La regularización extraordinaria se ha adentrado en una nueva fase esta semana. De los casi 1,2 millones de peticiones, la Administración ha admitido más de 609.000 y ha respondido de manera favorable a cerca de 11.000. A medida que el Ejecutivo acelere el envío de resoluciones, como se ha comprometido, y cada vez más personas reciban el sí definitivo, todas ellas tendrán que acudir a una ventanilla que es clave para finiquitar su regularización: las comisarías de extranjería, con el objetivo de obtener su tarjeta física identificativa (TIE). Un paso que, de no cambiar el actual funcionamiento del sistema, no será fácil.

El trámite de la toma de huellas en comisaría, imprescindible para que la Policía Nacional emita el documento de identidad de los extranjeros regularizados, ya está empezando a dar problemas y corre el riesgo de convertirse en el próximo cuello de botella del proceso, según han denunciado ONG y sindicatos a elDiario.es. La causa no es nueva, el problema lleva años diagnosticado y sus efectos angustian a cientos de miles de ciudadanos en cada gestión mucho antes de la regularización extraordinaria: la falta de citas para los trámites de extranjería. Desde hace más de una década, pero especialmente tras la pandemia, conseguir una cita en comisaría para realizar gestiones específicas de la población inmigrante se ha convertido en un proceso exasperante, marcado por horas de intentos fallidos para lograr un turno. Una situación de la que se aprovechan grupos organizados que tratan de hacer negocio del fallo del sistema, a través de la venta de citas, lo que a su vez agrava aún más el problema.

“El Gobierno anunció que iban a tardar 15 días en responder sobre la admisión a trámite de las solicitudes y no ha sido así. Tenemos muchos expedientes que llevan esperando respuesta desde el inicio del plazo. Cuando contesten todo ese stock, no va a haber citas suficientes en extranjería para la toma de huellas. Si nunca las hay, si ahora mismo no hay para los trámites habituales, qué pasará cuando cientos de miles de personas lo necesiten casi de golpe”, dice con preocupación Victoria Columba, una de las portavoces del movimiento Regularización YA. El Gobierno defiende que trabajan de manera coordinada para solucionar los previsibles atascos.

Maira acaba de recibir las resoluciones favorables del proceso sus dos hijas, de 7 y 14 años. Las niñas son parte de las cerca de 11.000 personas a las que el Gobierno ha dado la luz verde definitiva para la regularización, lo que se traduce en la concesión de un permiso de residencia de cinco años, más largo que el permiso otorgado a los adultos. Pero su proceso no acaba aquí. Para consolidar ese derecho, la colombiana debe acompañar a sus niñas a comisaría con el objetivo de registrar sus huellas y solicitar sus tarjetas identificativas. Y para eso necesita una cita.

“Tengo alivio porque sé que mis hijas ya están. Tienen una residencia, están completamente regulares... Pero ahora tengo otro dolor de cabeza: pensar en sacar la cita”, explica la mujer, que llegó a Madrid con su familia en febrero de 2023. “Recibí la resolución y de una vez empecé a mirar si podía sacar citas. Y no. Es que no hay citas por ningún lado”, lamenta la colombiana.

La arbitrariedad del sistema para acceder a una cita de manera electrónica, la falta de recursos suficientes en las comisarías y la venta ilegal de turnos obliga a miles de inmigrantes a pasar días delante del ordenador en su intento de encontrar un hueco disponible. Muchos dedican horas durante la madrugada, porque el boca a boca dice que es uno de los momentos donde la Policía vuelca nuevos turnos en la plataforma. Se trata de un problema que, pese a las constantes denuncias y la publicación de numerosas informaciones al respecto, ni el Ministerio del Interior y ni las Delegaciones del Gobierno han atendido lo suficiente.

A su vez, la situación ha generado un nicho de mercado entre particulares, locutorios, abogados y gestorías que ofrecen citas a través de plataformas como Wallapop, Mil Anuncios o Facebook. Los precios oscilan entre los 30 y los 200 euros, dependiendo del servicio y del tipo de anunciante. Los grupos organizados suelen utilizar bots para comprar los turnos de manera masiva, que luego venden de manera ilegal por Internet, lo que obstaculiza aún más el acceso a una cita sin pagar a cambio.

Y este es el panorama que se encontrarán, de no tomar medidas suficientes, los cientos de miles de personas que se prevé que recibirán una resolución favorable de la regularización en los próximos meses o incluso semanas, en función del ritmo de respuesta, que el Gobierno defiende que se incrementará tras el cierre del plazo. El movimiento impulsor del proceso, Regularización YA, advierte de que el avance del proceso aumentará la demanda de estos “servicios” irregulares de venta de citas.

La maratón de pedir una cita

La inquietud de Maira viene de su propia experiencia: ella ya atravesó la carrera de obstáculos necesaria hasta plasmar sus huellas en comisaría. La colombiana obtuvo un permiso por arraigo por la vía habitual el pasado mes de marzo y, después de sentarse frente al ordenador cada día durante distintas horas para tratar de encontrar un hueco disponible en toda la Comunidad de Madrid, logró un turno disponible. Describe con detalle el momento en que lo logró: era un lunes a las siete de la mañana. Hizo la gestión casi automática, como cada día, pero esa vez aparecía un hueco disponible. “Ingresé y había una cita para el 14 de julio, meses después. Me tocó lejísimos, en Coslada, pero hay que agarrar lo que sea. Normalmente, solo tenemos 5 o 7 minutos para rellenar todos los datos que pide y tomar la cita porque, si no, se la asignan a otro”, detalla la colombiana para describir el complejo proceso. “Y todo esto fue entrando a todas horas, todos los días. Revisar y encontrar siempre el mismo mensaje de 'No hay citas disponibles'.

A diez días para finiquitar su propio proceso, Maira arranca una nueva maratón para conseguir culminar el de sus hijas. “Tenemos miedo de que ahora nos pase lo mismo. Deseamos que las resoluciones que lleguen de ahora en adelante, ojalá lo puedan aprobar, lleguen de una vez, directamente con una cita para huellas, porque es muy complicado”, añade.

Ante la previsible escasez de citas y las trabas denunciadas por las ONG, la secretaria de Estado Migraciones, Pilar Cancela, ha defendido que el Ministerio de Inclusión —responsable del procedimiento de regularización— está trabajando en coordinación con el de Interior —competente en la emisión de las tarjetas identificativas— para “garantizar que las personas accedan a la siguiente fase del procedimiento”. Desde los equipos de la cartera dirigida por Elma Saiz reconocen el problema histórico en relación con las citas de extranjería y confían en que el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska tome las medidas necesarias para acelerar la emisión de documentos que exige el pico de demanda ligado a la regularización.

Primeras medidas de Interior

El día posterior al cierre del plazo para acogerse a la regularización, Interior dio un primer paso para flexibilizar los requisitos exigidos para la obtención de la tarjeta identificativa del extranjero en el caso de los beneficiarios de la regularización. Además de la falta de citas, otro de los asuntos que inquietaban a los solicitantes y las ONG que les acompañan era la obligación de presentar el certificado de empadronamiento y un pasaporte en vigor. Estas condiciones de la Policía Nacional chocaban con uno de los aspectos que caracterizaron al procedimiento extraordinario: la relajación de los trámites que normalmente se piden en estos procesos y que suelen ser un obstáculo para muchas personas migrantes irregulares. Algunas de estas era, precisamente, el empadronamiento, debido a las trabas con las que se chocan para registrarse en el padrón; o la exigencia de presentar un documento en vigor, ante la dificultad para renovar sus pasaportes para los nacionales de determinados países.

Tras meses de peticiones por parte del Movimiento Regularización Ya y otras organizaciones, la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior dictó este miércoles una instrucción que fija los criterios necesarios para la expedición de la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE) a los beneficiarios de la regularización. En teoría, la orden interna flexibiliza los requisitos más problemáticos.

Según fuentes de Interior, las personas acogidas a la regularización “deberán acreditar su identidad mediante la presentación del pasaporte en vigor”, pero en caso de carecer de él “también se podrá aportar un pasaporte caducado, siempre que se acompañe de documentación acreditativa de la solicitud de renovación, como justificantes de cita consular, correos del consulado o resguardos de solicitud”. Este medio ha pedido al Ministerio el texto literal de la instrucción, para confirmar el margen de interpretación de la directriz -pues es habitual que cada comisaría de extranjería funcione de forma distinta en función de la provincia o en función de cada agente de turno-, pero la respuesta ha sido negativa al tratarse de un documento interno.

Para quienes obtengan la respuesta favorable en el procedimiento extraordinario, la Policía Nacional tampoco exigirá el empadronamiento en todos los casos, aunque sí en algunos. “El domicilio que figurará en la TIE será el aportado por la persona extranjera en el momento de la solicitud de regularización, el mismo que consta en la autorización de residencia”, explican las mismas fuentes. “Solo en el caso de que en el impreso de solicitud de la TIE se consigne un domicilio diferente, este será recabado electrónicamente por la Administración o se corroborará mediante la aportación del certificado o volante de empadronamiento del ayuntamiento, expedido con una antelación máxima de tres meses a la fecha de la tramitación de la TIE”, añaden desde Interior sobre el contenido de la instrucción interna.

El “plan de choque” de Policía Nacional

La Dirección General de la Policía Nacional activó lo que describen como un “plan de choque” para responder al incremento a la demanda de trámites ligados a la regularización. Sin embargo, ese incremento de la necesidad de citas de extranjería en los próximos meses se produce en un momento en que los problemas para conseguir un turno ya son habituales y exasperan a los inmigrantes que gestionan sus papeles por la vía ordinaria.

El plan consiste en pagar más cada hora extra a los agentes que se ofrezcan voluntarios para atender los trámites ligados a la regularización, según un documento de la Policía de la Subdirección General de Logística e Innovación de la Policía Nacional al que ha accedido Europa Press. “El objetivo del plan es dar respuesta al incremento de la demanda asumida en las Unidades de Documentación como consecuencia del proceso extraordinario de regularización”, indica el escrito. En este sentido, los policías obtendrán 25 euros por cada hora extra “que se vean afectadas por la sobrecarga administrativa derivable del proceso en cualquiera de sus puestos de expedición, tanto de Tarjetas de Identidad de Extranjero, como DNI o Pasaporte”.

El sindicato policial CEP ha criticado que no se hayan reforzado las plantillas, que únicamente se haya optado por pagar horas extra. “Empieza la fase que más tiempo va a prolongarse y la que mayor esfuerzo va a exigir a la Policía Nacional”, indica un comunicado.

Maira obtuvo su permiso de residencia por arraigo en marzo de este año, pero aún no ha logrado tener en sus manos la tarjeta identificativa ante el bloqueo de citas en comisarías de extranjería. Aunque su permiso es válido sin este documento, la falta de un documento válido obstaculiza la inclusión de los inmigrantes. Por ejemplo, aunque es posible, algunas empresas rechazan a quienes no cuentan con él. La falta de esta tarjeta complica la apertura de una cuenta bancaria, la petición de becas de estudios o la emisión de certificados oficiales de formaciones profesionales, etc. “No tiene sentido que nos aprueben una residencia y lograr una cita para huellas casi cuando vamos a tener que renovar el permiso”, resume.

El proceso de regularización extraordinaria puesto en marcha por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones el pasado 16 de abril y finalizado el 30 de junio, ha concluido con un total 8.767 solicitudes registradas en Cantabria.

Además, se han asignado 3.077 citas y una de cada cuatro solicitudes se han presentado en oficinas, según datos del balance provisional del proceso de solicitud de regularización extraordinaria que ha hecho público el Ministerio este jueves.

A nivel nacional, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado este jueves que se han registrado 1.174.978 solicitudes en el proceso de regularización extraordinario de migrantes, de las que el 52%, esto es 608.000, ya están tramitándose.

En un vídeo para ofrecer los primeros datos disponibles del proceso de regularización, en el que se pudo participar hasta el pasado 30 de junio, la ministra ha subrayado que el volumen total de solicitudes, más de 1,17 millones, “pone en valor la necesidad de llevar a cabo un procedimiento de este tipo, que permitirá que cientos de miles de personas que ya residen en España pero con miedo y sin derechos, afronten el futuro con ilusión y con esperanza”.

“En estos momentos ya contamos con más de 608.000 expedientes en tramitación, lo que supone casi el 52% del total de las solicitudes presentadas”, ha apuntado Saiz, que ha recordado que, en este procedimiento, la admisión a trámite ya conlleva un permiso provisional para residir y trabajar en todo el país.

Según los primeros datos aportados por la ministra, que serán ampliados en una rueda de prensa que se celebrará este mismo martes, las comunidades autónomas donde se han registrado un mayor número de solicitudes han sido Cataluña, con más de 257.000; Madrid, con 202.000; la Comunidad Valenciana, con 167.000, y Andalucía, con 161.000.

En cuanto a la procedencia de los solicitantes, la también portavoz del Gobierno ha desvelado que el 67% de ellos proceden de América Central y América del Sur. En concreto, Colombia concentra el 26% del total de solicitudes, seguida por Marruecos, con un 13,4%; Venezuela (11,7%) y Perú (8,8%).

“Estamos ante un procedimiento exitoso, un verdadero hito de nuestra política migratoria y un trabajo colectivo del que podemos sentirnos muy orgullosos”, ha concluido la ministra.

“Yo quiero un techo para vivir con mis hijos y mi marido con un poco de dignidad”, afirma Amal, que significa esperanza en árabe. Bajo este seudónimo, esta madre siria busca que la administración pública, a la que responsabiliza de su situación en España, les preste atención y les ofrezca una ayuda tanto a ella como a su familia.

