La mayoría que suma la derecha en el Congreso no logra ponerse de acuerdo para empezar a tramitar una medida que, en principio, comparte: la prohibición del uso del burka. Este martes, el Congreso rechazará la toma en consideración de una proposición de ley en ese sentido presentada por Junts a causa de la oposición de PP y Vox, que rechazan el texto no porque no compartan que se prohíba utilizar este tipo de prendas, sino porque la iniciativa incluye también una disposición adicional para delegar en la Generalitat de Catalunya competencias migratorias que ahora mismo están en manos del Estado, como el control de las fronteras, la expulsión de inmigrantes o la facultad de expedir el DNI o el pasaporte.

Es la segunda vez en apenas unos meses que la derecha no logra ponerse de acuerdo en la Cámara Baja para iniciar la tramitación de una ley que prohibiría utilizar el burka o el nicab. El pasado febrero fue derribada otra iniciativa en ese sentido, propuesta por Vox, y entonces fue Junts quien se opuso a la misma argumentando que no apoyarían nada que presentase “un partido político anticatalán, antifeminista, en contra de los derechos humanos y que ha liderado la represión contra Catalunya”. Entonces, sin embargo, los independentistas anunciaron que registrarían su propia proposición de ley en relación al burka, y este martes el diputado Josep Pagès la defendió asegurando que Junts no puede “aceptar que en nuestras calles haya personas invisibilizadas, borradas, cosificadas por una práctica que es sumisión, humillación y esclavitud”.

“Ni burka, ni Vox, de este marco no nos moveremos ni un milímetro”, argumentó en el debate parlamentario Pagès, que sostuvo que su iniciativa pretendía impedir que “en nuestra sociedad vulnerar los derechos de las mujeres no tenga consecuencias”, pero también afirmó que Junts no aceptaría “que eso se haga desde el racismo”. “El respeto a la pluralidad” religiosa “no puede amparar nunca prácticas que objetivamente suponen excluir a las mujeres de la vida pública”, y “dejar que de este debate se apropie la ultraderecha es precisamente lo que ha hecho el populismo de una izquierda acomplejada y desvinculada de la realidad”, espetó el diputado de Junts.

En contraste con la larga argumentación que ofreció para justificar la prohibición del burka, Pagès apenas se refirió a la segunda parte del texto, la cesión de competencias sobre migración y fronteras a la Generalitat, asegurando que es necesaria para que Catalunya “pueda disponer de las herramientas necesarias para ejercer en plenitud sus competencias”. Pero esta cuestión fue, precisamente, la que llevó a PP y Vox a oponerse al texto. La diputada popular Cristina Teniente aseguró que su partido comparte “el fondo” de la proposición de ley, y sostuvo que “el burka y los velos integrales” son “instrumentos de subordinación clara” que deben ser prohibidos. Pero también espetó que “un asunto tan sensible” no se puede “utilizar para introducir por la puerta de atrás una nueva cesión de competencias a Catalunya”.

“Los derechos fundamentales no se trocean, no se puede jugar con la seguridad del Estado y la igualdad en las mujeres no puede depender de su código postal”, defendió Teniente, que aseguró que el PP quiere “regular” el uso del burka, “pero con una ley clara” y “aplicable a todo el territorio nacional”. La parlamentaria popular anunció que su partido presentará una proposición de ley en este sentido.

Por su parte, la diputada de Vox Blanca Armario recordó el voto negativo de Junts a varias iniciativas presentadas por la ultraderecha contra el “islamismo” o el uso del burka. “Qué mala memoria tienen ustedes, señorías”, ironizó Armario, que sostuvo que Junts oculta “sus verdaderas intenciones” tras el intento de prohibir el uso del burka o el nicab: “Transferir las competencias sobre fronteras, la seguridad en los puertos o la expedición de documentos oficiales”. “La seguridad no es un puzzle de 17 comunidades autónomas”, sino que “se rompe cuando se fragmenta”, espetó la parlamentaria de Vox, que afirmo no querer oír “ni hablar de cesiones de competencias”. “Ya les han regalado bastantes tanto el PP como el PSOE”, “ni burka ni Junts”, zanjó.

La izquierda se opone

El PSOE, por su parte, se defendió de las críticas del PP —que acusó de “cinismo” a los socialistas— asegurando por boca de su diputada Andrea Fernández que “evidentemente el burka, el nicab o cualquier prenda orientada o destinada a ocultar o denigrar a las mujeres es contraria al feminismo”. No obstante, Fernández espetó que convertir a las mujeres que son obligadas a llevar burka “en un problema policial, que es lo que toda la derecha defiende, es sencillamente un planteamiento equivocado”, e insistió en que “este debate” promovido por Junts “poco o nada tiene que ver con la seguridad”, sino que “se utiliza para tapar la intolerancia”.

“La solución” del problema, planteó la diputada del PSOE, “en ningún caso pasa por expulsar a estas mujeres del espacio público a base de prohibiciones”. Y en la misma línea se expresó el parlamentario de Sumar Gerardo Pisarello, que sostuvo que “las prohibiciones que se han planteado en Francia o Bélgica simplemente han expulsado a las mujeres del espacio público, en muchos casos marginándolas”, en lugar de lograr que se deje de utilizar el velo integral en la calle. “Necesitamos competencias”, pero no para poder dar “órdenes de perseguir a los más vulnerables, sino para evitar que las mujeres” sufran “acoso inmobiliario, explotación laboral o violencia machista”.

El Ayuntamiento de Caspe no tiene capacidad legal para prohibir el uso del burka o el niqab en dependencias municipales, tal y como plantea una moción presentada por Vox que se debatirá este jueves en el pleno ordinario. Así lo concluye el informe de Secretaría, que advierte de posibles “vulneraciones del ordenamiento jurídico” si se desarrolla una regulación en este sentido y considera que la motivación de la moción presentada por Vox “no responde a criterios técnicos ni organizativos, sino que pueden responder más a una finalidad ideológica de exclusión religiosa”.

El documento subraya que cualquier limitación de un derecho fundamental como la libertad religiosa solo puede hacerse mediante una norma con rango de ley. En concreto, recuerda que “solo por ley se puedan fijar los límites a un derecho fundamental” y que una restricción general del velo integral “supondría una limitación al modo de ejercicio del derecho a la libertad religiosa”.

La moción de Vox propone “no permitir el acceso o permanencia en dependencias municipales a personas con prendas que oculten total o parcialmente el rostro”, incluyendo “el niqab, el burka u otras prendas similares”. La iniciativa justifica esta medida en la necesidad de garantizar la “identificación visual del rostro por razones de seguridad y verificación de la identidad”. Sin embargo, el informe jurídico advierte de que el Ayuntamiento no puede regular directamente el ejercicio de derechos fundamentales mediante ordenanzas. En este sentido, recoge doctrina del Tribunal Supremo que establece que “todo el ejercicio del derecho fundamental está reservado a la Ley, y no puede por ello ser objeto directo de regulación por una Ordenanza municipal”.

Además, el documento cuestiona la necesidad de la medida. Según señala, los propios servicios municipales han confirmado “la total ausencia de conflictos” relacionados con el uso de este tipo de prendas en la atención al público, por lo que “no constituye un problema técnico u organizativo para el Ayuntamiento”. También incide en que limitar el acceso sin que exista una alteración real del orden público puede suponer “una restricción injustificada de este derecho fundamental”.

En sus conclusiones, Secretaría es clara: “El Ayuntamiento de Caspe no se encuentra habilitado para, mediante un reglamento u ordenanza, limitar este derecho ni regularlo”, por lo que “no puede prohibir el uso del velo islámico (burka, niqab o similar) en las oficinas municipales”.

La moción registrada por Vox plantea establecer “una condición funcional de acceso y uso consistente en la necesidad de permitir la identificación visual del rostro”, aplicable a cualquier prenda que impida reconocer la cara “con independencia del origen, motivación o significado de la prenda”.

El texto sostiene que las dependencias municipales son espacios donde “se desarrollan actuaciones con efectos jurídicos” y donde la identificación resulta “un requisito funcional imprescindible”, vinculándolo a la seguridad y a la prevención de suplantaciones.

La propuesta se limita a los edificios municipales y especifica que “no resulta aplicable a la vía pública”, además de excluir casos justificados por “razones médicas, motivos de salud pública o exigencias de seguridad laboral”.

Este asunto se ha debatido en varias instituciones, también en el Ayuntamiento de Zaragoza, donde con los votos a favor del PP y de Vox se aprobó la prohibición de llevar estos elementos en los espacios municipales. Vox consideró en el pleno del pasado mes de febrero que es impresindible “permitir la identificación visual del rostro por razones de seguridad y verificación de la identidad” y Natalia Chueca dijo que se va a desarrollar una futura ordenanza cívica para exigir identificación visual. Esta iniciativa no contó con el apoyo del PSOE y de ZeC, aunque ambas formaciones se posicionan en contra del burka y del niqab, consideran que se está debatiendo “sobre un problema que no existe”, según Elena Tomás. Lola Ranera, por su parte, consideró que “utilizar la posición para recortar derechos y señalar a parte de la ciudadanás es islamofobia”.

El Ayuntamiento de Sevilla ha formalizado este jueves en pleno, con los votos de PP y Vox, la propuesta de la formación de ultraderecha para prohibir el uso del burka y el niqab en las dependencias municipales, aunque admite que por ahora no podrá aplicarla. El motivo es el mismo que se viene pregonando desde que se conoció la iniciativa: hoy por hoy no tiene cobertura legal, y no se pondrá en marcha hasta que la tenga, todo ello el mismo día que el gobierno local del PP ha cedido el Alcázar al partido de Santiago Abascal para un acto sobre el “impacto económico negativo en el Estado de Bienestar” de la inmigración.

Fuentes municipales han señalado a este periódico que la limitación del burka “no se sabe si se podrá aplicar, eso es algo que tendrá que decirlo el Estado”. El PP considera que su compromiso era aprobar la iniciativa de Vox como ya dijo que haría en la Comisión de Control del pasado viernes, pero que a partir de ahí “se aplicará si tiene cobertura legal”, algo de lo que carece en este momento.

“El Ayuntamiento no puede incumplir la ley”, se apostilla, a la vez que se hace referencia a la proposición de ley presentada en el Congreso por el PP hace un mes, sólo dos días después de que no fructificara una iniciativa en la misma línea auspiciada por Vox. PP y Vox unieron entonces sus votos, pero al desmarcarse Junts no lograron la mayoría suficiente.

No se ha solicitado informe jurídico

Así que el pleno municipal ha aprobado una iniciativa que el alcalde, José Luis Sanz (PP), va a meter en el cajón de momento hasta que tenga respaldo legal. De hecho, el propio portavoz del gobierno local y delegado de Hacienda, Juan Bueno, ya reconocía en el debate del viernes que existen dudas legales sobre la posibilidad de implantar esta medida e incluso barajó la posibilidad de solicitar un informe jurídico. Finalmente, no se ha dado este paso y se esperará a que haya un marco normativo estatal.

Todo ello pese a que el portavoz adjunto de Vox, Gonzalo García de Polavieja, insistía en el pleno en que existe el suficiente amparo legal. Y si es verdad que el Tribunal Supremo puso en 2013 limitaciones, se ha agarrado a que posteriormente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dado margen (aunque no en el sentido esgrimido) y la propia Ley de Seguridad Ciudadana de 2015 (la Ley Mordaza) establece la prohibición de ir con el rostro totalmente cubierto “excepto por razones de seguridad, salud o necesidad”.

