El sector de la aceituna de mesa en Extremadura afronta un escenario crítico en la presente campaña. La organización agraria La Unión Extremadura se manifestará este martes en Mérida para trasladar su malestar al Ejecutivo autonómico ante lo que consideran la mayor crisis de precios de su historia y exigir medidas compensatorias urgentes.

Con una previsión inicial de recolección cercana a los 100 millones de kilogramos, las cotizaciones en el campo han caído drásticamente. Mientras que en las campañas anteriores la variedad manzanilla cacereña cotizaba alrededor de 1,20 euros por kilogramo, la primera de esta campaña se está pagando por debajo de 0,60 euros, un hecho que se agrava con un incremento muy importante de los costes de producción para el agricultor y con una subida del precio de la aceituna a los consumidores.

En total, la organización calcula unas pérdidas de 40 millones de euros para el sector, una situación provocada a su juicio por las importaciones masivas de aceitunas sin arancel del Norte de África y de Mercosur gracias a los acuerdos comerciales firmados por las administraciones.

El malestar de los agricultores se agrava tras la negativa de la Junta de Extremadura a conceder ayudas directas tanto a los productores de aceituna de mesa como a los afectados por las borrascas de primavera, que ya fueron excluidos previamente de las partidas del Ministerio de Agricultura. El Gobierno regional justifica esta postura en la falta de presupuesto para hacer frente a estas aportaciones, según La Unión.

Sin embargo, la organización contrapone esta supuesta falta de fondos con el proyecto de presupuestos presentado en la Asamblea de Extremadura, el cual contempla una reducción de 25 millones de euros para el año 2027 a las empresas gestoras de la Central Nuclear de Almaraz. En total, la organización prevé una pérdida de ingresos tributarios por este concepto de 25 millones en 2027, 50 millones en 2028 y 74 millones en 2029, sumando alrededor de 147 millones de euros de alivio fiscal a corporaciones como Iberdrola, Endesa y Naturgy, que acumulan beneficios multimillonarios. Por ello, desde el colectivo se preguntan si es moralmente defendible quitar los impuestos a estas empresas mientras se deja sin auxilio a miles de agricultores de la región.

Ante este escenario, la protesta de La Unión discurrirá este martes por la capital extremeña. La movilización partirá a las 11:00 horas de la Rotonda de la Consejería de Agricultura, cruzará el Puente Romano y llegará alrededor de las 13:00 horas a la sede de la Presidencia de la Junta, donde los manifestantes entregarán un escrito a la presidenta regional para informarle detalladamente de sus peticiones.

El azafrán, un cultivo tradicional en la Mancha aunque en la mayoría de los casos no como principal sino como complementario, lleva años alertando del riesgo de desaparición.

Uno de los principales problemas que arrastra, aunque no el único, es la falta de mecanización para todas las labores del proceso necesario para obtener esta especia, desde la plantación de los cormos o bulbos hasta la recogida de la flor y la monda de la rosa para extraer los pistilos. Todo se desarrolla como hace siglos, de manera manual y completamente artesanal. El cultivo no ha evolucionado al siglo XXI.

Esto, que le da un carácter especial, es también uno de los principales caballos de batalla para su supervivencia. Es necesaria mucha mano de obra para los momentos de la recogida y la monda del azafrán, ya que tiene que hacerse todo en unos pocos días. Por eso, el sector lleva tiempo pidiendo inversión en prototipos que permitan avanzar en la mecanización de estos procesos.

Este es el objetivo del Grupo Operativo (GO) Desbrinator que han puesto en marcha la denominación de origen de productores de azafrán agrupados en OPAZ (Organización de Productores de Azafrán), el Centro Tecnológico Industrial de Castilla-La Mancha (ITECAM) y la agricultora Rocío Torres Caro.

Carlos Fernández, presidente de OPAZ y una de las voces que más se ha alzado sobre los problemas del sector pidiendo un plan integral, es el impulsor de este grupo en el que “nos hemos marcado el objetivo de acercarnos un prototipo funcional en el que se procesarán las flores de forma automática”, asegura en una entrevista que ha concedido a AgroalimentariaCLM.

El proyecto de I+D tiene una duración de 20 meses y Fernández tiene claro que tienen que luchar con el componente de “no tener la certeza absoluta de que vamos a obtener los resultados que a priori esperamos”.

Es realista porque además ha comprobado que en las investigaciones que han llevado a cabo no se ha detectado ninguna máquina que pueda asemejarse a lo que necesita el sector, “ni siquiera que se parezca ni que obtengamos el resultado modificándola”.

El objetivo es claro: “Para la campaña 2027 tener un prototipo funcional que podamos elaborar a escala industrial de procesado de flor de azafrán”, asegura.

Más allá, esperan que no solo sea capaz de mondar la flor de forma automática, sino que sea escalable y exportable, es decir que “añadiendo módulos se pueda procesar tanta flor como se produzca”.

Esto es necesario para el sector porque, según este experto, se enfrenta a unas “limitaciones bestiales”. Actualmente, en toda España están cultivadas 100 hectáreas, de las cuales se obtiene de media entre 500 y 600 kilos al año, muy lejos de la superficie y las producciones que se contabilizaban hace décadas. La superficie va disminuyen año a año en clara contradicción con un producto de alta calidad que vende toda la cosecha.

Según Carlos Fernández, “hay muy pocos productores que se dedican al azafrán porque es completamente artesanal. El sector está formado por pequeños minifundios poco profesionalizados”.

“Si se soluciona la monda y logramos que llegue lo más democráticamente posible al sector, que los pequeños o grandes productores puedan apoyarse para que puedan escalar sus producciones que es el gran problema que tenemos actualmente”, supondría un gran avance para estas producciones.

Hay que tener en cuenta que la flor tiene que mondarse nada más recogerse, “no se puede esperar porque se degrada, pierde peso, pierde calidad y como te vayas dos o tres días la flor se hace agua, como decimos nosotros y ya no vale para nada”, añade.

Por eso, el empeño de OPAZ es llegar a tener “un centro de transformación automatizado para que los productos puedan traer la flor y de esta manera eliminar el cuello de botella que tenemos actualmente conforme está estructurada la monda”.

Una joven productora

Así lo corrobora Rocío Torres, agricultora que también va a participar en el proyecto. Ella va a ser la cultivadora que aporte al grupo operativo las flores de azafrán con la calidad que exige la Denominación de Origen Azafrán de la Mancha.

Es la primera cosecha de azafrán de esta agricultora de Villarrobledo (Albacete), que ya tiene amplia experiencia pero con el viñedo de la bodega Torres Filoso.

La falta de mecanización y la necesidad de mucha mano de obra estuvo a punto de desanimarla para iniciarse. “Lo que más te puede echar para atrás del azafrán es toda la trabajera que es la monda y es un jaleo para encontrar la mano de obra”, asegura. “Como estaba dubitativa, hablando con Carlos Fernández me comentó que estaba este proyecto y me ofreció involúcrame; me pareció una pasada, es un proyecto innovador y que hace tanta falta en el sector, así que dije: yo me apunto”.

Es la primera cosecha de Rocío en el azafrán y ha empezado con poco, solo dos mil metros porque “el azafrán es una inversión fuerte, ya solo comprado los bulbos es una cantidad importante”. Ha acondicionado una parcela que tenía un viñedo en muy mal estado porque “el suelo hay que prepararlo muy bien para el azafrán”, asegura.

De momento no sabe qué tal irá esta primera cosecha porque aún no han asomado las primeras flores. “Creo que se va a retrasar un poco la cosecha; el viñedo con las altas temperaturas se adelanta y el azafrán se retrasa por el calor porque hace falta que bajen las temperaturas para que la flor empiece a brotar”, señala.

“En mi familia también había tradición de azafrán, me contaba mi abuela que se iba a mondar la flor, porque la monda ha estado muy asociada a la mujer, ya que eran más delicadas con las manos. Hoy en día también son todo mujeres muy mayores y que tampoco aguantan todas las horas de monda”, asegura, por eso también valora la importancia de este proyecto porque “este cultivo no ha cambiado nada”.

Otros procesos

Tras la monda, el sector ya piensa en ir más allá. Según Carlos Fernández, “todos los procesos de cultivo del azafrán necesitan automatizarse, y es que empezamos de cero en todos”, pero por orden de relevancia lo primero está la monda, después la recogida en campo y luego también desde OPAZ quieren hacer una propuesta en próximos años para automatizar la siembra del bulbo y luego el sacado del bulbo y su limpieza, “pero hemos empezado por lo que creemos que es lo más urgente”.

Fernández está convencido de que “la automatización supondría la posibilidad y la capacidad real de un aumento de superficie cultivada en Castilla-La Mancha y en España”, ya que “sigue cayendo la superficie y la producción y en consecuencia siguen cayendo los clientes. Nosotros hemos tenido clientes muy importantes que han dejado de trabajar con nosotros porque no llegamos a un mínimo de suministro anual”.

Asegura que “una gran cadena de supermercados que valora un producto de calidad y que tiene como objetivo que en todos sus lineales tenga el azafrán, si no llega a ese mínimo, ya no te compra. Esto nos ha sucedido y está haciendo mucho daño”, por eso considera que “aumentar la capacidad de producción nos dará la posibilidad de retomar mercados a nivel global”.

El saneamiento del bulbo

Otro de los problemas que tiene el sector es la necesidad de disponer de bulbos sanos. Desde OPAZ, “se está llevando a cabo un cultivo hidropónico, en el que estamos obteniendo distintas generaciones de cormos en condiciones controladas a nivel de laboratorio y estamos viendo que los índices de patógeno bajan por debajo del uno por ciento en generaciones sucesivas”, avanza el presidente de esta agrupación de productores.

Al mismo tiempo, están trabajando con el ITAP (Instituto Técnico Agronómico Provincial) con distintas terapias para tratar los cormos, “los hemos tratado con rayos ultravioleta y en esta fase vamos a ver cómo evolucionan después de este tratamiento”.

Carlos Fernández tiene el objetivo puesto en que tanto la automatización como el saneamiento de los cormos estén desarrollados en el marco temporal que marcaron en el plan estratégico 2027-30.

OPAZ es una agrupación de productores que integra un total cuatro empresas comercializadoras que trabajan con el azafrán de más de 80 productores que se ubican entre dentro de la zona de producción de la Denominación de Origen Protegida y en torno a las localidades de Villarrobledo (Albacete), Madridejos y Villafranca de los Caballeros (Toledo) y Carrión de Calatrava (Ciudad Real).

