Abdou fue a realizar un trámite a comisaría, como lo hacía cada semana desde que la Policía le requisase hace unos meses su pasaporte al tener una orden de expulsión en firme, pero este lunes fue diferente: el senegalés, que vivía en España desde hace unos tres años, acabó detenido, y en estos momentos se encuentra en el Aeropuerto de Madrid para ser expulsado de forma exprés. El hombre fue uno de los migrantes desalojados a la fuerza en diciembre de 2025 del instituto ocupado B9 por el alcalde de Badalona, Xavier Albiol (PP), cuando centenares de migrantes se quedaron en la calle en uno de los desalojos más grandes de España.

Después de haber vivido en situación de calle, Abdou fue acogido unos días por Àngela Valeiras, una jubilada de Badalona, que le acompañó desde entonces en su proceso de arraigo en España. “Le dijimos que fuese cada lunes a firmar como nos indicaron en comisaría, para que cumpliese con todo lo que le pedían ahora que estaba empezando a salir adelante”, explica Valeiras. Este lunes entró en comisaría, pero esta vez fue detenido para ejecutar su expulsión en un plazo máximo de 72 horas.

El senegalés ha sido trasladado este martes desde Barcelona al Aeropuerto de Madrid para ser enviado a su país en un vuelo de deportación, explica su abogada, Marta Llonch. Su defendido, asegura, fue víctima de las llamadas “citas trampa”, una práctica policial denunciada por colectivos de migrantes y antirracistas, que consiste en la utilización de una cita policial de una persona migrante en situación irregular para proceder a su expulsión por la vía expréss, un procedimiento rápido que permite la deportación durante las 72 horas en que una persona puede ser detenida sin autorización judicial, siempre que exista una orden de expulsión firme, como es el caso de Abdou.

Este medio ha preguntado por el caso al Ministerio del Interior, pero rechazan hacer declaraciones concretas, salvo asegurar que cumple con la normativa en materia de extranjería al existir una orden de expulsión firme anterior autorizada por un juzgado. El departamento dirigido por Fernando Grande Marlaska suele negar el uso de las llamadas “citas trampa” para proceder a la expulsión de extranjeros.

Acogido por una médico jubilada de Badalona

El ciudadano fue detenido este lunes a las 12:45 horas por “infracción de la Ley de Extranjería”, en concreto, “por encontrarse irregularmente en territorio nacional”, según consta en el acta de detención, a la que ha tenido acceso elDiario.es, sellada por la Jefatura Superior de Policía de Catalunya. Solo le dejaron hacer una llamada, y Abdou marcó el número de Àngela Valeiras, la médica jubilada de Badalona que lo acogió en su casa tras el desalojo del instituto B9. Su historia salió publicada entonces en varios reportajes que contaban la reacción de la señora, que decidió recibir a dos de los migrantes que habían quedado en situación de calle.

Después de acogerle durante unos días, el senegalés pasó a vivir en un albergue para personas sin hogar en el que permanecía desde entonces. Valeiras siguió en contacto con Abdou en todo momento, y lo ha acompañado en su proceso de arraigo en España. “Estoy súper triste. Me llamó cuando le detuvieron y tenía una voz... Desde que consiguió un sitio donde vivir, estaba generando una red y ahora tenía arraigo”, dice la mujer, quien se encargó de llamar a su trabajador social y a su abogada para tratar de detener una expulsión que todo apunta que acabará ejecutada.

La mujer jubilada menciona preocupada la cita médica que el senegalés ha perdido tras su detención, como si de su madre se tratase: “Hoy mismo tenía hora en el centro de salud, de seguimiento, por problemas ligados a todo el sufrimiento que vivió cuando estuvo en la calle”, dice la señora por teléfono. Su voz se corta cuando explica cómo se llevó a cabo la detención. “No le cogieron por la calle, él mismo fue a comisaría para firmar. Yo le había acompañado a la comisaría cuando le quitaron el pasaporte. Se presentaba cada lunes como nos dijeron. Qué rabia siento, porque yo le dije 'por favor, ve cada lunes'. Nos hizo caso en todo y ahora se lo han quedado allí”, dice. “Me sabe fatal. Él ha confiado en nosotros, en la abogada y en quienes le hemos ido acompañado, y el resultado es este”.

Petición de asilo

Tras su llegada a España en cayuco a Tenerife hace unos tres años, el senegalés pidió asilo. Durante un tiempo, tuvo permiso de residencia en el país, con lo que pudo trabajar como ayudante de cocina en un restaurante. Posteriormente, perdió los papeles al recibir la denegación de su petición y trabajó en el campo por temporadas. Sus escasos jornales esporádicos, sin embargo, no eran suficientes para costear un techo bajo el que dormir. Después de largas temporadas sin hogar, se alojó en el institut ocupado B9, hasta su desalojo.

El 17 de diciembre de 2025, los Mossos d'Esquadra desalojaron a centenares de migrantes que malvivían en este instituto abandonado de Badalona. El desalojo del espacio, ejemplo de la pobreza y el desamparo que sufren muchos migrantes sin ayuda de las instituciones, fue instado por el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol (PP). El día siguiente del desalojo, Àngela apareció en la vida de Abdou y lo acogió junto a otro compañero. La mujer les ofreció su casa sin pensarlo demasiado, como informó entonces ACN. “Me dejé llevar por el corazón ante una situación muy desesperada”, explicó en declaraciones recogidas por la Agencia. Los jóvenes mostraron su gratitud aquellos días limpiándole la casa y cocinándole platos típicos senegaleses antes de marcharse el domingo a un espacio habilitado por entidades y la Generalitat para darles cobijo.

Abdou aún no había pedido la regularización porque estaba esperando el certificado de antecedentes penales de su país, Senegal. El hombre carece de antecedentes penales en España, pero sí cuenta con varios antecedentes policiales y “dos procedimientos judiciales pendientes” ligados a su etapa en situación de calle.

Según su abogada, se trata de un caso de “usurpación” ligado a su entrada en un piso de la Sareb donde el joven entraba para ducharse. La otra causa tiene que ver con un delito contra salud pública, de cuando vivía en situación de sinhogarismo. “Fue acusado injustamente, por motivos aparentemente de perfil étnico-racial, porque estaba al lado de alguien que vendía drogas y se le detuvo a él también. Tiene muy buena defensa, no había pruebas contra él, pero el juicio ya no se llegará a celebrar si le expulsan”, sostiene su letrada. Este medio no ha podido confirmar de manera independiente su situación legal.

El trabajador social de Abdou estaba en proceso de cancelar varios antecedentes policiales que eran suscetibles de ser desactivados antes de solicitar la regularización, según Valeiras. Sin embargo, tras conocer su detención, su abogada de Cáritas, otra de las ONG que le apoyaba, ha registrado su regularización con los documentos con los que contaba por el momento, con la intención de intentar frenar la inminente expulsión.

“Nadie sabe bien lo que es vivir en la calle. En cuanto salió de la calle dejó de tener causas. Estoy muy dolida. Se ha esforzado tanto, y hemos puesto tanto de nosotros mismos también su abogada, su trabajador social y yo para acompañarlo y que conseguiese lo que estaba consiguiendo... Abdou me llegó a contar que estaba días y días sin salir de un rincón de la calle, sin poder ducharse, con una costra negra de suciedad. Fue víctima de agresiones racistas...”, explica la jubilada.

La voz de la mujer española se quiebra cuando recibe una información de Abdou, que conoció justo antes de una de las llamadas con este medio. “Me ha dicho la abogada que ya está de camino al aeropuerto. Y no nos dejan hablar con él. Se estará sintiendo super abandonado”, dice con un hilo de voz. “Tenía muy mala experiencia de los blancos. Sufrió mucho racismo. Hace unos días vino a comer a casa y se reía. Me decía: eres la primera persona blanca con la que me río. Estaba empezando a tener red, un arraigo, y ahora se lo llevan”, lamenta Valeiras.

El Gobierno ha cancelado la expulsión de Mounir Meziat, un joven marroquí que había sido detenido en Altea por no tener papeles, cuando se dirigía a una cita con su abogada para formalizar su petición de regularización extraordinaria. El marroquí, quien trabaja habitualmente como temporero en Alicante, fue encerrado en el Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de Valencia, desde donde la semana pasada iba a ser devuelto a su país pese a haber registrado su petición de regularización a través de su abogado. Después de la intervención del Defensor del Pueblo y la presión mediática, el Ejecutivo ha suspendido su orden de retorno. Este lunes, Mounir ha salido en libertad, según ha confirmado su defensa y el Ministerio del Interior a elDiario.es.

El departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska confirma la liberación del ciudadano marroquí pero no detallan las razones que han empujado finalmente a la decisión. La semana pasada, tras la publicación del caso y las denuncias difundidas por la plataforma CIEs No Valencia, el Ministerio de Interior realizó consultas interministeriales a la Secretaría de Estado de Migraciones para conocer si Mounir Meziat había realizado “gestiones” en relación al procedimiento de regularización.

Su abogado, Álvaro Vico, también había registrado una queja al Defensor del Pueblo, quien actuó y pidió información a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras. Aunque su defensa había registrado un recurso de reforma en contra del internamiento y expulsión del marroquí, la liberación no se ha producido por orden juidicial. “Ha sido una decisión de la autoridad gubernativa”, sostiene el letrado, quien se ha encargado del caso a partir de la orden de internamiento.

El chico marroquí, quien trabajaba como jornalero en el campo alicantino, fue enviado al CIE por orden judicial ante su supuesta falta de arraigo en el país, pese a llevar más de dos años en el país, estar empadronado en Altea y haber trabajado con contrato durante meses en un restaurante del pueblo alicantino mientras tenía papeles durante la tramitación de una petición de asilo. Tras perder su permiso de residencia, empezó a trabajar en el campo, por lo que se desplazaba por temporadas a la comarca de la Vega Baja del Segura, donde solía encontrar fincas donde necesitaban su mano de obra, especialmente en la campaña de la naranja.

El joven cumplía con las condiciones de la regularización antes de su internamiento. toda la documentación presentada por su abogado en la Oficina de Extranjería de Alicante, a la que ha accedido elDiario.es, confirma la carencia de antecedentes penales en su país, su vinculación laboral pasada y su residencia continuada en España durante el tiempo exigido. “Tenía toda la documentación preparada e iba a entregarla para registrarla. Hasta el pago de la tasa”, dice Álvaro Vico, el abogado que trata de sacarle del CIE, quien finalmente se encargó de registrar su petición de regularización dos días después del internamiento de su cliente, que ha presentado un recurso al jugado que autorizó su encierro apelando al arraigo de su cliente.

El marroquí fue detenido el pasado 7 de mayo a las 12:45 por la Policía Nacional, según consta en el auto de internamiento al que ha tenido acceso elDiario.es. La magistrada del juzgado de instancia número 4 de Benidorm, Ana Isabel García-Galbis, autorizó su encierro argumentando la “falta de domicilio conocido”. De la “declaración obrante en autos”, sostiene la jueza, “no se desprende la existencia de elementos que haga pensar que no vaya a evadir la acción de la autoridad gubernamentativa frustrando el expediente de expulsión, porque no le consta trabajo ni domicilio conocido”.

El día de la detención, un amigo le estaba llevando en coche a Benidorm, donde se encontraba su primo, para recogerle y, juntos, ir a la cita con la abogada, ya que le estaba ayudando en el proceso de regularización. “Cuando salía de Altea, me llamó, diciendo que le iban a detener”, explica Yassim.

Con la intención de revocar la orden de internamiento, el letrado Álvaro Vico registró un recurso de reforma ante el juzgado de instrucción número 4 de Benidorm contra el internamiento cautelar del joven, que aún no ha sido resuelto. El abogado alertaba de que la decisión de su encierro en el CIE para proceder a su expulsión se basaba en “una supuesta situación de riesgo de incomparecencia y frustración de la expulsión”. El escrito recordaba que, mientras que la magistrada defendía que “no le consta trabajo ni domicilio conocido”, dicha afirmación “resulta manifiestamente incompleta y contradicha por la documentación obrante”. Para acreditar su afirmación, Vico ha adjuntado los documentos de empadronamiento en Altea, la asignación del número de la Seguridad Social, su contrato de trabajo extinto, copia de la tarjeta sanitaria y el certificado que demuestra la inexistencia de antecedentes penales en su país.

Mounir Meziat está empadronado en Altea (Alicante) desde mayo de 2025, según consta en la documentación a la que ha accedido este medio. Hace solo dos semanas, cuenta su abogado, el joven estaba en Almoradí, el pueblo al que se mudaba temporalmente para buscar empleo en el campo. “Creemos que, cuando la jueza le preguntó por su domicilio, como acababa de volver, no supo decirlo o le daba miedo al estar trabajando allí de manera irregular”, explicó el letrado.

El caso de Mounir Meziat, como tantos otros, refleja una sucesión de varios abusos y errores del sistema en cadena, desde la dificultad para realizar ciertos trámites, como su detención policial, una asistencia jurídica deficitaria y el “automatismo” de muchos jueces de instrucción a la hora de decretar los internamientos en los CIE, según analiza Jesús Mancilla, abogado de Algeciras Acoge, en declaraciones recientes a elDiario.es. Este medio ha publicado los casos de Omar y Oussmane, dos jóvenes marroquíes con arraigo que fueron ingresados en un CIE a las puertas del proceso de regularización, cuando cumplían con los requisitos. Tras su publicación, ambos fueron finalmente liberados, pero los expertos se preguntan qué pasará con todos aquellos que no hayan tenido acceso a la prensa o a una ONG que denuncie su caso.

