociación de Familiares de Represaliados del Cementerio de Alicante (AFRFCA) y el Ayuntamiento de Aspe, de donde eran varias víctimas, están impulsando los trabajos en la fosa y llevan tiempo moviéndose para lograr financiación.

La entidad desconfía de que la Generalitat Valenciana –en manos del PP gracias al apoyo de Vox– vaya a sacar una nueva línea de presupuesto este año para exhumar los enterramientos, por lo que ha reclamado la intervención del Gobierno central. De momento, la apertura de la Fosa IX será financiada por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, que destinará a ello 50.000 euros, según confirman fuentes de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. La asociación espera que antes de verano comiencen los trabajos.

Los huesos de Antonio Ortega están en la ciudad de la Comunitat Valenciana porque fue allí donde fue capturado y fusilado. Era una de las miles de personas que intentaron escapar del país por el puerto de la ciudad, a la espera de unos barcos que solo llegaron para unos pocos. La guerra estaba terminando y la gente se agolpaba para intentar subir a una de las embarcaciones prometidas mientras las tropas franquistas avanzaban. Cuando tomaron la ciudad, la mayoría fueron encerrados en campos de concentración, entre ellos Antonio, que pasó por el de Los Almendros antes de ser condenado a pena de muerte.

Nacido en 1888 en Rabé de las Calzadas, un pequeño pueblo de Burgos, Ortega se convirtió en militar con 18 años entrando en el Cuerpo de Carabineros, que se encargaba entonces de la vigilancia de fronteras y costas. Según ha documentado EFE en un exhaustivo perfil, desde el inicio tuvo una “intensa actividad pro republicana” que incluso le hizo pasar por prisión. Con el tiempo ascendió y el golpe de Estado de 1936 le pilló como teniente. Por eso, durante la Guerra Civil desempeñó un papel clave en el bando republicano, pero su perfil más conocido y el que ha trascendido históricamente es haber presidido el Real Madrid en mitad de la contienda, entre 1937 y 1938.

Entonces el equipo se denominaba Madrid Football Club y estaba bajo el control de una Junta de incautación republicana de la Federación Cultural Deportiva Obrera, una entidad “adscrita al Frente Popular”, sostiene Eduardo González Calleja, catedrático de Historia de la Universidad Carlos III de Madrid y codirector de Historia del Real Madrid, 1902-2002: la entidad, los socios, el madridismo (Everest), publicado en el centenario del club. El experto explica que, durante esta época, el asesor técnico del equipo, Pablo Hernández Coronado, era el “presidente en la sombra”, pero Ortega lo representaba formalmente.

Su familia no ha llegado a saber exactamente cómo acabó en el puesto, pero sí sabe que era cercano al presidente anterior al estallido de la guerra, el republicano Rafael Sánchez Guerra, y a muchos jugadores destacados de la época que eran de Irún, donde Antonio fue destinado. En esta época, el estadio de Chamartín –como era entonces conocido el Santiago Bernabeú– se transformó en centro deportivo y de instrucción del Batallón Deporivo republicano, apunta González Calleja. Pero también organizó partidos amistosos y Ortega intentó sin éxito que el Madrid FC jugara en la Liga Mediterránea. La familia recuerda que Fina, una de sus hijas, llegó a hacer el saque de honor en alguno de los encuentros.

El historiador asegura que Ortega aparece en el libro editado por el Real Madrid en 2002, pero no está reconocido entre los presidentes oficiales del club. El Real Madrid no ha respondido de momento a las preguntas de este medio al respecto.

De Irún a Madrid

Más allá del fútbol, el republicano, que se afilió al Partido Comunista ya avanzada la guerra, “tuvo un papel importante” durante la contienda en el terreno militar, apunta el historiador de la Universidad Complutense de Madrid Pedro Barruso. Se encargó de la defensa republicana de Irún y después fue nombrado gobernador civil de Gipuzkoa, momento en el que 13 militares sublevados fueron fusilados por los republicanos en dos consejos de guerra. Este sería uno de los episodios que marcaría a Ortega, puesto que los franquistas lo utilizarían como uno de los motivos para asesinarle.

Barruso explica que los consejos fueron la respuesta republicana a los bombardeos que dos barcos franquistas estaban lanzando contra la población civil. “El comisario de guerra era el comunista Jesús Larrañaga, que había advertido de que, si continuaban las bombas, habría represalias. Finalmente condenaron a muerte a 13 prisioneros. ¿Fue cosa de Ortega? Él no dio la orden y no estaba de acuerdo, pero era el gobernador civil”. El historiador ha analizado a fondo la correspondencia que el embajador de Francia, Jean Herbette, mantenía con París, en la que da cuenta en varias ocasiones de la situación en San Sebastian. En varios de sus telegramas habla de la “inquietud” que le provocaba a Antonio Ortega la represión en la retaguardia republicana.