La guerra de Siria hizo que esta familia tuviese que abandonar en 2013 Idlib, ciudad actualmente tomada por los rebeldes. Como consecuencia, se marcharon al Líbano, donde el marido, que trabajaba en la obra antes de emigrar, sufrió un ictus que lo dejó discapacitado intelectualmente, lamenta Amal, que no lo deja solo ni un instante al ser una persona dependiente.

Esta situación hizo que el Estado español y ACNUR (la agencia de la ONU para los refugiados), a través del Programa Nacional de Reasentamiento, llevaran a esta familia a Sevilla en 2022 para que, un año más tarde, se les reconociese la condición de refugiados. La responsabilidad de dar un techo a esta familia e integrarla en la sociedad recae en un primer momento sobre el Ministerio de Inclusión Seguridad Social y Migraciones, que una vez pasados 18 meses desde su llegada, o 24 en casos excepcionales, transfiere sus competencias a las administraciones autonómicas y locales. 

Un punto de inflexión

Durante su estancia en el Centro de Acogida al Refugiado (CAR) de Sevilla se programó una excursión a la playa de Matalascañas (Huelva) en julio de 2023, donde se produjo la muerte de su hijo ahogado. Según Amal, su hijo no recibió ningún tipo de ayuda por parte de los monitores responsables ni de los socorristas, ya que no había ninguno en la zona en la que ocurrió la desgracia. “Fueron las olas las que devolvieron el cuerpo de mi hijo por la noche”, describe Amal visiblemente emocionada. 

Durante el trágico suceso, la madre se encontraba en Sevilla atendiendo a su marido, motivo por el que rechazó ir a la playa. Señala que fue obligada a mandar a sus hijos, anunciando que denunciará al CAR como responsable de la muerte de su hijo.

Este periódico ha contactado con el CAR de Sevilla, dependiente directamente del Ministerio de Inclusión Seguridad Social y Migraciones, para conocer su versión de los hechos, de este suceso en concreto y de los hechos denunciados por la portavoz de la familia, si bien al cierre de esta información no se ha comunicado nada al respecto.

El varapalo de la muerte del primogénito le ha supuesto grandes problemas psicológicos a Amal que, además, señala que todavía no le han permitido despedirse de su hijo. Como consecuencia, y ante la amenaza de los servicios sociales de quitarle la custodia de sus tres hijos, los tuvo que dejar con un familiar directo que se encontraba en Sevilla.

Un intento de pasar página

Para trata de olvidar la muerte de su hijo, Amal decidió abandonar el CAR de Sevilla ya que todo le recordaba al joven fallecido. En noviembre de 2023, el propio centro les financió el viaje a un centro de acogida de Baviera (Alemania), ciudad donde se encontraban familiares y conocidos. 

Una vez allí pidieron formalmente que se les fuese reconocida la condición de refugiado, pero al tener el estatuto de refugiados en España, les indicaron que debían abandonar el país germano a los seis meses de llegar. No obstante, las autoridades alemanas le aseguraron que habían hablado con los responsables españoles de acogida y que, al aterrizar en Madrid, se harían cargo de su situación. 

Sin embargo, cuando llegaron no encontraron ningún tipo de ayuda y se vieron en la calle durante cinco días. Esto les hizo tomar la decisión de volver a Alemania en autobús con los pocos ahorros que tenían. Pero la historia se volvió a repetir y a los seis meses estaban de vuelta en España, donde volvieron a Sevilla. 

En la capital hispalense, el CAR les denegó el acceso al no encontrarse en el Programa Nacional de Reasentamiento por su marcha a Alemania, haciendo que pasaran dos noches a la intemperie. Sin embargo, se les facilitó un hostal durante 15 días. Una vez pasado este plazo, se volvieron a ver en la calle.

“Discrminación brutal”

Actualmente, son personas anónimas y asociaciones las que pagan un hostal a la familia, que además acuden al banco de alimentos para tener comida. Esta “discriminación brutal” que sufre Amal por parte de los organismos públicos hace que sienta que esta etapa sea “lo peor de mi vida, la humillación que he sufrido aquí no la he sufrido ni en el Líbano, ni en Siria cuando estaba en la guerra”. 

Pese a que el Ayuntamiento activó correctamente una primera respuesta de emergencia, ofreciendo un lugar donde quedarse, la interrumpió cuando la necesidad seguía existiendo. Desde el Ayuntamiento de Sevilla aseguran a elDiario.es Andalucía que se ha atendido a esta familia por encima de sus posibilidades y que, al no pertenecer la familia al Programa Nacional de Reasentamiento, tienen que seguir el mismo procedimiento que el resto de ciudadanos. La Junta de Andalucía, por su parte, es la encargada de la dirección, garantía, coordinación y prestación especializada a los migrantes que vienen a España.  

Según se dice en la carta que han emitido desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) al Defensor del Pueblo Andaluz, en caso de que su marcha a Alemania hubiese supuesto un incumplimiento, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones debería de haber iniciado las gestiones correspondientes para darlos de baja en el sistema y, posteriormente, comunicárselo a la familia. Sin embargo, esto no ha sucedido de forma explícita, denuncia APDHA, ya que solamente han obtenido la negativa verbal del CAR, no tramitándose así a través de la Ley 39/2015. 

Este miércoles, miembros de la la APDHA, que está ayudando a Amal y su familia, acudieron a los Servicios Sociales municipales de Sevilla Este donde le consiguieron una cita de última hora. Aquí, según cuentan fuentes del APDHA a este medio, el Defensor del Pueblo les había indicado que habría una solución al tema del hospedaje pero, tras una larga espera, no pudieron concretar nada al respecto.

La red de entidades 'CIES No' ha denunciado el ingreso en Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y, en algunos casos, la deportación de migrantes que estaban en proceso de beneficiarse de la regularización extraordinaria de inmigrantes que está llevando a cabo el Gobierno.

Así lo ha señalado con motivo del Día contra los CIE, que conmemoran el 15 de junio, esta plataforma, que alerta de que el internamiento en estas instalaciones está suponiendo “una amenaza al derecho de regularización” porque el procedimiento no tiene en cuenta la necesidad de facilitar el acceso a las personas que están allí privadas de libertad y tuteladas por la administración.

Relatan que muchas personas han intentado ser deportadas desde estos centros aunque finalmente han podido parar su expulsión -citan el caso de los marroquíes Mounir y Oussama desde el CIE de València y de Omar desde el de Algeciras- pero otros han corrido “peor cuerte” como Abdou, que finalmente fue retornado a Senegal.

El pasado 1 de junio, Defensor del Pueblo pidió a la Policía detener la expulsión de personas en proceso de regularización tras recibir varias quejas de solicitantes que habían sido detenidos o informados de las ejecución de su expulsión.

Fuentes de Interior han explicado a EFE que ya se actúa bajo ese principio, siempre que las personas carezcan de antecedentes penales y no representen una amenaza para el orden público, la seguridad o la salud pública.

La plataforma ha condenado también las dificultades de acceso de las personas internadas a un abogado y los problemas que enfrentan las organizaciones sociales que visitan las instalaciones, como la falta de privacidad en las visitas o de espacios dignos para los encuentros.

La red de entidades ha rechazado la inversión de más de 30 millones de euros en el nuevo “macro-CIE de Algeciras, símbolo de un modelo fallido y cruel” en lugar de a políticas de acogida e inclusión“.

Exigen la puesta en libertad de todas las personas internas en CIE, mecanismos que garanticen que las personas que han solicitado la regularización no sean internadas ni deportadas y el cierre definitivo de todos los centros, entre otras demandas.

Por su parte, la Conferencia Española de Religiosos (CONFER) también ha pedido este lunes el cierre definitivo de estos centros y, en este sentido, ha recordado las palabras del papa León XIV en su viaje a España: “La dignidad humana no tiene pasaporte ni pierde valor al cruzar la frontera”

El Tribunal Supremo (TS) ha inadmitido el recurso interpuesto por Aragón contra el Gobierno central con motivo de la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería para garantizar una acogida digna de los niños y adolescentes no acompañados que llegan a España. En concreto, se trata de la impugnación presentada por el Ejecutivo de Jorge Azcón ante el supuesto silencio del Consejo de Ministros en torno a los criterios de aplicación del sistema de distribución por parte de las comunidades autónomas.

La sala concluye que el Ejecutivo autonómico dirigió su apelación “contra una actuación no susceptible de impugnación contencioso-administrativa”, y por ello acuerda la inadmisión del procedimiento.

Desde el Ministerio de Juventud e Infancia han subrayado que las pautas han sido públicas desde el principio puesto que así figuran en el Real Decreto-ley 2/2025 y en los siguientes decretos de desarrollo. Del mismo modo, estos criterios –sostienen– fueron debatidos en las distintas conferencias sectoriales convocadas a tales efectos, sin que ninguna región propusiese en ellas otras reglas alternativas.

Fuentes ministeriales recuerdan que con este son ya al menos cinco los “varapalos judiciales” que recibe el Gobierno aragonés desde la aprobación del Real Decreto-ley para la acogida solidaria y vinculante de la infancia y la adolescencia migrante no acompañada. A ello, añaden, se suman las resoluciones desfavorables que en esta misma línea también se han producido respecto a las acciones legales similares emprendidas por otras administraciones como Andalucía, Baleares o la Comunidad Valenciana.

La ministra Sira Rego ha vuelto a defender “un mecanismo de solidaridad interterritorial que ha permitido destensar los sistemas de acogida en Canarias, Ceuta y Melilla, los territorios declarados en contingencia migratoria extraordinaria”. “Esto se ha traducido en una mejor atención a los niños, niñas y adolescentes que han sido trasladados al resto de comunidades autónomas del Estado”, manifiesta. Según Rego, “el Gobierno de España hace lo contrario a lo que hacen la derecha y la ultraderecha allá dónde gobiernan. Nosotros reforzamos derechos donde otros pactan racismo. Y esto no se negocia”.

La administración autonómica, que desde el inicio se ha opuesto al reparto obligatorio aprobado en la última modificación de la norma de extranjería, puso en marcha ya en la pasada legislatura una estrategia de judicialización de todo el proceso. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya tumbó primero las medidas cautelares solicitadas por el Ejecutivo autonómico para evitar dar a conocer sus datos de distribución y luego la propia impugnación. Y la Audiencia Nacional desestimó las demandas planteadas frente a la convocatoria de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia.

Por otra parte, existen también cuatro sentencias, dictadas por un órgano de instancia de Ceuta, que anulan el traslado a la Comunidad de otros tantos jóvenes extranjeros no acompañados. Los fallos no son firmes y responden a las impugnaciones presentadas por el Gobierno de Aragón contra el desplazamiento de estos chicos.

Durmiendo en el suelo, sin ventanas en las celdas, con suciedad y falta de medios para quejarse de la situación en la que se encuentran, las personas que son detenidas en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Almería llevan 14 años sufriendo las condiciones penosas de las instalaciones que los acogen después de llegar al país en largas travesías donde se exponen a perder sus vidas. El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), órgano dependiente del Defensor del Pueblo, ha emitido hasta 13 sugerencias en el último control que se dio en la provincia, pese a que varias de ellas llevan varios años siendo reiteradas ante la Dirección General de la Policía, dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad.

La ficha de seguimiento del CATE fue actualizada por completo el pasado 26 de mayo y se incluye en el informe del año 2025 presentado por Ángel Gabilondo, defensor del Pueblo, el pasado mes de marzo en el Congreso de los Diputados. La función del MNP consiste en supervisar los lugares de privación de libertad en el país de acuerdo con los principios de la Convención de las Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (OPCAT). Las visitas se hacen de manera aleatoria y sin previo aviso, cuyo objetivo es revisar el estado del sistema y garantizar la integridad y dignidad de las personas que desembarcan en el país.

Con respecto al CATE de Almería, los días 25 y 26 de junio del año pasado, el director y una técnica del MNP, junto a un técnico del área de Migraciones e Igualdad de Trato, y otro técnico del área de Seguridad y Justicia del organismo, realizaron el examen en el puerto almeriense y, posteriormente, en Motril. En esta inspección, se mantuvieron entrevistas con agentes de la Policía Nacional y personal de Cruz Roja, entidad contratada por la Secretaría de Estado de Migraciones, pero no se pudo contar con el testimonio de personas detenidas al no haber ese fin de semana.

Entre las observaciones más destacables, el organismo se refiere a los techos del módulo en el que se mantienen a los menores que llegan a la costa andaluza sin compañía. De estas estructuras se pueden fijar colgaduras, por lo que son “susceptibles” de ser “utilizados para conductas autolíticas, lo que puede comprometer su indemnidad”. Una llamada de atención reiterada y que se dio ya en 2014. La solución era sustituir el material, pero no se ha adoptado “ninguna medida”, aunque la Dirección General de la Policía adelanta en el escrito enviado el 11 de junio como respuesta que se estudiarán las medidas para abordarlo “este mismo año”.

“Constituye un trato indigno y degradante”

Lo primero que reseñan desde MNP es que las instalaciones “necesitan mantenimiento y limpieza”, especialmente para combatir el óxido de la valla perimetral que rodea el CATE, al igual que piden que se retire la basura en un pasillo donde se realiza la primera atención humanitaria. Entre las carencias más graves, se constata que no hay ningún tipo de mobiliario en las celdas de los varones adultos y de los menores no acompañados, impidiendo que descansen en buenas condiciones.