La propuesta de Vox se arropa con motivos de seguridad, mientras que el PP (que no ha usado su tiempo en la sesión plenaria para explicar el sentido de su voto) se ha subido el carro revistiendo su apoyo de feminismo al condenar la imposición de estas prendas a la mujer. “Lo disfrazan de feminismo después de votar 'no' a una moción de igualdad”, le ha afeado a los populares la portavoz adjunta del PSOE, Sonia Gaya, que ha lamentado que “Vox pone la islamofobia y el racismo y ustedes dócilmente le ponen los votos”.

“Inútil, injusta y basada en el odio”

“Están blanqueando una realidad cada vez más evidente, que pretenden ser exactamente igual que la ultraderecha”, ha continuado. “Estamos en contra del burka, pero no desde la prohibición y la autoexclusión de las mujeres”.

Desde Podemos-IU, su portavoz, Ismael Sánchez (IU), ha incidido en que estamos ante una propuesta “jurídicamente dudosa” por la senda que trazó el Tribunal Supremo, así que a día de hoy “no hay una cobertura legal suficiente”, como posteriormente se ha admitido desde el propio gobierno local. Y como no salió la iniciativa en el Congreso en un primer intento, “traen este disparate al pleno”.

Después de subrayar –“para que no quepan dudas”– que “no queremos que nadie imponga o decida cómo tienen que vestir las mujeres”, ha cargado contra una moción “inútil, injusta y basada en el odio”. “Es un problema inventado para generar confrontación y discriminación”, y encima hecha “desde el paraguas de una falsa neutralidad”.

Cesión del Alcázar para un acto contra la inmigración

Todo esto no ha arañado ni un ápice la satisfacción con la que Vox se ha marchado del pleno llevando bajo el brazo su propuesta aprobada, lo que ha compaginado con la reunión que ha mantenido en la propia casa consistorial para recibir a Samuel Vázquez, su portavoz nacional de Seguridad, que ha vuelto a relacionar inseguridad ciudadana con inmigración. La jornada se ha rematado horas después con la presentación del informe La inmigración y su impacto económico negativo en el Estado de Bienestar, en el que Vázquez ha estado arropado por cargos provinciales y autonómicos de su partido.

El estudio no es precisamente nuevo, pero sí ha sido atípico el escenario elegido para lucirlo, nada más y nada menos que el Real Alcázar de Sevilla. Eso ha sido posible gracias a que lo ha cedido para la ocasión el gobierno local del PP, que siempre alega en estos casos que el uso del monumento está abierto a todas las propuestas que se presenten, ya sean políticas, económicas, sindicales o ciudadanas.

El Partido Popular en el Ayuntamiento de Sevilla satisface a Vox al haber declarado su apoyo a la moción que se votará en el pleno municipal el próximo jueves que trata sobre la prohibición del burka y el niqab en las dependencias municipales. Con el sí rotundo, el único argumento esgrimido en contra fue que no hay amparo en la normativa estatal para que el consistorio realice tal procedimiento, por lo que los populares echaron mano a la confección de un posible informe jurídico para calmar las aguas, de no prosperar la medida.

En la Comisión Especial de Control y Fiscalización del Gobierno, el grupo de ultraderecha sorteó las propuestas relativas al Día Internacional de la Mujer para entrar rápidamente al terrero: en aras de la seguridad para el “correcto” funcionamiento del servicio público, la concejala María Cristina Peláez mantuvo que la medida era “sencilla, proporcionada y legal” y solo se ajusta a que “quien se dirige a la administración, debe ser identificado”. “No planteamos prohibir prendas religiosas en la vía pública ni cómo viste nadie en su vida privada”, matizó, sin embargo, acusó a los gobiernos centrales de “promover políticas migratorias irresponsables” y del aumento de la población musulmana en el país, “principalmente de origen marroquí”, relacionando, por tanto, un hecho y otro.

Quien minutos antes había negado la existencia de la brecha salarial por razón de género, comentó que no se trataba de “un debate teórico o una discusión teológica abstracta”, obviando deliberadamente la ofensiva que lleva Vox a nivel nacional tras el fracaso de su propuesta en el Congreso de los Diputados. “El burka o el niqab no es una expresión cultural inocente ni una simple forma de vestir, es el símbolo más evidente de discriminación hacia la mujer en las sociedades islámicas”, reiteró, “la izquierda está aceptando su sometimiento, porque nosotros estamos con aquellas mujeres que luchan en el mundo por no llevarlo”. No obstante, se han posicionado para prohibir también los menús halal o defienden la cultura cristiana como la vertebradora de la sociedad actual.

El PP, replegado

En representación del gobierno local, el primer teniente de alcalde Juan Francisco Bueno confirmó que “sí” apoyarán la iniciativa, porque “no nace en ningún caso del rechazo a ninguna religión ni de la negación de la libertad religiosa”, sino que, a su juicio, se hacía en base a “los valores de nuestra democracia”. Aun así, el concejal admitió lo siguiente: “Me he pronunciado en un 'no' claramente al burka y al niqab”.

El concejal pedía “un debate sereno” para abordar un tema de tal calibre en el que se ha volcado la derecha y extrema derecha en los últimos meses, pero decía “no entender” las razones compartidas por la izquierda en el debate municipal. En cualquier caso, admitió que desconocía si el Ayuntamiento podía dar establecer esa serie de restricciones “si no hay una ley que lo ampare”: “Esa es la única duda que tenemos, de si podremos ponerlo en práctica”. Por ello, motivó la elaboración de un informe jurídico antes de continuar con el procedimiento, pidiendo al mismo tiempo el apoyo a nivel nacional de la propuesta de ley de su partido.

Así, el PP municipal se repliega ante Vox, del que ha dependido tanto para la aprobación de presupuestos como para las horas extras de la Policía Local, entre otras medidas, cuando a nivel autonómico y estatal hay un pulso por separar los enfoques de los partidos en el intento de atraer a un votante cada vez más volátil. Fue el propio presidente andaluz, Juanma Moreno, quien inició el ataque en aras de proteger su mayoría absoluta de 55 diputados tras el 28F, atacando a los de extrema derecha mediante las consignas que presentan para disolver las autonomías, “¿para qué están ahí sentados?”, aludía. A pesar de las directrices, los ayuntamientos populares se han asociado a Vox a la ahora de abordar la migración, como ha sucedido en los municipios almerienses de Níjar o El Ejido, aunque se abstuviera en Málaga.

“Problema ficticio”

Si bien Peláez criticó que la izquierda se escudara en “cifras y estadísticas” para no apoyar la moción, la cuestión es que, tal y como defendió Ismael Sánchez, del grupo Con Podemos-Izquierda Unida, no hay ninguna queja formal en las dependencias municipales ni por parte de las fuerzas de seguridad que custodian la administración. “Las trabajadoras municipales del distrito, a quienes hemos consultado, nos dicen que eso no pasa y desde la policía local nos dijeron que hubo un caso en un distrito: simplemente se levantó el velo, comprobaron la identificación con el DNI y ya está”, zanjó el portavoz.

Por tanto, calificó la moción como “un problema ficticio” que venía a “fabricar un enemigo imaginario, a sembrar odio y a utilizar a una minoría de mujeres como diana política”. “Estamos ante una maniobra de propaganda ultra que solo quiere atraer islamofobia y xenofobia”, aduciendo que tales prohibiciones solo fomentan “un aislamiento mayor” que dificulta la protección de las mujeres que pertenecen a esta comunidad. En este punto, su posicionamiento lo resumió así: “No queremos que ninguna mujer tenga que llevar ninguna prenda por imposición”.

En una sentencia del Tribunal Supremo de 2013, que anuló así varias de las normas impuestas por los ayuntamientos en otro periodo de tensión política como eran las graves consecuencias de la crisis económica de 2008, se razonó que el veto podía provocar un “efecto perverso”. Por ejemplo, el “enclaustramiento de la mujer en su entorno familiar inmediato” si decide priorizar sus convicciones religiosas sobre “otras consideraciones”. Según la resolución, cerrar el acceso a los espacios públicos con estos atuendos que ocultan el cuerpo de la mujer resultaría “contrario al objetivo de integración”. Lejos de proteger la igualdad o eliminar la discriminación, podría contribuir a “incrementarlas” al forzar su aislamiento social. 

“Desde los derechos humanos y la educación”

Otra sentencia judicial a la que se aludió durante la comisión fue la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero, al contrario que hizo Vox, su razonamiento está alejado de cuestiones de género o religiosas. La Corte de Estrasburgo mantenía que la prohibición de las prendas que ocultan la cara era aceptable, pero exigía que los motivos que las promovían también lo fueran. Francia, Bélgica, Austria, Dinamarca, Países Bajos, Portugal, Alemania y Bulgaria ya han promulgado leyes que se amparan en esta resolución, que defendía “las reglas básicas de la comunicación social” y la “convivencia mutua”, pero admitiendo que hay mujeres que las llevan por elección propia y, en aras de la consabida seguridad, solo se aplica en lugares sensibles, como aeropuertos, o en una emergencia.

Desde la bancada socialista, Sonia Gaya, aun mostrando su rechazo al burka y al niqab, defendió su negativa a la moción que “trae un debate cultural para generar problemas de convivencia que no existen”. “La forma no es señalar el burka o el niwab para que queden excluidas en sus casas, sino desde los derechos humanos, y la educación: el foco lo ponemos en las mujeres, no en el patriarcado y en el machismo”, sostuvo, subrayando que la ley de Seguridad Ciudadana -ley mordaza- permite la identificación del rostro de cualquier persona en caso de que haya un peligro inminente.

8 de marzo

La moción se debatía después de un debate acalorado en torno al Día Internacional de la Mujer, conmemorado el pasado 8 de marzo, donde el presidente de la comisión pidió calma a los grupos en diversas ocasiones. A falta de una declaración institucional, PSOE y Con Podemos-IU presentaron una iniciativa en la que, entre otros puntos, se reclamaba la reactivación del Consejo de la Mujer, la distribución de los cuadernos sobre educación afectivo-sexual o el cierre de la oficina antiaborto, además de una estrategia divulgativa para la prevención de violencia de género en el ámbito digital.

En respuesta a las exigencias y presumiendo del uso de la inteligencia artificial, José Luis García, concejal de Familia, Igualdad y Derechos Sociales, criticaba el posicionamiento de la oposición ante lo ocurrido en el Consejo de la Mujer. “Expulsan a muchas entidades del grupo de WhatsApp, porque no bailan al son que ustedes tocan, quieren controlar el consejo y quedan para aleccionar”, indicó, quitándole valor a los puntos expuestos por 26 de las 40 asociaciones que conforman el órgano que reclama un papel más efectivo dentro del consistorio hispalense.

Al respecto, mostró los éxitos de la legislatura, como la licitación de la Casa de la Mujer después de que lo aprobara el Gobierno de Espadas (PSOE) en el año 2021 o la ejecución del 88% del presupuesto en el área de Igualdad, frente al 53% del épocas anteriores. Sin embargo, las concesiones que le ha hecho el PP a Vox dentro de la agenda política son muchas y sonantes, como los recortes en las partidas en igualdad, cooperación, atención a la población migrante o la cláusula antipalestina a la hora de pactar los presupuestos municipales, mientras que los oficios religiosos de San Fernando y la Inmaculada aumentaban en 100.000 euros.