La Junta de Castilla-La Mancha ha procedido a abonar este viernes, 16 de octubre, el anticipo de la PAC 2026, que este año supone más de 278 millones de euros y llegará a más de 73.000 agricultores y ganaderos de la región.

Para esta campaña, la Comisión Europea ha autorizado de forma excepcional el incremento de los pagos adelantados, permitiendo un anticipo de hasta el 75% de las ayudas directas por superficie, según ha informado la Junta por nota de prensa.

Esta flexibilización, respaldada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) eleva el límite máximo habitual del 70 al 75% debido a la crisis de Oriente Próximo y al elevado coste de los fertilizantes.

De ello ha informado, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, que ha explicado que el objetivo no ha sido pagar unos días antes, sino pagar la mayor cantidad posible de expedientes, así como el mayor importe posible en cada uno de ellos para lo cual ha sido necesario completar todos los pasos de tramitación y aplicar los controles obligatorios antes de efectuar el anticipo, priorizando un pago amplio y con todas las garantías.

Reconocimiento a las mujeres rurales

El consejero ha informado de estas cuestiones antes de asistir a la representación teatral 'Yo nací en un surco de judías', de la compañía Almealera, organizada por su Departamento con motivo del Día Internacional de las Mujeres Rurales con el objetivo de acercar la realidad de las mujeres rurales a través de testimonios de agricultoras y ganaderas, para abordar cuestiones que afectan al presente y al futuro de este sector como la falta de relevo generacional o las dificultades para vivir del campo.

Con esta obra, que forma parte del proyecto FARM (Factores que influyen en el relevo generacional agrario sostenible) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, se conmemora el Día Internacional de las Mujeres Rurales y se reconoce su papel en la agricultura, la ganadería y el desarrollo de los pueblos y territorios.

Julián Martínez Lizán también ha felicitado a Laura Santos Álvarez, autora e interprete, que ayer mismo recibía el tercer premio en la categoría de Excelencia a la Comunicación de los Premios de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales 2026 que otorga el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, así como el Premio al Mejor Espectáculo FETEN 2026.

El consejero ha indicado la necesidad de “manifestar ese compromiso en el que las mujeres tienen que ser visibles, demasiadas veces no se ha visto el trabajo que hacían”. Y por lo que respecta a la obra que se representa hoy, 'Yo nací en un surco de judías', ha indicado que “aunque pueda parecer inverosímil hoy, hay muchas mujeres que han tenido a sus hijos en el tajo del trabajo, segando, en el campo, esto hace apenas unas décadas”.

Por tanto, “tenemos que hacer todos los esfuerzos por eliminar barreras, facilitando el desarrollo vital y profesional de las mujeres y garantizando su participación en los diferentes órganos de decisión que hay en todos los estamentos”.

En ese sentido, Martínez Lizán ha indicado que, en 2019, se inició un trabajo a través del Estatuto de las Mujeres Rurales “que ponía de manifiesto esa inquietud que toda la sociedad debe de tener para visibilizar esa participación. Y creo que de ninguna de las maneras es posible no aprovechar el talento, la inteligencia y el trabajo que, el 50% de la sociedad, que son las mujeres, pueden ofrecer al mundo rural”.

Un total de 1.966 agricultores y ganaderos se van a beneficiar de las ayudas para la renovación de maquinaria agrícola del Plan Renove 2026 por casi 9,5 millones de euros en el conjunto de las tres líneas convocadas. En Castilla-La Mancha se renovarán un total de 130 unidades.

En concreto, una vez concluido el plazo de presentación de solicitudes el pasado 15 de septiembre, se han aceptado 2.100, de las que 1.966 cuentan con disponibilidad de fondos.

De esta forma, se estima, con cifras aun provisionales, que las ayudas concedidas han propiciado una inversión total en compra de nueva maquinaria de superior a 42 millones de euros, con lo que éstas representan el 22% del gasto total realizado por los agricultores y ganaderos beneficiarios.

Agricultura ha recordado que el Plan Renove 2026 ha mantenido tres líneas de inversión en la última convocatoria: sembradoras de siembra directa (tres millones de euros de presupuesto), resto de maquinaria (cinco millones de euros) y equipos de agricultura de precisión (1,55 millones de euros).

Respecto a la agricultura de precisión, línea que se introdujo por primera vez en la edición anterior, ha crecido un 55%. El número de solicitudes de esta línea se ha incrementado un 87%, muy por encima del 16% del crecimiento del conjunto del Plan Renove. Los equipos subvencionados incluyen sistema de autoguiado, de adaptación de maquinaria para trabajo variable, kit de adaptación Isobus y, como novedad, los robots agrícolas -se ha subvencionado uno-.

Como en 2025, el equipo de agricultura de precisión más demandado ha sido el sistema de autoguiado, que prácticamente ha doblado su número, con 706 solicitados y 1.411.660,38 euros de ayuda concedida. Esto demuestra el interés del sector en la transición a la agricultura 4.0.

Por otro lado, como en pasadas convocatorias, a la cabeza de las máquinas que más subvención van a recibir figuran las sembradoras de siembra directa, al disponer de una línea de ayudas propia, aunque se aprecia un descenso significativo en el número de solicitudes y en el total de la ayuda. Además, destaca que el número de beneficiarios que adquieren trituradoras y equipos para la aplicación de productos fitosanitarios supera en esta ocasión a los de sembradoras de siembra directa, lo que refleja el impulso de la renovación de estos equipos.

Agricultura ha explicado que esta nueva distribución de las ayudas se explica por el menor presupuesto para la línea resto de máquinas, que se ha agotado, lo que no ha permitido movilizar las solicitudes en reserva de la línea de ayudas de sembradoras de siembra directa.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación considera que esta convocatoria ha conseguido su objetivo, al propiciar la incorporación al parque de maquinaria agrícola de unidades modernas, dotadas de las últimas tecnologías, más respetuosas con el medio ambiente, más eficaces, seguras y ergonómicas.

Por último, las ayudas se han repartido entre todas las comunidades autónomas, excepto las insulares. Esto se debe a la posibilidad de adquirir sin achatarramiento los equipos de agricultura de precisión y el menor desembolso que supone.

Como en años anteriores, Castilla y León se sitúa a la cabeza, con 1.048 unidades y prácticamente cinco millones de euros de subvención, y destaca la adquisición de sembradoras directas, seguida por Aragón y Castilla-La Mancha, con 350 y 130 unidades, respectivamente.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha anunciado que Castilla-La Mancha está ya trabajando en una doble línea de actuación para apoyar la adquisición de fertilizantes y la de combustible para paliar el sobrecoste que están soportando agricultores y ganaderos por la subida de estos dos insumos imprescindibles para la actividad del sector.

La Comunidad recibirá 8,8 millones de euros de los 50,1 millones que corresponden a España de la reserva de agrícola de la Unión Europea, y que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha puesto a disposición de las comunidades autónomas para que habilite ayudas complementarias a las del Gobierno. Es esta asignación la que se destinará a estas nuevas líenas de ayudas, según ha informado la Junta por nota de prensa.

En lo que respecta a los fertilizantes, Julián Martínez Lizán ha explicado que se quiere corregir una situación que ha dejado fuera de las ayudas estatales a los jóvenes agricultores que se incorporaron a la actividad a partir de 2025, es decir, que hayan hecho la PAC por primera vez en 2026.

En Castilla-La Mancha hay aproximadamente 1.000 jóvenes agricultores que han hecho ese inicio de actividad “y creemos justo que se les ayude por la adquisición que han tenido que realizar de fertilizantes con sobrecostes, más aún cuando estamos totalmente comprometidos con apoyar al relevo generacional”, ha indicado el consejero. También se apoyaría a aquellos agricultores que tienen una explotación por primera vez en 2026 y que la tienen registrada en el Registro de Explotaciones autonómico.

En segundo lugar, el Ejecutivo de Emiliano García-Page quiere ayudar al sector apícola que también ha quedado fuera de las ayudas para la adquisición de combustible “y por tanto, vamos a ver qué posibilidades de apoyo tenemos. Este es nuestro compromiso con los apicultores profesionales que ejercen una actividad imprescindible para la agricultura y la sociedad en general, ya que su actividad fomenta la biodiversidad, la polinización y la producción de alimentos de alta calidad, sin embargo, no han accedido los apoyos estatales y también están sufriendo un sobrecoste energético en sus explotaciones”.

Por último, y para el conjunto del sector, la Consejería estudia el diseño de una ayuda para compensar parte del sobrecoste soportado por agricultores y ganaderos en la adquisición de combustible, a la que destinará la mayoría de estos fondos. Con el fin de que estas ayudas lleguen cuanto antes, y teniendo en cuenta que el 28 de febrero de 2027 tienen que estar pagadas, el Gobierno regional quiere articular una forma de pago “flexible y simple y nuestra intención es aplicar una subvención directa”.

Para ello, la propuesta es vincular esta ayuda a las concesiones que se hace a los agricultores profesionales, en la devolución del gasóleo agrícola que han solicitado al Ministerio de Hacienda en la última campaña. Con este objetivo, la Consejería ha mantenido ya contactos con la Delegación del Gobierno, a la que ha agradecido el trabajo que ya está realizando para agilizar este proceso el máximo posible y ofrecer esa ayuda que, “aunque no compense toda la subida, puede ser un alivio para la economía de agricultores y ganaderos”.

Con esta actuación, el Gobierno regional reafirma su compromiso con el sector agrario y ganadero de Castilla-La Mancha, movilizando todos los recursos disponibles para contribuir a mantener la rentabilidad de las explotaciones y aliviar el impacto económico derivado del aumento de los costes de producción.

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural abonará este viernes un nuevo pago de las convocatorias de incorporación de jóvenes de 2023 y 2024 que ascenderá a 5,5 millones para 223 personas beneficiarias.

Con estos pagos, “son ya más de 25 millones de euros los que hemos abonado de estas dos convocatorias a un total de 967 beneficiarios”, ha destacado el viceconsejero de la Política Agraria Común y Política Agroambiental, José Manuel Martín Aparicio, en la inauguración del X Campus de Jóvenes Cooperativistas que promueve Cooperativas Agro-alimentarias de Castilla-La Mancha.

