La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha pedido respeto para los menores solicitantes de protección internacional que se han trasladado desde Canarias a Gijón tras ser retirada, en menos de 24 horas, una pancarta “nazi” colocada en la ciudad asturiana en la que se pedía su expulsión.

Evitar la persecución

En declaraciones a los periodistas, la ministra ha recalcado que la decisión de su ministerio es no contar públicamente el destino de los niños o niñas solicitantes de asilo que, en cumplimiento de una decisión del Tribunal Supremo, están siendo derivados a recursos de acogida estatales, para “evitar que la persecución de la que huyen se reproduzca” en España.

Sin embargo, pese a esta decisión ha trascendido públicamente que los primeros diez menores trasladados han sido reubicados en Gijón, de donde según fuentes ministeriales han tenido que retirar esta pancarta.

No poner el foco en los menores

Ante este hecho, la ministra ha pedido no poner el foco en los niños y niñas que serán reubicados en centros de titularidad estatal, en cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal Supremo, y ha pedido colaboración a todas las administraciones, sin excepciones, al ser preguntada si también se derivará la acogida de estos menores a recursos estatales en Madrid.

Acompañados de educadores

Los diez primeros menores solicitantes de protección internacional que han sido trasladados desde Canarias hasta la península se encuentran desde esta madrugada en Gijón.

Se trata de nueve malienses y un senegalés, todos ellos mayores de 16 años, que han sido acogidos en las instalaciones que en esta ciudad asturiana tiene la ONG Accem, y que han llegado acompañados de varios educadores

La historia de Musa empezó hace 26 años en Gambia, un pequeño país africano que acompaña al río de su mismo nombre atravesando Senegal de este a oeste antes de desembocar en el Atlántico, frente a Cabo Verde. Cuando cumplió 19 años, como tantos otros miles de jóvenes de la zona, quiso emigrar hacia Europa “en busca de una vida mejor” a la que tenía predestinada en su país, según justifica él mismo, sincero pese al lugar común. No eligió la ruta canaria, de la que tanto se ha hablado en los últimos tiempos antes del fracaso de la reforma de la Ley de Extranjería, sino la más larga, la que pasa por el desierto, por Mauritania y Marruecos. Su primer muro, esta vez físico, fue la valla de Ceuta. Pero el penúltimo muro que se ha encontrado, esta vez burocrático, le impide reagrupar por el momento a su familia en San Juan de Aznalfarache (Sevilla). Solo la espera para la cita para solicitar los visados es de 520 días.

Musa Krubally estudió, trabajó y peleó tanto por incorporarse cuanto antes a la sociedad española que no entiende ahora por qué tiene que esperar 18 meses simplemente para solicitar una documentación para su esposa y su hija, y que puedan comprar los billetes de avión para formar con ellas el hogar en España que él viene preparando. Pese a haber dado todos los pasos, y más, y haber corrido tanto para su integración en nuestro país, en septiembre de 2023 le dieron cita en el Consulado de España en Dakar para febrero de 2025, justo cuando Mariama, su hija, cumplirá dos años.

Sólo la ha podido besar y abrazar una vez cuando, desesperado, rogó a su jefe que le adelantara las vacaciones para poder conocerla personalmente en un poblado cercano a la ciudad de Farafinne (Gambia). Fue el pasado mes de abril. “Necesitaba hacer ese viaje”, confiesa, para coger fuerzas y seguir armándose de paciencia para que la burocracia haga finalmente su papel, más pronto que tarde, y con el temor que surja alguna otra barrera documental que pasar. “La no presentación de alguno de los requisitos puede producir denegación en su solicitud”, se le advierte en aquella comunicación enviada por correo electrónico el 25 de septiembre de 2023. “No es posible adelantar la cita, hay muchas en espera”, le escribieron luego escuetamente desde la Oficina Diplomática de España en Gambia.

Musa llegó a España en 2017 y pasó por todos los lugares y trámites por los que pasan casi todos los jóvenes migrantes que buscan suerte en el viejo continente. Unos meses en el CETI y luego a un centro en Córdoba de la mano de una asociación (Accem en su caso). En su país no pudo estudiar, pero en Andalucía tenía claro que quería aprender, lo primero, el idioma español, para luego seguir estudiando. Estudiar era su obsesión, una especie de venganza por lo que no pudo hacer en su país pero con qué fin tan noble. Otros compañeros se fueron al campo, o siguieron la trayectoria migratoria hacia el norte de Europa, en busca directamente de un trabajo. “Yo quería aprender español, sobre todo”, recuerda.

Toda una carrera

A finales de 2018 llegó a Sevilla donde, con la ayuda de la asociación San Vicente de Paúl, se hizo definitivamente con el perfecto castellano que habla ahora y se fue formando para poder trabajar en el mantenimiento de edificios mientras vivía en un centro de acogida. Paralelamente, aprobó en año y medio la Educación Secundaria para Adultos (ESA), obtuvo los “papeles”, encontró un trabajo estable (ahora tiene dos), se hizo con el título de soldador, se sacó el carné de conducir y dispone de su propio coche para, actualmente, ir a trabajar a una empresa “grande” en Sevilla Este, donde disfruta cada jornada de “muy buen ambiente” con sus compañeros.

Es de recordar: tiene 26 años y hace siete se jugaba la vida saltando una altísima valla fronteriza con el solo objetivo de estudiar, trabajar y enviar dinero a su familia, como viene haciendo puntualmente, aunque por entonces no estaba casado ni tenía una hija. Fue en abril de 2022 cuando, ya independiente y tras reunir el dinero, volvió a casa para casarse con su novia de siempre, Sarjo. Menos de un año después nació Mariama, a la que ha visto el 99% de su corta vida a través de la pantalla del móvil. De su niña repasa mentalmente cada día su recuerdo, que asoma en su sonrisa tras haberla podido amasar durante un mes en Gambia después de un largo viaje (Sevilla-Madrid-Dakar-Farafinne) solo para disfrutarla en vivo.

Al poco tiempo de su nacimiento, Musa inició los trámites para la reagrupación familiar. “Todo iba bien. Ya tenía hasta sus NIE”, recuerda el joven, y a los seis meses llegó la deseada autorización familiar por parte de la Oficina de Extranjería de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla para reunirse en España con su esposa y su pequeña. Los servicios sociales del Ayuntamiento de San Juan también habían dado el visto bueno a todo y a su casa, en el barrio alto de San Juan, futuro hogar familiar junto a Sargo y Mariama. Abonó la pertinente tasa y ya sólo faltaban los visados.

Y ahí fue cuando Musa se topó con la burocracia, como ya hemos dicho, no más alta que aquella valla pero si muy alargada en el tiempo. Eso al menos opina él, que es una demora excesiva, y así se lo ha hecho saber a diferentes estamentos e instituciones. Todos parecen comprender su desesperación, pero la respuesta es que no hay suficiente personal y que sería injusto romper el riguroso orden de las citas, comenta el propio Musa según lo que le han transmitido. Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores de España dicen a este medio que de los avances de los trámites se les informa exclusivamente a los afectados.

Escasez de personal

“Hay países que no tardan tanto en dar ese tipo de citas. Nos han dicho que hay muchos inmigrantes pidiendo reagrupación y que no hay gente suficiente en el Consulado. También nos han pedido que no mandemos más correos electrónicos, que no sirve de nada”. Cuando Musa habla en plural incluye a Pilar Medrano, presidenta de Guzmán Abierto, a quien conoce desde hace años y de quien habla maravillas por haberle ayudado en su ya larga estancia en España. Junto con sus compañeras Rosa y Hélène, han acudido y llamado a todas las puertas a su alcance. Musa ha huido incluso de alguna oferta para acelerar la reagrupación por la parte de atrás. Él quiere hacer las cosas bien, pero no entiende que tenga que esperar tanto. Siente dentro “como daño”, al que suma impotencia: “No puedes hacer otra cosa” pero “es difícil”, resume.

En el pequeño pueblo a cinco kilómetros de Farafinne siguen esperando que se resuelva el papeleo tanto su esposa, de 23 años, como su hija, que pregunta por su padre tras haber podido conocerlo hace apenas tres meses. La abuela trabaja vendiendo fruta. “A mi regreso de Gambia yo estaba muy mal, sin ganas de nada. Pero estar en la cama no ayudaba y había que levantarse”, relata de esa breve etapa desalentadora a su vuelta de su país.

Hace ya unos meses, resumió así su situación ante el Ministerio de Exteriores: “Considero incomprensible que habiéndoseme concedido el permiso para poder realizar la reagrupación familiar por parte de la Oficina de Extranjería de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, se me prive de este derecho por el retraso en la concesión de citas por parte de un organismo público del Estado Español como es el Consulado de Dakar. Y sobre todo, considero que debería primar el derecho de mi hija como menor de edad, a crecer al amparo y bajo la responsabilidad de ambos progenitores, derecho del que se le está privando al no poder convivir con su padre, quien le puede proporcionar lo necesario en cuanto a alimentación, vivienda, educación y afecto necesarios para su desarrollo”.

“Sé bien lo que es querer estudiar y no poder”

En Sevilla, Musa compagina su tarea de soldador con otro trabajo de conserje en un bloque de vecinos los fines de semana con el que ganar algo más de dinero para enviar a su familia hasta que llegue el ansiado momento en que juntos puedan comenzar a vivir juntos en Sevilla. Él “aprovecha” cada momento para “seguir aprendiendo, seguir formándome”, en aquellos momentos que sus trabajos se lo permiten, repite incesantemente

“Se me dan bien los estudios. Sé bien lo que es querer estudiar y no poder. Aquí he tenido la oportunidad y la he aprovechado”. Tiene empezado un grado medio en instalación de telecomunicaciones, pero optó por dejarlo cuando puso “en regla” su documentación en España porque necesitaba trabajar. Esa es la vida de Musa: estudiar, trabajar...y ahora esperar. Esperar a que acabe bien el interminable papeleo para empezar a disfrutar de esa “vida mejor” que inspiró su primer viaje y que quiere empezar cuanto antes con su esposa y su pequeña después de haber dado muestras más que suficientes de su integración y de su compromiso con la sociedad de su nuevo país. Mientras, 3.500 kilómetros al sur, Mariama va creciendo día a día.

Hace mucho tiempo hubo un lugar que curaba a la gente de enfermedades y de heridas: el Hospital Naval de Cartagena. Lo cerraron y lo vaciaron de personas, quedando en un profundo silencio y con el paso del tiempo se fue deteriorando. Se convirtió en un edificio triste, sin uso, sin vida, abandonado, nadie le hacía caso, se sentía despreciado. El Hospital Naval se sentía muy triste porque ya no servía para nada, estaba olvidado. El paso del tiempo ahondaba su dolor.

Pero cuando parecía que todo iba a seguir igual, recuperó su vitalidad, porque tenía una nueva función y misión: acoger a personas a las que la vida les había golpeado con una guerra, con el hambre, la sed, las enfermedades. Huían de una vida sin vida, huían del horror y la crueldad de un mundo diseñado por los avariciosos y codiciosos. Huían porque no querían formar parte de ningún bando, porque no querían coger un fusil, porque no querían torturar y asesinar a sus vecinos y amigos, porque no querían violar, torturar y asesinar a sus vecinas y amigas.

El Hospital Naval volvió a sonreír, a curar heridas, abrazar y acariciar y les dijo a las personas migrantes: bienvenidos y bienvenidas, ésta es vuestra nueva casa. La compasión, la misericordia, la amistad y la solidaridad se abrazaron y la esperanza renació y las lágrimas de tristeza del Hospital Naval se convirtieron en lágrimas de alegría.

Pero, de la oscuridad surgió de nuevo, otra vez más, el rechazo y hubo voces que gritaban con violencia, con un corazón de piedra: fuera de aquí, iros, no sois bien recibidos. Fuera de aquí, sois mala gente, delincuentes, venís a robar, a destruir y a saber qué cosas más.

De esa oscuridad, surgieron ciudadanos y ciudadanas, equipo de gobierno de Cartagena, algunos partidos políticos y algunos movimientos sociales, que sacaron lo peor de sus entrañas, tal vez porque nadie les enseñó a amar, a empatizar, o tal vez, porque no aprendieron a tener un corazón bueno y generoso; un corazón sencillamente humano.

El Hospital Naval se sobrecogía y sentía miedo de escuchar: “Sois no-humanos, echarlos de aquí, no los queremos”. Pero el Hospital Naval ha sacado su indignación y les ha dicho que los quiere, que los acoge, que estén el tiempo que necesiten, que la gente que desconfía entre y comparta sus historias y sus vidas. Que les desea que algún día puedan volver a esa tierra que los vio nacer, porque esa tierra que ahora es de sangre y destrucción se haya transformado en una tierra nueva; en una tierra que rebrota la dignidad, la paz, la prosperidad y la fraternidad.

El Hospital Naval mira con firmeza a esas personas que han surgido de la oscuridad y les grita con dolor y deseando que cambien su corazón:

SON HUMANOS ¿DÓNDE ESTÁ VUESTRA HUMANIDAD?

“Yo no veo un grupo de racistas ni de xenófobos. Veo un grupo de padres y abuelos que están preocupados por sus familias”. En torno a trescientas personas han desbordado en la tarde de este jueves la plaza de España de Cartagena en protesta contra el campamento de migrantes habilitado por el Ministerio de Inclusión, con objetivo de rebajar la presión migratoria que sufre el Archipiélago canario, en el recinto del antiguo Hospital Naval de la ciudad portuaria.

Es la primera vez que se produce una protesta de rechazo al dispositivo humanitario desde que nació este mes de mayo, en torno a un grupo de WhatsApp plagado de mensajes de odio y proclamas de la ultraderecha, su plataforma promotora: ‘No al CETI’ -Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes-.

“No más mentiras, no más CETIS”, “Defiende Cartagena”, -el lema de la concentración-, o “por una Cartagena próspera” coreaban los asistentes al llegar a la plaza, portando muchos de ellos pancartas, banderas de España y camisetas negras en señal de luto por la ciudad. Los portavoces de la plataforma, que se encontraban aglutinados bajo una carpa en la que ofrecían una hoja de firmas para exigir el cierre inmediato del campamento, han organizado un micrófono abierto en el que varios de ellos han hablado a gritos, a modo de mitin político, exponiendo las consignas más repetidas por el colectivo.

“A los 90 días los echan -a los migrantes- del campamento, y se encuentran en la calle sin casa, sin dinero, sin trabajo, sin saber el idioma y con muchas dificultades para integrarse. Hace poco se habló de acoger a 10.000 inmigrantes al año. Es una barbaridad ¿Os imagináis que dejan en las calles a 10.000 cada año? Sería una verdadera preocupación, y una falta de seguridad. Nadie se ha preguntado quiénes son esas personas, ni qué intenciones tienen, ni si van a respetar nuestras tradiciones”, ha expresado ante el micrófono Ana Belén Nicolás, una de las administradoras de la plataforma.

Camuflados como preocupaciones, los motivos que los han impulsado a abarrotar la plaza más céntrica de Cartagena son variados: inseguridad en las calles, temor al cruzarse con migrantes, impacto negativo en el turismo u ocupación de parques públicos. Por esto último se encontraba muy intranquila Cari, que, vestida con su camiseta negra, ha declarado a elDiario.es que a los migrantes “los sueltan como si fueran perritos en Cartagena y en los pueblos cercanos”. “Voy a pasear al puerto por las mañanas y no puedo ni sentarme. Están todos los bancos llenos de chicos negros. Porque son negros”. “Tampoco puedo llevar a mi nieto al parque. Y lo peor es que me tachan de racista. A mí me da igual la procedencia, o si son amarillos o azules. Son criaturas que las traen de otros países”, ha expresado.

