El Valle de los Caídos (renombrado como Valle de Cuelgamuros tras la Ley de Memoria Democrática) fue el sueño épico del dictador Francisco Franco. Cerca de Madrid construiría un conjunto monumental de piedra excavado en roca y coronado por un una gran cruz que debía ser el faro del régimen.

Franco ideó un mausoleo como un homenaje a los “héroes y mártires de la Cruzada” que “legaron una España mejor”, como dejó escrito en la orden de creación. Pero el sueño fue pesadilla para miles de familias republicanas (y algunas del bando franquista) que vieron que, de la noche a la mañana, se llevaban los huesos de sus familiares de sus localidades para rellenar los columbarios del Valle, que estaban medio vacíos. “Dependiendo de los enterradores o gobernadores, las cosas llegaron más o menos organizadas al Valle. Hay cajas que se nota que fueron extraídas con cuidado y otras en las que hay hasta restos infantiles, y eso no puede ser de represaliados”, explica la antropóloga Elisa Cabrerizo, que trabaja en el equipo que lleva a cabo las labores de exhumación.

Una carta del ministro de Gobernación fechada en 1958 constató el cambio de rumbo y especificó que se harían las inhumaciones en el Valle “sin distinción del campo en el que combatieran”. En ese momento, se pierde la pista del enterramiento de miles de personas, que fueron sacadas de las fosas de sus pueblos y trasladadas al mausoleo franquista. Es lo que le pasó a la familia Lapeña, que se enteró en 2012 de que sus familiares Ramiro y Manuel no estaban en la fosa donde habían llevado flores durante 60 años, sino en el Valle. Fueron los primeros en lograr que una sentencia obligara a sacar los cuerpos para darles “digna sepultura”. Fue en 2016 y aún no lo han conseguido. Ahora, los familiares (de cuarta generación) están a la espera de un último análisis forense de ADN que confirme si están en las cajas con origen Calatayud que se han recuperado hace unas semanas de la cripta del Santo Sepulcro de la iglesia del Valle.

Con la nueva política de inhumaciones a destajo, el Valle acabó siendo un amasijo de huesos donde reposan españoles del bando franquista (casi todos identificados en cajas y en el registro que llevaban los monjes) y del bando republicano (casi todos sin identificar, en enterramientos comunes sin nombre). En total, restos humanos de 33.833 víctimas trasladadas entre 1959 y 1983, ubicadas en 11.060 cajas que, desde 2023, se están intentando desentrañar y filiar. De momento se ha conseguido devolver los restos de 25 personas a los familiares que los habían reclamado después de analizar 602 cuerpos procedentes de 21 localidades de las que hay solicitudes. El primer exhumado, contra la voluntad de la familia y la extrema derecha, fue el propio Francisco Franco en 2019, dentro del plan de memoria histórica de un recién llegado Pedro Sánchez.

Si hay más de 33.000 cuerpos, ¿por qué se han devuelto solo 25 a sus familias? El equipo que lleva desde junio de 2023 en el Valle (hay adscritos cuatro documentalistas, tres arqueólogos, cuatro antropólogos, cinco forenses y cinco genetistas, según el recuento que aporta el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática) atienden las peticiones que llegan de las familias, que hasta el mes de julio han sido 216.

Las criptas de enterramiento están en cuatro niveles en la Capilla del Santo Sepulcro, por la que se empezó hace tres años, y se han ido completando, pero el estado de estas catacumbas es muy hostil.

Como alertaba un informe de Patrimonio Nacional, están llenas de “humedades”, hay “restos completamente desordenados y fuera del columbario”, con un amasijo de “cráneos y pelvis” y, en general, sin identificación de procedencia. Hay zonas donde ya no queda nada, por las humedades o porque ha habido inundaciones. Gran parte del problema reside en que la piedra sobre la que se levantó la basílica es caliza, y por tanto porosa y muy permeable a la humedad.

A esa zona de exhumaciones hay que entrar con traje especial, porque las condiciones son “muy tóxicas”, explica la doctora Cabrerizo. A partir de ahí, se investiga dónde puede estar la persona reclamada, se hacen análisis, se extraen muestras, se documenta todo el proceso para que haya trazabilidad, se compara con el ADN de los familiares que han reclamado los cuerpos y, si coincide, se recogen los restos y se entregan a las familias para que los entierren donde quieran y con dignidad.

“Ha habido un momento clave, que fue el hallazgo de la caja de Aldeaseca, donde estaba enterrado el padre de Fausto Canales [uno de los ciudadanos pioneros de la búsqueda de familiares]. Todo lo que sabíamos de la localización era por una foto de la agencia EFE. Siguiendo esa pista, la encontramos, pese a que no tenía ninguna rotulación. Fue muy emocionante, paramos todos, subimos e hicimos una celebración”, explica Cabrerizo. Junto a Canales, se identificó a otras 11 personas que fueron sacadas de la Casa del Pueblo y fusiladas (una de ellas, mujer) por falangistas en la madrugada del 20 de agosto de 1936.

La titánica labor se emprendió en 2023, al calor de la nueva ley de memoria, que salió adelante con los votos en contra de PP, Vox y Ciudadanos, CUP y Junts, y con la abstención de ERC y el BNG. Ante las críticas a la ley o la posición de que reabre heridas, la doctora Elisa Cabrerizo, puntualiza que “la ley de memoria no discrimina, de hecho la última entrega que hemos hecho ha sido de personas del bando sublevado, que vienen en caja individual e identificada. Nosotras, lo que nos piden, lo hacemos. De los 25 restos entregados a las familias, unos 6 ó 7 estaban en el bando franquista”.

Los obstáculos judiciales

Pero si ha habido un obstáculo, además del mal estado de los enterramientos, que ha frustrado la velocidad en las exhumaciones, ese ha sido el judicial. Desde que la primera sentencia de los Lapeña otorgó el 9 de mayo de 2016 el derecho a la exhumación, se han sucedido decenas de recursos judiciales del entorno de la ultraderecha (como Abogados Cristianos) y de asociaciones franquistas para frenar las obras, cualquier resignificación, la exhumación de Franco y de Primo de Rivera y las exhumaciones. El último de estos recursos ha permitido la paralización de las catas para resignificar el Valle, con un proyecto ganador sacado a concurso y que debe explicar lo que fue ese lugar.

“Nadie entiende que se destinen 30 millones de euros en resignificación, que nos hemos enterado de que empezaban las labores por una noticia, y que los hermanos Lapeña aún estén sin enterrar”, critica Eduardo Ranz, abogado de la familia en la denuncia pionera que acabó por reconocer el derecho a exhumación en el Valle hace 10 años. “No es de recibo que exhumen al dictador y José Antonio, y que haya familias esperando y que el gobierno de un país no sea capaz de superar la burocracia”, critica.

El asedio de denuncias, recursos y cautelares fue tal que “2024 fue un año que no pudimos hacer prácticamente ningún trabajo”, lamenta Cabrerizo, que también echa en falta que haya más agilidad en los procesos, un equipo estable y que Patrimonio Nacional vaya “por delante”, para que cuando los técnicos tengan que empezar con un piso esté ya todo listo desde el punto de vista de permisos o burocracia. Ese año en blanco se invirtió en que familiares de víctimas allí enterradas pudieran entrar y visitar las tumbas de sus seres queridos.

Esa visita también la hizo Rosa Gil, nieta del agricultor aragonés Pedro Gil, que luchó con el bando franquista. Murió recién empezada la guerra y dejó una mujer embarazada y un hijo de un año en su pueblo. Ese hijo (el padre de Rosa) le anduvo buscando desde 2010. Ese año, después de una vida de “culpa y tristeza” empezó un camino de reencuentro, a buscar el cuerpo de su padre. “Un día fui al cementerio de Zaragoza y me dijeron que, según los registros, a mi abuelo se lo habían llevado al Valle de los Caídos”, cuenta Rosa. “Cuando anunciaron que iban a exhumar fue una alegría inmensa. Lo malo que aún estamos esperando y la espera se hace muy larga, además de que tenemos miedo de que se derogue la ley si hay cambio de gobierno”. El padre de Rosa le dejó un encargo antes de morir: que cuando consiguiera sacar del Valle a su padre lo enterrara junto a él. De momento, su caja, que creen que está con nombre y enterramiento individual, no ha sido alcanzada: “Se paralizó durante un tiempo porque una nieta pidió que no se hicieran los trabajos”.

Las relaciones con los monjes del Valle que gestionan el complejo han sido muy tensas, sobre todo hasta la marcha del anterior abad, que se opuso a todos los trabajos y la exhumación del dictador. “Al principio entendían que éramos profanadores y no nos trataron bien. Ahora ya nos ven como unos profesionales que hacemos un trabajo legal. Incluso desde el bando sublevado les han hecho peticiones de búsqueda de familiares a ellos y ellos nos lo han trasladado”, cuenta la experta Cabrerizo.

Pero no solo se encuentran restos mortales, también objetos con los que murieron: “Si han muerto en combate hay galones, balas, botas, cinturones, cucharas dobladas... Si son de fosas de represaliados, encontramos abarcas, mecheros de yescas, gafas o tarjetas de ferroviarios”, explica la doctora.

El equipo técnico se va a quedar el tiempo que sea necesario, explican desde el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, aunque no tienen un horizonte claro: depende del ritmo al que se vayan encontrando los cuerpos reclamados por hijos, nietos y bisnietos de víctimas de la guerra y el franquismo, que llevan 50 años de democracia intentando recuperar a sus familiares de la mayor fosa común de España.

Quantes víctimes del feixisme varen acabar ocultades per ordre dels seus propis botxins a les fosses comunes del Cementeri Vell de ses Figueretes, a Eivissa? La resposta balla entre dos xifres. El Govern balear sosté que varen ser 64 els morts que ningú no va poder —o no es va preocupar de— cercar durant noranta anys. El Fòrum per sa Memòria d’Eivissa i Formentera afirma, en canvi, que varen ser 97 els executats per consells de guerra o judicis sumaríssims. O —directament— desapareguts després de rebre un tret al clatell. La majoria varen ser assassinats durant la tardor de 1936 i l’hivern de 1937. Ull per ull, dent per dent: aquelles vides varen ser la moneda amb què les quadrilles de falangistes que varen pentinar l’illa es varen venjar d’una matança perpetrada per milicians just abans de fugir de l’illa amb vaixell.

Va succeir el 13 de setembre de l’any en què va començar la Guerra Civil. Gairebé dos mesos després que el cop d’estat ordit per oficials africanistes —i finançat pel contrabandista mallorquí Joan March Ordinas— encengués la metxa del conflicte. En plena retirada balear de les tropes republicanes al comandament del capità Alberto Bayo. Les metralladores varen ressonar a les cel·les de l’antiga casa del governador. 95 persones —magnats monopolistes, comerciants pròspers, petita burgesia, minifundistes amb carnet del Sindicat Agrícola, simpatitzants de partits de dretes, religiosos que el pròxim 17 d’octubre seran beatificats per Lleó XIV— varen caure exànimes. Unes palades de terra els varen enterrar molt a prop del lloc on, setmana rere setmana, altres botxins anirien llançant els rojos.

Avui, l’edifici on va ocórrer la tragèdia va reobrir fa uns mesos —i després d’una eternitat tancat a pany i forrellat— amb una nova pell, la d’un Parador Nacional de Turisme. Avui, aquells assassinats encara són coneguts per un eufemisme molt vague —els fets del Castell—, però els assassinats varen ser exhumats, se’ls va donar sepultura cristiana i una placa els recorda a la Catedral pitiüsa: la dictadura franquista no va tardar a homenatjar-los. Avui, homenatjar els morts que varen venir després —pagesos, pescadors, fusters i picapedrers: més d’un, sense filiació esquerrana o sindical coneguda; també funcionaris municipals, el fundador del primer sindicat que va lluitar a l’illa, un militar i, també, un sacerdot catòlic— continua sent objecte de polèmica. L’exemple més recent data de fa poc més de dues setmanes.

Un homenatge agredolç

Dijous, 23 de juliol. Dos quarts d’onze del matí. Una placa ocre sobre una paret blanca amb un missatge en català: Aquí reposen les víctimes de la repressió franquista durant la guerra civil i la dictadura. Eivissa 2026. Al costat de la placa, una porta metàl·lica i de vidre. A l’altra banda, sobre un mosaic hidràulic, set caixes de fusta per a set nínxols a la vista. Aquesta capella del Cementeri Vell —restaurada expressament— guarda les restes trobades —a partir de 2020— en les exhumacions que s’han fet a Eivissa gràcies a la Llei de Fosses, impulsada durant la primera legislatura de la coalició de centreesquerra que va presidir Francina Armengol. En un d’aquests petits sarcòfags hi ha Bartolomé Costa Serra, conegut com a Bartomeu Miquel. L’única víctima amb nom i llinatges que es va dipositar a la capella, a prop d’altres que no s’han pogut identificar.

Un violí interpreta una partitura de Robert Schumann. És una carícia enmig d’un acte que transpira tensió. Per la calor de justícia —els ventalls tracten d'espolsar l’alerta groga—, per les dimensions de la carpa habilitada per aixoplugar trenta seients —hi ha el doble de gent, l’espai escasseja i els operadors han de desmuntar la càmera i abandonar el trípode per acostar-se a la notícia— i, també, pel ball de xifres. Un còctel que, segons els responsables del Fòrum per sa Memòria, descriu «les formes» de la Conselleria de Presidència de l’executiu de Marga Prohens, la presidenta popular que ha pactat amb Vox la derogació de la Llei de Memòria Democràtica. Va ser el peatge per aprovar el pressupost de la comunitat autònoma. Ara, la pilota és a la teulada del Tribunal Constitucional, després del recurs presentat pel Govern que formen PSOE i Sumar.

«Són diverses les qüestions que no entenem de l’homenatge que es va fer a Eivissa», escriu Luis Ruiz Val, el president del Fòrum per sa Memòria. El missatge que envia per WhatsApp aquest historiador, un dels investigadors que varen començar a cosir, allà pels anys noranta, la memòria rompuda dels represaliats pel franquisme en una illa on l’exili i el silenci —forçós— dels seus familiars els havien condemnat a l’oblit, és llarg. «Pel que fa a la data, en una conversa telefònica el dia 1 de juliol, la mateixa directora general em va dir que l’acte seria al setembre. Posteriorment, el Govern o l’Ajuntament d’Eivissa varen fixar unilateralment la data del 23 de juliol. El dia 10 de juliol, la Direcció General [de Memòria Democràtica] ho va comunicar per correu electrònic i jo vaig demanar en què consistiria l’acte, a més d’oferir la nostra col·laboració. No hi va haver cap resposta».

Uns segons més tard, Ruiz envia una captura de pantalla del correu que, segons afirma, mai no va rebre resposta. No va ser, però, la darrera conversa per preparar l’enterrament dels represaliats. «El dia 16 de juliol, entre les 20.00 i les 20.30 hores, es va celebrar una reunió telemàtica amb familiars, l’equip de psicòlegs i jo mateix —continua escrivint Ruiz— per tractar el desenvolupament de l’acte. No hi va assistir cap representant del Govern. En aquella reunió vàrem acordar un guió que, finalment, la Direcció General va decidir no tenir en compte, sense informar-ne ningú. La directora general [Xesca Ramis, líder també del PP al municipi mallorquí de Lloseta] va manifestar que es tractava d’un acte institucional i res més».

El president del Fòrum per sa Memòria, Luis Ruiz, denuncia la manca de coordinació i transparència en l’organització de l’homenatge. Segons relata, el Govern va canviar unilateralment la data, no va respondre a la seva proposta de col·laboració i no va participar en la reunió preparatòria amb familiars i psicòlegs

El Govern ho nega tot

«L’acte, de fet, estava previst per a una data anterior», repliquen, també per escrit, des de la Conselleria de Presidència, «però l’empresa encarregada de les plaques ens va avisar que no les tindria a punt a temps. Per aquest motiu, es va informar l’Ajuntament i els familiars i es va ajornar l’acte, fixant una nova data que s’ajustàs a la disponibilitat de les famílies. Tot això es va comunicar al Fòrum en temps i forma. En concret, el correu electrònic amb la invitació es va enviar el 10 de juliol de 2026 a les 10.01 del matí».

I continuen argumentant des del Consolat de Mar: «En l’escaleta definitiva de l’acte no hi havia prevista cap intervenció del Fòrum. Es tractava d’un acte organitzat pel Govern i l’Ajuntament d’Eivissa en què els protagonistes eren els familiars, i per això se’ls va donar la paraula a ells. Passa el mateix quan assistim a la col·locació de pedres de la memòria als municipis: el Govern les encarrega, les finança i les lliura a l’ajuntament, que és qui organitza els actes. El Govern hi assisteix com a convidat, sense intervenir, perquè consideram que el protagonisme ha de recaure en les famílies».

En l’escaleta definitiva de l’acte no hi havia prevista cap intervenció del Fòrum. Es tractava d’un acte organitzat pel Govern i ’Ajuntament d’Eivissa en què els protagonistes eren els familiars, i per això se’ls va donar la paraula a ells

Conselleria de Presidència

A ses Figueretes sí que varen parlar els polítics. Tanmateix, Luis Ruiz lamenta que el guió que havien acordat en la reunió prèvia «no es va tenir en compte en absolut». En aquest sentit, retreu que «el protagonisme va recaure en la directora general, el regidor de l’Ajuntament d’Eivissa [Manuel Jiménez] i una intervenció de la consellera de Patrimoni del Consell d’Eivissa [Sara Ramón], que va introduir un ram de flors a la capella. Tots tres pertanyen al mateix partit [el PP] que fa pocs mesos va derogar la Llei de Memòria Democràtica». No obstant això, continua, «tant en el discurs de la directora general com en el del regidor es va insistir en la importància de la memòria per guarir les ferides i construir una convivència estable».

Durant l’acte, la directora Ramis va proclamar que «la democràcia es construeix reconeixent el passat i honorant les víctimes» i va considerar el cas de Bartomeu Miquel com «una llum d’esperança per als descendents que encara esperen una resposta [...]. Ja tenen un lloc on dur-los una flor». Els seus ossos són un dels tres únics identificats a Eivissa gràcies a les proves d’ADN realitzades a familiars directes. Rafel Serra Costa, un dels descendents d’aquest home de seixanta-tres anys que, un 18 de novembre de 1936, varen anar a buscar a Sant Rafel de sa Creu, el poble del centre d’Eivissa on vivia amb la seua dona i els seus nou fills, el varen pujar a un camió i del qual no se’n va tornar a saber mai més res, tenia preparat «un petit discurs» per honorar la memòria del seu regüelo.

Segons explica, poc abans que començàs l’enterrament, un membre de la delegació del Govern li va allargar un altre paper, amb l’ordre que el llegís. «Estava tan nerviós, per la calor i per les circumstàncies, que vaig llegir el que em varen donar. Era una petita biografia del meu regüelo. Després em va fer ràbia no llegir el que duia preparat», diu Serra. Luis Ruiz corrobora el seu testimoni i, des de la Conselleria de Presidència, tornen a defensar la seua gestió: «En cap cas es va prohibir que cap familiar llegís el text que tengués previst. L’únic text facilitat pel Govern va ser el corresponent al llistat de noms (que figura en l’estudi aprovat per la Comissió) i la biografia de la víctima identificada que va ser inhumada al columbari (que també figura en l’estudi). El llistat amb què comptam al Govern és el que el Fòrum va proposar a la Comissió i que aquesta va aprovar. Per tant, és el llistat oficial i el que, per responsabilitat, hem de donar per vàlid. La resta de noms que ells tenen no han estat presentats a la Comissió ni han estat aprovats. De fet, l’estudi està publicat a la nostra pàgina web i es pot consultar».

En cap cas es va prohibir que cap familiar llegís el text que tengués previst. L’únic text facilitat pel Govern va ser el corresponent al llistat de noms (que figura en l’estudi aprovat per la Comissió) i la biografia de la víctima identificada que va ser inhumada al columbari (que també figura en l’estudi)

Govern balear

Discussió per el llistat oficial

En el «llistat oficial» que es pot descarregar des del portal de Memòria Democràtica del Govern hi figuren els 64 desapareguts que es varen llegir en l’homenatge eivissenc. Cementeri de ses Figueretes, Cementeri d’Eivissa, Cementiri Vell d’Eivissa són les tres fórmules que s’utilitzen per referir-se al cementeri on es va trobar la fossa comuna. El 2018, abans de remoure la terra per primera vegada a la recerca dels morts oblidats, el Fòrum per sa Memòria estimava que podia amagar les restes de «75 persones», basant-se en els estudis que els seus historiadors fa dècades que elaboren. La diferència sembla explicar-se amb altres deu víctimes fantasma que apareixen en el cens autonòmic.