En 2024, un informe de Amnistía Internacional cuestionó el “automatismo por parte de los jueces” al decretar el internamiento en un CIE. Según concluyó la ONG, “el juez o jueza de instrucción, así como la fiscalía, tienden a seguir casi en exclusiva el criterio policial en vez de realizar una valoración propia a la luz de todas las circunstancias”. En la mayoría de los juzgados “se tira de modelo de auto de internamiento, sin analizar más allá los requisitos legales, el caso por caso”, concluyó la investigación

Esta semana han comenzado los trámites para que las personas migrantes sin papeles puedan regularizar su situación en España. De la mano de las periodistas de elDiario.es Laura Martínez y Gabriela Sánchez escuchamos las historias de algunas de estas personas y nos traen sonidos de la calle y oficinas de Correos en estos primeros días de trámites. 

Mientras tanto, en una dimensión paralela: PP y Vox han llegado a un acuerdo de Gobierno en Extremadura que se compromete a darle “prioridad nacional” a los servicios públicos, a las ayudas sociales, a las viviendas sociales. ¿Qué es eso de la prioridad nacional y qué implica hasta el momento? ¿Tiene un sentido, además, de calado político en un contexto en el que el Gobierno regulariza a alrededor de medio millón de migrantes? Lo analizamos con el subdirector de elDiario.es, Iñigo Sáenz de Ugarte.

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El Ararteko, la Defensoría del Pueblo vasca, ha instado a la Diputación de Bizkaia a garantizar que los procesos para regularizar la situación administrativa de los menores extranjeros que se encuentran en el Dispositivo Asistencial de Emergencia El Vivero, en Galdakao, comiencen “lo antes posible” tras su ingreso en el sistema de protección, respetando los plazos legales. Del mismo modo, también recomienda que desde el centro no comuniquen medidas generales que restrinjan derechos, como informar a los residentes que no se tramitarán sus documentos ni se les dará acceso a formación durante su estancia en el centro.

Estas son algunas de las recomendaciones del Ararteko tras realizar dos inspecciones en el centro el 6 y el 16 de junio de 2025 y entrevistarse con un responsable y 17 de los 39 residentes que se encontraban en acogida en aquel momento. El 70% de los menores en acogida llevaban más de tres meses en el centro, pese a que se creó de carácter “excepcional, temporal y transitorio” y al estar vinculado al programa de acogida de urgencia, la permanencia de los adolescentes debería ser preferentemente inferior a 60 días.

En el informe realizado por el Ararteko, del 27 de marzo de 2026, se detalla que el centro funciona principalmente como un recurso asistencial de “comida y cama”. No se realiza una intervención educativa profunda ni se tramita documentación de extranjería mientras están allí, posponiendo estos procesos hasta que son trasladados a otros centros. La única actividad formativa que reciben los menores es una hora diaria de castellano, lo cual se considera “insuficiente para su integración”. Además, no tienen acceso a formación externa ni a aprendizaje de oficios. Tampoco se les realiza un reconocimiento médico inicial, solo acuden al médico en caso de dolencia, y no se les empadrona en Galdakao debido a la supuesta provisionalidad de su estancia.

“Se les informa de manera consistente por parte del equipo educativo del centro y por parte del coordinador del servicio foral, que, de manera general y mientras estén en Vivero, no se les va a ofrecer formación externa ni se les van a tramitar papeles (documentación de extranjería consistente en autorización de residencia y trabajo). Sienten su estancia en El Vivero como un paréntesis en su proyecto migratorio que dura demasiado”, recoge el informe del Ararteko.

Según el Ararteko, los menores que residen en El Vivero sienten una gran “desesperanza y frustración”. “Quieren estudiar, formarse, aprender castellano, un oficio, conseguir autorización de residencia y trabajo para, finalmente, poder trabajar cuanto antes y tener una vida autónoma. Aparcados, en ese tiempo no sucede nada, lo que produce desesperanza, una gran frustración y un profundo malestar. Sin referentes familiares ni red, se sienten desprotegidos como personas menores cercanas a la mayoría de edad, sin un plan de intervención formativa y de transición a la edad adulta, temiendo poder acabar en situación de calle a pesar de haber migrado como menores de edad solos y estar en el sistema de protección”, detalla el documento.

En este sentido, de cara a ofrecer una mejor atención a los menores, el Ararteko insta a la Diputación a intensificar la enseñanza del idioma con una mayor carga horaria para facilitar la integración de los menores y recomienda elaborar un proyecto de intervención individualizado para cada joven que guíe el trabajo del equipo educativo, incluso si la estancia se prolonga más de lo deseado. También considera importante seguir buscando “fórmulas innovadoras y estables” para la atención de menores extranjeros sin referentes familiares, dada la tendencia estable de llegadas.

Por último, dado que el carácter excepcional y temporal del centro El Vivero finaliza en 2026, el Ararteko insta a la Diputación de Bizkaia a valorar la idoneidad de la experiencia y definir alternativas definitivas que cumplan con la normativa. “El DAE El Vivero, conforme a su calificación de 'excepcional', es un recurso definido como temporal, por un período máximo (incluida su prórroga) de año y medio. En el año 2026 finaliza este período, en el que habrá de valorarse la idoneidad de la experiencia y definir alternativas estables y conforme a norma para la adecuada atención a estos adolescentes en situación de desprotección. El Ararteko se mantendrá atento a la evolución de la propuesta”, concluye el informe.

La Junta de Castilla y León ha anunciado que va a recurrir “en los próximos días” el real decreto de regularización extraordinaria de migrantes aprobado por el Gobierno central. Según ha explicado el portavoz en funciones, Carlos Fernández Carriedo, desde el Ejecutivo autonómico consideran que genera “inseguridad” en su aplicación y se ha impulsado sin coordinación con las comunidades y entidades locales. Para el gobierno autonómico la orden puede tener un “impacto grave” en el conjunto del sistema al, a su juicio, no estar los servicios públicos preparados para asimilar tantas personas.

La decisión se ha adoptado este jueves en el Consejo de Gobierno, tras el análisis de la norma por parte de los servicios jurídicos, que trabajan ya en la redacción del recurso y en la elección del cauce, o bien Tribunal Constitucional o Tribunal Supremo, más adecuado para su presentación.

El principal reproche de la Junta de Castilla y León se centra en el procedimiento diseñado por el Ejecutivo central para su redacción y aprobación. “Los mecanismos previstos no garantizan para nada” el cumplimiento de los requisitos exigidos a los solicitantes, ha afeado Carriedo, quien ha señalado que algunos de los documentos contemplados para acreditar la residencia no permiten verificar de forma fehaciente las condiciones exigidas. Esta situación, ha añadido, introduce “inseguridad en el procedimiento”.

Carriedo ha puesto en duda de que la forma para acceder a la regularización se pueda hacer con un billete de metro o ticket de un transporte público, como el sistema Buscyl existente en la Comunidad.

A esa crítica técnica se suma otra: la ausencia de diálogo con las comunidades autónomas. Según el portavoz en funciones, el Gobierno ha actuado “sin ningún tipo de participación ni coordinación” con las administraciones territoriales, a pesar de que la medida afecta directamente a sus competencias.

Sin datos del número de personas que podrían acogerse a la regularización

La Junta ha cuestionado que no se haya facilitado información básica, como el número de personas que podrían acogerse a la regularización o las condiciones concretas de aplicación. Preguntado por las personas que podrían acogerse a esta medida en Castilla y León, Carriedo ha afirmado que desde el Ejecutivo desconocen el dato, aunque desde CCOO, en base al servicio que prestan, hablan de unas 25.000 personas.

El futuro recurso se apoyará igualmente en dudas sobre el encaje del decreto en la normativa europea. Carriedo ha avisado de que la medida podría ser “contraria” a las reglas comunitarias en materia de control de fronteras y libre circulación, y ha alertado de que el volumen potencial de beneficiarios podría suponer un “riesgo” para la coordinación entre Estados miembros. En este punto, ha recordado que la Comisión Europea ha llamado la atención sobre el posible impacto de este tipo de decisiones en el conjunto de la Unión.

A pesar de oponerse la regulación de migrantes planteada por el Gobierno central, Carriedo ha abogado por una “integración ordenada” basada en el empleo con contrato legal, estar dado de alta en la seguridad social y el pago de impuestos. Castilla y León, según ha recordado el portavoz en funciones, ha superado los 101.000 afiliados extranjeros a la Seguridad Social —“una cifra récord para un mes de marzo”—, con un crecimiento superior a la media nacional.

“Todo el mundo es bienvenido” si llega para “trabajar, cotizar y contribuir a la sociedad”, ha apostillado Carriedo, quien ha criticado el proceso de regularización del Gobierno central al que ha calificado como “no ordenado” y potencialmente generador de disfunciones en el sistema.

Carriedo critica la falta de trámite parlamentario

La decisión de recurrir, ha añadido, responde a una posición sostenida por la Junta en anteriores legislaturas en materia migratoria y se adopta “sin ninguna consideración externa”, en referencia a las negociaciones políticas abiertas en la comunidad.

Este movimiento del Ejecutivo autonómico se produce después de que el Gobierno confirmara la aprobación de la regularización extraordinaria mediante una modificación del reglamento de extranjería, una vía que ha permitido su tramitación sin necesidad de respaldo parlamentario. El Consejo de Estado ha avalado la esencia de la norma y su tramitación urgente, aunque ha recomendado introducir ajustes técnicos.

Entre ellos, figuran precisiones sobre la forma de acreditar requisitos como la ausencia de antecedentes penales o la definición de “situación de vulnerabilidad”, un concepto que el Ejecutivo prevé concretar en el texto definitivo. Según el diseño inicial, podrán acogerse a la medida las personas extranjeras que hayan llegado a España antes del 31 de diciembre de 2025 y acrediten al menos cinco meses de residencia continuada, así como determinados solicitantes de asilo.

El permiso que se conceda será temporal, con una duración de un año, e incluirá autorización para trabajar en todo el territorio nacional. La norma permite acreditar la estancia en el país mediante distintos tipos de documentos, más allá del empadronamiento, un aspecto que ha generado debate técnico y que está en el centro de las crítica Castilla y León.

La regularización extraordinaria mantendrá la esencia planteada por el movimiento ciudadano que impulsó la medida, al menos sobre el papel. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el real decreto que permitirá la salida de la clandestinidad de alrededor de 500.000 personas, según los cálculos oficiales. Pese a que algunas de las modificaciones propuestas por el Ministerio del Interior pretendían acotar el alcance de la medida, el texto definitivo, al que ha tenido acceso elDiario.es, mantiene las bases del primer borrador, aunque añade un nuevo requisito para justificar la vulnerabilidad ligada a la irregularidad y endurece parcialmente las opciones para probar la carencia de antecedentes penales. Eso sí, mantendrá una vía para apoyar a los migrantes a certificar que no han cometido delitos en caso de que sus países de origen no se lo faciliten.

La norma entrará en vigor el próximo 15 de abril, el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. El texto que llega este martes al Consejo de Ministros mantiene el caracter amplio de la medida y sus requisitos principales: podrán acogerse, por un lado, todas las personas en situación irregular sin antecedentes penales que hayan llegado al país antes del 1 de enero de 2026 y que prueben su permanencia continuada durante al menos cinco meses. Por otro, los demandantes de asilo que hayan registrado su demanda de protección internacional antes de dicha fecha, sin tener la obligación de desistir de su procedimiento de asilo previamente, pero sí después de recibir la concesión del permiso extraordinario de residencia por esta vía.

Tras las recomendaciones planteadas por el Consejo de Estado, la mayoría trasladadas por el Ministerio del Interior, el Gobierno ha incluido una serie de cambios que afectan más a los métodos de prueba de algunos de los requisitos que al fondo de la normativa, según aseguran fuentes gubernamentales, que consideran que se trata de modificaciones de caracter “técnico”. Entre las novedades, el Ejecutivo ha incluido una nueva condición que, aunque ya se llegó a plantear durante las negociaciones con Podemos y en las reuniones mantenidas con colectivos sociales, aún no había sido confirmada: un informe social para probar la situación de “vulnerabilidad” que conlleva vivir en España sin permiso de residencia.

El último borrador del real decreto contempla diferentes supuestos por los que una persona sin papeles podrá acogerse a la regularización extraordinaria -que no computan en el caso de los solicitantes de asilo, pues carecen de estas exigencias-. Por un lado, la vía laboral, a través de una oferta de contrato de trabajo o una declaración de responsable de un proyecto de empleo por cuenta propia. Por otro, la familiar, es decir, probar encontrarse en el país como parte de una unidad familiar con hijos a cargo o personas dependientes. Y, en tercer lugar, encontrarse en “situación de vulnerabilidad”. Es en este punto donde será necesario aportar el nuevo informe social.

Informe para las personas sin papeles

Como el primer borrador no especificaba cómo se tendría que acreditar dicha vulnerabilidad, la ministra de Migraciones, Elma Saiz, había aclarado en diversas ocasiones que la propia situación de irregularidad administrativa se entendería por sí misma como condición de vulnerabilidad, por lo que no haría falta justificar dicha situación. Sin embargo, el Consejo de Estado solicitó al Gobierno una mayor concreción y un método para probar este supuesto.

Finalmente, la solución encontrada por el Gobierno, en conversación con el movimiento Regularización YA y distintas ONG especializadas, ha sido la exigencia de presentar un nuevo informe social que “a través de un modelo específico” permita acreditar la vulnerabilidad extra que sufren los migrantes solicitantes por el hecho de vivir sin papeles. Además de las “entidades competentes en materia de asistencia social” de las comunidades autónomas (cuya emisión de este tipo de informes adolece en ocasiones de trabas o grandes retrasos), el Ejecutivo ha abierto una nueva vía inédita hasta el momento para emitir este tipo de documentos.