Pese a que en las anteriores visitas se dio cuenta de este conflicto, como queda reflejado en los informes de 2022, 2020, 2019, 2017, 2014 y 2011, todavía no hay una solución efectiva. “Desde 2011 se ha puesto de manifiesto la necesidad de que se instalen literas y se evite que personas que llegan a las costas españolas después de una dura travesía y en condiciones físicas y psicológicas muy deterioradas, deban sentarse y dormir en el suelo”, subraya el escrito, “es una práctica que constituye un trato indigno y degradante, muy especialmente entre personas menores de edad sin cuidadores adultos”.

“En 14 años transcurridos desde la primera visita del MNP a estas instalaciones, la Administración podría haber buscado una solución que armonizara las necesidades de seguridad con el deber de evitar situaciones degradantes para las personas bajo custodia, o que incluso sean contrarias a su bienestar e integridad física y psicológica”, tachando la respuesta otorgada por instancias superiores de “contraria” a los derechos fundamentales. “La argumentación alegada no justifica la negativa a dotar a las instalaciones del mobiliario necesario para una estancia digna”, a lo que añaden que hay un peor trato para estas personas que para las que están detenidas en otros CATE o en el propio módulo para mujeres y niños, donde sí hay mobiliario “para no tener que dormir y acostarse en el suelo”.

En estas mismas celdas para los varones adultos hay otros hándicaps, ya que carecen de ventanas que provocan la falta de ventilación. “Las paredes de las celdas presentan, en el momento de la visita, un aspecto muy sucio y descuidado, y están llenas de pintadas”, describen, “no hay acceso a los baños desde las celdas de los varones adultos y no resulta posible el acceso a espacios al aire libre desde la celda”, al contrario de lo que sucede en otros centros de acogida, para lo que citan a las dependencias habilitadas en Gran Canaria, Tenerife, Málaga o Motril. Además, los cubos de basura están cerca de los cubículos, provocando riesgos para la salud, y, entre los puntos que se recogen, recomiendan instalar toldos u otros elementos que den sombra y “habilitar espacios para que las personas detenidas puedan acceder a zonas al aire libre durante su estancia”.

Sin sistema sonoro de seguridad ni contacto exterior

En cuanto a la seguridad, todas las celdas del CATE carecen de sistema sonoro de llamada. “Este hecho dificulta que el personal de custodia pueda prestar la necesaria asistencia a los internos ante cualquier incidente o vicisitud ocurrido durante la custodia, que ponga en riesgo la seguridad o integridad de las personas detenidas”, especifican. Para paliar esta falta, se hacen rondas durante la noche, sin embargo, los agentes solo escuchan las llamadas de voz una vez están delante de un módulo en concreto. “No cabe concebir una instalación pública en la que la atención precisa haya de ser reclamada mediante llamadas de voz”, advierten, aparte de que el cierre de las puertas de todas las celdas y módulos del CATE es manual, lo que puede “poner en riesgo la vida y la integridad física” de los detenidos.

Con relación a los recursos para los extranjeros, faltan fuentes de agua potable en las instalaciones donde duermen y carecen de libro de quejas y sugerencias en el propio edificio debido a que se encuentran en la comisaría por donde no pasan los individuos, refleja el MNP. Por otra parte, se les retira el móvil una vez dentro del CATE, a diferencia del protocolo en otros centros, como Barranco Seco. “El conjunto de estas medidas imposibilita el contacto con el exterior, generando un sufrimiento innecesario en las personas extranjeras y sus familiares, que no pueden saber que han llegado con vida a tierra firme” y, a su vez, “esta incomunicación puede perjudicar el adecuado ejercicio del derecho a la defensa o un sufrimiento innecesario porque limita la comunicación con su letrado o personas de confianza”.

A esta falta de comunicación habría que añadir que en el CATE de Almería el responsable del turno saliente durante los relevos no deja constancia de las incidencias habidas en el turno por escrito. Se comunica “solo de forma verbal” las incidencias y las circunstancias relevantes de la custodia, como la presencia de personas detenidas con necesidades especiales. Una cuestión que va contra lo establecido en una instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad, recuerda el ente, para lo que recomienda una vez más que haya registro de lo sucedido durante las guardias.

Respuesta del Ministerio del Interior

En la ficha actualizada de mayo no constan las respuestas por parte de la administración a las resoluciones emitidas por el Defensor del Pueblo, aunque en anteriores ocasiones se ha aludido a la falta de presupuesto o a las medidas de seguridad vigentes para justificar alguna de las actuaciones, como que no haya camas. A tenor de la falta de literas, ya en el año 2011 se hacía constar en el informe de la MNP que la carencia de este mobiliario “afectaba” al descanso de los recién llegados. “Se ha solicitado que se subsane esta deficiencia”, ya que, observa el escrito, “no deberían dormir en colchonetas extendidas en el suelo”. Una década más tarde, permanecen.

A preguntas de este medio, fuentes del Ministerio del Interior confirman que la Dirección General de la Policía remitió el 11 de junio por escrito las respuestas al Defensor. En el documento, trasladan, se aclaran las peticiones de información y se atienden la mayor parte de las sugerencias formuladas por la institución. En este sentido, adelantan que está prevista “para este mismo año” la instalación de los elementos de sombra y, también, la colocación de los carteles para indicar cuáles son las zonas con videovigilancia. Además, indican que “se están estudiando ya” la forma de intervenir en el techo del módulo de menores.

No obstante, la Dirección General plantea que hay sugerencias “que ya se aplicaban en el momento de la visita realizada a las instalaciones”, como la existencia de colchones ignífugos, así como la presencia de un sistema de mantenimiento permanente y del abastecimiento de agua potable “que atiende en todo momento las necesidades de las personas del centro”. También, confirma la existencia de un libro de quejas y sugerencias y de un libro de relevos.

Abdou fue a realizar un trámite a comisaría, como lo hacía cada semana desde que la Policía le requisase hace unos meses su pasaporte al tener una orden de expulsión en firme, pero este lunes fue diferente: el senegalés, que vivía en España desde hace unos tres años, acabó detenido, y en estos momentos se encuentra en el Aeropuerto de Madrid para ser expulsado de forma exprés. El hombre fue uno de los migrantes desalojados a la fuerza en diciembre de 2025 del instituto ocupado B9 por el alcalde de Badalona, Xavier Albiol (PP), cuando centenares de migrantes se quedaron en la calle en uno de los desalojos más grandes de España.

Después de haber vivido en situación de calle, Abdou fue acogido unos días por Àngela Valeiras, una jubilada de Badalona, que le acompañó desde entonces en su proceso de arraigo en España. “Le dijimos que fuese cada lunes a firmar como nos indicaron en comisaría, para que cumpliese con todo lo que le pedían ahora que estaba empezando a salir adelante”, explica Valeiras. Este lunes entró en comisaría, pero esta vez fue detenido para ejecutar su expulsión en un plazo máximo de 72 horas.

El senegalés ha sido trasladado este martes desde Barcelona al Aeropuerto de Madrid para ser enviado a su país en un vuelo de deportación, explica su abogada, Marta Llonch. Su defendido, asegura, fue víctima de las llamadas “citas trampa”, una práctica policial denunciada por colectivos de migrantes y antirracistas, que consiste en la utilización de una cita policial de una persona migrante en situación irregular para proceder a su expulsión por la vía expréss, un procedimiento rápido que permite la deportación durante las 72 horas en que una persona puede ser detenida sin autorización judicial, siempre que exista una orden de expulsión firme, como es el caso de Abdou.

Este medio ha preguntado por el caso al Ministerio del Interior, pero rechazan hacer declaraciones concretas, salvo asegurar que cumple con la normativa en materia de extranjería al existir una orden de expulsión firme anterior autorizada por un juzgado. El departamento dirigido por Fernando Grande Marlaska suele negar el uso de las llamadas “citas trampa” para proceder a la expulsión de extranjeros.

Acogido por una médico jubilada de Badalona

El ciudadano fue detenido este lunes a las 12:45 horas por “infracción de la Ley de Extranjería”, en concreto, “por encontrarse irregularmente en territorio nacional”, según consta en el acta de detención, a la que ha tenido acceso elDiario.es, sellada por la Jefatura Superior de Policía de Catalunya. Solo le dejaron hacer una llamada, y Abdou marcó el número de Àngela Valeiras, la médica jubilada de Badalona que lo acogió en su casa tras el desalojo del instituto B9. Su historia salió publicada entonces en varios reportajes que contaban la reacción de la señora, que decidió recibir a dos de los migrantes que habían quedado en situación de calle.

Después de acogerle durante unos días, el senegalés pasó a vivir en un albergue para personas sin hogar en el que permanecía desde entonces. Valeiras siguió en contacto con Abdou en todo momento, y lo ha acompañado en su proceso de arraigo en España. “Estoy súper triste. Me llamó cuando le detuvieron y tenía una voz... Desde que consiguió un sitio donde vivir, estaba generando una red y ahora tenía arraigo”, dice la mujer, quien se encargó de llamar a su trabajador social y a su abogada para tratar de detener una expulsión que todo apunta que acabará ejecutada.

La mujer jubilada menciona preocupada la cita médica que el senegalés ha perdido tras su detención, como si de su madre se tratase: “Hoy mismo tenía hora en el centro de salud, de seguimiento, por problemas ligados a todo el sufrimiento que vivió cuando estuvo en la calle”, dice la señora por teléfono. Su voz se corta cuando explica cómo se llevó a cabo la detención. “No le cogieron por la calle, él mismo fue a comisaría para firmar. Yo le había acompañado a la comisaría cuando le quitaron el pasaporte. Se presentaba cada lunes como nos dijeron. Qué rabia siento, porque yo le dije 'por favor, ve cada lunes'. Nos hizo caso en todo y ahora se lo han quedado allí”, dice. “Me sabe fatal. Él ha confiado en nosotros, en la abogada y en quienes le hemos ido acompañado, y el resultado es este”.

Petición de asilo

Tras su llegada a España en cayuco a Tenerife hace unos tres años, el senegalés pidió asilo. Durante un tiempo, tuvo permiso de residencia en el país, con lo que pudo trabajar como ayudante de cocina en un restaurante. Posteriormente, perdió los papeles al recibir la denegación de su petición y trabajó en el campo por temporadas. Sus escasos jornales esporádicos, sin embargo, no eran suficientes para costear un techo bajo el que dormir. Después de largas temporadas sin hogar, se alojó en el institut ocupado B9, hasta su desalojo.

El 17 de diciembre de 2025, los Mossos d'Esquadra desalojaron a centenares de migrantes que malvivían en este instituto abandonado de Badalona. El desalojo del espacio, ejemplo de la pobreza y el desamparo que sufren muchos migrantes sin ayuda de las instituciones, fue instado por el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol (PP). El día siguiente del desalojo, Àngela apareció en la vida de Abdou y lo acogió junto a otro compañero. La mujer les ofreció su casa sin pensarlo demasiado, como informó entonces ACN. “Me dejé llevar por el corazón ante una situación muy desesperada”, explicó en declaraciones recogidas por la Agencia. Los jóvenes mostraron su gratitud aquellos días limpiándole la casa y cocinándole platos típicos senegaleses antes de marcharse el domingo a un espacio habilitado por entidades y la Generalitat para darles cobijo.

Abdou aún no había pedido la regularización porque estaba esperando el certificado de antecedentes penales de su país, Senegal. El hombre carece de antecedentes penales en España, pero sí cuenta con varios antecedentes policiales y “dos procedimientos judiciales pendientes” ligados a su etapa en situación de calle.

Según su abogada, se trata de un caso de “usurpación” ligado a su entrada en un piso de la Sareb donde el joven entraba para ducharse. La otra causa tiene que ver con un delito contra salud pública, de cuando vivía en situación de sinhogarismo. “Fue acusado injustamente, por motivos aparentemente de perfil étnico-racial, porque estaba al lado de alguien que vendía drogas y se le detuvo a él también. Tiene muy buena defensa, no había pruebas contra él, pero el juicio ya no se llegará a celebrar si le expulsan”, sostiene su letrada. Este medio no ha podido confirmar de manera independiente su situación legal.

El trabajador social de Abdou estaba en proceso de cancelar varios antecedentes policiales que eran suscetibles de ser desactivados antes de solicitar la regularización, según Valeiras. Sin embargo, tras conocer su detención, su abogada de Cáritas, otra de las ONG que le apoyaba, ha registrado su regularización con los documentos con los que contaba por el momento, con la intención de intentar frenar la inminente expulsión.

“Nadie sabe bien lo que es vivir en la calle. En cuanto salió de la calle dejó de tener causas. Estoy muy dolida. Se ha esforzado tanto, y hemos puesto tanto de nosotros mismos también su abogada, su trabajador social y yo para acompañarlo y que conseguiese lo que estaba consiguiendo... Abdou me llegó a contar que estaba días y días sin salir de un rincón de la calle, sin poder ducharse, con una costra negra de suciedad. Fue víctima de agresiones racistas...”, explica la jubilada.

La voz de la mujer española se quiebra cuando recibe una información de Abdou, que conoció justo antes de una de las llamadas con este medio. “Me ha dicho la abogada que ya está de camino al aeropuerto. Y no nos dejan hablar con él. Se estará sintiendo super abandonado”, dice con un hilo de voz. “Tenía muy mala experiencia de los blancos. Sufrió mucho racismo. Hace unos días vino a comer a casa y se reía. Me decía: eres la primera persona blanca con la que me río. Estaba empezando a tener red, un arraigo, y ahora se lo llevan”, lamenta Valeiras.