En la resaca del 8M, la concejala de Vox, Peláez, decidió afirmar lo siguiente: “Existen mujeres con unos trabajos determinados y unos hombres con otros trabajos y una remuneración específica; no hay una desigualdad salarial en Andalucía o España”. Pese a lo reiterado, la Comisión Europea define y reconoce tal diferencia entre mujeres y hombres y, según la Encuesta de Población Activa (EPA) de 2024, hay una brecha en la actualidad del 20%, la cual asciende al 26% en Andalucía. Es decir, el salario medio anual se situaba en 31.116 euros para los hombres y 25.958 euros para las mujeres a nivel nacional. Una casuística sobre la que la socialista Encarnación Aguilar fue directa: “Lea”.

Por su parte, Susana Hornillo (Podemos) defendió que el debate sobre la igualdad y el papel que articula en la sociedad moderna “es más necesario que nunca ante el avance del negacionismo de la violencia machista y el discurso de odio contra el feminismo, que pretende ridicudizarlo y borrar décadas de conquistas sociales que han permitido que todas las mujeres vivan con más libertad”.

El Partido Popular (PP) intenta pivotar el discurso de la prohibición del burka y el niqab donde antes se mostraba de perfil. A la vuelta de la esquina están unas elecciones autonómicas donde Vox parece ser la principal amenaza, así que los conservadores explotan el argumentario en materia de seguridad y migración con la politización del cuerpo y la vestimenta de las mujeres a las puertas del 8M, Día Internacional de la Mujer. Así, en este giro de los acontecimientos, el pleno del Ayuntamiento de El Ejido, en Almería, ha aprobado este viernes una moción para instar al Gobierno central a que modifique la Ley de Bases de Régimen Local para tener competencias en la materia.

Una moción que, a la práctica, no deja de ser más que una declaración de intenciones que tiene su trasvase a la hora de movilizar a la ciudadanía. Con base a la jurisprudencia del Tribunal Supremo (TS), las administraciones locales no tienen a día de hoy competencias para regular en la materia. Sin embargo, en el municipio almeriense de Níjar se tomó la delantera y ajustó la prohibición a las dependencias municipales.

Con mayoría absoluta, el PP de El Ejido replica las maneras de Génova, desde donde se presentó una proposición de ley para impedir el uso del burka y del niqab en los espacios públicos tan solo días después de que el Congreso tumbara la iniciativa presentada por Vox. A tenor del debate, el alcalde Francisco Góngora ha mantenido que “el uso del burka y del niqab no viene precisamente a respetar la libertad de la mujer, sino más bien todo lo contrario”. Además, ha abogado por buscar un “encaje legal” para “regular la prohibición” de estas prendas, aludiendo a la “seguridad”.

“No favorece la convivencia”

La iniciativa ha salido adelante con los votos de los populares, con 14 representantes en el Pleno, y de Vox, que cuenta con seis ediles, mientras que los tres concejales del PSOE se han opuesto al considerar que este “no es un problema” para el municipio y solo “avivan el debate racista y xenófobo”. Las otras dos ediles no adscritas ha mostrado su abstención al considerar que las normativas deberían darse a nivel europeo.

El primer edil ejidense ha reconocido aunque “se pueden contar con los dedos de una mano las mujeres que utilizan esta prenda”, en cualquier caso “se debería prohibir” porque, según ha dicho, “no viene a respetar la libertad de la mujer”, “no favorece la convivencia” y “no garantiza la identificación de las personas”. “Hoy su uso es residual, pero mañana no sabemos si no --lo será--”, ha añadido después al hilo de este asunto en otro debate.

En su intervención, el alcalde ha querido matizar que el texto se aparta del que aprobó el Ayuntamiento de Níjar el pasado 19 de febrero, con los votos de PP y Vox, que prohibía directamente el acceso a dependencias municipales con el mismo tipo de prendas, conforme el texto que, en esa ocasión, impulsó el partido de Santiago Abascal.

“Es una iniciativa nuestra”, le ha dicho a la portavoz municipal de Vox, Beatriz Sánchez, quien se ha congratulado que el PP “se sume” a la iniciativa que la formación ya ha impulsado, con otros matices, en otros ayuntamientos. “Nos alegramos de que estén en la posición correcta”, ha dicho Sánchez en cualquier caso antes de recordar como el PP “se escandalizaba” el pasado verano ante las vallas publicitarias que mostraban a mujeres con burka.

Contra la regularización extraordinaria de migrantes

El Pleno también ha aprobado una moción conjunta de PP y Vox para rechazar el proceso de regulación extraordinario de inmigrantes impulsado por el Gobierno, sentido en el que los de Abascal han celebrado que los 'populares' se “suban al carro de Vox moviéndose a golpe de encuesta electoral para rechazar la regularización masiva”.

Para el alcalde, la medida para regularizar a inmigrantes residentes en España bajo determinados requisitos supone un “efecto llamada”. “La inmigración tiene que estar vinculada al empleo, a la necesidad de mano de obra” y por ello se tiene que tener en cuenta “la capacidad de acogida de los territorios y de las sociedades”, ha opinado. “El modelo es que quien venga de manera ilegal, retorne a su país”, ha dicho Góngora, quien ha señalado que el padrón municipal cuenta con 8.000 personas que se encuentran en situación irregular, lo que “no se sostiene bajo ningún concepto”.

Frente a esta postura, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, José Miguel Alarcón, ha pedido al alcalde que “no entre usted en el juego de Vox” porque “se lo van a llevar por delante”, especialmente en un municipio con un potente sector agrícola y de industria auxiliar asociada en el que “los inmigrantes aportan mucho”. “Usted sabe más que nadie que falta mano de obra en El Ejido, en otros sitios y en todos los sectores, prácticamente”, ha añadido Alarcón, para quien el alcalde “no están mirando por los intereses” del municipio.

Con ello, ha defendido el proceso de regularización para dar cobertura a los inmigrantes del municipio. “Gracias a la inmigración funciona nuestra agricultura y demás servicios que conllevan”, ha insistido Alarcón quien, frente al discurso de la inmigración ordenada, ha insistido en que los extranjeros que actualmente cuenta “con sus papeles en regla no llegaron en un vuelo chárter de Iberia a El Ejido”.

Así, ha destacado posturas como la de la organización agraria COAG favorables a este tipo de medida. “Van al arrastre de un partido que sube cuanto más lío”, ha afeado Alarcón, quien ha criticado que Vox hable “pestes” de la situación de El Ejido por su población inmigrante.

El Ayuntamiento de Logroño ha aprobado, durante la sesión en pleno correspondiente al mes de marzo, una moción para “regular” el acceso a dependencias municipales “en casos de ocultación integral del rostro”. Una moción presentada por Vox, y que recoge “expresamente que no se permitirá la entrada con burka, niqab u otras prendas que impidan la identificación facial”. El acuerdo ha sido aprobado con el voto a favor tanto de Vox como del Partido Popular -que ha presentado una enmienda de modificación relativa a instar al Gobierno central en algunos puntos legales en este ámbito- el 'no' del resto de formaciones con representación municipal -Partido Riojano, Podemos, PSOE y la concejala no adscrita Eva Loza-.

Antes del debate de los grupos políticos y de la votación, Blanca Cortés, una vecina del barrio de San José de Logroño, ha querido intervenir en el pleno para pedir a los concejales que no voten a favor de una moción que ha considerado “estéril” y que, según ha advertido, “no haría más que ponerles las cosas más difíciles, infundir odio y crear señalamiento”. Así ha resumido: “Esta moción solo nos llevará al odio”.

Soy uno de esos seres humanos a los algunos han dibujado una diana de odio en la frente

Blanca Cortés — Vecina de Logroño

Tras agradecer la posibilidad de intervenir y presentarse como “una mujer musulmana, que vive, trabaja y desarrolla toda su vida en Logroño”. “No he venido como símbolo ni a provocar debate, sino como ciudadana de esta ciudad que he elegido como hogar” y ha continuado, ya en alusión a la moción de Vox: “Soy uno de esos seres humanos a los algunos han dibujado una diana de odio en la frente, necesitan un enemigo para traducir en votos la frustración de algunas personas y nos han elegido a los musulmanes y a los inmigrantes para ese papel”. Así, ha apelado a los concejales: “Ustedes saben que el uso del burka y del niqab no es un problema en España, ni en La Rioja ni en Logroño”.

Blanca Cortés ha respondido a las justificaciones de la moción “de motivos de seguridad”, explican que el “ordenamiento jurídico, permite exigir la identificación cuando sea necesario”. Por ello, ha tachado la propuesta, que se ha aprobado minutos más tarde, de “intrascendente jurídica y orgánicamente, forma parte de una estrategia racista, islamófoba y odio al diferente”. Esta vecina ha defendido Logroño como una “ciudad ”abierta: “La convivencia en la ciudad es respetuosa y participativa por mucho que algunos con sus bulos y patrañas intenten enrarecerla”.

Si una mujer esta siendo obligada, ¿qué hacemos impidiéndole entrar en un edificio público?

Blanca Cortés — Vecina de Logroño

Ha dicho entender que muchas personas cuando hablan de las personas musulmanas tienen la intención de protegernos, pero, tal y como ha remarcado, “proteger no es prohibir, ayudar no es sancionar, cuidar no es apartar”. Así, ha relatado que ella lleva el velo “por convicción”, otras no lo llevan “y son tan musulmanas” como ella, “algunas se tapan más y otras se tapan menos, algunas quizás llevan el velo por coacción”. No obstante, “la libertad no se defiende prohibiendo, sino garantizando que cada mujer pueda decidir sin miedo, porque si una mujer está siendo obligada, ¿qué hacemos impidiéndole entrar en un edificio público? ¿A quién estamos ayudando realmente?”, se ha preguntado. Blanca Cortés ha considerado que “esta prohibición no libera, sino aisla”.

Ha acusado a los responsables políticos de “poner en el candelero mediático cuestiones que generan un problema donde no lo hay para después plantear una solución completamente innecesario”. Así, de nuevo, ha apelado a los concejales: “No nos conviertan en un problema que resolver, somos parte de la solución, construimos ciudad y queremos seguir haciéndolo, prohibir es fácil y acompñar es más difícil, pero acompañar transforma”. Ha reclamado “igualdad real, que no hablen por nosotras, que se nos pregunte y se nos escuche”. “Si una mujer necesita protección, que existan los recursos para protegerla, pero no la dejemos fuera ni la señalemos como un peligro, porque la libertad de las mujeres no se defiende cerrando puertas, sino abriéndolas”.

El debate de los grupos políticos

En defensa de la moción, la portavoz del Vox María Jiménez ha negado que “se trate de una moción racista, ni se pretende victimizar a nadie, es una cuestión de seguridad”, sino que “es abordar una realidad concreta, no poder entrar en dependencias municipales sin una identificación visual del rostro”. “Se pretende facilitar los trámites y no dejar indefensos a los empleados y a los ciudadanos, es eficacia administrativa”, ha justificado Jiménez, quien ha señalado que, en este marco “y solo en dependencias municipales”, se incluirían “muchas más prendas que un burka o un niqab, prueben a entrar en un juzgado con un casco o un pasamontañas”.