“Podrán acreditar también dicha situación las entidades del Tercer Sector inscritas en el Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería”, indica el texto de la medida. El Gobierno ha creado así un registro amplio de ONG especializadas en extranjería que estarán habilitadas para desarrollar estos informes de “vulnerabilidad”, lo que evita la exclusión de quienes se podrían encontrar con obstáculos para cumplir dicho trámite a través de los servicios sociales autonómicos o municipales, un problema mencionado habitualmente por los migrantes que intentan solicitar permisos de residencia por la vía del arraigo.

Aunque Interior había solicitado reducir en parte la flexibilidad de los medios de prueba con los que los migrantes sin papeles pueden probar los cinco meses de residencia continuada en España, el último texto normativo la mantiene. Según el real decreto, podrán demostrar su permanencia en el país con cualquier medio de prueba, como facturas de la luz, certificados médicos, participación en actividades municipales, formaciones o documentos caducados (el departamento de Fernando Grande-Marlaska rechazaba específicamente que pudiesen presentar documentos expirados) siempre que incluyan el nombre completo del solicitante.

Esta flexibilidad en los métodos de prueba es clave para la población en situación irregular, que se enfrenta a menudo a muchas trabas para realizar trámites como el empadronamiento, por lo que permitir un amplio abanico de documentos puede evitar la exclusión de miles de personas, según los colectivos sociales. 

Carencia de antecedentes

Lo que sí ha endurecido el Gobierno, de manera parcial, es el procedimiento para justificar la falta de antecedentes penales. Pese a los distintos bulos difundidos por la derecha, todos los borradores de la normativa han incluido como requisito para acceder a la regularización carecer de antecedentes penales.

El punto cuestionado por el Consejo de Estado y el Ministerio del Interior tenía que ver con la posibilidad planteada por el borrador inicial para probar la inexistencia de antecedentes penales en el país de origen en el caso de que el certificado no llegase a tiempo, dado que determinados países tardan en emitir este tipo de documentos meses o incluso años. Para evitar dejar fuera de la medida a quienes no logran recibir el certificado por los problemas de la administración de su país, el Ejecutivo planteaba una segunda vía para dar más margen y mayor flexibilidad: a través de una declaración responsable de falta de antecedentes, que abriría una segunda fase de comprobaciones diplomáticas por parte del Gobierno, mientras dichos expedientes continuaban su curso. En caso de demostrar finalmente que sí contaba con antecedentes, la Administración suspendería el permiso de residencia.

Tanto el Ministerio del Interior como el Consejo de Estado rechazaron la inclusión de esta opción tal y como aparecía redactada inicialmente. El Ejecutivo ha optado por mantener esta segunda fórmula para justificar los antecedentes penales en otro país, con el objetivo de evitar cerrar la puerta a miles de personas ante los previsibles retrasos de estos certificados internacionales. Sin embargo, el último texto endurece sus condiciones y limita el alcance de esta posibilidad, dejando paralizados temporalmente esos expedientes durante tres meses, que acabarán siendo rechazados si en un plazo determinado no se logra confirmar la falta de causas penales en sus lugares de origen.

Tampoco se permitirá suplir la justificación de la inexistencia de antecedentes penales en los casos de quienes demuestren haber vivido de forma continuada en el país durante los últimos cinco años, como había sido incluido en la redacción inicial de la norma. El Consejo de Estado consideró que “ha de concederse la máxima prioridad a una rigurosa acreditación de la carencia de antecedentes penales en terceros países”, por lo que finalmente el Ejecutivo ha eliminado esta posibilidad.

Oficinas de Correos habilitadas

Las solicitudes se podrán presentar desde la entrada en vigor de la normativa hasta el 30 de junio de 2026, de manera presencial o telemática. Las oficinas de extranjería no serán los principales espacios para presentar los expedientes, debido al colapso en el que se encuentran. Por ello, el Gobierno va a habilitar “oficinas públicas en todo el territorio nacional”, que incluirán “las oficinas de Correos, las oficinas de la Seguridad Social y determinadas oficinas de extranjería”.

A las oficinas de Correos se les encomendará “tareas de apoyo y gestión” en el procedimiento a través de la presentación telemática de la solicitud de las autorizaciones, dado que las personas sin papeles no pueden optar por sí mismas a la vía online al carecer de documentación electrónica para acceder al sistema. “Correos cuenta con una amplísima red de oficinas en todo el territorio nacional, incluyendo zonas rurales y municipios pequeños, lo que garantiza que todas las personas, con independencia de dónde vivan, puedan acceder al procedimiento en condiciones de igualdad”, indica el último borrador del real decreto.

Además, Inclusión encomendará al grupo TRAGSA el desarrollo de tareas administrativas de “caracter exclusivamente instrumental”, en funciones de “apoyo material y técnico” para la preparación de los procedimientos para su resolución. Las labores encargadas a esta empresa, aclara el texto normativo, “no supone en ningún caso el ejercicio de potestades públicas, ni comprende la instrucción sustantiva de los procedimientos, la valoración jurídica de las solicitudes ni la adopción de decisiones sobre las mismas”.

El movimiento Regularización Ya, formado mayoritariamente por personas racializadas, consigue así sacar adelante una versión bastante parecida a la regularización sin apenas condiciones por la que empezaron a luchar en las calles hace más de cinco años, materializada en una ILP que llegó al Congreso con el respaldo de más de 700.000 firmas hasta acabar en el Consejo de Ministros para ser aprobada por la vía exprés tras un acuerdo alcanzado entre el Gobierno y Podemos. “Parece que el enfoque sigue siendo bastante amplio y la intención es respetar nuestro planteamiento, pero queremos ser cautas hasta su publicación en el BOE y seguiremos de cerca su aplicación, para que no deje a gente atrás”, sostiene Silvana Cabrera, una de las portavoces de la plataforma.

La Audiencia Provincial de Bizkaia ha condenado al propietario de La Gilda del Norte (en realidad la empresa se llama Agricultura Creativa 2015) F.J.G.Á. a una multa de 18.000 euros por un delito contra los derechos de los trabajadores en su modalidad de emplear o dar ocupación, de forma “reiterada”, a ciudadanos extranjeros que carezcan de permiso de trabajo. Además de la pena de multa, el tribunal ha condenado al acusado al pago de una indemnización en concepto de responsabilidad civil de 2.500 euros para cada uno de los tres trabajadores que han ejercido la acusación particular en esta causa por los daños morales causados. No entrará en prisión, eso sí. Y su hija, también responsable de la empresa, queda totalmente absuelta.

El tribunal declara probado que el acusado se dedicó al menos entre diciembre de 2018 y mayo de 2021 a “la contratación reiterada” de ciudadanos extranjeros en situación irregular en España, sin permiso de trabajo, sin ser dados de alta en la Seguridad Social y sin poner en conocimiento de las autoridades españolas su condición de trabajadores de su empresa. También considera probado que advertía a los empleados que en caso de inspección tenían que esconderse en las instalaciones de la empresa, algo que los propios trabajadores y testigos, así como agentes de la Policía Nacional y subinspectores laborales de Empleo y Seguridad Social sostuvieron durante el juicio.

“Se acredita con base a dicha prueba que el acusado de forma asidua o reiterada ocupaba a ciudadanos en situación irregular en España sin permiso de trabajo”, quienes “debido a ello y a la necesidad de subsistencia, se veían abocados a asumir las condiciones laborales” que este les ofrecía, “aprovechándose de que estos ciudadanos se encontraban en posición de debilidad por la amenaza de poder ser expulsados” del territorio nacional, afirma la Audiencia vizcaína.

Sin embargo, el tribunal ha absuelto a la hija del propietario P.G., de los delitos de los que venía siendo acusada como cómplice por las acusaciones particulares -la Fiscalía no formuló acusación en su contra- al estimar que no ha quedado acreditado que ella participara “de alguna manera en la contratación de trabajadores ilegales en la empresa de su padre”, ni que actuara “en calidad de gerente de dicha mercantil”.

Durante el juicio celebrado a finales de marzo, tres de los trabajadores denunciaron trabajaban a menudo “sin contrato”, “en situación irregular”, sin medidas de seguridad ni controles y por 800 euros. Si llegaba alguna inspección, tenían la orden de “esconderse”. “Nos obligaba a escondernos, nos decía que no teníamos que estar allí porque no teníamos documentación. Y que si nos veían nos mandarían a nuestro país. Una vez me hizo meter en el congelador, en el cuarto frío un tiempo hasta que se fue la Policía”, sostuvo una de las denunciantes. Los demandantes, dos mujeres y un hombre, argumentaron que trabajaron en la empresa en diferentes tramos entre el año 2017 y 2021. También declararon tres antiguas trabajadoras en calidad de testigos. Las trabajadoras se dividían entre las que se encargaban de elaborar las gildas, los pintxos, en el pabellón de Basauri, que también se encargaban de las labores de limpieza, y las que trabajaban en el invernadero de Lezama, donde según reconoció una de ellas las condiciones eran más duras, a “temperaturas de más de 40 grados” y oliendo productos “tóxicos”, aunque también lamentó que la producción era “altísima” en el pabellón de Basauri, donde tenían que realizar “entre 110 y 120 tarros de gildas”.

Las inspecciones laborales se realizaron el 1 de diciembre de 2020 y el 7 de mayo de 2021. “Cuando llegara la Policía que nos decía que nos escondiésemos. Un día nos subieron a un montacargas, otra vez nos indicó que fuéramos al baño”, reconoció una de las testigos mientras que otra ha declarado que en su caso le pidieron que “subiera al tejado del edificio” para evitar ser vista. “En las inspecciones teníamos orden de escondernos, porque nos dijo que si nos cogía la Policía nos tendríamos que ir y yo no quería volver a mi país. Ese día subí por una escalera al tejado de la empresa, él lo sabe y nos agradeció que le ayudáramos porque él también decía que nos ayudaba”, aseguró una de las extrabajadoras.

Una de las denunciantes denunció que P.G., la hija del propietario, quien según las trabajadoras también realizaba funciones de gestión en la empresa, le comentó que podía “abortar”, al comunicar que estaba embarazada. “Comuniqué mi embarazo para solicitar una reducción de jornada porque el trabajo era pesado para mí. El jefe se lo tomó alterado y a los tres días me llamó a las oficinas. Allí ella me dijo 'mira, hay una clínica en la que puedes abortar y quitarte eso de encima, te puedo dar el contacto de la clínica'. A mí me pareció muy duro porque yo a mi hijo lo quería tener. Me pareció muy fuerte. El siguiente sábado fui a trabajar y me llamó el jefe y me dijo que me fuera a casa tranquila, que así no podía trabajar. Me dijo que me iba a mandar 400 euros al mes, que me iba a estar pagando en casa pero no fue así. Me sentí presionada porque era o el trabajo o mi embarazo. Cuando se enteró de la denuncia contactó conmigo y me llevó un sobre con 500 euros para que no denunciase y llegar a un acuerdo”, manifestó una de las denunciantes.

En este sentido, tras conocer la sentencia las denunciantes aseguran estar “satisfechas” porque “se ha reconocido la relación laboral de la trabajadora embarazada, a la que se le reconoce una indemnización por responsabilidad civil, y porque se han podido acreditar los hechos”. “Esto es una satisfacción para las trabajadoras y los trabajadores que han sufrido muchísimo estos años”, explican a este periódico, aunque lamentan no estar de acuerdo con la cuantía de la responsabilidad civil y tampoco con que hayan absuelto a la hija del propietario.

Una de las cuestiones que ha dificultado el proceso es que pese a que durante el juicio testificaron cinco agentes de la Policía Nacional y tres subinspectores laborales de Empleo y Seguridad Social que participaron en las inspecciones a la empresa realizadas primero la mañana del 1 de diciembre de 2020 y, después, la noche del 7 de mayo de 2021, ninguno de ellos supo confirmar cuántas personas en total se encontraban sin permiso de trabajo en las instalaciones, pese a las preguntas de Fiscalía y la acusación particular. Fueron dos inspecciones simultáneas a las dos instalaciones en las que opera la empresa, un pabellón en Basauri y un invernadero en Lezama. En estas inspecciones sí que constataron que entre los trabajadores que encontraron había “algunos” en situación irregular, pero no supieron determinar de cuántos se trataba. El primer policía nacional en declarar, confesó que en la primera inspección realizada hallaron a 10 trabajadores sin permiso de trabajo, por su parte, un compañero suyo consideró que fueron cuatro los que se encontraban en situación irregular.

El testimonio más claro con relación al caso fue el de una de las subinspectoras laborales de Empleo y Seguridad Social, presente en las dos inspecciones, que reconoció que en la segunda inspección, realizada el 7 de mayo de 2021 por la noche tras un aviso a la Policía Nacional que sostenía que los trabajadores irregulares pasaron al horario nocturno para así “evitar ser vistos en las inspecciones laborales”, el propietario aseguró a los agentes de la Policía Nacional y a los inspectores que se encontraba solo en el pabellón de Basauri. “El titular del establecimiento abrió la puerta y nos dijo que estaba solo, pero encontramos a distintos trabajadores extranjeros escondidos en las instalaciones sin contar con la oportuna documentación de trabajo. Aunque una primera revisión constató que se encontraba solo, tras una inspección más a fondo descubrimos que en los almacenes, en el montacargas y en distintos lugares se encontró a trabajadores escondidos. A preguntas de los funcionarios actuantes, los trabajadores manifestaron que estaban escondidos por orden del empresario”, detalló la subinspectora, que indicó que en la inspección encontraron “sobres con dinero” para proceder al pago de los trabajadores, además de documentación sobre los horarios y nóminas.

Esta sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. La Inspección de Trabajo ya ha multado a La Gilda del Norte con una cifra superior a los 40.000 euros por las irregularidades laborales de este caso y que fueron admitidas por el propietario. No obstante, las denunciantes lamentan que el dinero de la sanción en ningún caso recayó en las trabajadoras, que “fueron despedidas tras trabajar durante años sin contrato y, por tanto, sin cotización a la Seguridad Social”.