Tot i que estan identificades, no s’hi indica el lloc on es varen desfer dels cadàvers. Per aquesta raó, els seus noms i llinatges no es varen pronunciar en veu alta el passat 23 de juliol. Una discrepància que va dur Luis Ruiz a intentar convèncer Xesca Ramis perquè ampliassin la llista. Va ser debades. La discussió va retardar mitja hora l’inici de l’enterrament. «Tot el que va passar», argumenta el president del Fòrum per sa Memòria, «s’hauria pogut evitar si la mateixa directora general hagués estat present en la reunió preparatòria amb els familiars, els psicòlegs i el nostre col·lectiu. Però ni ella ni ningú del Govern no hi varen ser presents». I Ruiz insisteix: «Nañtrps hem documentat un total de 209 víctimes eivissenques [de la repressió franquista], de les quals 97 es trobarien al cementeri de ses Figueretes».

Nou desajust en les xifres. El cens autonòmic —publicat el 2024, ja amb els populars al capdavant del Consolat de Mar— redueix els desapareguts a 93. Inclou fins i tot els eivissencs que varen morir fora de l’illa. Hi ha tretze morts a Palma; la majoria, assassinats, amb judici sumaríssim o sense, però també algun mort en captivitat. Altres tres víctimes en altres punts de Mallorca: Esporles, Manacor, Portocristo. Una, a Formentera. I dues més, a l’Alta Àustria: Joan Bonet Ribas i Antoni Roselló Roig, deportats pels nazis al camp d’extermini de Mauthausen-Gusen i rescatats de l’oblit per les investigacions dels periodistes Xicu Lluy Torres i Elena González Escudero. El cens tampoc no exclou dos eivissencs que varen perdre la vida a Maó. Un, Josep Marí Cardona, sotmès a un consell de guerra. L’altre, Marià Roig Marí, víctima de les bombes setmanals amb què l’aviació del comte Rossi va accelerar la rendició de Menorca durant la primavera de 1939, el desenllaç de la Guerra Civil.

Tot el que va passar s’hauria pogut evitar si la mateixa directora general hagués estat present en la reunió preparatòria amb els familiars, els psicòlegs i el nostre col·lectiu. Però ni ella [la directora general de Relacions Institucionals, Xisca Ramis] ni ningú del Govern no hi varen ser presents

Luis Ruiz Val — President del Fòrum per sa Memòria

Les diferències amb la passada legislatura

Quan se li comuniquen aquestes dades, Luis Ruiz respon fent una telefonada per deixar anar, de cop:

—El tema de la llista encara em té intrigat. Falten gairebé totes les víctimes dels bombardejos italians sobre Eivissa [l’estiu del 36, el més mortífer, el del 13 de setembre, va deixar una quarantena de morts a la Marina, el port de la capital de l’illa, i va servir d’excusa per a la matança dels presoners que els republicans tenien al castell de Dalt Vila; en el cens només hi apareixen tres noms], però, és clar, aquest Govern està homenatjant els morts que va causar l’aviació republicana, no les persones que varen matar els feixistes. Com que va ser foc amic, no convé, encara que hi morissin, fins i tot, persones conservadores que mai no haurien votat el Front Popular. Per això, vàrem incorporar els divuit que vàrem poder identificar al memorial que fa uns anys vàrem instal·lar al Cementiri Vell. Ningú no pot dir que fos sectari. És una llàstima que tots aquests noms els retirassin d’aquest homenatge. Vist com estan les coses, potser sigui el primer i el darrer, de caràcter institucional, que es faci a Eivissa.

Aquest Govern està homenatjant els morts que va causar l’aviació republicana, no les persones que varen matar els feixistes. Com que va ser foc amic, no convé, encara que hi morissin, fins i tot, persones conservadores que mai no haurien votat el Front Popular

Luis Ruiz Val — President del Fòrum per sa Memòria

—Com eren els actes que s’organitzaven a Mallorca durant la legislatura passada i als quals va acudir el Fòrum per sa Memòria d’Eivissa i Formentera?

—Me’n record molt bé del primer a què vaig anar, a Porreres. Hi havia una vintena de restes identificades i es tornaven als familiars. En un acte públic. Hi havia la consellera de Cultura, que s’encarregava de les matèries de memòria democràtica, que en aquella època era l’eivissenca Fanny Tur. Varen permetre parlar a Maria Antònia Oliver [presidenta de Memòria de Mallorca, entitat homòloga del Fòrum per sa Memòria a l’illa veïna]. Mira, un detall que crec que és molt significatiu: a Porreres, la gent deixava un passadís pel qual entraven els fèretres, portats pels descendents o persones més o menys vinculades a Memòria de Mallorca, i la gent aplaudia fins que els varen dipositar davant el públic. Hi va haver discursos i es varen lliurar a les famílies: és una manera de donar protagonisme a les víctimes.

—No va ser igual a Eivissa?

—Tot el contrari. Les restes no identificades ja eren dins els nínxols: per veure-les, t’havies d’abocar a la capella. La de Bartomeu Miquel era damunt una taula just al costat de la porta de la capella. Qui la va introduir varen ser els funcionaris de l’Ajuntament d’Eivissa. No es fan les coses així… Tot el que va passar s’hauria pogut evitar si la mateixa directora general hagués estat present en la reunió preparatòria amb els familiars, els psicòlegs —que ens demanaven coses i ens feien propostes sobre l’escaleta de l’acte— i el nostre col·lectiu. Però ni Xesca Ramis ni ningú del Govern no hi varen ser presents. Aleshores, per a què han contractat els psicòlegs? Per a què feim reunions online? Potser és que estam malacostumats a la legislatura passada: allò que es decidia a la Comissió de Memòria Democràtica es decidia després. I tots hi participàvem. Ara, simplement, no hi ha interès.

El 24 de juliol, un dia després de l’acte, el Fòrum per sa Memòria d’Eivissa i Formentera va enviar una carta als diaris locals titulada Allò que no ens van deixar dir. Eren les paraules que l’associació memorialista tenia preparades, les que ningú no va pronunciar durant l’homenatge. Després de citar el galleguista Castelao —non enterraban cadáveres, enterraban semente; aquells cossos llançats dins un clot eren llavor—, la carta demana perdó, «per tantes dècades de silenci, solitud i oblit», «a Bárbara, a Eulària, a Xicu, a Toni, a Vicent». Són els noms de fonts d’alguns dels morts.

¿Cuántas víctimas del fascismo terminaron ocultadas por orden de sus propios verdugos en las fosas comunes del Cementeri Vell de ses Figueretes, en Eivissa? La respuesta baila entre dos cifras. El Govern balear sostiene que fueron 64 los muertos a los que nadie pudo –o se preocupó de– buscar durante noventa años. El Fòrum per sa Memòria d’Eivissa i Formentera afirma, en cambio, que fueron 97 los ejecutados por consejos de guerra o juicios sumarísimos. O –directamente– desaparecidos tras recibir un tiro en la nuca. A la mayoría los mataron durante el otoño de 1936 y el invierno de 1937. Ojo por ojo, diente por diente: aquellas vidas fueron la moneda con la que las cuadrillas de falangistas que peinaron la isla se vengaron de una matanza perpetrada por milicianos justo antes de huir de la isla en barco.

Sucedió el 13 de septiembre del año en que empezó la Guerra Civil. Casi dos meses después de que el golpe de Estado urdido por oficiales africanistas –y financiado por el contrabandista mallorquín Joan March Ordinas– prendiera la mecha del conflicto. En plena retirada balear de las tropas republicanas al mando del capitán Alberto Bayo. Las ametralladoras sonaron en las celdas de la antigua casa del gobernador. 95 personas –magnates monopolistas, prósperos comerciantes, pequeñoburgueses, minifundistas con carné del Sindicato Agrícola, simpatizantes de partidos de derechas, religiosos que el próximo 17 de octubre serán beatificados por León XIV– cayeron exánimes. Unas paladas de tierra los enterraron muy cerca del lugar donde, semana a semana, otros verdugos irían arrojando a los rojos.

Hoy, el edificio en el que ocurrió la tragedia reabrió hace unos meses –y tras una eternidad cerrado a cal y canto– con una nueva piel, la de un Parador Nacional de Turismo. Hoy, aquellos asesinatos, se les sigue conociendo por un eufemismo muy vago –els fets del Castell–, pero a los asesinados se les desenterró, se les dio cristiana sepultura y una placa los recuerda en la Catedral pitiusa: la dictadura franquista no tardó en homenajearlos. Hoy, homenajear a los muertos que vinieron después –payeses, pescadores, carpinteros y albañiles: más de uno, sin filiación izquierdista o sindical conocida; también funcionarios municipales, el fundador del primer sindicato que peleó en la isla, un militar y, también, un sacerdote católico– sigue siendo objeto de polémica. El ejemplo más reciente data de hace poco más de dos semanas.

Un homenaje agridulce

Jueves, 23 de julio. Diez y media de la mañana. Una placa ocre sobre una pared blanca con un mensaje en catalán: Aquí reposen les víctimes de la repressió franquista durant la guerra civil i la dictadura. Eivissa 2026. Junto a la placa, una puerta de metal y acristalada. Al otro lado, sobre un mosaico hidráulico, siete cajas de madera para siete nichos a vista. Esta capilla del Cementeri Vell –restaurada a propósito– guarda los restos hallados –a partir de 2020– en las exhumaciones que se han realizado en Eivissa gracias a la Llei de Fosses, impulsada durante la primera legislatura de la coalición de centroizquierda que presidió Francina Armengol. En uno de esos pequeños sarcófagos está Bartolomé Costa Serra, conocido como Bartomeu Miquel. La única víctima con nombre y apellidos que se depositó en la capilla, cerca de otras que no se han podido identificar.

Un violín interpreta una partitura de Robert Schumann. Es una caricia en medio de un acto que transpira tensión. Por el calor de justicia –el aleteo de los abanicos contra la alerta amarilla–, por las dimensiones de la carpa habilitada para cobijar treinta asientos –hay el doble de gente, escasea el espacio y los operadores tienen que destrincar la cámara y abandonar el trípode para acercarse a la noticia– y, también, por el baile de cifras. Un cóctel que, según los responsables del Fòrum per sa Memòria, describe “las formas” de la Conselleria de Presidència del ejecutivo de Marga Prohens, la presidenta popular que ha pactado con Vox la derogación de la Llei de Memòria Democràtica. Fue el peaje para aprobar el presupuesto de la comunidad autónoma. Ahora, la pelota está en el tejado del Tribunal Constitucional, después del recurso presentado por el Gobierno que conforman PSOE y Sumar.

“Son varias cuestiones las que no entendemos del homenaje que se hizo en Eivissa”, escribe Luis Ruiz Val, el presidente del Fòrum per sa Memòria. El mensaje que manda por WhatsApp este historiador, uno de los investigadores que empezaron a coser, allá por los noventa, la memoria rota de los represaliados por el franquismo en una isla donde el exilio y el silencio –forzoso– de sus familiares los había olvidado, es largo. “En cuanto a la fecha, en una conversación telefónica el día 1 de julio, la propia directora general me dijo que el acto sería en septiembre. Posteriormente, el Govern o el Ajuntament d’Eivissa fijaron de manera unilateral la fecha del 23 de julio. El día 10 de julio, la Direcció General [de Memòria Democràtica] lo comunicó por correo electrónico y yo pregunté en qué consistiría el acto, además de ofrecer nuestra colaboración. No hubo ninguna respuesta”.

Unos segundos más tarde, Ruiz manda la captura de pantalla del correo que, según dice, nunca se respondió. No fue, sin embargo, la última charla para preparar el entierro de los represaliados. “El día 16 de julio, entre las 20:00 y las 20:30 horas, se celebró una reunión telemática con familiares, el equipo de psicólogos y yo mismo –sigue escribiendo Ruiz– para tratar el desarrollo del acto. No asistió ningún representante del Govern. En esa reunión acordamos un guion que, finalmente, la Direcció General decidió no tener en cuenta, sin informar a nadie. La directora general [Xesca Ramis, líder también del PP en el municipio mallorquín de Lloseta] manifestó que se trataba de un acto institucional y nada más”.

El presidente del Fòrum per sa Memòria, Luis Ruiz, denuncia la falta de coordinación y transparencia en la organización del homenaje. Según relata, el Govern cambió unilateralmente la fecha, no respondió a su propuesta de colaboración y no participó en la reunión preparatoria con familiares y psicólogos

El Govern lo niega todo

“El acto, de hecho, estaba previsto para una fecha anterior”, replican, también por escrito, desde la Conselleria de Presidència, “pero la empresa encargada de las placas nos avisó de que no las tendría listas a tiempo. Por ese motivo, se informó al Ayuntamiento y a los familiares y se aplazó el acto, fijando una nueva fecha que se ajustara a la disponibilidad de las familias. Todo ello fue comunicado al Fòrum en tiempo y forma. En concreto, el correo electrónico con la invitación se envió el 10 de julio de 2026 a las 10:01 de la mañana”.

Y continúan argumentando desde el Consolat de Mar: “En la escaleta definitiva del acto no estaba prevista ninguna intervención del Fòrum. Se trataba de un acto organizado por el Govern y el Ajuntament d’Eivissa en el que los protagonistas eran los familiares, y por eso se les dio la palabra a ellos. Ocurre lo mismo cuando acudimos a la colocación de piedras de la memoria en los municipios: el Govern las encarga, las financia y las entrega al ayuntamiento, que es quien organiza los actos. El Govern asiste como invitado, sin intervenir, porque consideramos que el protagonismo debe recaer en las familias”.

En la escaleta definitiva del acto no estaba prevista ninguna intervención del Fòrum. Se trataba de un acto organizado por el Govern y el Ajuntament d’Eivissa en el que los protagonistas eran los familiares, y por eso se les dio la palabra a ellos

Conselleria de Presidencia

En ses Figueretes sí hablaron los políticos. Sin embargo, Luis Ruiz lamenta que el guion que acordaron en la reunión previa “no se tuvo en cuenta en absoluto”. En este sentido, recrimina que “el protagonismo recayó en la directora general, el concejal del Ajuntament d’Eivissa [Manuel Jiménez] y una intervención de la consellera de Patrimoni del Consell d’Eivissa [Sara Ramón], que introdujo un ramo de flores en la capilla. Los tres pertenecen al mismo partido [el PP] que hace pocos meses derogó la Llei de Memòria Democràtica”. No obstante, prosigue, “tanto en el discurso de la directora general como en el del concejal se insistió en la importancia de la memoria para restañar las heridas y asentar una convivencia estable”.

Durante el acto, la directora Ramis proclamó que “la democracia se construye reconociendo el pasado y honrando a las víctimas” y consideró el caso de Bartomeu Miquel como “una luz de esperanza para los descendientes que esperan aún una respuesta [...]. Ya tienen un lugar donde llevarles una flor”. Sus huesos son uno de los tres únicos identificados en Eivissa gracias a las pruebas de ADN realizadas a familiares directos. Rafel Serra Costa, uno de los descendientes de este hombre de sesenta y tres años al que un 18 de noviembre de 1936 fueron a buscar a Sant Rafel de sa Creu, el pueblo del centro de Eivissa donde vivía con su mujer y sus nueve hijos, lo subieron a un camión y del que nunca más se supo, tenía preparado “un pequeño discurso” para honrar la memoria de su bisabuelo.

Según cuenta, poco antes de que empezara el entierro, un miembro de la delegación del Govern le extendió otro papel, conminándolo a que lo leyera. “Estaba tan nervioso, por el calor y por las circunstancias, que leí lo que me dieron. Era una pequeña biografía de mi bisabuelo. Luego me dio rabia no leer lo que llevaba preparado”, dice Serra. Luis Ruiz corrobora su testimonio y, desde la Conselleria de Presidència, vuelven a defender su gestión:

“En ningún caso se prohibió que ningún familiar leyera el texto que tuviera previsto. El único texto facilitado por el Govern fue el correspondiente al listado de nombres (que figura en el estudio aprobado por la Comisión) y la biografía de la víctima identificada que fue inhumada en el columbario (que también figura en el estudio). El listado con el que contamos en el Govern es el que el Fòrum propuso a la Comisión y que fue aprobado por ésta. Por tanto, es el listado oficial y el que, por responsabilidad, debemos dar por válido. El resto de nombres que ellos tienen no han sido presentados a la Comisión ni han sido aprobados. De hecho, el estudio está publicado en nuestra página web y puede consultarse”, defiende el Govern.

En ningún caso se prohibió que ningún familiar leyera el texto que tuviera previsto. El único texto facilitado por el Govern fue el correspondiente al listado de nombres (que figura en el estudio aprobado por la Comisión) y la biografía de la víctima identificada que fue inhumada en el columbario (que también figura en el estudio).

Govern balear

Discusión por el listado oficial

En el “listado oficial” que puede descargarse desde el portal de Memòria Democràtica del Govern figuran los 64 desaparecidos que se leyeron en el homenaje ibicenco. Cementeri de ses Figueretes, Cementeri d’Eivissa, Cementiri Vell d’Eivissa son las tres fórmulas que se utilizan para mencionar al camposanto donde se halló la fosa común. En 2018, antes de remover la tierra por primera vez en busca de los muertos olvidados, el Fòrum per sa Memòria estimaba que podía esconder restos de “75 personas”, basándose en los estudios que sus historiadores llevan décadas elaborando. La diferencia parece explicarse con otras diez víctimas fantasma que aparecen en el censo autonómico.

Aunque estén identificadas, no se indica el lugar donde se deshicieron de los cadáveres. Por esa razón, sus nombres y apellidos no se pronunciaron en voz alta el pasado 23 de julio. Una discrepancia que llevó a Luis Ruiz a tratar de convencer a Xesca Ramis para que ampliaran la lista. Fue en vano. La discusión retrasó media hora el comienzo del entierro.

“Todo lo que ocurrió”, argumenta el presidente del Fòrum per sa Memòria, “se habría podido evitar si la propia directora general hubiera estado presente en la reunión preparatoria con los familiares, los psicólogos y nuestro colectivo. Pero ni ella ni nadie del Govern estuvieron presentes”. E insiste Ruiz: “Nosotros hemos documentado un total de 209 víctimas ibicencas [de la represión franquista], de las cuales 97 se encontrarían en el cementerio de Ses Figueretes”. Nuevo desajuste en los números.

Todo lo que ocurrió se habría podido evitar si la propia directora general hubiera estado presente en la reunión preparatoria con los familiares, los psicólogos y nuestro colectivo. Pero ni ella [la directora general de Relaciones Institucionales, Xisca Ramis] ni nadie del Govern estuvieron presentes

Luis Ruiz Val — Presidente del Fòrum per sa Memòria

El censo autonómico –publicado en 2024, ya con los populares al frente del Consolat de Mar– reduce los desaparecidos a 93. Incluyendo incluso a los ibicencos que murieron fuera de la isla. Hay trece muertos en Palma; la mayoría, asesinados, con o sin juicio sumarísimo, pero también algún fallecido en cautividad. Otras tres víctimas en otros puntos de Mallorca: Esporles, Manacor, Portocristo. Una, en Formentera. Y dos más, en la Alta Austria: Joan Bonet Ribas y Antoni Roselló Roig, deportados por los nazis al campo de exterminio de Mauthausen-Gusen y rescatados del olvido por las investigaciones de los periodistas Xicu Lluy Torres y Elena González Escudero. Tampoco excluye el censo a dos ibicencos que pierden la vida en Maó. Uno, Josep Marí Cardona, sometido a un consejo de guerra. El otro, Marià Roig Marí, víctima de las bombas semanales con las que la aviación del Conde Rossi aceleró la rendición de Menorca en la primavera de 1939, el desenlace de la Guerra Civil.

Las diferencias con la pasada legislatura

Cuando se le comunican estos datos, Luis Ruiz responde llamando por teléfono para soltar en tromba:

–El tema de la lista me tiene todavía intrigado. Faltan casi todas las víctimas de los bombardeos italianos sobre Eivissa [en el verano del 36, el más dañino, el 13 de septiembre, dejó unos cuarenta muertos en la Marina, el puerto de la capital de la isla, y sirvió como excusa para la matanza de los prisioneros que los republicanos tenían en el castillo de Dalt Vila; en el censo sólo aparecen tres nombres], pero, claro, este Govern está homenajeando a los muertos que causó la aviación republicana, no a las personas que mataron los fascistas. Como era fuego amigo, no conviene, aunque murieran, incluso, personas conservadoras que nunca habrían votado al Frente Popular. Por eso, incorporamos a los dieciocho que pudimos identificar en el memorial que hace unos años pusimos en el Cementiri Vell. Nadie puede decir que fuera sectario. Es una lástima que todos esos nombres los retiraran de este homenaje. Viendo cómo están las cosas, quizás sea el primero y el último, de carácter institucional, que se haga en Eivissa.