Entre todas las palabras pronunciadas por los integrantes de la plataforma se encuentran, sin embargo, varios bulos. Los tres mandatos más vindicados por ‘No al CETI’ son una mezcla de cifras falsas y afirmaciones inexactas. El número de 10.000 migrantes en un año comenzó a citarlo en declaraciones públicas el vicepresidente regional, José Ángel Antelo (Vox). Pero no hay ningún dato oficial que lo avale. Hasta el momento, en seis meses, han pasado por el campamento en torno a 2.000 personas procedentes, la mayoría, de países de África subsahariana, según Accem, la ONG encargada de la gestión humanitaria. Tampoco pasan 90 días en el recinto y van directos a la calle, como denuncian los manifestantes, sino que ese tiempo es, de media, según la ONG, el que tardan en localizar familiares o amigos que viven en otras partes de España o de Europa y completar su proceso migratorio.

“La mayoría de violaciones las comete este tipo de gente”

Otro de los asistentes, Dani, un cartagenero ataviado con una gorra de carácter militar, ha hecho referencia a los delitos visibles que, bajo su punto de vista, están cometiendo las personas resguardadas bajo el amparo del dispositivo en Cartagena. “Está viniendo una avalancha. Son hombres en edad militar dispuestos a perderlo todo. Hay casos de ciudades donde la mayoría de violaciones las comete este tipo de gente. Y aquí ya está ocurriendo”, ha denunciado, sin ningún tipo de prueba.

Entre los congregados también había miembros de agrupaciones políticas extrañas. Como parte de la Comunión Tradicionalista Carlista de la Región de Murcia, Crístofer ha considerado que “hay barrios de Cartagena que ya están perdiendo su identidad” debido a “la inmigración masiva”. “Ya no parece que sean de aquí. Han perdido su esencia. La población ha sido desplazada. Tenemos que luchar por defender nuestras raíces cartageneras y españolas”, ha espetado, portando una bandera gigante de la ciudad portuaria.

Por el micro abierto ha seguido, mientras, desfilando más gente. “Los jóvenes, cuando salimos a la calle, sentimos una tensión enorme. A veces nos piden dinero, otras ocupan calles enteras, y dejan residuos allá donde pasan. Las peleas y las situaciones conflictivas se han vuelto demasiado comunes”, ha coreado Fernando, sin que oficialmente se haya registrado ninguna incidencia en la ciudad ni en el campamento del Naval.

“Queremos tener nuestra vida normal. Si te opones a algo te llaman racista o xenófobo. Se acabó el rollo. Me da igual de lo que me tilden. Juntos somos invencibles y la unión hace la fuerza. No queremos el CETI”, ha vociferado Patricio Carrasco, otro de los líderes de la plataforma. “Nosotros tuvimos una vida estupenda, una juventud magnífica y una infancia mejor. Y quiero que sea igual para nuestros hijos y nietos”. “Creo que debemos seguir todos en la lucha. Arriba España”, ha arremetido en su turno Mariló, una de las más veteranas del colectivo.

Todos los administradores de la plataforma se han dedicado a reiterar el mismo mantra durante las dos horas que ha abarcado la concentración. No tienen nada en contra de los migrantes que necesitan de ayuda humanitaria, dicen, pero sí relacionan su llegada con el miedo y con conflictos sociales. “Los vecinos se sienten desprotegidos y descorazonados porque ven que las administraciones les están engañando”. “No estamos en contra de los inmigrantes ilegales” ha dicho Felipe Saura, otro de los promotores. Inmediatamente después ha añadido: “Lo que deben hacer es repatriarlos”. “Son personas de las que se desconoce todo, su origen, sus antecedentes. Se están produciendo situaciones que, como hombres que son, y que pasean solos por la calle, generan miedo en la zona e inquietud en los cartageneros”. 

Este punto de vista es compartido, además, por políticos bien conocidos en la ciudad. El alcalde de Cartagena entre 2015 y 2017 y líder de Movimiento Ciudadano (MC) hasta que renunció al cargo tras el varapalo de las municipales de 2023, José López, se ha dejado ver en la protesta. “La plataforma me pidió que acudiera, y creo que en política no hay que esconderse. Hay que solucionar el problema de la inmigración ilegal y el maltrato a Cartagena. Las cosas que no producen valor añadido y que nos pueden causar un problema en el futuro las ponen aquí. Cartagena hace mucho tiempo que de España no recibe más que patadas en la espinilla”, ha expresado el líder político. Entre los asistentes también se encontraban varios concejales de Vox en la ciudad portuaria.

En octubre de 2023, cuando la apertura del campamento de acogida de Cartagena tan solo era una idea del Ejecutivo y no estaba confirmada, ya comenzaron las primeras proclamas vecinales. Varias tuvieron lugar en la puerta del mismo Hospital Naval. Entonces ya se gritaron especulaciones xenófobas, se relacionó a unos migrantes imaginarios que todavía no habían llegado con la delincuencia y se solicitaba una utilización del recinto para cosas “más beneficiosas para la comunidad”. Ahora todo ha cobrado un cariz más bélico. Los manifestantes piensan que los espacios de Cartagena deben ser aprovechados por cartageneros y por gente con la situación regularizada.

Cuando abrió el centro y transcurrieron los meses y los migrantes se fueron adaptando a la ciudad y tratando de buscar acogida y un resquicio para poder llegar con sus familiares repartidos por el continente europeo, las reivindicaciones presenciales se apaciguaron. Pero entonces comenzaron a organizarse a través de redes sociales. Las proclamas de odio fueron multiplicándose en un grupo de WhatsApp que a finales de abril pasó a llamarse ‘No al CETI’ y que se constituyó formalmente en plataforma hasta llegar a la protesta multitudinaria de hoy.

Sus miembros, de forma cotidiana, en el chat, graban vídeos en las inmediaciones del Hospital Naval. Espían la llegada de autobuses que trasladan a más migrantes al campamento. Temen que esos autobuses vayan luego a ser utilizados por niños, “por si les transmiten enfermedades”. Fotografían a los migrantes caminando en grupo por las calles de Cartagena o haciendo ejercicio en parques o pistas polideportivas públicas. Denuncian cuando se les ve sonreír, o cuando se arreglan para salir a dar un paseo, o cuando hablan por teléfono móvil. Esparcen bulos de peleas, de delitos, de acosos, de agresiones, o de que los chicos alojados piden dinero en las puertas de los comercios de la ciudad, asuntos todos desmentidos varias veces por Accem.

Alvise Pérez agua la fiesta

Hacia las ocho y media de la tarde, cuando la concentración ya encaraba su recta final, la tensión entre los miembros de ‘No al CETI’ ha crecido varios decibelios, porque el agitador ultra Alvise Pérez, en su tour por España con motivo de la campaña electoral de su partido, ‘Se acabó la fiesta’, de cara a las europeas del 9 de junio, tenía prevista una parada en la ciudad portuaria, a la misma hora que la protesta y en la plaza de España. Alvise es un personaje ocasionalmente nombrado en el chat de la plataforma. Sus eslóganes son celebrados entre sus integrantes. Hasta hoy. “No vamos a consentir que venga ninguna organización política a aprovecharse del esfuerzo de todos. Esto es ‘No al CETI’. No puede venir a repartir papeletas y aprovecharse de las circunstancias”, ha afirmado al micrófono Patricio Carrasco.

Pero Alvise no parecía estar al tanto de la situación. Con un megáfono, la voz afónica y una forma de hablar que desprendía cierto aire de magnanimidad, Pérez ha hecho referencia a “problemas de inseguridad e inmigración en la ciudad”, antes de arrojar al aire las fórmulas que más éxito le están dando en la Región de Murcia. “En Cartagena llama la atención que necesita más papeles un tomate que un inmigrante ilegal ¿Os parece eso normal? Se está muriendo nuestra tierra para favorecer a los cinco ricos que se hacen millonarios robándonos impuestos”, ha esgrimido el agitador. Previamente, a media tarde, Pérez había estado en un acto idéntico celebrado en la ciudad de Murcia.

En paralelo a la protesta en contra del dispositivo de acogida estaba convocada una contramanifestación organizada por colectivos anticapitalistas, antifascistas y antirracistas de la ciudad portuaria. Una treintena de jóvenes, según confirman a este periódico fuentes organizadoras, se ha congregado en la alameda de San Antón para acudir desde allí, cubriendo un camino de unos cinco minutos andando, a la plaza de España y “plantarles cara a los racistas”. Pero varios furgones de la Policía Nacional, que ha custodiado en todo momento la concentración de 'No al CETI', lo han impedido y se ha disuelto finalmente el grupo sin incidentes.

Han transcurrido seis meses desde que el Ministerio de Inclusión habilitó en Cartagena, con el objetivo de rebajar la presión migratoria que sufre el Archipiélago canario, un campamento provisional de acogida de migrantes en el recinto del antiguo Hospital Naval. Pero no ha habido un solo momento en que la instalación no haya suscitado el recelo político y vecinal.

Por un lado, el Ayuntamiento de Cartagena ha remitido al Gobierno central, según aseguró el pasado martes la alcaldesa, Noelia Arroyo (PP), hasta ocho escritos diferentes reclamando el cese del dispositivo humanitario. Por otro, los grupos vecinales, que llevan manifestándose en contra del campamento desde octubre, se han organizado en una comunidad de WhatsApp que ya cuenta con 824 miembros –la máxima capacidad que permite la aplicación–. Cada día se vierten en su chat mensajes y audios impregnados de racismo y odio. En ellos se habla de “invasión”, de “manadas”, de “gentuza”, de “nómadas sueltos ilegalmente”.

Tal y como afirmó Arroyo, las comunicaciones oficiales del Consistorio –gobernado en coalición por PP y Vox– consisten en cinco cartas dirigidas tanto a la ministra de Defensa, Margarita Robles, cuya cartera posee la propiedad del hospital, como a los sucesivos ministros de Inclusión, José Luis Escrivá y Elma Saiz. También en tres mociones contrarias al centro de acogida aprobadas en distintos plenos municipales por la mayoría de ediles (PP, Vox y MC), pese a los votos en contra de PSOE y Sí Cartagena.

La alcaldesa lamentó el pasado martes, tras una reunión con la Federación de Asociaciones de Vecinos para tratar el tema del campamento, que el Gobierno no haya cumplido los compromisos que adquirió cuando ordenó su instalación: que sería temporal –hasta el 31 de marzo de 2024, en principio, hasta julio en la actualidad–, y que se limitaría a un máximo de 600 ocupantes. “Se ha alargado la permanencia del campamento de espaldas a los cartageneros. Necesitamos garantías de que va a ser temporal. También se ha incumplido el tamaño. Antes de ayer había 752 personas dentro”.

Fuentes del Ministerio de Inclusión han asegurado a elDiario.es que “la continuidad del centro se valorará en función de las llegadas –de migrantes a Canarias–”, y que este es el “criterio”, han añadido, “que se ha seguido hasta el momento”. “El mantenimiento del elevado número de llegadas provocó la prórroga de la emergencia en marzo”, han proseguido las fuentes ministeriales, “y no se sabe si en julio esa emergencia continuará”. No hay previsiones para cerrarlo, por tanto, mientras persista el drama migratorio en las costas españolas.

Pero las declaraciones de la primera edil no quedaron ahí. Incluyó en ellas un factor emocional. Y una posible amenaza en el horizonte. “Es injusto y frustrante lo que está pasando. La política –migratoria– del Gobierno, lejos de solucionar el problema en una ciudad como la nuestra, que ha demostrado ser solidaria, nos puede llevar a ciertos riesgos sociales en el futuro”, expresó, sin especificar cuáles. La ciudad portuaria ya posee un centro (CATE) dedicado a la atención de los migrantes llegados a sus propias costas, la mayor parte procedente del norte de África. 

Una plataforma vecinal llena de mensajes racistas

El dispositivo del Naval ya se puso en marcha a finales de noviembre de 2023 entre numerosas protestas vecinales y reivindicaciones y consignas xenófobas. Pese a ello, desde los últimos días de abril la actuación popular ha ido tomando una mayor significación. Las proclamas de odio, ahora, se han multiplicado.

Una plataforma nacida vía WhatsApp y denominada ‘No al CETI’ cuenta ya con 824 miembros. Desde el grupo, los componentes organizan nuevas concentraciones, redactan textos que plasman en octavillas para luego pegarlas por las paredes de la ciudad y solicitan a la Delegación del Gobierno permisos para manifestarse en la calle.

Sus miembros, de forma cotidiana, graban vídeos en las inmediaciones del Naval. Espían la llegada de autobuses que trasladan a más migrantes al campamento. Temen que esos autobuses vayan luego a ser utilizados por niños, “por si les transmiten enfermedades”. Fotografían a los migrantes caminando en grupo por las calles de Cartagena o haciendo ejercicio en parques o pistas polideportivas públicas. Denuncian cuando se les ve sonreír, o cuando se arreglan para salir a dar un paseo, o cuando hablan por teléfono móvil. Esparcen bulos de peleas, de delitos, de acosos, de agresiones, o de que los chicos alojados –procedentes la gran mayoría de países subsaharianos, según Accem, la ONG encargada del dispositivo– piden dinero en las puertas de los comercios de la ciudad. Relacionan sin pruebas su llegada con un aumento inmediato de la criminalidad. Les señalan por ser jóvenes “en edad militar”.

“Pasean manadas continuamente por Cartagena. Ninguno de ellos ha pasado hambre. Si no, no estarían tan altos y fuertes. Es una invasión. Cuando les den armas, o ellos las consigan, nos podemos olvidar de todo. Nos lo van a quitar todo, porque creen que España es África”, dice en el grupo, mediante un audio, una miembro. Su mensaje se llena rápidamente de reacciones con emoticonos de aplausos, corazones y dianas.

“Queremos dejarles una Cartagena mejor a nuestros hijos. Con esa gentuza aquí no se puede vivir. Hay que sacarla. Vienen a formar brigadas militares para, cuando haya que echarnos, nos traten a machetazos. Es su cultura. Son hordas de salvajes”, replica otra usuaria, también con numerosas reacciones de apoyo.

Otro miembro hace referencia a que los chicos del campamento “tienen que delinquir para comer y cubrir su sexualidad con violaciones”. El siguiente, a que “son nómadas y andan sueltos ilegalmente por Cartagena”. Ante la gravedad de tales mensajes, unos pocos de todos los que se vierten a diario en el chat, desde el Ayuntamiento de Cartagena aseguran que “se trata de conversaciones privadas” sobre las que la alcaldesa “no se va a pronunciar”.

Concentración el 30 de mayo

Algunas de las afirmaciones más reiteradas por los miembros del grupo de WhatsApp son también compartidas por Vox, el partido que ostenta la vicepresidencia del Gobierno de la Región de Murcia. ‘No al CETI’ ha convocado una concentración multitudinaria que tendrá lugar la tarde del jueves 30 de mayo en la plaza de España de la ciudad portuaria bajo el lema ‘Defiende Cartagena’. A ella acudirán varios representantes del partido ultraderechista. El cartel está decorado con un casco de soldado espartano, como simbolizando una guerra. Las connotaciones xenófobas rezuman por los cuatro costados.

Los últimos dos miércoles, la plataforma ha organizado mesas informativas en lugares céntricos y concurridos de Cartagena para repartir información y atraer así nuevos simpatizantes de cara a la concentración.

A la primera mesa informativa acudió el vicepresidente regional, José Ángel Antelo (Vox). Allí habló de su postura “en contra de la inmigración ilegal”. La detalló. “Quieren traernos a 10.000 ilegales. Sería un drama. Es normal que los vecinos estén muy preocupados. También por las informaciones que llegan desde el Hospital Naval, las peleas, los incidentes”, explicó el líder ultraderechista, entrelazando, otra vez sin pruebas, inmigración y delincuencia.

Desde Accem desmienten que haya habido incidente alguno desde la apertura del dispositivo humanitario. Pero eso es algo que Paco, Fran, María y Ana (nombres cambiados), cuatro de los vecinos voluntarios que se encargan de organizar las mesas informativas de la plataforma, no se creen.