El Gobierno ha cancelado la expulsión de Mounir Meziat, un joven marroquí que había sido detenido en Altea por no tener papeles, cuando se dirigía a una cita con su abogada para formalizar su petición de regularización extraordinaria. El marroquí, quien trabaja habitualmente como temporero en Alicante, fue encerrado en el Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de Valencia, desde donde la semana pasada iba a ser devuelto a su país pese a haber registrado su petición de regularización a través de su abogado. Después de la intervención del Defensor del Pueblo y la presión mediática, el Ejecutivo ha suspendido su orden de retorno. Este lunes, Mounir ha salido en libertad, según ha confirmado su defensa y el Ministerio del Interior a elDiario.es.

El departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska confirma la liberación del ciudadano marroquí pero no detallan las razones que han empujado finalmente a la decisión. La semana pasada, tras la publicación del caso y las denuncias difundidas por la plataforma CIEs No Valencia, el Ministerio de Interior realizó consultas interministeriales a la Secretaría de Estado de Migraciones para conocer si Mounir Meziat había realizado “gestiones” en relación al procedimiento de regularización.

Su abogado, Álvaro Vico, también había registrado una queja al Defensor del Pueblo, quien actuó y pidió información a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras. Aunque su defensa había registrado un recurso de reforma en contra del internamiento y expulsión del marroquí, la liberación no se ha producido por orden juidicial. “Ha sido una decisión de la autoridad gubernativa”, sostiene el letrado, quien se ha encargado del caso a partir de la orden de internamiento.

El chico marroquí, quien trabajaba como jornalero en el campo alicantino, fue enviado al CIE por orden judicial ante su supuesta falta de arraigo en el país, pese a llevar más de dos años en el país, estar empadronado en Altea y haber trabajado con contrato durante meses en un restaurante del pueblo alicantino mientras tenía papeles durante la tramitación de una petición de asilo. Tras perder su permiso de residencia, empezó a trabajar en el campo, por lo que se desplazaba por temporadas a la comarca de la Vega Baja del Segura, donde solía encontrar fincas donde necesitaban su mano de obra, especialmente en la campaña de la naranja.

El joven cumplía con las condiciones de la regularización antes de su internamiento. toda la documentación presentada por su abogado en la Oficina de Extranjería de Alicante, a la que ha accedido elDiario.es, confirma la carencia de antecedentes penales en su país, su vinculación laboral pasada y su residencia continuada en España durante el tiempo exigido. “Tenía toda la documentación preparada e iba a entregarla para registrarla. Hasta el pago de la tasa”, dice Álvaro Vico, el abogado que trata de sacarle del CIE, quien finalmente se encargó de registrar su petición de regularización dos días después del internamiento de su cliente, que ha presentado un recurso al jugado que autorizó su encierro apelando al arraigo de su cliente.

El marroquí fue detenido el pasado 7 de mayo a las 12:45 por la Policía Nacional, según consta en el auto de internamiento al que ha tenido acceso elDiario.es. La magistrada del juzgado de instancia número 4 de Benidorm, Ana Isabel García-Galbis, autorizó su encierro argumentando la “falta de domicilio conocido”. De la “declaración obrante en autos”, sostiene la jueza, “no se desprende la existencia de elementos que haga pensar que no vaya a evadir la acción de la autoridad gubernamentativa frustrando el expediente de expulsión, porque no le consta trabajo ni domicilio conocido”.

El día de la detención, un amigo le estaba llevando en coche a Benidorm, donde se encontraba su primo, para recogerle y, juntos, ir a la cita con la abogada, ya que le estaba ayudando en el proceso de regularización. “Cuando salía de Altea, me llamó, diciendo que le iban a detener”, explica Yassim.

Con la intención de revocar la orden de internamiento, el letrado Álvaro Vico registró un recurso de reforma ante el juzgado de instrucción número 4 de Benidorm contra el internamiento cautelar del joven, que aún no ha sido resuelto. El abogado alertaba de que la decisión de su encierro en el CIE para proceder a su expulsión se basaba en “una supuesta situación de riesgo de incomparecencia y frustración de la expulsión”. El escrito recordaba que, mientras que la magistrada defendía que “no le consta trabajo ni domicilio conocido”, dicha afirmación “resulta manifiestamente incompleta y contradicha por la documentación obrante”. Para acreditar su afirmación, Vico ha adjuntado los documentos de empadronamiento en Altea, la asignación del número de la Seguridad Social, su contrato de trabajo extinto, copia de la tarjeta sanitaria y el certificado que demuestra la inexistencia de antecedentes penales en su país.

Mounir Meziat está empadronado en Altea (Alicante) desde mayo de 2025, según consta en la documentación a la que ha accedido este medio. Hace solo dos semanas, cuenta su abogado, el joven estaba en Almoradí, el pueblo al que se mudaba temporalmente para buscar empleo en el campo. “Creemos que, cuando la jueza le preguntó por su domicilio, como acababa de volver, no supo decirlo o le daba miedo al estar trabajando allí de manera irregular”, explicó el letrado.

El caso de Mounir Meziat, como tantos otros, refleja una sucesión de varios abusos y errores del sistema en cadena, desde la dificultad para realizar ciertos trámites, como su detención policial, una asistencia jurídica deficitaria y el “automatismo” de muchos jueces de instrucción a la hora de decretar los internamientos en los CIE, según analiza Jesús Mancilla, abogado de Algeciras Acoge, en declaraciones recientes a elDiario.es. Este medio ha publicado los casos de Omar y Oussmane, dos jóvenes marroquíes con arraigo que fueron ingresados en un CIE a las puertas del proceso de regularización, cuando cumplían con los requisitos. Tras su publicación, ambos fueron finalmente liberados, pero los expertos se preguntan qué pasará con todos aquellos que no hayan tenido acceso a la prensa o a una ONG que denuncie su caso.

En 2024, un informe de Amnistía Internacional cuestionó el “automatismo por parte de los jueces” al decretar el internamiento en un CIE. Según concluyó la ONG, “el juez o jueza de instrucción, así como la fiscalía, tienden a seguir casi en exclusiva el criterio policial en vez de realizar una valoración propia a la luz de todas las circunstancias”. En la mayoría de los juzgados “se tira de modelo de auto de internamiento, sin analizar más allá los requisitos legales, el caso por caso”, concluyó la investigación

Esta semana han comenzado los trámites para que las personas migrantes sin papeles puedan regularizar su situación en España. De la mano de las periodistas de elDiario.es Laura Martínez y Gabriela Sánchez escuchamos las historias de algunas de estas personas y nos traen sonidos de la calle y oficinas de Correos en estos primeros días de trámites. 

Mientras tanto, en una dimensión paralela: PP y Vox han llegado a un acuerdo de Gobierno en Extremadura que se compromete a darle “prioridad nacional” a los servicios públicos, a las ayudas sociales, a las viviendas sociales. ¿Qué es eso de la prioridad nacional y qué implica hasta el momento? ¿Tiene un sentido, además, de calado político en un contexto en el que el Gobierno regulariza a alrededor de medio millón de migrantes? Lo analizamos con el subdirector de elDiario.es, Iñigo Sáenz de Ugarte.

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El Ararteko, la Defensoría del Pueblo vasca, ha instado a la Diputación de Bizkaia a garantizar que los procesos para regularizar la situación administrativa de los menores extranjeros que se encuentran en el Dispositivo Asistencial de Emergencia El Vivero, en Galdakao, comiencen “lo antes posible” tras su ingreso en el sistema de protección, respetando los plazos legales. Del mismo modo, también recomienda que desde el centro no comuniquen medidas generales que restrinjan derechos, como informar a los residentes que no se tramitarán sus documentos ni se les dará acceso a formación durante su estancia en el centro.

Estas son algunas de las recomendaciones del Ararteko tras realizar dos inspecciones en el centro el 6 y el 16 de junio de 2025 y entrevistarse con un responsable y 17 de los 39 residentes que se encontraban en acogida en aquel momento. El 70% de los menores en acogida llevaban más de tres meses en el centro, pese a que se creó de carácter “excepcional, temporal y transitorio” y al estar vinculado al programa de acogida de urgencia, la permanencia de los adolescentes debería ser preferentemente inferior a 60 días.

En el informe realizado por el Ararteko, del 27 de marzo de 2026, se detalla que el centro funciona principalmente como un recurso asistencial de “comida y cama”. No se realiza una intervención educativa profunda ni se tramita documentación de extranjería mientras están allí, posponiendo estos procesos hasta que son trasladados a otros centros. La única actividad formativa que reciben los menores es una hora diaria de castellano, lo cual se considera “insuficiente para su integración”. Además, no tienen acceso a formación externa ni a aprendizaje de oficios. Tampoco se les realiza un reconocimiento médico inicial, solo acuden al médico en caso de dolencia, y no se les empadrona en Galdakao debido a la supuesta provisionalidad de su estancia.

“Se les informa de manera consistente por parte del equipo educativo del centro y por parte del coordinador del servicio foral, que, de manera general y mientras estén en Vivero, no se les va a ofrecer formación externa ni se les van a tramitar papeles (documentación de extranjería consistente en autorización de residencia y trabajo). Sienten su estancia en El Vivero como un paréntesis en su proyecto migratorio que dura demasiado”, recoge el informe del Ararteko.

Según el Ararteko, los menores que residen en El Vivero sienten una gran “desesperanza y frustración”. “Quieren estudiar, formarse, aprender castellano, un oficio, conseguir autorización de residencia y trabajo para, finalmente, poder trabajar cuanto antes y tener una vida autónoma. Aparcados, en ese tiempo no sucede nada, lo que produce desesperanza, una gran frustración y un profundo malestar. Sin referentes familiares ni red, se sienten desprotegidos como personas menores cercanas a la mayoría de edad, sin un plan de intervención formativa y de transición a la edad adulta, temiendo poder acabar en situación de calle a pesar de haber migrado como menores de edad solos y estar en el sistema de protección”, detalla el documento.

En este sentido, de cara a ofrecer una mejor atención a los menores, el Ararteko insta a la Diputación a intensificar la enseñanza del idioma con una mayor carga horaria para facilitar la integración de los menores y recomienda elaborar un proyecto de intervención individualizado para cada joven que guíe el trabajo del equipo educativo, incluso si la estancia se prolonga más de lo deseado. También considera importante seguir buscando “fórmulas innovadoras y estables” para la atención de menores extranjeros sin referentes familiares, dada la tendencia estable de llegadas.

Por último, dado que el carácter excepcional y temporal del centro El Vivero finaliza en 2026, el Ararteko insta a la Diputación de Bizkaia a valorar la idoneidad de la experiencia y definir alternativas definitivas que cumplan con la normativa. “El DAE El Vivero, conforme a su calificación de 'excepcional', es un recurso definido como temporal, por un período máximo (incluida su prórroga) de año y medio. En el año 2026 finaliza este período, en el que habrá de valorarse la idoneidad de la experiencia y definir alternativas estables y conforme a norma para la adecuada atención a estos adolescentes en situación de desprotección. El Ararteko se mantendrá atento a la evolución de la propuesta”, concluye el informe.

La Junta de Castilla y León ha anunciado que va a recurrir “en los próximos días” el real decreto de regularización extraordinaria de migrantes aprobado por el Gobierno central. Según ha explicado el portavoz en funciones, Carlos Fernández Carriedo, desde el Ejecutivo autonómico consideran que genera “inseguridad” en su aplicación y se ha impulsado sin coordinación con las comunidades y entidades locales. Para el gobierno autonómico la orden puede tener un “impacto grave” en el conjunto del sistema al, a su juicio, no estar los servicios públicos preparados para asimilar tantas personas.

La decisión se ha adoptado este jueves en el Consejo de Gobierno, tras el análisis de la norma por parte de los servicios jurídicos, que trabajan ya en la redacción del recurso y en la elección del cauce, o bien Tribunal Constitucional o Tribunal Supremo, más adecuado para su presentación.

El principal reproche de la Junta de Castilla y León se centra en el procedimiento diseñado por el Ejecutivo central para su redacción y aprobación. “Los mecanismos previstos no garantizan para nada” el cumplimiento de los requisitos exigidos a los solicitantes, ha afeado Carriedo, quien ha señalado que algunos de los documentos contemplados para acreditar la residencia no permiten verificar de forma fehaciente las condiciones exigidas. Esta situación, ha añadido, introduce “inseguridad en el procedimiento”.

Carriedo ha puesto en duda de que la forma para acceder a la regularización se pueda hacer con un billete de metro o ticket de un transporte público, como el sistema Buscyl existente en la Comunidad.

A esa crítica técnica se suma otra: la ausencia de diálogo con las comunidades autónomas. Según el portavoz en funciones, el Gobierno ha actuado “sin ningún tipo de participación ni coordinación” con las administraciones territoriales, a pesar de que la medida afecta directamente a sus competencias.

Sin datos del número de personas que podrían acogerse a la regularización

La Junta ha cuestionado que no se haya facilitado información básica, como el número de personas que podrían acogerse a la regularización o las condiciones concretas de aplicación. Preguntado por las personas que podrían acogerse a esta medida en Castilla y León, Carriedo ha afirmado que desde el Ejecutivo desconocen el dato, aunque desde CCOO, en base al servicio que prestan, hablan de unas 25.000 personas.

El futuro recurso se apoyará igualmente en dudas sobre el encaje del decreto en la normativa europea. Carriedo ha avisado de que la medida podría ser “contraria” a las reglas comunitarias en materia de control de fronteras y libre circulación, y ha alertado de que el volumen potencial de beneficiarios podría suponer un “riesgo” para la coordinación entre Estados miembros. En este punto, ha recordado que la Comisión Europea ha llamado la atención sobre el posible impacto de este tipo de decisiones en el conjunto de la Unión.