Este Govern está homenajeando a los muertos que causó la aviación republicana, no a las personas que mataron los fascistas. Como era fuego amigo no conviene, aunque murieran, incluso, personas conservadoras que nunca habrían votado al Frente Popular

Luis Ruiz Val — Presidente del Fòrum per sa Memòria

–¿Cómo eran los actos que se organizaban en Mallorca durante la pasada legislatura y a los que acudió el Fòrum per sa Memòria d’Eivissa i Formentera?

–Me acuerdo muy bien al primero que fui, en Porreres. Había una veintena de restos identificados y se les devolvía a los familiares. En un acto público. Estaba la consellera de Cultura, que se encargaba de las materias de memoria democrática, que en aquella época era la ibicenca Fanny Tur. Permitieron hablar a Maria Antònia Oliver [presidenta de Memòria de Mallorca, entidad homóloga del Fòrum per sa Memòria en la isla vecina]. Mira, un detalle, que creo que es muy significativo: en Porreres, la gente dejaba un pasillo por el que entraron los féretros, portados por los descendientes o personas más o menos ligadas a Memòria de Mallorca, y la gente aplaudía hasta que las depositaron frente al público, hubo discursos y se les entregaron a las familias: es una manera de dar protagonismo a las víctimas.

–¿No fue igual en Eivissa?

–Todo lo contrario. Los restos no identificados ya estaban dentro de los nichos: para verlas, tenías que asomarte a la capilla. La de Bartomeu Miquel estaba en una mesa justo al lado de la puerta de la capilla. Quien la introdujo fueron los funcionarios del Ajuntament d’Eivissa. No se hacen las cosas así… Todo lo que ocurrió se habría podido evitar si la propia directora general hubiera estado presente en la reunión preparatoria con los familiares, los psicólogos –que nos preguntaban y nos hacían propuestas sobre la escaleta del acto– y nuestro colectivo. Pero ni Xesca Ramis ni nadie del Govern estuvieron presentes. Entonces, ¿para qué han contratado a los psicólogos? ¿Para qué hacemos reuniones online? Quizás es que estemos malacostumbrados a la pasada legislatura: lo que se decidía en la Comissió de Memòria Democràtica se decidía después. Y todos participábamos. Ahora, simplemente, no hay interés.

El 24 de julio, un día después del acto, el Fòrum per sa Memòria d’Eivissa i Formentera envió una carta a los periódicos locales titulada Allò que no ens van deixar dir. Eran las palabras que la asociación memorialista tenía preparadas, las que nadie pronunció durante el homenaje. Después de citar al galleguista Castelao –non enterraban cadáveres, enterraban semente; aquellos cuerpos arrojados a un hoyo eran semilla– la carta le pide perdón, “por tantas décadas de silencio, soledad y olvido”, “a Bárbara, a Eulària, a Xicu, a Toni, a Vicent”. Son los nombres de pila de algunos de los muertos.

Los documentos militares lo sitúan en el mismo grupo que los principales responsables institucionales del Frente Popular en Cáceres. Sin embargo, su destino fue distinto: no murió fusilado, pero pasó años en prisión tras una condena de treinta años que más tarde sería revisada. Su caso permite entender cómo funcionó la maquinaria represiva franquista más allá del paredón: largas condenas, procesos sumarísimos, acusaciones genéricas y una justicia militar diseñada para castigar la militancia política y borrar cualquier rastro de la legitimidad republicana.

El Consejo de Guerra que lo juzgó construyó su relato sobre la criminalización de la actividad política. Según la sentencia, Zorita y el resto de procesados eran “elementos destacados del Frente Popular”, una etiqueta que en 1937 equivalía prácticamente a una condena automática. El tribunal consideró probado que, tras conocerse el levantamiento militar del 18 de julio de 1936, varios dirigentes republicanos acudieron al Gobierno Civil para informarse de la situación y debatir posibles respuestas. Entre ellos estaban el alcalde Canales, el presidente de la Diputación, varios dirigentes socialistas y republicanos… y Virgilio Zorita.

La radio

Zorita acudió al edificio del Gobierno Civil con una radio para escuchar las emisiones de las emisoras republicanas. Ese gesto —informarse de lo que estaba ocurriendo— fue interpretado por el tribunal como una prueba de “identificación con los que combatían al Generalísimo Franco”. No se acreditó participación armada, ni organización de resistencia, ni acciones violentas. Bastó con su presencia en el Gobierno Civil y su militancia política para que se le imputara un delito de adhesión a la rebelión, una figura jurídica que el régimen utilizó para invertir la realidad: los defensores de la legalidad republicana fueron acusados de rebelarse contra quienes se habían levantado en armas.

La sentencia fue especialmente dura con las dos figuras más visibles del Frente Popular cacereño. Antonio Blas Canales y Ramón González Cid fueron condenados a muerte por su “notoria perversidad” y su relevancia política. El resto —entre ellos Zorita— recibió penas de treinta años de reclusión mayor. Pero incluso esa diferencia fue cuestionada dentro del propio tribunal. El capitán de la Guardia Civil, Luis Salas Ríos, emitió un voto particular en el que pedía la pena de muerte para todos los procesados, alegando que su condición de dirigentes y su “cultura” los hacía más peligrosos. El voto no prosperó, pero revela el clima de revancha política que impregnaba estos juicios.

Las penas de muerte fueron aprobadas por la Auditoría de Guerra y ejecutadas tras recibir la autorización del general jefe de la región. La documentación militar recoge la orden con una frialdad burocrática que hiela: “Dispóngase la ejecución”. Mientras los dos principales acusados eran fusilados, Zorita comenzó a cumplir su condena en diciembre de 1936. Pasó años en prisión, sometido al régimen penitenciario franquista, que combinaba trabajos forzados, disciplina militar y reeducación ideológica.

Revisión del caso

En 1940, la Junta Central de Examen de Penas revisó su caso. La comisión provincial de Cáceres propuso una reducción, y la autoridad judicial la respaldó. Finalmente, la pena quedó fijada en diez años de prisión mayor, aplicando los criterios de la Orden Circular de 25 de enero de 1940, que permitía conmutaciones en función de antecedentes, conducta y “peligrosidad social”. En 1946, diez años después del inicio de su condena, se emitió el testimonio final para comunicarle oficialmente la conmutación. Su vida, como la de tantos represaliados, quedó marcada para siempre por la cárcel, la inhabilitación civil y la estigmatización política.

La Causa 64/36 no es solo un expediente judicial: es un ejemplo de cómo funcionó la represión franquista en Cáceres y en toda España. En ella se observa la criminalización de la militancia republicana, la aplicación retroactiva del delito de rebelión, la rapidez y arbitrariedad de los consejos de guerra, la combinación de ejecuciones y largas condenas y la existencia de votos particulares aún más duros que muestran la voluntad de exterminio político. La figura de Virgilio Zorita, eclipsada por las ejecuciones de Canales y González Cid, permite completar el cuadro: no todos los represaliados murieron, pero todos fueron castigados por igual por su compromiso con la República.

Hoy, casi nueve décadas después, la historia de Zorita sigue siendo poco conocida fuera de los círculos familiares y de investigación histórica. Su caso ilustra la necesidad de seguir documentando y difundiendo la represión franquista en Extremadura, donde miles de personas fueron ejecutadas, encarceladas o depuradas. La Causa 64/36 es un recordatorio de que la represión no se limitó a los fusilamientos: también destruyó carreras, familias y vidas enteras. Y de que, para comprender plenamente lo ocurrido en Cáceres en 1936 y 1937, es necesario recuperar la memoria de quienes, como Virgilio Zorita, sobrevivieron a la cárcel pero quedaron marcados para siempre. Así lo cuenta uno de sus nietos, José Ramón Zorita, quién además asegura que hay que mirar para atrás de vez en cuando para comprobar que por suerte “ahora estamos mucho mejor”.

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Albacete ha registrado formalmente una solicitud dirigida a la Alcaldía-Presidencia en la que exige la “reparación” o, en su caso, la “total reposición” de la placa de homenaje a Las Trece Rosas, mujeres jóvenes ejecutadas por el franquismo hace 87 años, y ubicada en el Paseo de Circunvalación, tras sufrir graves actos de vandalismo que la han dejado completamente destrozada.

Así lo pudieron comprobar las personas que asistieron este jueves al homenaje que anualmente se brinda a Las Trece Rosas y a Las Quince de Albacete en la rosaleda de la calle Hellín.

Según informa el PSOE, se trata de una placa impulsada por asociaciones memorialistas que recordaba a las jóvenes fusiladas por la dictadura franquista en Madrid el 5 de agosto de 1939, apenas cuatro meses después de finalizar la Guerra Civil.

No es la primera vez

Esta placa ha sido objeto de numerosos actos vandálicos en su corta historia. En el escrito presentado, el Grupo Socialista recuerda “la obligación legal” que existe de garantizar la conservación y dignificación de estos espacios.

Asimismo, el PSOE señala que, conforme a la legislación de Régimen Local, es una obligación “irrenunciable” del Consistorio el mantenimiento, limpieza y reposición del mobiliario urbano.

En la misma iniciativa, el Grupo Municipal Socialista ha solicitado que se actúe de igual manera con el resto de elementos de memoria democrática vandalizados o deteriorados en la ciudad.

El pasado mes de octubre de 2025, el PSOE pidió públicamente la reparación de estos elementos ante el lamentable estado que presentaban, incluido el monolito situado frente a la Posada del Rosario, instalado para rendir homenaje a las 750 personas fusiladas en las tapias del cementerio de Albacete entre 1939 y 1948, así como a quienes perdieron la vida en las cárceles de la posguerra por el trato inhumano recibido.

La Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Canarias ya tramita los permisos burocráticos para iniciar “cuanto antes” una excavación arqueológica en el municipio de Garachico (Tenerife) para determinar el origen de los restos humanos hallados cerca del litoral del municipio.

Así lo avanza a Europa Press Juan Carlos García, inspector y coordinador del sistema de información patrimonial, que detalla que la hipótesis que maneja su departamento es que el esqueleto se correspondería con un “enterramiento intencional” producido en la primera mitad del siglo XX, compatible tanto con el período de la Guerra Civil como con la represión franquista.

Ha comentado que también pudo haber ocurrido un asesinato ya que en esas fechas era común el uso de la violencia en “disputas por un metro de tierra” y tiene claro que no se trata de un cadáver que llegó a tierra por la fuerza del mar en virtud a como está colocado.

Incluso ha comentado que hay “alguna evidencia” que podría indicar la presencia de una fosa, pero para aclararlo hay que “excavar” y resolver todas las “dudas” que presenta el caso.

García ha indicado que los trabajos se le van a encargar al equipo habitual de Tenerife y confía en que puedan empezar ya a comienzos de la próxima semana si se resuelven todos los permisos dado que los restos se localizaron en zona de dominio público marítimo-terrestre.

El hallazgo se produjo el pasado domingo y el requerimiento le llegó a la dirección general vía administración de justicia y para evitar que la zona sea contaminada o sufra algún expolio, hay vigilancia por parte del Seprona y la Policía Local.

Ha indicado que la excavación “no es compleja” porque el yacimiento solo tiene una unidad que contiene los restos humanos y otra superior que es el relleno intencional, compuesto por bloques de basalto grandes.

“La única dificultad es quitar esas piedras de tanto volumen, pero no hay ninguna otra complicación técnica”, ha comentado.

El objetivo es estudiar los restos 'in situ' para plantear hipótesis y evaluar posibles patologías observadas en los huesos y fijar “si hubo violencia o no en la muerte”, ha detallado.

Incluso ha apuntado que se puede hacer un análisis genético “en el hipotético caso de que sea una muerte reciente” y haya registradas desapariciones de tal manera que se puede buscar a familiares de desaparecidos y cruzar datos para determinar la identidad de la persona.

En esa línea ha afirmado que se van a utilizar “técnicas novedosas y actuales” para ser “precisos” y ha insistido en que el esqueleto no procede de la época aborigen porque está en una zona donde se realizaban movimientos de tierra junto a zonas de cultivo --las sorribas--.

“No tenemos más datos, que un cuerpo de una persona que no es guanche, no es de periodo prehispánico, sino que es de periodos históricos y el enterramiento es intencional. La excavación arqueológica nos podrá ofrecer datos para precisar más, es decir, precisar fechas”, ha señalado.

El próximo domingo 20 de septiembre, la comarca de la Campiña Sur acogerá la III Marcha ‘Columna de los 8000’, una jornada de senderismo reivindicativo y memoria democrática organizada para conmemorar el 90º aniversario de uno de los episodios más dramáticos de la Guerra Civil en la región. La caminata, con un recorrido circular de diez kilómetros con salida y llegada en el pabellón municipal de Fuente del Arco, busca rescatar del “manto de silencio” la huida desesperada de miles de civiles que en septiembre de 1936 intentaron escapar del avance de las tropas franquistas.

La iniciativa está impulsada por una amplia red de entidades como la Asociación 25 de Marzo, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ‘José González Barrero’, la Asociación de Memoria Histórica Campiña Sur de Badajoz, la Asociación Cultural Morrimer, la Asociación José Lorenzana, 'La Corujá', ASTOLL, Antifascistas Zafra y el colectivo sevillano Somos La Huía, además de ciudadanos a título individual. Las organizaciones aspiran a superar la convocatoria de las dos ediciones previas, que congregaron a cerca de un millar de participantes cada una.

Un gran éxodo silenciado en el suroeste extremeño

Los hechos que rememora la marcha se remontan al 17 y 18 de septiembre de 1936. Tras la caída de los municipios del suroeste de Badajoz ante las columnas de ocupación franquistas, unos 8.000 extremeños —en su mayoría familias desarmadas, mujeres, niños y ancianos cargados con enseres básicos— iniciaron una huida a pie de más de cien kilómetros desde Valencia del Ventoso hacia Azuaga, uno de los últimos reductos bajo control republicano en la provincia.

Sin embargo, al llegar a las inmediaciones de Reina y Fuente del Arco, la columna fue emboscada y atacada. Más de un centenar de personas fueron asesinadas sobre el terreno, mientras que cerca de 1.200 cayeron prisioneras para ser posteriormente fusiladas o represaliadas en sus municipios de origen tras ser obligadas a regresar.

Desde los colectivos convocantes subrayan que este suceso, pese a constituir junto a la matanza de Badajoz uno de los mayores episodios represivos del conflicto en Extremadura, ha permanecido relegado al olvido institucional. “Ha sido silenciado por los distintos poderes para imponer la impunidad sobre la historia popular extremeña”, señalan las organizaciones, recordando que la provincia pacense concentra más de 12.000 víctimas mortales por la represión franquista y que más de 13.700 extremeños continúan en fosas comunes y cunetas sin identificar.

Frente al “revisionismo” y la derogación de la ley regional

La convocatoria de este año adquiere un marcado cariz político y social tras la derogación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura aprobada por el Gobierno autonómico del PP y Vox. Los colectivos denuncian el avance de discursos “negacionistas y reaccionarios” que buscan invisibilizar la violencia ejercida durante la dictadura.

“Caminaremos para rescatar la memoria de esas 8.000 personas y para servir de vacuna contra el machismo, el clasismo, el racismo y la LGTBIfobia”, sostienen las entidades organizadoras, reafirmando que la movilización del próximo 20 de septiembre busca exigir “Verdad, Justicia, Reparación y garantías de no repetición” frente a las políticas de la Junta.

El Govern balear va retre homenatge ahir a la nit al prop de centenasr de civils que van morir sota els bombardejos republicans registrats a Mallorca entre 1936 i 1938. L'acte institucional, celebrat a la capital balear, va tenir lloc, però, tot just quatre mesos després que PP i Vox derogessin la Llei balear de memòria democràtica, el contingut de la qual donava cobertura a aquest tipus de tributs i al reconeixement institucional de les víctimes de la guerra civil i la dictadura franquista.

A la cerimònia hi van assistir els descendents de diverses d'aquelles víctimes, com també la presidenta de l'Executiu autonòmic, Marga Prohens (PP), i altres alts càrrecs conservadors i d'extrema dreta. Cap formació d'esquerres no va ser-hi present, com tampoc Memòria de Mallorca, que havia supeditat la seva presència al fet que el Govern renunciés públicament a la derogació de la llei autonòmica de memòria democràtica, exigència que l'Executiu en cap moment no ha atès. Per la seva banda, el PSIB-PSOE va criticar que el PP pretengui “donar lliçons de memòria” tot just uns mesos després d'haver derogat la norma que empara els drets de les víctimes i “d'haver menyspreat les famílies i les entitats memorialistes”.

Durant l'homenatge, Prohens, que mai no ha expressat una condemna pública específica a les víctimes de la repressió franquista desfermada a les Balears després del cop militar de juliol de 1936 -unes 2.000 persones assassinades- i a les violacions de drets humans comeses durant la dictadura, ha defensat durant l'acte que la societat balear ha pres consciència de la necessitat de “tancar ferides restituint la dignitat” de les persones assassinades durant la guerra civil, reconduint després el seu discurs cap als bombardejos de l'Exèrcit republicà.

“No parlem de víctimes col·laterals. Parlem d'un atac sistemàtic contra població civil, contra una illa que es trobava indefensa amb l'únic objectiu de minar la moral i de forçar la rendició de Mallorca que havia quedat en el bàndol revoltat, però aïllada”, va incidir.

En un altre moment, la presidenta s'ha referit al mur inaugurat aquest dilluns amb els noms de les víctimes, asseverant que la frase inscrita en ell permetrà conservar “per sempre” el record de “les víctimes dels bombardejos republicans a la ciutat de Palma”. No obstant això, la inscripció col·locada al·ludeix de forma genèrica a les “víctimes de la Guerra Civil”, una formulació més àmplia que la utilitzada per la líder autonòmica.

Prohens va posar xifres als atacs aeris dels republicans: entre el juliol i l'agost de 1936, Mallorca va patir 46 bombardejos, dels quals 25 van afectar directament Palma. Durant el conflicte es van produir onze atacs aeris més, especialment intensos el 1937. En total, va dir, els atemptats van causar 97 morts i 224 ferits a tota l'illa. Entre els finats hi havia 32 dones i 17 nens.

La líder autonòmica va al·ludir així mateix al paper de la “llei de fosses -la seva aprovació va complir recentment deu anys-, una norma que, ha recordat, ha permès recuperar ”334 cossos i identificar 67 víctimes“, sense mencionar en cap moment que la mort d'aquestes va ser causada per la repressió franquista, una violència que, com assenyalen els historiadors, ja havia estat planificada mesos abans de la guerra civil i va ser executada per falangistes, militars, autoritats civils, xarxes clientelars de dretes, capellans fins i tot després de finalitzar el conflicte bèl·lic.

Malgrat que la llei de fosses manca de l'abast de la llei de memòria democràtica, que també regulava les polítiques públiques de veritat, reconeixement, divulgació, retirada de simbologia franquista, règim sancionador i garanties de no repetició, Prohens va apel·lar reiteradament a ella i la va reivindicar com el principal instrument de reparació de les víctimes, ignorant la derogació del principal marc legal de memòria de les Illes.

Fa dues setmanes, el Constitucional va admetre a tràmit el recurs d'inconstitucionalitat presentat pel Govern central contra la derogació de la norma balear i va acordar suspendre cautelarment la seva aplicació. La decisió de l'alt tribunal implica que la llei continua vigent mentre resol sobre el fons del recurs, en considerar l'Executiu que la seva eliminació podria vulnerar els drets de les víctimes de greus violacions de drets humans.

L'alt càrrec del PP ha asseverat que “la recuperació de les víctimes i de la seva memòria no ha d'anar de bàndols”, insistint que no es tracta de “buscar culpables” ni de recordar els bombardejos “des de l'odi o el revanxisme”, sinó de “recordar amb respecte a cadascuna d'aquestes víctimes i recordar les seves històries i les seves vides truncades i interrompudes per aquests fets” i de treure de l'oblit un episodi que va qualificar de “un dels esdeveniments bèl·lics més durs i alhora més desconeguts de la història tant de Balears com d'Espanya”.

Avançar “sense rancors, bàndols ni divisions”

En cap moment de la seva intervenció Prohens va efectuar una condemna expressa al cop militar de 1936, a la dictadura franquista ni a la repressió exercida durant gairebé quatre dècades. Sí que va apel·lar a la necessitat d'avançar “sense rancors, sense bàndols i sense divisions, sent conscients i tenint presents els errors del passat”, en línia del discurs de populars i extrema dreta, que en altres CCAA també han tombat els seus textos memorialistes, substituïts en alguns casos per 'lleis de la concòrdia' que, sota text d'excusa de “reconciliar” els espanyols en lloc de “reobrir ferides”, equiparen el franquisme amb la democràcia.

