Extremadura rechaza el reparto de menores migrantes no acompañados llegados a Ceuta apelando al pacto de gobierno PP-Vox

La Junta de Extremadura ha anunciado que rechazará el reparto de menores migrantes no acompañados procedentes de Ceuta que impulsa el Gobierno central y que defenderá esa posición “por todos los medios legales, jurídicos y políticos”, al recordar que así lo establece el acuerdo de gobierno suscrito entre PP y Vox al inicio de la legislatura.

De este modo lo ha trasladado a EFE la Vicepresidencia y Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, que dirige Óscar Fernández Calle, también presidente del Grupo Parlamentario de Vox en la Asamblea de Extremadura, al ser preguntada por la posición del Ejecutivo autonómico ante el reparto de menores migrantes entre las comunidades autónomas. La respuesta ha sido trasladada por el departamento que dirige Óscar Fernández Calle, también presidente del Grupo Parlamentario de Vox en la Asamblea de Extremadura, después de que el Gobierno central activara un nuevo reparto de menores migrantes entre las comunidades autónomas.

El Ejecutivo autonómico fundamenta su rechazo en el punto cuarto del acuerdo de gobierno firmado por PP y Vox, dedicado a la política migratoria. En él se establece como objetivo “no más menores extranjeros no acompañados” y fija como plazo para su aplicación “el primer día de gobierno”.

El documento recoge que la Junta de Extremadura “rechazará de forma expresa la política de inmigración del Gobierno de Pedro Sánchez y se opondrá por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad”.

Asimismo, el pacto señala que el Ejecutivo autonómico “no participará en ningún caso en reformas normativas ni acuerdos presupuestarios destinados a facilitar, financiar o consolidar su entrada, acogida o permanencia en Extremadura”.

El acuerdo de coalición también contempla que la Junta trabajará para promover la devolución de los menores extranjeros no acompañados a sus países de origen y establece que durante la legislatura no se habilitará ningún nuevo centro de acogida para inmigrantes en situación irregular ni se ampliarán las plazas de los ya existentes.

Ni subvenciones ni conciertos

Además, PP y Vox acordaron eliminar las subvenciones, ayudas, convenios y conciertos con ONG u otras entidades que, según el texto, “participen directa o indirectamente en la promoción, facilitación o sostenimiento de la inmigración ilegal, o que actúen como cooperadores necesarios de las mafias de tráfico de personas”.

El documento concluye que “la Junta de Extremadura no destinará ni un solo euro público a estructuras que incentiven el efecto llamada”.

Con esta postura, Extremadura se suma a la posición expresada este martes por los gobiernos autonómicos de Castilla y León y Aragón, que también han manifestado su rechazo al reparto de menores migrantes no acompañados procedentes de Ceuta.