En el turno en contra, Eva Loza ha reseñado que “es una moción que parte de un absoluto desconocimiento” y la ha tachado de tener “tintes claramente islamofóbicos, porque -dirigiéndose a las ediles de Vox- sean valientes y no nieguen que se dirigen a la población musulmana”. “Es una moción innecesaria”, ha concluido.

El regionalista Rubén Antoñanzas ha calificado este punto como “bochornoso”, asegurando que “disimula muy bien que va en contra de algún colectivo en concreto” y mostrándose “sorprendido” con el PP “porque el alcalde siempre habla de convivencia y ahora apoyan esta moción”.

Desde Podemos, su portavoz Amaia Castro ha incidido en que la propuesta “no va de defender los derechos de las mujeres ni de seguridad”. “Solo es una muestra de una actitud xenófoba, racista e islamófoba de libro, atacan a las mujeres musulmanas en su libertad. Si alguien vota a favor de esta moción se alinea con el discurso del odio”, ha concluido.

La concejala del PSOE Esther Espinosa ha defendido que el discurso de Blanca Cortés “nos ha bajado a la realidad ante una moción que no va de seguridad, va de señalar al diferente”. “Están fabricando un conflicto cuando hay leyes ya que regulan la identificación. Es una moción ilegal y profundamente irresponsable, convirtiendo a una minoría en sospechosa. Es una victoria para la extrema derecha”, ha finalizado.

Por último, el edil 'popular' Francisco Iglesias, tras defender la enmienda de su Grupo para instar al Gobierno central a adaptar la legislación a estos casos, ha criticado “un debate de 'colores' políticos que han llevado al sentimiento, no es un discurso del que resuelve los problemas”. Problema que, como ha reconocido, no se ha planteado de momento en el Consistorio logroñés, pero ante el que ha defendido que “en dependencias municipales, rigen los reglamentos del Ayuntamiento”, subrayando que “ante cualquier incidencia, la Policía Local podría verse desamparada incluso en una actuación legítima”. En sus palabras, la moción “habla de seguridad, y no de otras cosas”, por lo que ha pedido al resto de grupos municipales “no polarizar”. “Hay que dar respaldo jurídico a nuestra Policía Local y a nuestros funcionarios municipales”, ha concluido Iglesias, quien, con todo, ha destacado tener “a la convencia como lo más prioritario”.

El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha debatido hoy la toma en consideración de una proposición de ley de Vox, para su remisión a la Mesa del Congreso de los Diputados, de “protección de la dignidad de las mujeres y la seguridad ciudadana en el espacio público”. En ella pide que se prohíba el burka en virtud de un texto que, según el PSOE, es “el mismo” que ya se debatió y rechazó en la Cámara Baja.

Durante el debate, el Grupo Parlamentario Popular ha mostrado su apoyo a esta iniciativa del partido de extrema derecha, como ya hiciera también en el Congreso. Eso pese a que la propuesta la rechaza la mayoría absoluta de los socialistas en las Cortes de Castilla-La Mancha.

La unión de ambos partidos en esta iniciativa ha llevado al secretario de Organización del PSOE castellanomanchego, Sergio Gutiérrez, a arremeter contra ambos. “Mientras que otros grupos parlamentarios nacionales han registrado o están trabajando otros proyectos, proponer para enviar al Congreso, sin modificaciones, el mismo texto ya debatido y rechazado es un ejercicio de pereza intelectual, de populismo político y de menosprecio a las instituciones”.

Según ha agregado tanto el PP regional de Paco Núñez como David Moreno, de Vox, como líderes, están “muy por debajo de sus propios votantes”.

Fue a mediados de febrero cuando el PP se quedó solo secundado a Vox en el Congreso en su ofensiva antimigratoria. El de Alberto Núñez Feijóo fue el único grupo de la Cámara Baja que respaldó la iniciativa de la ultraderecha de prohibir el uso del burka en espacios públicos. Todo ello tras un debate parlamentario que, en realidad, las derechas aprovecharon para propagar su habitual discurso de rechazo a las personas migrantes.

Esta intentona de Vox, que está maniobrando en todos los ayuntamientos donde tiene representación, sí ha tenido éxito, por ejemplo, en los ayuntamientos de Toledo y Talavera de la Reina, donde gobierna con el PP, y cuyos plenos municipales han aprobado mociones de la ultraderecha para prohibir el acceso a los edificios y dependencias municipales de personas que lleven el rostro integralmente oculto, incluyendo prendas como el burka o el niqab.

Todas contaron con el rechazo del PSOE e Izquierda Unida, que señaló que se trata de una “moción cobarde que no menciona los derechos humanos”.

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha manifestado este jueves que en materia de igualdad “no me explico cómo, escudándonos en la libertad religiosa, se puede decir sí al burka”. “La violencia de género y el burka son sometimiento de la mujer y en España hay que trabajar todos los días por la libertad de las mujeres y por la igualdad”, ha subrayado.

Así lo ha defendido la consejera en una entrevista en Canal Sur Televisión, en un momento en el que el PP ha lanzado una ofensiva para conseguir una Ley Orgánica nacional con el objetivo de “prohibir” el burka y prendas similares, dos días después de que el Congreso tumbara la iniciativa de Vox. Las multas previstas van de los 100 a los 600 euros e intentan emular a las normas existentes en países europeos como Francia, Bélgica, Países Bajos, Dinamarca y Suiza.

Así se posiciona el partido de Juanma Moreno días después de que el pleno del Ayuntamiento de Níjar (Almería) aprobara con los votos del equipo de gobierno formado por PP y Vox una moción impulsada por este último para impedir el acceso a dependencias municipales a personas que porten burka, niqab u otras prendas equivalentes que oculten “parcial o totalmente el rostro” salvo por razones médicas o de seguridad laboral.

“Contrario al objetivo de integración”

No obstante, Málaga, otro gran feudo de los populares, decidió en el último minuto abstenerse de la moción presentada por la ultraderecha que impedía el uso del burka o prendas que tapen el rostro en las oficinas municipales. La razón para no emitir los votos a favor se dio en que, como justificaron, no se habían aceptado una serie de enmiendas con un enfoque normativo y legal, por lo que se tumbó la iniciativa con los votos del PSOE y Con Málaga.

En contraposición con la resolución del Tribunal Supremo (TS), los conservadores continúan con esta línea de batalla política dentro de su agenda. Cabe recordar que el órgano judicial resolvió más de una década, en 2013, que esta medida podría suponer un riesgo para el aislamiento de las mujeres. En una sentencia, la Sala de lo Contencioso Administrativo razonó que este veto puede provocar el “enclaustramiento de la mujer en su entorno familiar inmediato” si decide priorizar sus convicciones religiosas sobre “otras consideraciones”. Por tanto, cerrar el acceso a los espacios públicos con estos atuendos que ocultan el cuerpo de la mujer resultaría “contrario al objetivo de integración”.

8M

En relación con el 8M, Día Internacional de la Mujer, el Consejo de Gobierno de este pasado miércoles tomaba conocimiento de la batería de medidas impulsadas durante 2025 en materia de igualdad por todas las consejerías de la Junta de Andalucía en el marco del Día Internacional de la Mujer. El informe, presentado por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, ha puesto de relieve el refuerzo de las políticas públicas dirigidas a las mujeres y al fomento de “la igualdad real y efectiva” en los ámbitos laboral, social, educativo y económico, entre otros.

El documento contiene cerca de 300 páginas, recopila las principales actuaciones desarrolladas el pasado año de forma transversal por el conjunto del Gobierno andaluz a través de programas, subvenciones, formaciones y distintas iniciativas de sensibilización y visualización de las mujeres. En cuanto a la campaña de este 2026, la Junta de Andalucía ha lanzado la campaña institucional, que rinde homenaje a millones de andaluzas que “con su talento, esfuerzo y espíritu de superación han hecho realidad libertades, oportunidades y derechos en materia de igualdad”.

El pasado 17 de febrero de 2026 el Congreso de los Diputados volvió a abrir un debate que periódicamente irrumpe en la agenda política española: la prohibición del burka y el niqab en espacios públicos. La proposición de ley presentada por Vox fue finalmente rechazada por mayoría parlamentaria. Sin embargo, la discusión no se agotó en el hemiciclo, sino que se ha desplazado con fuerza al ámbito autonómico y local.

Pocos días después, la Diputación de Granada aprobó una moción impulsada por Vox para impedir el acceso con burka o niqab a dependencias provinciales. La iniciativa salió adelante con el apoyo del Partido Popular y el voto en contra del PSOE y Izquierda Unida. La argumentación se centró en la necesidad de garantizar la identificación visual en espacios administrativos y reforzar la seguridad en edificios públicos.

En paralelo, en la provincia de Málaga, el debate ha adquirido una dimensión municipal. En Rincón de la Victoria, Vox presentó una propuesta para prohibir el burkini en espacios públicos, ampliando el foco desde el velo integral hacia otras manifestaciones visibles de identidad religiosa. Asimismo, en Alhaurín el Grande se han planteado iniciativas similares. Estas propuestas evidencian que la discusión no se limita al ámbito estatal, sino que se territorializa y adquiere matices distintos según el contexto local.

Derechos fundamentales y límites del Estado

Desde la perspectiva de Amnistía Internacional, cualquier iniciativa de prohibición debe analizarse conforme a estándares jurídicos internacionales: legalidad, necesidad y proporcionalidad. La libertad de religión está protegida por el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y por el artículo 9 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Estas normas permiten limitaciones, pero únicamente cuando sean estrictamente necesarias en una sociedad democrática para proteger la seguridad, el orden público o los derechos de terceros. Las prohibiciones generales del velo integral en espacios públicos plantean dudas desde esta óptica, especialmente cuando afectan de forma específica a una minoría religiosa concreta.

La organización insiste además en que la igualdad de género no puede promoverse mediante restricciones generales de la autonomía personal. Si existen situaciones de coacción, la respuesta debe centrarse en mecanismos de protección frente a la violencia y el apoyo social, no en sanciones que limiten derechos individuales.

El precedente francés y el margen de apreciación

El precedente europeo más citado es Francia, que en 2010 prohibió cubrirse el rostro en espacios públicos. En 2014, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos avaló la norma en el caso S.A.S. contra Francia, aceptando el argumento del “vivre ensemble” dentro del margen de apreciación estatal.

No obstante, organizaciones de derechos humanos criticaron tanto la ley como su validación judicial, señalando que afectaba a un grupo muy reducido de mujeres y que no existían pruebas concluyentes de una amenaza real para la convivencia. La experiencia posterior mostró efectos sociales complejos, incluyendo el posible aislamiento de algunas mujeres que optaron por reducir su presencia en espacios públicos para evitar sanciones.

En Andalucía, y particularmente en el Campo de Gibraltar, el debate adquiere una dimensión específica. Se trata de una de las zonas con mayor diversidad cultural de la comunidad autónoma, con una presencia significativa de población musulmana y una historia marcada por intercambios transfronterizos.

La Comisión Islámica de España se ha pronunciado advirtiendo que una prohibición del velo integral supondría una vulneración de derechos fundamentales y podría reforzar dinámicas de exclusión social. En territorios donde la convivencia intercultural forma parte de la realidad cotidiana, cualquier iniciativa legislativa de este tipo se percibe no solo como una medida normativa, sino como un mensaje político con efectos simbólicos.