“A los 90 días, los inmigrantes alojados tienen que salir del centro para que entren otros. Eso supone una situación muy grave para Cartagena, porque no conoces nada de ellos, ni siquiera sus antecedentes”, dice Paco. Fuentes de Accem afirman a este periódico que tres meses “es, de media, el tiempo que tardan las personas en buscar una red familiar o de amistades en España o en otros lugares de Europa”. “En el campamento se les ofrece un refugio para que busquen dónde pueden ir para tener apoyo de su gente, para que completen su proceso migratorio, y se les ayuda a llegar allí”, explican.

“Acabará pasando lo que sucede en Europa”

“Estamos hablando de 10.000 personas al año que pasan por el campamento, con alojamiento y comida, y que luego van a la calle”, subraya Fran, repitiendo los números esgrimidos por Vox. No obstante, las cifras que manejan en Accem sitúan en 2.000 el número de personas que se han alojado en el dispositivo de Cartagena desde que se habilitó. Actualmente, señalan desde la ONG, hay 752 residentes. 

Fran se remite a la imagen que esta situación, bajo su punto de vista, puede dar en la ciudad. “Cartagena es un destino turístico. Imagínate que te bajas de un crucero y la calle Mayor está llena de grupos de inmigrantes sin casa ni alimento. Si ves que hay gente mendigando, trapicheando y delinquiendo, es muy perjudicial”, afirma.

El Ayuntamiento de Cartagena, dentro de su servicio de personas sin hogar y transeúntes, se encarga de hacer un conteo de la gente que se encuentra pidiendo o durmiendo a la intemperie en la ciudad portuaria. Si localizan a una persona que pertenece a alguno de los programas de Accem, el Consistorio les avisa con inmediatez. Desde la ONG no han recibido, hasta el momento, afirman, ningún aviso.

Los cuatro voluntarios de la mesa coinciden en el “miedo” que les supone la convivencia con aquellos que requieren ayuda humanitaria. “Ayer había una chica paseando por Tentegorra –el barrio en el que está ubicado el Hospital Naval–, sola, y detrás había un grupo de 10 ó 12 inmigrantes. Es su cultura, son chicas en edad de casarse, de tener hijos. Es cosa normal para ellos”, explica a este respecto María. “Yo tengo muchos conocidos”, la interrumpe Fran, “que han dejado de ir a esa zona porque les da miedo”. “No estás cómodo cuando ves a 15 o 20 por ahí”, manifiesta.

“Cartagena está en riesgo, y no nos damos cuenta”, expresa Ana. “Aquí acabará pasando lo que sucede en Europa, con todas esas revueltas de inmigrantes”. “Tenemos que luchar toda la ciudadanía de forma general. Pero vivimos en una sociedad muy desinformada y blanda”, concluye Fran, parando a la gente que mira extrañada hacia la mesa, entregándoles octavillas con textos alarmantes que resumen una perspectiva xenófoba y racista que va ganando adeptos.

En palabras de la alcaldesa Arroyo, la “obligación” de la ciudad “es frenar cualquier actuación que pueda derivar en que ese campamento se convierta en algo permanente, en un CETI” –Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes–. Pero desde el Ministerio de Inclusión han confirmado que “no hay absolutamente nada más sobre la mesa a día de hoy”, en relación a ese mantenimiento indefinido del centro en Cartagena que denuncia el Ayuntamiento.

En la reunión con los vecinos el pasado martes, delante también de concejales de PP, Vox y MC, Arroyo se dirigió a los primeros. “Creo que llevan toda la razón. Vamos a emprender con los vecinos, incluyendo la plataforma que se ha creado con este fin, todas las acciones necesarias para que el Gobierno no concentre aquí más recursos. Es insostenible para un municipio como el nuestro”, concluyó.

La puesta en marcha de un centro de acogida de migrantes en Granada ha abierto una disputa entre los municipios afectados por su ubicación y el Gobierno central. Los ayuntamientos de Armilla y Alhendín, gobernados por PSOE y PP respectivamente, se oponen a la construcción de estas instalaciones, impulsadas por el Ministerio de Defensa junto a una base aérea. Los municipios alegan razones urbanísticas y argumentan que el suelo elegido no cumple con las características legales, mientras la Subdelegación del Gobierno asegura que no hay una decisión tomada y que la operación está “en estudio”.

El caso se ha precipitado en las últimas horas después de que Alhendín, la localidad en la que Defensa instalaría este centro, se haya opuesto a través de un pleno extraordinario a la construcción de un centro con capacidad para albergar a 1.200 personas, especialmente pensado para solicitantes de asilo y protección internacional, al preverse en un suelo que no es urbanizable al estar calificado como rústico no urbanizable.

Este jueves el pleno del Ayuntamiento de Alhendín (Granada) ha aprobado, con el apoyo del gobierno local del PP, que tiene mayoría absoluta, y del grupo municipal de Vox, paralizar cualquier intervención en los terrenos del término municipal incluidos en la Base Aérea. El PSOE se ha abstenido en la votación. La comunicación de las obras, a la que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía y que han sido adjudicadas a la empresa Tragsa, con una inversión prevista de 21,9 millones de euros, fue remitida al Ayuntamiento, gobernado por el PP, el pasado día 2 de abril con carácter de emergencia con el fin de habilitar un espacio que pueda acoger a migrantes “llegados a las costas españolas” y atender “sus necesidades básicas”.

El centro se levantaría junto a la Base Aérea de Armilla, que depende del Ministerio de Defensa, pero está en suelo municipal de Alhendín, localidad colindante. De ahí que tanto el Ayuntamiento de Armilla como el de Alhendín se hayan opuesto. En ambos casos señalan razones urbanísticas de planeamiento para oponerse, pero la legislación al respecto les deja poco margen. Según fuentes jurídicas consultadas, al tratarse de obras de emergencia impulsadas por el Gobierno central, la normativa local de un municipio no puede impedirlas.

Una trama de más de 27 millones de euros

Sin embargo, se da la circunstancia de que Alhendín, cuyo alcalde es el presidente del PP de Granada, Francisco Rodríguez, afronta una investigación judicial por una presunta trama de corrupción urbanística que tuvo su origen hace casi 20 años. La misma es conocida como 'Caso Marchelo' y afecta al tío de Rodríguez, el exalcalde José Guerrero, porque los posibles hechos delictivos ocurrieron bajo su mandato, a principios de los años 2000. El exregidor, el exconcejal de Urbanismo, algunos técnicos municipales y varios empresarios, en total 16 personas, están acusadas desde 2007 en una trama que, según estimó el propio Ayuntamiento de Alhendín en 2018, podría haber supuesto una pérdida de más de 27 millones de euros para las arcas locales.

La paradoja es que, entre las piezas en las que está dividida la causa, que se prevé que este año celebre su juicio tras casi dos décadas de instrucción, hay una que se relaciona precisamente con la Base Aérea de Armilla. Junto a ella, en una zona que estaba dedicada a servidumbre aérea –para que los aviones puedan despegar y aterrizar con seguridad– se permitió la construcción de mil viviendas, sin tener en cuenta que este hecho lo impedía. Tras varios años de pleitos y negociaciones entre Alhendín y el Gobierno central, los inmuebles acabaron construyéndose y la servidumbre se amplió para evitar mayores perjuicios económicos tanto al Consistorio como a las personas que ya habían adquirido sus casas, algunas de protección oficial.

Cuando el entonces alcalde fue imputado por el juzgado, dimitió de su cargo en marzo de 2007, y Francisco Rodríguez, que en aquel momento era concejal de Juventud, se convirtió en el sustituto de su propio tío y se hizo con la Alcaldía hasta las elecciones de mayo. Aunque perdió los comicios ante el PSOE de Miguel Ángel Gamarra en 2011, volvió a hacerse con un consistorio que aún mantiene hasta el punto de que la ha servido para ser presidente del Partido Popular de Granada y, desde mayo de 2023, presidente de la Diputación provincial.

El pleno “más importante de la democracia”

Ahora, en plena polémica por la instalación del centro de migrantes y a la espera de que se celebre el juicio por el Caso Marchelo, Rodríguez ha protagonizado este miércoles un pleno que ha calificado como “el más importante de la democracia” para la localidad de Alhendín para oponerse a las futuras instalaciones. Desde el Ayuntamiento alegan que el suelo en el que se quiere construir, conocido como Colonia de Damián, carece de los requisitos necesarios para ser urbanizado.

Al respecto, el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, pese a que existe una comunicación de inicio de las obras a Alhendín, matiza en todo caso que la construcción de la instalación está en estudio y que existen varias ubicaciones posibles, remarcando que se trata de un asunto que “está por encima” de la política. “Obviamente, cuando se instale en alguno de estos terrenos será después de haber hecho todos los estudios previos, no solo de carácter técnico, sino también de carácter jurídico”. Montilla recuerda que este centro es “absolutamente necesario” porque se trata de una cuestión “humanitaria” y que “las personas no pueden esperar meses”, al tiempo que apela al “diálogo” no sólo con el Ayuntamiento de Alhendín sino con el de Armilla.

Su alcaldesa, la socialista Loli Cañavate defiende que es un municipio “solidario” pero puede “saturar y a colapsar todos los servicios públicos” dadas las características de los municipios del entorno. En una atención a los medios este jueves, de la que informa Europa Press, ha dicho que “el centro que se pretende por el Gobierno de España” se entiende desde su ayuntamiento que no tiene una “ubicación idónea” en tanto en el “entorno en que se pretende ubicar”, por las “características de los municipios” que lo componen y por el “volumen que se pretende en esa acogida, que vendría a saturar y a colapsar todos los servicios públicos”, resaltando los contactos que ha mantenido con el Gobierno desde que tuviera conocimiento del proyecto, “valorando toda la problemática”, ante lo que ha señalado que se estudian por parte del Ejecutivo central “posibles ubicaciones alternativas.

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía ha presentado este lunes en Sevilla el Informe ‘Derechos Humanos en la Frontera Sur 2024. CIEs: espacios sin derechos para migrantes’ con el que denuncia los Centros de Internamiento de Extranjeros e insta al Ministerio de Interior a establecer que la expulsión no sea el objetivo principal de las políticas migratorias. 

El estudio no se limita a abordar la problemática de los CIE, donde “se vulneran derechos humanos” recogidos en la propia Constitución mediante la privación de la libertad, sino que abarca la situación que viven las personas migrantes en otros centros de retención como los CATE o los CETI, y también reconoce el trato vejatorio a otros colectivos vulnerables como mujeres y niños.

Tal y como justifica el coordinador general de la asociación, Diego Boza, este 2024 se cumplen 20 años de la apertura del primer CIE en Andalucía, en Algeciras, y será el año en que se finalice y se ponga en funcionamiento el nuevo CIE de Algeciras, uno de los más grandes de Europa. En la elaboración del informe han colaborado militantes de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Algeciras Acoge, Coordinadora CIEs NO Cádiz, Convivir Sin Racismo, Mundo en Movimiento, Iridia, Tanquem Els CIEs, Coordinadora CIEs NO Valencia, Solidary Wheels y Asociación Elín, así como otros activistas que participan en el Informe de a título personal.

Ana Rosado, coordinadora del informe, ha señalado que aunque está prohibido internar a menores de edad en los CIE, “el propio Ministerio del Interior tuvo que reconocer que en 2018 había detenido en centros de internamiento al menos a 89 niños y niñas, lo que supone una gravísima vulneración de sus derechos”.

Institucionalización de la “vulneración de derechos humanos”

Rosado ha subrayado también que “en 2006 un grupo de mujeres internadas en el CIE de Málaga, hoy ya cerrado, denunció como habían sido obligadas a participar en fiestas sexuales por parte de los agentes de policía que las custodiaban y habían de velar por sus derechos”. Rosado también ha relatado el caso de Olga, una mujer de nacionalidad rusa que fue violada a punta de pistola y a quien, tras la negativa de la Guardia Civil a registrar su denuncia por considerar que mentía, se la internó en un CIE. No obstante, para Rosado el ejemplo más claro de vulneración de los derechos humanos son las numerosas “muertes evitables” que se han producido en dichos centros, siendo los casos de Samba Martine e Idrissa Diallo los “más significativos y los que más movilizaron a la opinión pública”.

“Ineficacia” de las políticas migratorias españolas

Tal y como ha afirmado Diego Boza, “los CIE son a día de hoy una medida ineficaz” porque “no cumplen con el objetivo para el que supuestamente fueron creados y que no era otro que impulsar la deportación de personas migrantes en situación administrativa irregular”.  “Más del 50% de las 83.133 personas que han sido detenidas forzosamente en los CIE desde 2011 no fueron deportadas” y “en 2016 y en 2017 solo se expulsó, respectivamente, a un 29% y a un 34% de las personas detenidas”, ha señalado Boza. Por tanto, explica el coordinador que “los CIE están cumpliendo en la actualidad un doble objetivo simbólico: son, por una parte, un elemento de intimidación para la población migrante y, por otro, trasladan un mensaje de criminalización segregadora hacia la opinión pública”

Por esa razón Rosado, responsable del área de migraciones y coordinadora del informe, ha coincidido con Boza en que el Gobierno “debería de plantear nuevas alternativas más efectivas” que incluyan vías legales y seguras para que los migrantes vengan adecuadamente “sin poner en peligro sus vidas”. Paralelamente, plantean medidas para que en el caso de efectuarse dicha deportación se haga sin internamiento y “en condiciones digas” como pueden ser “las pulseras de localización o exigir que la persona se presente ante las autoridades correspondientes cada 15 días”. De esta forma, Rosado ha criticado las políticas españolas y europeas de migración “por no establecer un sistema de acogida” al considerar el criterio del sistema de deportación “arbitrario” por no establecer bases claras.

Esta vigesimosegunda edición del informe ‘Derechos Humanos en la Frontera Sur’, que se lleva publicando desde el año 2003, consta de dos apartados centrales: un análisis migratorio del año 2024 y un análisis multidisciplinar interactivo de los Centros de Internamiento de Extranjeros.

2.789 muertes y desapariciones en el año 2023

Boza ha dedicado un reconocimiento a las “2.789 personas que perdieron la vida en el año 2023 intentando llegar a España a través de Frontera Sur”, de las cuales solo “se han encontrado el cadáver de 473”. En este sentido, tal y como muestran los datos, la firma de los acuerdos con Marruecos para la externalización del control de fronteras ha supuesto la consolidación de la ruta canaria como la ruta más utilizada para intentar acceder a las costas españolas. Dicha ruta, por la cantidad de kilómetros que implica en pleno océano, ha supuesto un importante aumento de la peligrosidad y mortalidad, de tal forma que en los últimos 5 años se acumula un 59% del total de 16.898 víctimas mortales registradas en la frontera sur desde 1988. 

Análogamente, Boza ha especificado que se han concedido más de 60000 protecciones subsidiarias a personas de origen venezolano que llegan por avión, ante lo que ha planteado la cuestión de “por qué unas vidas se salvan y otras no”.

En los últimos años la ciudad de Ceuta ha sido protagonista de importantes sucesos migratorios y la llegada y posterior estancia de menores sin la compañía de un referente adulto, la mayoría marroquíes, ha acaparado gran parte de la atención de la sociedad y de los medios de comunicación. El estigma social y los prejuicios acompañan a estos niños y niñas durante buena parte de su estancia en nuestra ciudad y, muchas veces, se intensifica cuando se hacen adolescentes, lo que dificulta aún más su proceso de inclusión. 

Cuando estos jóvenes cumplen los 18 años quedan automáticamente fuera del sistema de protección de la infancia y pasan a ser jóvenes extutelados, debiendo hacer frente en ese momento a una emancipación demasiado temprana rodeada de incertidumbres y dificultades. Si ya de por sí la juventud se enfrenta a grandes obstáculos para poder independizarse, los y las jóvenes extutelados se ven obligados a hacerlo a los 18 años sin contar con redes de apoyo sólidas que los acompañen en ese proceso. 