El Mur de la Dignitat instal·lat aquest dilluns al Passeig Sagrera és una obra concebuda, exposa el Govern en una nota de premsa, “per transmetre la dualitat entre la destrucció representada per la guerra i l'esperança simbolitzada per la memòria”. “L'ombra evoca el dolor, les absències i la tragèdia que van deixar els atemptats, mentre que la llum representa la memòria permanent de les víctimes, la seva dignitat i el compromís de la societat de no oblidar-les”, prossegueix el comunicat.

La cerimònia va començar amb la lectura, un a un, dels noms i les edats de les 73 víctimes civils identificades dels bombardeigs republicans sobre Palma. Després de l'enumeració, els assistents van guardar un minut de silenci abans que es recordés que el nou Mur de la Dignitat neix amb l'objectiu de reconèixer, reparar i dignificar la memòria de les víctimes i de les seves famílies perquè els seus noms i les seves històries perdurin en el temps.

Tot seguit va intervenir l'historiador Manuel Aguilera, impulsor de la investigació que ha permès identificar les víctimes, qui va afirmar que amb la inauguració del memorial es salda “un deute històric”. Va recordar que les víctimes dels bombardeigs sobre Palma no havien rebut “cap homenatge ni durant els 40 anys de dictadura ni en els 50 de democràcia” i va defensar que “en una democràcia no hi pot haver silencis” perquè “la veritat ha d'estar per sobre de tot”.

Aguilera, autor del llibre Mallorca en llamas. Las víctimas del primer terror aéreo de la Guerra Civil, va repassar a més el context històric dels atacs aeris sobre Mallorca i va assenyalar que Palma va ser una de les primeres ciutats a patir bombardejos sistemàtics contra la rereguarda durant la Guerra Civil. Tot i que els objectius eren inicialment militars, va explicar, les bombes van acabar caient sobre barris obrers i zones comercials, causant nombroses víctimes civils. A continuació va posar rostre a diverses de les persones traspassades relatant les seves històries i va agrair la presència dels seus familiars, abans de concloure que actes com el celebrat constitueixen “una forma de reparació”, ja que les conseqüències de la guerra “de vegades perduren durant generacions”.

El Govern balear rindió anoche homenaje al cerca de centenar de civiles que fallecieron bajo los bombardeos republicanos registrados en Mallorca entre 1936 y 1938. El acto institucional, celebrado en la capital balear, tuvo lugar, sin embargo, apenas cuatro meses después de que PP y Vox derogasen la Ley balear de memoria democrática, cuyo contenido daba cobertura a este tipo de tributos y al reconocimiento institucional de las víctimas de la guerra civil y la dictadura franquista.

A la ceremonia asistieron los descendientes de varias de aquellas víctimas así como la presidenta del Ejecutivo autonómico, Marga Prohens (PP), y otros altos cargos conservadores y de extrema derecha. Ninguna formación de izquierdas estuvo presente como tampoco Memòria de Mallorca, que había supeditado su presencia a que el Govern renunciase públicamente a la derogación de la ley autonómica de memoria democrática, exigencia que el Ejecutivo en ningún momento ha atendido. Por su parte, el PSIB-PSOE criticó que el PP pretenda “dar lecciones de memoria” apenas unos meses después de haber derogado la norma que ampara los derechos de las víctimas y de “haber menospreciado a las familias y a las entidades memorialistas”.

Durante el homenaje, Prohens, que nunca ha expresado una condena pública específica a las víctimas de la represión franquista desatada en Balears tras el golpe militar de julio de 1936 -unas 2.000 personas asesinadas- y a las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura, ha defendido durante el acto que la sociedad balear ha tomado conciencia de la necesidad de “cerrar heridas restituyendo la dignidad” de las personas asesinadas durante la guerra civil, reconduciendo tras ello su discurso hacia los bombardeos del Ejército republicano.

“No hablamos de víctimas colaterales. Hablamos de un ataque sistemático contra población civil, contra una isla que se encontraba indefensa con el único objetivo de minar la moral y de forzar la rendición de Mallorca que había quedado en el bando sublevado pero aislada”, incidió.

En otro momento, la presidenta se ha referido al muro inaugurado este lunes con los nombres de las víctimas, aseverando que la frase inscrita en él permitirá conservar “para siempre” el recuerdo de “las víctimas de los bombardeos republicanos en la ciudad de Palma”. Sin embargo, la inscripción colocada alude de forma genérica a las “víctimas de la Guerra Civil”, una formulación más amplia que la utilizada por la líder autonómica.

Prohens puso cifras a los ataques aéreos de los republicanos: entre julio y agosto de 1936, Mallorca sufrió 46 bombardeos, de los que 25 afectaron directamente a Palma. Durante el conflicto se produjeron once ataques aéreos más, especialmente intensos en 1937. En total, dijo, los atentados causaron 97 muertes y 224 heridos en toda la isla. Entre los fallecidos había 32 mujeres y 17 niños.

La líder autonómica aludió asimismo al papel de la ley de fosas -cuya aprobación cumplió recientemente diez años-, una norma que, ha recordado, ha permitido recuperar “334 cuerpos e identificar a 67 víctimas”, sin mencionar en momento alguno que la muerte de éstas fue causada por la represión franquista, una violencia que, como señalan los historiadores, ya había sido planificada meses antes de la guerra civil y fue ejecutada por falangistas, militares, autoridades civiles, redes clientelares de derechas, capellanes incluso después de finalizar el conflicto bélico.

Pese a que la ley de fosas carece del alcance de la ley de memoria democrática, que también regulaba las políticas públicas de verdad, reconocimiento, divulgación, retirada de simbología franquista, régimen sancionador y garantías de no repetición, Prohens apeló reiteradamente a ella y la reivindicó como el principal instrumento de reparación de las víctimas, obviando la derogación del principal marco legal de memoria de las Islas.

Hace dos semanas, el Constitucional admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central contra la derogación de la norma balear y acordó suspender cautelarmente su aplicación. La decisión del alto tribunal implica que la ley continúa vigente mientras resuelve sobre el fondo del recurso, al considerar el Ejecutivo que su eliminación podría vulnerar los derechos de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos.

La alto cargo del PP ha aseveró que “la recuperación de las víctimas y de su memoria no debe ir de bandos”, insistiendo en que no se trata de “buscar culpables” ni de recordar los bombardeos “desde el odio o el revanchismo”, sino de “recordar con respeto a cada una de estas víctimas y recordar sus historias y sus vidas truncadas e interrumpidas por estos hechos” y de sacar del olvido un episodio que calificó como “uno de los acontecimientos bélicos más duros y a la vez más desconocidos de la historia tanto de Balears como de España”.

Avanzar “sin rencores, bandos ni divisiones”

En ningún momento de su intervención Prohens efectuó una condena expresa al golpe militar de 1936, a la dictadura franquista ni a la represión ejercida durante casi cuatro décadas. Sí apeló a la necesidad de avanzar “sin rencores, sin bandos y sin divisiones, siendo conscientes y teniendo presentes los errores del pasado”, en línea del discurso de populares y extrema derecha, que en otras CCAA también han tumbado sus textos memorialistas, sustituidos en algunos casos por 'leyes de la concordia' que, so pretexto de “reconciliar” a los españoles en lugar de “reabrir heridas”, equiparan el franquismo con la democracia.

El Muro de la Dignidad instalado este lunes en el Passeig Sagrera es una obra concebida, expone el Govern en una nota de prensa, “para transmitir la dualidad entre la destrucción representada por la guerra y la esperanza simbolizada por la memoria”. “La sombra evoca el dolor, las ausencias y la tragedia que dejaron los atentados, mientras que la luz representa la memoria permanente de las víctimas, su dignidad y el compromiso de la sociedad de no olvidarlas”, prosigue el comunicado.

La ceremonia dio comienzo con la lectura, uno a uno, de los nombres y las edades de las 73 víctimas civiles identificadas de los bombardeos republicanos sobre Palma. Tras la enumeración, los asistentes guardaron un minuto de silencio antes de que se recordara que el nuevo Muro de la Dignidad nace con el objetivo de reconocer, reparar y dignificar la memoria de las víctimas y de sus familias para que sus nombres y sus historias perduren en el tiempo.

Acto seguido intervino el historiador Manuel Aguilera, impulsor de la investigación que ha permitido identificar a las víctimas, quien afirmó que con la inauguración del memorial se salda “una deuda histórica”. Recordó que las víctimas de los bombardeos sobre Palma no habían recibido “ningún homenaje ni durante los 40 años de dictadura ni en los 50 de democracia” y defendió que “en una democracia no puede haber silencios” porque “la verdad debe estar por encima de todo”.

Aguilera, autor del libro Mallorca en llamas. Las víctimas del primer terror aéreo de la Guerra Civil, repasó además el contexto histórico de los ataques aéreos sobre Mallorca y señaló que Palma fue una de las primeras ciudades en sufrir bombardeos sistemáticos contra la retaguardia durante la Guerra Civil. Aunque los objetivos eran inicialmente militares, explicó, las bombas acabaron cayendo sobre barrios obreros y zonas comerciales, causando numerosas víctimas civiles. A continuación puso rostro a varias de las personas fallecidas relatando sus historias y agradeció la presencia de sus familiares, antes de concluir que actos como el celebrado constituyen “una forma de reparación”, ya que las consecuencias de la guerra “a veces perduran durante generaciones”.

“Un disparate” y “una falta de respeto”. Éstos son algunos de los calificativos más suaves que ha suscitado un proyecto que finalmente no verá la luz y que tiene como escenario los calabozos de la vieja comisaría de la Gavidia en Sevilla, declarada en 2017 lugar de memoria democrática por ser un centro franquista de torturas y que apura los plazos para convertirse en hotel de lujo. La promotora, que tenía la obligación contractual de reservar un espacio memorialista, ya lo ha cedido al Ayuntamiento de Sevilla acompañado de un proyecto de musealización que proponía su utilización para catering y una decoración a base de estética pop, “humor”, “frases con arte” y “guiños al miarma”.

“Cada rincón está pensado para provocar un efecto WOW”, resume el documento, que fue incluido en el expediente de cesión de los 215 metros cuadrados de este enclave que se hizo llegar a la Gerencia de Urbanismo. Este organismo ha recepcionado formalmente el lugar, pero no se ha dado por aludido en cuanto al proyecto de musealización ofrecido por el hotel de la cadena Thompson. De hecho, el alcalde, José Luis Sanz (PP), considera que no se ha presentado formalmente y garantiza que lo que finalmente se haga “se consultará con los sindicatos y las asociaciones memorialistas”.

Así que, oficialmente, el proyecto –adelantado por El Correo de Andalucía– no ha llegado a existir, por mucho que conste en el expediente. La antigua sede de la Jefatura Superior de Policía Nacional y de la Capitanía General, cerrada en 2003 y que reabrirá como hotel de cinco estrellas (ya admite reservas a partir del 1 de octubre), fue un centro de detención, represión y tortura en los 60 y los 70 por el que pasaron sobre todo sindicalistas. Eso explica que CCOO haya estado siempre muy pendiente de este proyecto, y es su secretario general en Sevilla, Carlos Aristu, el que define lo que se ha puesto encima de la mesa como “disparate”, “barbaridad” y “falta de respeto” para todos los que sufrieron allí.

Una obligación contractual

Al estar declarada lugar de memoria democrática, cuando se vendió la comisaría en enero de 2022 se incluyó entre los requisitos que el promotor tenía que entregar al Ayuntamiento el espacio donde estaban los calabozos, en el semisótano, con una entrada independiente del hotel para su utilización como Centro de Interpretación de la Memoria Democrática. En total son 215 metros cuadrados que al final se entregan diáfanos, ya que no se han conservado las celdas, todo un símbolo de un lugar que hasta impulsó el nacimiento de la Asamblea de Familiares y Asociaciones Memorialistas de la plaza de la Gavidia.

Ante la inminencia de la apertura, la empresa citó formalmente al gobierno local en una notaría para cederle este sitio, aunque recibió largas y no ha sido hasta este mes de julio que Urbanismo ha recepcionado el derecho de uso de este espacio una vez formalizado el trámite notarial. Y en la tramitación administrativa es donde ha saltado el lío, ya que el promotor incluyó una propuesta de musealización bastante pintoresca, pese a reconocer que el enclave “fue testigo de tiempos oscuros, donde la libertad era un sueño lejano”.

Con todo y con eso, la iniciativa se presenta como “un guiño a nuestra identidad”. “La propuesta se llena de referencias culturales sevillanas: colores vivos, frases con arte, costumbrismo reinterpretado con humor y diseño”, todo ello con el argumento de que “la memoria no tiene por qué ser gris: puede vestirse de luz, de música, de alegría”.

No a “un salón temático para tomar copas”

El diseño, a base de pantallas interactivas, lo traducen los impulsores en que “el costumbrismo se viste de pop: azulejos reinventados, guiños al miarma y la luz del albero convertida en diseño”. ¿El objetivo de todo ello? “Darle color a la vida” y pasar “de comisaría a icono cultural”, porque la Gavidia “es hoy un lugar para mirar atrás sin miedo y mirar adelante con ilusión”.

Al ser una iniciativa propia, la empresa no perdía la ocasión para proponer un “modelo híbrido” para la gestión del espacio. ¿Y qué significa esto? Pues abrir la puerta al “alquiler privado para eventos” y ofrecer “servicios integrados” como catering o alojamiento “aprovechando” la proximidad al hotel. “No vamos a permitir que estos calabozos franquistas se conviertan en un salón temático de un hotel de cinco estrellas para tomar copas”, resume al respecto el portavoz municipal de Podemos-IU, Ismael Sánchez (IU), que insiste en que el proyecto siempre ha previsto un espacio “dedicado a la memoria democrática, no para hacer cócteles”.

Así que el amago de la compañía hotelera de “contribuir a la preservación de la memoria democrática desde una perspectiva positiva y creativa” no ha llegado muy lejos. El alcalde admite que le resultó “chocante”, “absurdo” y que le “chirrió bastante” lo que trascendió de esta iniciativa, pero insiste en que el equipo de gobierno “no ha recibido todavía ningún proyecto sobre los contenidos museográficos específicos, que tienen que estar revisados por este Ayuntamiento”. De paso, defiende que su equipo “ha mostrado un exquisito respeto por las víctimas y ha cumplido escrupulosamente con la ley”.

Un primer amago paralizado

Todo este proceso, enumera José Luis Sanz, tiene tres fases, la primera de las cuales ha sido la cesión del local. Ahora toca la adecuación de este espacio para su uso expositivo, “proyecto que se ha entregado” y que ya está analizando Urbanismo, a lo que seguirá la propuesta museográfica, que “no se ha entregado aún”.

Para Carlos Aristu, secretario general de CCOO en Sevilla, la madre del cordero es “quién gestionará” este enclave memorialista y qué dotación presupuestaria tendrá. De lo que sí está convencido es de que “hemos parado” un primer amago de proyecto que iba a consistir en “poner tres enaras y quitarlas para dar cócteles”, una iniciativa “con tintes irrespetuosos y con muy poco acierto” que nace de que “el hotel proponía hacerse cargo para tener su uso”.

Ante la reacción que se ha encontrado, la promotora “ha dado dos pasos atrás” y todo queda en manos del Ayuntamiento. “El alcalde nos ha transmitido que las cosas se van a hacer bien”, apostilla Aristu, que subraya que CCOO estará vigilante porque fue la movilización de este sindicato la que logró el reconocimiento de la comisaría como lugar de memoria democrática y porque “el 90% de los que pasaron por allí eran militantes nuestros y muchos están vivos”. “No vamos a aceptar nada que se haga sin nosotros y las asociaciones memorialistas”, apostilla, y de paso lanza un aviso: si no se producen avances, “en septiembre habrá movilizaciones”.

Si las paredes de la antigua cárcel de mujeres de Alcalá hablasen, podrían contar más de un siglo de historia. Por ella, pasaron las presas más famosas, las delincuentes más reconocibles del siglo XX y, además, la mayoría de luchadoras antifranquistas a partir de los años 50, coincidiendo con el cierre de la cárcel de Segovia. Sin embargo, estos muros, que encapsulan como pueden tales episodios de la memoria femenina, están a punto de colapsar. En los años 80, tras vaciarse por completo de presas, el Estado cedió el edificio a la universidad de la ciudad cervantina, la cual solo tiró abajo una parte del edificio para levantar la facultad de documentación. El resto, como si de una broma pesada se tratara, sigue cayéndose poco a poco ante la atenta mirada de historiadores y archiveros impotentes.

Entre ellos están Pilar Lledó Collada y Fernando García Manzanero, que abren las puertas de la entonces cárcel a elDiario.es. Dicen recibir con los brazos abiertos el nuevo proyecto que se ha anunciado para darle una nueva vida al edificio histórico, añadido en 2023 en la lista roja de patrimonio de Europa Nostra como peligro extremo de pérdida. La idea del Ministerio de Cultura, según anunció hace unas semanas, es levantar en su interior el nuevo Archivo Nacional de Movimientos Sociales. Algo que los historiadores, en cambio, miran con recelo porque es “muy improbable” que culmine: “Esto no se arregla en unos meses”.

La cárcel de mujeres de Alcalá de Henares (Madrid), bautizada como La Galera, fue a principios de siglo XX la prisión central femenina del Estado y, a mediados de los 50, comenzó a albergar a la mayoría de las conocidas como ‘irredentas’, tal y como denominó el historiador Ricard Vinyes a las presas políticas que lucharon contra el régimen franquista y que sufrieron, hasta desembocar en Alcalá, un terrible “turismo carcelario”. En esta prisión, las antifranquistas estaban mezcladas con las presas comunes, sufrían hacinamiento y explotación laboral y su rutina impuesta rezumaba el cariz religioso que tuvo el correccional para mujeres desviadas que fue la original Galera, aprovechado por el nacionalcatolicismo de la dictadura. Tanto era así que las funcionarias de prisiones compartían potestades con las hermanitas de la caridad.

La mayoría de ellas empezaron su pena en Ventas, pero luego pasaron por Málaga, Guadalajara, Segovia y un montón de cárceles, hasta que acabaron aquí

Importantes mujeres como Juana Doña, María Salvo, Manolita del Arco o Soledad Real finalizaron su pena en el edificio que actualmente está al borde del derrumbe. “La mayoría de ellas empezaron su pena en Ventas, pero luego pasaron por Málaga, Guadalajara, Segovia y un montón de cárceles, hasta que acabaron aquí”, explica la historiadora Pilar Lledó Collada. La mayoría de los testimonios sobre lo que vivieron dentro de la cárcel lo conocemos gracias al trabajo historiográfico que realiza Tomasa Cuevas, que, aunque nunca pisó la cárcel de Alcalá, cuando salió en libertad se dedicó a “recorrer España con un magnetófono” para que la experiencia de las presas antifranquistas no cayera en el olvido.

En la página 473 de su libro, una de ellas relata su experiencia al salir en libertad: “Recuerdo que solamente de ver las colas de los cines era algo que nos sublevaba; pensaba en los presos, en las compañeras que había dejado en las cárceles, en las gentes que a lo mejor fusilarían o que habían fusilado esa misma mañana, en las comisarías en que maltrataban a nuestros compañeros, y ver colas en las puertas de los cines era una cosa que no podía soportar. (...) Eran tantas las cárceles que había en aquella época, y tan llenas de presos, que no podía entender que no se luchara por ellos”.

Antes de la dictadura, la cárcel llevaba un siglo funcionando con algunas interrupciones. Las cárceles La Galera se fundaron en el siglo XVII por una monja y se concebían como correccionales femeninos para restaurar la moral católica dañada por el pecado. El edificio, tal y como hoy se puede ver, lo diseñó en 1882 el arquitecto Tomás Aranguren y su peculiar concepción para lo que luego sería la prisión, sobre todo su planta en forma de T, ya es en sí mismo un argumento para la conservación.

Eran tantas las cárceles que había en aquella época, y tan llenas de presos, que no podía entender que no se luchara por ellos

En ese momento, el correccional pasó a ser la prisión femenina central y uno de los primeros centros donde la reclusión de mujeres la motivaba tanto el factor religioso como la comisión de un delito tipificado en el Código Penal. “La importancia que tuvo este centro fue crucial en la historia de la reclusión femenina”, reivindica la investigadora Gema Martínez Galindo. Aunque la igualdad jurídica era algo todavía muy lejano pues, según incide Lledó, “los hombres a lo largo de la historia han sido condenados a trabajos fuera”, mientras la mujer “tenía que estar encerrada incluso cuando era castigada”. El trabajo femenino por excelencia, que perdurará hasta el cierre de la cárcel, es la costura.

El primer parón en la actividad penitenciaria de La Galera se produce con el intento de reforma de Victoria Kent que, recogiendo el guante de Concepción Arenal, considera obsoleto e inhumano el sistema del momento. Traslada a las presas a Ventas, pero la cárcel de Alcalá permanecerá vacía por poco tiempo por la aprobación de la ley de vagos y maleantes, la misma que luego aprovechará el franquismo para endurecer la represión de la disidencia y perseguir a homosexuales.