En este contexto, el viceconsejero ha explicado que el relevo generacional es una de las prioridades de la política agraria y de desarrollo rural de la región “y así lo atestigua la política de relevo generacional llevada a cabo por el Gobierno de Emiliano García-Page que ha hecho posible incorporar en la última década a más de 5.300 jóvenes al sector agrario”.

El buen funcionamiento de esta política ha llevado a Castilla-La Mancha a liderar en Europa el Dictamen sobre el relevo generacional que fue defendido por el presidente del Ejecutivo autonómico en Bruselas el pasado 1 de julio y que logro el apoyo unánime del Comité de las Regiones.

Entre otras cuestiones, este texto defiende que un 10% de la PAC se destine a la incorporación de jóvenes al campo y vincula el futuro agrario con la soberanía alimentaria, la financiación, el acceso a la tierra y la calidad de vida en el medio rural.

La sequía que sufre Cantabria ha provocado que el Gobierno autonómico (PP) haya autorizado en pleno agosto un paquete de ayudas extraordinarias de tres millones de euros para 2.309 ganaderos, que el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) considera insuficiente, por la financiación y los tiempos de ejecución de las ayudas.

A lo largo del verano, algunos ayuntamientos de Campoo y Liébana han sufrido restricciones de agua. Al menos, más de una decena de municipios consultados por elDiario.es han movilizado camiones cisterna y han emitido bandos municipales para limitar o directamente prohibir que se llenen piscinas, que se limpien coches o el riego “indiscriminado” -como en Vega de Liébana- porque “los recursos hídricos están muy por debajo del nivel medio”, señala en el bando su alcalde Gregorio Alonso, sobre un municipio donde la sequía es moderada, pero ha aumentado un 15% respecto a su recorrido histórico.

La razón es que Cantabria ha alcanzado este verano el segundo puesto de las comunidades autónomas donde más ha aumentado la sequía, con zonas de sequía severa en la zona central y occidental, siendo la comarca de Saja Nansa, con la más afectada, muy en particular Cabuérniga, Rionansa y Los Tojos, según ha analizado elDiario.es a través del Monitor de Sequía del CSIC.

Para saber si un territorio está más seco de lo normal, el índice SPEI resume esa situación en una sola cifra. No mira solo cuánta lluvia cae: también descuenta el agua que el calor evapora del suelo y de las plantas. Los datos proceden del Monitor de Sequía del CSIC y están estandarizados: el 0 es la situación normal de cada lugar. Los valores negativos indican sequía y, cuanto más abajo, más severa. Las cifras parten de los registros de miles de estaciones meteorológicas de la AEMET desde 1960 que se interpolan a celdas de un kilómetro cuadrado en todo el territorio español.

El índice (SPEI) a 24 meses acumula los dos últimos años. Es una ventana amplia, pensada para reflejar las sequías largas -las que vacían embalses y acuíferos y castigan los cultivos- y no los altibajos de unos meses sin lluvia. Para medir los datos por comunidades autónomas y municipios, el cálculo define la media del índice en las celdas que caen dentro de cada territorio.

Ningún municipio cántabro ha registrado sequía extrema, pero los municipios más afectados por sequía severa están todos en la comarca de Saja-Nansa, en el centro occidental de la comunidad: Cabuérniga, Rionansa, Los Tojos, Tudanca, Herrerías y Ruente. Entre éstos, Los Tojos y Tudanca son donde más ha aumentado, entre los que han sufrido sequía severa, respecto a su registro histórico, con un 7% más.

En el ranking de comunidades más afectadas, solo por detrás de Asturias -y por delante de Canarias, Euskadi e Illes Balears-, el nivel de sequía más extremo en España ha sido el de Cantabria. Coinciden las tres comunidades del norte en la cima: son las regiones donde más ha aumentado, tomando en cuenta la falta de lluvia, cruzada con el exceso de agua que se ha evaporado del suelo y de las plantas por efecto de las reiteradas olas de calor.

La comarca de Saja Nansa limita con Liébana y Campoo-Los Valles y engloba 18 municipios. En casi mil kilómetros cuadrados, y con una población aproximada de 32.000 habitantes, se ha visto muy afectada por la sequía. El primer puesto lo ocupa Cabuérniga, en el valle de mismo nombre.

“Estamos ayudando a los ganaderos para llevarles agua para el ganado”, dice Rosa María Fernández, alcaldesa de Cabuérniga, sobre el traslado de camiones con agua. Describe el municipio como un lugar dedicado a la ganadería extensiva de carne, donde vacas y yeguas pacen en un monte de utilidad pública llamado Valdefría. “Es una extensión de terreno grande donde ahora no hay agua, entonces los animales se tienen que mover y se están moviendo solos, más abajo, cerca de los pueblos” a buscar comida, confirma sobre una tendencia creciente en Cantabria.

“Por la seca”, dice en referencia a la sequía, “ahora mismo falla más la comida que el agua, pero como la cosa siga, voy a tener que tomar alguna medida”, avanza la regidora, que manifiesta una preocupación: “Si empiezan a dar de comer ahora, pues a lo mejor, algunos ganaderos se encuentran en marzo que no tiene comida ya para los animales en la cuadra”

Lo que sí aprecia la alcaldesa de Cabuérniga es un cambio brutal en Valdefría, también llamado Las Ollas: “El paisaje está cambiando en verano: ha pasado de ser un verde intenso a tener tramos en que es verde mezclado con amarillo, luego marrón y vuelve otra vez un poco de verde”. Esto solo le permite una cosa: saber por dónde queda agua, dice.

“Restricciones no hemos tenido”, apunta Jesús Cabariezo, alcalde de Cabezón de Liébana, “pero con las cubas de agua que nos ha dado el gobierno de Cantabria estamos subiendo agua a pueblos donde están mal de agua”. Algo similar a lo que ha sucedido en Valderredible, en el municipio de Castrillo de Valdelomar, donde han necesitado camiones cisterna también.

Con 15 casas habitadas, cuenta José Miguel Fernández, alcalde pedáneo, ha visto un gran consumo por vecinos que no residen todo el año. Y advierte sobre la sequía que se prolongará en invierno: “No nieva como antes, cuando toda la ladera del monte donde estaba el manantial estaba tapado de nieve hasta mediados de mayo”.

El caso de consumo de agua más desorbitado este verano ha sido en el del Ayuntamiento de Campoo de Suso, donde decidieron vigilar con drones el consumo de agua, después de haber registrado 130.000 litros de agua consumidos en la pedanía de Naveda, en solo 24 horas. Una vez comenzó la vigilancia, el consumo se normalizó. Esta situación puntual confirma una realidad que ha reconocido el Gobierno del PP y que impacta en la sequía: Cantabria tiene un gasto “excesivo” de agua, el más alto del país.

En los últimos 66 años, Cantabria ha registrado varios momentos de sequía, destacando el año 1990 como el último momento crítico de sequía extrema, previo al actual, según los datos del monitor. Como periodos de sequía moderada, destacaron los ños 2003, 2006 y 2007 y la tendencia se reprodujo en 2024.

El verano meterorológico -junio, julio y agosto- ha registrado en Cantabria “aproximadamente” un 40% menos de lluvia de lo habitual, avanza Sergio Fernández, delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en Cantabria. Este cálculo, abunda, se realiza tomando como referencia el periodo 1991-2020 de la Organización Meteorológica Mundial.

“El periodo de precipitaciones por debajo de lo normal se viene arrastrando ya durante tres meses, desde la segunda quincena de mayo”, cuenta. “Pero lo verdaderamente extraordinario de este verano de 2026 es que ha sido extremadamente cálido, explica Fernández, convirtiéndose en el verano más cálido de la serie histórica desde al menos 1961.

Es más, supera a los anteriores veranos históricos de calor, los de 2003 y 2022, por prácticamente medio grado de diferencia. Registra una anomalía térmica de entre 2,5 y 2,6 grados por encima de la media del periodo de referencia, situando el promedio de Cantabria en torno a los 19,8 o 19,9 grados. Un valor que puede no sonar muy elevado, advierte, pero es que la media incluye zonas montañosas frías como Picos de Europa o Alto Campoo.

Esa “anomalía cálida” de 2,5 grados por encima de lo habitual produce que la evapotranspiración sea “muchísimo” más elevada en 2026, “lo que genera un aumento drástico en las necesidades hídricas de la vegetación y de la fauna”, explica Fernández, dando contexto meteorológico a la situación de muchos municipios cántabros.

La sequía de 2026 en Cantabria no se entiende solo porque llueva menos, sino por el efecto del calor en la tierra y la vegetación, que se llama evapotranspiración. A más temperatura, más acusada es la sequía. Desde 2017, la tendencia a una mayor evapotranspiración se ha hecho notoria en Cantabria.

Contra lo que pueda parecer, advierte Sergio Fernández, de la Aemet, este verano no sería el más seco registrado en Cantabria, sino que se situaría “probablemente” entre el quinto y el séptimo puesto de los veranos más secos en Cantabria desde 1961, a expensas del cierre del verano meteorológico: “No obstante, al sumarse la falta de lluvias con la extraordinaria anomalía térmica de temperatura, el efecto es devastador sobre la vegetación”.

El Gobierno de Canarias ha concedido 85.482,90 euros en ayudas al sector apícola destinadas a mejorar la producción y comercialización de los productos de la apicultura en las islas, en el marco del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (PEPAC).

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria ha publicado la resolución definitiva de estas subvenciones para los apicultores de Canarias, que están cofinanciadas por la Unión Europea, a través del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA), el Gobierno de Canarias y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Las ayudas benefician a 666 explotaciones apícolas

En esta convocatoria han resultado beneficiarias cuatro entidades del sector apícola de Canarias, cuyos fondos permitirán financiar diferentes actuaciones destinadas a mejorar la actividad y la competitividad de las explotaciones.

En concreto, las subvenciones podrán destinarse a gastos relacionados con la asistencia técnica, la adquisición de medicamentos para las abejas y el pago de seguros vinculados a la actividad apícola, entre otras actuaciones contempladas en la convocatoria.

En conjunto, las ayudas alcanzan a 666 explotaciones apícolas de Canarias, que reúnen un total de 16.466 colmenas.

Apoyo a la producción y comercialización de productos apícolas

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero, ha destacado la importancia estratégica de la apicultura para Canarias, tanto por su aportación económica como por su papel en la conservación del medio ambiente.

Quintero ha señalado que la apicultura contribuye a la biodiversidad y a la conservación de los ecosistemas, además de generar valor añadido a través de sus producciones.