A pesar de oponerse la regulación de migrantes planteada por el Gobierno central, Carriedo ha abogado por una “integración ordenada” basada en el empleo con contrato legal, estar dado de alta en la seguridad social y el pago de impuestos. Castilla y León, según ha recordado el portavoz en funciones, ha superado los 101.000 afiliados extranjeros a la Seguridad Social —“una cifra récord para un mes de marzo”—, con un crecimiento superior a la media nacional.

“Todo el mundo es bienvenido” si llega para “trabajar, cotizar y contribuir a la sociedad”, ha apostillado Carriedo, quien ha criticado el proceso de regularización del Gobierno central al que ha calificado como “no ordenado” y potencialmente generador de disfunciones en el sistema.

Carriedo critica la falta de trámite parlamentario

La decisión de recurrir, ha añadido, responde a una posición sostenida por la Junta en anteriores legislaturas en materia migratoria y se adopta “sin ninguna consideración externa”, en referencia a las negociaciones políticas abiertas en la comunidad.

Este movimiento del Ejecutivo autonómico se produce después de que el Gobierno confirmara la aprobación de la regularización extraordinaria mediante una modificación del reglamento de extranjería, una vía que ha permitido su tramitación sin necesidad de respaldo parlamentario. El Consejo de Estado ha avalado la esencia de la norma y su tramitación urgente, aunque ha recomendado introducir ajustes técnicos.

Entre ellos, figuran precisiones sobre la forma de acreditar requisitos como la ausencia de antecedentes penales o la definición de “situación de vulnerabilidad”, un concepto que el Ejecutivo prevé concretar en el texto definitivo. Según el diseño inicial, podrán acogerse a la medida las personas extranjeras que hayan llegado a España antes del 31 de diciembre de 2025 y acrediten al menos cinco meses de residencia continuada, así como determinados solicitantes de asilo.

El permiso que se conceda será temporal, con una duración de un año, e incluirá autorización para trabajar en todo el territorio nacional. La norma permite acreditar la estancia en el país mediante distintos tipos de documentos, más allá del empadronamiento, un aspecto que ha generado debate técnico y que está en el centro de las crítica Castilla y León.

La regularización extraordinaria mantendrá la esencia planteada por el movimiento ciudadano que impulsó la medida, al menos sobre el papel. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el real decreto que permitirá la salida de la clandestinidad de alrededor de 500.000 personas, según los cálculos oficiales. Pese a que algunas de las modificaciones propuestas por el Ministerio del Interior pretendían acotar el alcance de la medida, el texto definitivo, al que ha tenido acceso elDiario.es, mantiene las bases del primer borrador, aunque añade un nuevo requisito para justificar la vulnerabilidad ligada a la irregularidad y endurece parcialmente las opciones para probar la carencia de antecedentes penales. Eso sí, mantendrá una vía para apoyar a los migrantes a certificar que no han cometido delitos en caso de que sus países de origen no se lo faciliten.

La norma entrará en vigor el próximo 15 de abril, el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. El texto que llega este martes al Consejo de Ministros mantiene el caracter amplio de la medida y sus requisitos principales: podrán acogerse, por un lado, todas las personas en situación irregular sin antecedentes penales que hayan llegado al país antes del 1 de enero de 2026 y que prueben su permanencia continuada durante al menos cinco meses. Por otro, los demandantes de asilo que hayan registrado su demanda de protección internacional antes de dicha fecha, sin tener la obligación de desistir de su procedimiento de asilo previamente, pero sí después de recibir la concesión del permiso extraordinario de residencia por esta vía.

Tras las recomendaciones planteadas por el Consejo de Estado, la mayoría trasladadas por el Ministerio del Interior, el Gobierno ha incluido una serie de cambios que afectan más a los métodos de prueba de algunos de los requisitos que al fondo de la normativa, según aseguran fuentes gubernamentales, que consideran que se trata de modificaciones de caracter “técnico”. Entre las novedades, el Ejecutivo ha incluido una nueva condición que, aunque ya se llegó a plantear durante las negociaciones con Podemos y en las reuniones mantenidas con colectivos sociales, aún no había sido confirmada: un informe social para probar la situación de “vulnerabilidad” que conlleva vivir en España sin permiso de residencia.

El último borrador del real decreto contempla diferentes supuestos por los que una persona sin papeles podrá acogerse a la regularización extraordinaria -que no computan en el caso de los solicitantes de asilo, pues carecen de estas exigencias-. Por un lado, la vía laboral, a través de una oferta de contrato de trabajo o una declaración de responsable de un proyecto de empleo por cuenta propia. Por otro, la familiar, es decir, probar encontrarse en el país como parte de una unidad familiar con hijos a cargo o personas dependientes. Y, en tercer lugar, encontrarse en “situación de vulnerabilidad”. Es en este punto donde será necesario aportar el nuevo informe social.

Informe para las personas sin papeles

Como el primer borrador no especificaba cómo se tendría que acreditar dicha vulnerabilidad, la ministra de Migraciones, Elma Saiz, había aclarado en diversas ocasiones que la propia situación de irregularidad administrativa se entendería por sí misma como condición de vulnerabilidad, por lo que no haría falta justificar dicha situación. Sin embargo, el Consejo de Estado solicitó al Gobierno una mayor concreción y un método para probar este supuesto.

Finalmente, la solución encontrada por el Gobierno, en conversación con el movimiento Regularización YA y distintas ONG especializadas, ha sido la exigencia de presentar un nuevo informe social que “a través de un modelo específico” permita acreditar la vulnerabilidad extra que sufren los migrantes solicitantes por el hecho de vivir sin papeles. Además de las “entidades competentes en materia de asistencia social” de las comunidades autónomas (cuya emisión de este tipo de informes adolece en ocasiones de trabas o grandes retrasos), el Ejecutivo ha abierto una nueva vía inédita hasta el momento para emitir este tipo de documentos.

“Podrán acreditar también dicha situación las entidades del Tercer Sector inscritas en el Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería”, indica el texto de la medida. El Gobierno ha creado así un registro amplio de ONG especializadas en extranjería que estarán habilitadas para desarrollar estos informes de “vulnerabilidad”, lo que evita la exclusión de quienes se podrían encontrar con obstáculos para cumplir dicho trámite a través de los servicios sociales autonómicos o municipales, un problema mencionado habitualmente por los migrantes que intentan solicitar permisos de residencia por la vía del arraigo.

Aunque Interior había solicitado reducir en parte la flexibilidad de los medios de prueba con los que los migrantes sin papeles pueden probar los cinco meses de residencia continuada en España, el último texto normativo la mantiene. Según el real decreto, podrán demostrar su permanencia en el país con cualquier medio de prueba, como facturas de la luz, certificados médicos, participación en actividades municipales, formaciones o documentos caducados (el departamento de Fernando Grande-Marlaska rechazaba específicamente que pudiesen presentar documentos expirados) siempre que incluyan el nombre completo del solicitante.

Esta flexibilidad en los métodos de prueba es clave para la población en situación irregular, que se enfrenta a menudo a muchas trabas para realizar trámites como el empadronamiento, por lo que permitir un amplio abanico de documentos puede evitar la exclusión de miles de personas, según los colectivos sociales. 

Carencia de antecedentes

Lo que sí ha endurecido el Gobierno, de manera parcial, es el procedimiento para justificar la falta de antecedentes penales. Pese a los distintos bulos difundidos por la derecha, todos los borradores de la normativa han incluido como requisito para acceder a la regularización carecer de antecedentes penales.

El punto cuestionado por el Consejo de Estado y el Ministerio del Interior tenía que ver con la posibilidad planteada por el borrador inicial para probar la inexistencia de antecedentes penales en el país de origen en el caso de que el certificado no llegase a tiempo, dado que determinados países tardan en emitir este tipo de documentos meses o incluso años. Para evitar dejar fuera de la medida a quienes no logran recibir el certificado por los problemas de la administración de su país, el Ejecutivo planteaba una segunda vía para dar más margen y mayor flexibilidad: a través de una declaración responsable de falta de antecedentes, que abriría una segunda fase de comprobaciones diplomáticas por parte del Gobierno, mientras dichos expedientes continuaban su curso. En caso de demostrar finalmente que sí contaba con antecedentes, la Administración suspendería el permiso de residencia.

Tanto el Ministerio del Interior como el Consejo de Estado rechazaron la inclusión de esta opción tal y como aparecía redactada inicialmente. El Ejecutivo ha optado por mantener esta segunda fórmula para justificar los antecedentes penales en otro país, con el objetivo de evitar cerrar la puerta a miles de personas ante los previsibles retrasos de estos certificados internacionales. Sin embargo, el último texto endurece sus condiciones y limita el alcance de esta posibilidad, dejando paralizados temporalmente esos expedientes durante tres meses, que acabarán siendo rechazados si en un plazo determinado no se logra confirmar la falta de causas penales en sus lugares de origen.

Tampoco se permitirá suplir la justificación de la inexistencia de antecedentes penales en los casos de quienes demuestren haber vivido de forma continuada en el país durante los últimos cinco años, como había sido incluido en la redacción inicial de la norma. El Consejo de Estado consideró que “ha de concederse la máxima prioridad a una rigurosa acreditación de la carencia de antecedentes penales en terceros países”, por lo que finalmente el Ejecutivo ha eliminado esta posibilidad.

Oficinas de Correos habilitadas

Las solicitudes se podrán presentar desde la entrada en vigor de la normativa hasta el 30 de junio de 2026, de manera presencial o telemática. Las oficinas de extranjería no serán los principales espacios para presentar los expedientes, debido al colapso en el que se encuentran. Por ello, el Gobierno va a habilitar “oficinas públicas en todo el territorio nacional”, que incluirán “las oficinas de Correos, las oficinas de la Seguridad Social y determinadas oficinas de extranjería”.

A las oficinas de Correos se les encomendará “tareas de apoyo y gestión” en el procedimiento a través de la presentación telemática de la solicitud de las autorizaciones, dado que las personas sin papeles no pueden optar por sí mismas a la vía online al carecer de documentación electrónica para acceder al sistema. “Correos cuenta con una amplísima red de oficinas en todo el territorio nacional, incluyendo zonas rurales y municipios pequeños, lo que garantiza que todas las personas, con independencia de dónde vivan, puedan acceder al procedimiento en condiciones de igualdad”, indica el último borrador del real decreto.

Además, Inclusión encomendará al grupo TRAGSA el desarrollo de tareas administrativas de “caracter exclusivamente instrumental”, en funciones de “apoyo material y técnico” para la preparación de los procedimientos para su resolución. Las labores encargadas a esta empresa, aclara el texto normativo, “no supone en ningún caso el ejercicio de potestades públicas, ni comprende la instrucción sustantiva de los procedimientos, la valoración jurídica de las solicitudes ni la adopción de decisiones sobre las mismas”.

El movimiento Regularización Ya, formado mayoritariamente por personas racializadas, consigue así sacar adelante una versión bastante parecida a la regularización sin apenas condiciones por la que empezaron a luchar en las calles hace más de cinco años, materializada en una ILP que llegó al Congreso con el respaldo de más de 700.000 firmas hasta acabar en el Consejo de Ministros para ser aprobada por la vía exprés tras un acuerdo alcanzado entre el Gobierno y Podemos. “Parece que el enfoque sigue siendo bastante amplio y la intención es respetar nuestro planteamiento, pero queremos ser cautas hasta su publicación en el BOE y seguiremos de cerca su aplicación, para que no deje a gente atrás”, sostiene Silvana Cabrera, una de las portavoces de la plataforma.

La Audiencia Provincial de Bizkaia ha condenado al propietario de La Gilda del Norte (en realidad la empresa se llama Agricultura Creativa 2015) F.J.G.Á. a una multa de 18.000 euros por un delito contra los derechos de los trabajadores en su modalidad de emplear o dar ocupación, de forma “reiterada”, a ciudadanos extranjeros que carezcan de permiso de trabajo. Además de la pena de multa, el tribunal ha condenado al acusado al pago de una indemnización en concepto de responsabilidad civil de 2.500 euros para cada uno de los tres trabajadores que han ejercido la acusación particular en esta causa por los daños morales causados. No entrará en prisión, eso sí. Y su hija, también responsable de la empresa, queda totalmente absuelta.

El tribunal declara probado que el acusado se dedicó al menos entre diciembre de 2018 y mayo de 2021 a “la contratación reiterada” de ciudadanos extranjeros en situación irregular en España, sin permiso de trabajo, sin ser dados de alta en la Seguridad Social y sin poner en conocimiento de las autoridades españolas su condición de trabajadores de su empresa. También considera probado que advertía a los empleados que en caso de inspección tenían que esconderse en las instalaciones de la empresa, algo que los propios trabajadores y testigos, así como agentes de la Policía Nacional y subinspectores laborales de Empleo y Seguridad Social sostuvieron durante el juicio.

“Se acredita con base a dicha prueba que el acusado de forma asidua o reiterada ocupaba a ciudadanos en situación irregular en España sin permiso de trabajo”, quienes “debido a ello y a la necesidad de subsistencia, se veían abocados a asumir las condiciones laborales” que este les ofrecía, “aprovechándose de que estos ciudadanos se encontraban en posición de debilidad por la amenaza de poder ser expulsados” del territorio nacional, afirma la Audiencia vizcaína.

Sin embargo, el tribunal ha absuelto a la hija del propietario P.G., de los delitos de los que venía siendo acusada como cómplice por las acusaciones particulares -la Fiscalía no formuló acusación en su contra- al estimar que no ha quedado acreditado que ella participara “de alguna manera en la contratación de trabajadores ilegales en la empresa de su padre”, ni que actuara “en calidad de gerente de dicha mercantil”.