Con el estallido de la guerra civil se convertirá en una prisión masculina y no volverá a albergar exclusivamente a presas hasta 1955.

En los años 40, el edificio fue el centro neurálgico de la reclusión de “comunistas peligrosos” para el régimen, y estaba dirigido por el coronel Enrique Eymar del tribunal de represión de la masonería y el comunismo.

Desde el 1955 hasta 1978 pasaron cientos de presas políticas por la cárcel de la ciudad cervantina. En los años 60 comenzaron a llegar las guerrilleras capturadas. Las mujeres tuvieron una gran importancia en las guerrillas, sobre todo como sustentadoras familiares y como enlaces para pasar información, quedando muchas veces expuestas a las presiones de la Guardia Civil. Alrededor de 150 mujeres tomaron las armas.

“Ya que nadie les hacía caso, porque la gran historia del antifranquismo es una historia masculina, pues ellas al final tuvieron que buscar la forma de contar su propia historia”

Por Alcalá pasaron importantes guerrilleras como María Blázquez, Carmen Orozco, Esperanza Martínez, alias Sole, o Remedios Montero, alias Celia. En esta última se inspiraría más adelante Dulce Chacón para su obra maestra La voz dormida.

“Ya que nadie les hacía caso, porque la gran historia del antifranquismo es una historia masculina, pues ellas al final tuvieron que buscar la forma de contar su propia historia”, lamenta Lledó, quien destaca el libro publicado bajo un seudónimo por Juana Doña, Desde la noche y la niebla.

El peso de este edificio para la memoria colectiva no se ha tenido en cuenta para su conservación. “Lo que se ha hecho con los lugares de memoria es hacerlos desaparecer o transformarlos”, critica Lledó, que cuestiona por qué “no se ha considerado un patrimonio a guardar”. “En el caso de la cárcel de Alcalá, como no encontraban en qué transformarlo, simplemente dejaron pasar el tiempo a ver si acababa de caerse por completo”, añade.

Durante sus últimos años de actividad, la cárcel La Galera recluyó a algunas integrantes de ETA y las presas políticas se limitaron a unas pocas decenas en todo el centro. “El gran problema que tuvieron aquí las presas políticas es que nunca se les reconoció ese estatus (...) Las metían en un dormitorio común con todas las otras presas”, explica Lledó, a lo que su compañero el archivista Fernando García Manzanero añade: “Y solo dejaban pasar a la familia en tres ocasiones al año: el día de la Virgen de la Merced, el día de Reyes y el día de la Virgen del Carmen”.

Una de las últimas presas que pasaron por La Galera fue la cantante Elisa de la Serna quien, tras negarse a pagar tantas multas por desobediencia civil, acabó detenida. Durante su estancia compuso la canción ‘Celda 105 mirando al mar’. No sabemos si la ventana imaginaria por la que Elisa miraba al mar desde su celda se caería también si el edificio entero termina derrumbándose. O si el humor de Manuel de la Escalera seguirá sobrevolando el lugar donde esperaba cada noche que se lo llevaran para cumplir la pena de muerte. Lo que es evidente es que una parte de la memoria histórica se olvidaría bajo los escombros del edificio abandonado en el centro de Alcalá del que poca gente sabe el nombre.

“Recuerdo como si fuera ayer retumbar los disparos en mi conciencia antes de que se hiciera definitivamente el silencio y cayera a paladas la noche del tiempo sobre mi memoria. Hasta que de pronto sentí un aleteo vegetal agitarse en mi pecho y un soplo de luz erigirse al cielo. Era la flor del almendro”. Se hace el silencio en la plaza del pueblo de Alcanadre, que ha improvisado esta noche un cine de verano, con lleno total. Hay quienes conocen bien la historia que narran esas frases y se tienen que limpiar los ojos de emoción en este primer minuto de la película. Otros, nunca habían oído hablar de ello. Es la historia de Agustín Martínez Royo, el alcalde de Alcanadre torturado y fusilado en agosto de 1936, que durante las exhumaciones fue encontrado enterrado solo con un almendro nacido desde su pecho.

Devolvemos lo que uno ha hecho al sitio en el que tenía que estar, que es a la memoria de ese pueblo

Jesús Rocandio — Director de 'La Flor de Almendro'

Su historia es el inicio del documental La Flor del Almendro, que después del pase en el ZINEBI de Bilbao, se ha decidido estrenar en la plaza del pueblo, parte fundamental de la película. “Es devolver lo que uno ha trabajado y ha hecho al sitio en el que tenía que estar, que es a la memoria de ese pueblo”, subraya con seguridad Jesús Rocandio, el director. “No se me ocurre un formato más emocionante”, añade Santiago Tabernero, el guionista, justo antes de empezar la proyección.

La expectación es total en la plaza minutos antes. “Las cosas que me han contado son muy impresionantes”, cuenta Rocío, que conoce desde siempre la historia del alcalde. “Era marido de mi tía”. También parece saber bien lo que ocurrió un hombre mayor que llega a la plaza a pocos instantes del comienzo de la proyección, con un taburete bajo el brazo y se sienta solo detrás. No quiere hablar, pero sus ojos dicen más que cualquier palabra. Entre sus pocas palabras, es rotundo: “Veo muy bien que se haga porque no hay que olvidar esto nunca” y añade: “Demasiado de bien lo conozco yo, pero no puedo decir más porque me emociono, tengo cosas personales”.

¿Qué hay que hacer a los 17 años para que te fusilen?

Y, entre tanto, empieza una película en la que sobrevuela durante todo el tiempo una gran pregunta: ¿Para qué sirve y donde se aloja la memoria?. Sin necesidad de formularla, responde el pueblo donde fusilaron a 29 de sus vecinos. “Hemos querido que sea muy austero, no hay un fundido ni un movimiento de cámara, tiene un formato 4:3 como si fuera una televisión antigua... Porque para nosotros lo importante era el relato, lo que dicen”, expresa Rocandio, que incluso asegura haber eliminado “con gran dolor” los planos de Pepe Viyuela pronunciando las primeras frases “porque él es tan importante y tan conocido que se comía el resto del documental”. Enfatiza igualmente en la dificultad a la que se han enfrentado al ser un documental “una pieza viva”. “La primera escritura de guion y los que ha sido no tienen nada que ver, aunque sí en el fondo y en lo que se iba a contar”, puntualiza.

'La flor del almendro' entrelaza tres historias de forma simultánea. La de Ernesto, sobrino de uno de los fusilados y una de las personas que realizaron sus exhumaciones en el cementerio de Torrero en Zaragoza. La del alcalde Pablo Aranda (dimitido en 2025), que impulsa el homenaje a los represaliados en el 45 aniversario de las exhumaciones y proyecta un alcorque monumental para un almendro que se planta en plaza como símbolo de memoria. Y la de Luis Flaño, un joven de 17 años, que decide realizar en su instituto un trabajo de investigación sobre las víctimas del golpe del 36 en la ribera de La Rioja y Navarra. Este acude al cementerio con sus amigos y frente al panteón de las víctimas repasan las edades: “17, los que voy a hacer yo ahora. ¿Qué hay que hacer con 17 años para que te fusilen?”

Parecida edad tendrá Nerea, una joven que permanece atenta a la película rodeada de amigos de su edad. “Es muy fuerte que esto pasara, es una vergüenza que hicieran eso con las personas y que ahora haya gente que piense que eso en algún momento estuvo bien”, y cree que “la sociedad se está quedando sin humanidad”. A ella le habían contado sus padres lo que ocurrió en el pueblo y está convencida de que hay que romper silencios y conocer la historia “para que no se vuelva a repetir”. Hoy la memoria de su pueblo se ve en pantalla grande “y es que tiene que ser así”. De hecho, la idea del equipo desde el inicio es que la pieza acabe siendo un material educativo y se proyecte en los institutos.

Hay mucho silencio e interesa que haya mucho silencio

Coincide en esta necesidad de llevar este tema a los institutos y “cambiar los planes de estudio” otra de las espectadoras, sin poder contener la emoción en los títulos de crédito. “Y te lo digo como nieta de maestro represaliado”, añade con la voz entrecortada de orgullo. “Para que nuestros hijos y nietos sepan lo que pasó”. Cree que “hacen mucha falta” historias como la que cuenta el documental, que reconoce que no conocía hasta ahora. “Hay mucho silencio, interesa que haya mucho silencio y hay una desinformación tremenda”. Tampoco Milagros conocía muy bien lo que le habían hecho al alcalde Agustín Martínez Royo. “La realidad es que se habla muy poco, no se comentaba mucho en las casas. Es la historia y hay que saberla”. De hecho, el documental rompe también ese silencio y el miedo al que se condenó a las víctimas. Así que tanto en la película como entre el público se oye empezar a comentar: “Yo tengo oído que...” y salen heridas familiares que se curan al compartirlas.

La película también es una lección de humildad frente a la propia vida. Ninguno de los tres protagonistas logró culminar su meta inicial: a Ernesto le denegaron el permiso para visitar, como le había pedido su padre, en la academia militar el lugar en el que había fusilado a su tío, el alcalde dimitió antes de ver construido el monumento al almendro. “Bueno Luis, ¿y cómo fue el trabajo?”, le preguntan. “Calla, que me suspendieron”. “Es un reflejo de la realidad: te propones una cosa y la vida te lleva por otro lado. Al final, los planes cambian, pero lo importante permanece”, reflexiona el director, que ha estrenado el octavo montaje que se ha hecho de la película.

El respeto y la libertad total protagoniza el documental y el estreno. Entre todos, una premisa se repite, da igual si hablan la cuadrilla de jóvenes, los concejales en el pleno o las señoras haciendo la compra: “Para que esto no vuelva a ocurrir”. Para que no vuelva a ocurrir no hay que perder la memoria. Por eso un almendro crece en la plaza de la iglesia en recuerdo al alcalde Agustín Martínez Royo. Y entonces, las luces de la proyección se apagan y los vecinos recogen sus sillas para volver a casa mientras quedan en el aire las historias de las vidas truncadas por la barbarie del golpe del 36, que hoy vuelven a brotar. Una demostración de que, por mucho que se intente sepultar la historia bajo capas de silencio, la vida y la memoria siempre se abren paso. Como la flor del almendro a través del pecho del alcalde.

Agustina Recio tenía seis años cuando vio cómo se llevaban a su padre.

Era noviembre de 1936. La familia cenaba en el patio de su casa, en Recas, un pequeño pueblo de Toledo, cuando varios hombres llamaron a la puerta. Florentino Recio apenas tuvo tiempo de levantarse de la mesa. Agustina, sin comprender, le pidió que no hiciera caso y siguiera cenando. Él la miró, dejó el plato y salió con quienes habían ido a buscarlo. Aquella fue la última vez que lo vio.

Durante décadas, su padre no tuvo una tumba. No hubo un lugar donde llevar flores, ni una lápida donde leer su nombre, ni una fecha que permitiera cerrar el duelo. Solo existía una ausencia que llenaba la casa y que nadie podía nombrar.

Ochenta y siete años después, en febrero de 2023, la ciencia pudo responder a una pregunta que había atravesado tres generaciones. Los trabajos arqueológicos y las pruebas genéticas permitieron identificar los restos de Florentino Recio, fusilado junto a otros vecinos y sepultado en una fosa común del cementerio municipal. Cuando Agustina recibió la pequeña caja con los restos de su padre, no habló de política, ni de leyes, ni de bandos. Entre los objetos recuperados aparecieron una tabaquera de cuero y un mechero de pedernal. Ella solo expresó el deseo que había custodiado toda una vida: “Solo quiero que esté junto a mi madre y mi hermana”

Porque la memoria democrática no comienza en un boletín oficial, ni en un debate parlamentario, ni en una sentencia judicial. Comienza el día en que una hija deja de preguntarse dónde está su padre.

El lenguaje de las familias

Durante años, el debate público ha girado alrededor de conceptos como reparación, exhumación o reconciliación. Son palabras necesarias, pero a veces demasiado abstractas para explicar el peso de una espera que roza el siglo. Los arqueólogos hablan de excavaciones. Los antropólogos forenses, de identificación. Los genetistas, de perfiles de ADN. Pero las familias utilizan un lenguaje mucho más elemental. Ellas hablan de volver a casa.

“Los científicos recuperan restos humanos; las familias recuperan personas”.

Ese mismo hilo invisible se hizo visible en el cementerio de Manzanares, en Ciudad Real. Entre 2021 y 2025, un proyecto de exhumación sistemática en las fosas comunes del municipio permitió devolver la identidad a veintiuna personas. En noviembre de 2025, sus familias recibieron los restos de sus padres y abuelos. El Ayuntamiento definió el acto con tres adjetivos que explican el proceso mejor que cualquier discurso: humano, histórico y necesario.

Entre quienes esperaban estaba Marne García-Abadillo Padilla. Cumplía una promesa heredada. Su padre, Bernardo García-Abadillo, dedicó buena parte de su vida a intentar localizar a su propio progenitor, fusilado tras la contienda. Murió sin conseguirlo. Fue su hija quien terminó cerrando el círculo.

Historias como las de Agustina y Marne no son excepcionales. Precisamente por eso resultan extraordinarias. Castilla-La Mancha ocupa un lugar singular en la geografía de la Guerra Civil y la posguerra. Aquí se libraron algunos de los episodios más determinantes del conflicto: Toledo quedó ligada al asedio del Alcázar; Guadalajara fue el escenario de la primera gran derrota de las tropas fascistas enviadas por Mussolini; Albacete acogió el cuartel general de las Brigadas Internacionales, y en numerosos pueblos de Ciudad Real, Cuenca y Toledo la violencia de la retaguardia dio paso a una represión institucionalizada y tardía.

Pero la historia de la región no se escribió únicamente en los frentes de batalla. Se escribió también en las cocinas donde se impuso el mutismo, en las habitaciones donde una fotografía permaneció escondida tras el marco de una estampa religiosa, y en las tapias de los cementerios donde muchas familias intuían la verdad, aunque nadie se atreviese a señalarla con el dedo.

El peso del silencio

Historiadores como Francisco Alía Miranda, en sus investigaciones sobre el alcance de la represión en el centro peninsular, y Julián Casanova coinciden en un diagnóstico que hoy cuenta con un sólido consenso académico: tras el conflicto, el nuevo Estado construyó una memoria oficial que monopolizó el duelo. Los caídos del bando vencedor recibieron honores públicos, pensiones, inscripciones en fachadas e iglesias, y sepulturas dignificadas. Sus nombres se integraron en el relato heroico del régimen.

Por el contrario, las familias de los ejecutados o desaparecidos por la represión franquista quedaron excluidas de cualquier reconocimiento. Muchas ni siquiera supieron dónde yacían sus familiares; otras comprendieron pronto que preguntar implicaba un riesgo directo. No se trata de establecer una jerarquía del sufrimiento. La muerte de un padre o de un hijo dolió igual en todas partes. Lo que la investigación histórica documenta es que el reconocimiento público de ese dolor fue radicalmente desigual.

Quizá por eso Agustina nunca supo exactamente dónde estaba enterrado su padre. Sabía, como tantas otras familias, que había una ausencia. Pero durante décadas nadie pudo convertir esa intuición en una certeza.

El silencio se convirtió así en una herramienta de supervivencia. Durante décadas, en miles de hogares manchegos hubo conversaciones que solo se mantenían con las ventanas cerradas. Los niños crecían escuchando consignas que se repiten de forma idéntica en los archivos de fuentes orales: «De eso no se habla», «No preguntes», «Ya lo entenderás». No era olvido. Era miedo. Y el miedo también se hereda.

En medio de ese silencio, fueron las mujeres quienes sostuvieron el recuerdo. La historiografía ha preferido a menudo los grandes despachos, las directrices políticas y los movimientos de tropas, pero la permanencia del hilo familiar dependió de un gesto cotidiano e invisible: una mujer que abre un cajón, saca una fotografía gastada por las esquinas, la limpia y la vuelve a guardar.

Fueron ellas quienes memorizaron la ubicación difusa de una fosa en una linde o un camino, y quienes transmitieron los nombres en voz baja para que no se disolvieran con el tiempo. Muchas sufrieron castigos específicos encaminados a la humillación pública, la exclusión económica y el rapado de pelo, pero reducirlas a la condición de víctimas desbuja su papel principal: fueron las guardianas de la memoria. Sin ellas, los equipos científicos que hoy abren la tierra no habrían encontrado a nadie esperando al borde de la zanja.

La verdad documentada

Hoy, la tecnología ha cambiado la gestión del duelo. La arqueología y la genética han aportado una certeza que sustituye a la conjetura. En la región, el Proyecto de Memoria Democrática de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha resultado decisivo para cartografiar fosas y documentar identidades que parecían perdidas en la burocracia penitenciaria.

El antropólogo forense Francisco Etxeberria suele repetir una premisa fundamental: las exhumaciones no abren heridas, sino que ayudan a cerrarlas. El verdadero desenlace de una investigación científica no ocurre en el laboratorio, sino en el instante en que una familia puede escribir, por fin, un nombre y un apellido sobre una lápida.

“Las dictaduras imponen una única memoria. Las democracias tienen la obligación de escuchar todas las memorias, investigarlas con rigor y reconocer la dignidad de todas las víctimas”.

Este proceso plantea debates lógicos sobre la fisonomía del espacio público, como ha sucedido en Llanos del Caudillo o Alberche del Caudillo, o en las disputas jurídicas por la nomenclatura de las calles. Conviene distinguir dos planos: la historia no se borra al retirar un símbolo; los libros, los archivos y el conocimiento permanecen intactos. Lo que se modifica es el honor público. No se trata de reescribir el pasado, sino de decidir qué valores fundamentan la convivencia actual. Resulta difícil sostener el equilibrio democrático cuando una persona acude a buscar los restos de su abuelo al cementerio atravesando una avenida que homenajea a los responsables directos de su desaparición.

El final del duelo

Al final, desprovista de la retórica partidista, queda una pregunta estrictamente humana, universal, ajena a cualquier filiación ideológica: ¿Qué haría cualquiera de nosotros si nuestro padre o nuestro abuelo llevase casi noventa años en una cuneta? Probablemente haríamos lo mismo: buscar, preguntar y esperar a que alguien nos diese una respuesta.

Por eso este asunto trasciende los boletines oficiales. No hay revancha en el deseo de depositar unas flores en un lugar concreto; no hay partidismo en exigir que el nombre de un ciudadano deje de ser una incógnita en un legajo borroso.

No todas las historias terminan como la de Agustina. En Castilla-La Mancha aún hay familias que siguen esperando una llamada, una identificación o una certeza. También por ellas merece la pena seguir buscando.

Cuando Agustina Recio salió del cementerio de Recas llevaba entre las manos una pequeña caja. Para la ciencia contenía unos restos identificados. Para ella era su padre. Ochenta y siete años después sabía, por fin, dónde dejar unas flores.

Quizá la memoria no consista en cambiar el pasado, sino en impedir que una familia tenga que vivir para siempre sin un lugar donde recordar a los suyos. Solo entonces las flores dejan de buscar una cuneta, encuentran una tumba, un nombre, unos apellidos y un lugar donde, por fin, descansan los nuestros.

La recuperación de la memoria democrática todavía no se había convertido en tendencia literaria. Tampoco se trataba de 400 páginas pensadas para el asueto veraniego y repletas de torsiones de guión. Su narración avanza mediante elipsis y un estilo lírico que se aleja del grado cero del lenguaje. Ni siquiera está escrito en castellano, sino en gallego. Contra todos esos lugares comunes del best seller levantó Manuel Rivas O lapis do carpinteiro (Xerais, 1998), una novela breve e intensa sobre la represión fascista y sus cicatrices que se convirtió en una de las más vendidas de la literatura gallega, 100.000 ejemplares solo en gallego según cifras de la editorial. Traducida a 40 idiomas y con versión cinematográfica a cargo de Antón Reixa, O lapis do carpinteiro recogió además alabanzas de Günter Grass, Eduardo Galeano, Vázquez Montalbán o Erri De Luca.

La historia es una historia de amor atravesada por las turbulencias del siglo XX, o las turbulencias del siglo XX atravesadas por una historia de amor. El médico republicano Daniel da Barca y su pareja, Marisa Mallo, sobreviven a la cárcel de A Falcona, en el Pazo de Raxoi de Santiago de Compostela. Verano del 36. No lo hace, sin embargo, el pintor que dibuja el Pórtico de la Gloria con un lápiz de carpintero e ilustra a los presos y a quien pasea una cuadrilla fascista. Rivas (A Coruña, 1957) escribe sobre sombras: al fondo de su novela hay personas reales, porque su novela trabaja con la verdad. “El momento germinal de O lapis”, cuenta por teléfono a elDiario.es, “ocurre en Tui, a finales de los 80”. Era entonces un reportero freelance que entrevistó al doctor Francisco Comesaña y a su esposa, Asunción Concheiro, republicanos, socialistas, exiliados en Cuba y retornados a Galicia.