Según el consejero, estas ayudas buscan impulsar actuaciones que permitan mejorar la competitividad del sector apícola y garantizar la viabilidad de las explotaciones en las islas.

Plazos para ejecutar y justificar las ayudas

Las entidades beneficiarias deberán haber ejecutado las actuaciones consideradas subvencionables dentro del periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2025 y el 30 de junio de 2026.

Asimismo, deberán presentar la justificación de las actuaciones realizadas antes del 1 de octubre de 2026, de acuerdo con las condiciones establecidas en la convocatoria de ayudas a la apicultura en Canarias.

Estas subvenciones forman parte de las medidas de apoyo del PEPAC destinadas al sector apícola, con el objetivo de favorecer la mejora de la producción, la comercialización y la competitividad de los productos de la apicultura en Canarias.

Las entidades bancarias BBVA y Caixabank han puesto líneas de financiación a disposición de la ciudadanía afectada por el incendio de La Mierla, que obligó a evacuar a 34 municipios y que ha calcinado alrededor de 32.000 hectáreas de terreno en el entorno del Parque Natural de la Sierra de Guadalajara.

De parte de BBVA, los particulares podrán solicitar préstamos de hasta 50.000 euros, con plazos de devolución de entre 12 y 60 meses. “Esta financiación permitirá atender los gastos derivados de los incendios y hacer frente a la reparación o reposición de los bienes dañados”, exponen.

En el caso de autónomos, pymes y empresas, BBVA pone a su disposición préstamos de hasta 200.000 euros y con un plazo máximo de devolución de 48 meses. Las operaciones podrán incluir un periodo de carencia de hasta 24 meses para adaptar las cuotas a la situación y a las necesidades de cada negocio.

Con estas dos líneas, BBVA busca facilitar “una respuesta rápida” a quienes han sufrido las consecuencias de los incendios. Los afectados podrán acudir a las oficinas de la entidad para conocer las condiciones y estudiar la solución que mejor se ajuste a su situación.

El banco mantendrá una “atención cercana” en las zonas afectadas para acompañar a las familias y a los negocios durante el proceso de recuperación y ayudarles a retomar cuanto antes su actividad habitual.

BBVA Allianz ha habilitado además un teléfono específico (911 749 620) para atender a los titulares de seguros de BBVA que se hayan visto afectados por los incendios. Los clientes deberán dirigirse a la oficina central de la entidad en Guadalajara para recibir toda la información y el acompañamiento necesarios.

Caixabank habilita 50 millones de euros en dos líneas de apoyo

De su lado, CaixaBank ha habilitado un plan extraordinario de medidas de apoyo por valor de 50 millones de euros para los damnificados por el incendio forestal de la Sierra Norte de Guadalajara.

La Dirección Territorial de CaixaBank en Castilla-La Mancha y Extremadura ha trabajado en para la activación de este plan extraordinario y para que los afectados por esta situación puedan beneficiarse de estas ayudas, que ya están disponibles a través de las oficinas de la red de CaixaBank en Castilla-La Mancha.

“En CaixaBank mantenemos una firme vocación de cercanía con el territorio y con las personas que están sufriendo las consecuencias de estos incendios, que afectan a una amplia extensión de la zona norte de Guadalajara. Queremos estar a su lado y ofrecerles todo nuestro apoyo en estos momentos especialmente difíciles”, ha asegurado el director territorial de CaixaBank en la comunidad, Juan Luis Vidal.

La primera medida se destinará a anticipar el cobro de las indemnizaciones en pérdidas materiales como vehículos o inmuebles de las compañías aseguradoras, para facilitar a las familias y negocios que puedan verse afectados el rápido acceso de las compensaciones.

La segunda línea de apoyo que ha puesto en marcha la entidad se canalizará a través de AgroBank, la división de negocio de CaixaBank dirigida al sector agroalimentario, y está destinada a las inversiones que las explotaciones agrarias o ganaderas puedan precisar para la adecuación necesaria para continuar su actividad.

Se ha tardado casi cuatro meses más de lo previsto en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias (CAC) para 2026, pero la solución ya está canalizada, aunque solo en su primera fase, pero también es verdad que esta es la que ahora más importa, un compromiso principal que además se atiende a menos de un año de las próximas elecciones locales y autonómicas (mayo de 2027).

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, que dirige el herreño de AHI Narvay Quintero, ya lo tiene todo preparado, y así se lo ha hecho saber a las entidades plataneras de La Palma que le servirán de apoyo o respaldo para lograr que los reintegros de ayudas que afectan a titulares de explotaciones en esa isla, los vinculados al apoyo compensatorio de renta de los plataneros por las consecuencias del volcán Tajogaite en la campaña 2021-22, al final no sean devueltos al erario de la Comunidad Autónoma de Canarias (CAC), sino que sean compensados, perdonados o regalados, la elección de palabra que se prefiera. En resumen: el erario autonómico debía recibir 3,5 millones de euros por pagos en exceso de apoyo público y ahora esa cantidad, o mejor, un poquito menos, se convierte en una especie de premio gordo, para unos más que para otros.

Eso es lo que se empezará a hacer estos días, gracias al respaldo parlamentario que el diseño de esa medida, muy cuestionada legalmente, tuvo en la Ley de Presupuestos Generales de la CAC para 2026 (a través de la inclusión de una disposición adicional aprobada en comisión parlamentaria con el apoyo de todos los grupos, salvo la abstención del PSOE y la única oposición de Nueva Canarias -NC- a la enmienda final in voce; NC incluso llevó al pleno un voto particular). La solución ideada por CC en La Palma y ejecutada desde la Consejería de Agricultura supone tener que afrontar un gasto extra en torno a 3,5 millones de euros, solo en la primera fase del que será un doble regalo.

Hay que señalar que la cifra de 3,5 millones de euros, que es la suma total de los reintegros afectados (ayuda compensatoria por el volcán de La Palma de la campaña 2021-22, la primera de tres concedidas con el mismo objeto: dos de la CAC -2021-22 y 2022-23, y está pendiente la 2023-24- y una más de refuerzo del Cabildo insular -2022-23-), se verá reducida, pero no en una cuantía relevante (poco más de 100.000 euros), debido a que hay cantidades cobradas de más por beneficiarios plataneros que superan el límite del perdón: los 50.000 euros por titular que permite la ayuda de minimis. Exactamente son cuatro, y muy especiales, todos ellos beneficiarios que cobraron excesos de más de 141.000 euros, más de 56.000 y dos con más de 52.000. A todos estos no se les compensará el total que se les había regalado, sino solo la ayuda máxima de minimis: 50.000 euros.

Estos titulares de explotaciones, los que mayores cifras de reintegro tienen, y otros, hasta una suma de 1.296 deudores, es imposible conocerlos por la vía pública y de forma directa, al menos por ahora, debido a la falta de transparencia que se ha impuesto en la tramitación de esos fondos públicos, algo habitual e incluso recriminado por el Comisionado de Transparencia. Así es prácticamente en todo lo que hace referencia a las ayudas y subvenciones aprobadas para la reconstrucción de la isla de La Palma tras el volcán.

Aquellos casos, los de los cuatro expedientes que no cubren sus reintegros con la ayuda de minimis, son pocos pero bien conocidos en la isla (también otros con las cifras más abultadas del perdón), pues se trata de personas jurídicas con representantes muy presentes en actividades de organizaciones agrarias y patronales del sector platanero. La parte que esté por encima de los 50.000 euros de la cifra final del reintegro sí deberá ser reembolsada a la Consejería de Agricultura, acto administrativo que se resolverá a la vez que se acepte la ayuda de minimis. Habrá firma presencial en el caso de las personas físicas y tramitación por sede electrónica para las personas jurídicas, como se verá más adelante.

También ya se conoce que algún potencial beneficiario presentará su renuncia a participar en ese proceso, lo que significa que no aceptará la compensación y sí optará por formalizar el reintegro, algo que ha propuesto como solución más razonable, ética y legal la organización profesional agraria Palca-Unión de Uniones, la única que ha realizado esta apuesta.

Agricultura ahora se da mucha prisa

Tras estas primeras compensaciones, que se pretenden formalizar a partir de estos días, la Consejería de Agricultura deberá culminar una segunda fase (también en la citada disposición adicional), que es la que implica tener que compensar con el mismo regalo o muy parecido a los demás plataneros de la isla, los que no tuvieron el problema del reintegro, este concentrado en los 1.296 titulares con explotaciones plataneras en los cinco municipios con más afección del volcán: Los Llanos de Aridane, El Paso, Tazacorte, Fuencaliente y Tijarafe.

La segunda fase beneficiará a algo más de 2.000 titulares de explotaciones localizadas en los otros nueve municipios de la isla (a los que se prevé que lleguen algo más de dos millones de euros, según primeras estimaciones), todos menos los previamente beneficiados por la compensación extra de renta de la campaña 2021-22, que fueron los radicados en aquellos cinco municipios. Estos suman casi 1.300 titulares de fincas, son los que debían reintegrar 3,5 millones de euros y serán los primeros en recibir el perdón.

Narvay Quintero avisa a los ‘premiados’

La Consejería de Agricultura ya ha informado a las entidades plataneras con agricultores en La Palma sobre “cómo va a ser la notificación individual de la orden de concesión de las ayudas de minimis previstas en la disposición adicional quincuagésima de la Ley 9/2025, de 23 de diciembre y de Presupuestos Generales de la CAC para 2026”.

Estas, como se ha indicado, son las ayudas perdón o los regalos dirigidos solo a aquellos titulares de explotaciones plataneras que percibieron un pago a cuenta (adelantado) en exceso, superior al real o al finalmente aprobado, dentro de los beneficiarios de los apoyos directos por pérdida de renta correspondientes a la campaña platanera 2021-2022 en La Palma (las fincas localizadas en cinco municipios de la isla, los más perjudicados por el volcán). Fue una medida arbitrada por los efectos negativos en ese cultivo de la erupción del Tajogaite (de septiembre de 2021), entonces desarrollada desde la Consejería de Agricultura con la socialista palmera Alicia Vanoostende al frente, la que fuera consejera en el periodo 2019-23. El problema se produjo al pagar adelantos según unas previsiones de compensación con diseño público que más tarde no se cumplieron (al cierre de la campaña), según la valoración final de pérdida de renta aplicada, que fue la realizada por el consorcio Agroseguro.

