El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizan, ha avanzado que este próximo viernes, 29 de mayo, su departamento pagará casi 5,4 millones de euros repartidos en tres líneas de ayudas.

Por un lado, se va a realizar el primer pago del girasol medioambiental a 780 beneficiarios con un importe un total de 4,6 millones, siendo 529 los beneficiarios la provincia de Cuenca y 230 titulares de Guadalajara, informa el Gobierno regional.

Por otro, ya se han enviado las resoluciones definitivas de las ayudas de apicultura para la biodiversidad, correspondientes a la convocatoria 2025, realizándose “el primer pago de esta convocatoria a 107 titulares por más de 344.000 euros también este viernes, día 29”, ha detallado el consejero. Además, hay un tercer pago, de 426.600 euros, para jóvenes incorporados.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha constituido hoy en Guadalajara la Mesa Provincial del Conejo de Monte con el objetivo de reforzar la coordinación institucional y seguir avanzando en la lucha contra la sobrepoblación de esta especie, especialmente en las zonas del Corredor del Henares y el suroeste de la provincia, donde la proliferación de conejos está ocasionando importantes daños en cultivos e infraestructuras.

La reunión ha estado presidida por el viceconsejero de Medio Ambiente, José Almodóvar, y la delegada de la Junta en Guadalajara, Rosa María García, y ha contado también con la participación de los delegados provinciales de Desarrollo Sostenible, Rubén García, y de Fomento, Javier del Molino, además de representantes de la Delegación provincial de Agricultura, Subdelegación del Gobierno, organizaciones agrarias como UPA y APAG y colectivos cinegéticos como ATICA y la Federación de Caza.

Durante el encuentro, José Almodóvar ha explicado que estas mesas provinciales dan continuidad a los acuerdos adoptados el pasado 24 de abril en la Mesa Regional del Conejo de Monte y nacen “con el objetivo de hacer un seguimiento mucho más cercano al territorio y reunir a todos los organismos implicados en la gestión de esta problemática”.

La Mesa Provincial del Conejo de Monte se configura como un espacio estable de diálogo, coordinación y seguimiento entre administraciones, organizaciones agrarias y representantes del sector cinegético para analizar la evolución de la situación y evaluar la eficacia de las medidas puestas en marcha por el Ejecutivo autonómico.

En este sentido, el viceconsejero ha detallado algunas de las actuaciones incluidas en el Plan de Acción frente a la Sobrepoblación de Conejo de Monte, impulsado por el Gobierno regional y dotado con una inversión estimada cercana a los cuatro millones de euros. Entre ellas, ha destacado la puesta en marcha de los equipos ECOFA de control de fauna gestionados a través de la empresa pública GEACAM, que realizan las capturas mediante hurón y capillo, la autorización a agentes medioambientales para realizar control nocturno con herramientas como visores nocturnos y rifles de calibres bajos, así como la ampliación de la comarca de emergencia cinegética.

Almodóvar ha subrayado que “el año pasado teníamos unos 23 municipios en la provincia de Guadalajara incluidos en la comarca de emergencia cinegética y este año hemos pasado a 55 municipios buscando anticiparnos a la sobrepoblación de conejos”. Asimismo, ha señalado que desde el 1 de enero se han capturado ya alrededor de 123.000 conejos en la provincia de Guadalajara dentro de las distintas medidas de control activadas, que han propiciado que, a nivel regional, estas capturas se eleven hasta los 644.000 ejemplares capturados.

El viceconsejero también ha anunciado que el próximo mes se publicará una orden de ayudas para apoyar económicamente a agricultores afectados por esta problemática mediante protectores individuales y vallados colectivos para explotaciones agrícolas. Además, los agricultores podrán solicitar autorización para utilizar jaulas y trampas de captura dentro del marco normativo vigente.

Por su parte, la delegada de la Junta en Guadalajara, Rosa María García, ha señalado que “la sobrepoblación del conejo de monte necesita medidas extraordinarias” y ha defendido la importancia de estas mesas provinciales “para poner encima de la mesa cuáles son actualmente las cifras, las consecuencias que esta situación está teniendo en nuestro territorio y las medidas excepcionales que el Gobierno regional ha puesto en marcha”.

García ha incidido en que “esta sobrepoblación está causando realmente problemas en nuestro territorio y necesita medidas rápidas de actuación”, al tiempo que ha valorado la implicación y colaboración de todas las administraciones, organizaciones agrarias y colectivos cinegéticos para avanzar en soluciones eficaces frente a esta problemática.

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, ha reclamado al Ejecutivo extremeño ayudas “urgentes” para los productores de cereza afectados por las lluvias del pasado fin de semana y ha exigido que se actúe “de inmediato” para evaluar los daños en las explotaciones del norte de la provincia de Cáceres.

Sánchez Cotrina ha visitado este miércoles la localidad de Valdastillas acompañado por alcaldes y alcaldesas de la comarca y por el presidente de la Agrupación de Cooperativas del Valle del Jerte, José Antonio Tierno, para conocer sobre el terreno el impacto de las precipitaciones en plena campaña de recogida.

Durante la visita, el dirigente socialista ha mantenido encuentros con cereceros de la zona y ha comprobado el estado de la fruta dañada por las tormentas y el granizo. “He querido estar aquí cuanto antes porque el PSOE de Extremadura va a estar a pie de calle, dando la mano a la gente en las buenas, pero sobre todo en las malas”, ha afirmado.

El líder socialista ha reclamado al consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Natural, Juan José García, “que visite de inmediato las comarcas afectadas” y que la Junta despliegue equipos técnicos para evaluar los daños ocasionados en el Valle del Jerte, Ambroz, Hurdes y La Vera. Además, ha pedido la creación de ayudas directas para compensar las pérdidas de los productores y cubrir al menos los costes de producción derivados de los daños sufridos en la campaña.

Sánchez Cotrina también ha reclamado una revisión de los seguros agrarios para adaptarlos “a la realidad del cultivo de la cereza”, con mayores coberturas frente al rajado por lluvias y otros fenómenos meteorológicos adversos.

Asimismo, ha preguntado a la presidenta de la Junta, María Guardiola, por el proyecto de planta de compostaje para el Valle del Jerte que, según ha señalado, “prometió y sigue sin ser una realidad”.

El secretario general del PSOE extremeño ha anunciado además que el Grupo Parlamentario Socialista ha registrado este miércoles en la Asamblea de Extremadura una propuesta de impulso con medidas de apoyo al sector cerecero. La iniciativa incluye ayudas específicas para industrias y cooperativas de cereza, así como medidas de financiación y acceso a créditos para garantizar la actividad empresarial y afrontar futuras campañas.

“El campo extremeño no puede seguir esperando mientras los productores ven cómo se pierde su trabajo y su renta. La Junta tiene que actuar ya”, ha concluido Sánchez Cotrina. 

Las ayudas millonarias que recibe la familia real de Emiratos Árabes Unidos (EAU) por cultivar en España y otros países europeos, desvelada el jueves en una investigación internacional de elDiario.es junto a otros medios, ha llevado a Sumar, socio del Gobierno de Pedro Sánchez, a registrar una batería de preguntas para exigir explicaciones sobre el caso. 

Paralelamente, los comuns han registrado también diversas cuestiones en el Parlament para la Generalitat de Catalunya —que ha aportado casi un millón de euros durante los últimos cinco años a las empresas emiratíes— y ha pedido la comparecencia del conseller de Agricultura en la cámara catalana. 

“Más allá de si las ayudas cumplen con los actuales requisitos legales, genera cierta alarma la capacidad de control de mercado que agentes de países fuera de la Unión Europea tienen sobre un sector estratégico como el agrícola”, reza el escrito registrado por Sumar. 

El partido liderado por la ministra de trabajo, Yolanda Díaz, pregunta al Ejecutivo si los pagos desvelados por este periódico pueden considerarse ayudas de Estado a un tercer país de fuera de la UE a través de las subvenciones de la PAC (Política Agraria Común) y si estas transferencias podrían contribuir a la adulteración del mercado interno español y de la UE.

El escrito de Sumar también pone énfasis en el control por parte de un país ajeno a la UE de parte del territorio para la producción agrícola dedicada casi de manera exclusiva a la exportación y cuestiona, a su vez, si los hechos desvelados pueden afectar a la soberanía nacional. También destaca la “explotación de recursos hídricos” por parte de empresas controladas por terceros países “en un contexto de cambio climático con recurrentes problemas de escasez de agua”.

En Catalunya, los comuns han pedido la comparecencia del conseller de Agricultura, Oscar Ordeig, para informar sobre los pagos desvelados a la empresa Al Dahra, controlada en última instancia por diversos miembros de la dinastía Al Nahyan, que gobierna desde Abu Dabi al resto de emiratos del país. 

El partido liderado por Jèssica Albiach, a su vez, cuestiona al Govern catalán la falta de capacidad negociadora de los productores locales de alfalfa tras la llegada a la zona del gigante agroalimentario de Emiratos Árabes Unidos y pregunta qué controles se están aplicando sobre los receptores de ayudas públicas en el campo catalá.

También preguntan los comuns qué piensa hacer el Ejecutivo de Salvador Illa (PSC) para proteger a los productores locales ante los potenciales abusos en el mercado que estos grandes grupos pueden imponer.

Preguntas a la Comisión Europea

El eurodiputado Jaume Asens, también de Sumar e integrado en el grupo de Los Verdes en el Parlamento Europeo, ha registrado en paralelo una batería de preguntas dirigidas a la Comisión Europea para averiguar si ha iniciado alguna investigación sobre si las aportaciones del fondo soberano emiratí ADQ a sus filiales europeas pueden considerarse “subvenciones extranjeras” y si su acumulación con las ayudas de la PAC “falsean la competencia” en el mercado agrícola comunitario.

Asens, a su vez, solicita a la Comisión que verifique si los pagos de la PAC destinados a las empresas controladas por la familia real de EAU cumplen las condiciones medioambientales exigidas por el reglamento europeo.

Asens no ha sido el único eurodiputado que ha mostrado su indignación tras la publicación de la investigación. El eurodiputado austríaco Thomas Waitz, coordinador de Los Verdes/ALE en la Comisión de Agricultura, ha señalado que los hechos desvelados son “un escándalo a la vista de todos” y van mucho más allá de un “vacío legal”.

“Piénsenlo un momento: la segunda familia más rica del mundo, que gobierna un Estado sin prensa libre ni oposición política, no debería recibir subvenciones de la política agrícola de la UE”, ha afirmado. “Ese dinero nunca estuvo destinado a dinastías de combustibles fósiles; está pensado para reforzar a los verdaderos agricultores europeos”.