“Aquella entrevista quedó ahí guardada, como una célula madre, creciendo en las esquinas de la memoria”, relata. Pero no fue hasta que se cruzó con un objeto que el libro tomó forma: el lápiz de carpintero que, junto a una garlopa, conformó la única herencia que recibió de su abuelo, Manuel de Sigrás. “Había comenzado la historia varias veces. Llegue a tener 20 páginas escritas. No me convencía. Un día me fijé en el lápiz y dije: ya sé quién va a contarla”, afirma. Se nutrió además de decenas de notas en cuadernos, visitas a la isla de San Simón en la ría de Vigo -campo de concentración durante la Guerra Civil- y de uno de sus propios relatos, el célebre A lingua das bolboretas, incluido en Que me queres amor? (Galaxia, 1995), Premio Nacional de Narrativa. “No veo mis obras como leiras [fincas] separadas, sino más bien como los anillos de un árbol, una cosa lleva a otra”, describe.

A lingua das bolboretas, que José Luis Cuerda convirtió en largometraje con Fernán Gómez como protagonista en 1999, cuenta un maestro y su escuela durante la Segunda República. “Un día les llega un microscopio. Por fin podrían ver lo invisible, la lengua de las mariposas”, explica. Solo que Franco se alza contra la democracia y las luces se apagan. Rivas tardó apenas un día en escribirlo. “No había un esquema previo, solo la idea del microscopio. Pero la memoria es algo activo y camina hacia adelante. Aquello prendió y creció como una hiedra de sombra”, se extiende. Los anillos del árbol: el más exterior de la literatura de Rivas sobre la Guerra Civil es Os libros arden mal (Xerais, 2006), una novela de 600 páginas, fragmentaria y coral -“más que coral, está llena de gente por todas partes”, dice el autor. Su tiempo de escritura, añade, fue otro, demorado, arquitectónico.

Porque O lapis do carpinteiro tardó, tras años de fermentación, unos tres meses “de arresto domiciliario” en transformarse en la novela de 162 páginas que deslumbró a lectores de toda condición. La escribió en Urroa, un lugar de Vimianzo, en la Terra de Soneira, donde vivió años. Acompañaba a su pareja, profesora. “No cuenta solo la historia de lo que pasó en la guerra y del fascismo”, vuelve sobre el argumento, “sino también la del silencio y la del factor humano, una pareja que mantiene la pulsión creativa y el deseo frente al horror”.

“Una mirada a un inmenso silencio”

La agitada y celebrada peripecia del libro O Lapis do carpinteiro no tardó en anunciarse. Su editor en Xerais, el histórico Manuel Bragado, enseguida se dio cuenta de que había interés. Lo percibía por la demanda de las librerías. La presentación en A Coruña desbordó expectativas y, recuerda Rivas, dejó más gente en el exterior del auditorio de Caixa Galicia que dentro. “Creo que parte de su impacto tiene que ver con la cerilla que se enciende en la oscuridad, con el movimiento de alas de la mariposa que no sabes qué va a provocar”, considera, “estaba en el aire la necesidad de una historia como esta”. Sucesivos actos, a veces acompañado del brillante dramaturgo y contacontos Quico Cadaval o de la banda folk punk Os Diplomáticos de Monte Alto, confirmaron aquellas impresiones iniciales.

El de la Galería Sargadelos de Barcelona resultó memorable. “Hubo mucha gente. Aparecían personas con vidas quebradas y ganas de hablar”, señala. O lapis do carpinteiro fue también, en su opinión, “una mira a a un inmenso silencio, al vacío. No digo que fuese el primero, había ya libros extraordinarios, pero sí apareció antes de la supuesta moda de la memoria histórica”. En el Círculo de Bellas Artes de Madrid sucedió algo. “Estaba firmando libros y, de repente, se acercó una señora que dijo: 'Yo soy la hija de Herbal'. Levanté la vista y vi una mujer con los ojos llorosos. No dijo nada más. Se dio la vuelta y se fue”, relata. Herbal es uno de los más impactantes personajes de O lapis, verdugo, chivato, envidioso y a la vez atormentado. No existió en la realidad.

Al libro no solo lo acompañó el favor de los lectores y las lectoras. La crítica fue generosa y obtuvo premios de relieve: el de la Crítica Española, el Arcebispo San Clemente, el de la Asociación de Escritores en Lingua Galega o el del 50 aniversario de la sección belga de Amnistía Internacional. Algunos ilustres colegas de Manuel Rivas lo celebraron entusiasmados. Con Manuel Vázquez Montalbán coincidió en San Simón. “Recuerdo que me dijo '¿cómo carajo has hecho para escribir esto?”, dice con un punto de emoción. El Nobel alemán Günter Grass la calificó de impactante. También le gustó a Eduardo Galeano, mito de la literatura emancipadora latinoamericana. Y la faja de la última reedición, acabada de salir, reproduce una cita del italiano -más en concreto de Nápoles- Erri De Luca: “Si trabajase en una viña quizás recibiría vino. Pero recibo libros. Y entre los tantos que acaban varados en mi casa, hay alguno que olfateo y viene conmigo. Uno de esos descubrimientos fue O lapis do carpinteiro”.

Se llamaba José Carlos Gómez Viera y fue la primera víctima del golpe de Estado en el municipio de Arucas. Falleció el mismo 19 de julio de 1936, cuando la ciudad encabezó uno de los principales focos de resistencia al bando sublevado en el norte de Gran Canaria. Gómez Viera fue una de esas personas que defendió el municipio y que se mantuvo fiel a sus ideales, los de la “libertad, la justicia y la legalidad democrática”.

Mónica Rodríguez, su sobrina nieta, explica a este periódico que en casa de su abuela siempre se habló de lo que había sucedido. “Mi madre nos contaba que lo mató un guardia civil al que llamaban el garbanzo”, asegura. También le contaron que cuando trasladaron su ataúd al cementerio su abuelo y otra persona lo llevaron casi arrastrando porque se oían disparos.

Rodríguez señala que su tío abuelo era panadero, cazador y de ideas anarquistas. “Se reunían en la peluquería, en la barbería, para hablar y pese a que él no sabía leer ni escribir quería mejorar la vida de la gente, trabajar menos y cobrar más”.

Así lo describió también su amigo Juan Henríquez González, en julio de 1986 , en un artículo en el periódico La Provincia en el que dijo que era panadero, analfabeto, buen conversador a pesar de su gaguera, que le gustaba la cacería y estar al tanto de la política. Era además en la barbería donde se reunían personas de todas las esferas sociales a conversar. También contó que fue en la azotea de la casa de los Blanco donde el cabo lo fulminó a bocajarro.

“En Arucas, en el 36 ya se olía a pólvora y se había recrudecido la lucha de pensamiento. Se hablaba de las huelgas de los obreros, de los distribuidores de leche, de las amas de casa. Había destrozos en las fincas, se prendió fuego a un coche en el puente…”, dijo en ese artículo en el que se mencionaba además que José Gómez ya comentaba que si se daba una revolución él sería de los primeros en caer.

En el documental Canarias: 50 años tras la oscuridad se ahonda en el papel de Canarias como lugar desde donde Francisco Franco conspiró para dar ese golpe de estado ilegítimo contra la II República. Arucas fue precisamente el epicentro del norte de Gran Canaria que lideró la resistencia al golpe. Una resistencia liderada por el delegado gubernativo de la zona norte, Fernando Egea, y el diputado comunista Eduardo Suárez. Se llegaron incluso a dinamitar varios puentes para evitar la entrada de los sublevados al municipio. Pero finalmente, muchos de esos dirigentes se vieron obligados a huir y fueron capturados y condenados a pena de muerte.

Una familia atravesada por el dolor

Mónica Rodríguez explica a este periódico que su bisabuela, Anastasia, era comunista. Se separó de su marido y crió sola a sus cuatro hijos: a sus dos hijas y a sus dos hijos, entre ellos José Carlos Gómez Viera. A ella la llamaban “madrina tata” porque llevaba a bautizar al barrio de Cardones a niños de familias represaliadas o que no tenían padres o que sus madres eran prostitutas. Tenía más de 60 ahijados. “Ella llevaba a mi madre muy pequeñita a Gando, al campo de concentración, para mandar mensajes a las familias de los que estaban allí presos”. Llevaban unos pequeños papeles y se los pasaban a través de la niña.

“Me imagino que los ideales que tenía José Carlos serían los ideales que tenía mi bisabuela, lo que vivió dentro de su casa”, añade Monica Rodríguez. Ya en democracia cuenta que una persona de una conocida ferretería de Arucas le aseguró a su familia que aún conservaba el arma que portaba su tío abuelo el día que fue asesinado.

Rodríguez incide en que en su familia siempre se habló de este tema y que José Carlos al final perdió su vida simplemente por sus ideales siendo una persona sin estudios, que era panadero y que trabajaba por su jornal y defendía que mejorase la vida de los demás.

En este sentido, incide en que ahora más que nunca es necesario seguir reivindicando la historia de estas personas que lucharon por la democracia y por defender unos valores. Explica que ya el Ministerio de Memoria Democrática otorgó en 2025 el reconocimiento de víctima del franquismo a su tío abuelo, primera víctima del franquismo en la ciudad de Arucas.

Este domingo está previsto un homenaje a las 11.30 horas en la calle León y Castillo número 8, en Arucas. “Será un espacio de recuerdo, reconocimiento y compromiso con la memoria democrática, en homenaje a José Gómez Viera y a todas las personas que defendieron la libertad, la justicia y la legalidad democrática sufriendo por ello la represión”.

Arqueólogos que trabajan en la búsqueda de una fosa común vinculada a la Batalla de Villamesías (Cáceres) han localizado restos de al menos seis personas en el cementerio de esta localidad de la comarca de Trujillo.

Un hallazgo que consideran compatible con las víctimas de los enfrentamientos y la represión registrados el 2 de agosto de 1936 y que sitúa “muy cerca” la localización de la fosa buscada durante décadas, ha informado la Diputación provincial en un comunicado.

Los trabajos, impulsados por la Diputación de Cáceres dentro de un proyecto de recuperación de la memoria democrática, han consistido hasta el momento en la realización de siete sondeos arqueológicos, uno de los cuales ha permitido localizar restos humanos dispuestos de forma incompatible con un enterramiento ordinario.

Las codirectoras de la intervención, Ana María Rabazo y Laura Gutiérrez, han explicado durante una visita al yacimiento que los cuerpos aparecen en distintas orientaciones, “algunos boca abajo y superpuestos entre sí”, además de conservar vestimenta correspondiente a la época, circunstancias que consideran indicios “muy relevantes” de que podrían corresponder a personas asesinadas en agosto de 1936.

Según ambas arqueólogas, existe una probabilidad cercana al 80 por ciento de que el hallazgo corresponda a la fosa común cuya existencia han señalado durante generaciones los vecinos de Villamesías y cuya ubicación coincide con el lugar donde permanece instalada una placa en memoria de quienes murieron “por la libertad y la democracia”.

La excavación no ha podido continuar en profundidad porque los restos se prolongan bajo la actual línea de nichos del cementerio, por lo que cualquier nueva intervención requerirá un proyecto específico y la correspondiente autorización administrativa para actuar en esa zona.

Durante la visita, el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha comprometido el respaldo económico para dar continuidad a la investigación y ha emplazado al Ayuntamiento de Villamesías a impulsar los trámites necesarios para desarrollar una segunda fase de las excavaciones.

Los trabajos, ejecutados por la empresa Fotex, constituyen la primera fase de un proyecto financiado con 100.000 euros por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, de los que 50.000 euros se destinan a las actuaciones previstas en Villamesías y otros 50.000 a una futura intervención en el municipio cacereño de Almoharín, cuya ejecución comenzará una vez concluya esta primera fase.

L'11 de març de 1959, una reduïda comitiva funerària abandona Mallorca i posa rumb a Barcelona. A l'interior hi viatgen les restes dels mallorquins Maties Salvà Burgera i Pau Serra Torrens, del mariner gallec José Luis Aguiar Muiños, mort en l'enfonsament del creuer Baleares , i de dos militars residents a l'illa, Juan Donate Franco i el seu fill, Juan Ignacio Donate Cangas. El dia 23, una furgoneta dels serveis funeraris emprendrà des de la capital catalana l'últim tram del viatge cap a Madrid. Cap fotografia ha immortalitzat aquell comboi, del qual amb prou feines queda rastre més enllà d'un telegrama oficial que el governador civil va remetre dies abans per comunicar que tenia “cinc urnes preparades” per al seu trasllat. Es tracta, en realitat, de l'única expedició que partiria des de Balears cap al mausoleu més gran aixecat per la dictadura franquista: el del Vall dels Caiguts.

Dècades després, una investigació duta a terme per David Tormo Benavent, doctor en Història Contemporània per la Universitat de Barcelona (UB), ha identificat un total de 106 persones nascudes o residents a les Illes Balears que van acabar enterrades a Cuelgamuros -denominació actual del panteó- després de ser exhumades de cementiris repartits per bona part de la geografia espanyola, des dels escenaris de la batalla de l'Ebre fins a Brunete, Terol, Saragossa, Griñón, Castelló, Santander o Madrid. L'estudi és un dels 15 treballs de gran abast que el Govern balear va encarregar durant la passada legislatura sobre aspectes clau de la repressió franquista a les illes i que la setmana passada van veure per primera vegada la llum (els informes poden consultar-se a través del portal institucional de l'Executiu).

Tal com va constatar la Comissió d'Experts sobre la Vall dels Caiguts, creada pel Govern espanyol l'any 2011, almenys 33.833 restes mortals procedents d'arreu de l'Estat van ser traslladades a la gran necròpoli de la dictadura, prop d'un terç d'ells sense identificar i sense que les seves famílies en tinguessin coneixement. La investigació de Tormo torna a posar sobre la taula una de les grans incògnites d'aquell gegantí operatiu: què va passar amb els centenars de trasllats que el règim va arribar a autoritzar però mai no va executar, mentre desenes de cossos eren enviats a la Vall sense que consti el consentiment de les seves famílies?

La investigació reobre un dels grans enigmes d'aquell gegantí operatiu: què va passar amb els centenars de trasllats que el règim va arribar a autoritzar però mai va executar, mentre desenes de cossos van ser enviats a la Vall sense que consti el consentiment de les seves famílies?

Les xifres de Balears

L'informe documenta aquesta paradoxa amb xifres inèdites relatives a Balears: només 53 de les 231 autoritzacions familiars localitzades es van arribar a materialitzar, mentre que 53 trasllats més es van dur a terme sense que en consti l'autorització familiar. En total, 106 persones nascudes o residents a les Illes Balears van ser inhumades a Cuelgamuros. Totes eren homes: a hores d'ara no s'ha documentat la presència de cap dona balear a la Vall dels Caiguts. Tots formaven part d'unitats de l'exèrcit rebel. Les 178 autoritzacions restants no es van arribar a executar, sense que la documentació conservada permeti explicar-ne el motiu.

La investigació trasllada a l'àmbit balear el que David Tormo i la historiadora Queralt Solé ja havien posat de manifest en el seu estudi de referència, Llenar el Valle. Propuesta para una cronología de los traslados (1959-1983). En aquest treball desmunten la idea que tots els trasllats responguessin al consentiment de les famílies i acrediten que el procés per omplir Cuelgamuros va estar molt lluny de respondre a un pla perfectament dissenyat. El règim va modificar les instruccions sobre la marxa, va alterar els criteris per autoritzar els trasllats i fins i tot va deixar d'aplicar les seves pròpies normes quan l'objectiu d'omplir el mausoleu corria perill. Els governadors civils van rebre l'ordre de localitzar milers de cadàvers en tot just unes setmanes, però el calendari va fracassar des del primer moment: els informes van arribar amb mesos de retard, les previsions sobre els cossos que s'havien de traslladar canviaven constantment i les instruccions es modificaven sobre la marxa.

Els governadors civils van rebre l'ordre de localitzar milers de cadàvers en tot just unes setmanes, però el calendari va fracassar des del principi: els informes van arribar amb mesos de retard, les previsions de cossos a traslladar canviaven constantment i les instruccions es modificaven sobre la marxa

La documentació revela expedients incomplets, modificacions de criteri, trasllats suspesos sense explicació i decisions administratives contradictòries en distintes províncies, dibuixant un procés molt més improvisat i caòtic del que la propaganda franquista va pretendre transmetre. El conjunt monumental es va construir entre 1940 i 1958, en ple franquisme, com un homenatge als “herois i màrtirs de la Croada” que “van llegar una Espanya millor”, és a dir, a aquells que van lluitar i morir per Franco durant la Guerra Civil, com exposa l'ordre signada pel dictador el 1940 per a autoritzar l'edificació, duta a terme en els vessants de la Serra de Guadarrama. Malgrat el desig de Franco d'acabar els treballs en un any, aquests van acabar allargant-se durant gairebé dues dècades. La seva inauguració va tenir lloc l'1 d'abril de 1959, en el vintè aniversari de la victòria franquista en la Guerra Civil.

En el discurs inaugural, Franco va mantenir el to bel·ligerant que havia caracteritzat els primers anys del seu règim. Lluny de presentar el monument com un espai de reconciliació, va insistir que la Guerra Civil continuava essent una lluita permanent entre el “bé” i el “mal” i va advertir que l'“anti-Espanya”, tot i haver estat derrotada, “no està morta”. El dictador va apel·lar, a més, a les noves generacions perquè preservassin el llegat de la “Croada”, evitassin que “l'enemic” s'infiltràs a les seves files i transmetessin als seus fills “la raó permanent del nostre Moviment”.

'El Valle', màxima expressió del culte als 'Caídos'

Per a Tormo, “ni l'inici de les obres ni la inauguració, tot i haver estat concebuts com el principi i el final d'un procés, no ho van ser realment”. “Cal entendre, més aviat, el cicle constructiu com el clímax d'un dels principals pilars del relat memorial que el franquisme va anar bastint: el culte als Caiguts. Un culte que té els seus antecedents molt abans de l'esclat de la Guerra Civil i que encara avui perviu en la societat, arrelat al lema que el va cohesionar, present fins no fa gaire en nombrosos pobles i ciutats de la geografia espanyola: 'Caídos por Dios y por España'”, subratlla l'investigador en el seu estudi.

En el seu treball, l'autor cita com a referència prèvia el treball Guerras sin fin: guía para descifrar el Valle de los Caídos en la España contemporánea (2011, Revistas Científicas Complutenses), en el qual l'antropòleg Francisco Ferrándiz interpreta el complex monumental com una peça clau de l'estratègia memorial del franquisme per perpetuar la memòria dels vencedors mitjançant una retòrica política nacionalcatòlica “tenyida de sacrifici, heroisme i martiri”. En aquest context, el Ministeri de la Governació va ordenar a tots els governs civils elaborar amb caràcter d'urgència un inventari de fosses i cementiris amb l'objectiu d'omplir les criptes de Cuelgamuros, alhora que consolidava el culte als “caídos” com un dels principals pilars de legitimació de la dictadura. Només més endavant, en un context marcat per la necessitat de millorar la imatge internacional del règim i de projectar un discurs de reconciliació nacional, el franquisme va reformular parcialment aquest relat per justificar també la incorporació de restes de combatents i víctimes del bàndol republicà.

Després de la construcció de la Vall dels Caiguts, el Ministeri de la Governació va ordenar tots els governadors civils que elaboressin amb urgència un inventari de fosses i cementiris mentre convertia el culte als "caiguts" en un dels pilars de la seva legitimació política. Només anys després, per raons de política internacional, el règim va modificar parcialment el discurs per justificar la incorporació de restes del bàndol republicà

Buit documental

L'estudi de David Tormo parteix d'una dificultat decisiva: la documentació relacionada amb els trasllats gestionats des de Balears no es conserva entre els fons del Govern Civil de Mallorca, dipositats a l'Arxiu del Regne de Mallorca. La impossibilitat d'accedir als documents que va rebre i generar l'organisme encarregat de coordinar les exhumacions i els trasllats va obligar l'autor a reconstruir el procés a partir del creuament de la documentació del Ministeri de la Governació, el Consell d'Obres del Monument Nacional als Caiguts i el registre d'inhumacions de Cuelgamuros.

És precisament aquesta absència documental la que converteix el cas balear en un dels més reveladors de les contradiccions que envolten Cuelgamuros: el franquisme va ser capaç d'aixecar el mausoleu més gran de la dictadura i d'organitzar el trasllat de desenes de milers de restes mortals procedents d'arreu de l'Estat, però avui continua sent impossible reconstruir amb certesa com es va decidir qui havia d'acabar-hi enterrat, per què nombrosos trasllats autoritzats no es van arribar a executar o què va passar amb una part dels expedients que havien de deixar constància de tot el procediment.