En uno de ellos, Herbette asegura que el propio gobernador civil le ha dicho: “Se hablaba de ir a matar a la gente de derechas para vengarse [de los bombardeos]. He pasado una de mis peores noches”. “Esto es demasiado para mí, preferiría luchar en el frente”, le dijo tras el segundo consejo de guerra. Según Barruso, las cartas revelan que Ortega “intercedió para evitar muchos asesinatos y que la guerra no se fuera de las manos”. En una carta del 19 de agosto, Herbette explica a París que Ortega ha ayudado a que Álvaro de Figueroa y Torres, el Conde de Romanones, huya de España.

En varios telegramas posteriores, el embajador cuenta cómo ha visto al gobernador civil “telefonear delante de mí” a las autoridades republicanas de Fuenterrabía, a 20 kilómetros de San Sebastián, “para disuadirles encarecidamente de proceder a la ejecución de rehenes” franquistas. En otro de los textos, cuando ya San Sebastián estaba a punto de ser tomado por los sublevados, Herbette explica que Ortega ha decidido embarcar a los detenidos políticos “con la finalidad de sustraerlos a tentativas de liquidación”.

Tras la entrada de los sublevados en la ciudad, Herbette reconoce que Ortega “ha salvado muchas vidas” –llega a asegurar que “hay 600” combatientes franquistas susceptibles de ser “salvados” facilitando su huida en barcos– y que, como gobernador civil, tomó decisiones en los últimos momentos que “lograron que San Sebastián no fuera destruida por los incendios ni ensagrentada por las masacres”. “Es un mes, el señor Ortega se ha labrado, en plena adversidad, una figura heroica que jamás olvidarán los que han sido testigos de su sencillez, valentía y humanidad”.

“Muero tranquilo”

El militar estuvo después al frente de las Milicias Vascas Antifascistas y combatió en Madrid contra el avance franquista. En 1937 fue nombrado Director General de Seguridad (DGS), un puesto en el que estuvo dos meses y bajo cuyo mandato se produjo la desaparición de Andreu Nin, líder del Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM). Algunas voces situaron a Ortega como uno de los responsables de lo ocurrido, que con el tiempo se supo que había sido una operación soviética debido a la posición crítica del POUM con Moscú, según apuntan los historiadores.

Agentes del NKVD, que en España estaba representado por el espía ruso Alexander Orlov, fabricaron antes de la entrada de Ortega en la DGS pruebas falsas que supuestamente relacionaban al partido con el espionaje franquista. Esto, unido a la insurrección de la formación en Catalunya contra el gobierno republicano, los enfrentamientos internos y la presión comunista, provocó que la cúpula del POUM fuera detenida. Nin fue apartado del resto de los detenidos para ser interrogado y trasladado por agentes españoles a Alcalá de Henares, donde agentes soviéticos lo secuestraron. Nin fue asesinado y su cuerpo hecho desaparecer sin que aún se sepa dónde están sus restos.

Pedro Barruso explica que las acusaciones contra el POUM de conspirar con Franco “se demostraron que no eran verdad” y al mismo tiempo, sobre la implicación de Ortega, sostiene: “Lo más plausible es que ni tuviera conocimiento. La DGS de Ortega sí tenía algo que decir en la decisión de las detenciones y también de separar a Nin del resto, pero no hay ningún indicio ni documento que le implique en el posterior asesinato. De hecho, estaba en Valencia y Largo Caballero llegó a decir de él que 'no se enteraba de nada”. Fue director solo dos meses“, apunta.

Tras el fin de la guerra, Ortega fue detenido y sometido a un Consejo de Guerra que el 12 de junio de 1939 le condenó a la pena de muerte por un delito de adhesión a la rebelión, según consta en el sumario. En su carta de capilla, a la que tuvo acceso EFE, escribió a su mujer y a sus hijos: “Muero tranquilo, completamente tranquilo, porque soy inocente”.

La familia se exilió a México, donde sigue viviendo su nieto José Ignacio. Su madre, Amalia, la hija más pequeña de Antonio, envió a España una muestra de ADN antes de morir en 2022, poco antes de cumplir 97 años. “Murió sin cumplir con la ilusión de recuperar los restos de su padre. Le había pedido a mi hija Gabriela que, cuando ocurriera, los trasladáramos a la cripta donde están los muertos de la familia. Ojalá lo logremos”, anhela José Ignacio.