¿Problema constatado o construcción política?

Una cuestión central es si estas propuestas responden a conflictos sociales documentados o si forman parte de una estrategia política más amplia. En el Campo de Gibraltar no se han registrado conflictos estructurales vinculados específicamente al uso del niqab que justifiquen una restricción generalizada.

En una democracia constitucional, la limitación de un derecho fundamental exige una carga probatoria sólida. Las políticas públicas deben basarse en evidencias objetivas y superar un examen estricto de necesidad y proporcionalidad.

El Estado tiene la obligación de proteger frente a la coacción, pero esa protección no puede transformarse en imposición. El respeto a la autonomía personal implica reconocer la capacidad de decisión de las mujeres musulmanas respecto a su vestimenta, siempre que no exista coacción demostrada.

La defensa de la igualdad y la seguridad no puede desvincularse del respeto a la diversidad religiosa. En sociedades pluralistas, la convivencia no se construye homogeneizando identidades, sino garantizando derechos en condiciones de igualdad.

El debate sobre la prohibición del burka en España —desde el Congreso hasta la Diputación de Granada y los municipios malagueños— interpela directamente al núcleo del Estado de derecho. No se trata únicamente de una prenda, sino de delimitar hasta dónde puede llegar el poder público en la regulación de la expresión individual de la identidad religiosa.

Desde la óptica de los derechos humanos, cualquier limitación debe superar un examen riguroso de necesidad y proporcionalidad. Los derechos fundamentales se ponen verdaderamente a prueba cuando protegen a minorías y cuando exigen resistir soluciones simplistas ante debates complejos.

En muchos territorios de Andalucía, como el Campo de Gibraltar y la provincia de Málaga, donde la diversidad es estructural, ese compromiso adquiere un significado especialmente profundo.

El pleno ordinario de febrero del Ayuntamiento de Castelló ha aprobado, con los votos a favor de PP y Vox, la prohibición de acceder a las dependencias municipales con prendas que oculten el rostro, como el burka o el niqab. La medida, presentada por la formación de extrema derecha, ha salido adelante en un clima de confrontación política, donde la oposición ha acusado al equipo de gobierno de fabricar un problema inexistente para alimentar un relato de exclusión.

Esta decisión en la capital de la Plana se produce en un contexto de ofensiva coordinada de la derecha y la ultraderecha en distintas instituciones del país. Recientemente, el Congreso de los Diputados ya debatió una propuesta análoga de la extrema derecha que también contó con el apoyo del Partido Popular. Sin embargo, en aquella ocasión, la mayoría parlamentaria bloqueó la iniciativa al considerarla una vulneración de derechos fundamentales y una medida que carece de encaje constitucional, según la jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo.

El portavoz de Vox, Antonio Ortolá, ha defendido la prohibición apelando a la “seguridad jurídica” y a la protección de la “dignidad de la mujer”, definiendo estas prendas como una “autèntica cárcel de tela”. El Partido Popular ha respaldado íntegramente estos argumentos, afirmando a través de su portavoz, Vicent Sales, que el burka representa la “institucionalización de la invisibilidad femenina” y un “desafío a la convivencia” que debe regularse sin miedo a la “incorrepción política”.

Desde el PSPV, se ha denunciado que esta es una “estrategia política que busca señalar una minoría, crear alarma social y vincular inmigración e ideología”. Los socialistas sostienen que no existe un problema real en Castelló y que se está utilizando el cuerpo de las mujeres como “arma política para alimentar el racismo”. En términos similares se ha pronunciado Compromís, calificando la moción como una “operación política paré generar polèmica política donde no la hay” y criticando que el PP haya decidido comprar el “marco discursivo de los ultras”.

Vox vota en contra del Plan de Igualdad del PP

A pesar de la sintonía para vetar el velo integral, Vox ha votado en contra del IV Plan de Igualdad elaborado por el propio Partido Popular. La concejal Arantxa Miralles ha justificado el rechazo al considerar que el documento hace “seguidismo de las políticas fallidas de izquierdas” e impone una “perspectiva de género ideologizada”.

Vox critica especialmente la obligatoriedad de incluir informes de impacto de género en la gestión municipal, calificándolo como un aumento de la “burocracia” y la “carga de trabajo para los funcionarios”.

El 11 de junio de 2025, el portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, registró en el Parlamento una proposición no de ley relativa a la “prohibición del velo islámico”, que fue calificada favorablemente y admitida a trámite por la Mesa de la Cámara el 18 de junio. Desde entonces está disponible para elevarla al Pleno para ser debatida y votada por los grupos políticos, algo que dependía exclusivamente del partido ultraderechista.

Sin embargo, Vox ha dejado hibernar esa iniciativa durante los últimos ocho meses, sin incluirla en el orden del día del Pleno para su aprobación, algo que no ha hecho con ninguna otra proposición de ley hasta la fecha. Es más, desde que la Mesa del Parlamento andaluz dio luz verde a su propuesta contra el velo islámico, la formación de Santiago Abascal ha registrado otras 26 iniciativas y ha elevado a Pleno cinco de ellas (más una sexta que se debate esta semana), pese a que todas se tramitaron y calificaron favorablemente con posterioridad.

Vox es la tercera fuerza en el Parlamento andaluz [14 diputados], dispone de cupo para meter en cada Pleno las iniciativas que considere prioritarias pero, desde el verano pasado, ha aparcado su “prohibición del velo islámico” para poner por delante otras proposiciones no de ley sobre vivienda, sobre el acceso a los servicios públicos para los españoles; sobre la supresión de la figura de arraigo; sobre rebajas fiscales para jóvenes y familias y sobre regularización masiva de inmigrantes ilegales. De estas cinco, registradas todas con posterioridad a la del velo, sólo la primera fue aprobada gracias al apoyo del PP.

Preguntado sobre el por qué de dejar atrás la propuesta de prohibición del velo, fuentes del grupo parlamentario aseguran a este periódico: “Tenemos un cupo limitado de llevar iniciativas a Pleno y además la Mesa nos limita mucho, por tanto vamos incluyéndolas según vayamos viendo y podamos”. No obstante, la Mesa de la Cámara, donde el PP tiene mayoría absoluta, ya había dado luz verde a debatir su rechazo al velo islámico en cuando Vox lo pidiese.

Contra la “islamización de Andalucía”

La formación ultraderechista viene abominando desde hace meses -en el Parlamento, ante la prensa y en las calles- contra la supuesta “islamización” de Andalucía, señalando sobre todo a los colegios públicos con más presencia inmigrante.

De hecho, este mismo lunes Vox ha anunciado otra proposición de ley que apunta en la misma dirección que la prohibición del velo, esta vez, el “rechazo a la implantación del menú halal en comedores escolares y hospitales” de Andalucía, “por ser contrario a nuestros usos y costumbres”, registrada el pasado 17 de febrero.

La carne halal (“permitido”, en árabe) puede ser de ternera, de cordero o de cabra, pero debe estar tratada de acuerdo a las pautas de la Ley Islámica: procede de animales que no han sido alimentados con hormonas, que han seguido una dieta “natural y vegetariana”, y que fueron sacrificados por el rito permitido por los preceptos del Islam.

El rechazo a la comida halal, que Vox Andalucía acaba de registrar, o el rechazo al velo islámico, que lleva ocho meses aparcado, son iniciativas políticas que parten directamente de la dirección nacional del partido, distribuidas a todas las Cámaras autonómicas para dar la batalla cultural contra los inmigrantes musulmanes, árabes, magrebíes.

Son asuntos que comprometen al PP en las comunidades donde gobiernan. Por ejemplo, el Parlament balear aprobó el 3 de febrero, con apoyo del PP, la misma proposición no de ley que insta al Gobierno central a prohibir el uso del burka y el niqab en los espacios públicos. 

Antes de aterrizar en el Congreso, la semana pasada, Vox anticipó el debate sobre la prohibición del velo integral en los parlamentos autonómicos, obligando al PP a posicionarse en los territorios donde gobierna. Sin embargo, ha optado por no abrir esa espita en Andalucía, en la antesala de las elecciones donde Juanma Moreno se juega la mayoría absoluta, precisamente frente al auge de la extrema derecha.

La semana pasada, el PP de Alberto Núñez Feijóo se quedó solo al apoyar la proposición de Vox para prohibir el niqab o el burka en España, y la iniciativa decayó por falta de respaldo en el Congreso. La idea de los de Santiago Abascal iba mucho más allá de un mero posicionamiento político, planteaban sanciones a las mujeres que incumplieran con la medida, desde su expulsión de España a multas de hasta 20.200 euros.

El texto de la proposición no de ley de Vox Andalucía contra el velo islámico contiene las mismas consignas xenófobas que la iniciativa que tumbó el Congreso, y reaparece, calcado, en la iniciativa contra el menú halal en los centros públicos: “el islamismo amenaza la convivencia y la seguridad de los españoles”.

Sin aportar datos oficiales ni citar estadísticas del Poder Judicial, la exposición de motivos de la iniciativa de Vox vincula a los extranjeros que profesan el Islam con un supuesto aumento de la delincuencia: “las fallidas teorías multiculturales”, “el incremento exponencial de la criminalidad”, “la delincuencia campa a sus anchas”, “las culturas del todo incompatibles con la nuestra”; “la creciente islamización de nuestros barrios” y señala a las mujeres como “principales víctimas”.

Por último, Vox argumenta contra el “grave atropello a los derechos y libertades de las mujeres” la “imposición del burka y el niqab”, y advierte del riesgo para la seguridad y el orden público en España, “en nivel 4 desde hace años por alerta terrorista”.

La proposición de ley tiene cuatro puntos que deben votarse, uno obliga al Gobierno de Moreno a posicionarse contra el velo islámico y “cualquier otro atuendo o vestimenta islámica”, suscribiendo que “atentan contra los derechos fundamentales de las mujeres y son incompatibles con nuestra identidad, cultura, usos, modos y costumbres”.

Los otros cuatro puntos instan al Gobierno de España a “prohibir el velo islámico”; a “endurecer toda sanción dirigida a castigar las prácticas islámicas que atentan contra los derechos y la dignidad de las mujeres”; y a “garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, la integración cultural y el respeto por las tradiciones, cultura, idiosincrasia y valores propios de España, garantizando la adaptación plena (...) a los modos de vida propiamente nacionales”.

Dos días después de que el Congreso tumbara la proposición de ley de Vox para impedir el uso del burka y del niqab en espacios públicos, el PP de Feijóo registró su propia iniciativa que, con la excusa de vetar el “velo integral”, plantea una prohibición genérica de “cualquier tipo de vestimenta, prenda, accesorio u otros elementos que oculten total o parcialmente el rostro” en “espacios públicos o de acceso público”. Las multas previstas van de los 100 a los 600 euros.