La familia real que gobierna Emiratos Árabes Unidos recibió, solo entre 2019 y 2024, más de 71 millones de euros en subvenciones europeas por cultivar alimentos en suelo comunitario que posteriormente son exportados al golfo Pérsico.

Los fondos llegaron a través de un entramado de empresas y filiales controladas por la dinastía Al Nahyan, la familia que dirige el país. Tras una agresiva campaña de adquisición de compañías europeas, los Al Nahyan controlan hoy cerca de 65.000 hectáreas de tierras agrícolas en España, Italia y Rumanía, dedicadas al cultivo de alfalfa, cereales y otros productos básicos.

En una investigación internacional junto a DeSmog (Reino Unido), G4Media (Rumanía) y The Guardian (Reino Unido), elDiario.es ha analizado las ayudas percibidas por la monarquía emiratí a través de una madeja de sociedades controladas en última instancia por un fondo soberano de Abu Dabi, uno de los siete emiratos que forman el país.

El análisis identifica más de 110 pagos a empresas controladas por la familia real emiratí procedentes de fondos públicos de la Unión Europea durante ese periodo. 

A esta cifra hay que sumarle cerca de un millón aportado por la Generalitat de Catalunya entre 2020 y 2025 a una de las empresas del grupo y más de 16 millones pagados por el Ejecutivo de Rumanía a otra filial.

Buena parte de estas ayudas proceden de la Política Agraria Común (PAC), que reparte alrededor de 54.000 millones de euros al año entre agricultores de la UE. La mayoría de estos fondos se asigna en función de la superficie cultivada, lo que favorece a los grandes propietarios. Solo entre 2018 y 2021, diecisiete multimillonarios recibieron 3.300 millones de euros en ayudas.

En este caso, sin embargo, el dinero público europeo termina beneficiando a una autocracia en la que, según las principales organizaciones internacionales de derechos humanos, se restringen las libertades políticas, se encarcela a activistas y la homosexualidad está tipificada como un delito grave. 

La familia Al Nahyan, además, está considerada la segunda más rica del mundo, con un patrimonio de 270.000 millones de euros procedentes de sus reservas de petróleo, entre otros. Se trata de la dinastía que protege a Juan Carlos I en Abu Dhabi tras el exilio forzoso del rey emérito a ese emirato por sus escándalos fiscales.

“La PAC no está ayudando a los agricultores de la UE; sigue enriqueciendo a los propietarios de tierras más ricos”, afirma Faustine Bas-Defossez, directora de medio ambiente de la entidad European Environmental Bureau. “Y ahora, aún peor, está alimentando a regímenes autocráticos”.

La red de filiales en la UE de la familia real Al Nahyan

Jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan

Emir de Abu Dabi y presidente de los Emiratos Árabes Unidos (EAU)

Jeque Hamdan Bin Zayed Al Nayhan

Hijo del presidente anterior y 'padre fundador' de los EAU

Jeque Zayed Bin Hamdan Al Nahyan

Casado con la hija del presidente

Jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan

Príncipe heredero de Abu Dabi y probable próximo presidente de los EAU

L’IMAD (EAU)

El fondo soberano más reciente de Abu Dabi

Al Dahra (EAU)

Multinacional agroalimentaria con más de 60 explotaciones agrícolas

ADQ (EAU)

El fondo soberano de Abu Dabi, con más de 212.000 millones de euros en activos

Agricost

(Rumanía)

La mayor explotación agrícola de Europa, dedicada a la producción de piensos y semillas oleaginosas

Al Dahra Europe (España)

Principal productor, procesador y exportador de piensos para animales

Unifrutti (Italia)

Produce cítricos, peras y uvas

La red de filiales en la UE de la familia real Al Nahyan

Jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan

Emir de Abu Dabi y presidente de los Emiratos Árabes Unidos (EAU)

Jeque Hamdan Bin Zayed Al Nayhan

Hijo del presidente anterior y 'padre fundador' de los EAU

Jeque Zayed Bin Hamdan Al Nahyan

Casado con la hija del presidente

Jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan

Príncipe heredero de Abu Dabi y probable próximo presidente de los EAU

L’IMAD (EAU)

El fondo soberano más reciente de Abu Dabi

Al Dahra (EAU)

Multinacional agroalimentaria con más de 60 explotaciones agrícolas

ADQ (EAU)

El fondo soberano de Abu Dabi, con más de 212.000 millones de euros en activos

Agricost (Rumanía)

La mayor explotación agrícola de Europa, dedicada a la producción de piensos y semillas oleaginosas

Al Dahra Europe (España)

Principal productor, procesador y exportador de piensos para animales

Unifrutti (Italia)

Produce cítricos, peras y uvas

La silenciosa irrupción en el campo europeo

En poco más de 15 años, la dinastía emiratí, dueña también del fondo Mubadala (propietario en España de la petrolera Moeve, antigua Cepsa) se ha consolidado como uno de los grandes actores agrícolas globales tras adquirir tierras y empresas en África, Sudamérica y Europa, hasta el punto de controlar actualmente unas 960.000 hectáreas de cultivo en todo el mundo.

Esta expansión responde a una estrategia de “seguridad alimentaria” destinada a garantizar el suministro de alimentos hacia un país con fuertes limitaciones de agua.

En Europa, la expansión se ha canalizado a través de tres grandes empresas —una para España, otra para Italia y otra para Rumanía— controladas en última instancia por un fondo soberano de Abu Dabi.

En España, el grupo opera actualmente a través de Al Dahra Europe, un holding encargado de gestionar participaciones en distintas empresas (en el registro mercantil aparecen hasta siete sociedades en España). La firma y sus filiales recibieron más de dos millones de euros en fondos europeos durante el periodo analizado, además del millón aportado por la Generalitat.

La filial española controla seis instalaciones concentradas en apenas 200 kilómetros cuadrados en el Pla de Lleida, además de una sede en Aragón. Su llegada a esta zona de Catalunya se produjo en 2012, cuando adquirió las principales empresas locales dedicadas al cultivo de alfalfa y cerró acuerdos con la mayoría de los productores locales.

“Aquí en el pueblo tienen el monopolio: o lo tomas o lo dejas”, explica Josep Ripoll, agricultor de Fondarella (Lleida) que vende su producción a la empresa emiratí. “Antes de que llegaran todo era más fácil y ganábamos tres veces más”.

Felip Llovera, responsable de Agricultura del Ayuntamiento de Bellvís, donde la compañía tiene otra de sus plantas, también sostiene que la situación se ha “monopolizado” tras la llegada de los jeques a la zona. “Antes había dos o tres empresas y ahora solo hay Al Dahra”, apunta. 

Jaume Pedrós, productor de alfalfa y coordinador local del sindicato Unió de Pagesos, reprocha que en ocasiones la empresa altera los precios del mercado porque pueden permitirse pérdidas al tener el dinero del petróleo detrás.

“Al final lo que ellos quisieran es que el resto de cooperativas cerráramos y así podrían imponer a todos su manera de trabajar”, señalaba durante una entrevista a mediados de abril en Linyola (Lleida).

La compañía mantiene un contrato a largo plazo con el Gobierno emiratí para suministrar forraje destinado a la alimentación animal. En Emiratos, estos cultivos están restringidos por su elevado consumo de agua —entre 8.000 y 10.000 metros cúbicos por hectárea al año—. Según datos de la propia empresa, el 98% de los alimentos producidos en España se exportan.

Los mayores ingresos por subvenciones a la familia real de Emiratos proceden, sin embargo, de Rumanía, donde el grupo controla la empresa Agricost. Esta explotación, situada en tierras arrendadas al Estado, es la mayor finca agrícola consolidada de la UE, con una extensión de unos 11 kilómetros de largo por 60 de ancho.

Agricost fue el principal receptor corporativo de ayudas de la PAC en Rumanía en 2020 y percibe alrededor de 11 millones de euros anuales. En Italia, donde el grupo adquirió la empresa Unifrutti, las ayudas fueron muy inferiores, sumando 186.000 euros entre 2019 y 2024.

Christian Henderson, profesor de estudios de Oriente Medio en la Universidad de Leiden, critica este modelo de inversión, especialmente en países como Rumanía. “La inflación es un problema. Hay pobreza [en el país]”, señala. “¿Qué implica que los recursos agrícolas pasen a manos de inversores extranjeros? La mayoría de la producción se exporta inmediatamente”.

También Greenpeace cuestiona estas ayudas, cuyo futuro se debatirá este año en la Comisión Europea. “Es otro ejemplo de la profunda crisis de legitimidad de la PAC”, afirma Marco Contiero, responsable de Agricultura de la ONG en Europa. “Millones de pequeñas explotaciones reciben poco apoyo mientras una minoría, normalmente rica, acapara la mayor parte de los subsidios”.

En una respuesta por escrito, la Comisión Europea señala a este grupo de medios que no gestiona directamente los pagos de la PAC, sino que son responsabilidad de los Estados miembros. Defiende, a su vez, que el sistema actual debe reformarse para dirigir las ayudas a quienes más las necesitan y limitar los pagos a grandes explotaciones.

Al Dahra, Agricost y Unifrutti no han respondido a las reiteradas peticiones de comentar esta publicación. Al cerrar esta edición, la Generalitat de Catalunya tampoco había respondido a diversas solicitudes trasladadas desde el miércoles pasado al Departamento de Empresas.

Lo público y lo privado se confunden

Las inversiones agrícolas son solo una parte de la estrategia global de Emiratos, que abarca desde molinos de grano en Grecia y Bulgaria hasta infraestructuras logísticas y portuarias, pasando por empresas que fabrican lácteos o se dedican a la compraventa de alimentos.

Entre 2008 y 2022, de hecho, el Gobierno emiratí controló la terminal de contenedores del puerto de Tarragona, utilizada para exportar la alfalfa cosechada en las empresas adquiridas en Lleida. La concesión fue retirada posteriormente por incumplimiento de los compromisos de tráfico.

Buena parte de estas inversiones se canalizan a través de estructuras donde lo público y lo privado se difuminan. Por un lado, el Estado utiliza el fondo soberano ADQ, del que dependen parte de las empresas que reciben subvenciones. Otras inversiones se vehiculan a través del conglomerado IHC, formalmente privado pero estrechamente vinculado al poder político.

En conjunto, los activos emiratíes en el extranjero superan los 2.100 millones de euros.

Aunque la estructura actual de la propiedad de Al Dahra no es pública, la compañía fue fundada por el hermano del presidente, el jeque Hamdan bin Zayed Al Nahyan, antes de que el fondo soberano ADQ adquiriera el 50% de la empresa en 2020. El consejo de administración está liderado por el hermano del mandatario del país y por su hijo, el jeque Zayed bin Hamdan Al Nahyan.