Problemas que dificultan su emancipación y su inclusión social

Por un lado, para los y las jóvenes que se encuentran en situación administrativa regular, a pesar de que la reciente modificación del Reglamento de Extranjería ha supuesto una mejora importante para la juventud ex tutelada, ésta deja sin resolver algunas cuestiones que desde la Delegación de Ceuta de Andalucía Acoge se acompañan ofreciendo asesoramiento jurídico y también, actuando a través de las distintas vías jurídicas y de incidencia para intentar que la Administración no se aparte bajo ningún concepto de los criterios estrictamente legales y reglamentarios a la hora de acompañar administrativamente a estos jóvenes.

La escasez de recursos para la emancipación impide su inclusión interrumpiendo el acompañamiento que se les brindaba cuando estaban bajo el sistema de protección de la infancia

La situación empeora para aquéllos y aquéllas que al cumplir los 18 años, devienen en situación administrativa irregular al no haber podido acceder o renovar su permiso de residencia. Para estas personas el margen de movimiento es bastante escaso, ya que en Ceuta existen muy pocos recursos para la emancipación que les permitan solucionar su situación. Las alternativas que se les abren entonces se reducen por un lado, a las pocas posibilidades que tengan de llegar a la península, por otro, de regresar a su país de origen y por último, muchos de ellos no tienen otra opción que realizar este viaje a la península de manera clandestina.

Compromisos y garantías para una exitosa emancipación

Desde la delegación en Ceuta de Andalucía Acoge se tiene claro que esta escasez de recursos para la emancipación impide su inclusión interrumpiendo el acompañamiento que se les brindaba cuando estaban bajo el sistema de protección de la infancia. Por tanto, es de vital importancia que las instituciones públicas muestren un firme compromiso para garantizarles un exitoso proceso de emancipación.

A finales del año pasado se acogieron otros 221 menores en la misma situación y en 2024 ya son más de 100 las personas menores que han llegado a Ceuta rebasando la capacidad del sistema existente

Y para ello es fundamental promover y fomentar medidas que sirvan para mejorar su salida del sistema de protección, flexibilizando la edad de su salida, potenciar los recursos de formación y de inclusión laboral, siendo adaptados a la situación actual del mercado laboral. Sin olvidar, también, la importancia de fomentar y garantizar la atención individual de estos y estas jóvenes durante su proceso de emancipación, con la elaboración de planes de intervención individualizados y, por supuesto, ofrecer mayores recursos habitacionales, ampliando las plazas de los pisos de emancipación, para que ningún o ninguna joven lleguen a estar sin un hogar.

La situación de los menores en Ceuta

Por último, merece la pena detenerse en realizar un breve recorrido sobre algunos datos estratégicos acerca de la llegada de menores y adolescentes sin referentes familiares a Ceuta. En este sentido, especialmente dura y complicada fue la crisis vivida en Ceuta en mayo de 2021 cuando, según los datos ofrecidos por la Delegación de Gobierno de Ceuta, entraron más de un millar de menores de edad sin la compañía de un referente adulto. A finales del año pasado se acogieron otros 221 menores en la misma situación y en 2024 ya son más de 100 las personas menores que han llegado a Ceuta rebasando la capacidad del sistema existente. Es clave que la administración se aplique en ofrecer una garantía en la protección de sus derechos, así como una adecuada gestión y reparto de recursos y desde aquí insistimos en la importancia de hacerlo.

Fue una de aquellas 8.000 personas que alcanzaron Ceuta a nado en mayo de 2021. Ya con su cáncer a cuestas desde 2017, buscaba algún tratamiento oncológico en España después de que en Marruecos no encontraran alternativas satisfactorias a su enfermedad. Tras un breve paso por el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes y las naves del Tarajal de Cruz Roja, llegó derivado a Sevilla en octubre de hace dos años como solicitante de protección internacional, la cual le acaban de denegar, así como la protección subsidiaria. Accem, que le ha venido acompañando todo este tiempo con una “atención integral”, le busca ahora algún recurso de acogida que se adapte a sus particulares circunstancias mientras avanza la enfermedad, de la que viene siendo tratado en el área oncológica del Hospital Virgen del Rocío, y su situación es ahora irregular desde el punto de vista administrativo.

“Necesito ayuda, por favor”, reclama en un breve contacto con SevillaelDiario.es. Sigue viviendo en un denominado 'piso de autonomía', compartido con otras cuatro personas inmigrantes, pero la resolución de la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior ha sentado como un jarro de agua fría tras año y medio con el expediente abierto de petición de asilo. Le habían concedido una prórroga hasta octubre pero este junio se le ha comunicado que no cumple los requisitos para seguir en el programa del que era beneficiario a través de Accem.

La organización ha activado la red colaborativa entre entidades públicas y privadas para la búsqueda de un centro de acogida donde se le pueda atender, también desde el punto de vista sociosanitario. Tiene concedida una ayuda al alquiler pero “no encuentra una habitación”, explican desde la ONG. Su problema es habitacional pero el avanzado estado de su enfermedad complica poder encontrar un recurso en ese sentido porque se trata de “un perfil muy vulnerable”. Gracias a Accem, sus necesidades básicas están cubiertas pese a que ya no se encuentra dentro del programa concertado con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

“Nunca hemos tenido un caso tan duro”

Una técnica en Accem apunta que nunca han tenido “un caso tan duro” como el de este joven, de 30 años. La denegación de asilo podría entrar jurídicamente dentro de lo previsible teniendo en cuenta que cuando llegó a España ya presentaba la enfermedad, si bien confiaban en que su delicado estado de salud pudiera abrir alguna puerta para conseguir la protección internacional, señalan las fuentes de Accem, que destacan la “empatía” con el caso del joven y el “trabajo diario” de acompañamiento, tanto a sus continuas citas médicas en el hospital o en el centro de salud.

En estos casi dos años en España ha ido alternando ciclos de quimioterapia e ingresos hospitalarios, teniendo en cuenta que su salud le ha impedido acceder a otros recursos para los que físicamente no se encontraba capacitado, más allá de las clases de español. “Colaborativo en todo momento” en su itinerario formativo y de inserción, y afrontando con fuerza su enfermedad, el joven se encuentra ahora en una “situación complicada” en busca de un dispositivo de acogida después de que no se le hayan tenido en cuenta las razones humanitarias que había alegado mientras fue renovando puntualmente su solicitud de protección internacional.

Quimio y dos trasplantes de médula

También se le pidió sin éxito el traslado a un centro específico de atención integral, si bien pudo disponer de ayuda a domicilio y de un equipo técnico de apoyo durante varios meses entre 2022 y 2023. Tres ciclos de quimioterapia y dos trasplantes de médula el año pasado, también con la Covid de por medio y con notables efectos secundarios, no han podido frenar el avanzado cáncer que padece y para el que recibe en los últimos días una quimioterapia paliativa.

Ahora Accem sigue trabajando desde el punto de vista social “tocando todas las puertas posibles” y trata de solventar el vacío administrativo en el que ha quedado. En ese sentido, la organización ha pedido recientemente que se tengan en cuenta razones humanitarias para poder acceder a una documentación básica. El Ministerio de Inclusión, mientras tanto, tiene la “plaza bloqueada” a la espera de que otras personas pueda acceder al recurso que venía teniendo el joven marroquí.

Fuentes de ambos ministerios eluden pronunciarse sobre casos personales o circunstancias individuales. Desde Interior indican que “la Oficina de Asilo y Refugio realiza un estudio individualizado de cada petición y resuelve cada expediente atendiendo a la legislación sobre protección internacional”.

Con solo 15 años, Sani Ladan dejó Camerún con la idea de acceder a una formación académica que le permitiese llegar a ser periodista como su hermano mayor. Hacerlo en su país era difícil y decidió intentarlo en Nigeria, donde parecía haber más posibilidades. Por supuesto, no le dijo nada a su familia porque sabía que se lo iban a prohibir. El plan era conseguir llegar a su destino, matricularse en algún centro de estudios y después, llamar a sus padres para tranquilizarlos tras su desaparición. No volvió a hablar con ellos hasta que pasaron dos años, cuando les llamó desde el Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes de Ceuta en el que había terminado después de una travesía llena de penurias y peligros. Ahora, más de una década después de aquella conversación telefónica, publica esas vivencias en el libro La luna está en Duala: Y mi destino en el conocimiento (Plaza & Janés), un testimonio en primera persona de la realidad de muchos de los africanos que emigran a Europa.

El camino de Ladan comenzó en Camerún y le llevó por Nigeria, Níger, Argelia y Marruecos hasta pisar territorio español. Durante ese periplo le robaron todas sus pertenencias, trabajó en el campo y la construcción, viajó de manera ilegal en trenes y furgonetas, vivió un ataque de Boko Haram, atravesó el desierto del Sahara sin comida ni agua y casi muere ahogado en la playa ceutí de El Tarajal. Después de un año en el CETI de dicha ciudad y dos meses infernales en el Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de Tarifa –que se cerró definitivamente en 2020 después de años de denuncias– llegó a Córdoba, donde por fin la vida le dio un respiro. Allí conoció a dos familias que lo acogieron en sus casas y que, junto a otras personas, le ayudaron a conseguir su objetivo: el 19 de junio de 2021 se graduó en Relaciones Internacionales por la Universidad de Loyola de Andalucía.

La idea del libro se le ocurrió mientras estaba en el CIE que, según dice a elDiario.es: “Es el sitio en el que peor lo he pasado desde que estoy en España”. Su intención era contar todas las cosas que le habían pasado para poder consultarlas si la memoria le fallaba con el paso del tiempo. En un primer momento no lo consideró algo que fuese a llegar a las librerías, pero cuando ya llevaba muchas páginas escritas un editor londinense le propuso publicarlo. Sin embargo, después de visitar Córdoba y llevarse el manuscrito en un pendrive, el inglés desapareció para siempre.

Fue más o menos lo mismo que le ocurrió con un escritor mexicano que también le instó a mostrar al público sus memorias. “Le envié el documento, estuvimos trabajando sobre él y un día me escribió para decirme que cruzando la frontera de Tijuana le habían quitado el ordenador. No volví a saber nada de él”, comenta el autor. Por si fuera poco, Ladan continuó trabajando en su escritura pero tiempo después, cuando estaba estudiando en el Líbano, su ordenador se estropeó y esa nueva versión de sus memorias también desapareció.

“Ha costado mucho que salga el libro. El día que entregué el manuscrito sentí vértigo por compartir todo esto que cuento, porque me sentía completamente desnudo, pero por otra parte me dije que yo ya había hecho mi parte y ahora le tocaba a la gente hacer la suya”, comenta. Para Ladan, rememorar todo lo que le ocurrió fue una experiencia agridulce, pero la necesidad de registrar los recuerdos superó todo los obstáculos. “Me di cuenta de que sí había libros sobre migración, pero parece que nadie relaciona lo que vivimos con una causa, con algo que tiene que ver con el desorden mundial como yo lo llamo”, afirma. El relato de su experiencia en primera persona le ha servido como herramienta para contar el porqué y qué parte de responsabilidad tienen los gobiernos y la sociedad que vive de espaldas a este tema.

Un problema estructural

Cuando Sani Ladan salió del CIE tras dos meses de encierro, una ONG (no especifica cuál), le trasladó a los campos de Almería junto a otros migrantes para que buscase trabajo en los invernaderos. Cada mañana debían levantarse al alba para ir a la rotonda donde los capataces escogen a los jornaleros. El plazo máximo de estancia era de tres meses, tras los cuales debería de buscarse la vida en otro sitio con el poco dinero que consiguiese ahorrar con un sueldo de miseria. El director de la organización se rio de él cuando le dijo que su propósito era estudiar y no trabajar en la agricultura.

“La estructura del sistema en España entiende que hay ciertos lugares en los que los migrantes tienen que estar y las ONG no son ajenas, forman parte de ese sistema”, explica el escritor. “Los pisos que tienen para migrantes suelen estar en barrios marginales y luego hablan de que quieren que haya una integración de las personas migrantes. No sé cómo se puede integrar o incluir una persona cuando vive muy alejado del centro, que es donde ocurre todo”, comenta. El propio concepto de integración esconde significados que pueden no ser evidentes para quienes lo enarbolan. “Lo que te dice es que dejes lo que traes y abraces lo de aquí y si no, te vas a tu país. Parece que si no te integras es porque no te has esforzado lo suficiente y ahí están eximiendo a la administración y a los políticos de hacer su trabajo para que esa gran mayoría que no accede a estos espacios pueda hacerlo”, defiende.

De los mandatarios no se espera nada, ni siquiera de los pertenecientes a partidos progresistas. Ladan señala que durante los tres últimos años de Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos han tenido lugar sucesos como la tragedia de la valla de Melilla –donde al menos 24 personas murieron intentando entrar a España desde Marruecos– que Ladan define como “el mayor caso de la violación de derechos humanos en la historia de esa frontera”. “Hay un gran sesgo racial en la migración. Al mismo tiempo que estaban gestionando la acogida de los refugiados ucranianos, en junio estaban dando palizas a los migrantes que venían de África, pero parece que aquí no ha pasado nada”, sostiene.

También recuerda que la primera decisión en materia de política migratoria que tomó el Gobierno de Pedro Sánchez fue la acogida del barco Aquarius, que transportaba a casi 700 personas rescatadas en el Mediterráneo y que ningún otro país europeo aceptaba. “Desde ese momento, la misma sociedad dijo que nunca más. Esto no lo digo para quitarle responsabilidad a los gobernantes, pero sí para que la gente vea que dan respuesta a lo que les pide la ciudadanía”.

El futuro está en el sur

El escritor se considera un eterno optimista y sí cree que la sociedad acabará reaccionando, pero también opina que el propio continente africano también tiene que intervenir. “A partir del momento en el que África diga ‘basta ya’ a la relación asimétrica que tiene con Europa y frene la salida de sus recursos naturales tanto la sociedad europea como los políticos se pondrán las pilas”. De hecho, considera que ya está comenzando a suceder porque otras potencias mundiales como China o Rusia se están acercando a los gobiernos africanos, y Europa “no tendrá más remedio que aplicar políticas aunque sea a partir del principio de reciprocidad”, afirma.

Actualmente, Sani Ladan es educador social, formador intercultural y presidente de la fundación Elín, en Ceuta (donde él mismo estudió español al llegar a la ciudad), da conferencias en universidades y organizaciones sobre migraciones y geopolítica de África y colabora con la cadena de televisión France 24 en español. Asimismo, es muy activo en redes sociales como Instagram, donde tiene más de 18.000 seguidores, que utiliza como herramienta de divulgación de sus conocimientos. Su experiencia en estas plataformas tiene mucho de positivo pero también ha experimentado su reverso amargo. “Para mí, Twitter es la red social más hostil y a veces tengo que desactivarla por mi propia salud emocional porque no puedo con tanta violencia”, comenta. “En Instagram empieza a verse lo mismo y es preocupante, pero no por ello vamos a ceder ese espacio. Las redes sociales han venido a democratizar el espacio de comunicación aunque sea un espacio muy hostil a veces”, comenta.

Todos sus planes vitales y laborales están orientados a África. Por el momento está centrado en el recorrido del libro, en otros proyectos que aún se están gestando y en su podcast África en un click –“una herramienta académica y didáctica”, dice– al que está dando un empujón para cambiar las narrativas y la mirada que se tiene del continente. Algo que sí tiene muy claro es que volverá a su tierra de origen dentro de unos años: “En un futuro me veo en África porque hay muchas cosas que hacer allí y también porque estoy convencido de que el futuro del planeta se jugará en el continente africano y no quiero llegar tarde a eso”.

Diversos brotes de sarna se están dando en residencias de ancianos y en colegios y guarderías, un problema que muestra un aumento significativo respecto a las últimas décadas, tal como pone de manifiesto un trabajo llevado a cabo por investigadores del Instituto de Salud Carlos III.

La razón de este pico puede explicarse por el propio comportamiento de esta plaga, provocada por el ácaro microscópico Saprcoptes scabiei, que escarba la piel produciendo galerías y madrigueras.