Durante el juicio celebrado a finales de marzo, tres de los trabajadores denunciaron trabajaban a menudo “sin contrato”, “en situación irregular”, sin medidas de seguridad ni controles y por 800 euros. Si llegaba alguna inspección, tenían la orden de “esconderse”. “Nos obligaba a escondernos, nos decía que no teníamos que estar allí porque no teníamos documentación. Y que si nos veían nos mandarían a nuestro país. Una vez me hizo meter en el congelador, en el cuarto frío un tiempo hasta que se fue la Policía”, sostuvo una de las denunciantes. Los demandantes, dos mujeres y un hombre, argumentaron que trabajaron en la empresa en diferentes tramos entre el año 2017 y 2021. También declararon tres antiguas trabajadoras en calidad de testigos. Las trabajadoras se dividían entre las que se encargaban de elaborar las gildas, los pintxos, en el pabellón de Basauri, que también se encargaban de las labores de limpieza, y las que trabajaban en el invernadero de Lezama, donde según reconoció una de ellas las condiciones eran más duras, a “temperaturas de más de 40 grados” y oliendo productos “tóxicos”, aunque también lamentó que la producción era “altísima” en el pabellón de Basauri, donde tenían que realizar “entre 110 y 120 tarros de gildas”.

Las inspecciones laborales se realizaron el 1 de diciembre de 2020 y el 7 de mayo de 2021. “Cuando llegara la Policía que nos decía que nos escondiésemos. Un día nos subieron a un montacargas, otra vez nos indicó que fuéramos al baño”, reconoció una de las testigos mientras que otra ha declarado que en su caso le pidieron que “subiera al tejado del edificio” para evitar ser vista. “En las inspecciones teníamos orden de escondernos, porque nos dijo que si nos cogía la Policía nos tendríamos que ir y yo no quería volver a mi país. Ese día subí por una escalera al tejado de la empresa, él lo sabe y nos agradeció que le ayudáramos porque él también decía que nos ayudaba”, aseguró una de las extrabajadoras.

Una de las denunciantes denunció que P.G., la hija del propietario, quien según las trabajadoras también realizaba funciones de gestión en la empresa, le comentó que podía “abortar”, al comunicar que estaba embarazada. “Comuniqué mi embarazo para solicitar una reducción de jornada porque el trabajo era pesado para mí. El jefe se lo tomó alterado y a los tres días me llamó a las oficinas. Allí ella me dijo 'mira, hay una clínica en la que puedes abortar y quitarte eso de encima, te puedo dar el contacto de la clínica'. A mí me pareció muy duro porque yo a mi hijo lo quería tener. Me pareció muy fuerte. El siguiente sábado fui a trabajar y me llamó el jefe y me dijo que me fuera a casa tranquila, que así no podía trabajar. Me dijo que me iba a mandar 400 euros al mes, que me iba a estar pagando en casa pero no fue así. Me sentí presionada porque era o el trabajo o mi embarazo. Cuando se enteró de la denuncia contactó conmigo y me llevó un sobre con 500 euros para que no denunciase y llegar a un acuerdo”, manifestó una de las denunciantes.

En este sentido, tras conocer la sentencia las denunciantes aseguran estar “satisfechas” porque “se ha reconocido la relación laboral de la trabajadora embarazada, a la que se le reconoce una indemnización por responsabilidad civil, y porque se han podido acreditar los hechos”. “Esto es una satisfacción para las trabajadoras y los trabajadores que han sufrido muchísimo estos años”, explican a este periódico, aunque lamentan no estar de acuerdo con la cuantía de la responsabilidad civil y tampoco con que hayan absuelto a la hija del propietario.

Una de las cuestiones que ha dificultado el proceso es que pese a que durante el juicio testificaron cinco agentes de la Policía Nacional y tres subinspectores laborales de Empleo y Seguridad Social que participaron en las inspecciones a la empresa realizadas primero la mañana del 1 de diciembre de 2020 y, después, la noche del 7 de mayo de 2021, ninguno de ellos supo confirmar cuántas personas en total se encontraban sin permiso de trabajo en las instalaciones, pese a las preguntas de Fiscalía y la acusación particular. Fueron dos inspecciones simultáneas a las dos instalaciones en las que opera la empresa, un pabellón en Basauri y un invernadero en Lezama. En estas inspecciones sí que constataron que entre los trabajadores que encontraron había “algunos” en situación irregular, pero no supieron determinar de cuántos se trataba. El primer policía nacional en declarar, confesó que en la primera inspección realizada hallaron a 10 trabajadores sin permiso de trabajo, por su parte, un compañero suyo consideró que fueron cuatro los que se encontraban en situación irregular.

El testimonio más claro con relación al caso fue el de una de las subinspectoras laborales de Empleo y Seguridad Social, presente en las dos inspecciones, que reconoció que en la segunda inspección, realizada el 7 de mayo de 2021 por la noche tras un aviso a la Policía Nacional que sostenía que los trabajadores irregulares pasaron al horario nocturno para así “evitar ser vistos en las inspecciones laborales”, el propietario aseguró a los agentes de la Policía Nacional y a los inspectores que se encontraba solo en el pabellón de Basauri. “El titular del establecimiento abrió la puerta y nos dijo que estaba solo, pero encontramos a distintos trabajadores extranjeros escondidos en las instalaciones sin contar con la oportuna documentación de trabajo. Aunque una primera revisión constató que se encontraba solo, tras una inspección más a fondo descubrimos que en los almacenes, en el montacargas y en distintos lugares se encontró a trabajadores escondidos. A preguntas de los funcionarios actuantes, los trabajadores manifestaron que estaban escondidos por orden del empresario”, detalló la subinspectora, que indicó que en la inspección encontraron “sobres con dinero” para proceder al pago de los trabajadores, además de documentación sobre los horarios y nóminas.

Esta sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. La Inspección de Trabajo ya ha multado a La Gilda del Norte con una cifra superior a los 40.000 euros por las irregularidades laborales de este caso y que fueron admitidas por el propietario. No obstante, las denunciantes lamentan que el dinero de la sanción en ningún caso recayó en las trabajadoras, que “fueron despedidas tras trabajar durante años sin contrato y, por tanto, sin cotización a la Seguridad Social”.

El propietario de La Gilda del Norte (en realidad la empresa se llama Agricultura Creativa 2015) F.J.G.Á. ha renunciado a su derecho a la última palabra durante el juicio que se ha celebrado esta semana en la Audiencia Provincial de Bizkaia. El responsable de la empresa vizcaína, y su hija, P.G., están acusados de delitos “continuados” contra los derechos de sus trabajadores al mantener presuntamente, a personas extranjeras en situación irregular trabajando sin contrato, por lo que se enfrentan a penas de hasta seis años de cárcel. A lo largo de todo el juicio F.J.G.A. se ha mantenido en silencio. Su hija, por su parte, sí que ha hecho uso de la última palabra para denunciar el “sufrimiento” al que se han enfrentado. “He tenido que medicarme y no porque piense que nos han pillado ni mucho menos, sino porque han ido contra mi familia y han intentado hacernos daño de todas las maneras posibles. La última que han tenido ha sido involucrarme a mí en todo esto. Espero que se haga justicia por el sufrimiento que yo sí que he vivido”, ha declarado en la segunda y última sesión del juicio celebrada este miércoles y a la que han asistido cerca de 40 trabajadores con camisetas de La Gilda del Norte que han criticado en los pasillos a sus excompañeras denunciantes como muestra de apoyo a sus jefes.

Durante la segunda y última sesión han testificado cinco agentes de la Policía Nacional y tres subinspectores laborales de Empleo y Seguridad Social que participaron en las inspecciones a la empresa realizadas primero la mañana del 1 de diciembre de 2020 y, después, la noche del 7 de mayo de 2021. Fueron dos inspecciones simultáneas a las dos instalaciones en las que opera la empresa, un pabellón en Basauri y un invernadero en Lezama. En estas inspecciones han constatado que entre los trabajadores que encontraron había “algunos” en situación irregular, pero no han sabido determinar de cuántos se trataba. El primer policía nacional en declarar, ha confesado que en la primera inspección realizada hallaron a 10 trabajadores sin permiso de trabajo, por su parte, un compañero suyo considera que fueron cuatro los que se encontraban en situación irregular. Ninguno de los testigos ha sabido confirmar cuántas personas en total se encontraron durante las inspecciones sin permiso de trabajo, pese a las preguntas de la Fiscalía y la acusación particular.

Una de las subinspectoras laborales de Empleo y Seguridad Social, presente en las dos inspecciones, ha reconocido que en la segunda inspección, realizada el 7 de mayo de 2021 por la noche tras un aviso a la Policía Nacional que sostenía que los trabajadores irregulares pasaron al horario nocturno para así “evitar ser vistos en las inspecciones laborales”, el propietario aseguró a los agentes de la Policía Nacional y a los inspectores que se encontraba solo en el pabellón de Basauri. “El titular del establecimiento abrió la puerta y nos dijo que estaba solo, pero encontramos a distintos trabajadores extranjeros escondidos en las instalaciones sin contar con la oportuna documentación de trabajo. Aunque una primera revisión constató que se encontraba solo, tras una inspección más a fondo descubrimos que en los almacenes, en el montacargas y en distintos lugares se encontró a trabajadores escondidos. A preguntas de los funcionarios actuantes, los trabajadores manifestaron que estaban escondidos por orden del empresario”, ha detallado la subinspectora, que ha indicado que en la inspección encontraron “sobres con dinero” para proceder al pago de los trabajadores, además de documentación sobre los horarios y nóminas.

A lo largo del juicio también han testificado una decena de trabajadoras que han coincidido en su mayoría en que trabajaban “sin contrato”, “en situación irregular”, sin medidas de seguridad ni controles y por 800 euros. Además de que, si llegaba alguna inspección, tenían la orden de “esconderse”.

A pesar de ello, desde Fiscalía, que confirma “la contratación reiterada e ilegal de personas en situación irregular, al menos desde 2018 a 2021” no percibe “explotación laboral”. “En un caso como el presente no concurre en ningún caso una situación de abuso, superioridad, engaño o situación de necesidad de los trabajadores en las concretas circunstancias de este caso sin perjuicio de que el trabajo de estos trabajadores no sea el trabajo de los sueños de nadie, ya que cobran una cantidad de dinero francamente escasa, pero esto en ningún caso supone la imposición de condiciones abusivas de semiesclavitud como se ha escuchado en esta sala. Nadie ha resultado amenazado para desempeñar este trabajo. A nadie se le ha engañado para realizar este trabajo, y, por tanto, entendemos que en ningún caso resultan acreditados ninguno de los preceptos penales”, ha justificado la fiscal, que se mantiene en una condena de 12 meses de cárcel para el propietario de la empresa y exime a su hija, al entender que “no puede ser autora de ninguno de los delitos porque no tiene la condición de empresaria”, pese a que la acusación particular ha presentado como prueba “pantallazos” de artículos en prensa en los que la acusada se define como CEO de La Gilda del Norte, algo que aparece también en sus redes sociales y las demandantes y testigos han asegurado que ella “también daba órdenes” en la empresa.

La acusación particular, que exige para los dos propietarios penas que podrían sumar los seis años de cárcel por delitos “continuados” contra los derechos de sus trabajadores, además de una indemnización de 7.500 euros “por daños morales”, ha solicitado incluir una medida subsidiaria de 18 meses de prisión para el propietario y 89 días de prisión para su hija. Esto implica solicitar a la jueza una pretensión principal y, para el caso de que esta no sea estimada, proponer una alternativa secundaria (subsidiaria) para garantizar la protección de los intereses de la parte demandante.

“La empresa ha utilizado a los trabajadores en situación irregular de forma continuada durante un periodo de 3 a 4 años desde 2017 hasta el mes de actuación de la Inspección de Trabajo en mayo de 2021. Todo esto está sustentado en las actuaciones de la Inspección de Trabajo, no solamente en las últimas dos, sino en más, que constataron en sus diferentes intervenciones que había trabajadores extranjeros sin permiso de trabajo y a través de la actuación de la Policía Nacional y lo reflejado también en sus atestados, así como en las declaraciones tanto de los agentes como de los inspectores de trabajo, se han acreditado hasta 14 trabajadores en situación irregular”, ha señalado la abogada de la acusación particular.

La defensa ha tratado de argumentar que la contratación del personal en situación irregular se trataba de algo “esporádico y puntual” debido a la “dificultad de poder encontrar” a trabajadores en el sector. Sin embargo, la acusación particular ha defendido que más que algo puntual, se trataba de una estructura empresarial. “Era una estructura empresarial basada en las mismas condiciones de 800 euros al mes con extras puntuales por las tardes y los sábados. Está probado que estas personas no estaban allí trabajando de forma esporádica, sino que estuvieron años. Es decir, esto formaba parte de la estructura y del plan de negocios de la empresa y afectaba a su cuenta de resultados de forma relevante. Por lo tanto, existe una lesión también a las arcas públicas. El modelo de negocio del grupo empresarial, del que son titulares tanto el propietario como su hija, se basaba en ese beneficio extra que les proporcionaba la ausencia de contratos legales y el ahorro que le supone a una empresa tantos trabajadores sin pagar a la Seguridad Social y esas condiciones mínimas que suponen un beneficio directo, así como también afecta a la competencia en el mercado. Se presume elevadísimo también el beneficio que le aportó a esta empresa en la pandemia el hecho de contar con este tipo de trabajadores sin pago de Seguridad Social y que trabajaron incluso en ERTE por lo que la empresa se beneficiaba también de las ayudas que venían establecidas por el ERTE”, ha defendido la abogada.