Aunque sobre el papel ADQ pertenece al Estado, la mayoría de expertos coinciden en que está bajo control directo de la familia Al Nahyan. Entre 2023 y 2026 estuvo presidido por el jeque Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, otro hermano del presidente, conocido como el “jeque espía” por haber dirigido ciberataques contra disidentes en el país y en el extranjero

Desde enero, el fondo ADQ ha pasado a formar parte de L’imad Holding, presidido por el jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, hijo mayor del presidente y al que algunas fuentes señalan como posible sucesor. ADQ ha declinado comentar este reportaje.

“La idea de que estas empresas son independientes es simplemente una broma”, afirma Marc Valeri, profesor de economía política de Oriente Medio en la Universidad de Exeter. “Se trata de un régimen muy autoritario y represivo, por lo que la diferencia entre los presupuestos del Estado y los de la familia está completamente difuminada”.

Según varios expertos, este tipo de estructuras permiten a los países del Golfo invertir en tierras agrícolas en el extranjero a través de vehículos aparentemente privados, reduciendo el coste político de estas adquisiciones, conocidas como land grabs.

“El caso de Al Dahra ilustra bien cómo se diluye la frontera entre lo público y lo privado”, apunta Henderson, de la Universidad de Leiden. “Los beneficios pueden acabar en manos privadas, aunque también contribuyen a la estrategia nacional de seguridad alimentaria”.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha mantenido esta mañana una reunión con productores del coto arrocero de Hellín a los que ha informado de la nueva ayuda puesta en marcha desde su departamento “para dar continuidad a un cultivo único en la región e incluso a nivel nacional por la peculiaridad de ser el único arroz de montaña que hay en España”.

Según ha indicado la Junta, con esta ayuda, ha continuado Julián Martínez Lizán, “cumplimos con el compromiso adquirido esta legislatura con los productores del coto arrocero de Hellín de respaldar económicamente un cultivo que supone un punto estratégico dentro de nuestra región, porque además de los condicionantes especiales que conlleva mantener viva un área de biodiversidad muy peculiar, es fundamental para entender el modo de vida y la cultura de esta zona, además de lo que supone como actividad económica por la generación de empleo y el mantenimiento de nuestros pueblos vivos”.

El consejero ha destacado de este cultivo su “extrema calidad” como así lo avala que esté protegido por la DOP Calasparra, compartida por tres municipios, Hellín, Calasparra y Moratalla, donde las variedades cultivadas son Balilla X Sollana y Bomba. Ahora, con esta ayuda se pretende “relanzar e incrementar este cultivo” después de que en los últimos años haya disminuido, tal como ha explicado el titular de Agricultura.

Esta línea ha empezado a materializarse ya con la publicación el pasado viernes en el Diario Oficial de la Orden de bases, que recoge estas ayudas públicas en régimen de minimis, que habrá que pedir con la PAC.

Desde el punto de vista del cultivo, Julián Martínez Lizán ha explicado que la intención del Gobierno de Castilla-La Mancha es proteger el coto arrocero de Hellín, compensando a los agricultores por asumir compromisos ambientales más exigentes.

Así, y tal y como explica el texto oficial, se compensará a los agricultores que adopten los compromisos agroambientales de dejar un 5 por ciento de la superficie sin cosechar para fauna o elementos tradicionales, pudiéndolo hacer en una única parcela o en varias; realizar una ‘seca’ de 12 días en el mes de julio; y por último también deben permitir el retorno del agua al río desde los bancales, tal como es tradicional hacerlo. Para justificar la ayuda, deben presentar antes del 30 de noviembre una memoria que demuestre que han cumplido estos requisitos.

En cuanto al montante de la misma, asciende a 400 euros por hectárea, se financiará con cargo a los presupuestos generales de la Junta de Comunidades y, aunque “es una ayuda establecida dentro de la concurrencia competitiva, vamos a atender con total seguridad a todas las solicitudes que se realicen”.

La línea es incompatible con otras ayudas públicas para el mismo fin, pero sí es compatible con la ayuda asociada a la producción sostenible de arroz de la PAC.

Tal como ha explicado el consejero, en la actualidad, en Hellín existen 17 productores según lo declarado en la última campaña de la PAC, aunque esta cifra fluctúa, “puede estar en el entorno de los 20 o 25 porque, en función de en qué comunidad autónoma haya mayor número de superficie, los cultivadores tienen que hacer la PAC en esa comunidad autónoma, es decir, en Castilla La Mancha o en la comunidad de Murcia”.

Por último, Julián Martínez Lizán ha puesto de relevancia el carácter diferenciador de este cultivo “amparado por una denominación de origen, que fue la primera que se creó en España como denominación de origen de alimentos, y, por lo tanto, bien vale la pena luchar por un cultivo que ha ofrecido tanto cultural, paisajística y socialmente a la zona como para que se siga manteniendo vivo”.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha defendido esta mañana, en la clausura de la Jornada Europea con Grupos de Desarrollo Rural en el Comité de las Regiones, “no solo el mantenimiento, sino el refuerzo de las políticas de desarrollo rural de la PAC. Me da igual que se llamen Pilar II o de otra manera, pero está demostrado que estas políticas funcionan y algo que funciona lo que tenemos que hacer es mejorarlo, en ningún caso retroceder con los recortes que se han planteado”.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha dejado claro este posicionamiento durante la clausura de esta Jornada, inaugurada por el vicepresidente segundo de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, que ha llevado a Bruselas a representantes de la Red Castellanomanchega de Desarrollo Rural (RECAMDER), con su presidente a la cabeza, Jesús Ortega, y de los 29 Grupos de Desarrollo Rural que hay en la Comunidad Autónoma.

Durante su intervención, Julián Martínez Lizán ha subrayado que acabar con el Pilar II sería desmantelar una de las políticas más eficaces de la Unión Europea y una herramienta clave para el medio rural, ya que ha mostrado su capacidad para generar inversión, empleo y cohesión territorial.

El consejero ha explicado que, para el Gobierno regional, ésta no es una política complementaria sino principal, cuyos resultados están contrastados. “En nuestra región el desarrollo rural ha impulsado en el período del PDR 2014-2022 más de 6.000 proyectos, ha generado más de 12.000 empleos y ha movilizado más de 520 millones de euros con una ejecución del 100% de los fondos asignados, lo que demuestra la capacidad de los grupos y, en definitiva, de la gente del territorio de gestionar y transformar la financiación europea en resultados reales para la gente”, ha indicado Martínez Lizán al respecto.

Unos datos que están teniendo continuidad en el actual período PEPAC 2023-2027, en el que de los 94 millones de euros asignados a las líneas LEADER ya se han ejecutado el 30% del presupuesto y se han puesto en marcha 189 convocatorias. “Esto ha supuesto apoyo para iniciativas como las convocatorias del Bono de Emprendimiento Rural, una cuestión fundamental, aparejada también a la actividad agraria, para que personas que van a iniciar su actividad por primera vez en el medio rural tengan ese apoyo para hacerse autónomos y generar, no solo empleo, sino también prestación de servicios”, ha explicado Martínez Lizán.

Por otro lado, el consejero ha advertido de que acabar con el segundo pilar o integrarlo en políticas genéricas supondría debilitar al medio rural, lo que supone una incoherencia con otros objetivos europeos de sostenibilidad, cohesión territorial y lucha contra la despoblación “y que a la postre debilitaría la PAC y generaría incertidumbre económica”.

Servicios para las personas que viven en el medio rural

Asimismo, el consejero ha puesto en valor el papel del programa LEADER, “uno de los más eficaces para la gobernanza local, para construir Europa desde el territorio y para la participación activa y efectiva en la toma de decisiones a través de los grupos, lo que refuerza el arraigo con el territorio. Las personas que viven en el medio rural también son Europa y no se puede dejarles abandonados a su suerte”.

Por todo ello, el consejero ha sido contundente al afirmar que “el desarrollo rural no es un gasto sino una inversión estratégica. Eliminarlo sería renunciar a una de las políticas más eficaces, que mejor funcionan y que más oportunidades generan en nuestros pueblos”. Asimismo, ha recordado que, a través de los Grupos de Desarrollo Rural, estos recursos están promoviendo el emprendimiento, inversiones, diversificación económica y la prestación de servicios necesarios en el medio rural, como tiendas de ultramarinos, pequeños comercios, dentistas, peluquerías, etcétera.

Todo ello sin olvidar una “cuestión clave” y es la vinculación entre el desarrollo rural y el relevo generacional en el sector agrario. En ese sentido, hay que tener claro que atraer y retener a los jóvenes en el campo no solo depende de las ayudas a la incorporación, sino de resolver otras cuestiones como el acceso a la tierra, las dificultades de financiación, la rentabilidad de las explotaciones o la falta de servicios en el medio rural.

“Por tanto, si queremos atraer y retener talento joven necesitamos algo más que incentivos económicos, debemos contar con territorios vivos en los que haya servicios, oportunidades de trabajo, de ocio e infraestructuras básicas educativas y sanitarias que hagan apetecible desarrollar un proyecto de vida en los pueblos”, ha indicado Martínez Lizán.

Por último, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha ha advertido de que debilitar el medio rural supone un riesgo para la soberanía y la seguridad alimentaria de Europa en un contexto cada vez más incierto. Por ello, “desde el Gobierno regional y desde nuestra comunidad autónoma lo tenemos claro: debemos preservar el segundo pilar como eje estructural de la PAC, debemos mantener el programa LEADER y rechazamos cualquier recorte de esta política”.

Recamder: Renunciar a los Leader “supone condenar al medio rural al abandono”

El presidente de la Red Castellano Manchega de Desarrollo Rural (Recamder), Jesús Ortega, ha alertado desde Bruselas que “renunciar a los fondos Leader supone condenar al medio rural al abandono”, al tiempo que ha incidido en la necesidad de “una Europa que siga confiando en Leader, en sus territorios rurales y en las personas que viven en ellos”.

De este modo, Recamder ha mostrado en las instituciones europeas su enérgico rechazo a los recortes de la PAC recogidos en la propuesta de la Comisión Europea para el Marco Financiero Plurianual 2028/2034 que afectarían de lleno al futuro de los pueblos.

Los presidentes y gerentes de los 29 Grupos de Desarrollo Rural que existen en la región han defendido la importancia de los fondos europeos Leader y han exigido que se mantenga una financiación específica, sólida y claramente identificada.

Según informa Recamder, lo han hecho en representación de 884 municipios, de miles de empresarios y emprendedores que han apostado por invertir en el medio rural y de más de 1,2 millones de personas que residen en las zonas rurales de Castilla-La Mancha y que quieren seguir haciéndolo.