Se trata de un parásito humano que tan solo se transmite por contacto directo piel a piel entre humanos, o bien por contacto con ropa de una persona infectada, así como por compartir sábanas con dicha persona.

De este modo, se precisan aglomeraciones de personas, que no solo estén juntas sino que también se toquen, para que se extienda un brote entre un colectivo. En consecuencia, tanto los niños, que se tocan continuamente, como los ancianos, para los cuales los celadores pueden hacer de vector de contagio, son colectivos de riesgo alto. También lo son hospitales, cárceles y centros de internamiento de personas migrantes.

Según la OMS, existen en el mundo, en cualquier momento que se calcule, 200 millones de personas atacadas por este ácaro, especialmente en países pobres y tropicales. No obstante, tal como pone en relevancia la Academia Española de Dermatología, no se trata de una enfermedad de pobres.

Según este organismo, es un problema que afecta a cualquier clase social y económica, porque el patrón de contagio no es la higiene sino el contacto con la piel o la ropa de una persona infectada. Es por ello que se la considera también un contacto sexual y recibe el nombre médico de Escabiosis.

Síntomas de la sarna

Explica la página de salud del Estado de Nueva York que los síntomas comienzan a notarse a partir de las dos primeras semanas tras el contagio, lo que deja mucho margen a la expansión del brote en los colectivos antes citados, y pueden demorarse hasta siete semanas en aparecer.

Si la persona ha sufrido previamente un ataque de sarna, como esta enfermedad tiene un componente reactivo alérgico, sufrirá los síntomas más visibles a los pocos días debido a la respuesta del sistema inmunológico.

Al contrario de lo que se piensa, al principio no se trata de síntomas visibles, sino que se expresan en un intenso picor nocturno en axilas, brazos, piernas, torso y genitales, que nos lleva a rascarnos con intensidad.

Es a partir de varias noches de picores cuando aparecen las erupciones en muñecas, nalgas, genitales, pezones y zonas tapadas como el cinturón del pantalón. Si no se aplica tratamiento, estás erupciones pueden empeorar.

No obstante deben ser determinadas por un dermatólogo para descartar cualquier otra enfermedad dermatológica, explica el dermatólogo Josep Herrero en su página web.

¿Cómo curarse de la sarna?

Según la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), la sarna se cura con diversas pomadas, siendo la más común la permetrina al 5%, un tipo de pesticida que se utiliza frecuentemente en la agricultura. 

El doctor Herrero señala en su página que conviene untarse completamente de esta pomada, solo excluyendo los ojos, la nariz y la boca, así como el cuero cabelludo, salvo en niños. El tratamiento debe hacerse dos ves por semana antes de acostarnos y no deben deben excluirse ni uñas ni membranas interdigitales.

Este tratamiento se aplicará tanto a las persona infectada como a las que convivan con ella, pero no a animales, ya que la sarna humana ni les afecta ni pueden transmitirla.

La permetrina puede acompañarse puede acompañarse de antihistamínicos orales o corticoides si los primeros no surten efecto. En el caso de embarazadas, aunque la permetrina se muestra segura según el dermatólogo, la SEMI cita el azufre con vaselina, igual de efectivo pero con muy mal olor.

FInalmente, el benzoato de bencilo es otra sustancia que se usa para destruir al ácaro; de venta en farmacias en forma de loción, se aplica en la piel afectada por la noche y también es eficaz contra los piojos.

¿Qué hacer con la ropa y las sábanas?

Por otro lado la SEMi explica que la ropa debe lavarse a 60 ºC o más, pero solo aquella que nos hemos puesto recientemente excluyendo la que hace siete días que no nos hayamos puesto. Y lo mismo haremos con las sábanas.

Si en algún caso el textil no puede tratarse con agua caliente, se meterá en un bolsa de plástico bien cerrada una semana. El doctor Herrero asegura que cualquier parásito que no pueda alimentarse de piel humana durante más de tres días morirá.

Por lo tanto, no debemos temer por la cercanía con nuestro perro o nuestro gato. Ahora bien, en el caso de comprar ropa de segunda mano, la lavaremos por precaución en agua caliente o la aislaremos en bolsas de plástico durante una semana.

Adicionalmente, el catedrático y jefe de Servicio de Dermatología del Hospital Universitario 12 de Octubre, Pablo Ortiz Romero, explica en este hilo de Twitter que para asegurar el éxito del exterminio podemos guardar las bolsas en el congelador por debajo de -18ºC.

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El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce (PP), ha enviado al Gobierno central la carta en la que argumenta con detalle el rechazo social que ha generado en la ciudad la noticia de la posible apertura de un centro de estancia temporal de inmigrantes (CETI) en la ciudad, donde ha señalado que la posible apertura del centro “sería retroceder más de diez años en el trabajo social que se ha venido desarrollando en la ciudad de Algeciras”. El PSOE de Algeciras, por su parte, ha trasladado al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones su convencimiento de que la ciudad “no sería la más idónea para acoger” el proyecto, que está actualmente en fase de consultas a los ayuntamientos.

En la misiva remitida por el alcalde a la Subdirección General de Emergencias y Centros de Migraciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el primer edil algecireño ha indicado que “la población de la zona donde esta ubicada la parcela en la que se pretende construir un CETI cuenta con un porcentaje del 20 por ciento de vecinos migrantes”, tal y como ha informado el Ayuntamiento de Algeciras en una nota.

Así, Landaluce ha manifestado que “en dicha zona de la ciudad ya existe una gran saturación de nacionalidades que, hasta la fecha conviven en armonía, a la que se le sumaría una población inmigrante flotante en una situación grave de exclusión social”.

El alcalde ha señalado que “establecer un centro de estas características sería tirar por tierra todo el esfuerzo y dinero invertido por parte de todas las administraciones, entidades y la ciudadanía en general, para conseguir que el Plan Local elaborado a través de la Estrategia Regional de Actuación en Zonas desfavorecidas (ERACIS) sea un plan integral y contundente”.

En este sentido, ha destacado que “hay que impedir que la zona sur vuelva a depreciarse, máxime cuando en Algeciras existen numerosas entidades que trabajan con la población inmigrante habiendo alcanzado con un gran compromiso y un nivel de convivencia óptimo, que puede verse afectado por el aumento masivo de esta población”.

Problemas urbanísticos

Desde el punto de vista urbanístico, Landaluce ha hecho referencia al informe técnico que indica que la implantación de un centro de estas características en el antiguo Cuartel de Transmisiones “se considera inviable, de acuerdo con el Plan General de Ordenación Urbanística de Algeciras, al estar supeditado al desarrollo de la unidad de ejecución en la que se encuentran ubicados los terrenos”.

Por ello, ha defendido que “en estos momentos no resulta posible, y en cualquier caso se trataría de un proceso de gestión urbanística sumamente largo y complejo que dependería, no solo de la voluntad de este Ayuntamiento, sino también de la del resto de propietarios de dicha unidad de ejecución”.

Tras aclarar que el Consistorio algecireño “ni cuenta con una parcela alternativa, ni considera adecuada la apertura de un CETI”, la primera autoridad municipal ha enumerado las actuaciones que el Ayuntamiento ha realizado teniendo como destinataria a la población migrante“.

Según el Ayuntamiento, estas actuaciones han sido “el caso de la cesión de terrenos para la construcción del CIE más moderno de Europa; la apertura de un polideportivo municipal para dar respuesta a la crisis migratoria de julio de 2018; la puesta en marcha de un centro para personas sin hogar en la Villa Vieja; la colaboración económica con entidades como 'Un barrio de todos'; el Comedor del Padre Cruceyra; AMBAE, Banco de Alimentos, Barrio Vivo, Humanos con Recursos, Fundación Cepaim, CEAR, Fundación Prolibertas, Cáritas Diocesana o Cruz Roja”, entre otras.

Finalmente, Landaluce ha recalcado que “oída la Junta de Gobierno, la Junta de Portavoces municipales, sindicatos y representantes del Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil y Policía Local, así como las principales asociaciones de vecinos y entidades de carácter social de la zona, y el sentir generalizado del ciudadano, determinamos que Algeciras es una ciudad solidaria, tiene corazón, pero sabrán ustedes que es mi obligación como vecino y alcalde de mi municipio buscar la mejor opción para mi ciudad, que no pasa por construir un CETI en Algeciras”.

Por su parte, el PSOE de Algeciras ha trasladado al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones su convencimiento de que la ciudad “no sería la más idónea para acoger, en un futuro próximo, un nuevo Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI)”, recordando que “la ciudad ya ha sido solidaria con el conjunto del país, y que en la época del Gobierno del PP y con la connivencia y autorización del actual alcalde, José Ignacio Landaluce (PP), ya se construyó un edificio de iguales características”.

En un comunicado, el PSOE ha informado de que en el transcurso de una reunión online con la secretaria de Estado de Migraciones, Isabel Castro, la secretaria general del PSOE algecireño y parlamentaria andaluza, Rocío Arrabal, y el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Fran Fernández, han recordado que Algeciras cuenta ya con un significativo volumen de población inmigrante y también con varias instalaciones de similar naturaleza, circunstancias ambas de las que, a día de hoy, “carecen otros municipios que tal vez sí reunirían mejores condiciones para albergar dicho CETI”.

Además, los dirigentes del PSOE de Algeciras se han referido durante el encuentro virtual al “rechazo” que la posibilidad de una nueva instalación de este tipo ha generado ya en gran parte de la ciudadanía, especialmente a raíz de la “innecesaria alarma social” generada en los últimos días por el alcalde y senador del PP, José Ignacio Landaluce.

En este sentido, el PSOE ha criticado que Landaluce “ha politizado un tema tan delicado y complejo como éste de manera torticera, augurando un aumento de la marginalidad, en una zona ya de por sí sensible, e incitando al odio contra los inmigrantes que se encuentran en situación administrativa irregular”.

Durante la reunión online, en la que también han participado otros dirigentes socialistas, entre ellos el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, al PSOE de Algeciras se le ha reiterado que el proyecto del CETI está actualmente en fase de consultas a los ayuntamientos que pudieran estar interesados, y que en ningún caso se había decidido nada aún con respecto a su posible ubicación.

“Tal y como ya afirmamos en la rueda de prensa de esta semana, la carta recibida por el alcalde tan sólo contenía una propuesta, y a esa propuesta cabía decir que no”, ha destacado el partido.

Finalmente, ha añadido que “con los argumentos oportunos y por el conductor institucional reglamentario, y sin necesidad de montar tanto alboroto ni de sembrar el miedo en la población, demonizando a quienes huyen del hambre y la guerra en sus países, en busca de una vida mejor”.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha decidido impedir nuevas entradas de migrantes en el saturado Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla, según han confirmado fuentes del departamento dirigido por José Luis Escrivá a eldiario.es. La ocupación del centro melillense supera el doble de su capacidad desde hace meses a pesar de la epidemia, lo que ha impedido el cumplimiento de las recomendaciones sanitarias.

La Secretaría de Estado de Migraciones ha notificado esta semana al CETI de Melilla su decisión de bloquear nuevas llegadas al centro de acogida. El objetivo es “garantizar las condiciones de acogida de las personas que se encuentren dentro” dado que el espacio “supera su capacidad”, según han confirmado fuentes oficiales de la institución a eldiario.es, que no detallan cuál será el destino de los migrantes en caso de nuevas entradas irregulares a la ciudad autónoma. Según indican, el Ministerio estudiará “caso por caso”.

Este viernes, la misma institución ha enviado a las delegaciones del Gobierno un protocolo que aglutina todas las directrices activadas durante el estado de alarma para adaptar el sistema de acogida a la crisis sanitaria. Entre ellas se incluye la exigencia de mantener distancia de dos metros, la obligatoriedad de repartir mascarillas y gel hidroalcohólico a todos los residentes y la orden de garantizar que los migrantes recién llegados puedan seguir la cuarentena de 14 días impuesta por el Ministerio de Sanidad en las mismas condiciones que el resto de población extranjera.

Todas estas medidas son prácticamente imposibles de cumplir en el CETI de Melilla debido a la situación de hacinamiento que aún vive. En estos momentos, alrededor de 1.441 personas ocupan un espacio creado para albergar a 782. A pesar de las reiteradas exigencias por parte del Defensor del Pueblo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y Amnistía Internacional, Interior no desbloquea los traslados a la península de un número de personas suficiente para descongestionar el centro. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones solicitó hace más de un mes a su homólogo en Interior, Fernando Grande-Marlaska, la aceleración de los traslados de inmigrantes al resto de España, pero la respuesta llega a cuentagotas.

La semana pasada, Interior autorizó el traslado a la Península de un grupo de 138 residentes. La Delegación del Gobierno en Melilla también alivió la alta ocupación del Centro llevando a medio centenar de sus residentes más vulnerables a un hotel de Melilla. La medida, solicitada por la Secretaría de Estado de Migraciones, se produjo después de una pelea desatada en el saturado centro. A pesar de ambas acciones, el centro aún supera su capacidad con creces.

“El CETI de Melilla sigue estando con sobreocupación y hacinamiento por tanto es totalmente imposible pensar que se pueden estar cumpliendo las medidas para evitar cualquier contagio como consecuencia de la COVID-19”, ha advertido recientemente Veronica barroso, portavoz de Amnistía Internacional.

Son las 14 horas y, como cada día, una larga fila de personas se concentra a las puertas del comedor del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes Melilla (CETI) sin respetar la distancia social exigida por el Gobierno. Cuando caminan por el interior de las tiendas de campaña donde duermen cientos de ellos, es difícil evitar tocar las camas de sus compañeros, ubicadas muy cerca unas de otras. Los migrantes acogidos en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla incumplen todos los días las medidas de seguridad impuestas en pandemia, porque durante casi dos meses de estado de alarma el Ejecutivo mantiene a más de 1.600 migrantes en un espacio creado para alojar a 700. 

A pesar de las reiteradas exigencias por parte del Defensor del Pueblo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y Amnistía Internacional, Interior no desbloquea los traslados a la península de un número de personas suficiente para descongestionar el centro. “Está trabajando en ello los ministerios implicados y vamos a ver si somos capaces de solucionarlo en breve”, respondió este viernes el ministro de Sanidad tras ser preguntado sobre la situación de saturación.

La respuesta es la misma desde el inicio del estado de alarma. “Desde la secretaría de Estado de Migraciones continuamos colaborando estrechamente con el ministerio de Interior para agilizar los traslados a península de los residentes”, insisten desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, del que dependen los CETIS. José Luis Escrivá solicitó hace semanas a su homólogo en Interior, Fernando Grande-Marlaska, la aceleración de los traslados de inmigrantes al resto de España, pero la respuesta llega a cuentagotas y resulta escasa para aliviar la sobreocupación del CETI. 

Desde el departamento dirigido por Grande-Marlaska no dan explicaciones oficiales acerca del retraso en la ejecución de los traslados de migrantes desde Melilla a la península. Históricamente, gobiernos de distintos colores han tratado de prolongar la estancia de los migrantes en las ciudades autónomas bajo el supuesto argumento de que permitir una rápida salida hacia el resto de Europa podría conllevar un aumento de las entradas clandestinas a través de este punto. Es el viejo fantasma del “efecto llamada”. 

Del mismo modo que miles de migrantes permanecen durante meses atrapados en las islas griegas, quien accede a España de forma irregular a través de las ciudades autónomas -una ruta menos peligrosa- suelen quedarse durante largos (y arbitrarios) periodos de tiempo atrapados en ellas. Ni una pandemia global desbloquea las arraigadas políticas migratorias en los enclaves españoles. 

Entre las más de 1.600 personas confinadas en el saturado centro, cerca de 400 se encuentran en una situación “especialmente vulnerable”, según ha alertado el Defensor del Pueblo en respuesta a una queja enviada por la ONG Prodein, a la que ha accedido eldiario.es. Francisco Fernández Marugán exige la salida urgente de las mujeres solas, dado que “la situación de sobreocupación no les puede garantizar un entorno libre de violencia sexual y de género”. También realiza una llamada de atención particular sobre los niños y las niñas “a los que no se les puede garantizar unas condiciones mínimas tras las traumáticas situaciones que han atravesado al llegar a nuestro país”. 