Ahora, tras CC forzar la inclusión de la citada disposición adicional en la Ley de Presupuestos Generales de la CAC para 2026 (solo con la oposición frontal de NC), con esta muy discutida base legal, se ha procedido a la consumación de esos regalos, cuestión impulsada por CC en La Palma y solución administrativa gestionada desde la Consejería de Agricultura, ahora con Narvay Quintero de titular (AHI). Y esto se hace a través de la aprobación de ayudas de minimis a los plataneros amenazados con reintegros parciales de esa ayuda directa y especial por el volcán, la de la campaña 2021-22.

El citado perdón suma una cantidad global de 3,5 millones de euros (el valor total de los reintegros), fondos que, en menor cuantía general (porque hay reintegros de titulares, los menos -cuatro-, que son superiores al máximo de la ayuda de minimis, de 50.000 euros, y los que estén por encima de este umbral sí tendrán que devolver el resto no cubierto con esta compensación ad hoc), no tendrán que devolver los 1.300 beneficiarios (1.296, para ser exactos) de esta fórmula, solo en esta primera fase o parte inicial de la medida adoptada según la disposición adicional. El dinero público utilizado pertenece a fondos propios de la CAC.

Según la comunicación oficial ya remitida (esta semana) desde la Consejería de Agricultura a entidades plataneras de La Palma y a las organizaciones de productores de plátanos (OPP), información a la que ha tenido acceso este periódico digital, “la notificación de esas ayudas se va a realizar en la oficina de la empresa pública Gesplan en La Palma, la ubicada en la avenida Carlos Francisco Lorenzo Navarro, número 57, bajo [Los Llanos de Aridane], para así poder disponer de más personal ubicado en La Palma. Habrá personal de la Dirección General de Agricultura, de la Viceconsejería de Sector Primario y de Gesplan”.

En el contenido de ese correo electrónico, se indica que “el horario de atención al público será desde las 9.00 hasta las 13.30, y citaremos a la gente por días, sin horas concretas, para que se pasen en el horario mencionado a firmar la documentación, entre otra la aceptación de la ayuda de minimis. Dicha citación será por llamada telefónica. Esta notificación solo se va a realizar a las personas físicas. Las personas jurídicas serán notificadas por sede electrónica y deberán aportar la declaración responsable firmada por registro general mediante sede electrónica (…)”. Se trata de un diseño de entrega o aceptación de estas nuevas ayudas que se convierte en un alarde para evitar la transparencia.

La misma comunicación hace una serie de advertencias al beneficiario: “Cabe recordar que los interesados de la ayuda deben acudir con su DNI para poder ser identificados. Se les entregará la notificación de la orden [resolución de concesión individual, que no se ha publicado con acceso universal] acompañada del anexo individualizado. Asimismo, tendrán que firmar la declaración responsable que acompaña a la orden y un recibí de la notificación. Ambos documentos son necesarios para la efectividad de la ayuda”.

Luego, en su parte final, el texto trasladado por la Consejería recuerda a los receptores de las ayudas de minimis cómo se ha desarrollado todo este proceso para el perdón de los reintegros de subsidios cobrados de más por plataneros de La Palma con cargo a la campaña 2021-22 y anclados en las consecuencias del volcán.

Disposición adicional metida en la Ley de Presupuestos

Luego, ya se termina con esta redacción: “Como aclaración y para poder ayudarles a entender esta ayuda, la disposición adicional quincuagésima de la Ley 9/2025, de 23 de diciembre, dice: Ayudas de minimis al sector platanero afectado por la erupción volcánica de la isla de La Palma del año 2021.

1) La persona titular de la consejería competente en materia de agricultura concederá en el primer trimestre del año 2026 [va a ser en el tercero], previa modificación presupuestaria que resulte necesaria, una ayuda de minimis a quienes hubiesen sido beneficiarios de las ayudas por pérdida de renta como consecuencia de la erupción volcánica de la isla de La Palma del año 2021, correspondiente a la campaña 2021-2022, que obtuvieron un pago a cuenta en exceso una vez aplicada la fórmula del artículo 30.7 del Reglamento 702/2014, de la Comisión y de 25 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas en los sectores agrícolas y forestales y en zonas rurales compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la UE.

La cuantía de tales ayudas se corresponderá con el mismo importe del exceso resultante del pago a cuenta de las ayudas por pérdida de renta y hasta el límite [máximo de la ayuda de minimis de 50.000 euros] establecido en el Reglamento (UE) 2024/3118, de la Comisión, de 10 de diciembre de 2024 y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1408/2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la UE a las ayudas de minimis en el sector agrícola.

Aquellos beneficiarios de las ayudas en los que el importe de exceso del pago a cuenta por pérdida de renta supere el importe máximo de la ayuda de minimis [50.000 euros] concedida deberán reintegrar la diferencia previa tramitación del correspondiente expediente [esto explica que la cifra total compensada a través de las minimis sea algo menor -en algo más de 100.000 euros- a la suma de los reintegros: 3,5 millones de euros].

2) La concesión de la ayuda prevista en el apartado anterior no requerirá de aprobación del gasto, toda vez que tales importes se encuentran en poder de la beneficiaria.

3) Asimismo, se habilita a la persona titular de la consejería competente en materia de agricultura, previa tramitación de las modificaciones de crédito que resulten precisas, a conceder ayudas de minimis por la pérdida de producción producida en la campaña 2021-2022 al resto del sector platanero de la isla de La Palma [a unos 2.000 agricultores y en torno a dos millones de euros más, según las primeras estimaciones], como consecuencia de la erupción volcánica sufrida en esta isla en el año 2021 [al final se amplió a todos los productores palmeros, para evitar reclamaciones y denuncias y para buscar amplios consensos sociales y políticos en la isla].

4) La tramitación de estas ayudas no requerirá de la emisión del informe de la Dirección General de Asuntos Europeos“ [algo en lo que ha centrado su rechazo, entre otros asuntos, el grupo parlamentario NC].

El Gobierno de Castilla-La Mancha trabaja para que se pueda anticipar el pago de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) antes del 16 de octubre, sí así lo determina la Unión Europea, tal y como ha manifestado el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán.

En rueda de prensa a preguntas de los medios en Toledo, ha reaccionado de este modo después de que el diera su visto bueno el pasado martes para que los Estados de la Unión Europea puedan aumentar y adelantar la distribución de los anticipos de los pagos directos de la Política Agraria Común (PAC) para ayudar a los agricultores a hacer frente al encarecimiento de los fertilizantes.

El Parlamento Europeo aprobaba el pasado martes la posibilidad de que los Estados miembros puedan aumentar del 70% al 75 % los anticipos de los pagos directos de la PAC y abonarlos inmediatamente después de que presenten la solicitud, en lugar de esperar al 16 de octubre, como establecen las normas vigentes. La propuesta, que salió adelante con 576 votos a favor, 62 en contra y 15 abstenciones, deberá ser adoptado formalmente por el Consejo de la UE.

“Claro que lo contemplamos”, ha afirmado el consejero, aunque ha querido puntualizar que es un proceso “complicado” porque se pide el adelanto de estas ayudas antes del 16 de octubre y al mismo tiempo se atrasa el cierre de campaña de la tramitación de la PAC.

“Atrasamos el plazo de la PAC, con lo cual ya no podíamos revisar los expedientes. Si anticipamos en este caso el anticipo del 70%, tendríamos que entender que los funcionarios se van a dar una 'pechá' de trabajo, como se dice en mi pueblo, importantísima”, ha manifestado el consejero.

Si se atrasa el periodo de establecer la solicitud de los expedientes y se adelantan los anticipos, “por medio hay necesidades administrativas, revisiones de expedientes, que exige la propia Unión Europea y que tienen que determinar si los expedientes están perfectamente desarrollados o si tienen algún tipo de incidencia”, ha afirmado.

Además, hay que dar además posibilidad y plazo para que los agricultores y los solicitantes tengan esa posibilidad de poder solucionar esas incidencias, ya que, si no, no podrían cobrar a tiempo las subvenciones los anticipos que se han determinado.

En este punto, ha recordado que el año pasado Castilla-La Mancha fue la única comunidad de España que el 16 de octubre pagó el anticipo de la PAC en el 70 por ciento.

Caminos Rurales

Por otro lado, el consejero de Agricultura ha avanzado que este martes se va a publicar la orden de bases para la mejora de caminos rurales.

Es una subvención que vendrá posteriormente con la convocatoria que se realizará en los próximos días, “muy demandada” por muchos municipios de la región.

Todos los municipios que aparezcan en el anexo 1 de estas bases de convocatoria serán los que tendrán opción a poder acceder a las ayudas que se establecerán en la convocatoria y que se financiarán con cargos del Feader, en los que participa la Administración General del Estado y la propia Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

En este caso, se subvencionará el 100% de los gastos elegibles que vienen definidos en esas bases y tienen el objetivo de mejorar el acceso a las explotaciones agrarias y ganaderas de la región.

El dictamen para la Estrategia del Relevo Generacional en la Agricultura europea, que hoy ha defendido el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ante el Comité de las Regiones que se ha celebrado en el Parlamento Europeo, se ha aprobado por unanimidad.

Esta es la primera vez que un presidente de Castilla-La Mancha defiende un dictamen ante el pleno, según ha señalado el propio Page momentos antes de entrar en la sesión donde también ha recordado que, precisamente, hoy se cumple 11 años de su primera Investidura como presidente de la región.

García-Page ha recordado en su intervención ante el Comité de las Regiones el “amplísimo  consenso” que había alcanzar este dictamen en comisión, “tras un proceso intenso de escucha y de participación de organizaciones agrarias, administraciones, entidades y responsables públicos”.

El ponente ha resumido el relevo generacional como “un reto síntesis de todos los que nos podemos plantear en el medio rural, el reto de los retos. Muchos de los retos que tiene el campo y la política europea pasan por la incorporación de jóvenes”, ha dicho.

Según ha expuesto, la propuesta que ha salido adelante plantea “una apuesta decidida por la PAC tal y como la venimos conociendo, en contra de las posiciones iniciales que la Comisión Europea mantiene para la PAC”, y que se “dedique un 10% de sus fondos de la Política Agraria a la incorporación de jóvenes al campo”. Sobre este tema ha puesto sobre la mesa la necesidad de una rectificación de la Comisión en la política agraria, para “volver a un planteamiento ambicioso, asumiendo que cualquier gasto adicional que tenga que hacer la Unión Europea en relación con otras políticas no lo sea a costa del campo, de nuestro campo y de la ganadería”.