La intensa jornada ha comenzado en el Comité Europeo de las Regiones, donde ha mantenido la reunión con eurodiputados y personal técnico, con la participación del vicepresidente segundo de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, y del consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán.

En este contexto, Ortega, tras resaltar que “Leader es una herramienta que ha demostrado con creces su utilidad, su éxito y su papel como palanca de desarrollo en el medio rural”, ha defendido que “no es ningún experimento, sino algo que funciona, que crea empleo local, fomenta el emprendimiento, apoya la innovación rural, garantiza servicios esenciales, mejora la competitividad de las empresas rurales, fomenta la sostenibilidad ambiental y genera arraigo”.

“En Castilla-La Mancha estamos consiguiendo que la gente vuelva al medio rural, y lo estamos haciendo gracias a Leader, al trabajo de los Grupos de Desarrollo Rural y al apoyo firme del Gobierno de Castilla-La Mancha”, ha señalado.

Recamder también ha celebrado su Asamblea General Ordinaria y ha ratificado el acuerdo que se ha entregado por la tarde a la Comisión Europea. En este acuerdo en defensa del medio rural y de una financiación adecuada para Leader en el Marco Financiero Plurianual 2028-2034, se recuerda que la Política Agrícola Común (PAC) y los programas de desarrollo rural son “instrumentos fundamentales para garantizar la supervivencia y el desarrollo de las comunidades rurales”.

El documento expresa el rechazo firme a la propuesta de la Comisión Europea para el Marco Financiero Plurianual 2028/2034 por su impacto negativo en la Política Agraria Común (PAC) y el desarrollo rural, así como rechazar los recortes y el modelo de 'Fondo Único' puesto que elimina asignaciones específicas y debilita la gobernanza local.

También se exige el mantenimiento de los fondos destinados a la PAC en los niveles de la programación 2014/2020, solicitar a las instituciones europeas la continuidad de la financiación para el desarrollo rural (Leader) como herramienta esencial y mantener, al menos, los fondos asignados en el periodo 2014-2022.

Del mismo modo, se insta a los representantes españoles en la Unión Europea a defender estos fondos evitando recortes que perjudiquen al medio rural y garantizando la igualdad de oportunidades entre el medio rural y urbano.

También se han entregado en el Parlamento Europeo las más de 4.000 firmas recogidas en la región en apoyo al Manifiesto de Recamder en Defensa del Medio Rural, un manifiesto al que se han adherido las cinco diputaciones provinciales de Castilla-La Mancha, ayuntamientos, empresas, asociaciones, cooperativas y sindicatos, además de organizaciones como APAG, Asaja, UPA, COAG, Cecam-CEOE Cepyme, Fademur, Afammer, Ecologistas en Acción y personas particulares.

Además, un total de 65 Grupos de Desarrollo Rural han firmado este manifiesto, entre ellos, los 29 Grupos de Castilla-La Mancha y 33 Grupos del resto de España, de Francia y de Italia.

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a ampliar el plazo de presentación de la Solicitud Única de la PAC, que concluía el 30 de abril, hasta el próximo 15 de mayo y así quedará publicado en los próximos días.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha precisado al respecto que la dinámica de presentación de solicitudes está siendo adecuada, dado que ya hay unos 70.000 expedientes gestionados, registrados, finalizados o abiertos, que están tramitándose por parte de las entidades colaboradoras.

Sin embargo, dado que hubo problemas con las aplicaciones vinculadas al desarrollo de los expedientes, “queremos dar esa oportunidad para que haya más garantía de que lleguemos a tiempo y sin prisas para poder hacer bien los expedientes y de esa manera minimizar al máximo las incidencias que se pudieran desarrollar”.

Salón Gourmet

Según informa el Ejecutivo regional, Martínez Lizán ha hecho esas declaraciones en Madrid tras asistir a la inauguración del Salón Gourmets, en el que Castilla-La Mancha vuelve a participar con el stand de Campo y Alma, en el que tienen presencia 13 empresas de sectores como el vino, el aceite, el queso, los frutos secos, la carne de caza o las frutas y verduras. En el cómputo total, son cerca de 80 las empresas castellanomanchegas que participan en esta feria.

A su juicio, esta participación “demuestra la variedad y la riqueza agroalimentaria de la región” respaldada en un dato fundamental y es que el sector agroalimentario supone el 17 por ciento del PIB de Castilla-La Mancha, porcentaje que le hace ser el sector de mayor peso en la economía regional.

Además del espacio para las empresas, en la zona institucional del stand regional está prevista la celebración de varias acciones de cocina en vivo, a cargo de conocidos chefs de Castilla-La Mancha, que se encargarán de hacer elaboraciones con productos de Castilla-La Mancha amparados por figuras de calidad, y varias catas de diferentes productos. También como en ediciones anteriores, Castilla-La Mancha ha reservado durante una mañana el escenario principal de la Feria para realizar actividades promocionales para las figuras de calidad de la región.

En relación con la promoción de las producciones agroalimentarias en ferias, el consejero ha indicado que hoy se publica en el Diario Oficial de la región las ayudas en especie para la participación agrupada en el estand que contratará la Consejería para la asistencia Fruit Attraction 2026, “una feria en la que Castilla-La Mancha tiene una participación importante”.

Cinco años de Campo y Alma

Fue precisamente en el Salón Gourmets cuando hace cinco años el Ejecutivo autonómico presentó la marca de calidad Campo y Alma, que identifica los productos con denominación de origen o indicación geográfica protegida de la Comunidad, y que hoy en día ha logrado el objetivo con el que se creó que es que las personas consumidoras la identifiquen con los productos de calidad de nuestra región, “algo que nos enorgullece”.

Será el próximo 13 de mayo cuando de nuevo se pueda ver lo mejor de estas producciones durante la entrega de los premios Gran Selección Campo y Alma en Quintanar del Rey (Cuenca), “un escaparate para nuestros alimentos de calidad, amparados bajo la marca de garantía de calidad, que cuenta con 214 empresas registradas, pertenecientes a alguna de las 41 figuras de calidad de la región”.

40º aniversario de la DOP Arroz de Calasparra

El consejero, que está visitando a las empresas castellanomanchegas asistentes a la feria, también ha estado en el estand del Consejo Regulador de la DOP Arroz Calasparra, que celebra su 40º Aniversario como figura de calidad.

Tras felicitar a esta DOP, Julián Martínez Lizán ha puesto en valor que el de Calasparra fue el primer arroz del mundo con Denominación de Origen y es uno de los tres arroces reconocidos en España.

En Castilla-La Mancha se cultiva arroz en Hellín, donde hay una superficie integrada dentro de lo que se denomina Coto Arrocero, junto con Moratalla y Calasparra, con una superficie importante dentro de ese coto arrocero, “con la que aportamos un producto extraordinario, un arroz que tiene unas peculiaridades muy importantes con dos variedades principales, Balilla x Sollana y Arroz Bomba, que nos dan ese reconocimiento a nivel global”.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha puesto en marcha un plan de 18 medidas estratégicas que vienen a complementar las que ya se habilitaron en el pasado mes de febrero para intentar atajar la proliferación del conejo de monte y los daños que causan en los cultivos de la región. Unas medidas que entran hoy en vigor y se mantendrán mientras siga este problema en la comunidad autónoma.

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez ha hecho hoy público este Plan de acción, un “plan vivo”, frente a la sobrepoblación de conejo de monte que contempla tanto ayudas a los afectados, como otras para el control de población y para el aprovechamiento de los conejos que se atrapen. “Es una estrategia combinada de actuaciones cinegéticas, ambientales, preventivas y tecnológicas, orientada a mejorar la eficacia del control poblacional y apoyar al sector agrario en las zonas más afectadas”, con los que también se han producido diversas reuniones de trabajo, ha señalado.

Entre estas medidas destaca las ayudas, ya que “se están preparando las bases para una nueva convocatoria de ayudas destinada a proteger los cultivos más afectados”, en las que se incluirá hasta un 70% de subvención para protectores individuales de cultivos y cerramientos metálicos “que ya estamos trabajando con las organizaciones agrarias”.

Además, ha explicado que se eliminarán las penalizaciones de la PAC por dos causas, por los daños ocasionados por los conejos y por retirada de majanos. La Junta sigue compensando los daños en cultivos a través de Agroseguro “a los que hemos solicitado la no exclusión del sistema a los agricultores afectados por daños de conejos (fauna) cuando han dado partes tres años consecutivos, ya que es una causa sobrevenida y no se debe penalizar al agricultor”, ha dicho. Y ha recordado que la aportación que realiza el Gobierno regional a Agroseguro por estos daños de fauna alcanza 5,6 millones de euros para 2026.

La consejera ha desgranado las medidas para actuar directamente dónde está el problema, así se crean nuevos Equipos de Control de Fauna (ECOFA). “La situación actual exige reforzar la presencia sobre el terreno con equipos especializados capaces de actuar de manera ágil y eficaz”. Por eso se ponen en marcha dos equipos formados por huroneros profesionales que trabajarán a jornada completa especialmente en lagunas, vías pecuarias y taludes de carreteras.

También se reforzará la capacidad operativa del cuerpo de agentes medioambientales pues, como ha señalado Gómez, “es imprescindible sumar nuevas capacidades técnicas para el control nocturno, especialmente en zonas donde los daños son más intensos”.

A este respecto, ha informado que en esta misma mañana el viceconsejero de Medio Ambiente, José Almodóvar, presenta estos equipos especializados en la laguna de Manjavacas (Cuenca), tanto las de huroneros que harán los controles diurnos acompañados por un técnico de la empresa pública Geacam, que será el coordinador de los equipos, como el equipo de agentes medioambientales que ya está funcionando y se encargará de la caza nocturna para lo que ya se ha adquirido material específico, como carabinas calibre 22 y 17, además de dispositivos de visión nocturna. Como ha indicado, la previsión es extender este refuerzo a otras provincias en cuanto estén completados los procesos de formación.

En cuarto lugar, se va a proceder a la autorización excepcional del uso de cajas trampas ya que “muchos agricultores han planteado la necesidad de poder actuar directamente en sus parcelas”, y por ello se habilitará el uso extraordinario en casos autorizados. Como ha señalado, “las delegaciones provinciales podrán conceder estas autorizaciones de manera excepcional, dentro del marco legal vigente, y también en lindes y ribazos colindantes”.

Además, en coordinación con la Federación de Caza, se creará una bolsa de cazadores para participar en jornadas de control poblacional, especialmente en humedales manchegos. En este punto, se priorizará la participación de jóvenes y mujeres.