El franquisme va ser capaç de construir el mausoleu més gran de la dictadura i organitzar el trasllat de desenes de milers de cadàvers de tot Espanya, però avui resulta impossible reconstruir amb certesa com es va decidir qui havia d'acabar allà o per què nombrosos trasllats autoritzats mai no es van executar

L'origen de tot el procés se situa el maig de 1958, quan el Ministeri de la Governació va ordenar tots els governs civils elaborar un inventari de les restes susceptibles de ser traslladades a la Vall dels Caiguts. A Balears, la tasca va resultar molt més complexa del que s'havia previst. Com revela la documentació analitzada per David Tormo, el projecte va experimentar un gir radical en tot just tres mesos: si l'octubre de 1958 el governador civil de Balears, Plácido Álvarez-Buylla y López-Villamil, havia remès un llistat amb més de dues-centes autoritzacions familiars -233 persones, concretament-, el gener de 1959 la relació de restes susceptibles de ser traslladades des de Balears s'havia reduït a una vintena de cossos. Els expedients ja ni tan sols identificaven els difunts pel seu nom, sinó únicament mitjançant categories administratives. L'estudi admet que, encara avui, resulta impossible explicar per què es va produir aquesta reducció tan dràstica.

Però les anomalies no s'acabaven aquí. L'historiador també posa l'accent en el retard amb què el Govern Civil va remetre la documentació a Madrid. En l'ofici d'enviament, l'organisme es disculpava per les “dificultats trobades en la recopilació de dades”. Més de vint anys després del final de la Guerra Civil, les autoritats franquistes encara no havien elaborat cap inventari de fosses ni d'enterraments relacionats amb el conflicte. Els ajuntaments van haver de reconstruir sobre la marxa una informació que mai no s'havia sistematitzat.

Més de vint anys després del final de la guerra, les autoritats franquistes ni tan sols havien elaborat cap cens de fosses ni d'enterraments relacionats amb el conflicte bèl·lic: els ajuntaments van haver de reconstruir sobre la marxa una informació que mai no havia estat sistematitzada

La majoria d'aquells homes havien mort lluny de les illes, fet que va obligar el règim a articular una complexa xarxa burocràtica entre governs civils per localitzar unes restes disperses arreu de l'Estat. Cada autorització familiar s'havia de remetre a la província on es creia que era enterrat el difunt perquè s'hi iniciessin les exhumacions i, posteriorment, el trasllat al mausoleu franquista. Tanmateix, el dispositiu mai no es va arribar a desplegar tal com s'havia previst. El mateix estudi constata que la immensa majoria de les autoritzacions van acabar sense efecte. Fins i tot els 23 cossos inhumats a les Illes Balears per als quals les famílies havien autoritzat expressament el trasllat van continuar al mateix lloc. Entre les hipòtesis que planteja Tormo hi ha la possibilitat que algunes famílies es fessin enrere després d'haver donat el consentiment o bé que la informació facilitada pels ajuntaments fos massa imprecisa per localitzar les restes.

Els balears inhumats a Cuelgamuros

Amb tot, la investigació posa per primera vegada nom i cognoms a les 106 persones nascudes o residents a les Illes Balears les restes de les quals van acabar sent traslladades a Cuelgamuros. Entre els casos documentats hi ha el de Juan Donate Franco, coronel d'Intendència de l'Armada mort per causes naturals a Barcelona el 13 de març de 1939, tot just acabada la Guerra Civil, i el del seu fill, Juan Ignacio Donate Cangas, alferes provisional i militant de Falange mort dos mesos abans al front. Tots dos van ser traslladats des de Palma a la Vall dels Caiguts el 23 de març de 1959 i enterrats en urnes individuals contigües, en un dels pocs casos documentats d'un pare i un fill que acabaren reposant plegats a Cuelgamuros.

El llistat també recull perfils singulars, com el del capità mallorquí Gaspar Forteza Forteza, destinat a Tarragona i executat el 9 de novembre de 1936 després de ser condemnat a mort per un Tribunal Popular per la seva participació en la sublevació militar. Dècades més tard, el franquisme va traslladar les seves restes a la Vall amb l'autorització de la família. Un altre cas especialment singular és el de José Luis Aguiar Muiños, un mariner gallec mort en l'enfonsament del creuer Baleares durant la batalla naval del cap de Palos. Tot i haver nascut a Ourense, havia estat enterrat a Palma i des d'allà fou traslladat a Cuelgamuros el 1959, fet que el converteix en l'única persona no balear inclosa en la relació de morts vinculats a les Illes.

El creuament de les fonts indica que, pel que fa a la seva condició, en 84 casos es tractava de militars, mentre que, en els altres 22, l'investigador assenyala que l'absència d'indicis que fossin civils convida a considerar que també ho eren. Així mateix, l'informe assenyala que, entre les unitats a les quals pertanyien els identificats, destaca el Regiment d'Infanteria Palma núm. 36, amb seu a Palma. Tot seguit apareix la Legió, on servien 13 dels militars identificats, seguida del Regiment d'Infanteria San Marcial núm. 22, amb seu a Burgos, al qual pertanyien 11 dels combatents.

Errors i buits

L'anàlisi també posa al descobert les contradiccions i els errors que van envoltar el trasllat dels illencs. El cas més cridaner és el de Miquel Nadal Vives, el nom del qual figura dues vegades al registre oficial de la Vall dels Caiguts, assignat fins i tot a dues urnes diferents a causa d'una duplicitat administrativa en la documentació. A això s'hi afegeixen nombrosos combatents que durant dècades van donar nom a carrers, escoles o monuments franquistes a Mallorca -com Jaume Martínez Vaquer, Joan Canals Alemany o Vicenç Llobera Sancho-, la presència dels quals al nomenclàtor va desaparèixer amb l'aplicació de les lleis de memòria democràtica, fet que reflecteix com la dictadura va convertir determinats caiguts en símbols públics del seu relat oficial.

Darrere de diversos d'aquests noms, però, persisteixen incògnites que l'estudi no aconsegueix aclarir. Quatre d'aquests mallorquins -Mas Oliver, Cardell Julià, Barceló Vaquer i Moll Serra- figuraven inicialment com a enterrats a Sigüenza (Guadalajara). Tanmateix, quan finalment van ser registrats per ingressar a Cuelgamuros, apareixien administrativament vinculats a Campos, Llucmajor i Porreres. La desaparició de l'expedient del Govern Civil de Balears impedeix reconstruir com es va produir aquest canvi i quin itinerari van seguir les restes abans d'arribar a la necròpolis, un dels nombrosos buits documentals que encara envolten els trasllats al mausoleu més gran aixecat per la dictadura franquista.

Les anomalies detectades a Balears no constitueixen un cas aïllat. En el seu estudi Llenar el Valle, David Tormo i Queralt Solé documenten que només a la província de Tarragona hi va haver 163 restes el trasllat de les quals va ser tramitat administrativament però mai no es va arribar a executar: 47 corresponien a Paüls, dues a la Fatarella i 114 a Santa Bàrbara. Finalment, des d'aquesta darrera localitat només nou cossos van ser traslladats a Cuelgamuros. Els mateixos autors admeten que la documentació conservada no permet explicar què va passar amb la resta dels trasllats i sostenen que només futures investigacions d'àmbit local podran aclarir-ho.

Els investigadors expliquen que el mateix franquisme va anar modificant les regles de l'operatiu a mesura que avançaven els treballs per omplir Cuelgamuros. En un primer moment, el règim exigia el consentiment exprés de les famílies per traslladar restes identificades. Tanmateix, en constatar les enormes dificultats per localitzar els familiars més de vint anys després del final de la Guerra Civil, a partir de 1960 va anar relaxant aquest requisit i va deixar cada vegada més decisions en mans dels ajuntaments, els governs civils i les autoritats militars. Aquest canvi de criteri ajuda a contextualitzar l'existència de nombrosos expedients de persones finalment inhumades a Cuelgamuros per a les quals no consta cap autorització familiar documentada.

Els “sacrificats” que ocultaven la repressió

En el seu estudi sobre Balears, Tormo posa l'accent també en la manera com el franquisme va reinterpretar els seus morts mitjançant el seu propi llenguatge polític. En la documentació oficial, les persones represaliades pels revoltats passaven a ser qualificades de “sacrificats per la pàtria”, incorporant-les simbòlicament al culte franquista als caiguts. A Palma, el Govern Civil va comunicar l'existència de 92 “sacrificats” enterrats al cementiri municipal, una xifra que contrasta de manera aclaparadora amb les investigacions històriques actuals, que situen en almenys 1.300 les víctimes de la repressió franquista a Mallorca -1.544 segons el primer cens publicat al respecte en 2019-. L'estudi sosté que nombrosos alcaldes i responsables locals van optar per ometre deliberadament informació sobre aquestes fosses, reduint dràsticament la dimensió oficial de la violència exercida pels vencedors.

A més d'aquestes fosses, la documentació de les autoritats franquistes esmentaven l'anomenada Cripta Militar de Marina, on hi havia 31 cossos individualitzats; mentre que en la Sepultura d'Aviació hi havia quatre: un d'ells, el de Ramón Franco Bahamonde, germà menor de qui es convertiria en dictador d'Espanya durant prop de quaranta anys, mort durant una missió de bombardeig quan l'hidroavió que pilotava es va precipitar a la mar davant la badia de Pollença, a Mallorca. Finalment, es feia referència a l'Arma d'Artilleria, en els nínxols de la qual reposava el cos d'un total de 27 soldats.

Així mateix, l'autor documenta que diversos ajuntaments balears van comunicar oficialment al règim que, després de consultar les famílies, aquestes rebutjaven el trasllat de les restes a Cuelgamuros. Palma, Ciutadella i Es Castell van remetre respostes en aquest sentit al Govern Civil, fet que demostra que no totes les famílies van acceptar que els seus parents fossin enterrats al gran monument franquista. A això s'hi afegeix un altre element: en nombrosos expedients individuals es repeteix una mateixa anotació: “No consta que es disposés d'autorització per al trasllat”.

L'investigador insisteix que el procés d'omplir Cuelgamuros va estar molt lluny de la imatge d'eficàcia i ordre que va projectar la dictadura. Expedients desapareguts, autoritzacions que mai no es van arribar a executar, trasllats efectuats sense consentiment familiar documentat, errors administratius i un registre oficial que va minimitzar l'abast de la repressió franquista conformen un mosaic ple de llacunes documentals. Més que resoldre definitivament l'enigma dels trasllats, l'estudi evidencia fins a quin punt la construcció del mausoleu més gran del franquisme va estar marcada per la improvisació, les contradiccions i la instrumentalització política dels morts per consolidar el relat oficial de la dictadura.

El 11 de marzo de 1959, un reducido cortejo funerario abandona Mallorca y pone rumbo a Barcelona. En su interior viajan los restos de Matías Salvà y Pau Serra, el marinero gallego fallecido en el hundimiento del crucero Baleares José Luis Aguiar Muiños, y dos militares residentes en la isla, Juan Donate Franco y su hijo, Juan Ignacio Donate Cangas. El día 23, una furgoneta de los servicios funerarias emprenderá desde la capital catalana el último tramo del viaje hacia Madrid. Ninguna fotografía ha inmortalizado aquel convoy, del que apenas queda rastro más allá del telegrama oficial que el gobernador civil ha remitido días antes para comunicar que tenía “cinco urnas preparadas” para su traslado. Se trata, en realidad, de la única expedición que partirá desde Balears hacia el mayor mausoleo levantado por la dictadura franquista: el del Valle de los Caídos.

Décadas después, una investigación llevada a cabo por el investigador David Tormo Benavent, doctor en Historia Contemporánea por la Universitat de Barcelona (UB), ha identificado a un total de 106 personas nacidas o vinculadas al archipiélago que acabaron enterradas en Cuelgamuros -denominación actual del panteón- tras ser exhumadas de cementerios repartidos por buena parte de la geografía española, desde los escenarios de la batalla del Ebro hasta Brunete, Teruel, Zaragoza, Griñón, Castellón, Santander o Madrid. El estudio es uno de los 15 trabajos de gran alcance que el Govern balear encargó la pasada legislatura sobre aspectos clave de la represión franquista en las islas y que la semana pasada vieron por primera vez la luz (los informes pueden consultarse a través del portal institucional del Ejecutivo).

Como constató la Comisión de Expertos sobre el Valle de los Caídos, creada por el Gobierno en 2011, al menos 33.833 restos mortales procedentes de toda España fueron conducidos a la gran necrópolis de la dictadura, cerca de un tercio de ellos sin identificar y sin conocimiento de sus familias. La investigación de Tormo reabre una de las grandes incógnitas de aquel gigantesco operativo: ¿qué ocurrió con los centenares de traslados que el régimen llegó a autorizar pero nunca ejecutó, mientras decenas de cuerpos fueron enviados al Valle sin que conste el consentimiento de sus familias?

La investigación reabre una de las grandes incógnitas de aquel gigantesco operativo: ¿qué ocurrió con los centenares de traslados que el régimen llegó a autorizar pero nunca ejecutó, mientras decenas de cuerpos fueron enviados al Valle sin que conste el consentimiento de sus familias?

Las cifras de Balears

El informe documenta esa paradoja con cifras inéditas relativas a Balears: solo 53 de las 231 autorizaciones familiares localizadas llegaron a materializarse, mientras otros 53 traslados se realizaron sin autorización documentada. En total, 106 personas nacidas o residentes en las islas fueron inhumadas en Cuelgamuros. El cien por cien de todas ellas son hombres: a día de hoy no se ha documentado la presencia de ninguna mujer balear en el Valle de los Caídos. Todos formaban parte de unidades del ejército rebelde. Las 178 autorizaciones restantes nunca llegaron a ejecutarse, sin que la documentación conservada permita explicar por qué.

La investigación ciñe al archipiélago lo que Tormo y la historiadora Queralt Solé ya expusieron en su estudio de referencia, Llenar el Valle. Propuesta para una cronología de los traslados (1959-1983), publicado en 2024 por la revista Hispania Nova. En él desmontan la idea de que todos los traslados respondieran al consentimiento familiar y acreditan que el proceso para llenar Cuelgamuros estuvo lejos de responder a un plan perfectamente diseñado: el régimen modificó las instrucciones sobre la marcha, alteró los criterios para autorizar los traslados e incluso dejó de aplicar sus propias normas cuando el objetivo de llenar el mausoleo corría peligro. Los gobernadores civiles recibieron la orden de localizar miles de cadáveres en apenas unas semanas, pero el calendario fracasó desde el principio: los informes llegaron con meses de retraso, las previsiones de cuerpos a trasladar cambiaban constantemente y las instrucciones se modificaban sobre la marcha.

Los gobernadores civiles recibieron la orden de localizar miles de cadáveres en apenas unas semanas, pero el calendario fracasó desde el principio: los informes llegaron con meses de retraso, las previsiones de cuerpos a trasladar cambiaban constantemente y las instrucciones se modificaban sobre la marcha

La documentación revela expedientes incompletos, modificaciones de criterio, traslados suspendidos sin explicación y decisiones administrativas contradictorias en distintas provincias, dibujando un proceso mucho más improvisado y caótico de lo que la propaganda franquista pretendió transmitir. El conjunto monumental fue construido entre 1940 y 1958, en pleno franquismo, como un homenaje a los “héroes y mártires de la Cruzada” que “legaron una España mejor”, es decir, a quienes lucharon y murieron por Franco durante la Guerra Civil, como expone la orden firmada por el dictador en 1940 para autorizar la edificación, llevada a cabo en las vertientes de la Sierra de Guadarrama. Pese al deseo de Franco de terminar los trabajos en un año, estos acabaron alargándose durante casi dos décadas. Su inauguración tuvo lugar el 1 de abril de 1959, en el vigésimo cumpleaños de la victoria franquista en la Guerra Civil.

En el discurso inaugural, Franco mantuvo el tono beligerante que había caracterizado los primeros años de su régimen. Lejos de presentar el monumento como un espacio de reconciliación, insistió en que la Guerra Civil seguía siendo una lucha permanente entre el “bien” y el “mal” y advirtió de que la “anti-España”, aunque derrotada, “no está muerta”. El dictador apeló además a las nuevas generaciones para que preservaran el legado de la “Cruzada”, evitaran que “el enemigo” se infiltrara en sus filas y transmitieran a sus hijos “la razón permanente de nuestro Movimiento”.

El Valle, máxima expresión del culto a los 'Caídos'

Para Tormo, “ni el inicio de las obras ni la inauguración, a pesar de ser concebidas como el inicio y el fin de un proceso, lo fueron en realidad”. “Más bien hay que entender el ciclo constructivo como el clímax de uno de los puntales o motores del corpus memorístico que fue construyendo el franquismo: el del culto a los Caídos. Un culto que tiene sus antecedentes mucho antes del estallido de la guerra civil, y que todavía pervive en la sociedad actual anclado en el lema que lo cohesionó, presente hasta no hace mucho en muchos pueblos y ciudades de la geografía española: 'Caídos por Dios y por España”, subraya en su investigación.

En su trabajo, el autor cita como referencia previa el trabajo Guerras sin fin: guía para descifrar el Valle de los Caídos en la España contemporánea“ (2011, Revistas Científicas Complutenses), en el que el antropólogo Francisco Ferrándiz analiza el papel del complejo monumental dentro de la estrategia del franquismo destinada a perpetuar la memoria de los vencedores, envuelta en una retórica política nacionalcatólica ”teñida de sacrificio, heroísmo y martirio“. En este contexto, el Ministerio de la Gobernación decidió llenar las criptas del Valle de Cuelgamuros y ordenó a todos los gobernadores civiles elaborar con urgencia un inventario de fosas y cementerios mientras consolidaba el culto a los ”caídos“ como uno de los principales pilares de legitimación de la dictadura.

Mientras tanto, recuerda Tormo, “anatematizados y reducidos a términos simplistas como la 'anti-España', el 'terror rojo' o la 'horda marxista', aquellos que se opusieron a la rebelión militar fueron expulsados del nuevo corpus nacional. Y lo fueron tanto en la vida como en la muerte”. Solo más tarde, en un contexto marcado por la necesidad de mejorar la imagen internacional del régimen y proyectar un discurso de reconciliación nacional, el franquismo reformuló parcialmente ese relato para justificar también la incorporación de restos de combatientes y víctimas del bando republicano.

Tras la construcción del Valle de los Caídos, el Ministerio de la Gobernación ordenó a todos los gobernadores civiles elaborar con urgencia un inventario de fosas y cementerios mientras convertía el culto a los "caídos" en uno de los pilares de su legitimación política. Solo años después, por razones de política internacional, el régimen modificó parcialmente el discurso para justificar la incorporación de restos del bando republicano

Vacío documental

El estudio balear de Tormo parte de una dificultad decisiva: la documentación relacionada con los traslados que se gestionaron desde Balears no se conserva entre los fondos del Gobierno Civil de Mallorca, custodiados en el Arxiu del Regne de Mallorca. La imposibilidad de disponer de los documentos que recibió y generó el órgano responsable de coordinar las exhumaciones y traslados llevó al autor a cruzar la documentación del Ministerio de la Gobernación, el Consejo de Obras del Monumento Nacional a los Caídos y el registro de inhumaciones de Cuelgamuros. Es precisamente esa ausencia documental la que sitúa el estudio ante una de las grandes paradojas de Cuelgamuros: el franquismo fue capaz de levantar el mayor mausoleo de la dictadura y organizar el traslado de decenas de miles de cadáveres desde toda España, pero hoy resulta imposible reconstruir con certeza cómo decidió quién debía acabar allí, por qué numerosos traslados autorizados nunca llegaron a ejecutarse o qué ocurrió con parte de los expedientes que debían dejar constancia de todo el proceso.

El franquismo fue capaz de levantar el mayor mausoleo de la dictadura y organizar el traslado de decenas de miles de cadáveres desde toda España, pero hoy resulta imposible reconstruir con certeza cómo decidió quién debía acabar allí o por qué numerosos traslados autorizados nunca llegaron a ejecutarse

El origen de todo el proceso se sitúa en mayo de 1958, cuando el Ministerio de la Gobernación ordenó a todos los gobiernos civiles elaborar un inventario de los restos susceptibles de ser trasladados al Valle de los Caídos. En Balears, la tarea resultó mucho más compleja de lo previsto. Como revela la documentación de Tormo, el proyecto sufrió un vuelco en apenas tres meses: si en octubre de 1958 el gobernador civil de Balears, Plácido Álvarez-Buylla y López-Villamíl, había remitido un listado con más de doscientas autorizaciones familiares -233 personas, en concreto-, en enero de 1959 la relación de restos susceptibles de ser trasladados desde Balears se había reducido a una veintena de cuerpos. Los expedientes ya ni siquiera identificaban a los fallecidos por su nombre, sino únicamente mediante categorías administrativas. El estudio reconoce que hoy resulta imposible explicar por qué se produjo esa drástica reducción.