Entre quienes ha despertado una mayor preocupación del Defensor del Pueblo, se encuentra una mujer solicitante de asilo que huyó de su país, Marruecos, debido a la violencia machista sufrida por parte de su pareja. A Melilla llegó con sus tres niños en busca de protección hace unos meses, pero desde mediados de marzo el miedo al coronavirus también ha llegado a sus vidas. La mujer sufre “asma grave”, explica la familia, y como persona de riesgo vive el temor al contagio en un lugar donde evitar el contacto es casi imposible, aunque por el momento no se ha detectado ningún caso positivo en el centro. El Defensor del Pueblo exigió hace casi dos semanas al Gobierno la salida urgente de Melilla de esta familia “especialmente vulnerable a la pandemia”. No obstante, la institución, no ha recibido respuesta por parte del Ministerio del Interior. 

Uno de sus hijos, de once años, ha escrito una carta al ministro Grande-Marlaska para pedir su traslado a través de todos los canales posibles. “Hola, Ministerio del Interior”, comienza el menor en su misiva, escrita con su letra irregular. “Somos marroquíes y hemos huido del maltrato de mi padre. Ahora estamos en el centro temporal de Melilla y no podemos salir y hemos pedido salir pero se nos deniega y no saldremos porque siempre es denegada”, explica el pequeño. El niño confiesa al ministro su preocupación por su madre: “Mi mamá es enferma de riesgo y tiene asma grave. Aquí el contacto con la gente es mucho y sube el peligro del coronavirus.  Mi madre lo pasa muy mal aquí”. La mujer marroquí asegura haber recibido avisos por parte de su marido: “Él amenaza a una amiga de mi madre en Marruecos, le dice que tiene a alguien aquí”, aseguró uno de sus hijos a la Cadena SER. 

Más allá de la petición de salida urgente de las personas en situación más “vulnerable” a ojos de la Defensoría del Pueblo, la institución ha realizado una recomendación general a Interior para que se aceleren los traslados a la península de los migrantes acogidos en el CETI de Melilla debido a la sobreocupación de sus instalaciones. “La crónica sobreocupación de Melilla, que en este momento supera las 1.600 personas, hace inviable que se puedan garantizar las obligatorias medidas de distanciamiento social que hemos de respetar todos los ciudadanos durante el estado de alarma”, ha advertido el Defensor del Pueblo, ha solicitado Francisco Fernández Marugán en la recomendación enviada al departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska.  “En un contexto de crisis sanitaria como el actual, la cuestión de la sobreocupación y la necesidad de aliviar la presión residencial de los CETI se vuelve más urgente que nunca”, ha destacado Fernández Marugán, quien recuerda que el cierre de fronteras ligado a la pandemia reduce también las “perspectivas reales” de expulsión. Ahmed (nombre ficticio) está rodeado de personas a la espera de recoger su comida cuando responde a los mensajes de eldiario.es. Es uno de los 600 migrantes tunecinos que el ministro del Interior quiere expulsar “a la mayor brevedad posible”, a pesar del cierre de fronteras ligados al coronavirus. Con su móvil fotografía la escena que tiene frente a él: una decena de compañeros, muy juntos, en el comedor del centro. También graba el lugar donde duerme junto a un centenar de compatriotas en una de las tiendas de campaña desplegadas en el CETI debido a la saturación de sus instalaciones. Un paseo por el interior de la lona demuestra la proximidad existente entre las literas, cubiertas con sábanas. Las imágenes, a las que ha tenido acceso eldiario.es, evidencia el incumplimiento de la exigencia de distancia entre los residentes del centro. 

“No nos dan mascarillas a nosotros, pero los trabajadores si tienen”, denuncia el joven tunecino. “Hay personas con enfermedades, personas en silla de ruedas. Somos muchos y aquí no se puede mantener las distancias: solemos estar dos horas en la cola para comer”, cuestiona el hombre. “Nadie sabe cuánto tiempo nos tenemos que quedar aquí. Llevamos ya mucho tiempo. Creo que es suficiente”, clama el tunecino.

Una mujer transgénero de origen marroquí es otra de las residentes del CETI cuya situación de vulnerabilidad ha sido denunciada por Amnistía Internacional. “Estoy destrozada y volviéndome loca... No me dejan ni salir a coger dinero que me mandan…”, ha denunciado la migrante en un testimonio recogido por la ONG. “Solo hay un traductor que no siento que me respete. A veces quiero hasta volver a mi país, o incluso matarme... No sé ni por qué estoy aquí. Nos miran (al colectivo LGBTI) como si no fuéramos nada”, lamenta la ciudadana de Marruecos. 

“En el CETI no se siente protegida porque, además de que hay personas que cuestionan su identidad de género, la masificación también afecta a otras cuestiones de seguridad en relación a sus objetos personales y pertenencias”, asegura Virginia Álvarez, investigadora de Amnistía Internacional, organización que ha pedido en numerosas ocasiones la aceleración de los traslados de migrantes desde Melilla. 

“Llevamos años denunciando que Ceuta y Melilla son un limbo sin derechos para estas personas y lamentamos que, en medio de una crisis sanitaria tan grave como la que nos encontramos, tengamos que volver a repetirlo”, ha incidido el presidente de la organización, Esteban Beltrán. “Han pasado más de cinco semanas desde que se decretó el estado de alarma y se impusieron medidas para evitar el contagio sin que se haya adoptado ninguna iniciativa de relevancia dentro del CETI que proteja la salud de los que están allí hacinados”, ha reclamado. 

A lo largo del estado de alarma, Interior solo ha autorizado la salida de Melilla de 51 migrante el pasado 21 de abril. “Mover a unas pocas decenas de personas a la península, aunque es un paso en la dirección adecuada, no descongestiona un centro tan saturado”, cuestiona Beltrán. 

Izquierda Unida ha llevado a la Comisión Europea la expulsión a Marruecos por parte de España de un menor de edad, al aplicar la nueva fórmula exprés de devoluciones en Ceuta.

Ibrahim Diallo participó en el salto a la valla fronteriza en Ceuta el pasado 22 de agosto. De origen guineano, acababa de cumplir 15 años. Fue devuelto pese a ser menor porque, al igual que la mayoría de los que consiguen llegar, no dijo su edad real para no acabar en un centro de menores. Se había puesto en marcha un dispositivo extraordinario de rechazo exprés de 116 personas tras el salto, aunque entre los expulsados había un menor de edad.

“¿Considera la Comisión que el Estado español estaría vulnerando la Directiva 2013/32/UE en la Frontera Sur de manera sistemática?”, pregunta Izquierda Unida en una carta enviada a la Comisión Europea por parte de su delegación en la Eurocámara.

“La Directiva 2008/115/CE”, explica IU en la carta, “establece que los menores sólo pueden ser deportados en caso de ser retornados a sus familias o a centros de recepción adecuados, siempre teniendo en cuenta el principio de interés superior del menor. ¿Considera la Comisión que en el caso de Diallo se tuvo en cuenta este principio? ¿Va a abrir un procedimiento contra España por la acreditada vulneración del artículo 10 de la citada directiva?”

El artículo 10 dice lo siguiente:

Las ONG alertan de las vulneraciones que pueden ocurrir con estas expulsiones de decenas de personas en 24 horas, pero el Gobierno defiende que se cumplen “todas las garantías”.

“El caso de Ibrahim Diallo es una muestra más de cómo el PSOE trata de vender una imagen solidaria y progresista en sus políticas migratorias, cuando en realidad no hace más que aplicar la línea dura que dicta Bruselas. En este caso, incluso pese a estar vulnerando la legislación internacional”, afirma Sira Rego, jefa de la delegación de IU en la Eurocámara: “No sabemos si Grande-Marlaska cree que está protegiendo así nuestro estilo de vida europeo, lo que sí sabemos es que los acuerdos de este Gobierno con Marruecos en materia migratoria deberían sonrojar al PSOE”.

Rego prosigue: “Venimos alertando desde hace tiempo de las intenciones del Gobierno de empezar a deportar a menores a Marruecos sin respetar de forma alguna el derecho a la tutela judicial y a la defensa. El resultado de esas políticas es que un menor de origen guineano acaba en una cárcel marroquí. El Gobierno no puede criticar actuaciones como las del exministro italiano de interior Matteo Salvini, cuando en el fondo y en la práctica se está comportando igual. Persigue a las ONG de salvamento en el Mediterráneo, externaliza a Marruecos la violación de los derechos humanos en las fronteras de Ceuta y Melilla y deporta indiscriminadamente a las personas migrantes a un tercer país como Marruecos, donde sus derechos se ven aún más vulnerados”.

Ibrahim Diallo participó en el salto a la valla fronteriza en Ceuta el pasado 22 de agosto, aquel en el que el Gobierno desempolvó un acuerdo con Marruecos de 1992 que los gobiernos del PP nunca llegaron a utilizar y que permitió la expulsión exprés de los migrantes subsaharianos que lograron cruzar. De origen guineano, Ibrahim acababa de cumplir 15 años. Fue devuelto pese a ser menor porque, al igual que la mayoría de los que consiguen llegar, no dijo su edad real para no acabar en un centro de menores. Nadie sabía que un dispositivo extraordinario de rechazo exprés tras un salto sería puesto en marcha por primera vez esa misma noche y nadie comprobó que, efectivamente, entre los expulsados había un menor de edad.

“Cuando caí al suelo, la Guardia Civil se acercaba para atraparnos, pero huí y comencé a correr, ya en España. Así fue”, Ibrahim acompaña con gestos su relato del salto mientras responde a las preguntas de eldiario.es desde Rabat, donde vive ahora. Aprovechando la distensión del primer rezo del Aid al-Adha, la fiesta del Cordero, un grupo de más de 200 personas salió de su escondite en el bosque para precipitarse sobre los seis metros de altura de la triple valla fronteriza que separa España de Marruecos.

Después del salto, la Policía acompañó a los inmigrantes hasta el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) para los registros y trámites pertinentes. Fue en ese momento cuando comenzaron a aparecer periodistas y se difundieron grabaciones en las que Ibrahim muestra las heridas que se hizo saltando la valla, como en este vídeo de Euronews en el que aparece con la cara y el pecho ensangrentado y con los zapatos rotos. Ya en el CETI, que él llama “campo”, “nos recibieron bien, nos lavamos, comimos y nunca nos dijeron que nos iban a devolver, jamás”, cuenta.

Mientras esperaban a ser identificados, una trabajadora de las instalaciones le llamó aparte “específicamente” a él y le aconsejó que no dijera su verdadera edad porque entonces, recuerda Ibrahim, no le llevarían con el resto del grupo a la Península y tendría que quedarse en un centro de menores en Ceuta. “Era la primera vez en mi vida, desde que nací, que entraba en Europa. Si alguien me dice que hay que hacerlo así, yo lo hago así”, reflexiona.

La persona a la que Ibrahim identifica como “trabajadora del centro” llevaba, según él, “un chaleco verde con letras en la espalda”, por lo que podría haber sido personal de la contrata que gestiona la seguridad del centro, deducen fuentes de ONG próximas al CETI que estuvieron presentes durante el salto. Estas mismas fuentes añaden que no tienen constancia de que personas relacionadas con el CETI hagan este tipo de recomendaciones.

Por lo general, tras un salto a la valla, los adultos que logran entrar en la ciudad autónoma son identificados –la ley marca un plazo de 72 horas–, se les abre un procedimiento de expulsión y pasan al CETI. Desde allí, pueden ser trasladados a la península o bien para su internamiento en un CIE e intentar proceder a su deportación o a través de la vía humanitaria, en centros de ONG. No ocurre lo mismo con los menores de edad, que pasan a ser tutelados por las ciudades de Ceuta y Melilla y no pueden continuar su trayecto hasta que cumplen 18 años, por lo que muchos tratan de escaparse de los centros –a menudo denunciados por sus condiciones– e intentan colarse en ferris para cruzar a la península.

Así, “es absolutamente normal” que los menores de edad no digan que lo son, explica Patricia Fernández, abogada de la ONG Coordinadora de Barrios. Por sus redes de contactos, las personas que intentan cruzar la valla suelen saber que los menores se quedan a cargo de los servicios de protección de las ciudades autónomas hasta que cumplen la mayoría de edad. Muchos quieren continuar su viaje a países francófonos o del norte de Europa, por lo que evitan a toda costa quedarse bloqueados en Ceuta o Melilla, agrega Pilar Alba Díaz, de la organización Elín.

Por esta razón, cuando llegó su turno y la Policía le preguntó por su nombre, su nacionalidad y su edad, Ibrahim insistió en que tenía 20 años: “La señora me dijo 'di la verdad' y yo dije que era verdad. Mentí, como me dijo la mujer [trabajadora relacionada con el CETI], porque si decía mi edad verdadera me quedaría allí. Siempre dije 20”. Ibrahim no llevaba consigo ningún tipo de documentación, como la mayoría de los migrantes que atraviesan el Sahel para alcanzar Europa, y tampoco le hicieron ninguna prueba médica para averiguar su edad, de acuerdo con su testimonio. La entrevista “no llegó ni al minuto”, asevera Ibrahim, que no tuvo conocimiento de si el procedimiento fue supervisado por algún abogado, como marca la ley.

El testimonio del joven coincide con la desconfianza de organizaciones sociales y letrados que en su momento denunciaron el procedimiento seguido para la devolución exprés. Pusieron en duda que se hubiesen respetado todos los pasos para ofrecer una asistencia adecuada e individualizada en las apenas 24 horas en las que se atendió a los 116 migrantes. Desde el Ministerio de Interior reiteran las palabras que el Gobierno ya pronunció en su momento afirmando que se cumplieron todas las garantías, “tuvieron asistencia letrada e intérprete”, aseguran a eldiario.es fuentes de la cartera dirigida por Grande-Marlaska.

Cuando un migrante declara ser menor de edad o se sospecha que puede serlo, existen unas pruebas oseométricas con las que se trata de estimar su edad, aunque han sido muy criticadas por su amplio margen de error. La Ley de Extranjería establece que si las autoridades hallan a un adolescente sin documentación cuyo aspecto físico haga dudar de su minoría de edad, debe ser derivado a los servicios de protección y se practicarán estas pruebas médicas por orden de un fiscal. Es decir, cuando un adolescente como Ibrahim dice ser mayor de edad, la clave está entonces en si las autoridades sospechan por su apariencia física de que puede tratarse de un menor, lo que pesa sobre la propia autodeclaración.

“A los menores no se les expulsa, si hay sospechas puede pasar que se hagan las pruebas [oseométricas] para confirmar”, defienden desde Interior. Estas mismas fuentes no confirman que se llegara a encargar algún examen para comprobar la minoría de edad aquel día. Otros dos chicos menores, que llegaron al CETI minutos más tarde que Ibrahim y que sí dijeron su edad real, no fueron devueltos. “No sabíamos que al final nosotros íbamos a salir de allí y ellos se iban a quedar”, lamenta el joven.

Ibrahim ha enviado a eldiario.es el único documento que acredita su edad: la partida de nacimiento que guarda el colegio al que acudía en su país de origen, Guinea Conakry. En el escrito, que ha tenido que pedir y fotografiar un amigo de su infancia, figura que nació el 10 de agosto de 2003. En el CETI, las autoridades españolas registran a los migrantes que logran cruzar la valla y les dan un documento con fotografía. Este papel, en el que no aparecería la edad real de Ibrahim, le fue requisado en la comisaría de Tetuán a la que llegó tras la expulsión. Puede haber constancia de su fecha exacta de nacimiento en el centro de menores marroquí al que fue destinado después y al que teme regresar y ser reconocido, porque se escapó.

La rapidez con la que se llevó a cabo el proceso y la falta de garantías denunciadas en su momento, explican, a juicio de las distintas voces consultadas, la cadena de errores que habría terminado en la expulsión de un menor. También se achaca a la falta de tiempo y de información que ninguno de los 116 migrantes pidiera asilo, lo que podría haber paralizado la expulsión mientras dure la resolución de su solicitud.