Por otro lado, se ha referido a las zonas críticas de la Autovía de los Viñedos pues “existen tramos donde es imprescindible reforzar la seguridad vial y minimizar la entrada de fauna a la vía”. Por ello se proyecta un vallado específico en puntos críticos, enterrado y con visera superior. De hecho, desde la Consejería de Fomento ya se han hecho algunas actuaciones en este sentido.

“Lo importante es poner en marcha todas estas medidas. que entran en vigor este mismo jueves. y otras que puedan surgir o pudieran ser susceptibles de aplicar en los próximos meses”. Se ha valorado una inversión en torno a cuatro millones de euros, pero como ha dicho, “será un plan vivo y en continuo movimiento en aras de solucionar la problemática de forma real”. Así se les ha informado ya a los representantes de las organizaciones agrarias, Asaja y UPA, además de pedirles su colaboración “pues somos conscientes de la situación que están viviendo muchos agricultores de la región”, ha indicado la consejera.

Medidas para el aprovechamiento

Además, ha recordado las medidas para realizar una gestión útil, sostenible y de aprovechamiento sobre las capturas como “es el convenio vigente con ASICCAZA que permite impulsar la comercialización de carne de conejo silvestre con garantías de trazabilidad y excelente calidad”, por lo que se prevé ampliar el proyecto piloto iniciado en Las Pedroñeras (Cuenca). En ese contexto, se fomentará la puesta en marcha de campañas de consumo de esta carne y sus propiedades beneficiosas.

Y respecto a las capturas en vivo, por un lado, se trasladarán a las zonas de escasez y necesidad de la especie para alimentación de otras especies de fauna, así como su traslado a los centros de recuperación de fauna de la región para alimentación de especies protegidas que después son liberadas al medio natural.

Constitución de la Mesa permanente del Conejo de Monte

La consejera de Desarrollo Sostenible ha anunciado también la constitución de la ‘Mesa permanente del conejo de Monte’, que se celebrará en las próximas semanas “para un seguimiento conjunto y constante donde se hará fundamental la coordinación entre todos los actores implicados”.

Estará formada por hasta 32 representantes correspondientes a la Junta de Comunidades (de las consejerías de Desarrollo Sostenible, Agricultura y Fomento); de la Administración del Estado (Delegación del Gobierno, Ministerio de Transportes, demarcación de carreteras, ADIF confederaciones hidrográficas Guadiana, Tajo, Júcar y Segura), las cinco diputaciones provinciales, las dos organizaciones agrarias Asaja y Upa, así como la Federación de Caza y asociaciones de cazadores, conservacionistas y organismos de investigación que ya están trabajando al respecto. Además, ha señalado que se constituirán mesas provinciales donde se seguirán las acciones.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura en funciones ha aprobado dos nuevos programas de colaboración económica municipal (PCEM) en materia de servicios sociales, dotados con 7,8 millones de euros, junto a dos convocatorias de ayudas, a las que se destinan 9 millones de euros, para apoyar al sector vitivinícola en Extremadura.

Así lo ha manifestado la portavoz del Ejecutivo en funciones, Elena Manzano, en su comparecencia tras la reunión, donde ha explicado, en relación con la primera partida, que se destinarán 4,3 millones de euros “a garantizar la atención a las personas mayores autónomas o con un grado de dependencia de nivel uno, es decir, con una dependencia leve”, en centros de día y centros de noche.

Como novedad este año “aumentamos el número de plazas, que pasan de 2.209 en 2025 a 2.404 en 2026”. Con ello, según la portavoz, se persigue “apoyar la permanencia en los hogares el máximo tiempo posible, pero garantizando servicios de calidad cerca de casa”. El objetivo, ha añadido, es que accedan a plazas residenciales cuando su situación de dependencia se vea agravada.

Dentro de este mismo programa se financiará el servicio de proximidad y atención a la soledad de personas mayores. Para ello, “duplicamos la dotación de un servicio fundamental en nuestros pueblos, sobre todo en zonas rurales, que también contribuye a fijar población”.

Se destinarán 3,5 millones de euros, 1,5 más que en 2025. Según la portavoz, se han modificado algunos requisitos con el fin de alcanzar a más ayuntamientos. “Lo que hemos hecho es aumentar el límite de habitantes por kilómetro cuadrado exigido para acceder a las ayudas, de manera que ahora abarca localidades que tengan entre 0 y 6,25 habitantes por kilómetro cuadrado”.

Con esto se espera alcanzar a 79 municipios en este ejercicio 2026, frente a los 45 de 2025 o a los 18 de 2024, ha detallado Elena Manzano.

Ayudas al vino

Por otra parte, el Consejo de Gobierno también ha aprobado una línea de ayudas al sector vitivinícola, dotada con 11 millones de euros. De ellos, 9 millones se destinarán a impulsar procesos de reestructuración y reconversión de viñedos, y otros 2 se dirigen a la destilación de residuos del vino.

En la primera línea de ayudas se incluyen las reconversiones de variedades de uva por otras que se adapten mejor a las condiciones del cultivo o el mercado, replantaciones motivadas por motivos sanitarios o fitosanitarios, o mejoras técnicas en la gestión, entre otras, tal y como han indicado la portavoz del Ejecutivo en funciones.

Mientras, la segunda favorecerá que los productores puedan cumplir con la normativa que les obliga a retirar y eliminar los residuos que se generan en el proceso, tales como orujos o lías del vino, que suelen aprovecharse en las destilerías donde se transforman en alcohol para uso industrial o energético. Según ha indicado la portavoz; “queremos apoyar a un sector clave en nuestra región, garantizar la calidad del vino y favorecer una gestión más sostenible del medio ambiente”.

La Diputación de Cuenca ha lanzado una convocatoria de ayudas para el control de las poblaciones de conejo de monte en los municipios afectados por sobrepoblación, a la que destina 500.000 euros, y en las que el 75 por ciento de la subvención se realizará de forma anticipada con el objetivo de que los fondos lleguen a los cotos lo antes posible. 

El presidente de la Diputación, Álvaro Martínez Chana, ha explicado que el objetivo de este adelanto es que las medidas se puedan poner en marcha de forma inmediata para atajar los graves problemas que está ocasionando en todo tipo de cultivos tanto herbáceos como leñosos.

Según ha señalado la Institución Provincia en una nota de prensa, Martínez Chana ha visitado la localidad de Horcajo de Santiago acompañado de la directiva de la asociación de cazadores, encabezada por su presidente, Jesús Arquero, la diputada y concejal del ayuntamiento, Mayte Megía; y la diputada regional y alcaldesa de Saelices, Paloma Jiménez.

El presidente ha subrayado la colaboración dentro de las posibilidades de la Diputación con el Gobierno regional, que tiene las competencias en la materia, para sumarse a las medidas que se han puesto en marcha y las que se van a anunciar en los próximos días.

Martínez Chana detallaba que esta ayuda alcanzará a más de 110 sociedades de cazadores de la provincia contemplando la práctica totalidad de las medidas permitidas para el control de la población de conejo de monte. En este sentido, recordaba que se incluirá la adquisición de cartuchos, redes y hurones, la contratación de empresas especializadas en descaste o los chips para el control de hurones. “Cualquier método que esté dentro de la ley, ahora mismo o que sea autorizada en el futuro, quedará amparada por esta ayuda”, remarcaba el presidente insistiendo en la necesidad de ayudar al sector productivo en un momento de incertidumbre por los mercados internacionales, la subida de los costes de producción y también la merma de cosecha por la sobrepoblación de conejo que afecta a una gran parte de la provincia.

Unas medidas que han sido elaboradas y consensuadas con el sector y los profesionales afectados, con los que el presidente ha mantenido varias reuniones, recogiendo algunas de las que los propios cotos llevan tiempo poniendo en marcha por iniciativa propia, según señala la Diputación.

“Lograr explotaciones más competitivas, sostenibles y adaptables a desafíos actuales como el cambio climático o los retos que plantea la geopolítica” es el objetivo de la línea de ayudas a la agricultura de precisión y las tecnologías 4.0, según ha señalado hoy el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, en su visita a una explotación de Sigüenza (Guadalajara).

Estas ayudas, que permiten a los agricultores mejorar la eficiencia en el uso de recursos como el agua y los fertilizantes o mejorar la toma de decisiones gracias a datos precisos, es una nueva forma de trabajar en el campo que no es solo tecnología, es una manera de rentabilizar el tiempo, de tomar mejores decisiones, de ahorrar. Por eso, desde el Gobierno de Emiliano García-Page se ha impulsado esta línea de ayudas en los últimos cuatro años “subvencionando más de 1.700 equipos con una ayuda de 46 millones de euros”, según ha manifestado el consejero.

Entre estos equipos, hay 31 cosechadoras, 30 vendimiadoras, 256 pulverizadores o atomizadores, 148 abonadoras, 230 sistemas de guiado GPS, “y lo que es más importante, 550 tractores en toda Castilla-La Mancha a través de estas cuatro convocatorias”, ha señalado la Junta en un comunicado

El consejero ha destacado que este impulso a la innovación del campo castellanomanchego ha sido posible gracias a que la Comunidad se sitúa entre las regiones con mayor nivel de ejecución del Componente 3 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para la modernización del sector agroalimentario, “en el que partíamos de una asignación inicial de siete millones de euros y en la que hemos ido avanzando hasta alcanzar esos 46 millones actuales al absorber fondos no ejecutados por otras regiones”, algo de lo que “estamos muy orgullosos”.

Un ejemplo claro del impacto de estas ayudas es el caso de Jesús Morencos, agricultor y ganadero de Pelegrina, pedanía de Sigüenza, cuya explotación de cultivos extensivos y pastos para su cabaña ovina ha visitado el consejero.

Gracias a la línea de agricultura de precisión ha adquirido una cosechadora dotada de autoguiado GPS, una inversión esencial para mejorar la eficiencia de sus labores diarias. La maquinaria ha contado con una ayuda equivalente al 40 por ciento del coste total, lo que ha facilitado de manera decisiva su incorporación a la agricultura de precisión.

Esta visita “muestra la capacidad de Castilla-La Mancha para ejecutar con éxito los programas vinculados al Plan de Recuperación y para absorber los recursos disponibles”, así como el compromiso de los propios agricultores que apuestan por invertir en la mejora y modernización de sus explotaciones.