Además, “se establecen estrategias obligatorias para estímulos fiscales para los jóvenes, ayudas para la adquisición de maquinaria e instalaciones, para ayudarles en el comienzo y los siguientes cinco años”. Para el presidente Page, esta política es la misma que se viene desarrollando en Castilla-La Mancha y por eso “abanderamos la estrategia nacional de incorporación de jóvenes, la mitad de los que se incorporan en toda España se produce en Castilla-La Mancha. Esto nos hace ser líderes y abanderar un dictamen para que nuestra policía sea la común en toda la UE”, ha dicho.

En su ponencia ha ofrecido también algunas cifras de la situación actual para un problema “grave”, ya que “solo un 12% de las personas que se dedican al sector agrario y ganadero están por debajo de 40 años”. Por ello, -ha dicho- “esta propuesta no solo se basa en la apuesta por la soberana alimentaria sino que también es un grito de auxilio para la pervivencia del mundo rural en perfecto conciliación con el mundo urbano”.

Para acabar, momentos antes de la votación, ha reseñado que apoyar a los jóvenes también es “una forma de rentabilizar la inversión que durante años y años ha venido haciendo la UE en la Política Agraria Común. Sería triste que después de tanto dinero invertido, el final de todo ese esfuerzo termine en la no incorporación de jóvenes”.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha detallado hoy los pagos que se harán a los próximo días a los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha tal y como anunció el presidente regional, Emiliano García-Page.

El consejero, que ha asistido a una de las clases prácticas de un curso de la Escuela de Pastores que se está desarrollando esta semana en una explotación de Molina de Aragón, ha anunciado que este mismo viernes se realizará un pago de ayudas agroambientales por algo más de seis millones de euros. De esta cantidad, hasta 5,6 millones corresponden a pagos compensatorios por zonas de montaña, que llegarán a 2.701 personas beneficiarias. El resto del importe hasta alcanzar los seis millones corresponde con las ayudas al viñedo de secano, que en total recibirán más de 112.000 euros, y a la conservación de razas autóctonas amenazadas por erosión genética, a la que se destinan otros 250.000 euros.

También ha adelantado que a partir del día 26 de este mes, la Consejería pagará cerca de cinco millones de euros de las ayudas al bienestar animal en ovino y caprino extensivo y semiextensivo de la campaña 2025, a un total de 1.577 ganaderas y ganaderos de la región. Con estas ayudas se compensa por realizar, de forma voluntaria, actuaciones tendentes a mejorar el bienestar de su cabaña ganadera y dar lugar a una mejora de la calidad de la producción ganadera.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha avanzado hoy que “este mes de junio llegaremos a liquidar 90 millones de euros más en la Política Agraria Comunitaria, con los que habremos superado el desembolso de la PAC en toda la región, que fue de 650 millones”, un dato que, a su juicio, “pone de manifiesto que la PAC que estamos ahora gestionando estuvo mejor negociada que la anterior y nos reta a pelear con uñas y dientes para que se venga abajo la propuesta de la Comisión Europea en relación con la Política Agraria Comunitaria”.

Así lo ha dado a conocer el presidente durante la inauguración de la ampliación del centro de producción de la compañía ‘Pernod Ricard’ en Las Labores (Ciudad Real), a cuyos responsables ha felicitado por su éxito y eficiencia basados en “su forma de hacer el trabajo”. Asimismo, García-Page ha reconocido en este acto supone “un perfecto hermanamiento” de ambos países, España y Francia, “que ahora pondremos un poco en paréntesis con el Mundial”, ha bromeado.

García-Page, que se ha felicitado de que Castilla-La Mancha sea “una gran despensa agroalimentaria del planeta, pero básicamente lo es en España y lo es en el mundo”, ha recordado que la región cuenta con un sector agroalimentario “que pesa más en la riqueza regional y estamos batiendo récords de riqueza históricos, es decir, en la tarta de la riqueza, el campo, la agricultura, la ganadería y toda la industria de transformación, pesa hoy más que hace diez o veinte años”.

Asimismo, ha puesto en valor que el campo castellanomanchego se haya convertido “en una gran industria extraordinaria” con altas cotas “de innovación”, algo a lo que ha ayudado “y mucho” la Unión Europea con ayudas como la PAC. En este sentido, ha recordado que el próximo mes de julio, en Bruselas, “tenemos un hito importante, porque Castilla-La Mancha defenderá uno de los pilares que justifican que la Política Agraria Comunitaria no puede venirse abajo”.

Por ello, ha confiado en que “los esfuerzos que se están haciendo desde muchos sectores, el sector del campo, los sindicatos agrarios, desde luego los sectores económicos y, por supuesto, los políticos, empezando por Castilla-La Mancha, van a terminar rindiendo”, hasta el punto de que “la mitad del desastre que supuso la primera propuesta de la Comisión Europea, la mitad ya se ha ido salvando”, ha considerado, “y creemos objetivamente que podemos avanzar hasta el punto de conseguir una razonable PAC que en esta tierra significa muchas cosas, pero significa también la garantía para Europa de tener autonomía y soberanía alimentaria”.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizan, ha avanzado que este próximo viernes, 29 de mayo, su departamento pagará casi 5,4 millones de euros repartidos en tres líneas de ayudas.

Por un lado, se va a realizar el primer pago del girasol medioambiental a 780 beneficiarios con un importe un total de 4,6 millones, siendo 529 los beneficiarios la provincia de Cuenca y 230 titulares de Guadalajara, informa el Gobierno regional.

Por otro, ya se han enviado las resoluciones definitivas de las ayudas de apicultura para la biodiversidad, correspondientes a la convocatoria 2025, realizándose “el primer pago de esta convocatoria a 107 titulares por más de 344.000 euros también este viernes, día 29”, ha detallado el consejero. Además, hay un tercer pago, de 426.600 euros, para jóvenes incorporados.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha constituido hoy en Guadalajara la Mesa Provincial del Conejo de Monte con el objetivo de reforzar la coordinación institucional y seguir avanzando en la lucha contra la sobrepoblación de esta especie, especialmente en las zonas del Corredor del Henares y el suroeste de la provincia, donde la proliferación de conejos está ocasionando importantes daños en cultivos e infraestructuras.

La reunión ha estado presidida por el viceconsejero de Medio Ambiente, José Almodóvar, y la delegada de la Junta en Guadalajara, Rosa María García, y ha contado también con la participación de los delegados provinciales de Desarrollo Sostenible, Rubén García, y de Fomento, Javier del Molino, además de representantes de la Delegación provincial de Agricultura, Subdelegación del Gobierno, organizaciones agrarias como UPA y APAG y colectivos cinegéticos como ATICA y la Federación de Caza.

Durante el encuentro, José Almodóvar ha explicado que estas mesas provinciales dan continuidad a los acuerdos adoptados el pasado 24 de abril en la Mesa Regional del Conejo de Monte y nacen “con el objetivo de hacer un seguimiento mucho más cercano al territorio y reunir a todos los organismos implicados en la gestión de esta problemática”.

La Mesa Provincial del Conejo de Monte se configura como un espacio estable de diálogo, coordinación y seguimiento entre administraciones, organizaciones agrarias y representantes del sector cinegético para analizar la evolución de la situación y evaluar la eficacia de las medidas puestas en marcha por el Ejecutivo autonómico.

En este sentido, el viceconsejero ha detallado algunas de las actuaciones incluidas en el Plan de Acción frente a la Sobrepoblación de Conejo de Monte, impulsado por el Gobierno regional y dotado con una inversión estimada cercana a los cuatro millones de euros. Entre ellas, ha destacado la puesta en marcha de los equipos ECOFA de control de fauna gestionados a través de la empresa pública GEACAM, que realizan las capturas mediante hurón y capillo, la autorización a agentes medioambientales para realizar control nocturno con herramientas como visores nocturnos y rifles de calibres bajos, así como la ampliación de la comarca de emergencia cinegética.

Almodóvar ha subrayado que “el año pasado teníamos unos 23 municipios en la provincia de Guadalajara incluidos en la comarca de emergencia cinegética y este año hemos pasado a 55 municipios buscando anticiparnos a la sobrepoblación de conejos”. Asimismo, ha señalado que desde el 1 de enero se han capturado ya alrededor de 123.000 conejos en la provincia de Guadalajara dentro de las distintas medidas de control activadas, que han propiciado que, a nivel regional, estas capturas se eleven hasta los 644.000 ejemplares capturados.

El viceconsejero también ha anunciado que el próximo mes se publicará una orden de ayudas para apoyar económicamente a agricultores afectados por esta problemática mediante protectores individuales y vallados colectivos para explotaciones agrícolas. Además, los agricultores podrán solicitar autorización para utilizar jaulas y trampas de captura dentro del marco normativo vigente.

Por su parte, la delegada de la Junta en Guadalajara, Rosa María García, ha señalado que “la sobrepoblación del conejo de monte necesita medidas extraordinarias” y ha defendido la importancia de estas mesas provinciales “para poner encima de la mesa cuáles son actualmente las cifras, las consecuencias que esta situación está teniendo en nuestro territorio y las medidas excepcionales que el Gobierno regional ha puesto en marcha”.

García ha incidido en que “esta sobrepoblación está causando realmente problemas en nuestro territorio y necesita medidas rápidas de actuación”, al tiempo que ha valorado la implicación y colaboración de todas las administraciones, organizaciones agrarias y colectivos cinegéticos para avanzar en soluciones eficaces frente a esta problemática.

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, ha reclamado al Ejecutivo extremeño ayudas “urgentes” para los productores de cereza afectados por las lluvias del pasado fin de semana y ha exigido que se actúe “de inmediato” para evaluar los daños en las explotaciones del norte de la provincia de Cáceres.

Sánchez Cotrina ha visitado este miércoles la localidad de Valdastillas acompañado por alcaldes y alcaldesas de la comarca y por el presidente de la Agrupación de Cooperativas del Valle del Jerte, José Antonio Tierno, para conocer sobre el terreno el impacto de las precipitaciones en plena campaña de recogida.

Durante la visita, el dirigente socialista ha mantenido encuentros con cereceros de la zona y ha comprobado el estado de la fruta dañada por las tormentas y el granizo. “He querido estar aquí cuanto antes porque el PSOE de Extremadura va a estar a pie de calle, dando la mano a la gente en las buenas, pero sobre todo en las malas”, ha afirmado.