No solo eso. El historiador llama la atención sobre la tardanza con la que el Gobierno Civil remitió la documentación a Madrid, excusándose por el retraso alegando las “dificultades encontradas en el acopio de datos”. Más de veinte años después del final de la guerra, las autoridades franquistas ni siquiera habían elaborado ningún censo de fosas ni de enterramientos relacionados con el conflicto bélico: los ayuntamientos tuvieron que reconstruir sobre la marcha una información que nunca había sido sistematizada.

Más de veinte años después del final de la guerra, las autoridades franquistas ni siquiera habían elaborado ningún censo de fosas ni de enterramientos relacionados con el conflicto bélico: los ayuntamientos tuvieron que reconstruir sobre la marcha una información que nunca había sido sistematizada

La mayoría de aquellos hombres habían muerto lejos de las islas, lo que obligó además al régimen a poner en marcha una compleja red burocrática entre gobiernos civiles para localizar los cuerpos dispersos por toda España. Cada autorización familiar debía remitirse a la provincia donde se creía que estaba enterrado el fallecido para iniciar las exhumaciones y los posteriores traslados al mausoleo franquista. Sin embargo, el plan nunca llegó a ejecutarse como estaba previsto. El propio estudio constata que la inmensa mayoría de las autorizaciones quedaron finalmente sin efecto. Incluso los 23 cuerpos enterrados en Balears para los que las familias habían solicitado expresamente el traslado permanecieron donde estaban. Entre las hipótesis que maneja Tormo se encuentra la que apunta a que algunas familias habrían retirado posteriormente su consentimiento o a que la información remitida por los ayuntamientos fuera demasiado imprecisa para localizar los restos.

Más de veinte años después del final de la guerra, las autoridades franquistas ni siquiera habían elaborado ningún censo de fosas ni de enterramientos relacionados con el conflicto bélico: los ayuntamientos tuvieron que reconstruir sobre la marcha una información que nunca había sido sistematizada

Los baleares inhumados en Cuelgamuros

Con todo, la investigación pone por primera vez nombre y apellidos a las 106 personas vinculadas a Balears cuyos restos sí acabaron siendo trasladados a Cuelgamuros. Entre los casos documentados figuran Juan Donate Franco, coronel de Intendencia de la Armada fallecido por causas naturales en Barcelona el 13 de marzo de 1939, apenas finalizada la guerra, y la de su hijo, Juan Ignacio Donate Cangas, alférez provisional y militante de Falange muerto dos meses antes en el frente. Ambos fueron trasladados desde Palma al Valle de los Caídos el 23 de marzo de 1959 y enterrados en urnas individuales contiguas, uno de los pocos casos documentados de un padre y un hijo que acabaron reposando juntos en Cuelgamuros.

El listado también incluye perfiles singulares, como el del capitán mallorquín Gaspar Forteza Forteza, destinado en Tarragona y ejecutado el 9 de noviembre de 1936 tras ser condenado a muerte por un Tribunal Popular por su participación en la sublevación militar. Décadas después, el franquismo trasladó sus restos al Valle con autorización familiar. Otro caso llamativo es el de José Luis Aguiar Muiños, un marinero gallego fallecido en el hundimiento del crucero Baleares durante la batalla naval del cabo de Palos. Aunque había nacido en Ourense, fue enterrado en Palma y desde allí trasladado a Cuelgamuros en 1959, convirtiéndose en el único no balear incorporado al listado de fallecidos vinculados a las islas.

El cruce de fuentes indica que, en relación a su condición, en 84 de los casos se trataba de militares, mientras que, respecto a los otros 22, el investigador indica que la ausencia de indicios de que fuesen civiles invita a considerar que también eran militares. Asimismo, el informe señala que entre las unidades a las que pertenecían los identificados destaca el Regimiento de Infantería Palma n.º 36, con sede en Palma. Tras éste, la segunda unidad con mayor presencia de soldados nacidos o residentes en las islas es la Legión, donde servían 13 de los identificados como militares, seguida del Regimiento de Infantería San Marcial n.º 22, con sede a Burgos, en la que combatían 11 de los militares.

Errores y vacíos

El análisis también saca a la luz las contradicciones y errores que rodearon el traslado de los baleares. El caso más llamativo es el de Miquel Nadal Vives, cuyo nombre figura dos veces en el registro oficial del Valle de los Caídos, asignado incluso a dos urnas distintas debido a una duplicidad administrativa en la documentación. A ello se suman numerosos combatientes que durante décadas dieron nombre a calles, escuelas o monumentos franquistas en Mallorca -como Jaime Martínez Vaquer, Juan Canals Alemany o Vicenç Llobera Sancho- y cuya presencia en el callejero desapareció con la aplicación de las leyes de memoria democrática, reflejo de cómo la dictadura convirtió a determinados caídos en símbolos públicos de su relato oficial.

Detrás de varios de esos nombres, sin embargo, persisten incógnitas que el estudio no logra despejar. Cuatro de esos mallorquines -Mas Oliver, Cardell Julià, Barceló Vaquer y Moll Serra- figuraban inicialmente como enterrados en Sigüenza (Guadalajara). Sin embargo, cuando finalmente fueron registrados para su ingreso en Cuelgamuros, aparecían administrativamente vinculados a Campos, Llucmajor y Porreres. La desaparición del expediente del Gobierno Civil de Balears impide reconstruir cómo se produjo ese cambio y qué itinerario siguieron los restos antes de llegar a la necrópolis, uno de los numerosos vacíos documentales que aún rodean los traslados al mayor mausoleo levantado por la dictadura franquista.

Las anomalías detectadas en Balears no constituyen un caso aislado. En su estudio Llenar el Valle. Propuesta para una cronología de los traslados (1959-1983), David Tormo y Queralt Solé documentan que solo en la provincia de Tarragona hubo 163 restos cuyo traslado fue tramitado administrativamente pero nunca llegó a ejecutarse: 47 correspondían a Paüls, dos a la Fatarella y 114 a Santa Bàrbara. Finalmente, desde esta última localidad solo nueve cuerpos fueron trasladados a Cuelgamuros.

Los investigadores explican que el propio franquismo fue modificando las reglas del operativo conforme avanzaban los trabajos para llenar Cuelgamuros. En un primer momento, el régimen exigía el consentimiento expreso de las familias para trasladar restos identificados. Sin embargo, al comprobar las enormes dificultades para localizar a los familiares más de veinte años después del final de la Guerra Civil, a partir de 1960 fue relajando ese requisito y dejó cada vez más decisiones en manos de ayuntamientos, gobiernos civiles y autoridades militares, lo que ayudaría a contextualizar la existencia de numerosos expedientes de personas finalmente inhumadas para las que no consta autorización familiar documentada.

Los “sacrificados” que ocultaban la represión

En su estudio sobre Balears, Tormo hace hincapié, asimismo, en cómo el franquismo reinterpretó a sus muertos mediante su propio lenguaje político. En la documentación oficial, las personas represaliadas por los sublevados pasaban a ser calificadas como “sacrificados por la patria”, incorporándolas simbólicamente al culto franquista a los caídos. En Palma, el Gobierno Civil comunicó la existencia de 92 “sacrificados” enterrados en el cementerio municipal, una cifra que contrasta de forma abrumadora con las investigaciones históricas actuales, que sitúan en al menos 1.300 las víctimas de la represión franquista en Mallorca -1.544 según el primer censo publicado al respecto en 2019-. La investigación de Tormo apunta que numerosos alcaldes y responsables locales optaron por omitir deliberadamente información sobre esas fosas, reduciendo drásticamente la dimensión oficial de la violencia ejercida por los vencedores.

Además de estas fosas del camposanto palmesano, la documentación de las autoridades franquistas mencionaban la llamada Cripta Militar de Marina, donde había 31 cuerpos individualizados; mientras que en la Sepultura de Aviación había cuatro: uno de ellos, el de Ramón Franco Bahamonde, hermano menor del que a la postre se convertiría en dictador de España durante cerca de cuarenta años, fallecido durante una misión de bombardeo cuando el hidroavión que pilotaba se precipitó en barrena frente a las costas de la bahía de Pollença, en Mallorca. Finalmente, se hacía referencia al Arma de Artillería, en cuyos nichos reposaba el cuerpo de un total de 27 soldados.

Asimismo, documenta cómo varios ayuntamientos baleares comunicaron oficialmente al régimen que, tras consultar a los familiares, estos rechazaban el traslado de los restos a Cuelgamuros. Palma, Ciutadella y Es Castell remitieron respuestas en ese sentido al Gobierno Civil, lo que demostraría que no todas las familias aceptaron que sus parientes fueran enterrados en el gran monumento franquista. A ello se suma otro elemento: en numerosos expedientes individuales, el autor consigna una misma observación: “No consta que se dispusiera de autorización para el traslado”.

El investigador incide en que el proceso de llenar Cuelgamuros estuvo lejos de la imagen de eficacia y orden que proyectó la dictadura. Expedientes desaparecidos, autorizaciones que nunca llegaron a ejecutarse, traslados realizados sin consentimiento documentado, errores administrativos y un registro oficial que minimizó la dimensión de la represión franquista conforman un mosaico lleno de lagunas. Más que resolver definitivamente el enigma de los traslados, el estudio evidencia hasta qué punto la construcción del mayor mausoleo del franquismo estuvo marcada por la improvisación, las contradicciones y el uso político de los muertos para consolidar el relato oficial de la dictadura franquista.

El 6 de julio de 1936 Pamplona lanzó el Chupinazo con el que dieron comienzo unas nuevas fiestas de San Fermín, las últimas antes de la Guerra Civil. Lo hizo Nicolás Ilundáin —y no Juan Echepare, quien lo llevaba lanzando desde 1931 y que pocos días después sería asesinado por los falangistas— desde la Plaza del Castillo, ya que no fue hasta 1941 cuando el lanzamiento del cohete se trasladó a la Plaza Consistorial. Mientras la capital navarra comenzaba sus días de fiesta, el gobernador militar de la plaza, Emilio Mola, ultimaba los detalles de la sublevación militar que protagonizaría el 19 de ese mes para convertir a Pamplona en una de las primeras ciudades en alinearse con el nuevo régimen junto con la vecina Vitoria.

Mola llevaba ya meses planeando el golpe de Estado para acabar con el Gobierno legítimo del Frente Popular, prácticamente desde su llegada a la capital navarra en febrero de 1936. El autor y general de división de la Guardia Civil Gonzalo Jar Couselo lo sitúa “al frente de la conspiración” desde el 19 de abril , siendo ya “el Director”. Pero fue durante los Sanfermines cuando logró garantizar el respaldo de los carlistas a la sublevación, cuyo apoyo fue vital para la conquista de provincias como Bizkaia o Gipuzkoa con más de 60.000 voluntarios.

Según las crónicas de la época el inicio de las fiestas de San Fermín estuvo marcado por la lluvia y las tormentas que obligaron a cancelar algunos actos como el lanzamiento de los fuegos artificiales, que entonces se tiraban desde la plaza de la República, actual plaza del Castillo. También se rompió la tradición en las fiestas del período republicano de que no repicaran las campanas de los templos católicos. Ese día sonaron las de la catedral.

Un día antes del chupinazo, el 5 de julio, Mola conoció en persona al dirigente carlista Tomás Domínguez Arévalo, conde de Rodezno, en una reunión en la Comandancia Militar en la que comenzaron a negociar el número de tropas que aportarían los carlistas. En este punto jugó un papel decisivo Raimundo García García, diputado y director de 'Diario de Navarra', y que firmaba sus artículos con el seudónimo Garcilaso. Él fue quien hizo de enlace entre Mola y los representantes requetés.

Los encuentros de Mola con dirigentes carlistas, generales como Joaquín Fanjul o el propio Garcilaso se intensificaron durante los siguientes días en una Pamplona sumida en los Sanfermines. Tanto es así que muchos de los encuentros los celebraban en lugares públicos como la plaza de toros o el Café Kutz de la hoy plaza del Castillo, lo que provocó que fueran vistos y que las reuniones tuvieran incluso su reflejo en la prensa. En Donostia había otro café Kutz. Eran de una familia de origen alemán.

“Se tienen noticias de que el domingo día 12 del pasado mes se encontraban en la terraza del café Kutz de Pamplona, los ex generales Fanjul y Mola, acompañados del hijo de Sanjurjo. Unos elementos de Izquierda se sentaron cerca de los citados señores para ver si conseguían oír la conversación; pero sus propósitos fueron adivinados por Fanjul, que irritado les dijo: '¿Qué vienen ustedes a hacer aquí, a escuchar, no? Pues aprovéchense que dentro de unos días no podrán oír nada'. Pocos minutos después se reunió al grupo Ansaldo, y al enterarse del incidente, se levantó y dirigiéndose a los republicanos les insultó groseramente”, recogía una noticia de la publicación 'La Batalla'.

Pero la más trascendental tuvo lugar el 9 de julio en el claustro de la catedral de Pamplona. Un día antes, el jefe de la Comunión Tradicionalista Carlista, Manuel Fal Conde, había enviado a Mola una carta exigiéndole el establecimiento de una monarquía católica tras el golpe de Estado, cuestión que no fue del agrado del gobernador militar. En otra misiva, el dirigente carlista dio por rotas las negociaciones. Es por ello que el conde de Rodezno se trasladó desde Madrid a Pamplona para reconducir la negociación.

En el encuentro entre los dos en la catedral, Mola le trasladó su preocupación por la actitud de Fal Conde y el conde de Rodezno le aseguró que él tenía el respaldo de los carlistas. Solo un día después, el 10 de julio, Emilio Mola fue citado por su superior, el general Domingo Batet, a una reunión en el monasterio de Irache, en la comarca de Estella. Allí, le trasladó que el Gobierno estaba enterado del plan de sublevación que estaba liderando desde Pamplona y le invitó a trasladarlo a otro destino o a que cambiase de postura. Mola le garantizó que él no estaba “comprometido en ninguna aventura”.

Unos días más tarde, el 15 de julio, llegó a Pamplona desde San Juan de Luz, al otro lado de la frontera francesa, un documento firmado por el rey regente carlista Javier de Borbón-Parma y por Fal Conde confirmando que la Comunión Tradicionalista se sumaba “con todas sus fuerzas” al movimiento militar liderado por Mola. En medio, el periódico 'Noticiario Bilbaíno' publicó que también en Pamplona se produjo una reunión de representantes de las diputaciones de Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra para tratar sobre el Estatuto de autonomía vasco, que llegó con la Guerra Civil ya iniciada.

El día 16 Emilio Mola fue reclamado de nuevo por su superior Domingo Batet para mantener un encuentro en el monasterio de Irache. Como describe el autor José María Iribarren, el general Mola “llegó a pensar seriamente que se trataba de una emboscada para detenerle, al suponer que el Gobierno conocía toda la trama de la conspiración”. Por ello acudió a la reunión “con una escolta de oficiales comprometidos, vestidos de paisano y armados”.

Pero Batet únicamente quería asegurarse de que Mola no se saldría de la legalidad republicana, pidiéndole su palabra de honor de no levantarse en armas contra el Gobierno legítimo, a lo que Mola respondió que ni conspiraba ni sabía de ninguna conspiración en marcha. El golpe seguía adelante.

Pero el principal escollo que tenía Mola en Pamplona para asegurar el éxito de la sublevación era el comandante de la Guardia Civil en la capital navarra, José Rodríguez-Medel, que el 18 de julio rechazó la propuesta del gobernador militar de sumarse al golpe que ya había comenzado en los territorios africanos.

Ante la negativa del comandante a unirse a la rebelión, y cuando se dirigía a formar las tropas para trasladarse a Tafalla, donde estaba planeado establecer una línea defensiva que aislara a Navarra por el sur para hacer frente a la sublevación militar, fue asesinado en las puertas de la comandancia de Pamplona tras recibir seis disparos efectuados con arma larga, de calibre 7 milímetros, que se corresponden con las armas que utilizaba el Ejército, por varios guardias sublevados que le esperaban a la salida. La rebelión de Mola quedaba al descubierto.

Así, el 19 de julio, la fecha que Mola había fijado para dar el golpe en la península, una compañía del Batallón de Cazadores Sicilia proclamó a las 6:00 de la mañana desde la plaza del Castillo el estado de guerra. La sublevación que había terminado de perfilar durante las fiestas –que en los dos años posteriores no se celebraron— había triunfado.

Se iniciaba así en Navarra un periodo de represión que culminaría con más de 3.500 asesinados, muchos de ellos enterrados en fosas que todavía no han sido localizadas casi un siglo después. El equivalente al NO-DO de la Italia fascista destacó en una película de agosto de 1936 la implicación de “Navarra” en la “revolución” contra los “rojos”. Mola falleció en un accidente de aviación en un vuelo que partió de Vitoria en 1937, en plena ofensiva para la conquista de Bilbao. Su cuerpo fue enterrado en un mausoleo en el monumento franquista a los Caídos de Pamplona y no fue exhumado hasta 2016.

Domínguez Arévalo, de su lado, fue el primer ministro de Justicia de Franco, con una sede ilegítima instalada en Vitoria en 1938. No volvieron a celebrarse los Sanfermines hasta 1939, ya finalizada la Guerra Civil. Los de 1940 son recordados por la abundante presencia de nazis alemanes, agasajados en Pamplona.

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha dado un paso definitivo para blindar el valor histórico de uno de los epicentros de la represión del franquismo en Extremadura. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles el inicio del procedimiento para declarar la antigua Prisión Provincial de Cáceres como Lugar de Memoria Democrática, al certificar que el emblemático complejo reúne “valores materiales, históricos, intangibles o simbólicos” de primer orden vinculados a la Guerra Civil y a la dictadura franquista.

La publicación de esta resolución implica de inmediato la anotación preventiva del edificio en el Inventario de Lugares de Memoria Democrática. Esto supone, a efectos prácticos, la aplicación provisional de todo el régimen de protección integral contemplado en la ley estatal vigente, abriendo un periodo definitivo de tramitación de un máximo de 12 meses.

La historia de los muros de la prisión cacereña arrastra una profunda paradoja democrática. El penal comenzó a levantarse originalmente bajo el amparo de la Segunda República como un proyecto de modernización penitenciaria. Sin embargo, el estallido del golpe de Estado de julio de 1936 truncó por completo su naturaleza legal y el edificio pasó a ser un “importante centro de reclusión de opositores políticos, reales o supuestos, al nuevo Estado franquista en construcción”, según detalla textualmente el expediente ministerial.

De la represión en la Guerra Civil al horror del franquismo

Ante la falta de registros oficiales sistemáticos de la época, la documentación histórica rescatada revela que el hacinamiento y la violencia marcaron la rutina del recinto. Distintos expedientes penitenciarios cifran en unos 1.100 el número de personas recluidas solo en noviembre de 1937. Además, las investigaciones confirman que al menos 338 presos procedentes de las cárceles “vieja” y “nueva” de Cáceres fueron sacados de sus celdas para ser ejecutados antes de que concluyera la guerra en abril de 1939.

Entre las víctimas de la represión figura un nombre íntimamente ligado a la propia construcción del edificio: Antonio Canales González. Quien fuera alcalde de Cáceres e impulsor de la edificación del centro penitenciario durante el periodo republicano acabó siendo fusilado por las tropas franquistas el 25 de diciembre de 1937, en una ejecución masiva junto a otras 34 personas.

El uso de la cárcel de Cáceres como herramienta punitiva contra la disidencia no cesó con el fin de la contienda. El penal mantuvo su actividad durante toda la posguerra y reactivó su importancia política bien entrada la década de 1960. Durante esos años, las celdas llegaron a albergar a alrededor de 200 opositores activos al régimen dictatorial, en su inmensa mayoría militantes detenidos por su vinculación organizativa al Partido Comunista de España (PCE) y al sindicato Comisiones Obreras (CCOO).

Para la Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática, el inmueble destaca por recoger “hechos de singular relevancia” vinculados directamente a “la lucha de la ciudadanía española por sus derechos y libertades”. Con esta declaración legal se busca, según el texto del acuerdo, “que el recuerdo de quienes fueron encarcelados en este lugar, o asesinados entre sus muros por su defensa de la libertad y la justicia, no se borre nunca de la historia”.

El Ministerio ha puntualizado que la declaración como Lugar de Memoria Democrática no interferirá ni alterará las actividades o el uso actual que se le da al edificio. No obstante, obligará por ley a incorporar medidas físicas e institucionales de identificación, señalización e investigación histórica. Las instalaciones contarán próximamente con placas, paneles informativos detallados y recursos audiovisuales destinados a explicar pedagógicamente a los visitantes el verdadero significado histórico del penal cacereño.