Visita a la OCA de Sigüenza

Antes de conocer esta explotación, el consejero, acompañado por la alcaldesa de Sigüenza, Maria Jesús Merino, la delegada de la Junta en Guadalajara, Rosa María García, y el delegado de Agricultura, Santos López, ha visitado la Oficina Comarcal Agraria de esta localidad, una instalación que actualmente se encuentra en un edificio público, de propiedad municipal. El traslado a estas dependencias “ha sido muy beneficioso”, no sólo porque ha evitado el pago de un alquiler, sino también por su integración física con otros servicios públicos comarcales y por la mejora de la atención a la ciudadanía, de la accesibilidad y la cercanía al medio rural.

Esta Oficina Agraria atiende a la Sierra Norte de Guadalajara, agrupando a 85 municipios, actuando Sigüenza como cabecera. Cuenta con ocho trabajadores y de ella depende la UTA (Unidad Técnica Agrícola) de Atienza. Se trata de una extensa zona rural, caracterizada por la dispersión poblacional, “lo que refuerza la importancia del servicio que prestamos a agricultores, ganaderos y ciudadanía en general”, porque a la proximidad administrativa se una la especialización técnica y las sinergias con otros servicios públicos. En resumen, “estamos dando apoyo al medio rural y contribuyendo a la cohesión territorial y a fijar población”, ha aseverado el consejero.

Castilla-La Mancha cuenta con 46 Oficinas Comarcales Agrarias que integran, además, a las 24 Unidades Técnicas Agrícolas (UTA) y Unidades Técnicas Ganaderas (UTG) que refuerzan la atención, acercando la atención técnica a las zonas rurales más dispersas y con difícil acceso.

El Gobierno de Castilla-La Mancha abonará el próximo viernes, 13 de marzo, un total de 3,2 millones de euros a un total de 277 beneficiarios que están reestructurando cerca de 1.000 hectáreas de viñedo.

Con este pago, son ya 15,5 millones los que se han transferido al sector este año para mejorar la competitividad de las explotaciones vitícolas de forma “que ya hemos ejecutado prácticamente la mitad del presupuesto asignado”, según ha explicado el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, que ha asistido a la entrega de los premios a los mejores vinos de la Denominación de Origen Protegida La Mancha celebrada en Alcázar de San Juan.

En declaraciones previas a los medios de comunicación, el consejero ha subrayado la importancia de la reestructuración para Castilla-La Mancha, donde entre 2015 y 2025 se han reestructurado más de 92.000 hectáreas de viñedo “con 344 millones de euros en ayudas” que se han repartido entre 31.000 viticultores. Además, se acaba de cerrar el plazo de presentación de la última convocatoria con cerca de 1.700 solicitudes, lo que indica la inquietud del sector para para adaptarse al mercado y ser competitivo, según ha informado la Junta por nota de prensa.

Un proceso que el sector está realizando con apoyo del Ejecutivo autonómico que solo en 2025 ha abonado 72,6 millones de euros para cuestiones tan importantes como la reestructuración de viñedo, inversiones para modernizar bodegas (VINATÏ), destilación de subproductos o promoción del vino en terceros países, cantidad que asciende a 813 millones desde que gobierna Emiliano García-Page.

El beneficio inmediato es que esta política está teniendo una repercusión clara en las ventas de vino, a pesar incluso de la coyuntura mundial, con un cierre de exportaciones en 2025 “muy positivo ya que hemos vendido más de la mitad del volumen nacional y hemos mejorado nuestros precios medios en un 3,4 por ciento en el último año”.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha defendido esta mañana en la reunión del Intergupo del Vino en el Comité de las Regiones, que se celebra en Bruselas, la incorporación de jóvenes al sector primario, a la agricultura y a la ganadería. “En la incorporación de jóvenes y la mano de obra joven y la iniciativa empresarial en el sector del campo, nos jugamos que la demostración de que todo lo invertido hasta ahora es un éxito, pero también que el campo sigue siendo clave y estratégico en la economía de medio y largo plazo para Europa”.

El jefe del Ejecutivo regional ha defendido que para mantener la soberanía alimentaria de los 27 y rentabilizar todo lo invertido en el sector primario, es necesaria la incorporación de jóvenes al campo. “Es absolutamente clave disponer de fondos económicos, nadie se debiera rasgar las vestiduras porque realmente hemos invertido muchísimos miles de millones de euros a lo largo de mucho tiempo para sostener el campo y para darle efectividad, para reestructurarlo y para adaptarlo. Sería bastante triste si finalmente, y a la vuelta de varias generaciones, el campo se abandona y se abandona realmente por los propios europeos”, ha matizado.

García-Page, que ha estado acompañado por el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha reconocido a este respecto que “en Castilla-La Mancha nos hemos aplicado a fondo en las políticas de incorporación de jóvenes. De hecho, Castilla-La Mancha supone ahora mismo cerca de la mitad de todos los jóvenes que se están incorporando en España al sector primario”.

García-Page ha retomado la reivindicación que ya hiciera ayer en el seno del Comité de las Regiones y es que el campo no puede ser la víctima indirecta o directa del esfuerzo que hay que hacer en este momento en seguridad, “porque estaríamos desprotegiendo la seguridad interior, la cohesión, los objetivos tradicionales. Si se quiere hacer un esfuerzo en seguridad, tiene que ser un esfuerzo adicional, no puede ser a costa de políticas que requieren de constancia y que llevan generaciones planteándose”.

En este contexto, ha subrayado que Castilla-La Mancha, que es la gran productora de vino del planeta, considera de gran importancia que la intervención sectorial vitivinícola tenga carácter obligatorio y traducirlo fundamentalmente en seguridad en la producción y en las medidas de innovación y de cambios que esta intervención supone.

“Nos importa sobre la calidad, las condiciones para adaptar las nuevas producciones a las nuevas demandas que se están produciendo particularmente con el blanco, y regular la dinámica de esta intervención y ese carácter obligatorio”, ha matizado, al tiempo que se ha mostrado convencido de “apostar, e incluso incrementar, el margen de apoyo para la promoción en terceros países”.

Solo un 12% de los agricultores europeos son jóvenes

Por su parte, Julián Martínez Lizán, que también ha hecho alusión al relevo generacional, ha explicado que, en la actualidad, apenas un 12% de los agricultores europeos son considerados agricultores jóvenes. De ahí que para Martínez Lizán, el debate que se abre ahora con la renovación del próximo periodo de la PAC no debe ser solo un debate agrario, “sino que debe ser una prioridad de futuro”.

Por ello, ha pedido que el nuevo documento sea una PAC fuerte y que “tenga una financiación vinculante, obligatoria, una apuesta integral por el desarrollo rural y, sobre todo, por una eliminación drástica del exceso de burocracia que en este momento hay”. En opinión del consejero de Castilla-La Mancha, “no solo hablamos de un relevo en materia agraria, sino de un montón de condicionantes que deben ir acompañados del tutelaje también de nuestras experiencias vividas en el campo por las personas mayores y que, además, creo que también las cooperativas pueden jugar un papel fundamental”.

“Creo que se debe dotar de medidas de acompañamiento, tanto medidas fiscales y administrativas, como hemos hecho en el caso de Castilla-La Mancha, con una ley pionera que se estableció para luchar contra el despoblamiento, pero también por la apuesta de incorporar a la mujer en el mundo rural, en el mundo agrario, ya que ha realizado un trabajo constante toda la vida, y nunca ha estado visibilizado”, ha añadido.

Los representantes del Gobierno regional han defendido, a su vez, el acceso al agua y la disponibilidad de la misma para el desarrollo agronómico general.

El Gobierno de Castilla-La Mancha comienza a pagar desde este viernes ocho millones de euros a unos 286 jóvenes de la región con el fin de facilitar su incorporación al sector agroalimetario castellanomanchego.

Así lo ha apuntado el presidente regional, Emiliano García-Page, durante su intervención en la inauguración el 'Foro de Diálogo Local: El relevo generacional en la agricultura', junto al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

García-Page ha sacado pecho del “peso específico” de la región en la incorporación de jóvenes al campo al liderar esta materia en el conjunto del país. “Tengan en cuenta que la mitad de todos los jóvenes que se incorporan en España son en Castilla-La Mancha”, ha presumido.

“Aquí nos lo tomamos en serio desde hace mucho tiempo y nos lo tomamos en serio como, en realidad, nos tomamos toda la política y, particularmente, la que afecta a nuestra tierra”, ha resumido el jefe del Ejecutivo regional.

Estos ocho millones de euros para 286 jóvenes de las cinco provincias de Castilla-La Mancha corresponden a la convocatoria del 2023, la primera impulsada desde el Gobierno castellanomanchego esta legislatura.

Se suman así a los 1,6 millones abonados en diciembre a otros 65 jóvenes de esta misma convocatoria, por lo que el Ejecutivo regional ha pagado ya un total de 9,4 millones de euros a 351 jóvenes que han decidido poner en marcha su empresa agraria.

Precisamente de estos asuntos, entre otros, va a hablar el presidente autonómico la próxima semana en Bruselas, donde acudirá para participar en el Comité de las Regiones. “Es un honor encabezar y pilotar en el Comité de las Regiones la ponencia sobre la incorporación de jóvenes a la agricultura que es clave”, ha dicho, al tiempo que ha indicado que tratará de “concitar consensos como sabemos hacer aquí, pero sobre todo marcar una pauta”.

“Voy a hablar claro y voy a defender formalmente la PAC, y que tampoco convirtamos a los agricultores y a los ganaderos en los culpables del cambio climático”, ha aseverado, considerando que “más que culpables, son víctimas”.

Europa es un canal de riqueza

“Hay que recordar a la Unión Europea por completo que hoy toca defender este sector, hacerlo sin ningún tipo de complejo, hay que apostar por Europa, hay que apostar por lo que somos,” ha indicado el presidente castellanomanchego, para quien la Política Agraria Comunitaria es una canal ingente de riqueza para la región y permite seguir creciendo al sector agrario.

El mandatario autonómico ha invitado a combatir a “todos aquellos” que hacen populismo en contra de la Unión, porque “no va a haber más España, ni mejor España si estamos en contra de la Unión Europea” y ha puntualizado que “el ruido impide un debate y un camino seguro”.

Seguridad para los jóvenes

En el contexto de las jornadas, García-Page ha reconocido que el de los jóvenes “es un punto cardinal que no se debe ver reducido al mundo de la agricultura” y que se trata de un “problema mayor”.

Ha reconocido que en lo que concierne a los jóvenes “hay que resolver lo que urge ahora mismo: conseguir vivienda y pensar en que vayan a ocupar un puesto estable y, por supuesto, ni siquiera está garantizado que los chavales de hoy vayan a vivir más felices y mejor que sus padres. La sociedad se juega en qué medida es capaz de acolchar, de empujar, de ayudar, de facilitar ese tránsito”, ha rubricado.