El propietario de La Gilda del Norte (en realidad la empresa se llama Agricultura Creativa 2015) F.J.G.Á. ha renunciado a su derecho a la última palabra durante el juicio que se ha celebrado esta semana en la Audiencia Provincial de Bizkaia. El responsable de la empresa vizcaína, y su hija, P.G., están acusados de delitos “continuados” contra los derechos de sus trabajadores al mantener presuntamente, a personas extranjeras en situación irregular trabajando sin contrato, por lo que se enfrentan a penas de hasta seis años de cárcel. A lo largo de todo el juicio F.J.G.A. se ha mantenido en silencio. Su hija, por su parte, sí que ha hecho uso de la última palabra para denunciar el “sufrimiento” al que se han enfrentado. “He tenido que medicarme y no porque piense que nos han pillado ni mucho menos, sino porque han ido contra mi familia y han intentado hacernos daño de todas las maneras posibles. La última que han tenido ha sido involucrarme a mí en todo esto. Espero que se haga justicia por el sufrimiento que yo sí que he vivido”, ha declarado en la segunda y última sesión del juicio celebrada este miércoles y a la que han asistido cerca de 40 trabajadores con camisetas de La Gilda del Norte que han criticado en los pasillos a sus excompañeras denunciantes como muestra de apoyo a sus jefes.

Durante la segunda y última sesión han testificado cinco agentes de la Policía Nacional y tres subinspectores laborales de Empleo y Seguridad Social que participaron en las inspecciones a la empresa realizadas primero la mañana del 1 de diciembre de 2020 y, después, la noche del 7 de mayo de 2021. Fueron dos inspecciones simultáneas a las dos instalaciones en las que opera la empresa, un pabellón en Basauri y un invernadero en Lezama. En estas inspecciones han constatado que entre los trabajadores que encontraron había “algunos” en situación irregular, pero no han sabido determinar de cuántos se trataba. El primer policía nacional en declarar, ha confesado que en la primera inspección realizada hallaron a 10 trabajadores sin permiso de trabajo, por su parte, un compañero suyo considera que fueron cuatro los que se encontraban en situación irregular. Ninguno de los testigos ha sabido confirmar cuántas personas en total se encontraron durante las inspecciones sin permiso de trabajo, pese a las preguntas de la Fiscalía y la acusación particular.

Una de las subinspectoras laborales de Empleo y Seguridad Social, presente en las dos inspecciones, ha reconocido que en la segunda inspección, realizada el 7 de mayo de 2021 por la noche tras un aviso a la Policía Nacional que sostenía que los trabajadores irregulares pasaron al horario nocturno para así “evitar ser vistos en las inspecciones laborales”, el propietario aseguró a los agentes de la Policía Nacional y a los inspectores que se encontraba solo en el pabellón de Basauri. “El titular del establecimiento abrió la puerta y nos dijo que estaba solo, pero encontramos a distintos trabajadores extranjeros escondidos en las instalaciones sin contar con la oportuna documentación de trabajo. Aunque una primera revisión constató que se encontraba solo, tras una inspección más a fondo descubrimos que en los almacenes, en el montacargas y en distintos lugares se encontró a trabajadores escondidos. A preguntas de los funcionarios actuantes, los trabajadores manifestaron que estaban escondidos por orden del empresario”, ha detallado la subinspectora, que ha indicado que en la inspección encontraron “sobres con dinero” para proceder al pago de los trabajadores, además de documentación sobre los horarios y nóminas.

A lo largo del juicio también han testificado una decena de trabajadoras que han coincidido en su mayoría en que trabajaban “sin contrato”, “en situación irregular”, sin medidas de seguridad ni controles y por 800 euros. Además de que, si llegaba alguna inspección, tenían la orden de “esconderse”.

A pesar de ello, desde Fiscalía, que confirma “la contratación reiterada e ilegal de personas en situación irregular, al menos desde 2018 a 2021” no percibe “explotación laboral”. “En un caso como el presente no concurre en ningún caso una situación de abuso, superioridad, engaño o situación de necesidad de los trabajadores en las concretas circunstancias de este caso sin perjuicio de que el trabajo de estos trabajadores no sea el trabajo de los sueños de nadie, ya que cobran una cantidad de dinero francamente escasa, pero esto en ningún caso supone la imposición de condiciones abusivas de semiesclavitud como se ha escuchado en esta sala. Nadie ha resultado amenazado para desempeñar este trabajo. A nadie se le ha engañado para realizar este trabajo, y, por tanto, entendemos que en ningún caso resultan acreditados ninguno de los preceptos penales”, ha justificado la fiscal, que se mantiene en una condena de 12 meses de cárcel para el propietario de la empresa y exime a su hija, al entender que “no puede ser autora de ninguno de los delitos porque no tiene la condición de empresaria”, pese a que la acusación particular ha presentado como prueba “pantallazos” de artículos en prensa en los que la acusada se define como CEO de La Gilda del Norte, algo que aparece también en sus redes sociales y las demandantes y testigos han asegurado que ella “también daba órdenes” en la empresa.

La acusación particular, que exige para los dos propietarios penas que podrían sumar los seis años de cárcel por delitos “continuados” contra los derechos de sus trabajadores, además de una indemnización de 7.500 euros “por daños morales”, ha solicitado incluir una medida subsidiaria de 18 meses de prisión para el propietario y 89 días de prisión para su hija. Esto implica solicitar a la jueza una pretensión principal y, para el caso de que esta no sea estimada, proponer una alternativa secundaria (subsidiaria) para garantizar la protección de los intereses de la parte demandante.

“La empresa ha utilizado a los trabajadores en situación irregular de forma continuada durante un periodo de 3 a 4 años desde 2017 hasta el mes de actuación de la Inspección de Trabajo en mayo de 2021. Todo esto está sustentado en las actuaciones de la Inspección de Trabajo, no solamente en las últimas dos, sino en más, que constataron en sus diferentes intervenciones que había trabajadores extranjeros sin permiso de trabajo y a través de la actuación de la Policía Nacional y lo reflejado también en sus atestados, así como en las declaraciones tanto de los agentes como de los inspectores de trabajo, se han acreditado hasta 14 trabajadores en situación irregular”, ha señalado la abogada de la acusación particular.

La defensa ha tratado de argumentar que la contratación del personal en situación irregular se trataba de algo “esporádico y puntual” debido a la “dificultad de poder encontrar” a trabajadores en el sector. Sin embargo, la acusación particular ha defendido que más que algo puntual, se trataba de una estructura empresarial. “Era una estructura empresarial basada en las mismas condiciones de 800 euros al mes con extras puntuales por las tardes y los sábados. Está probado que estas personas no estaban allí trabajando de forma esporádica, sino que estuvieron años. Es decir, esto formaba parte de la estructura y del plan de negocios de la empresa y afectaba a su cuenta de resultados de forma relevante. Por lo tanto, existe una lesión también a las arcas públicas. El modelo de negocio del grupo empresarial, del que son titulares tanto el propietario como su hija, se basaba en ese beneficio extra que les proporcionaba la ausencia de contratos legales y el ahorro que le supone a una empresa tantos trabajadores sin pagar a la Seguridad Social y esas condiciones mínimas que suponen un beneficio directo, así como también afecta a la competencia en el mercado. Se presume elevadísimo también el beneficio que le aportó a esta empresa en la pandemia el hecho de contar con este tipo de trabajadores sin pago de Seguridad Social y que trabajaron incluso en ERTE por lo que la empresa se beneficiaba también de las ayudas que venían establecidas por el ERTE”, ha defendido la abogada.

Por último, la defensa de los acusados ha pedido la absolución de ambos al entender que ya han sido sancionados previamente por esta causa, debido a que la Inspección de Trabajo ya ha multado a La Gilda del Norte con una cifra superior a los 40.000 euros por las irregularidades laborales de este caso y que fueron admitidas por el propietario. No obstante, desde la acusación particular lamentan que el dinero de la sanción en ningún caso recayó en las demandantes, que “fueron despedidas tras trabajar durante años sin contrato y, por tanto, sin cotización a la Seguridad Social”.

En una Europa cada vez más restrictiva con la inmigración y la presión de la extrema derecha, el enfoque de España choca con su alrededor. Mientras los países vecinos buscan reducir la llegada de inmigrantes, el número de trabajadores extranjeros en suelo español supera cifras récords. Ante ese escenario el Gobierno, a través de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia (ONPE) de La Moncloa, encargó un informe para contestar a una pregunta: ¿Cómo sería España en los próximos 50 años si las entradas de inmigrantes se mantienen al ritmo actual? ¿Qué pasaría si, por el contrario, se aplicase una política restrictiva y se redujesen las llegadas en un 30%?“. 

La respuesta, plasmada en un informe de la ONPE al que ha accedido elDiario.es, describe un país envejecido y encogido, con un 25% menos de habitantes en comparación con otro escenario en que las llegadas de inmigrantes se mantuvieran al ritmo actual. Un país con nueve millones menos de trabajadores, lo que podría acarrear la pérdida de riqueza, hasta “un 22% del PIB”, y un fuerte golpe para sectores como la agricultura, los cuidados y la hostelería. Un país en el que, para mantener el actual sistema de pensiones, cada cotizante debería aportar en torno a 2.000 euros más cada año que si se mantuviese el flujo migratorio actual, según las conclusiones del primer borrador del estudio.

Este es el retrato de uno de los escenarios que plantea el estudio 'España ante el reto migratorio' , con el que la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia analiza cómo cambiaría España hasta 2075 en función de los distintos niveles de inmigración. No es una predicción, advierten sus autores, sino un ejercicio de escenarios: comparar qué ocurre si se mantienen los flujos actuales o si, por el contrario, se reducen de forma sostenida en un 30%. Cuáles serían, por tanto, las consecuencias de seguir la línea dura de la inmigración que promueven otros Estados europeos. 

En España, desde hace más de una década, la población solo crece gracias a la llegada de personas del exterior. En este contexto, el impacto demográfico conforma el primer escalafón de los efectos de la reducción de la inmigración planteada por la ONPE. En un escenario con flujos migratorios similares a los actuales, la población se situaría en torno a los 55 millones de personas en 2075, frente a los 49 millones actuales. Sin embargo, si las entradas bajasen un 30%, España estaría habitada por una cuarta parte, quedándose en los 40 millones de habitantes, según sus proyecciones.

Impacto en el mercado laboral

Como consecuencia directa, descendería el número de trabajadores. Según el documento, ante un hipotético endurecimiento de las políticas migratorias, España contaría con nueve millones de personas en edad laboral menos que si se mantuvieran las llegadas. Los flujos migratorios marcarán, por tanto, el crecimiento económico futuro: las proyecciones de la ONPE apuntan a que el Producto Interior Bruto podría caer un 14% en 2055 y un 22% en 2075 respecto al escenario con inmigración sostenida. Este efecto equivaldría a perder “unos 18.000 euros menos por habitante al año”, apunta el documento.

El informe pone como ejemplo el efecto que la caída de las entradas podría tener en los sectores que concentran mayor número de extranjeros en la actualidad: la agricultura, la hostelería y los cuidados. En el campo, la falta de trabajadores podría provocar el abandono de “más de 220.000 explotaciones en 2075”, casi tres de cada diez actuales. En la hostelería, hasta 90.000 bares y restaurantes podrían desaparecer, cerca de la mitad del total, según sus estimaciones. Y en los cuidados, el desequilibrio proyectado afectaría en una población cada vez más envejecida: mientras los ciudadanos dependientes aumentarías cerca de un 60%, la oferta de trabajadores de los cuidados podría caer un 28%, con lo que la ONPE calcula que más de 45.000 personas dependientes podrían quedar sin atención suficiente. 

El deterioro también alcanzaría a la sanidad pública, uno de los sistemas más sensibles al envejecimiento. Con menos inmigración, advierte el informe, la capacidad asistencial quedaría tensionada por una doble vía: más pacientes y menos profesionales. “La migración ha contribuido a completar plantillas en atención primaria, urgencias, zonas rurales y determinados hospitales”, recuerdan los autores. En el escenario de baja inmigración, España podría perder alrededor de 63.000 médicos especialistas y cada facultativo tendría que atender a un 4% más de pacientes en 2075, recoge el estudio. 

Más impuestos

A menos población activa y más personas jubiladas, las cuentas públicas también se verían afectadas. En 2075, cada trabajador tendría que aportar unos 2.000 euros más al año para sostener el sistema de pensiones en un escenario de baja inmigración. El gasto en pensiones aumentaría hasta un 1,2% adicional del PIB y la recaudación caería, obligando a subir impuestos o recortar prestaciones. La inmigración, concluye el informe, “no resuelve por sí sola el problema, pero actúa como uno de los principales amortiguadores del envejecimiento”.

El informe introduce un matiz al debate fiscal: con menos inmigración, algunos gastos públicos podrían reducirse (por ejemplo, en educación u otros servicios ligados a una población más joven), pero sería insuficiente. “La reducción del gasto asociada a una menor población no compensa la caída de ingresos”, advierten los autores. En sus cálculos, aunque el Estado gastaría algo menos en ciertas partidas, la pérdida de población activa provocaría una caída mucho mayor en la recaudación por cotizaciones e impuestos. Es decir, la clave no está tanto en el volumen de gasto como en quién lo sostiene: con menos trabajadores y menos actividad económica, la base fiscal se reduce y el equilibrio de las cuentas públicas se vuelve más frágil.

Los expertos recuerdan que la inmigración “tiene efectos positivos más allá del ámbito estrictamente económico” y que “contribuye a la cohesión social y al dinamismo de la sociedad” , en un contexto en el que la llegada de población extranjera también se asocia a una mayor diversidad social y a una mayor capacidad de adaptación e innovación.