En 1994 dous mozos asasinaron a puñaladas un operario de limpeza madrileño que agardaba polo bus para volver á casa despois da súa quenda de traballo. Cando a policía os detivo, explicaron que escolleran a súa vítima ao chou, seguindo unha especie de xogo que eles mesmos inventaran co obxecto de cometer un asasinato. A prensa tradicional, que era a única que existía daquela, quixo sensacionalizar aínda máis o crime atribuíndoo ao pánico moral de moda na época, os xogos de rol, como antes fixeran co satanismo e antes aínda con Mick Jagger. Os medios de comunicación de masas sempre tiveron moi claro como se reparten as culpas dos crimes violentos: se un criminal con filiación ultradereitista empuña varias armas automáticas para matar 69 adolescentes de campamento, foron os videoxogos, ou as drogas, os que o radicalizaron. Pouco despois do chamado “crime do rol” descubrín eu o máxico mundo dos dados de máis de seis caras e as partidas baseadas nos Mitos de Cthulhu de H.P. Lovecraft. Lembro a chufa da miña familia co tema, pero tamén lembro ter que explicar en máis dunha ocasión que se xogaba sentados arredor dunha mesa, e non seguindo xente inocente pola rúa, porque ás veces detectaba un asomo de dúbida nas piadas afables da miña familia. Por moito que me coñecesen, e que se fiasen de min, era difícil non deixarse levar pola cantidade de artigos e editoriais incendiarios que a prensa seria lle dedicou durante catro ou cinco anos ao pernicioso novo culto.

Nas últimas 48 horas non deixei de ver nas miñas redes sociais referencias aos therian, un termo que a semana pasada non coñecía. O que teñen en común todas as noticias que atopei en distintos medios de comunicación, alén de repetir con máis ou menos énfase as advertencias sobre o perigo que entrañan, foi que todas foron publicadas nos últimos catro días malia a que o movemento leva décadas existindo. O venres no instituto escoitei varios comentarios moi escandalizados, primeiro na sala de profesores e máis tarde dentro da aula, por parte de xente que estou segura de que, coma min, non coñecía a palabra até que alguén lles explicou (nun vídeo de Tiktok, de Facebook ou de La Voz de Galicia, segundo a franxa de idade) que os adolescentes de agora, ademais de ter un pésimo gusto musical, e non querer traballar, e non saber aburrirse, tamén se integran en subculturas perigosísimas nas que se identifican con animais e se esquecen de ser humanos. Visto o rebumbio, aproveitei unha das clases nas que saíu o tema para falarlle ao alumnado sobre o pánico moral, e puxen un recordatorio no calendario do móbil porque lles apostei que dentro dun ano exacto lles ía preguntar que pasaba cos therian e non ían lembrar nada do asunto. Despois pregunteilles cantos deles ían a concertos cun cueiro posto, porque este verán varios membros da miña familia me aseguraron que “agora” “todos os chavales” van aos concertos con cueiro para non perder nada do seu artista favorito, algo que sen dúbida viran nun vídeo de TikTok, de Facebook ou de La Voz de Galicia. Seguramente haxa un par de persoas ás que lles pareceu boa idea poñer un cueiro para ir a un concerto, o mesmo que hai un tipo que se operou a cara para se parecer a un tigre ou haberá outros dous que comen a comida do comedeiro do can, pero tamén sei que eses tres, catro ou cen exemplos son os que as redes e os medios tradicionais transforman en norma para captar atención, visitas e publicidade, nos casos máis inocuos, ou para xerar opinión e criminalizar colectivos nos máis perniciosos. Outra historia que escoitei máis dunha vez nas salas de profesores foi a do velliño que foi polo pan e cando volveu tiña a casa okupada, e dadas as estatísticas de invasión de morada facilitadas polo Ministerio del Interior, só cabe concluír que todas as persoas que algunha vez me contaron esa historia estaban a falar do mesmo velliño.

O pánico moral pode facer graza cando o revisitamos ao cabo dos meses ou os anos como lle prometín ao meu alumnado, como os chistes sobre os xogos de rol, os cueiros nos concertos, ou as listas sobre cancións “satánicas” que algúns catequistas facían circular entre a rapazada nos anos 80, pero cómpre lembrar que sempre hai quen o instrumentaliza para atacar ao diferente ou para facer avanzar unha axenda retrógrada. O mesmo venres ao saír de clase lin no xornal que o PP mais o partido abertamente fascista prohibiran o uso do burka afgán na casa do Concello de Burgos, o que sen dúbida constitúe un triunfo do faro moral de occidente contra o integrismo relixioso. Esta medida urxente promete ser só o comezo dunha serie de prohibicións fantásticas en todas as institucións nas que o PP compita cos ultras por un feixe de votos. Non sei cantos burkas se ven a diario polos corredores dos concellos e deputacións de España, pero si sei que mentres discuto sobre iso non estou a falar sobre cousas que si vexo a diario, como as clases de relixión dentro das escolas públicas, por seguir co tema da aconfesionalidade do Estado.

Estou segura de que nas próximas horas o presidente Rueda se sumará ao carrusel de cargos indignados que lle esixen ao goberno central prohibir prendas de roupa que aquí ninguén leva, quer burkas, quer orelliñas de gato. O caso é xerar pánico, que para algúns se transforma en likes e para outros en escanos. E se con todo o que lles contei aínda non están asustados, poñan os informativos da TVG cinco minutiños, que seguramente atoparán unha peza sobre a afganización de Salceda de Caselas ou a opinión experta dun cazador sobre que facer no caso de atoparmos un therian ceibo polo monte.

Cuatro mujeres y dos niños han muerto en crímenes machistas esta semana en España. Las heridas de Salma todavía sangran. Pero todo el espectro político desde la derecha a la izquierda concluye que el principal problema que tienen las mujeres de este país es el burka, una prenda que no vemos en nuestras calles porque no hay mujeres que la lleven. Déjenme que les insista, relean esta frase las veces que sean necesarias: en la Región de Murcia no hay burkas, en Afganistán sí. 

Piensen un poco: se está pontificando y debatiendo sobre un problema que no tenemos, que se lo ha inventado la ultraderecha neofascista para criminalizar a todas las mujeres y hombres que creen en Allah, para convencernos de que el islam en España debe ser rechazado y atacado por todos los medios, también por los medios de comunicación.

Todo ello adornado por telepredicadores y radiopredicadores del fascismo patrio, que un día sí y otro también atribuyen al Corán todos los males de la humanidad, incluida la violencia contra la mujer. 

Relean también esta frase: el islam es paz y promueve la paz. A poco que se acerquen a él, y lo tienen fácil por la cantidad de vecinos musulmanes que nos rodean, lo podrán comprobar.

Sabed, todas las personas que apoyáis la prohibición del burka, que estáis alimentando la guerra cultural fabricada por Vox y otros elementos fascistoides para complicarle la vida cada día a los más de dos millones y medio de musulmanes españoles. 

No es que hayáis comprado el marco al partido del odio, sino que habéis colgado el cuadro entero en el salón de vuestras casas. Dicho lo cual, exhibiréis la medalla de la salvación de la mujer musulmana a la que en realidad estáis condenando, pero los votos se los llevará Vox, gracias, en parte, a vuestro inestimable apoyo.

La pronunciación de la palabra “burka” resuena mucho más y queda mejor para fomentar el pánico al musulmán que “nicab”. Sí que puede haber alguna mujer con “nicab” en la Región, posiblemente no más de una quincena, el 0’001 por ciento de la población. 

Y en el supuesto de que haya mujeres que por voluntad propia quieran vestir “nicab”, ¿qué hacemos, nos olvidamos de su derecho a hacerlo? ¿De verdad creéis que vais a salvar la vida a ese 0’001 prohibiéndole su vestimenta? Ya os adelanto que no, conseguiréis lo contrario, y estigmatizaréis de por vida, por imposición legal, a todas las mujeres musulmanas, lleven “nicab”, “hijab”, “burkini”, o no.

La islamofobia, el racismo, es tan profundo y arraigado en esta Región, que las chicas musulmanas, y también los chicos, lo empiezan a notar en el colegio, después en el instituto, y por supuesto, en la universidad. Muchas de nuestras y nuestros docentes no están educadas en la diversidad, no tienen ni idea de lo que es el islam, y lo que es peor, les importa un bledo.

En las aulas de la Región de Murcia se amenaza a alumnas con suspensos si no se quitan el hijab (y se cumple la amenaza), se dice en clase que el profeta era un terrorista sanguinario (y se sanciona a la alumna que lo denuncia, no a su profesora), y se espeta a quienes van a la mezquita en Ramadán: “parecéis todos terroristas”. Si eso pasa en un entorno educativo, pueden imaginar las escenas diarias que mujeres musulmanas sufren en la calle.

Los primeros insultos después de mi intervención del pasado lunes en Telecinco me llegaron de personas que se autodenominan socialistas. Después se sumaron los de Vox, con exactamente los mismos argumentos. Por suerte todavía queda gente en el PSOE y a su izquierda que entiende lo que estoy diciendo.

Ya tenemos bastante fascismo, racismo e islamofobia en una Región como Murcia con un gobierno que permite el señalamiento, persecución y reclusión en el monte a menores de edad extranjeros no acompañados; que elimina un Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí en contra de la voluntad de docentes y familias; que no apoya a menores murcianos de origen magrebí que son tachados de delincuentes en Torre Pacheco; que tiene un presidente excluyente, incapaz de felicitar el Ramadán a los 150.000 musulmanes que forman parte de lo que él llama la mejor tierra del mundo; y que ahora se opone al proceso para regularizar, normalizar, la vida de personas que llegaron del extranjero y están sobreviviendo esclavizadas en la economía sumergida sin dignidad ni futuro. El PP ya ha igualado a Vox en racismo e islamofobia, ahora está empeñado en adelantar por la derecha al partido del odio.

Si hay una esperanza en la Región de Murcia es que el mestizaje vaya a más, que el curso natural de la vida nos lleve a mezclarnos y aprender unas de otras, a unirnos ante quienes quieren romper la convivencia desde unas instituciones públicas cargadas de fascismo, racismo e islamofobia. Unas instituciones que juntas tenemos que aspirar a cambiar. Con políticas, desde dentro, y en las calles, cada día, porque tenemos la razón y los derechos humanos de nuestra parte.

Una práctica “sencillamente incompatible” con la cultura propia de Occidente que atenta contra mujeres y niñas. Así es como justifica Vox su ley para prohibir el burka y el niqab en el espacio público, con la que pretende vetar el uso de esta prenda a las mujeres, independientemente de que sea de forma voluntaria o impuesta, y que pese a contar con el apoyo del Partido Popular, ha decaído en el Congreso este martes. Pese a no salir adelante –por la oposición de Junts, que aun así admite compartir el fondo y presentará su propia iniciativa–, el texto es un paso más en el intento de la extrema derecha de hacer calar un relato excluyente utilizando como pretexto los derechos de las mujeres.

Lo apunta ya Vox desde el inicio de la propuesta, que lleva por título “la protección de la dignidad de las mujeres y la seguridad ciudadana en el espacio público”. La ley justifica que “la llegada masiva de inmigrantes de países con fuerte influencia islamista” conduce a admitir costumbres “incompatibles con el modo de vida de nuestra civilización” y se refiere a la “eliminación” de la “identidad de las mujeres y las niñas”, el “sometimiento al varón” y una “posición netamente subordinada [de ellas]” que, asegura el texto, “sería considerada inaceptable” en “cualquier país occidental”.

Los mensajes reproducen la narrativa ultra que plantea una supuesta identidad nacional en crisis por la llegada de extranjeros y que coloca a las mujeres en el centro de esta amenaza. Es un discurso con ecos a nivel global. “Hay una clara tendencia internacional que intenta legitimar la restricción de derechos de las personas migrantes bajo motivos de seguridad y de protección de las mujeres”, esgrime Verónica Barroso, responsable de Relaciones Institucionales de Política Interior de Amnistía Internacional.