Junto al presidente García-Page y al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, también han asistido a la inauguración de estas jornadas el vicepresidente Segundo de la Junta, José Manuel Caballero y el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez.

Tanto la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) como Asaja de Castilla-La Mancha se han mostrado indignadas porque el Ministerio de Agricultura haya vuelto a dejar fuera a los agricultores y ganaderos de región en las ayudas destinadas a paliar los daños provocados por las condiciones climatológicas, en este caso, las borrascas.

Han recordado que ya sucedió con las ayudas a la sequía para los productores de frutos de cáscara en 2025 cuando los agricultores castellanomanchegos quedaron excluidos.

El secretario general de UPA Castilla-La Mancha, Julián Morcillo, ha manifestado en rueda de prensa su sorpresa al comprobar cómo el Ministerio publicaba unas ayudas para el sector afectado por las borrascas que excluyen a esta comunidad autónoma, «porque en Castilla-La Mancha, al parecer, ni ha llovido ni el sector se ha visto afectado», ha ironizado.

Según el Ministerio de Agricultura, se habilitarán ayudas para dos comunidades autónomas dirigidas a agricultores, ganaderos, pescadores y acuicultores, con un presupuesto de 2.874,1 millones de euros. «Una vez más, como ya sucedió con las ayudas a la sequía para los productores de frutos de cáscara en 2025, el Ministerio deja fuera a nuestra región», ha señalado Morcillo.

Por este motivo, la organización ha solicitado una reunión con el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha para que eleve la protesta ante el Ejecutivo central y evite que, una vez más, los agricultores y ganaderos de la región queden excluidos. UPA considera que, ante daños similares provocados por borrascas continuadas, deben aplicarse los mismos criterios y concederse el mismo tipo de ayudas.

UPA ha recordado que en la reunión del Consejo de Ministros celebrada el pasado 10 de febrero se declaró a Castilla-La Mancha como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, y se informó de que se concederían subvenciones por daños en producciones agrícolas y ganaderas, añadiendo que «el procedimiento para la concesión de esas subvenciones se regirá por lo que disponga el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación». Es decir, se reconoce oficialmente la gravedad de la situación en la región, pero posteriormente se la excluye de las ayudas específicas.

«No es algo nuevo», ha recordado Julián Morcillo. «Ya sucedió con las ayudas a la sequía para los frutos de cáscara en 2025. Cuando los niveles de pluviometría eran idénticos o incluso superiores a los de otras comunidades donde sí se concedieron estas ayudas, Castilla-La Mancha quedó excluida».

Asaja exige medidas

En el mismo sentido, Asaja Castilla-La Mancha ha pedido que el sector agrario y ganadero de la región reciba el mismo trato que otras comunidades afectadas por las recientes borrascas y ha exigido medidas y ayudas extraordinarias y urgentes para agricultores y ganaderos que han sufrido graves daños a causa de las lluvias intensas, el viento y los desbordamientos de los ríos en la región.

La organización ha subrayado, a través de una nota de prensa, que los productores castellano-manchegos merecen acceder a estas medidas ya que la climatología excepcional ha afectado de manera generalizada al campo de la región, especialmente en el olivar, que se ha convertido en el cultivo más castigado. También se han registrado importantes pérdidas en frutos secos, hortícolas, maíz, cultivos herbáceos y ganadería. A ello hay que sumar los daños en las infraestructuras agrarias y ganaderas y en los cauces de ríos y arroyos.

En este contexto, la organización agraria ha pedido responsabilidad tanto al consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural como al delegado del Gobierno en la región a quienes ha remitido un escrito planteando un conjunto de medidas urgentes y necesarias para paliar las pérdidas sufridas por los agricultores y ganaderos. Todo ello acompañado de un informe técnico preliminar que recoge los daños ocasionados en el campo y las principales comarcas afectadas.

Asaja ha insistido en que la región no puede quedar al margen de las ayudas extraordinarias recientemente aprobadas para otras comunidades ya que la situación generada por el tren de borrascas ha provocado un escenario de pérdidas económicas y productivas muy importantes, con consecuencias directas en la planificación agronómica y en el cumplimiento de los requisitos de la PAC, además de afectar a infraestructuras, caminos, redes de riego e instalaciones de las explotaciones.

Por ello, ha insistido en que resulta imprescindible que las Administraciones actúen con rapidez, implementando medidas económicas urgentes, flexibilizando los requisitos de la PAC, reforzando la limpieza y el mantenimiento de cauces y promoviendo infraestructuras hidráulicas capaces de evitar futuras catástrofes. ASAJA CLM ha reclamado también la exención del IBI rústico y una reducción fiscal, así como la revisión de los seguros agrarios para que se adapten a la realidad productiva actual con rendimientos asegurables adecuados, reducción de franquicias y agilidad en el pago de indemnizaciones.

No obstante, ASAJA CLM ha aconsejado a los agricultores y ganaderos que hayan sufrido daños que los notifiquen a la Oficina Comarcal Agraria (OCA) correspondiente para proceder a su declaración.

En definitiva, la organización agraria ha exigido un plan de respuesta urgente y eficaz que garantice la continuidad de la actividad agraria y la recuperación del medio rural en la región.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha anunciado este domingo que estos días se han pagado 3,8 millones de euros a 290 viticultores que están restructurando cerca de 1.000 hectáreas.

Con este pago, ya son 12,3 millones los que se han transferido al sector vitícola en esta campaña para el incremento de la competitividad de sus explotaciones y un viñedo más resiliente y competitivo, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Junto a este pago, la Consejería también ha enviado recientemente las resoluciones de la convocatoria del Programa de Promoción del Vino en Terceros Países, con el fin de mejorar la competitividad de los vinos de calidad, lo que incluye la apertura y diversificación de los mercados vitivinícolas.

Gracias a estas ayudas un total de 38 proyectos se van a poner en marcha con una inversión de 4,7 millones de euros para lo que van a recibir una ayuda de más de 2,3 millones. “Con esto, se potencia la comercialización de vino en terceros países, en los mercados que ya estaban y se consolidarían, y también en la apertura de nuevos mercados aprovechando los nuevos acuerdos comerciales que se están firmando”, ha indicado al respecto.

El consejero ha informado de ambas cuestiones en Herencia, “un municipio muy ligado al vino”, que ha visitado para asistir al 42ª Concurso de Gachas Manchegas que se celebra en el marco del Carnaval de Herencia, uno de los más importantes de los que se celebran en Castilla-La Mancha y que este año lo hace por primera vez bajo la declaración de Bien de Interés Cultural.

Allí ha estado acompañado por el alcalde de la localidad, Sergio García-Navas, y la delegada de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en la provincia de Ciudad Real, Amparo Bremard.

En relación con el concurso de gachas manchegas, Julián Martínez Lizán ha explicado que el Gobierno regional trabajó desde su llegada en 2015 para conseguir la regularización de la harina de almortas, logrando que se autorizara su uso para consumo humano y que en los lineales de los supermercados no fuera considerada como alimentación animal.

Julián Martínez Lizán también ha puesto en valor “esta comida humilde y sencilla, pero que es una parte fundamental de la diversidad de productos que tenemos en nuestro territorio y que juegan un papel importante en la gastronomía como herramienta de desarrollo del turismo rural”.

Por último, ha recordado que para que este concurso sea posible es “imprescindible el trabajo de nuestros agricultores, primer eslabón de la cadena alimentaria”, quienes dan pie a que existan la industria agroalimentaria, los alimentos y la rica gastronomía de la región.

Las intensas lluvias que han caído en Andalucía desde principios de año, fruto de siete borrascas de gran impacto, han provocado no solo desalojos, desplazados y daños en las infraestructuras viales, en casas o en paseos marítimos, sino que se han cebado especialmente con el sector primario. Agricultores y ganaderos se esfuerzan en achicar aguas y limpiar sus zonas de trabajo para poder cuantificar qué se ha perdido y cuánto tardarán en volver a la normalidad. Pero el análisis preliminar no es nada halagüeño y desde el campo asumen que las pérdidas son “incalculables”, tal y como vienen también denunciando en estos días organizaciones agrarias como UPA, Cooperativas Agroalimentarias, COAG y Asaja.

El propio ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, admite que aún no se pueden dar cifras concretas de los daños porque están siendo todavía evaluados. Este mismo viernes, tras reunirse con las organizaciones agrarias Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias, ha confirmado que el Gobierno está abierto a abordar la flexibilización de la PAC, “repasar” los módulos del IRPF de 2026 y el número de peonadas y “trabajar” para que estén garantizados los contingentes de trabajadores de terceros países que son “necesarios” para las tareas del campo. Asimismo, asegura que habrá ayudas directas y créditos y avales.

Provincias como Cádiz y Málaga se han visto especialmente dañadas por este tren de borrascas y quienes tienen sus explotaciones agrícolas y ganaderas en ambos puntos son quienes más problemas están acarreando. Pero la intensidad de las lluvias, que apenas han dado tregua, también ha tenido su efecto en el resto de Andalucía, ya que, según datos del Ministerio de Agricultura, solo en el sector agrícola se han visto dañadas más de 14.000 hectáreas de la comunidad autónoma, más de la mitad de las 22.000 que han sufrido el efecto de las borrascas en toda España. Una realidad que hace que el sector primario pida ayuda a las administraciones, pero también levante la voz recordando que hay políticas de prevención que no se han llevado a cabo.

Porque lo que en estas semanas han perdido tardarán tiempo en recuperarlo y la nueva realidad a la que parece enfrentarse España ante el cambio climático implica que el futuro tiene que pasar por debates en los que el campo tiene mucho que decir desde hace años. Ese es el caso precisamente de los agricultores del Bajo Guadalete, en la provincia de Cádiz, uno de los puntos más castigados por las precipitaciones y también uno en los que los problemas históricos se acumulan. Así lo explica José Miguel Hernández, que a sus 41 años representa un perfil poco común del sector primario: el de un empresario joven que como tal exige también la modernización del campo.

Lloviendo sobre mojado

Hernández es propietario, junto con su hermano, de una gran extensión agrícola en esta zona de la provincia de Cádiz. Por eso mismo, sabe que, sin poder haber comprobado al detalle qué daños ha sufrido su explotación, las pérdidas serán “incalculables”. Las parcelas siguen anegadas y los caminos rurales destrozados, lo que impide incluso que los peritos puedan acceder a todas las fincas. En su caso, que planta sobre todo cultivos hortícolas, asume que si deja de llover no podrá empezar a plantar de nuevo hasta finales de mayo, lo que hace que pierda por completo la campaña agrícola de verano, salvo que pueda arrendar un campo que no esté dañado mientras se recupera el suyo. Solo en pérdida de cultivos, calcula unos 220.000 euros.