Por último, la defensa de los acusados ha pedido la absolución de ambos al entender que ya han sido sancionados previamente por esta causa, debido a que la Inspección de Trabajo ya ha multado a La Gilda del Norte con una cifra superior a los 40.000 euros por las irregularidades laborales de este caso y que fueron admitidas por el propietario. No obstante, desde la acusación particular lamentan que el dinero de la sanción en ningún caso recayó en las demandantes, que “fueron despedidas tras trabajar durante años sin contrato y, por tanto, sin cotización a la Seguridad Social”.

En una Europa cada vez más restrictiva con la inmigración y la presión de la extrema derecha, el enfoque de España choca con su alrededor. Mientras los países vecinos buscan reducir la llegada de inmigrantes, el número de trabajadores extranjeros en suelo español supera cifras récords. Ante ese escenario el Gobierno, a través de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia (ONPE) de La Moncloa, encargó un informe para contestar a una pregunta: ¿Cómo sería España en los próximos 50 años si las entradas de inmigrantes se mantienen al ritmo actual? ¿Qué pasaría si, por el contrario, se aplicase una política restrictiva y se redujesen las llegadas en un 30%?“. 

La respuesta, plasmada en un informe de la ONPE al que ha accedido elDiario.es, describe un país envejecido y encogido, con un 25% menos de habitantes en comparación con otro escenario en que las llegadas de inmigrantes se mantuvieran al ritmo actual. Un país con nueve millones menos de trabajadores, lo que podría acarrear la pérdida de riqueza, hasta “un 22% del PIB”, y un fuerte golpe para sectores como la agricultura, los cuidados y la hostelería. Un país en el que, para mantener el actual sistema de pensiones, cada cotizante debería aportar en torno a 2.000 euros más cada año que si se mantuviese el flujo migratorio actual, según las conclusiones del primer borrador del estudio.

Este es el retrato de uno de los escenarios que plantea el estudio 'España ante el reto migratorio' , con el que la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia analiza cómo cambiaría España hasta 2075 en función de los distintos niveles de inmigración. No es una predicción, advierten sus autores, sino un ejercicio de escenarios: comparar qué ocurre si se mantienen los flujos actuales o si, por el contrario, se reducen de forma sostenida en un 30%. Cuáles serían, por tanto, las consecuencias de seguir la línea dura de la inmigración que promueven otros Estados europeos. 

En España, desde hace más de una década, la población solo crece gracias a la llegada de personas del exterior. En este contexto, el impacto demográfico conforma el primer escalafón de los efectos de la reducción de la inmigración planteada por la ONPE. En un escenario con flujos migratorios similares a los actuales, la población se situaría en torno a los 55 millones de personas en 2075, frente a los 49 millones actuales. Sin embargo, si las entradas bajasen un 30%, España estaría habitada por una cuarta parte, quedándose en los 40 millones de habitantes, según sus proyecciones.

Impacto en el mercado laboral

Como consecuencia directa, descendería el número de trabajadores. Según el documento, ante un hipotético endurecimiento de las políticas migratorias, España contaría con nueve millones de personas en edad laboral menos que si se mantuvieran las llegadas. Los flujos migratorios marcarán, por tanto, el crecimiento económico futuro: las proyecciones de la ONPE apuntan a que el Producto Interior Bruto podría caer un 14% en 2055 y un 22% en 2075 respecto al escenario con inmigración sostenida. Este efecto equivaldría a perder “unos 18.000 euros menos por habitante al año”, apunta el documento.

El informe pone como ejemplo el efecto que la caída de las entradas podría tener en los sectores que concentran mayor número de extranjeros en la actualidad: la agricultura, la hostelería y los cuidados. En el campo, la falta de trabajadores podría provocar el abandono de “más de 220.000 explotaciones en 2075”, casi tres de cada diez actuales. En la hostelería, hasta 90.000 bares y restaurantes podrían desaparecer, cerca de la mitad del total, según sus estimaciones. Y en los cuidados, el desequilibrio proyectado afectaría en una población cada vez más envejecida: mientras los ciudadanos dependientes aumentarías cerca de un 60%, la oferta de trabajadores de los cuidados podría caer un 28%, con lo que la ONPE calcula que más de 45.000 personas dependientes podrían quedar sin atención suficiente. 

El deterioro también alcanzaría a la sanidad pública, uno de los sistemas más sensibles al envejecimiento. Con menos inmigración, advierte el informe, la capacidad asistencial quedaría tensionada por una doble vía: más pacientes y menos profesionales. “La migración ha contribuido a completar plantillas en atención primaria, urgencias, zonas rurales y determinados hospitales”, recuerdan los autores. En el escenario de baja inmigración, España podría perder alrededor de 63.000 médicos especialistas y cada facultativo tendría que atender a un 4% más de pacientes en 2075, recoge el estudio. 

Más impuestos

A menos población activa y más personas jubiladas, las cuentas públicas también se verían afectadas. En 2075, cada trabajador tendría que aportar unos 2.000 euros más al año para sostener el sistema de pensiones en un escenario de baja inmigración. El gasto en pensiones aumentaría hasta un 1,2% adicional del PIB y la recaudación caería, obligando a subir impuestos o recortar prestaciones. La inmigración, concluye el informe, “no resuelve por sí sola el problema, pero actúa como uno de los principales amortiguadores del envejecimiento”.

El informe introduce un matiz al debate fiscal: con menos inmigración, algunos gastos públicos podrían reducirse (por ejemplo, en educación u otros servicios ligados a una población más joven), pero sería insuficiente. “La reducción del gasto asociada a una menor población no compensa la caída de ingresos”, advierten los autores. En sus cálculos, aunque el Estado gastaría algo menos en ciertas partidas, la pérdida de población activa provocaría una caída mucho mayor en la recaudación por cotizaciones e impuestos. Es decir, la clave no está tanto en el volumen de gasto como en quién lo sostiene: con menos trabajadores y menos actividad económica, la base fiscal se reduce y el equilibrio de las cuentas públicas se vuelve más frágil.

Los expertos recuerdan que la inmigración “tiene efectos positivos más allá del ámbito estrictamente económico” y que “contribuye a la cohesión social y al dinamismo de la sociedad” , en un contexto en el que la llegada de población extranjera también se asocia a una mayor diversidad social y a una mayor capacidad de adaptación e innovación.

La metodología del estudio parte de un ejercicio de prospectiva que compara distintos posibles caminos: un escenario de inmigración similar a la actual y, por el contrario, otro en el que un hipotético endurecimiento de las políticas migratorias redujesen en un 30% las llegadas durante décadas. Para ello, los autores construyen varios modelos demográficos y económicos hasta 2075 en función de diferentes niveles de inmigración, combinando datos del INE, proyecciones de población y variables como empleo, productividad o gasto público. A partir de ahí, simulan cómo evolucionarían indicadores clave (como el PIB, las pensiones o la sanidad) en cada escenario. “No se trata de anticipar qué ocurrirá, sino de entender las consecuencias de distintas decisiones”, subraya el documento. El objetivo, sostienen fuentes de la ONPE, era buscar una herramienta para medir el impacto que tendrían las políticas migratorias en la España de las próximas décadas.

Fuentes del Ministerio de Migraciones, consideran que las conclusiones del informe refuerza el enfoque de la política migratoria del Gobierno frente al endurecimiento generalizado en Europa. “España está liderando un modelo distinto al de muchos países, pero lo hace basándose en la evidencia científica, en datos demográficos, económicos y sociales, y en una defensa decidida de los derechos humanos”, sostienen desde el departamento dirigido por Elma Saiz.

“El informe confirma que sin migración, no se explicaría que España lleve siete años creciendo por encima de la media europea, que tengamos a más personas trabajando que nunca y que hayamos registrado el menor índice de paro en 17 años”, sostienen fuentes del Ministerio, quienes consideran que el estudio “complementa las razones” aportadas para sacar adelante la próxima regularización extraordinaria de inmigrantes, cuyo borrador aguarda la luz verde del Consejo de Estado y su próxima aprobación en el Consejo de Ministros.

Trabajadores de La Gilda del Norte (en realidad la empresa se llama Agricultura Creativa 2015) han declarado durante el juicio que se celebrará entre este martes y miércoles en la Audiencia Provincial de Bizkaia que trabajaban a menudo “sin contrato”, “en situación irregular”, sin medidas de seguridad ni controles y por 800 euros. Si llegaba alguna inspección, tenían la orden de “esconderse”. “Nos obligaba a escondernos, nos decía que no teníamos que estar allí porque no teníamos documentación. Y que si nos veían nos mandarían a nuestro país. Una vez me hizo meter en el congelador, en el cuarto frío un tiempo hasta que se fue la Policía”, ha explicado una de las tres denunciantes que acusan a F.J.G.A y su hija P.G., los dos propietarios de la empresa vizcaína de “explotación laboral” y por lo que se enfrentan a penas de hasta seis años de cárcel.

La acusación particular, representante de las denunciantes, exige para los propietarios penas que podrían sumar los seis años de cárcel por delitos “continuados” contra los derechos de sus trabajadores, además de una indemnización de 7.500 euros “por daños morales”, aunque la Fiscalía deja la petición de condena en un año y exime a la hija. Ninguno de los dos ha querido declarar durante el juicio y P.G., se ha acogido su derecho a no usar su última palabra para así no presentarse en la segunda sesión, que tendrá lugar este miércoles y en la que están llamados a testificar cuatro agentes de la Policía Nacional y de dos subinspectores laborales.

Durante la primera sesión del juicio han testificado las tres demandantes, dos mujeres y un hombre que trabajaron en la empresa en diferentes tramos entre el año 2017 y 2021. También han declarado tres antiguas trabajadoras en calidad de testigos. Las trabajadoras se dividían entre las que se encargaban de elaborar las gildas, los pintxos, en el pabellón de Basauri, que también se encargaban de las labores de limpieza, y las que trabajaban en el invernadero de Lezama, donde según ha reconocido una de ellas las condiciones eran más duras, a “temperaturas de más de 40 grados” y oliendo productos “tóxicos”, aunque también ha lamentado que la producción era “altísima” en el pabellón de Basauri, donde tenían que realizar “entre 110 y 120 tarros de gildas”.

Las inspecciones laborales se realizaron el 1 de diciembre de 2020 y el 7 de mayo de 2021. “Cuando llegara la Policía que nos decía que nos escondiésemos. Un día nos subieron a un montacargas, otra vez nos indicó que fuéramos al baño”, ha reconocido una de las testigos mientras que otra ha declarado que en su caso le pidieron que “subiera al tejado del edificio” para evitar ser vista. “En las inspecciones teníamos orden de escondernos, porque nos dijo que si nos cogía la Policía nos tendríamos que ir y yo no quería volver a mi país. Ese día subí por una escalera al tejado de la empresa, él lo sabe y nos agradeció que le ayudáramos porque él también decía que nos ayudaba”, ha asegurado una de las extrabajadoras.

Una de las denunciantes ha asegurado que P.G., la hija del propietario, quien según las trabajadoras también realizaba funciones de gestión en la empresa, le comentó que podía “abortar”, al comunicar que estaba embarazada. “Comuniqué mi embarazo para solicitar una reducción de jornada porque el trabajo era pesado para mí. El jefe se lo tomó alterado y a los tres días me llamó a las oficinas. Allí ella me dijo 'mira, hay una clínica en la que puedes abortar y quitarte eso de encima, te puedo dar el contacto de la clínica”. A mí me pareció muy duro porque yo a mi hijo lo quería tener. Me pareció muy fuerte“. ”El siguiente sábado fui a trabajar y me llamó el jefe y me dijo que me fuera a casa tranquila, que así no podía trabajar. Me dijo que me iba a mandar 400 euros al mes, que me iba a estar pagando en casa pero no fue así. Me sentí presionada porque era o el trabajo o mi embarazo. Cuando se enteró de la denuncia contactó conmigo y me llevó un sobre con 500 euros para que no denunciase y llegar a un acuerdo“, ha manifestado una de las denunciantes.

Otro de los denunciantes ha asegurado que entre el 60 y 70% de la plantilla con la que él trabajaba eran “trabajadores extranjeros en situación irregular”. Llegaban a la empresa recomendadas por algún familiar o amigo, muchas veces a los pocos días de llegar al país y no se les realizaba ninguna entrevista, pasaban directamente a realizar las labores, normalmente de 06.00 a 14.00, pero con la posibilidad de realizar horas extra por las tardes y los sábados. Los trabajadores han detallado que los pagos se realizaban en mano y que en alguna ocasión hubo retrasos en los mismos, pero no impagos. La mayoría relatan que vivían con la “promesa” de que pasado un tiempo se formalizara su contrato y pudieran estar en situación regular en el país.

La Inspección de Trabajo ya ha multado a La Gilda del Norte con una cifra superior a los 40.000 euros por las irregularidades laborales de este caso. Tras la segunda inspección, que tuvo lugar el 7 de mayo de 2021, los trabajadores irregulares, según han declarado, pasaron a trabajar en el turno de noche, de 20.00 horas a 06.00 horas. La forma de controlar los horarios de cada uno, según han apuntado, era un cuaderno que controlaba una de las trabajadoras con mayor rango en la empresa que ha sido citada a declarar en calidad de testigo, pero que no ha acudido a la cita por encontrarse residiendo en el extranjero. Los trabajadores han declarado que “durante el confinamiento por la COVID-19 siguieron trabajando incluso en ERTE”, que nunca realizaron ninguna formación sobre seguridad laboral, reconocimiento médico, no contaban con EPI, ni realizaron jamás cursos de manipulación de alimentos.