“Me cuesta creer que en este tiempo se haya podido respetar y aplicar el procedimiento de devolución establecido en la ley, con asistencia letrada e intérprete”, sostuvo entonces la catedrática de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid, Margarita Martínez Escamilla. Los doce abogados de oficio, en los que el Gobierno se escuda para defender el operativo, aseguraron que no sabían que sus defendidos iban a ser devueltos al país vecino escasas horas después, por lo que se limitaron a explicar el procedimiento habitual. Decidieron interponer un recurso de alzada contra las resoluciones de devolución.

Después de pasar la noche en una sala aparte del CETI, comenzaron las devoluciones. En grupos de entre 12 y 15 personas y esposados, les montaron en un autobús. “Subían a unos pocos al bus, los devolvían y volvían para devolver a más. Pero nosotros no sabíamos nada, no teníamos ni teléfono para comunicarnos con el resto de nuestros amigos”, recuerda Ibrahim. “Si nos hubieran dicho que nos iban a devolver podríamos haber dicho que queríamos abogados. No habíamos hecho nada. No nos dijeron nada, solo nos devolvieron”, continúa.

Una devolución que el Gobierno justificó por “violencia”

Una vez en Marruecos, el grupo de 116 personas tuvo conocimiento de que se había activado un “antiguo” acuerdo entre España y Marruecos para devolver a los “inmigrantes que entraran por la fuerza o lanzaran ácido contra los policías”, relata Ibrahim. El Gobierno se amparó entonces en la “violencia inaceptable” para justificar la aplicación del acuerdo y las devoluciones exprés. La Policía acusó a los migrantes de utilizar cizallas y objetos cortantes para romper la valla, cal viva, ácido de baterías, excrementos y orín. Ibrahim esconde una carcajada. “Eso es una locura”, indica. “¿Cómo vamos a tener ácido? (...) Si no tenemos ni ganamos nada para comer”, sostiene.

Sí llevaron, dice, unas tijeras grandes que habían podido comprar en Castillejos, la ciudad más cercana a la valla fronteriza, para intentar cortar la alambrada y evitar tener que saltar los más de seis metros de altura llenos de concertinas. Entre muchos lograron reunir el dinero suficiente y alguien se acercó al pueblo a comprarlas. Sin embargo, apenas apareció la guardia marroquí cuenta que tuvieron que echarse a correr y dejar las tijeras.

También reconoce que algunos de sus compañeros rellenaron botellas con orín para distraer a la Guardia Civil. Y si alguien tiró piedras, Ibrahim considera que tuvieron que ser pocas porque se necesitan las dos manos libres para trepar. De todas maneras, apostilla en relación a los agentes, ellos tienen gases lacrimógenos, cartuchos de fogueo y “pistolas con las que disparan pero con las que no vas a morir”. “Te dejan mal, pero no vas a morir”, repite Ibrahim. “Nunca hemos usado ácido, eso te lo puedo jurar”, sentencia.

Vuelta a Marruecos

Ya en territorio marroquí, los 116 expulsados corrieron suertes distintas. Una parte del grupo fue trasladada forzosamente a ciudades en el sur como Tiznit. Este tipo de prácticas por parte de las autoridades marroquíes son muy habituales, como confirmó en una entrevista con este medio el jefe de fronteras de Marruecos. De ahí, muchos se marcharon a ciudades como Rabat o Casablanca, explica Helena Maleno, de la ONG Caminando Fronteras, que ha intentado seguir la pista a las personas expulsadas. Un grupo de guineanos fueron deportados a sus países de origen, así como algunas personas de Camerún. La activista confirma que su organización ha podido contactar con al menos 16 personas deportadas a Guinea Conakry.

Por otra parte, una veintena de personas fueron juzgadas por un Tribunal de Primera Instancia de Tetuán, acusados por las autoridades marroquíes de inmigración irregular y violencia contra las fuerzas de seguridad. Entre ellos había un menor de edad, Ibrahim, según informó la Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes, que facilitó abogados defensores a varios migrantes en el juicio.

“En Marruecos [a Ibrahim] sí le identificaron como menor de edad”, remarca Maleno. La Policía marroquí le reconoció porque aparece en muchos de los vídeos difundidos del salto, y esta vez él sí dijo que era menor. “Cuando salí de España me dije que a partir de ese momento iba a decir la verdad. No iba a mentir nunca más”, confiesa con gesto serio. “Me llevaron a la prisión, donde pasé dos meses y tres semanas antes de salir”, recuerda Ibrahim. Durante ese tiempo, según explica, acudió hasta tres veces a declarar frente a un tribunal marroquí que resolvió trasladarle a un centro de menores en Temara, una ciudad costera al sur de Rabat. Apenas duró un día.

“Allí había niños pequeños que bebían y fumaban hachís”, relata Ibrahim, que describe un ambiente muy degradado. “Vi una puerta abierta y no lo pensé. Allí no había futuro y por eso continué mi camino. Si me quedara allí con todo el mundo fumando quizás un día me iban a convencer para fumar”, explica. Así que puso rumbo a Rabat. Ahora vive en un barrio en las afueras de la capital, una zona que él reconoce como peligrosa y en la que han intentado robarle varias veces. Ha pensado en volver a la frontera e intentar saltar de nuevo, pero la experiencia de la devolución y las malas noticias que le llegan de allí le mantienen en Rabat.

No se plantea volver a casa con su madre, una aldea en Guinea Conakry de la que salió en febrero de 2016. El camino fue largo. Atravesó el desierto de Mali y cruzó a Marruecos desde el norte de Argelia. Ha cruzado errante varias ciudades del país alauí y ahora piensa en quizá mudarse a Nador, donde le han contado que puede estar mejor. Porque en Rabat, confiesa, las cosas no le van muy bien. “No veo cómo voy a cumplir mis sueños o cómo voy a salir porque yo soy muy pobre”, dice sonriendo mientras cuenta que apenas tiene trabajo y que los días pasan vacíos, con poco que hacer. También ha perdido contacto con las personas con las que compartió meses en la frontera.

Termina de contar su historia y pide un poco más de tiempo antes de colgar. “Me gustaría preguntar una cosa”. Ibrahim habla ahora con susurros: “Si vuelvo a intentar entrar en España, ¿me van a devolver otra vez?”.

“Temo por mi seguridad”, asegura Alí (nombre ficticio) durante una entrevista en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) en Melilla, adonde llegó en julio de 2017 desde Alhucemas huyendo de la represión y las detenciones en la región marroquí del Rif. En él sigue un año después, a la espera de ser trasladado a la península, como varios de sus compañeros.

Como muchos otros jóvenes de la región, Alí ha participado en las protestas sociales que estallaron en 2016 y continúan reclamando en las últimas semanas la liberación de sus principales líderes. “Nosotros estábamos con Nasser Zefzafi –líder del 'Hirak'– y con todo lo que pide el movimiento del Rif en Alhucemas”, explica este periodista rifeño demandante de protección internacional en España.

La Policía marroquí le envió una citación para que se presentase en la comisaría una semana después de que sus dos compañeros periodistas de la página web Rif24 fueran detenidos por cubrir las manifestaciones en las que los ciudadanos pedían mejoras sociales, económicas y culturales en la región. Como no se personó, asegura, “la Policía fue a mi casa para arrestarme”, detalla Alí.

Pasó un mes y medio escondido cerca de su domicilio. “Sabía que no tenía la oportunidad de seguir en Alhucemas porque era el único que trabajaba en la web, y la Policía no paraba de arrestar a ciudadanos”, describe Ali. Aún así se arriesgó y salió por la noche a las manifestaciones multitudinarias durante el Ramadán.

Buscaba “seguridad” y por eso entró en Melilla. Lo hizo por la frontera, aprovechando las avalanchas de porteadores en el Barrio Chino, camuflado como un trabajador más, según su testimonio. Durante su primer día en España durmió en un hotel y por la mañana se fue a la frontera a solicitar el asilo. La Policía española le envió al CETI. Allí comenzó a tener, dice, “nuevos problemas”. Pensaba que “en España tendría más derechos”, pero, asegura, “cuando estoy en el CETI no me siento como una persona”.

España otorga el estatus de refugiado a tres activistas

A pesar de que este mes de julio España ha reconocido el estatus de refugiado por motivos políticos a tres activistas rifeños del CETI que fueron trasladados de Ceuta y Melilla a la península, las autoridades españolas suelen tardar en darles salida.

Los tres chicos enviados a la península, que tienen libertad de movimiento por todo el mundo, excepto en Marruecos, y podrían tramitar el permiso de residencia en España. En el CETI de Ceuta todavía queda un activista rifeño demandante de asilo y en Melilla pasan de la decena, según indican fuentes del interior del centro. Este medio se ha puesto en contacto con el Ministerio de Trabajo y Migraciones, pero por el momento no ha recibido respuesta.

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha denunciado que en 2017 España continuó “limitando de manera arbitraria el derecho a la libertad de circulación a las personas solicitantes de protección internacional de nacionalidad argelina y marroquí”. Se les traslada a la península cuando su expediente queda resuelto, lo que suele llevar entre uno y dos años.

Asimismo, la ONG critica los criterios arbitrarios y “discriminatorios” para estos traslados. Por su parte, el Defensor del Pueblo ha recomendado revisar los criterios de inclusión en las listas de traslado y priorizar a los solicitantes de protección internacional.

“Nos busca Marruecos, que está a solo 12 kilómetros”

Entre los activistas que aún siguen dentro a la espera de que su solicitud se resuelva y ser trasladados está Alí. El joven de 28 años, estudia español por su cuenta porque, según comenta, “en el CETI es muy difícil aprenderlo; solo enseñan el alfabeto. Cada semana viene gente nueva y empiezan a explicar de nuevo”.

Alí critica las condiciones del centro en el que tiene que pasar su día a día. “Las duchas son horribles, están sucias, hay mucha gente, y a veces no hay agua caliente. No hay agua para beber. Las taquillas están rotas o son fáciles de abrir. Se lava a mano la ropa y tienes que esperar mientras se seca porque te roban”. Cuentan con enfermería y psicólogo pero, Alí denuncia que no les “informan de la disponibilidad”. El Defensor del Pueblo ha reiterado que los CETI no son un “recurso adecuado para alojar y atender a los solicitantes de asilo”.

Lleva un año en Melilla y los abogados le piden “paciencia”, sin embargo él está nervioso y cree que corre peligro. “Aquí todo son dificultades, quiero mi tarjeta sanitaria, mi padrón y mi tarjeta de paro”, reclama. A todo ello tiene derecho por ser solicitante de protección internacional. Además, asegura no tener acceso al dinero que sus familiares le envían, “tengo que pedir a otras personas que me recojan el dinero y me lo den, pero cobrando una comisión”, detalla.

Su familia desde Alhucemas se encuentra tranquila porque considera que su hijo está a salvo en España. “Al menos podemos verte por teléfono, mejor que llevarte la comida a la cárcel”, le dicen. Desde Melilla, Alí mientras lucha por mantenerse y conseguir alcanzar la península, sigue soñando con que “las peticiones del Hirak se hagan realidad y que los presos salgan de la cárcel y vuelvan con sus familias”.

Mustafá (nombre ficticio) también lleva un año en el CETI de Melilla. Ingresó en el centro hace justo doce meses, el 14 de julio de 2017 y tuvo la primera entrevista para solicitar el asilo una semana después. Durante la entrevista, dice, contó con un traductor rifeño, y “recogieron lo que dije, pero que no tuve el apoyo de alguien que me pudiera orientar”, aclara.

Como Alí, asegura tener miedo de que las autoridades del país vecino logren localizarlo. “Aquí no hay mucha seguridad. Nos busca el Gobierno marroquí, que está a solo 12 kilómetros. Además, la frontera de Melilla tiene mucha movilidad con entradas y salidas todos los días y no me fío de que no manden a alguien de la Policía”, teme este activista de Alhucemas.

El joven de 24 años estudió hasta el Bachillerato porque no pudo continuar, y se dedicó a vender fruta en el garaje de la casa de su padre. Con el Hirak dejó de trabajar porque vio más importante, dice, “aportar y sacar adelante el movimiento social que resurgió en el Rif”.

Mustafá tiene autorización para trabajar al ser solicitante de protección internacional, pero sostiene que en Melilla “no hay trabajo”. Se queda horas y horas sentado viendo pasar el tiempo, “puede ser un día como puede ser un mes, los días son exactamente iguales. Es una espera constante”, relata.

Camina con miedo y no siempre regresa al centro, de régimen abierto. Cada dos o tres días sale y duerme en la calle, a veces en casa de alguno de los chicos que han alquilado habitaciones fuera. “Siempre con la mirada atrás porque no me fío de nadie, tengo miedo de que me den algún día con un palo de hierro”, confiesa. Como su compañero Alí, entró “colándose por la frontera”. Era verano, y el paso fronterizo estaba lleno de gente, esperó un descuido de la Policía y pasó. “No tenía otra opción. Me la jugué”, asegura.

El número de solicitantes de protección internacional se incrementó en Melilla con 2.897 expedientes, según datos extraídos del 'Informe 2018. Las personas refugiadas en España y Europa’ de CEAR. De Marruecos se recibieron 525 solicitudes en 2017 frente a las 340 de 2016. Destacaron las demandas de personas que alegaron persecución por pertenecer al colectivo LGTBI y las de personas procedentes de la región del Rif.

En la región continúan las detenciones y sigue controlada por las fuerzas de seguridad. Más de 500 ciudadanos están encarcelados en diez prisiones de Marruecos, otros han huido en patera y algunos tienen en mente hacerlo cuando “tengan la oportunidad”, aseguran jóvenes en Alhucemas.

Compañero en la cúpula de los presos rifeños

Mustafá lleva desde el inicio en el Hirak, el movimiento que surgió en el Rif cuando falleció Mouhcine Fikri, el vendedor de pescado aplastado en una camión de la basura cuando impedía que la policía destruyera su mercancía, 500 kilogramos de pez espada. Pertenece a la organización, siempre cerca de Nasser Zefzafi y de Nabil Ahemjik, los dos cabecillas condenados el pasado 26 de junio a 20 años de prisión.

Desde aquel día, dice Mustafá, no puede dormir, tiene pesadillas y mucho más miedo que antes porque “sé lo qué me espera en caso de que me devuelvan a Marruecos. Lo único que me espera es la cárcel”, dice.

El activista participó en las reuniones para preparar las protestas, y en el trabajo de acercamiento a todos los barrios y los pueblos de la región para ir recogiendo las necesidades de la gente y animarla a participar en las manifestaciones. Formaba parte de la comisión de cuidado de las calles y los parques para evitar desperfectos porque “todas las manifestaciones eran pacíficas, no se destrozaba nada”, aclara. Y, junto a Nabil, era uno de los que utilizaba la megafonía en las protestas.

Fueron a buscarle a casa y ese mismo día se escapó, hasta que pudo entrar a Melilla. Quiere ir a la península, aunque piensa que es “complicado”. Sus sueños pasan, como otros muchos, por empezar una nueva vida. “Me han obligado a huir, a aprender el idioma, que en Melilla está siendo imposible; quiero trabajar y salir adelante con el apoyo de otros activistas en España, no depender de ninguna ayuda institucional”.

“Sabemos quienes son los verdaderos activistas y quienes huyen por miedo y no han tenido una implicación mayor, que no es el caso de Mustafá, que ha participado de manera activa y se le ha visto mucho. En el momento que aparezca en el Rif, no lo cuenta”, lamenta a este medio una de las activistas rifeñas que forma parte del Comité del Hirak en Madrid.

El caso de Mustafá queda evidenciado en vídeos y fotografías, incluso tiene la citación de la Policía. “No entiende a qué espera España y las organizaciones para darles una opción”, protestan los activistas desde España.