La metodología del estudio parte de un ejercicio de prospectiva que compara distintos posibles caminos: un escenario de inmigración similar a la actual y, por el contrario, otro en el que un hipotético endurecimiento de las políticas migratorias redujesen en un 30% las llegadas durante décadas. Para ello, los autores construyen varios modelos demográficos y económicos hasta 2075 en función de diferentes niveles de inmigración, combinando datos del INE, proyecciones de población y variables como empleo, productividad o gasto público. A partir de ahí, simulan cómo evolucionarían indicadores clave (como el PIB, las pensiones o la sanidad) en cada escenario. “No se trata de anticipar qué ocurrirá, sino de entender las consecuencias de distintas decisiones”, subraya el documento. El objetivo, sostienen fuentes de la ONPE, era buscar una herramienta para medir el impacto que tendrían las políticas migratorias en la España de las próximas décadas.

Fuentes del Ministerio de Migraciones, consideran que las conclusiones del informe refuerza el enfoque de la política migratoria del Gobierno frente al endurecimiento generalizado en Europa. “España está liderando un modelo distinto al de muchos países, pero lo hace basándose en la evidencia científica, en datos demográficos, económicos y sociales, y en una defensa decidida de los derechos humanos”, sostienen desde el departamento dirigido por Elma Saiz.

“El informe confirma que sin migración, no se explicaría que España lleve siete años creciendo por encima de la media europea, que tengamos a más personas trabajando que nunca y que hayamos registrado el menor índice de paro en 17 años”, sostienen fuentes del Ministerio, quienes consideran que el estudio “complementa las razones” aportadas para sacar adelante la próxima regularización extraordinaria de inmigrantes, cuyo borrador aguarda la luz verde del Consejo de Estado y su próxima aprobación en el Consejo de Ministros.

Trabajadores de La Gilda del Norte (en realidad la empresa se llama Agricultura Creativa 2015) han declarado durante el juicio que se celebrará entre este martes y miércoles en la Audiencia Provincial de Bizkaia que trabajaban a menudo “sin contrato”, “en situación irregular”, sin medidas de seguridad ni controles y por 800 euros. Si llegaba alguna inspección, tenían la orden de “esconderse”. “Nos obligaba a escondernos, nos decía que no teníamos que estar allí porque no teníamos documentación. Y que si nos veían nos mandarían a nuestro país. Una vez me hizo meter en el congelador, en el cuarto frío un tiempo hasta que se fue la Policía”, ha explicado una de las tres denunciantes que acusan a F.J.G.A y su hija P.G., los dos propietarios de la empresa vizcaína de “explotación laboral” y por lo que se enfrentan a penas de hasta seis años de cárcel.

La acusación particular, representante de las denunciantes, exige para los propietarios penas que podrían sumar los seis años de cárcel por delitos “continuados” contra los derechos de sus trabajadores, además de una indemnización de 7.500 euros “por daños morales”, aunque la Fiscalía deja la petición de condena en un año y exime a la hija. Ninguno de los dos ha querido declarar durante el juicio y P.G., se ha acogido su derecho a no usar su última palabra para así no presentarse en la segunda sesión, que tendrá lugar este miércoles y en la que están llamados a testificar cuatro agentes de la Policía Nacional y de dos subinspectores laborales.

Durante la primera sesión del juicio han testificado las tres demandantes, dos mujeres y un hombre que trabajaron en la empresa en diferentes tramos entre el año 2017 y 2021. También han declarado tres antiguas trabajadoras en calidad de testigos. Las trabajadoras se dividían entre las que se encargaban de elaborar las gildas, los pintxos, en el pabellón de Basauri, que también se encargaban de las labores de limpieza, y las que trabajaban en el invernadero de Lezama, donde según ha reconocido una de ellas las condiciones eran más duras, a “temperaturas de más de 40 grados” y oliendo productos “tóxicos”, aunque también ha lamentado que la producción era “altísima” en el pabellón de Basauri, donde tenían que realizar “entre 110 y 120 tarros de gildas”.

Las inspecciones laborales se realizaron el 1 de diciembre de 2020 y el 7 de mayo de 2021. “Cuando llegara la Policía que nos decía que nos escondiésemos. Un día nos subieron a un montacargas, otra vez nos indicó que fuéramos al baño”, ha reconocido una de las testigos mientras que otra ha declarado que en su caso le pidieron que “subiera al tejado del edificio” para evitar ser vista. “En las inspecciones teníamos orden de escondernos, porque nos dijo que si nos cogía la Policía nos tendríamos que ir y yo no quería volver a mi país. Ese día subí por una escalera al tejado de la empresa, él lo sabe y nos agradeció que le ayudáramos porque él también decía que nos ayudaba”, ha asegurado una de las extrabajadoras.

Una de las denunciantes ha asegurado que P.G., la hija del propietario, quien según las trabajadoras también realizaba funciones de gestión en la empresa, le comentó que podía “abortar”, al comunicar que estaba embarazada. “Comuniqué mi embarazo para solicitar una reducción de jornada porque el trabajo era pesado para mí. El jefe se lo tomó alterado y a los tres días me llamó a las oficinas. Allí ella me dijo 'mira, hay una clínica en la que puedes abortar y quitarte eso de encima, te puedo dar el contacto de la clínica”. A mí me pareció muy duro porque yo a mi hijo lo quería tener. Me pareció muy fuerte“. ”El siguiente sábado fui a trabajar y me llamó el jefe y me dijo que me fuera a casa tranquila, que así no podía trabajar. Me dijo que me iba a mandar 400 euros al mes, que me iba a estar pagando en casa pero no fue así. Me sentí presionada porque era o el trabajo o mi embarazo. Cuando se enteró de la denuncia contactó conmigo y me llevó un sobre con 500 euros para que no denunciase y llegar a un acuerdo“, ha manifestado una de las denunciantes.

Otro de los denunciantes ha asegurado que entre el 60 y 70% de la plantilla con la que él trabajaba eran “trabajadores extranjeros en situación irregular”. Llegaban a la empresa recomendadas por algún familiar o amigo, muchas veces a los pocos días de llegar al país y no se les realizaba ninguna entrevista, pasaban directamente a realizar las labores, normalmente de 06.00 a 14.00, pero con la posibilidad de realizar horas extra por las tardes y los sábados. Los trabajadores han detallado que los pagos se realizaban en mano y que en alguna ocasión hubo retrasos en los mismos, pero no impagos. La mayoría relatan que vivían con la “promesa” de que pasado un tiempo se formalizara su contrato y pudieran estar en situación regular en el país.

La Inspección de Trabajo ya ha multado a La Gilda del Norte con una cifra superior a los 40.000 euros por las irregularidades laborales de este caso. Tras la segunda inspección, que tuvo lugar el 7 de mayo de 2021, los trabajadores irregulares, según han declarado, pasaron a trabajar en el turno de noche, de 20.00 horas a 06.00 horas. La forma de controlar los horarios de cada uno, según han apuntado, era un cuaderno que controlaba una de las trabajadoras con mayor rango en la empresa que ha sido citada a declarar en calidad de testigo, pero que no ha acudido a la cita por encontrarse residiendo en el extranjero. Los trabajadores han declarado que “durante el confinamiento por la COVID-19 siguieron trabajando incluso en ERTE”, que nunca realizaron ninguna formación sobre seguridad laboral, reconocimiento médico, no contaban con EPI, ni realizaron jamás cursos de manipulación de alimentos.

CSIF alerta de que hay un “colapso de mas de 1.000 expedientes pendientes de tramitación en la Oficina de Extranjería de La Rioja, algunos de julio de 2025”. De hecho denuncian el “bloqueo operativo” tras la entrada en vigor del nuevo Reglamento de Extranjería en mayo del año pasado. Advierten además de un “empeoramiento” debido al próximo proceso de regularización extraordinario. La formación tilda de “insostenible” la situación de los trabajadores de esta Oficina “desde hace meses” y recuerda que ya reclamaron mejoras laborales para los trabajadores tras la entrada en vigor del nuevo reglamento el año pasado “que ha supuesto en la práctica una elevada carga de trabajo inasumible por la plantilla”.

Y a esto añaden una “gran afluencia de personas” que acuden a las oficinas a pedir información sobre el Real Decreto de regulación extraordinaria. “El volumen de trabajo ha aumentado de manera exponencial en los registros. Están saturados tanto de manera presencial como telemática por falta de personal además de los fallos en la aplicación de extranjería por sobrecarga en la demanda”.

Por todo ello piden un “refuerzo inmediato, suficiente y planficiado” y solicitan a la Delegación del Gobierno que “tomen medidas previas de planificación y organización a la entrada de la normativa”. Y además rechazan la subcontratación anunciada por la Delegación por la “externalización y privatización de servicios públicos y el deterioro de la calidad de la atención al ciudadano y precarización del empleo público”.

Y concluyen: “sin planificación, recuresos y claridad normativa el proceso extraordinario podría convertirse en un cuello de botella no solo en las oficinas de extranjería sino que también afectará a los empleados públicos y a miles de ciudadanos en situación administrativa vulnerable ya que los tiempos de espera en la Comisarías se pueden disparar, tanto en expedientes como en emisión de documentación y se pondrá ”en riesgo“ la atención al ciudadano, tanto a personas extranjeras como a nacionales que soliciten DNI, pasaporte u otros trámites dependientes de la DGP”.

La secretaria del sector de la Administración General del Estado de UGT Servicios Públicos, Susana Gorrindo, y el delegado por el sindicato y trabajador de la Oficina de Extranjería, Donato Villoria, han reclamado a la Delegación del Gobierno en La Rioja aumentar la plantilla de la Oficina de Extranjería de cara a la regulación extraordinaria que comienza en abril.

Han señalado, en comparecencia de prensa, que el pasado jueves remitieron una carta a la delegada del Gobierno, Beatriz Arraiz, en la que le trasladaron “su profunda preocupación por la falta de personal” en dicha Oficina, de cara al próximo proceso de regulación extraordinaria anunciado para el mes de abril, “ya que se podrían superar las 8.000 solicitudes en poco tiempo”.

De hecho, Gorrindo ha apuntado que el año pasado esta Oficina “recibió 9.347 solicitudes, de las cuales más de la mitad han quedado pendientes para 2026”. Con ello, ha señalado que “ese tapón puede crecer todavía más si no se refuerza de manera inmediata la plantilla”.

Ha apuntado, además, a una “falta de previsión” del Ministerio de Seguridad Social e Inmigraciones “ante un proceso que supondrá un volumen de trabajo similar al de un año completo de solicitudes ordinarias”.

Ha puesto de manifiesto que la plantilla “se ha reforzado recientemente”, con 13 trabajadores más, que hacen un total de 21, pero aún así “sigue siendo claramente insuficiente para asumir este reto”. De hecho, han apuntado que harían falta otros 13 trabajadores más para “garantizar el funcionamiento”.

Incrementode13 trabajadores

Gorrindo ha señalado que “a día de hoy quedan por resolver varios miles de expedientes de 2025”, por lo que “es necesario y urgente un incremento de al menos un 60 o 70 por ciento más de efectivos respecto a la plantilla actual”. Con ello, si que se podría asumir “la nueva carga de trabajo sin agravar la situación y garantizar una atención ágil a la ciudadanía”.

Villoria, por su parte, ha insistido en la idea de la “falta de personal”, porque “aunque la actual se ha ampliado con un importante número de funcionarios de nuevo ingreso a finales del año pasado, incluso con personal procedente de otras situaciones administrativas y también con personal funcionario interino, pero aún así, esta plantilla sigue sin poder afrontar el volumen de trabajo de un año ordinario”.

“No hablo todavía del proceso de regularización, sino de un año ordinario de trabajo de 2025; porque en 2025, la mayor parte del año, llegamos a estar trabajando nada más que tres jefes y cinco funcionarios administrativos”, ha lamentado. “Llegados ya al mes de febrero, resulta que no hemos terminado todavía de grabar las solicitudes que entraron a lo largo de todo el año anterior”, ha reseñado.

Ante ello, ha indicado que UGT insiste, en primer lugar, a la Delegación del Gobierno, en pedir “un incremento sustancial de la plantilla”. Este organismo “debe solicitar al Ministerio de Política Territorial la incorporación inmediata de nuevos trabajadores.

También Villoria ha exigido una “planificación urgente”. La petición “debe tramitarse de inmediato para que el nuevo personal esté formado y operativo antes del inicio del proceso en abril”.

Finalmente, ha reclamado “una solución definitiva”, ya que “no valen medidas temporales, porque es necesario acabar con la precariedad estructural de la oficina y garantizar un servicio público de calidad”.

La Consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades ha mantenido una reunión de trabajo con diversas ONG que operan en Cantabria para que los estudiantes migrantes de enseñanzas profesionales que carezcan de documentación, y por tanto de Número de la Seguridad Social (NUSS), puedan finalizar sus estudios y obtener su titulación, una vez realizada la obligatoria Formación en Empresa.

En el encuentro, celebrado en la sede de la Consejería de Educación, se ha trasladado a los representantes de estas ONG el protocolo de actuación, que la Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente implementará en Cantabria a principios de marzo, y sobre el que se informará la próxima semana a los tutores de centros educativos de la región, ha informado este viernes el Gobierno.

Con la nueva Ley de Formación Profesional, vigente desde el curso 2024-2025, el alumnado de los grados D de Formación Profesional se ve afectado por la normativa educativa, pero también por la relativa a la Seguridad Social (altas, bajas, cotización, etcétera). Además, una parte de estos estudiantes también se ven afectados por la normativa de Extranjería y la tramitación de los correspondientes permisos de estudio, residencia y trabajo.