La organización condena la imposición y el uso obligatorio del velo, usado como instrumento de exclusión de las mujeres en algunas culturas con grupos que hacen una interpretación estricta del Islam, pero al mismo tiempo se opone a su prohibición. Tanto el burka como el niqab cubren el rostro entero, salvo los ojos –en el caso del burka, mediante una rejilla–. “Tanto obligar como prohibir vulnera derechos. Lejos de protegerlas, la prohibición puede ser contraproducente. Una cosa es que los Estados intervengan en situaciones concretas de violencia y amenaza, contando siempre con la mujer, pero decretar una prohibición general conlleva una restricción indiscriminada. Se sabe que puede incluso discriminarlas aún más y confinarlas a una mayor exclusión dentro y fuera de la comunidad musulmana”, señala Barroso en línea con la advertencia que hizo hace unos años el Tribunal Supremo, que consideró que no se puede asumir que todas las mujeres portan velo “como consecuencia de una coacción externa”.

Aunque el debate sobre el velo resurge de vez en cuando desde hace años –hay en la izquierda y en el movimiento feminista posiciones que también abogan por prohibirlo–, la propuesta de Vox es un intento de “posicionar la islamofobia en el espacio público”, apunta la investigadora Nuria Alabao, autora de Las guerras de género. La política sexual de las derechas radicales. “Los derechos de las mujeres son un vehículo para plantear ideas racistas. En el fondo, no hay una preocupación real por su situación”, sostiene. El texto de la ultraderecha habla de un “inasumible incremento de la población extranjera” y advierte sobre la supuesta “imposición de ideología islamista”.

La periodista, que coincide con Amnistía Internacional en que el veto puede tener efectos indeseados en las propias mujeres, alude a que “la instrumentalización” de los derechos de las mujeres por parte de la ultraderecha no es nueva. “Sus dos grandes líneas estratégicas para defender una supuesta nación española y cultura europea frente al islam tienen precisamente que ver con este marco”, esgrime. Por un lado, las políticas contra el velo y, por otro, la asociación de inseguridad e inmigración, con el foco específicamente puesto en las agresiones sexuales. De hecho, Vox y el PP ya unieron sus votos en Baleares a principios de mes para aprobar una moción para exigir la prohibición del burka al estilo de lo que se ha votado en el Congreso.

Fátima Tahiri, doctora en Estudios Árabes e Islámicos y profesora de la Universidad Autónoma de Madrid, cree se trata de “una iniciativa vacía” para “distraer a la población de los problemas reales que tendrían que ocuparnos”, puesto que “el uso de esta prenda en España es mínimo”. La experta sostiene que el discurso de Vox “responde a una lógica islamófoba en la que la mujer musulmana es a la vez víctima y verdugo”: por un lado, víctima de una religión “considerada machista per se, anulando toda agencia de las mujeres e invisibilizando otros problemas de carácter sociopolítico” y, por otro, “verdugo”, al ser considerada “una amenaza a la cultura occidental”. 

La proposición de ley incorporaba como delito al Código Penal la imposición “mediante violencia, intimidación o coacción” del burka o el niqab y reformaba la 'ley mordaza' para permitir multas de hasta 600 euros a las propias mujeres por llevar la prenda y hasta 20.000 euros por reincidir, además de la expulsión del país.

Igualdad 'a la carta'

La defensa de las mujeres es una línea argumental habitual que convive con otras como la seguridad ciudadana en las iniciativas de Vox sobre inmigración y en sus propuestas de expulsión de extranjeros. “El Gobierno ha sacrificado a las mujeres y niñas de España en el altar del multiculturalismo”, dijo la diputada de Vox Rocío de Meer el pasado septiembre, cuando reclamó el cierre de los centros de menores extranjeros no acompañados. En junio, presentó una proposición no de ley para exigir que se declarara el velo contrario a los derechos de las mujeres y, unos meses más tarde, intentó acabar con la regularización por arraigo incorporando al texto motivos similares. A la propuesta también se sumó el PP, que ha endurecido progresivamente su posición en este tema.

En todas las iniciativas, los derechos de las mujeres emergen como argumento y se erigen como objetivo: “Que las mujeres puedan sentirse seguras en su propio país”, describen desde Vox. A las declaraciones y acciones legislativas, se une el uso de las redes sociales para amplificar casos de agresiones sexuales atribuidos a hombres extranjeros, algo que también hacen sistemáticamente las principales cuentas de agitadores ultra y de grupos de extrema derecha activos en España.

La investigadora Nuria Alabao cree que “la base del discurso es aprovecharse del feminismo y las luchas de las disidencias sexuales para afirmar que hay grupos que no se integran ni asumen los valores europeos. Estos valores son la igualdad y la equidad, pero paradójicamente y al mismo tiempo, son partidos que solo los mencionan cuando tienen que ver con extranjeros mientras rechazan cualquier otra medida que tenga que ver con desigualdad estructural”.

Se refiere a la posición negacionista de la violencia machista que Vox enarbola y que le ha llevado a ser la única formación política que votó en contra del Pacto de Estado contra la Violencia de Género a pesar de que en los últimos cinco años han sido asesinadas una media de 50 mujeres al año por sus parejas o exparejas hombres. Aun así, la ultraderecha apuesta por negar las diferencias cualitativas y cuantitativas que existen entre la violencia de género y la doméstica –aquella que se da en el ámbito familiar– e insiste en diluir sus raíces machistas.

Por eso se opone sistemáticamente a cualquier iniciativa que tenga que ver con igualdad de género, ha intentado derogar la ley de 2004 asegurando que “discrimina a los hombres” y forma parte a nivel global de una alianza que criminaliza el feminismo, busca tumbar derechos como el aborto y promueve el discurso del Gran Reemplazo, una teoría de ultraderecha según el cual se estaría intentando sustituir a la población blanca en Occidente por inmigrantes. Este martes, al tiempo que el Congreso tumbaba la iniciativa de Vox gracias al 'no' de Junts, en Baleares, las derechas escenificaban de nuevo su acuerdo en materia migratoria asumiendo la tesis de la “reemigración”, popularizada por la ultraderecha europea y las formaciones neonazis, en España y en el exterior.

“No importa el hecho de las violaciones, sino quién las comete. Si son españoles blancos, estos sectores hablan de denuncias falsas o de la presión de las feministas, pero si la violación es cometida por un no blanco, entonces recurren a legitimar el discurso de los derechos de las mujeres para validar políticas racistas”, resume Fátima Tahiri, que apunta a cómo Vox, al mismo tiempo que enarbola la seguridad y los derechos de las mujeres para proponer la prohibición del burka, sigue sin impulsar “políticas efectivas contra la violencia sexual y de género”.

Más allá del debate sobre el velo, las voces consultadas para el reportaje apuntan al fondo de la cuestión. “Hay que saber quién está instrumentalizando qué discurso”, sostiene la activista antirracista Miriam Hatibi. “La agenda de la ultraderecha es la islamofobia, no la protección de las mujeres. Hay que tener en cuenta que esta no es una medida que estén pidiendo las musulmanas, sino que es un veto impuesto por un partido que pretende eliminar cualquier presencia pública del islam en España”, añade.

Por eso Tahiri, que lamenta que el discurso de Vox “sea reproducido muchas veces por mujeres”, califica el intento de vetar el burka y el niqab como “una distracción y un espejismo de lo verdaderamente importante”: “La verdadera pregunta que debemos hacernos como sociedad en general y como mujeres en particular es cómo en pleno siglo XXI todavía seguimos debatiendo y legislando sobre el cuerpo de las mujeres. Cómo puede ser que a día de hoy nuestro cuerpo sea indicativo de desarrollo o subdesarrollo mientras que nunca se ha hecho nada parecido con el cuerpo de los hombres”.

El Pleno del Ayuntamiento de Níjar (Almería) ha aprobado con los votos del equipo de gobierno formado por PP y Vox una moción impulsada por este último grupo para impedir el acceso a dependencias municipales a personas que porten burka, niqab u otras prendas equivalentes que oculten “parcial o totalmente el rostro” salvo por razones médicas o de seguridad laboral.

La moción, que ha carecido de debate entre los miembros del Pleno y ha sido rechazada por la bancada del PSOE, sostiene que la medida “protege a todos a través de la identificación y neutralidad en las dependencias públicas”, según ha defendido la primera teniente alcalde y concejal de Turismo, Pilar Fenoy (Vox). “La utilización de prendas de este tipo en España, que cubren totalmente o parcialmente el rostro, como el velo integral islámico, impide objetivamente dicha identificación visual y dificulta el cumplimiento de las funciones públicas”, ha apuntado la edil.

Esta medida sucede horas después de que el PP a nivel nacional haya registrado una proposición de ley para impedir el uso del burka y del niqab en espacios públicos. Dos días después de que el Congreso tumbara la iniciativa de Vox, el PP ha salido al paso y, con la excusa de vetar el “velo integral”, plantea una prohibición genérica de “cualquier tipo de vestimenta, prenda, accesorio u otros elementos que oculten total o parcialmente el rostro” en “espacios públicos o de acceso público”. Las multas previstas van de los 100 a los 600 euros.

“No va contra nadie”

No obstante, ha asegurado que el texto “no va contra nadie, sino a favor de que la Administración funcione con garantías”, sentido en el que ha lamentado que los socialistas no hayan apoyado una iniciativa “centrada exclusivamente en la necesidad objetiva de identificación en oficinas públicas y no en debates ideológicos ajenos a la competencia municipal”, según ha defendido.

La moción acuerda como condición “fundamental” para acceder a dependencias municipales que se permita la “identificación visual del rostros por razones de seguridad”, por lo que no se admitirá la entrada o permanencia de nadie que tape su cara con prendas de cualquier tipo “con independencia del origen, motivación o significado de la prenda”.

La regulación, que no resulta aplicable a la vía pública, tampoco se extiende a símbolos o prendas que “no oculten el rostro”, conforme a la encomienda que se ha hecho a los servicios jurídicos para que incorporen a los reglamentos municipales esta cuestión. “Hoy el Pleno ha dicho sí a una medida que protege a todos: seguridad, identificación y neutralidad en dependencias públicas. No va contra nadie; va a favor de que la Administración funcione con garantías, sin suplantaciones y con reglas claras”, ha trasladado posteriormente Fenoy en una nota.

Sentencia del Supremo

El veto al burka o el niqab, recuperado ahora por Vox como parte de su agenda antiinmigración, ya fue objeto de análisis por el Tribunal Supremo hace más de una década, en 2013, cuando alertó del riesgo de aislamiento para las mujeres que pueden tener este tipo de iniciativas. 

En una sentencia, la Sala de lo Contencioso Administrativo razonó que este veto puede provocar un “efecto perverso”: el “enclaustramiento de la mujer en su entorno familiar inmediato” si decide priorizar sus convicciones religiosas sobre “otras consideraciones”. Según la resolución, cerrar el acceso a los espacios públicos con estos atuendos que ocultan el cuerpo de la mujer resultaría “contrario al objetivo de integración”.