El líder socialista ha reclamado al consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Natural, Juan José García, “que visite de inmediato las comarcas afectadas” y que la Junta despliegue equipos técnicos para evaluar los daños ocasionados en el Valle del Jerte, Ambroz, Hurdes y La Vera. Además, ha pedido la creación de ayudas directas para compensar las pérdidas de los productores y cubrir al menos los costes de producción derivados de los daños sufridos en la campaña.

Sánchez Cotrina también ha reclamado una revisión de los seguros agrarios para adaptarlos “a la realidad del cultivo de la cereza”, con mayores coberturas frente al rajado por lluvias y otros fenómenos meteorológicos adversos.

Asimismo, ha preguntado a la presidenta de la Junta, María Guardiola, por el proyecto de planta de compostaje para el Valle del Jerte que, según ha señalado, “prometió y sigue sin ser una realidad”.

El secretario general del PSOE extremeño ha anunciado además que el Grupo Parlamentario Socialista ha registrado este miércoles en la Asamblea de Extremadura una propuesta de impulso con medidas de apoyo al sector cerecero. La iniciativa incluye ayudas específicas para industrias y cooperativas de cereza, así como medidas de financiación y acceso a créditos para garantizar la actividad empresarial y afrontar futuras campañas.

“El campo extremeño no puede seguir esperando mientras los productores ven cómo se pierde su trabajo y su renta. La Junta tiene que actuar ya”, ha concluido Sánchez Cotrina. 

Las ayudas millonarias que recibe la familia real de Emiratos Árabes Unidos (EAU) por cultivar en España y otros países europeos, desvelada el jueves en una investigación internacional de elDiario.es junto a otros medios, ha llevado a Sumar, socio del Gobierno de Pedro Sánchez, a registrar una batería de preguntas para exigir explicaciones sobre el caso. 

Paralelamente, los comuns han registrado también diversas cuestiones en el Parlament para la Generalitat de Catalunya —que ha aportado casi un millón de euros durante los últimos cinco años a las empresas emiratíes— y ha pedido la comparecencia del conseller de Agricultura en la cámara catalana. 

“Más allá de si las ayudas cumplen con los actuales requisitos legales, genera cierta alarma la capacidad de control de mercado que agentes de países fuera de la Unión Europea tienen sobre un sector estratégico como el agrícola”, reza el escrito registrado por Sumar. 

El partido liderado por la ministra de trabajo, Yolanda Díaz, pregunta al Ejecutivo si los pagos desvelados por este periódico pueden considerarse ayudas de Estado a un tercer país de fuera de la UE a través de las subvenciones de la PAC (Política Agraria Común) y si estas transferencias podrían contribuir a la adulteración del mercado interno español y de la UE.

El escrito de Sumar también pone énfasis en el control por parte de un país ajeno a la UE de parte del territorio para la producción agrícola dedicada casi de manera exclusiva a la exportación y cuestiona, a su vez, si los hechos desvelados pueden afectar a la soberanía nacional. También destaca la “explotación de recursos hídricos” por parte de empresas controladas por terceros países “en un contexto de cambio climático con recurrentes problemas de escasez de agua”.

En Catalunya, los comuns han pedido la comparecencia del conseller de Agricultura, Oscar Ordeig, para informar sobre los pagos desvelados a la empresa Al Dahra, controlada en última instancia por diversos miembros de la dinastía Al Nahyan, que gobierna desde Abu Dabi al resto de emiratos del país. 

El partido liderado por Jèssica Albiach, a su vez, cuestiona al Govern catalán la falta de capacidad negociadora de los productores locales de alfalfa tras la llegada a la zona del gigante agroalimentario de Emiratos Árabes Unidos y pregunta qué controles se están aplicando sobre los receptores de ayudas públicas en el campo catalá.

También preguntan los comuns qué piensa hacer el Ejecutivo de Salvador Illa (PSC) para proteger a los productores locales ante los potenciales abusos en el mercado que estos grandes grupos pueden imponer.

Preguntas a la Comisión Europea

El eurodiputado Jaume Asens, también de Sumar e integrado en el grupo de Los Verdes en el Parlamento Europeo, ha registrado en paralelo una batería de preguntas dirigidas a la Comisión Europea para averiguar si ha iniciado alguna investigación sobre si las aportaciones del fondo soberano emiratí ADQ a sus filiales europeas pueden considerarse “subvenciones extranjeras” y si su acumulación con las ayudas de la PAC “falsean la competencia” en el mercado agrícola comunitario.

Asens, a su vez, solicita a la Comisión que verifique si los pagos de la PAC destinados a las empresas controladas por la familia real de EAU cumplen las condiciones medioambientales exigidas por el reglamento europeo.

Asens no ha sido el único eurodiputado que ha mostrado su indignación tras la publicación de la investigación. El eurodiputado austríaco Thomas Waitz, coordinador de Los Verdes/ALE en la Comisión de Agricultura, ha señalado que los hechos desvelados son “un escándalo a la vista de todos” y van mucho más allá de un “vacío legal”.

“Piénsenlo un momento: la segunda familia más rica del mundo, que gobierna un Estado sin prensa libre ni oposición política, no debería recibir subvenciones de la política agrícola de la UE”, ha afirmado. “Ese dinero nunca estuvo destinado a dinastías de combustibles fósiles; está pensado para reforzar a los verdaderos agricultores europeos”.

La familia real que gobierna Emiratos Árabes Unidos recibió, solo entre 2019 y 2024, más de 71 millones de euros en subvenciones europeas por cultivar alimentos en suelo comunitario que posteriormente son exportados al golfo Pérsico.

Los fondos llegaron a través de un entramado de empresas y filiales controladas por la dinastía Al Nahyan, la familia que dirige el país. Tras una agresiva campaña de adquisición de compañías europeas, los Al Nahyan controlan hoy cerca de 65.000 hectáreas de tierras agrícolas en España, Italia y Rumanía, dedicadas al cultivo de alfalfa, cereales y otros productos básicos.

En una investigación internacional junto a DeSmog (Reino Unido), G4Media (Rumanía) y The Guardian (Reino Unido), elDiario.es ha analizado las ayudas percibidas por la monarquía emiratí a través de una madeja de sociedades controladas en última instancia por un fondo soberano de Abu Dabi, uno de los siete emiratos que forman el país.

El análisis identifica más de 110 pagos a empresas controladas por la familia real emiratí procedentes de fondos públicos de la Unión Europea durante ese periodo. 

A esta cifra hay que sumarle cerca de un millón aportado por la Generalitat de Catalunya entre 2020 y 2025 a una de las empresas del grupo y más de 16 millones pagados por el Ejecutivo de Rumanía a otra filial.

Buena parte de estas ayudas proceden de la Política Agraria Común (PAC), que reparte alrededor de 54.000 millones de euros al año entre agricultores de la UE. La mayoría de estos fondos se asigna en función de la superficie cultivada, lo que favorece a los grandes propietarios. Solo entre 2018 y 2021, diecisiete multimillonarios recibieron 3.300 millones de euros en ayudas.

En este caso, sin embargo, el dinero público europeo termina beneficiando a una autocracia en la que, según las principales organizaciones internacionales de derechos humanos, se restringen las libertades políticas, se encarcela a activistas y la homosexualidad está tipificada como un delito grave. 

La familia Al Nahyan, además, está considerada la segunda más rica del mundo, con un patrimonio de 270.000 millones de euros procedentes de sus reservas de petróleo, entre otros. Se trata de la dinastía que protege a Juan Carlos I en Abu Dhabi tras el exilio forzoso del rey emérito a ese emirato por sus escándalos fiscales.

“La PAC no está ayudando a los agricultores de la UE; sigue enriqueciendo a los propietarios de tierras más ricos”, afirma Faustine Bas-Defossez, directora de medio ambiente de la entidad European Environmental Bureau. “Y ahora, aún peor, está alimentando a regímenes autocráticos”.

La red de filiales en la UE de la familia real Al Nahyan

Jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan

Emir de Abu Dabi y presidente de los Emiratos Árabes Unidos (EAU)

Jeque Hamdan Bin Zayed Al Nayhan

Hijo del presidente anterior y 'padre fundador' de los EAU

Jeque Zayed Bin Hamdan Al Nahyan

Casado con la hija del presidente

Jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan

Príncipe heredero de Abu Dabi y probable próximo presidente de los EAU

L’IMAD (EAU)

El fondo soberano más reciente de Abu Dabi

Al Dahra (EAU)

Multinacional agroalimentaria con más de 60 explotaciones agrícolas

ADQ (EAU)

El fondo soberano de Abu Dabi, con más de 212.000 millones de euros en activos

Agricost

(Rumanía)

La mayor explotación agrícola de Europa, dedicada a la producción de piensos y semillas oleaginosas

Al Dahra Europe (España)

Principal productor, procesador y exportador de piensos para animales

Unifrutti (Italia)

Produce cítricos, peras y uvas

La red de filiales en la UE de la familia real Al Nahyan

Jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan

Emir de Abu Dabi y presidente de los Emiratos Árabes Unidos (EAU)

Jeque Hamdan Bin Zayed Al Nayhan

Hijo del presidente anterior y 'padre fundador' de los EAU

Jeque Zayed Bin Hamdan Al Nahyan

Casado con la hija del presidente

Jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan

Príncipe heredero de Abu Dabi y probable próximo presidente de los EAU

L’IMAD (EAU)

El fondo soberano más reciente de Abu Dabi

Al Dahra (EAU)

Multinacional agroalimentaria con más de 60 explotaciones agrícolas

ADQ (EAU)

El fondo soberano de Abu Dabi, con más de 212.000 millones de euros en activos

Agricost (Rumanía)

La mayor explotación agrícola de Europa, dedicada a la producción de piensos y semillas oleaginosas

Al Dahra Europe (España)

Principal productor, procesador y exportador de piensos para animales

Unifrutti (Italia)

Produce cítricos, peras y uvas

La silenciosa irrupción en el campo europeo

En poco más de 15 años, la dinastía emiratí, dueña también del fondo Mubadala (propietario en España de la petrolera Moeve, antigua Cepsa) se ha consolidado como uno de los grandes actores agrícolas globales tras adquirir tierras y empresas en África, Sudamérica y Europa, hasta el punto de controlar actualmente unas 960.000 hectáreas de cultivo en todo el mundo.

Esta expansión responde a una estrategia de “seguridad alimentaria” destinada a garantizar el suministro de alimentos hacia un país con fuertes limitaciones de agua.