En este sentido, la Consejería de Educación asumió, desde el 1 de enero de 2024, la gestión de los trámites de altas y bajas de la Seguridad Social de sus alumnos, así como las liquidaciones de las cotizaciones sociales, con el fin de garantizar su titulación.

La directora general de FP, Cristina Montes, ha señalado que, desde septiembre de 2023, las comunidades autónomas han solicitado al Ministerio de Educación una regulación específica para varios colectivos de estudiantes, como los alumnos de prácticas con Erasmus + o las personas jubiladas o aquellos que se encuentren en situación de incapacidad temporal, que ya han sido regulados de forma específica.

De este modo, a fecha de hoy, el alumnado sin NUSS “es el único colectivo que está a falta de una regulación específica que dé respuesta a sus necesidades”, ha señalado.

Al inicio del presente curso 2025-2026, y con el fin de asegurar la titulación del alumnado sin posibilidad de tramitación del NUSS en Cantabria, la Consejería incluyó en sus instrucciones de inicio de curso un epígrafe en el que se establecía que “la carencia de NUSS, por imposibilidad administrativa, representaba una causa justificada para guardar la evaluación de los resultados de aprendizaje superados y poder así realizar la Formación en Empresa (FEM) en el curso inmediatamente siguiente”.

Con esta medida se garantiza la posibilidad de extender el periodo de realización de las prácticas del alumnado lo suficiente, como para permitir el acceso al trámite de arraigo socioformativo y la obtención del NUSS.

Actualmente, y salvo que finalmente se establezca una excepcionalidad en la tramitación del NUSS de estos estudiantes, Educación pondrá en marcha un protocolo de actuación, que enviará próximamente a todas las ONG y centros educativos de Cantabria, con el que se pretender arbitrar un itinerario de titulación para este alumnado migrante, respetando las diferentes normativas reguladoras y con seguridad jurídica.

Además, Educación se ha comprometido con las ONG a crear una comisión mixta para trabajar de forma conjunta en la orientación académica y profesional de colectivos vulnerables, así como a ofrecer una charla específica en la Muestra de la Formación Profesional de Cantabria, que tendrá lugar en el mes de mayo en Santander.

Titulación en tres años en vez de en dos

Fuentes docentes consultadas por elDiario.es Cantabria valoran positivamente que haya una coordinación para explicarles a estas personas que van a poder hacer las prácticas en un plazo extraordinario. “La solución pasa por alargarles el periodo para realizarlas en un periodo excepcional, en vez de entre marzo y junio como la mayoría del alumnado, ellos lo harían entre octubre y enero del curso siguiente”, han aclarado.

Cabe recordar que el arraigo socio-formativo exige llevar dos años en España de manera continuada y uno de los documentos que se puede presentar es la matrícula en un ciclo formativo. Según entidades sociales consultadas, el tiempo medio que suele tardar Extranjería en tramitar esta solicitud ronda los cinco meses y ahora el compromiso es que se acelere a un mes y medio. El objetivo es que a partir de ahí los afectados puedan solicitar también el Número de la Seguridad Social (NUSS).

Por tanto, tal como explica a elDiario.es Cantabria Arianne Cobo, abogada del Servicio de Asistencia y Orientación a Víctimas de Discriminación por Origen Racial o Étnico del Movimiento por la Paz -MPDL- Cantabria, “se les guardará la nota para el siguiente curso, en el que ya habrán cumplido los dos años de residencia que les exigen para poder tramitar un arraigo socioformativo en Extranjería, es decir, se titularán no en el plazo de dos años que suelen tener las FP, sino en tres”.

La Policía de Donostia, como la Ertzaintza, sí hará público el origen de los detenidos. Se desmarca, así, de las otras dos capitales vascas, Bilbao y Vitoria, y de otras ciudades como Barakaldo o Irún, y anuncia que compartirá la procedencia geográfica de las personas arrestadas con el objetivo de brindar una mayor “transparencia”

El debate se originó en octubre con la decisión del consejero vasco de Seguridad del PNV, Bingen Zupiria, de hacer público ese dato en las notas de prensa. La decisión ha traído disputa con el PSE-EE, socio de Gobierno, ha recibido críticas de EH Bildu o de Elkarrekin, en la oposición, pero ha sido aplaudida por las derechas, PP y Vox.

El alcalde donostiarra, Jon Insausti, cree que puede ayudar a “combatir estigmas y discursos populistas basados en conjeturas o especulaciones”. Es un “ejercicio de transparencia” que enmarca “un modelo de gobernanza propio de las sociedades maduras”. Ha apoyado la decisión tomada por el Departamento de Seguridad y continuará sus pasos. El PNV de Bilbao o de Barakaldo, por el contrario, entiende que el asunto “no aporta nada”. Hasta el anterior lehendakari, Iñigo Urkullu, ha deslizado que en su etapa esto no se hacía.

Desde hace meses, la Guardia Municipal donostiarra le proporciona a Seguridad y al poder judicial todos los datos personales, incluido el origen geográfico, para la elaboración de informes y memorias. Ahora, también compartirá el dato geográfico en la comunicación exterior cuando “la circunstancia lo requiera o cuando los medios de comunicación o la ciudadanía así lo demanden”.

La portavoz del PSE-EE, Ane Oyarbide, se posiciona en contra de la decisión recordando que “la delincuencia no se explica por el origen de las personas, sino por múltiples factores sociales, económicos y estructurales que requieren políticas públicas serias y sostenidas en el tiempo”. Oyarbide afirma que “Insausti se equivoca” al creer que aportar esta información combate “estigmas y discursos populistas”. Alega que “cuando ese dato se ofrece de manera aislada, sin contexto ni análisis, se refuerzan prejuicios”. En la misma línea, Víctor Lasa, portavoz de la coalición Elkarrekin, ha dicho estar “completamente en contra” de la decisión y anuncia que exigirá una “rectificación”. EH Bildu se ha quejado en variados foros de este asunto, igualmente.

"Desde hace meses atrás, la Guardia Municipal donostiarra le proporciona el origen geográfico a la Ertzaintza y a los Juzgados"

El consejero de Seguridad razona que “es mejor decir las cosas como son, sin estigmatizar”. Esto después de haber expresado que ha vivido “una presión tremenda” causada por PP y Vox para que publicara dichos datos. En una reciente entrevista con 'Deia', comenta que la información de la proveniencia geográfica también era exigida por los medios de comunicación y es tarea de ellos “decidir qué hacen” con ella. Alega que la decisión permite ver que, “entre la gente que comete delitos graves, hay gente de todos los orígenes”.

Aunque la Ertzaintza está bajo control del PNV, internamente la opinión también está dividida. El Ayuntamiento de Bilbao, cuya concejala de Seguridad Ciudadana, Amaia Arregi, es del mismo partido, ha afirmado que “no aporta nada” compartir ese dato y que la vinculación de “inmigrante a delincuentes es un gravísimo error” que suele generar más “inseguridad”.

El Ararteko, ante la decisión del departamento de Seguridad, inició una actuación de oficio para preguntarle a la Ertzaintza su razón. El nuevo titular de la defensoría, Mikel Mancisidor, espera celebrar una reunión con Zupiria como primera actuación de su mandato. Hasta ahora, el cuerpo había respetado la recomendación del Ararteko, de hace aproximadamente 15 años atrás. En esta señalaba que las notas de prensa policiales debían “evitar aquellas referencias a la nacionalidad que no sean estrictamente necesarias para la comprensión global de la información que contienen”.

María, que en realidad tiene otro nombre, acudió a la Asociación de Trabajadoras del Hogar de Bizkaia porque el hombre al que cuidaba en régimen de interna se colaba por las noches en su habitación, que no contaba con pestillo para poder cerrar la puerta. Luisa lo hizo después de pasar años con una lesión mal curada hasta que su cuerpo dijo “basta”. Marimar Peña es la única de ellas que no teme decir su nombre y apellido real, aunque es cierto que ella forma parte del 10% de las trabajadoras del hogar que son autóctonas, por lo que no ha sufrido de primera mano las discriminaciones de sus compañeras migrantes y en situación irregular en el país. En su caso, estuvo trabajando durante 48 años como empleada del hogar para familias adineradas de la capital vizcaína, 41 de los cuales, con contrato y cotización a la seguridad social. En su última casa, en la que estuvo más de dos décadas como trabajadora externa, es decir, no dormía en ella, por lo que define como “desencuentros” con la familia, la despidieron en 2024 a los 62 años de edad.

A pesar de los años cotizados, cuando Marimar acude al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) le comunican que solo le corresponden ocho meses de paro, ya que las cotizaciones como empleada de hogar solo cuentan a partir del 1 de octubre de 2022, fecha en la que se hizo obligatorio cotizar por desempleo. Por esta razón, Marimar junto a la Asociación de Trabajadoras del Hogar de Bizkaia, ha presentado una demanda judicial y se encuentra a la espera de juicio. “Solicito a la justicia que me concedan los dos años de paro que me corresponden por mis 41 años de trabajo cotizados, porque si las trabajadoras del hogar no hemos podido cotizar más o cotizar según nuestros sueldos reales es porque no se nos ha permitido y eso hace que la jubilación que nos quede sea muy pequeña”, defiende.

Ellas son algunas de las 524 personas, en su gran mayoría mujeres, que han pasado por la asociación, que ha tratado un total de 671 incidencias a lo largo de 2025, ya que algunas de ellas han acudido con más de una problemática. “Atendemos a estas mujeres en gran parte por problemas laborales por falta de contrato o de más horas trabajadas que las que deberían, sobre todo en el caso de las mujeres internas. Pero también con problemas de salud física o mental o sucesos como agresiones sexuales producidas por los ancianos o incluso sus familiares cuando acuden al hogar. Además de malos tratos, insultos y humillaciones, sobre todo en el caso de las mujeres que se encuentran en situación irregular y son más vulnerables. Muchas son conscientes de las agresiones que están sufriendo, pero aguantan por conseguir los papeles”, reconoce Isabel Otxoa, profesora de Derecho de Trabajo en la Universidad del País Vasco (EHU) y activista de la Asociación de Trabajadoras del Hogar.

Según reconoce Otxoa, la mayoría de ellas sufren problemas de salud física, pero también de salud mental en ocasiones derivada de la soledad que sienten sobre todo las trabajadoras que se encuentran en régimen interno. “Son personas que llegan a nosotras muy conmovidas, a las que cuando se quejan les llegan a decir que no se quejen porque tienen dónde comer y dormir en las casas en las que trabajan. Las tratan como a un trapo. Muchas de ellas se sienten solas porque solo pueden salir un par de horas al día y los fines de semana no los tienen libres y eso dificulta la conciliación familiar y social, por lo que para cuando llegan a nosotras su situación emocional es muy mala”, explica Otxoa.

En este sentido, desde la Asociación de Trabajadoras del Hogar, que inició su andadura en el año 2012, han podido comprobar que el perfil de la persona que contrata los servicios de estas mujeres -ya que ellas han sido el 97% de las personas atendidas- ha ido aumentando y cambiando a lo largo de los años. “Antes solo se lo podían permitir las personas con cierta holgura económica. Ahora, el problema de la falta de un sistema público de cuidados y los precios de las residencias de mayores privadas hacen que más familias opten por esta opción. Hay familias que prueban la residencia, que la pagan con el dinero que deja la persona mayor, y al ver que se están fundiendo la herencia deciden contratar a una de estas mujeres”, lamenta.

Casi siete de cada diez trabajadoras en condiciones “ilegales”

Los datos recabados por la asociación durante el año 2025 hablan por sí solos: el 67,54% de las trabajadoras internas realiza el trabajo en condiciones “ilegales” en materia de jornada y descansos porque superan las 60 horas semanales que estipula la ley, cifra que asciende al 73,54% si se consideran solo las trabajadoras que no tienen papeles. Del total de trabajadoras, un 50,22% son extranjeras no comunitarias, un 10,13% autóctonas, un 37,56% personas con doble nacionalidad y un 2,09% extranjeras comunitarias. De entre las extranjeras no comunitarias, el 57,57% tenía “papeles”, mientras que el restante 42,43% se encontraba en situación administrativa irregular. Entre las trabajadoras internas, el porcentaje de extranjeras no comunitarias se eleva al 60,85%.

Desde la asociación denuncian que “el 100% de los salarios de las internas de entre semana no se ajustan al mínimo en relación con todas las horas de jornada” y han advertido que “el abuso salarial es mucho mayor en el caso de las trabajadoras sin papeles”. Considerando solamente el salario mínimo por 40 horas, “sin tener en cuenta que hacían muchas más”, el 19,35% de quienes estaban en situación regular y el 51,38% de quienes no tenían papeles no llegaban a percibirlo, ha advertido ATH, para apuntar que de las internas de fin de semana, solo un 6,67% percibía el salario mínimo correspondiente a su jornada.

Asimismo, en un 37,60% de los casos persiste la entrega del sueldo en mano sin ningún tipo de documentación, el 56,59% recibía el salario mediante transferencia bancaria y el 48,06% recibía nómina. Casi todas las trabajadoras internas entre semana en situación regular estaban de alta en la Seguridad Social, el 96,13%, y entre las internas de fin de semana en situación regular estaba de alta un 69,57%. En el 84,74% de los casos, la trabajadora interna vive sola con la persona o personas atendidas y estas personas que vivían solas, eran mujeres en un 66,82% de los casos.

En el caso de las externas, trabajadoras que duermen en sus hogares, pero acuden a los hogares de las personas mayores que cuidan a trabajar, el 17,19% de todas las trabajadoras estaba en situación administrativa irregular, porcentaje que sube al 39,44% en el caso de las trabajadoras no comunitarias externas. El 83,05% de las trabajadoras externas está a tiempo parcial y la jornada más frecuente ha sido la del tramo entre 21 a 39 horas, semanales (21,31% del total), seguida de la de 1 a 5 horas (18,89%). En un 21,55% de los casos en el trabajo externo no se alcanzaba el SMI correspondiente a la jornada. En concreto, casi un tercio de quienes no tienen papeles no reciben el SMI, cifra que baja hasta algo menos de un quinto en el caso de quienes sí los tienen.