CSIF alerta de que hay un “colapso de mas de 1.000 expedientes pendientes de tramitación en la Oficina de Extranjería de La Rioja, algunos de julio de 2025”. De hecho denuncian el “bloqueo operativo” tras la entrada en vigor del nuevo Reglamento de Extranjería en mayo del año pasado. Advierten además de un “empeoramiento” debido al próximo proceso de regularización extraordinario. La formación tilda de “insostenible” la situación de los trabajadores de esta Oficina “desde hace meses” y recuerda que ya reclamaron mejoras laborales para los trabajadores tras la entrada en vigor del nuevo reglamento el año pasado “que ha supuesto en la práctica una elevada carga de trabajo inasumible por la plantilla”.

Y a esto añaden una “gran afluencia de personas” que acuden a las oficinas a pedir información sobre el Real Decreto de regulación extraordinaria. “El volumen de trabajo ha aumentado de manera exponencial en los registros. Están saturados tanto de manera presencial como telemática por falta de personal además de los fallos en la aplicación de extranjería por sobrecarga en la demanda”.

Por todo ello piden un “refuerzo inmediato, suficiente y planficiado” y solicitan a la Delegación del Gobierno que “tomen medidas previas de planificación y organización a la entrada de la normativa”. Y además rechazan la subcontratación anunciada por la Delegación por la “externalización y privatización de servicios públicos y el deterioro de la calidad de la atención al ciudadano y precarización del empleo público”.

Y concluyen: “sin planificación, recuresos y claridad normativa el proceso extraordinario podría convertirse en un cuello de botella no solo en las oficinas de extranjería sino que también afectará a los empleados públicos y a miles de ciudadanos en situación administrativa vulnerable ya que los tiempos de espera en la Comisarías se pueden disparar, tanto en expedientes como en emisión de documentación y se pondrá ”en riesgo“ la atención al ciudadano, tanto a personas extranjeras como a nacionales que soliciten DNI, pasaporte u otros trámites dependientes de la DGP”.

La secretaria del sector de la Administración General del Estado de UGT Servicios Públicos, Susana Gorrindo, y el delegado por el sindicato y trabajador de la Oficina de Extranjería, Donato Villoria, han reclamado a la Delegación del Gobierno en La Rioja aumentar la plantilla de la Oficina de Extranjería de cara a la regulación extraordinaria que comienza en abril.

Han señalado, en comparecencia de prensa, que el pasado jueves remitieron una carta a la delegada del Gobierno, Beatriz Arraiz, en la que le trasladaron “su profunda preocupación por la falta de personal” en dicha Oficina, de cara al próximo proceso de regulación extraordinaria anunciado para el mes de abril, “ya que se podrían superar las 8.000 solicitudes en poco tiempo”.

De hecho, Gorrindo ha apuntado que el año pasado esta Oficina “recibió 9.347 solicitudes, de las cuales más de la mitad han quedado pendientes para 2026”. Con ello, ha señalado que “ese tapón puede crecer todavía más si no se refuerza de manera inmediata la plantilla”.

Ha apuntado, además, a una “falta de previsión” del Ministerio de Seguridad Social e Inmigraciones “ante un proceso que supondrá un volumen de trabajo similar al de un año completo de solicitudes ordinarias”.

Ha puesto de manifiesto que la plantilla “se ha reforzado recientemente”, con 13 trabajadores más, que hacen un total de 21, pero aún así “sigue siendo claramente insuficiente para asumir este reto”. De hecho, han apuntado que harían falta otros 13 trabajadores más para “garantizar el funcionamiento”.

Incrementode13 trabajadores

Gorrindo ha señalado que “a día de hoy quedan por resolver varios miles de expedientes de 2025”, por lo que “es necesario y urgente un incremento de al menos un 60 o 70 por ciento más de efectivos respecto a la plantilla actual”. Con ello, si que se podría asumir “la nueva carga de trabajo sin agravar la situación y garantizar una atención ágil a la ciudadanía”.

Villoria, por su parte, ha insistido en la idea de la “falta de personal”, porque “aunque la actual se ha ampliado con un importante número de funcionarios de nuevo ingreso a finales del año pasado, incluso con personal procedente de otras situaciones administrativas y también con personal funcionario interino, pero aún así, esta plantilla sigue sin poder afrontar el volumen de trabajo de un año ordinario”.

“No hablo todavía del proceso de regularización, sino de un año ordinario de trabajo de 2025; porque en 2025, la mayor parte del año, llegamos a estar trabajando nada más que tres jefes y cinco funcionarios administrativos”, ha lamentado. “Llegados ya al mes de febrero, resulta que no hemos terminado todavía de grabar las solicitudes que entraron a lo largo de todo el año anterior”, ha reseñado.

Ante ello, ha indicado que UGT insiste, en primer lugar, a la Delegación del Gobierno, en pedir “un incremento sustancial de la plantilla”. Este organismo “debe solicitar al Ministerio de Política Territorial la incorporación inmediata de nuevos trabajadores.

También Villoria ha exigido una “planificación urgente”. La petición “debe tramitarse de inmediato para que el nuevo personal esté formado y operativo antes del inicio del proceso en abril”.

Finalmente, ha reclamado “una solución definitiva”, ya que “no valen medidas temporales, porque es necesario acabar con la precariedad estructural de la oficina y garantizar un servicio público de calidad”.

La Consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades ha mantenido una reunión de trabajo con diversas ONG que operan en Cantabria para que los estudiantes migrantes de enseñanzas profesionales que carezcan de documentación, y por tanto de Número de la Seguridad Social (NUSS), puedan finalizar sus estudios y obtener su titulación, una vez realizada la obligatoria Formación en Empresa.

En el encuentro, celebrado en la sede de la Consejería de Educación, se ha trasladado a los representantes de estas ONG el protocolo de actuación, que la Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente implementará en Cantabria a principios de marzo, y sobre el que se informará la próxima semana a los tutores de centros educativos de la región, ha informado este viernes el Gobierno.

Con la nueva Ley de Formación Profesional, vigente desde el curso 2024-2025, el alumnado de los grados D de Formación Profesional se ve afectado por la normativa educativa, pero también por la relativa a la Seguridad Social (altas, bajas, cotización, etcétera). Además, una parte de estos estudiantes también se ven afectados por la normativa de Extranjería y la tramitación de los correspondientes permisos de estudio, residencia y trabajo.

En este sentido, la Consejería de Educación asumió, desde el 1 de enero de 2024, la gestión de los trámites de altas y bajas de la Seguridad Social de sus alumnos, así como las liquidaciones de las cotizaciones sociales, con el fin de garantizar su titulación.

La directora general de FP, Cristina Montes, ha señalado que, desde septiembre de 2023, las comunidades autónomas han solicitado al Ministerio de Educación una regulación específica para varios colectivos de estudiantes, como los alumnos de prácticas con Erasmus + o las personas jubiladas o aquellos que se encuentren en situación de incapacidad temporal, que ya han sido regulados de forma específica.

De este modo, a fecha de hoy, el alumnado sin NUSS “es el único colectivo que está a falta de una regulación específica que dé respuesta a sus necesidades”, ha señalado.

Al inicio del presente curso 2025-2026, y con el fin de asegurar la titulación del alumnado sin posibilidad de tramitación del NUSS en Cantabria, la Consejería incluyó en sus instrucciones de inicio de curso un epígrafe en el que se establecía que “la carencia de NUSS, por imposibilidad administrativa, representaba una causa justificada para guardar la evaluación de los resultados de aprendizaje superados y poder así realizar la Formación en Empresa (FEM) en el curso inmediatamente siguiente”.

Con esta medida se garantiza la posibilidad de extender el periodo de realización de las prácticas del alumnado lo suficiente, como para permitir el acceso al trámite de arraigo socioformativo y la obtención del NUSS.

Actualmente, y salvo que finalmente se establezca una excepcionalidad en la tramitación del NUSS de estos estudiantes, Educación pondrá en marcha un protocolo de actuación, que enviará próximamente a todas las ONG y centros educativos de Cantabria, con el que se pretender arbitrar un itinerario de titulación para este alumnado migrante, respetando las diferentes normativas reguladoras y con seguridad jurídica.

Además, Educación se ha comprometido con las ONG a crear una comisión mixta para trabajar de forma conjunta en la orientación académica y profesional de colectivos vulnerables, así como a ofrecer una charla específica en la Muestra de la Formación Profesional de Cantabria, que tendrá lugar en el mes de mayo en Santander.

Titulación en tres años en vez de en dos

Fuentes docentes consultadas por elDiario.es Cantabria valoran positivamente que haya una coordinación para explicarles a estas personas que van a poder hacer las prácticas en un plazo extraordinario. “La solución pasa por alargarles el periodo para realizarlas en un periodo excepcional, en vez de entre marzo y junio como la mayoría del alumnado, ellos lo harían entre octubre y enero del curso siguiente”, han aclarado.

Cabe recordar que el arraigo socio-formativo exige llevar dos años en España de manera continuada y uno de los documentos que se puede presentar es la matrícula en un ciclo formativo. Según entidades sociales consultadas, el tiempo medio que suele tardar Extranjería en tramitar esta solicitud ronda los cinco meses y ahora el compromiso es que se acelere a un mes y medio. El objetivo es que a partir de ahí los afectados puedan solicitar también el Número de la Seguridad Social (NUSS).

Por tanto, tal como explica a elDiario.es Cantabria Arianne Cobo, abogada del Servicio de Asistencia y Orientación a Víctimas de Discriminación por Origen Racial o Étnico del Movimiento por la Paz -MPDL- Cantabria, “se les guardará la nota para el siguiente curso, en el que ya habrán cumplido los dos años de residencia que les exigen para poder tramitar un arraigo socioformativo en Extranjería, es decir, se titularán no en el plazo de dos años que suelen tener las FP, sino en tres”.

La Policía de Donostia, como la Ertzaintza, sí hará público el origen de los detenidos. Se desmarca, así, de las otras dos capitales vascas, Bilbao y Vitoria, y de otras ciudades como Barakaldo o Irún, y anuncia que compartirá la procedencia geográfica de las personas arrestadas con el objetivo de brindar una mayor “transparencia”

El debate se originó en octubre con la decisión del consejero vasco de Seguridad del PNV, Bingen Zupiria, de hacer público ese dato en las notas de prensa. La decisión ha traído disputa con el PSE-EE, socio de Gobierno, ha recibido críticas de EH Bildu o de Elkarrekin, en la oposición, pero ha sido aplaudida por las derechas, PP y Vox.

El alcalde donostiarra, Jon Insausti, cree que puede ayudar a “combatir estigmas y discursos populistas basados en conjeturas o especulaciones”. Es un “ejercicio de transparencia” que enmarca “un modelo de gobernanza propio de las sociedades maduras”. Ha apoyado la decisión tomada por el Departamento de Seguridad y continuará sus pasos. El PNV de Bilbao o de Barakaldo, por el contrario, entiende que el asunto “no aporta nada”. Hasta el anterior lehendakari, Iñigo Urkullu, ha deslizado que en su etapa esto no se hacía.

Desde hace meses, la Guardia Municipal donostiarra le proporciona a Seguridad y al poder judicial todos los datos personales, incluido el origen geográfico, para la elaboración de informes y memorias. Ahora, también compartirá el dato geográfico en la comunicación exterior cuando “la circunstancia lo requiera o cuando los medios de comunicación o la ciudadanía así lo demanden”.

La portavoz del PSE-EE, Ane Oyarbide, se posiciona en contra de la decisión recordando que “la delincuencia no se explica por el origen de las personas, sino por múltiples factores sociales, económicos y estructurales que requieren políticas públicas serias y sostenidas en el tiempo”. Oyarbide afirma que “Insausti se equivoca” al creer que aportar esta información combate “estigmas y discursos populistas”. Alega que “cuando ese dato se ofrece de manera aislada, sin contexto ni análisis, se refuerzan prejuicios”. En la misma línea, Víctor Lasa, portavoz de la coalición Elkarrekin, ha dicho estar “completamente en contra” de la decisión y anuncia que exigirá una “rectificación”. EH Bildu se ha quejado en variados foros de este asunto, igualmente.

"Desde hace meses atrás, la Guardia Municipal donostiarra le proporciona el origen geográfico a la Ertzaintza y a los Juzgados"

El consejero de Seguridad razona que “es mejor decir las cosas como son, sin estigmatizar”. Esto después de haber expresado que ha vivido “una presión tremenda” causada por PP y Vox para que publicara dichos datos. En una reciente entrevista con 'Deia', comenta que la información de la proveniencia geográfica también era exigida por los medios de comunicación y es tarea de ellos “decidir qué hacen” con ella. Alega que la decisión permite ver que, “entre la gente que comete delitos graves, hay gente de todos los orígenes”.

Aunque la Ertzaintza está bajo control del PNV, internamente la opinión también está dividida. El Ayuntamiento de Bilbao, cuya concejala de Seguridad Ciudadana, Amaia Arregi, es del mismo partido, ha afirmado que “no aporta nada” compartir ese dato y que la vinculación de “inmigrante a delincuentes es un gravísimo error” que suele generar más “inseguridad”.

El Ararteko, ante la decisión del departamento de Seguridad, inició una actuación de oficio para preguntarle a la Ertzaintza su razón. El nuevo titular de la defensoría, Mikel Mancisidor, espera celebrar una reunión con Zupiria como primera actuación de su mandato. Hasta ahora, el cuerpo había respetado la recomendación del Ararteko, de hace aproximadamente 15 años atrás. En esta señalaba que las notas de prensa policiales debían “evitar aquellas referencias a la nacionalidad que no sean estrictamente necesarias para la comprensión global de la información que contienen”.