En Europa, la expansión se ha canalizado a través de tres grandes empresas —una para España, otra para Italia y otra para Rumanía— controladas en última instancia por un fondo soberano de Abu Dabi.

En España, el grupo opera actualmente a través de Al Dahra Europe, un holding encargado de gestionar participaciones en distintas empresas (en el registro mercantil aparecen hasta siete sociedades en España). La firma y sus filiales recibieron más de dos millones de euros en fondos europeos durante el periodo analizado, además del millón aportado por la Generalitat.

La filial española controla seis instalaciones concentradas en apenas 200 kilómetros cuadrados en el Pla de Lleida, además de una sede en Aragón. Su llegada a esta zona de Catalunya se produjo en 2012, cuando adquirió las principales empresas locales dedicadas al cultivo de alfalfa y cerró acuerdos con la mayoría de los productores locales.

“Aquí en el pueblo tienen el monopolio: o lo tomas o lo dejas”, explica Josep Ripoll, agricultor de Fondarella (Lleida) que vende su producción a la empresa emiratí. “Antes de que llegaran todo era más fácil y ganábamos tres veces más”.

Felip Llovera, responsable de Agricultura del Ayuntamiento de Bellvís, donde la compañía tiene otra de sus plantas, también sostiene que la situación se ha “monopolizado” tras la llegada de los jeques a la zona. “Antes había dos o tres empresas y ahora solo hay Al Dahra”, apunta. 

Jaume Pedrós, productor de alfalfa y coordinador local del sindicato Unió de Pagesos, reprocha que en ocasiones la empresa altera los precios del mercado porque pueden permitirse pérdidas al tener el dinero del petróleo detrás.

“Al final lo que ellos quisieran es que el resto de cooperativas cerráramos y así podrían imponer a todos su manera de trabajar”, señalaba durante una entrevista a mediados de abril en Linyola (Lleida).

La compañía mantiene un contrato a largo plazo con el Gobierno emiratí para suministrar forraje destinado a la alimentación animal. En Emiratos, estos cultivos están restringidos por su elevado consumo de agua —entre 8.000 y 10.000 metros cúbicos por hectárea al año—. Según datos de la propia empresa, el 98% de los alimentos producidos en España se exportan.

Los mayores ingresos por subvenciones a la familia real de Emiratos proceden, sin embargo, de Rumanía, donde el grupo controla la empresa Agricost. Esta explotación, situada en tierras arrendadas al Estado, es la mayor finca agrícola consolidada de la UE, con una extensión de unos 11 kilómetros de largo por 60 de ancho.

Agricost fue el principal receptor corporativo de ayudas de la PAC en Rumanía en 2020 y percibe alrededor de 11 millones de euros anuales. En Italia, donde el grupo adquirió la empresa Unifrutti, las ayudas fueron muy inferiores, sumando 186.000 euros entre 2019 y 2024.

Christian Henderson, profesor de estudios de Oriente Medio en la Universidad de Leiden, critica este modelo de inversión, especialmente en países como Rumanía. “La inflación es un problema. Hay pobreza [en el país]”, señala. “¿Qué implica que los recursos agrícolas pasen a manos de inversores extranjeros? La mayoría de la producción se exporta inmediatamente”.

También Greenpeace cuestiona estas ayudas, cuyo futuro se debatirá este año en la Comisión Europea. “Es otro ejemplo de la profunda crisis de legitimidad de la PAC”, afirma Marco Contiero, responsable de Agricultura de la ONG en Europa. “Millones de pequeñas explotaciones reciben poco apoyo mientras una minoría, normalmente rica, acapara la mayor parte de los subsidios”.

En una respuesta por escrito, la Comisión Europea señala a este grupo de medios que no gestiona directamente los pagos de la PAC, sino que son responsabilidad de los Estados miembros. Defiende, a su vez, que el sistema actual debe reformarse para dirigir las ayudas a quienes más las necesitan y limitar los pagos a grandes explotaciones.

Al Dahra, Agricost y Unifrutti no han respondido a las reiteradas peticiones de comentar esta publicación. Al cerrar esta edición, la Generalitat de Catalunya tampoco había respondido a diversas solicitudes trasladadas desde el miércoles pasado al Departamento de Empresas.

Lo público y lo privado se confunden

Las inversiones agrícolas son solo una parte de la estrategia global de Emiratos, que abarca desde molinos de grano en Grecia y Bulgaria hasta infraestructuras logísticas y portuarias, pasando por empresas que fabrican lácteos o se dedican a la compraventa de alimentos.

Entre 2008 y 2022, de hecho, el Gobierno emiratí controló la terminal de contenedores del puerto de Tarragona, utilizada para exportar la alfalfa cosechada en las empresas adquiridas en Lleida. La concesión fue retirada posteriormente por incumplimiento de los compromisos de tráfico.

Buena parte de estas inversiones se canalizan a través de estructuras donde lo público y lo privado se difuminan. Por un lado, el Estado utiliza el fondo soberano ADQ, del que dependen parte de las empresas que reciben subvenciones. Otras inversiones se vehiculan a través del conglomerado IHC, formalmente privado pero estrechamente vinculado al poder político.

En conjunto, los activos emiratíes en el extranjero superan los 2.100 millones de euros.

Aunque la estructura actual de la propiedad de Al Dahra no es pública, la compañía fue fundada por el hermano del presidente, el jeque Hamdan bin Zayed Al Nahyan, antes de que el fondo soberano ADQ adquiriera el 50% de la empresa en 2020. El consejo de administración está liderado por el hermano del mandatario del país y por su hijo, el jeque Zayed bin Hamdan Al Nahyan.

Aunque sobre el papel ADQ pertenece al Estado, la mayoría de expertos coinciden en que está bajo control directo de la familia Al Nahyan. Entre 2023 y 2026 estuvo presidido por el jeque Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, otro hermano del presidente, conocido como el “jeque espía” por haber dirigido ciberataques contra disidentes en el país y en el extranjero

Desde enero, el fondo ADQ ha pasado a formar parte de L’imad Holding, presidido por el jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, hijo mayor del presidente y al que algunas fuentes señalan como posible sucesor. ADQ ha declinado comentar este reportaje.

“La idea de que estas empresas son independientes es simplemente una broma”, afirma Marc Valeri, profesor de economía política de Oriente Medio en la Universidad de Exeter. “Se trata de un régimen muy autoritario y represivo, por lo que la diferencia entre los presupuestos del Estado y los de la familia está completamente difuminada”.

Según varios expertos, este tipo de estructuras permiten a los países del Golfo invertir en tierras agrícolas en el extranjero a través de vehículos aparentemente privados, reduciendo el coste político de estas adquisiciones, conocidas como land grabs.

“El caso de Al Dahra ilustra bien cómo se diluye la frontera entre lo público y lo privado”, apunta Henderson, de la Universidad de Leiden. “Los beneficios pueden acabar en manos privadas, aunque también contribuyen a la estrategia nacional de seguridad alimentaria”.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha mantenido esta mañana una reunión con productores del coto arrocero de Hellín a los que ha informado de la nueva ayuda puesta en marcha desde su departamento “para dar continuidad a un cultivo único en la región e incluso a nivel nacional por la peculiaridad de ser el único arroz de montaña que hay en España”.

Según ha indicado la Junta, con esta ayuda, ha continuado Julián Martínez Lizán, “cumplimos con el compromiso adquirido esta legislatura con los productores del coto arrocero de Hellín de respaldar económicamente un cultivo que supone un punto estratégico dentro de nuestra región, porque además de los condicionantes especiales que conlleva mantener viva un área de biodiversidad muy peculiar, es fundamental para entender el modo de vida y la cultura de esta zona, además de lo que supone como actividad económica por la generación de empleo y el mantenimiento de nuestros pueblos vivos”.

El consejero ha destacado de este cultivo su “extrema calidad” como así lo avala que esté protegido por la DOP Calasparra, compartida por tres municipios, Hellín, Calasparra y Moratalla, donde las variedades cultivadas son Balilla X Sollana y Bomba. Ahora, con esta ayuda se pretende “relanzar e incrementar este cultivo” después de que en los últimos años haya disminuido, tal como ha explicado el titular de Agricultura.

Esta línea ha empezado a materializarse ya con la publicación el pasado viernes en el Diario Oficial de la Orden de bases, que recoge estas ayudas públicas en régimen de minimis, que habrá que pedir con la PAC.

Desde el punto de vista del cultivo, Julián Martínez Lizán ha explicado que la intención del Gobierno de Castilla-La Mancha es proteger el coto arrocero de Hellín, compensando a los agricultores por asumir compromisos ambientales más exigentes.

Así, y tal y como explica el texto oficial, se compensará a los agricultores que adopten los compromisos agroambientales de dejar un 5 por ciento de la superficie sin cosechar para fauna o elementos tradicionales, pudiéndolo hacer en una única parcela o en varias; realizar una ‘seca’ de 12 días en el mes de julio; y por último también deben permitir el retorno del agua al río desde los bancales, tal como es tradicional hacerlo. Para justificar la ayuda, deben presentar antes del 30 de noviembre una memoria que demuestre que han cumplido estos requisitos.

En cuanto al montante de la misma, asciende a 400 euros por hectárea, se financiará con cargo a los presupuestos generales de la Junta de Comunidades y, aunque “es una ayuda establecida dentro de la concurrencia competitiva, vamos a atender con total seguridad a todas las solicitudes que se realicen”.

La línea es incompatible con otras ayudas públicas para el mismo fin, pero sí es compatible con la ayuda asociada a la producción sostenible de arroz de la PAC.

Tal como ha explicado el consejero, en la actualidad, en Hellín existen 17 productores según lo declarado en la última campaña de la PAC, aunque esta cifra fluctúa, “puede estar en el entorno de los 20 o 25 porque, en función de en qué comunidad autónoma haya mayor número de superficie, los cultivadores tienen que hacer la PAC en esa comunidad autónoma, es decir, en Castilla La Mancha o en la comunidad de Murcia”.

Por último, Julián Martínez Lizán ha puesto de relevancia el carácter diferenciador de este cultivo “amparado por una denominación de origen, que fue la primera que se creó en España como denominación de origen de alimentos, y, por lo tanto, bien vale la pena luchar por un cultivo que ha ofrecido tanto cultural, paisajística y socialmente a la zona como para que se siga manteniendo vivo”.