También en el trabajo externo es obligatorio documentar el pago del salario, pero el 43,34%% cobraba en mano, sin ningún tipo de recibo, mientras que recibe nómina casi un 30% de las trabajadoras. De todas las trabajadoras externas en situación regular, están dadas de alta el 80,40% y las que pueden tener seguridad social y no la tienen son un 19,60%. El 54% de las externas realizan solamente tareas domésticas y el 45% cuidaba también a personas adultas o niños. Cuando el cuidado es la tarea principal, el 20% se dedicaba a atender a menores y en la atención a personas adultas el 63,07% vivían solas.

Según esperan desde la Asociación de Trabajadoras del Hogar de Bizkaia, la regularización extraordinaria para integrar a personas extranjeras que ya están en España y que arrancará en abril de 2026 supondrá un respiro para muchas de ellas. “Para muchas va a ser la gloria, porque se va a acabar, con perdón, lo de tener que comer mierda a cambio de los papeles”, concluyen.

La misma semana en que el Gobierno anunció la regularización extraordinaria, varias mujeres migrantes comentaban la noticia en un restaurante mexicano del barrio madrileño de Tetuán. Trataban de entender los requisitos de la futura medida -cuyo texto definitivo se desconoce y aún no ha sido aprobado-, cuando una de ellas se presentó como abogada, empleada de una reconocida gestora. Les aseguró que podría apoyarlas con la tramitación de sus peticiones y les entregó su número de teléfono por si necesitasaban sus servicios. Regina (nombre ficticio) decidió llamarla pero, días más tarde, llora desconsolada tras sentirse víctima de una estafa.

“Me pidió 200 euros en efectivo, insitió en que era necesario para hacer un trámite y si no, no podría optar a la regularización. Se los pagué. Al día siguiente me di cuenta de que me había engañado”, cuenta la solicitante de asilo a elDiario.es. Asegura que la persona que está detrás de la estafa la ha amenazado con hacer daño a su familia en su país de origen, dado que le proporcionó mucha información sobre ellos, así como denunciarla a la policía para frustrar su regularización: “He pasado por muchas cosas aquí, no puedo tirar todo por la borda”, dice con la voz entrecortada.

La persona a la que pagó, asegura la mexicana afectada, no era quien decía ser. “No me ha devuelto el dinero, que supuestamente era para solicitar mis antecedentes”, lamenta la mujer, quien lleva más de un año a la espera de la respuesta de su solicitud de asilo, por lo que prefiere acogerse al proceso de regularización. “Ese dinero lo necesitaba para el alquiler, pero hice el esfuerzo porque me dijo que, si no, me podría quedar fuera”, clama.

El anuncio de la regularización extraordinaria de migrantes ha despertado la esperanza de cientos miles de personas que desean beneficiarse de la medida, pero también ha multiplicado el ansia de quienes tratan de hacer negocio de su desesperación. El caso de Regina, que denuncia haber sido engañada por una mujer que se hizo pasar por empleada de una reconocida gestora experta en extranjería, es la punta del iceberg del alarmismo generado en redes sociales por ciertas cuentas que urgen a sus seguidores a “empezar a tramitar” sus casos de regularización cuando todavía no ha sido aprobada la normativa que regularará su procedimiento, por lo que los requisitos incluidos en el borrador de la medida aún están sujetos a cambios.

Una semana después del inicio de la tramitación de la regularización, en un momento en que el borrador de la medida se encuentra audiencia pública, ya empiezan a proliferar las primeras denuncias de estafas dirigidas hacia migrantes deseosos de conseguir sus papeles. Además de las estafas, como la denunciada por Regina, en los últimos días también han aumentado las críticas sobre la tendencia de algunos abogados de extranjería que, a través de vídeos en TikTok o Instagram, han urgido a los migrantes interesados en la regularizacion a cerrar citas de asesoramiento con determinados despachos a cambio de dinero, en un momento en que aún se desconoce el contenido definitivo de la normativa. No saben, por tanto, si finalmente podrán optar a ella o no.

Denuncias de estafas

La denuncia de Regina es una de los que ha empujado a la gestora colegiada Griselda Herrera, especializada en derechos humanos y extranjería, a publicar este miércoles un post en Facebook para alertar del uso fraudulento de su nombre y su oficina. “Se informa a todos mis contactos, clientes, compañeros y amigos que la Gestoría Herrera no tiene trabajadores que les citen en cafeterías para dar asesoramientos o pedirles dinero, menos para recibir documentos”, ha afirmado. “Mi despacho es una gestoría unipersonal y estoy en las oficinas profesionales de la calle [...]”, ha aclarado la profesional, tras recibir las quejas de un par de exclientes que aseguran haber quedado con una mujer que decía ser su empleada y pedía dinero a cambio de tramitar su proceso de regularización.

“Están intentando estafar utilizando mi nombre, aprovechándose de su desesperación. Una mujer ha caído y, como había dado toda la información de su país de origen, ahora la están amenazando con denunciarla e impedir su regularización”, explica la gestora sobrecogida, quien asegura haber comunicado el caso al Colegio de Gestores de Madrid y tiene la intención de presentar una denuncia ante la Policía Nacional.

Un vistazo en Facebook o Wallapop basta para encontrar ofertas de supuestos servicios de asesoramiento ligados a la regularización. Algunos de los mensajes más sospechosos, publicados en distintos grupos de personas inmigrantes en España, van acompañados de carteles realizados con inteligencia artificial y no incluyen el nombre del despecho o de un abogado específico. No dicen precio, animan a solicitar información por privado. En Wallapop también ha sido publicado ya al menos un anuncio que oferta ayuda para este tipo de trámites. El precio, supuestamente, es 1 euro, pero no detalle las condiciones o si luego requerirá más cobros.

Más allá de los intentos de estafas, de engaños de personas que se hacen pasar por abogados o gestores sin serlo, algunos abogados han acusado de “alarmismo” y “abuso” el comportamiento en redes sociales de algunos compañeros juristas que han publicado ofertas para tramitar la regularización y han urgido a sus potenciales clientes a “iniciar el trámite” cuando todavía se desconoce el texto definitivo de la regularización.

Camilo A. Escobar es uno de los letrados expertos en Extranjería que en los últimos días han criticado las estrategias de algunos compañeros para atraer clientes interesados en la regularización pese a que el texto aún no ha sido aprobado. “Hay despachos que anuncian que están 'tramitando expedientes' o reservando supuestos cupos cuando ni siquiera se conocen los requisitos definitivos, sostiene en conversación con elDiario.es. El letrado, que ha publicado varios vídeos en redes sociales cuestionando estas prácticas, considera que se están exigiendo precios ”desorbitados“, con cobros por adelantado de cientos de euros por trámites que aún ”no existen“. A su juicio, este tipo de mensajes pueden estar presionando a las personas migrantes, que ante el miedo a quedarse fuera, ceden y acaban pagando cuando aún no es necesario ni saben si podrán ser finalmente beneficiados.

“Se está presionando a personas migrantes desesperadas con miedo a quedarse fuera, pero ¿cómo van a asesorar sobre un texto que no está firmado?”, se pregunta. El jurista recuerda lo ocurrido con el último borrador del reglamento de Extranjería, que generó expectativas en solicitantes de asilo y luego, no solo los dejó fuera, sino que empeoró su situación. “¿Con qué cara cobras una consulta sobre algo que sabes que puede cambiar por completo? ¿Y si luego cambia y esa persona no podía optar a la regularización?, añade.

El Ministerio pide “calma” para evitar abusos y colas innecesarias

Tras estas quejas y después de que se hayan registardo filas frente algunos consulados de distintos países de España para realizar trámites relacionados con la regularización, el Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social ha lanzado un comunicado para recordar que aún no está abierto el plazo de presentaciones para el proceso de regularización y, por tanto, realiza “un llamamiento a la calma”. Desde Migraciones insisten en quaeel borrador de la normativa se encuentra en fase de audiencia pública, por lo que su contenido y requisitos están sujetos a cambios. Fuentes del departamento dirigido por Elma Saiz reconocen sentirse preocupados por las informaciones que apuntan a “posibles abusos que se puedan comenter antes de que se sepan los requisitos”. Migraciones recuerda los distintos plazos que aún tiene pendiente la tramitación de la medida, que aún no ha sido aprobada, con el objetivo de evitar que quienes quieran regularizarse empiecen a “hacer trámites que aún no se tienen que hacer” y evitar “que no haya abuso por parte de algunas personas en beneficio propio”.

La Secretaría de Estado de Migraciones recalca que, tras la actual fase de audiencia pública, “el documento será revisado, incorporará los cambios que se consideren pertinentes y se remitirá a distintas instituciones para la emisión de informes, entre ellos el del Consejo de Estado”, antes de regresar al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva. “Solo tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) se abrirá el plazo para solicitar la regularización, que el Ministerio prevé que comience en torno a principios de abril, es decir, dentro de aproximadamente dos meses”, indica la nota de prensa. Mientras tanto, el departamento que dirige Elma Saiz insiste en que las personas potencialmente afectadas consulten únicamente los canales oficiales del Gobierno para evitar bulos o informaciones falsas.

Paco Solans, abogado especializado en inmigración y portavoz de la Asociación Extranjeristas en Red, afea la actitud alarmista de algunos algunos compañeros en redes sociales. “Era previsible. Siempre hay algún aprovechado y gente con mucha jeta”, resume el letrado. Él también se ha chocado en la última semana con anuncios de servicios jurídicos que prometen gestionar la regularización a cambio de pagos elevados y anticipados, cuando aún no se conocen los detalles definitivos de la medida. “He visto anuncios que cobran 490 euros a los primeros que reserven y, al resto, 700. Eso provoca que haya gente que lo pague cuando aún no se conoce el texto definitivo y puede ser que, finalmente, no esté entre los beneficiados”, denuncia.

Solans marca una línea clara entre ejercer la abogacía como profesión o convertirla en negocio a costa de personas vulnerables. “Los que concebimos esto como una profesión ajustamos precios y no atentamos contra la dignidad de nuestro trabajo ni de la gente. Los que lo conciben como negocio, simplemente buscan recibir dinero”, afirma.

El teléfono del despacho de Solans no ha dejado de sonar en la última semana. “Llama mucha gente desesperada y, con razón, pero ahora mismo lo único que hacemos es calmarles”, explica. A quienes le consultan, añade, se les recomienda ir preparando documentación básica —como el pasaporte o los certificados de antecedentes penales del país de origen—, pero sin adelantar dinero. “Si quieren ir trayéndome papeles, vamos preparando cosas, pero por eso no les cobro”, aclara Solans, quien asegura que desde la red de abogados extranjeristas de la que forma parte tratan de trasladar un mensaje muy distinto al que está proliferando en TikTok entre algunos letrados: “Nuestra respuesta es la contraria a la que se está lanzando por ahí: tranquilidad. Todavía no se puede hacer nada. Paciencia”, concluye Solans.

El debat lingüístic torna a enfrontar PP i Vox a les Balears. Els populars s'han oposat de manera taxativa a la regularització extraordinària de migrants, si bé asseveren que, arribat el cas, aquells que optin a la residència legal hauran de “mostrar la voluntat” d'aprendre català, una mesura que Vox no veu amb bons ulls: “El que han de parlar és castellà i integrar-se en els nostres costums. Amb la imposició lingüística que hi ha a les illes, el català segur que l'aprendran a la força”.

El portaveu de l'Executiu autonòmic, Antoni Costa, va assegurar divendres passat que el Govern utilitzarà “totes les vies legals” per frenar la regularització extraordinària, que va qualificar de “regal” i, malgrat admetre que la competència d'estrangeria és exclusiva del Govern, no va descartar impugnar el decret estatal davant la Justícia i va advertir que utilitzarà “totes les vies legals” per frenar-lo i “defensar els interessos de les Balears”. Els conservadors ja han registrat una Proposició No de Llei (PNL) per expressar la seva oposició a la mesura pactada per PSOE i Podem i instar l'Executiu espanyol a agilitzar les expulsions d'aquestes persones.

La iniciativa pretén fer constatar que aquesta regularització “massiva i indiscriminada”, que a les Balears podria arribar a unes 10.800 persones, contribuirà a l'“efecte crida”, un extrem que ha rebutjat el delegat del Govern central a les illes, Alfonso Rodríguez, qui defensa la mesura com una eina d'abast social i econòmic que permetrà que aflorin situacions laborals precàries i dotar d'estabilitat sectors amb alta dependència de mà d'obra estrangera.

En aquest sentit, assenyala que la mesura “és bona per a tota la societat” atès que reforça els drets i les obligacions dels treballadors, ofereix seguretat jurídica a les empreses i contribueix a reduir l'economia submergida, un fenomen especialment rellevant en territoris amb forta activitat estacional com les Balears. “Beneficia els treballadors, que guanyen en drets i obligacions, beneficia les empreses, que guanyen en seguretat jurídica, i serveix en la lluita contra l'economia submergida”, va subratllar la setmana passada.

Malgrat el seu rebuig a la regularització, el PP creu que el català ha de ser central en qualsevol procés d'integració: “Aquí tenim, i ho dic clarament, una llengua pròpia. I els qui vulguin obtenir la residència en aquesta comunitat autònoma han de mostrar la voluntat de conèixer la nostra llengua pròpia”, va manifestar Costa.

Per la seva banda, la portaveu parlamentària de Vox, Manuela Cañadas, ha reiterat el rebuig de la seva formació a la regularització extraordinària de migrants, argumentant que “la nacionalitat d'un país no es regala, es treballa”, a més d'incidir en què primer “han de parlar castellà”.