“Estamos aquí por nuestros compañeros. Desde ayer están con la Policía porque los van a deportar a nuestros países”, dice una mujer de origen subsahariano desde el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla después de que, denuncian, 28 personas residentes en el centro fuesen llevadas a comisaría y no volviesen, el procedimiento habitual para trasladar a los migrantes desde la ciudad autónoma a alguno de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la península, cuyo objetivo último es la expulsión.

Conocen el procedimiento y, por ello, han protestado este jueves en el patio del CETI en “solidaridad” por sus compañeros. “No podemos volver porque hemos sufrido mucho para llegar aquí”, añade la mujer en un vídeo difundido por la ONG Caminando Fronteras. Desde Melilla, piden la ayuda de activistas y abogados de la península para evitar la deportación de sus compañeros.

“Toda esa gente está aquí para reclamar nuestros derechos. Desde el CETI nos dicen que simplemente los llevan a la Península. Pedimos a todo el mundo, a los abogados, que nos ayuden para que no deporten a nuestros compañeros”, solicita otro compañero.

“Las comunidades denuncian que sus compañeros son víctimas de tragedias y temen por sus derechos fundamentales. Por ello se solidarizan con una huelga de hambre”, ha afirmado Helena Maleno, portavoz de Caminando Fronteras.

Según indica la activista, algunas de las personas que viajaron junto a las siete mujeres que fallecieron en aguas fronterizas melillenses en septiembre se encuentran entre quienes serán derivadas a un CIE para proceder a su expulsión. También algunos de los migrantes que arribaron a la Isla de Tierra. “Tememos que la activación del traslado de estas personas a un CIE, en vez de la vía humanitaria, esconden detrás un motivo político”, alerta.

Los Ministerios del Interior y de Empleo y Asuntos Sociales, implicados en la ejecución de los traslados, no han contestado por el momento a las preguntas de eldiario.es. Desde la Delegación del Gobierno en Melilla tan solo destacan que este tipo de traslados es una de las vías habituales para derivar a los migrantes a la península.

“Arbitrariedad” en los traslados a la península

Los traslados de migrantes en situación irregular desde Ceuta y Melilla al resto de España, donde comienza el espacio Schengen, pueden realizarse a través de dos procedimientos. El primero, gestionado por el Ministerio del Interior, consiste en la detención de estas personas en comisaría para proceder, por orden judicial, a su internamiento en un CIE de la península e intentar proceder a su expulsión, algo complicado con personas procedentes de determinados países de África Subsahariana debido a la falta de acuerdos de readmisión entre España y algunos de estos Estados.

El segundo tipo se basa en la ejecución del traslado a través de la vía humanitaria, competencia del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, por el que las personas son acogidas durante unos meses por ONG en la península y quedan en libertad. Los criterios utilizados a la hora de decidir la activación de una u otra vida se desconocen, por lo que el Consejo de Europa ha denunciado la “arbitrariedad y poca transparencia de este proceso”.

Según explica José Palazón, director de la ONG melillense Prodein, “desde hace bastantes meses” no se realizaban los traslados a la península de personas de origen subsahariano por la vía que acaba en un centro de internamiento. “Por eso, desde hace tiempo, las detenciones de quienes son llamados a comisaría y finalmente acaban en un CIE no pertenecían al mundo de las personas negras lo que ha empujado la protesta”, apunta el activista.

“Sin embargo, es el procedimiento que se utiliza siempre para los argelinos, porque su expulsión es rápida y sencilla”, añade Palazón. En todo caos, recuerda el activista, “puede ser que las personas trasladadas no vayan a ser finalmente deportadas”, debido a la inexistencia de acuerdos de readmisión con sus países de origen.

Detrás de los alambres de la frontera sur del Estado español los derechos humanos quedan relegados a la última prioridad. Devoluciones en caliente, abusos policiales, impunidad, falta de acceso a mecanismos especializados para migrantes o víctimas de trata, arbitrariedad... Son muchas las denuncias que se suceden sobre las condiciones recibidas por los migrantes en Ceuta y Melilla donde, dicen las ONG desde hace años, “parecen espacios sin ley”.

A través de un web interactivo, Irídia Centro para la Defensa de los Derechos Humanos, Novact y Fotomovimiento han presentado un detallado informe en el que recogen todas estas señales que alertan sobre “la excepcionalidad jurídica” en la zona fronteriza. A través del estudio, las entidades piden el “restablecimiento de la legalidad en la Frontera Sur” en relación a Marruecos, la valla, los CETI, el derecho a asilo, los menores no acompañados, las porteadoras y la represión de los derechos humanos.

La responsabilidad de España en el papel de Marruecos

Siempre que hay un salto en la valla, no solo ocurre lo que puede verse en el lado español de la frontera. “Hay mucha gente que se cae de la valla y es devuelta herida y es devuelta con piernas rotas o con fracturas abiertas o con cortes profundos”, explica Mayte Blanco de Sos Racismo. Más allá de los acercamientos a la alambrada, la vida de quienes tratan de llegar a España a través de la frontera sur se choca con la violencia “sistemática y grave” que ejercen las fuerzas de seguridad marroquíes, como las redadas realizadas en los campamentos donde los migrantes esperan el momento de intentar alcanzar territorio europeo.

Estas prácticas se unen a las actuaciones de las fuerzas marroquíes en los dispositivos activados en cada acercamiento a la valla y buscan el alejamiento de las personas de origen subsahariano de la frontera española.

“Los tratados entre España, la Unión Europea y Marruecos suponen una externalización del control migratorio como contrapartida de acuerdos en materia política y económica”, afirman los autores. “La responsabilidad del trato que Marruecos ofrece a la población migrante es también de España y de la Unión Europea, debido a que no incluyen en dichos acuerdos el respeto a los derechos humanos”.

Atención “deficitaria” de Cruz Roja tras los saltos

Las devoluciones en caliente, las concertinas o los abusos policiales en los que “se ha puesto en riesgo la integridad física de las mismas” con el objetivo de bajarlas de la alambrada también forman parte de la “excepcionalidad jurídica” estudiada.

“El Estado Español no está respetando el principio de no devolución consistente en la prohibición de expulsar o devolver a una persona al territorio de cualquier país en el que su vida o su libertad se encuentren amenazadas”, sostienen las entidades.

A pesar de los riesgos intrínsecos a los saltos de la valla, las entidades han detectado “las intervenciones de la Cruz Roja para ofrecer asistencia sanitaria tras un salto es completamente deficitaria”. Según han constatado, “solo intervienen en el caso de que la Guardia Civil lo autorice y no realizan una identificación y una ficha de las personas a las que atienden que posteriormente son devueltas de manera sumaria”. Los autores hablan de la existencia de indicios que apuntan a que en 2016 se han devuelto a Marruecos a personas que se encontraban en un estado de salud grave.

Mujeres víctimas de trata, viviendo con su tratante

El informe recuerda las deficientes condiciones de los Centros de Estancia Temporal para Inmigrantes (CETI) de Cueta y Melilla. Como han denunciado ONG y organismos internacionales como Acnur, en los CETI “no se garantizan los derechos previstos en las Directivas europeas de asilo y en la normativa española sobre asilo”.

La sobreocupación sistemática, la falta de recursos necesarios para atención psicológica de los internos (a pesar de que muchos de ellos han experimentado vivencias traumáticas durante el proceso migratorio o en sus países de origen), la escasez de información a los migrantes o la arbitrariedad a la hora de imponer sanciones, son algunas de las denuncias destacadas por estas entidades. Por ello, insisten en la necesidad de crear un reglamento sobre el funcionamiento del CETI, inexistente hasta el momento.

El informe también enfatiza la necesidad de establecer mecanismos adecuados para garantizar la protección de las víctimas de trata. “No existen recursos específicos ni una efectiva coordinación con los grupos de la policía especializados en trata”, afirma el equipo de investigadores. El director del CETI de Ceuta reconoció en una entrevista realizada por los autores del estudio la falta de “recursos habitacionales específicos” para víctimas de género o de trata por lo que, admitió, “algunas víctimas en ocasiones se encuentran viviendo con su tratante en el mismo lugar”.

“No los consideran niños, los consideran enemigos”

Los menores no acompañados (MNA), tanto en territorio marroquí como en territorio español viven una especial situación de vulnerabilidad. Agresiones, chantajes, impedimentos y amenazas de acciones legales forman parte del día a día de estos jóvenes. Se calcula que hay cerca de 550 en Melilla, de los cuales 340 están en el Centro de Protección de Menores “La Purísima” (aunque tiene capacidad para 168 personas) y unos 100 en la calle. El resto, un centenar, están repartidos entre el Centro Asistencial “La Gota de Leche” y “La Divina Infantita”. Según el informe, el hecho de que La Purísima se encuentre por encima de su capacidad de manera sistemática repercute en las condiciones de los menores “ya que duermen hacinados y las condiciones higiénicas no son las deseables”.

“Estuve ocho meses en la calle. Cuando venía la policía subía para el centro pero no me quedaba allí porque no me gusta. En el centro hay abusos” explica Abdel. Harraga, un proyecto socioeducativo de acompañamiento a menores migrantes no acompañados, asegura que el 92% de los niños que han pasado por estos centros señalan “una situación de violencia” como el motivo por el cual han preferido dejar los centros y vivir en la calle. “Dentro del centro se dan situaciones de violencia física y psicológica, además de violencia documental, que son amenazas continuas con que si no llegan a unos mínimos impuestos por el centro, no van a tener acceso a la documentación”, asegura Sara Olcina de Harraga. Se calcula que en 2016, un 22% de los menores no acompañados se fueron de los centros de tutela para intentar llegar a la península haciendo risky, intentando subir a un barco.

Amnistía Internacional, el Defensor del Pueblo, Human Rights Watch, la asociación Pro Derechos de la Infancia (PRODEIN) y la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) llevan años denunciando las condiciones de los centros de acogida de menores de Ceuta y Melilla y los malos tratos que se viven ahí. PRODEIN y Harraga también afirman que hay devoluciones ilegales de menores a territorio marroquí y que, en ocasiones, hay redadas durante la noche. Por todo ello, José Palazón, de PRODEIN, valora que “no los consideran niños porque les consideran enemigos”. En el informe también indican que “hay casos de abusos sexuales por parte de las fuerzas de seguridad a menores no acompañados en situación de calle”. Cuando estos jóvenes cumplen los 18 años y alcanzan la mayoría de edad, muchos quedan en situación irregular administrativa.

Vulneraciones del derecho al asilo

La dificultad de acceso de asilo en Melilla están marcadas por las devoluciones en caliente que se producen en la frontera de forma sistemática. A través de la práctica denominada por el Gobierno como “rechazo en frontera”, estas personas son expulsadas de forma inmediata a personas sin preguntar su lugar de origen o si necesita protección internacional. Las puertas al asilo, por tanto están cerradas.

Por tanto, el informe concluye que las personas provenientes del África negra no pueden realizar la solicitud de asilo hasta que llegan al CETI“. Más allá de las expulsiones inmediatas desde la valla, las entidades recuerdan que estas personas no tienen acceso a los puestos de asilo fronterizo. Además, recuerdan, ”el puesto de asilo instalado en la frontera de Ceuta no ha sido utilizado desde que el mismo se abrió“ lo que, añaden, ”no han hecho reconsiderar las políticas de asilo que el Gobierno lleva a cabo en dicha ciudad autónoma“.

Además, recuerdan las condiciones recibidas por los solicitantes de asilo en las ciudades autónomas que, según describen, “desincentivan” las peticiones de protección. “Los tiempos de espera antes de pasar a península son inferiores para las personas que no solicitan el asilo que para las personas que sí que lo solicitan (excepto para aquellas de origen sirio)”, afirman.

“Por las buenas, bien. Por las malas, te corto todo”

Mientras sustentan el comercio atípico que genera cerca de 1.000 millones de euros anuales en Ceuta y Melilla, las porteadoras trabajan en una situación de “mayor fragilidad”. “Por las buenas, bien. Por las malas, te corto todo (la mercancía)”, amenaza un agente a las porteadoras como castigo si no siguen sus indicaciones en el paso fronterizo. Se trata de uno de los “abusos policiales” que detalla el informe y que avanzó eldiario.es. Este tipo de abusos caracteriza la gestión del tránsito de porteadoras por parte de los agentes fronterizos. Durante su investigación, el equipo ha sido testigo de “violencia verbal hacia las porteadoras, empujones y golpes tanto con las porras como con los pies”. Son ellas, las porteadoras —mayoritariamente mujeres– quienes deben transportar sobre su cuerpo los fardos (que pueden alcanzar los 90 kilogramos) que posteriormente se venderán a un lado y a otro de la frontera.

Represión a activistas y periodistas

Diversas organizaciones y activistas que trabajan en Ceuta y Melilla han denunciado en numerosas ocasiones la dificultad de defender los derechos humanos debido a la represión policial. El equipo de Irídia y Fotomovimiento fueron testigo de ello, ya que vieron obstaculizado su trabajo en reiteradas ocasiones y se les impuso una multa que podría superar los 3.000 euros en base a la Ley de Seguridad Ciudadana por “desobediencia a agentes de la autoridad”.

En la frontera Melilla-Nador, el grupo de fotoperiodistas y activistas de estas entidades fue retenido en dos ocasiones y sometido a “interrogatorios intimidatorios” por parte de la policía marroquí de la aduana. Unos días más tarde de vivir este episodio, volvieron a ser retenidos durante más de dos horas. Explican, además, que después de esta retención vieron que “las autoridades habían puesto en marcha un dispositivo compuesto por un coche y una motocicleta y al menos cuatro agentes policiales” que los siguió durante siete horas. Finalmente, cerca de la frontera con Beni-Enzar el equipo fue retenido por dos coches en medio de la carretera y, tras “amenazar con practicar detenciones” y hacerles borrar las imágenes de las cámaras les escoltaron hasta la cola de vehículos que da acceso a la frontera con Melilla.

Estas entidades recuerdan que lo que ellos vivieron fue “solo un ejemplo más de la situación de excepcionalidad jurídica que se aplica día a día en la Frontera”. Por ello el informe concluye e insta al Gobierno a que garantice que en Ceuta y Melilla se respetan los derechos de libertad de prensa, asociación, reunión y manifestación y también que asegure que el trabajo de intervención social se realiza de una manera adecuada.

Tras la entrada de más de 800 personas en menos de 72 horas a Ceuta, el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes está saturado. La Delegación del Gobierno, el Ejecutivo autonómico y la Comandancia General de Ceuta han coordinado la instalación de tiendas y una cocina de campaña militares en el aparcamiento del Centro Ecuestre municipal para albergar a parte de los 356 migrantes que atravesarlon la valla este lunes.

Con los recién llegados, que se suman a las 498 personas que entraron de forma irregular el pasado viernes, el número de acogidos en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) local se eleva a más de 1.400 extranjeros, según ha confirmado la Delegación en un comunicado a los medios, con lo que casi se triplica su capacidad máxima operativa (512 plazas).

La Consejería de Juventud, Deporte, Turismo y Fiestas del Ejecutivo de la que depende el Centro Ecuestre ha “agradecido” a la Federación Hípica su “colaboración” y las “facilidades” que ha dado para atender esta “situación de emergencia”. Las autoridades respondieron de una forma similar el 9 de diciembre del año pasado, cuando entraron en la ciudad otros 438 indocumentados, la cifra más alta hasta entonces de una sola vez.

El centro hípico se encuentra muy cerca del CETI, el centro de acogida de inmigrantes de Ceuta donde los inmigrantes permanecen un tiempo medio de 130 o 150 días mientras esperan a ser trasladados a la Península Ibérica. En función de la ocupación del centro, los traslados se realizan con más o menos fluidez. 

El pasado viernes la Dirección del CETI eliminó todos los espacios comunes del recinto para acoger a las personas que arribaron a la ciudad a través de la alambrada. Debido a la saturación del centro, acondicionó habitaciones  en distintas dependencias comunes como las aulas, el salón de actos y el polideportivo del centro.