Pero su análisis va más allá del temporal. Sostiene que el campo lleva años advirtiendo de la necesidad de invertir en infraestructuras hidráulicas, limpieza de cauces, mantenimiento de canales y mejora de drenajes. “Esto no es solo la lluvia, es que no se ha invertido lo suficiente en prevención”, defiende. A su juicio, las precipitaciones han evidenciado carencias estructurales que arrastran desde hace décadas y que ahora multiplican los daños. En todo el Bajo Guadalete, explica, hay alrededor de 400 kilómetros de tuberías obsoletas de fibrocemento, mientras se invierte en “cosas que no hacen falta, pero que vienen bien para el turismo”. En cuanto al sistema que hay en su explotación, las pérdidas de las canalizaciones rondarán los 40.000 euros.

En una zona históricamente sensible a las crecidas, los agricultores reclaman planes integrales que contemplen tanto la gestión del agua en épocas de sequía como la evacuación en momentos de lluvias extremas. “No se puede hablar solo de ayudas después del desastre. Hay que hablar de inversión antes de que ocurra”, insiste Hernández, que reivindica un modelo de campo más tecnificado y preparado para escenarios climáticos cada vez más imprevisibles.

Si en la campiña gaditana el agua ha ahogado cultivos, en el interior de Jaén ha provocado un golpe todavía más doloroso: la muerte de cientos de animales en plena paridera, el periodo de tiempo en el que las madres crían. Antonio Punzano, ganadero trashumante de ovino con más de tres décadas de experiencia, reconoce que nunca había vivido algo igual. “Estamos rondando el 60% de los corderos perdidos”, lamenta.

Los números no dan

No se trata solo de que haya llovido mucho, sino de que no ha parado. “Siempre han estado mojados, siempre”. La humedad constante ha debilitado a las crías recién nacidas, que si no maman en las primeras horas mueren, y ha favorecido infecciones entre las que han logrado sobrevivir. “De tantas bajas como este año, nunca jamás lo había visto”, asegura. Lo habitual, explica, es que en explotaciones como la suya se puedan perder entre 30-40 crías en épocas de lluvias de entre 300 y 400 corderos, pero ahora la cifra se ha multiplicado por seis. “Las ayudas deben llegar, pero de forma justa y que no perjudiquen a los que sí estamos afectados porque no es lo mismo los que somos trashumantes que quienes tienen a sus rebaños en ganaderías cercadas y techadas”.

De este modo, las pérdidas económicas, solo en su explotación, oscilan entre los 15.000 y los 20.000 euros. Pero el daño es también estructural: muchas de las crías fallecidas eran futuras madres, lo que compromete la reposición del rebaño y retrasa la producción durante meses. “Al menos, los pantanos van a estar llenos para los próximos años”, se consuela. No obstante, como el resto del sector, cree que hacen falta inversiones. Al ser ganadero trashumante y no tener un lugar físico en el que recoger a los corderos, considera que han de construirse zonas específicas para situaciones en las que se produzca un clima tan adverso, que parece que será la tendencia por el cambio climático.

Situación complicada e incierta

En la provincia de Málaga, la situación tampoco es sencilla. En Antequera, Carmen Roldán, ganadera de ovejas al frente de una explotación familiar, describe un escenario límite que combina el impacto de las lluvias con problemas previos como la lengua azul. “Nunca habíamos vivido una situación tan complicada y tan incierta como la actual”, afirma. Entre el aumento de costes –piensos, gasóleo, electricidad...– y las pérdidas derivadas de la enfermedad, habla de “varios miles de euros” y de una rentabilidad cada vez más estrecha. “Trabajamos más que nunca para ganar menos que nunca”. A ello se suma, denuncia, una burocracia creciente y ayudas que no llegan. “Las ayudas que no llegan a tiempo no solucionan nada”.

Desde la Junta de Andalucía, la Consejería de Agricultura asegura que está evaluando la situación dentro de sus competencias y trasladando los datos a Presidencia y Hacienda para realizar el cómputo total de daños y articular las ayudas. Por su parte, el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha solicitado también a la Comisión Europea la activación de la Reserva de Crisis Agrícola para apoyar a las zonas afectadas y ha avanzado cifras provisionales que sitúan en torno a 14.000 las hectáreas dañadas en Andalucía.

Mientras las administraciones evalúan y preparan planes de respuesta, el campo insiste en que la solución no puede limitarse a compensaciones puntuales. La prevención, la inversión en infraestructuras y la adaptación al nuevo escenario climático son, para agricultores y ganaderos, cuestiones pendientes que esta cadena de borrascas ha dejado al descubierto. Porque más allá de las cifras, lo que se ha puesto en evidencia es la fragilidad de un sector que sostiene buena parte de la economía rural andaluza. Y si no se refuerzan los cimientos, advierten, el próximo temporal volverá a encontrar al campo igual de expuesto.

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a llevar a cabo una flexibilización, que permite la norma de la Política Agraria Común, en cuanto al cumplimiento de determinados requisitos para que las pérdidas provocadas por las sucesivas borrascas que están azotando a la península no afecten a la renta de agricultores y ganaderos a la hora de cobrar ayudas.

Así lo ha avanzado el titular regional de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, que, antes de presidir en Toledo la reunión del Observatorio Regional del Impacto de los Aranceles, ha sido preguntado por los daños que las intensas lluvias están generando en el campo castellanomanchego.

Ha adelantado que la consejería ha pedido un informe de daños a cada una de las provincias de la región, para hacer una primera estimación.

“Pero sigue lloviendo y habrá que esperar todavía unos días para ver el alcance total de daños que se han producido y ver qué medidas se pueden ir implementando, evidentemente con ayudas europeas que están para eso y que están en el ofrecimiento actualmente”, ha manifestado.

Lizán ha añadido que, de momento, el cultivo que más preocupa, porque aún no ha terminado sus labores de recolección, es el de la aceituna. “Puede quedar entre un 20 y un 30 por ciento de esa recolección, que va a afectar finalmente a la previsión estimada que había de producción del aceite y, evidentemente, va a tener un perjuicio para el agricultor que pueda tener sin recoger toda su aceituna”.

Sobre este asunto, el consejero ha añadido que “evidentemente” esas pérdidas de cosecha las cubren los seguros agrarios.

De igual modo, ha lamentado que la climatología también vaya a dificultar las labores de siembra, sobre todo de leguminosas, que tendrían que llevarse a cabo en estas fechas.

“Habrá que ver cómo evoluciona también el contexto climatológico y qué posibilidades hay de hacer las labores agropecuarias que hay que realizar en nuestras explotaciones”, ha terminado añadiendo.

Además, el consejero ha recordado que el pasado martes su departamento informaba de la activación del protocolo de actuación que permite aplicar en las solicitudes de la PAC el reconocimiento de causa de fuerza mayor de forma individualizada en aquellas explotaciones de ovino y caprino que se hayan visto afectadas por la lengua azul. Esto permite, ha explicado, cierto “incumplimiento” de determinados conceptos, para que no perjudique a los ganaderos en el cobro de ayudas.

Las bodegas de Castilla-La Mancha han presentado un total de 84 solicitudes a las ayudas Vinati que suponen una inversión de 55 millones de euros una vez cerrado el plazo, según ha señalado el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, durante su visita a la Bodega Cristo de la Vega en Socuéllamos (Ciudad Real)

“Esta cifra pone de manifiesto la inquietud que hay en el sector del vino por seguir mejorando y adaptándonos a las necesidades que los consumidores demandan, pero, sobre todo, también a seguir viendo una oportunidad de negocio, que es algo que respalda el Gobierno regional y con lo que nos sentimos tremendamente orgullosos y satisfechos, y por lo que vamos a seguir peleando”, en palabras de Julián Martínez Lizán.

Todo ello en aras de mejorar la competitividad de las industrias vitivinícolas, una línea de trabajo “fundamental para nuestro Gobierno porque Castilla-La Mancha es la bodega y el viñedo del mundo y lo queremos seguir siendo”. De hecho, desde 2015 se han desarrollado 491 proyectos Vinati que han supuesto una inversión de más de 427 millones, con una ayuda de más de 144 dirigida a mejorar las infraestructuras y las condiciones de elaboración de vinos “de excelente calidad”.

Así lo ha expuesto el consejero en declaraciones a la prensa antes de visitar esta bodega que, precisamente, cuenta con instalaciones renovadas y se ha acogido a estas ayudas. “Concretamente en Vinati, han hecho inversiones en estos últimos años por más de 3,7 millones de euros, con tres proyectos presentados, dos que ya están finalizados y por los que han percibido 910.000 euros, y uno que está en ejecución para su finalización y cobro de la subvención, y que ponen de manifiesto ese compromiso mutuo, que Administración y cooperativa tienen por mejorar esos procesos productivos y de transformación, así como de ampliación en las labores que vienen realizando y el apoyo que se le presta a este servicio”, ha indicado el consejero.

Una cooperativa pionera

Martínez Lizán ha valorado que ésta sea una de las mayores cooperativas de la región con más de medio millón de hectólitros de vino y mosto producidos anualmente. Aunque tienen diferentes variedades, fue una de las primeras bodegas en apostar por embotellar Airén, “nuestra variedad autóctona, y hoy su marca Yugo es conocida y reconocida tanto en nuestro país como en el extranjero”.

Bodegas Cristo de la Vega tiene una trayectoria de más de 70 años y roza los 800 socios en un municipio de 12.000 habitantes, lo que indica que prácticamente todo el pueblo está involucrado de una u otra forma con esta bodega y la bodega lo está con su pueblo porque colabora en actividades deportivas y culturales, dinamizando no sólo la economía, sino también la vida social, “demostrando que una cooperativa en el medio rural puede ser mucho más que una empresa”.

Por último, el consejero ha señalado que su vocación de mejora no se circunscribe solo a las instalaciones y las producciones sino a otros ámbitos como la igualdad, en el que Bodegas Cristo de la Vega “es un ejemplo”, ya que desde hace cuatro años cuenta con una presidenta María José Moreno, demostrando que cada vez hay más mujeres con cargos de responsabilidad en los consejos rectores, además de ser socias, enólogas, gerentes, técnicas de comercio exterior o estar al frente de la administración.

Sin salir del sector vitivinícola, el consejero ha dado cuenta de que ayer se aprobó en Conferencia Sectorial la ayuda a la promoción del vino en terceros países, para la que Castilla-La Mancha contará con 2,3 millones de euros en su convocatoria de 2026. Las solicitudes recibirán una ayuda máxima equivalente al 50 por ciento de su inversión. Las resoluciones de aprobación se enviarán a las bodegas en las próximas semanas.