La gestió del model educatiu i lingüístic és una de les principals línies de fractura entre el PP i Vox a les illes. Mentre els populars aposten per mantenir l'actual sistema d'ensenyament bilingüe, Vox exigeix un canvi que desmunti el marc normatiu autonòmic en matèria lingüística. Les divergències al voltant d'aquest assumpte han posat a prova en diverses ocasions l'estabilitat del pacte subscrit entre tots dos a l'inici de legislatura i també la del propi Executiu de Marga Prohens.

El mes de novembre passat el PP i els grups d'esquerres tombaren la proposició de llei que havia presentat Vox per blindar l'espanyol a l'escola, una mesura que volia implantar l'extrema dreta mitjançant la segregació dels alumnes en funció de la llengua amb què les famílies decidissin que estudinessin els seus fills i arraconant, de fet, l'ensenyament del català als col·legis de les illes. Els populars van votar en contra de la mateixa en considerar que la seva aplicació suposaria, en la pràctica, “càrregar-se” el Decret de Mínims, un dels pilars de la política lingüística a l'arxipèlag que, des de la seva aprovació el 1997, garanteix en almenys un 50% l'ús del català en l'ensenyament.

El debate lingüístico vuelve a enfrentar a PP y a Vox en Balears. Los populares se han opuesto de forma tajante a la regularización extraordinaria de migrantes, si bien asevera que, llegado el caso,  aquellos que opten a la residencia legal deberán “mostrar la voluntad” de aprender catalán, una medida que Vox no ve con buenos ojos: “Lo que tienen que hablar es castellano e integrarse en nuestras costumbres. Con la imposición lingüística que hay en las islas, el catalán seguro que lo aprenderán a la fuerza”.

El portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, aseguró el pasado viernes que el Govern utilizará “todas las vías legales” para frenar la regularización extraordinaria, que calificó de “regalo” y, pese a admitir que la competencia de Extranjería es exclusiva del Gobierno, no descartó impugnar el decreto estatal ante la Justicia y advirtió de que utilizará “todas las vías legales” para frenarlo y “defender los intereses de Balears”. Los conservadores ya han registrado una Proposición No de Ley (PNL) para expresar su oposición a la medida pactada por PSOE y Podemos e instar al Gobierno central a agilizar las expulsiones de estas personas.

La iniciativa pretende hacer constatar que esta regularización “masiva e indiscriminada”, que en Balears podría alcanzar a unas 10.800 personas, contribuirá al “efecto llamada”, un extremo que ha rechazado el delegado del Gobierno en las islas, Alfonso Rodríguez, quien defiende la medida como una herramienta de alcance social y económico que permitirá que afloren situaciones laborales precarias y dotar de estabilidad a sectores con alta dependencia de mano de obra extranjera.

En este sentido, señala que la medida “es buena para toda la sociedad” dado que refuerza los derechos y las obligaciones de los trabajadores, ofrece seguridad jurídica a las empresas y contribuye a reducir la economía sumergida, un fenómeno especialmente relevante en territorios con fuerte actividad estacional como Balears. “Beneficia a los trabajadores, que ganan en derechos y obligaciones, beneficia a las empresas, que ganan en seguridad jurídica, y sirve en la lucha contra la economía sumergida”, subrayó la pasada semana.

Pese a su rechazo a la regularización, el PP cree que el catalán debe ser central en cualquier proceso de integración: “Aquí tenemos, y lo digo claramente, una lengua propia. Y quienes quieran obtener la residencia en esta comunidad autónoma tienen que mostrar la voluntad de conocer nuestra lengua propia”, manifestó Costa.

Por su parte, la portavoz parlamentaria de Vox, Manuela Cañadas, ha reiterado el rechazado de su formación a la regularización extraordinaria de migrantes, argumentando que “la nacionalidad de un país no se regala, se trabaja”, además de incidir en que primero “tienen que hablar castellano”.

La gestión del modelo educativo y lingüístico es una de las principales líneas de fractura entre PP y Vox en las islas. Mientras los populares apuestan por mantener el actual sistema de enseñanza bilingüe, Vox exige un cambio que desmonte el marco normativo autonómico en materia lingüística. Las divergencias en torno a este asunto han puesto a prueba en varias ocasiones la estabilidad del pacto suscrito entre ambos a inicios de legislatura y también la del propio Ejecutivo de Marga Prohens.

El pasado mes de noviembre el PP y los grupos de izquierdas tumbaron la proposición de ley que había presentado Vox para blindar el español en la escuela, una medida que quería implantar la extrema derecha mediante la segregación de los alumnos en función de la lengua con la que las familias decidieran que estudiasen sus hijos y arrinconando, de facto, la enseñanza del catalán en los colegios de las islas. Los populares votaron en contra de la misma al considerar que su aplicación supondría, en la práctica, “cargarse” el Decreto de Mínimos, uno de los pilares de la política lingüística en el archipiélago que, que desde su aprobación en 1997, garantiza en al menos un 50% el uso del catalán en la enseñanza.

La delegación del Gobierno en Catalunya ha puesto en marcha una prueba piloto en la comisaría de la Policía Nacional de L'Hospitalet para asignar automáticamente cita previa para los trámites de extranjería.

Siguiendo el ejemplo de Girona, donde se implantó el mismo mecanismo en julio, la comisaría de este municipio de Barcelona expedirá a los usuarios que quieran obtener la Tarjeta de Identificación de Extranjero (TIE) una cita previa sin tener que realizar ningún trámite extra.

El delegado del Gobierno, Carlos Prieto, ha asegurado que este sistema es más “ágil y eficiente” que el actual ya que, al eliminar intermediarios, impedirá que “las mafias que trafican con turnos ilegalmente se puedan aprovechar de situaciones de vulnerabilidad”.

Prieto ha destacado los buenos resultados obtenidos en Girona y ha apuntado que la voluntad del Ejecutivo es ir aplicando este sistema a más comisarías del Área Metropolitana de Barcelona. Durante la prueba piloto de L'Hospitalet, el nuevo modelo de cita previa resolverá un 30% de las 1.400 citas que se dan cada mes, con el objetivo de llegar próximamente al 50%.

Una vez el solicitante obtiene la residencia inicial, recibirá un SMS o correo electrónico con la hora y el día de la cita previa para hacerse el TIE. Eso supondrá que no deba hacer más gestiones. Ahora bien, el resto de trámites, ha apuntado Prieto, se seguirán haciendo según el procedimiento habitual.

Este modelo ha hecho que empiecen a quedar citas libres, cosa que no sucedía desde hacía años. “Ayer se ofrecieron 1.500 citas y quedaron libres 60”, ha insistido Prieto.

El pasado 4 de noviembre la presentación de los presupuestos de la Ertzaintza para 2026 en el Parlamento Vasco se convirtió en un debate sobre el tratamiento que el consejero del ramo, Bingen Zupiria, ofrece de los datos de criminalidad y de la percepción de inseguridad. Zupiria, en aquel momento, no negó que había cambiado el argumentario en comparación con el año anterior, cuando él mismo defendía que “Euskadi es un país seguro”. Ahora, incluso se publican datos sobre el origen de los delincuentes arrestados, algo que no hace ningún otro cuerpo policial. Y el propio Zupiria ha llegado a decir en algunas entrevistas que “extranjeros sin arraigo” están detrás del incremento de algunos delitos, como el uso de armas blancas. Sin embargo, no todos los miembros del PNV opinan lo mismo. De hecho, así ha quedado claro este jueves en el pleno de Bilbao después de que el equipo de gobierno de PNV y PSE-EE en el Ayuntamiento, así como EH Bildu y Elkarrekin, se han mostrado contrarios a hacer pública la procedencia geográfica de las personas detenidas porque “el origen de las personas no justifica la actividad delictual, no aporta nada” y vincular “inmigración a delincuente, es un gravísimo error, que lo único que viene es a generar sensación de inseguridad”, según ha defendido la concejala de Seguridad, Amaia Arregi, del PNV.

Durante el pleno se han debatido sendas mociones relativas a la nacionalidad de las personas detenidas. Desde el PP han planteado la necesidad de hacer público el origen de los detenidos por la Policía Municipal, exactamente como hace la Policía autonómica, mientras que Elkarrekin ha solicitado lo contrario, evitar que se publique la procedencia de las personas arrestadas. Finalmente, ha salido adelante una enmienda de modificación del equipo de Gobierno, apoyada por EH Bildu, con la abstención de Elkarrekin y el rechazo del PP, en la que se insta al Ejecutivo local a “reforzar la política de seguridad y fortalecer la convivencia, en el marco del pacto por la seguridad y en el ámbito de las competencias municipales, incidiendo en la coordinación con otras instituciones y agentes, incluyendo medidas que sirvan para luchar contra la reincidencia, atendiendo alas características propias de los distintos barrios”.

Para defender su postura, la portavoz del PP, Esther Martínez, ha recordado que es la propia Ertzaintza la está dando datos sobre el origen de las personas detenidas en Euskadi y ha asegurado que “todos los profesionales del mundo de la seguridad coinciden en que conocer estos datos es bueno para preparar las operativas de la Policía”. “Se trata de ver el origen, las causas y las razones del incremento, o de la bajada, en su caso, de la delincuencia y también de una cuestión de transparencia porque los ciudadanos tenemos derecho a conocer estos datos. Si la Ertzaintza lo está haciendo, lo lógico es que también lo haga nuestra Policía Municipal, para que así podamos ver una estadística común y de conjunto”, ha insistido.

No obstante, desde el equipo de Gobierno, la concejal de Seguridad, Amaia Arregi, ha precisado que en el marco del Pacto de Seguridad no se ha planteado esta cuestión y “jamás ha sido solicitada por la ciudadanía asociada, ni a título individual, en ninguno de los talleres de seguridad mensuales, ni en ninguno de los foros abiertos celebrados hasta la fecha”. “Al PP no le interesa ni la seguridad ni la convivencia, sino el follón y el enredar absolutamente todo. La Policía Municipal y la Ertzaintza comparten y analizan la situación delictiva y las personas detenidas e imputadas, con nombres y apellidos concretos y se trabajan estos datos haciendo hincapié en la multireincidencia, que preocupa más que el color, el origen, creencias o condiciones de las personas detenidas”, ha apuntado Arregi.

En este sentido, ha aportado datos: durante 2025 se han practicado 2.114 detenciones por la Policía Municipal de Bilbao, sin embargo, por esos delitos han sido detenidas 1.525 personas, lo que refleja que “la reincidencia es un problema en la ciudad”. “Un grupo pequeño de personas son los que se dedican a la actividad delictiva, 275 personas son reincidentes y, entre estas, hay alguna con más de 70 detenciones e imputaciones, tres con más de 30, cuatro con más de 20 y diez con más de 15 durante el año 2025”, ha destacado la concejala, tras señalar que esta realidad “genera en la ciudadanía y también en los propios infractores una sensación de impunidad, de falta de castigo”.

“Desde el Ayuntamiento de Bilbao llevan tiempo trabajando con jueces y fiscales para practicar juicios rápidos, para intentar incrementar los autos de prisión provisional cuando la legislación lo permita, aunque somos conscientes que es una competencia judicial”, ha aclarado. Además, ha añadido que existe un esfuerzo continuo por la coordinación e intercomunicación de datos con la Ertzaintza. “Nos cruzamos datos semanalmente sobre los hechos más relevantes y detenciones practicadas, y ahí constan los datos de todas las personas que son detenidas, tanto por la Policía Municipal como por la Ertzaintza, y se trabajan a nivel interno y técnico”, ha precisado.

Desde el PSE-EE, su portavoz, Nora Abete, ha considerado que “convertir el origen en un elemento destacado de la comunicación institucional es un error en el fondo, porque no explica la delincuencia, no hay ninguna evidencia científica que relacione nacionalidad y delito”. “Lo que explica la delincuencia son factores como la pobreza, la exclusión o la vulnerabilidad social, no el país de procedencia. Es un error en la forma porque ofrecer datos descontextualizados, parciales y selectivos no es transparencia. Hay grupos políticos que no piden estos datos para mejorar la seguridad, sino para aumentar el miedo, señalar a personas migrantes y construir un falso vínculo entre inmigración y delincuencia”, ha destacado Abete.

Desde el resto de la oposición, la portavoz de Elkarrekin, Ana Viñals, ha señalado que “a nivel policial o de prevención securitaria del delito no sirve de nada conocer públicamente el origen o nacionalidad de un detenido, solo sirve para señalar y estigmatizar a pueblos y personas y, sobre todo, para que algunos partidos políticos ganen votos apelando a las emociones más viscerales a costa de dañar profundamente nuestra convivencia democrática y nuestra preciada cohesión social”, ha señalado la concejala, que ha acusado al PP de ser “cobardes y taimados” porque “justifican su propuesta en un falso interés empírico y estadístico”, cuando “cualquier persona que se toma en serio su trabajo institucional sabe que este tipo de información ya se comparte de manera interna entre todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y de fuera del Estado”.

Por último, la portavoz de EH Bildu, María del Río, ha criticado que la proposición del PP “tiene la osadía de pedir que, en un momento muy anterior a que se haya dictado sentencia, en el que solo ha habido una detención y el principio de presunción de inocencia permanece intacto, se señale de forma expresa el origen geográfico de las personas detenidas por la Policía Municipal”, ha destacado Del Río, tras recordar que el Ararteko “ya recomendó en 2011 evitar la medida,” y organizaciones como SOS Racismo o la sección territorial de Jueces para la Democracia de Euskadi “ya han expresado su frontal rechazo”. “La lista de quienes han mostrado sorpresa por el giro dado por el Departamento de Seguridad es larga, incluso dentro del propio Gobierno vasco”, ha concluido.