Lejos de proteger la igualdad o eliminar la discriminación, podría contribuir a “incrementarlas” al forzar su aislamiento social. Así se pronunció el Alto Tribunal en 2013 cuando declaró nula la prohibición de que las mujeres lleven velo integral en los espacios públicos que había acordado tres años antes el pleno del Ayuntamiento de Lleida. 

Dos días después de que el Congreso tumbara la proposición de ley de Vox para impedir el uso del burka y del niqab en espacios públicos, el PP ha registrado una iniciativa propia que, con la excusa de vetar el “velo integral”, plantea una prohibición genérica de “cualquier tipo de vestimenta, prenda, accesorio u otros elementos que oculten total o parcialmente el rostro” en “espacios públicos o de acceso público”. Las multas previstas van de los 100 a los 600 euros.

El PP ha registrado su proposición en el Congreso y el Senado a la vez y bajo el título de “reguladora del uso de prendas y elementos que oculten el rostro en espacios públicos”. La exposición de motivos de la norma sí alude de forma reiterada a la prohibición del uso del “velo integral”, que luego concreta en “burka y niqab”. El texto asegura que “la igualdad entre hombres y mujeres no es negociable”. Y añade: “La utilización del velo integral u otras prendas y elementos que cubran total o parcialmente el rostro de las mujeres en espacios públicos, constituye un símbolo de sometimiento y la institucionalización de la invisibilidad femenina”.

“La defensa de la igualdad real exige rechazar cualquier símbolo que represente subordinación, control o negación de la identidad de la mujer en el espacio público”. Dichas prendas, sostiene el PP, refuerzan “estereotipos y roles tradicionales que las subordinan a los hombres, lo que contribuye a perpetuar esa desigualdad”.

El texto asegura que la “ley orgánica” que plantea el PP “tiene por objeto regular en España el uso del velo integral -burka o niqab- y otros elementos que oculten, total o parcialmente, el rostro en espacios públicos”. Algo que, dicen, hacen en “defensa de los principios básicos de dignidad, libertad individual e igualdad entre mujeres y hombres”.

De hecho, el PP cita la 'ley mordaza' para sostener que “el uso de elementos que impiden la identificación supone un riesgo claro para la prevención del delito, la protección de los derechos de terceros y el mantenimiento de la convivencia”.

Porque ya en el articulado de la norma se plantea que el “objeto de la ley” es “regular el uso de elementos que oculten, total o parcialmente, el rostro en espacios públicos o de acceso público, impidiendo o dificultando la identificación de la persona, con el fin de garantizar la libertad, la igualdad, la convivencia democrática y la protección de los derechos fundamentales de todos, especialmente de las mujeres”.

¿Y qué considera el PP “espacios públicos o de acceso público”? “Las vías, calles, carreteras y demás espacios de uso público”. También “las instalaciones, edificios y dependencias de titularidad pública o abiertas al público”; “los centros y servicios públicos de carácter educativo sanitario, administrativo o asistencial”. Por último, “se incluyen los medios de transporte públicos o de uso colectivo”.

El PP establece “excepciones” en su proposición. Cuando ocultar el rostro “sea necesario por razones médicas, sanitarias o higiénicas”. O porque responde a “exigencias laborales, profesionales o de protección individual”. Cuando se produzca “en el contexto de actividades culturales, festivas, tradicionales o deportivas”. O si está “motivado por condiciones meteorológicas adversas decretadas por las autoridades competentes”.

La norma establece un “régimen sancionador” que impone una multa de 100 euros por el “incumplimiento” de la ley. La reiteración se multará con 600 euros. Y la “incitación al incumplimiento” se sancionará siempre con 600 euros.

Vox ha resucitado el debate sobre la prohibición del burka y el niqab, los velos islámicos integrales que tapan a la mujer de pies a cabeza, incluido el rostro, y cuyo uso en España es residual. Como viene sucediendo en los últimos meses, ha arrastrado a los partidos políticos y a los ciudadanos a su marco de discusión y todos se precipitan a tomar posiciones más o menos feministas, más o menos racistas, más o menos alejadas del partido de Santiago Abascal.  Vamos a dejarlo claro desde el primer párrafo: a Vox no le importan las mujeres que hay debajo del burka o el niqab. De hecho, todos los “moros y moras” que viven en España son los primeros objetivos del plan de detención y deportación del partido ultra, con o sin burka, y sin importar si el destino es un país que no respeta los derechos de las mujeres. 

Pero vivimos en la España en la que se habla de lo que quiere Vox: la inmigración, los okupas, el “terrorismo climático”, las “paguitas”. Y esta semana toca hablar del burka aunque la mayoría de españoles no hayan visto uno en su vida. Es cierto que los derechos humanos no se cuentan al peso: una sola mujer obligada a vestir con esas prendas en España ya es demasiado, pero ese tipo de coacción ya está contemplada en nuestras leyes y las medidas de Vox no están encaminadas a protegerlas ni ampararlas, sino a añadir más estigma al estigma que ya sufren. Vox no prevé ninguna medida que ayude a las mujeres reales que viven bajo el burka: ni asistencia social ni económica. Solo quiere que se vayan de España.

Las mujeres musulmanas viven entre dos misoginias: la de los religiosos ultraconservadores que quieren acallar su voz e invisibilizar su cuerpo y su rostro y la de los islamófobos que se apropian de su sufrimiento y sus reivindicaciones al mismo tiempo que las rechazan y odian su identidad, su religión y su presencia en nuestras calles. En este debate nadie les ha preguntado. Invisibilidad sobre la invisibilidad que se pretende combatir. A la inmensa mayoría de musulmanas que viven en España el burka les resulta tan ajeno como al resto de ciudadanos. No lo vestirían jamás pero ellas saben que esto no va de burkas ni de defender sus derechos y ayudarlas a conquistar libertades: se trata de señalar a un colectivo y hacer su vida más difícil. 

La prohibición del burka amparada en motivos de seguridad debería perseguir a cualquiera que oculte su rostro en un sitio público. Si la versión de Junts de la propuesta de Vox se aprueba, esto se traducirá en algunas multas, peticiones de identificación, problemas prácticos y ninguna ayuda a mujeres que lo necesitan. Algunas de las musulmanas que conozco llevan hiyab, el pañuelo que cubre el pelo y el cuello, y saben que este será el siguiente debate y, como en este, nadie les preguntará. El objetivo es echarlas de España, por musulmanas, por inmigrantes, por mujeres, por pobres. La única vez que he visto un niqab en España fue el de una mujer que venía acompañando a un jeque saudí que había hecho una gran inversión en la costa andaluza. Estoy segura de que eso seguirá sin ser un problema. 

La posibilidad de prohibir el velo integral dormitaba en España desde que el Tribunal Supremo determinó en 2013 que para imponerla hacía falta una ley, pues afecta al derecho a la libertad religiosa. La escasa presencia del burka o el niqab en las calles —no constan cifras oficiales y las menciones que ocasionalmente han saltado a la prensa oscilan entre apenas una docena y 500, sin precisar fuentes–. El anuncio de Junts de que no avalará la propuesta de Vox a la que se ha sumado el PP enterrará previsiblemente la cuestión hasta el final de la legislatura. Pero la cuestión ha tenido mayor recorrido en los países europeos. A continuación, un repaso a la situación en la UE.

Francia: el argumento de la laicidad

Las cuestiones relacionadas con el velo y, de manera general, con cualquier prenda asociada al islam, forman parte del debate público en el país galo desde hace más de 30 años. En octubre de 1989, la expulsión de tres alumnas de secundaria en la localidad de Creil por negarse a quitarse el velo en clase suscitó la primera gran secuencia de debates intelectuales, mediáticos y políticos.

Pero la cuestión alcanzó una dimensión diferente a partir de 2002, año en el que la extrema derecha de Jean-Marie Le Pen alcanzó por primera vez la segunda vuelta de las elecciones. En 2004 se aprobó una primera ley que prohibió en los colegios “el uso de símbolos o prendas con los que los alumnos manifiesten ostensiblemente su pertenencia religiosa”.

En 2010, ya con Nicolas Sarkozy en el poder, la Asamblea Nacional aprobó otra ley –la primera en Europa– que proscribió el velo integral, avalada después por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, aun reconociendo que podía tener efectos negativos para algunas mujeres.

Aunque Francia es el país europeo que más ha legislado sobre la cuestión, los políticos no dejan de encontrar formas de reintroducir el debate sobre la necesidad de nuevas normas. Casi siempre justificadas por sus impulsores en la defensa de la laicidad y de los derechos de las mujeres. Así, solo en los últimos años, ha habido propuestas para prohibir el velo entre las deportistas en los Juegos Olímpicos, los bañadores llamados burkini en las playas y piscinas o para impedir que el personal de acompañamiento escolar pueda llevar velo en horas de trabajo.

Hace un año, el ex primer ministro Gabriel Attal propuso la prohibición del velo en el espacio público para todas las chicas menores de 15 años. “Cuando yo propuse la prohibición del velo, Gabriel Attal se ensañó conmigo a base de insultos. Hoy, retoma mi propuesta”, criticó entonces Marine Le Pen, quien aboga por la prohibición general del velo para todas las edades.

Durante su etapa como ministro de Educación, Attal —que aspira a suceder a Emmanuel Macron como candidato a la presidencia de centroderecha— ya había prohibido, por vía reglamentaria, la abaya (una prenda tradicional en países de Oriente Medio que cubre todo el cuerpo) en las escuelas francesas.

Hace solo unos meses, los líderes del partido conservador Los Republicanos, que en la última década no ha dejado de perder terreno frente a la extrema derecha lepenista, impulsaron en el Parlamento varias medidas para prohibir el velo y el ayuno del mes sagrado musulmán de Ramadán entre los menores de edad. Medidas que, según reconocieron sus propios impulsores, serían probablemente inviables “en el estado actual del derecho” en Francia.

En todo caso, esta ofensiva parlamentaria dirigida específicamente a la comunidad musulmana fue denunciada por responsables religiosos y diferentes asociaciones ciudadanas que expresaron en una carta abierta al presidente del Senado su “hartazgo” ante la “estigmatización” de los franceses de confesión musulmana. “Una secuencia que se ha vuelto tristemente familiar para ellos: la de una instrumentalización política sistemática de su práctica religiosa”, denunciaron.

La obsesión de una parte de la clase política francesa también ha sido denunciada en múltiples ocasiones por Amnistía Internacional, que considera que “tanto la obligación como la prohibición de llevar símbolos religiosos o culturales violan los derechos de libertad de expresión, de pensamiento, de religión y de conciencia de las mujeres”.

En una nota publicada en 2024, cuando la entonces ministra de Deportes prohibió el velo entre las deportistas francesas, Amnistía Internacional denunciaba la “proliferación de leyes y medidas destinadas a prohibir a las mujeres determinadas prendas consideradas religiosas”; medidas que se inscriben “en un contexto de aumento del discurso de odio, que estigmatiza a las personas musulmanas y, en particular, a las mujeres y niñas que llevan velo”.

La organización señala además una de las consecuencias de estas medidas: “Desde hace varios años, las autoridades francesas no han dejado de multiplicar las leyes y normativas incriminatorias relativas a la vestimenta de las niñas y mujeres musulmanas. Estas medidas, alimentadas por estereotipos, refuerzan y exacerban la discriminación por motivos de género hacia las niñas y mujeres musulmanas”, que se ven expuestas a una triple forma de discriminación por razón de sexo, por su origen étnico y su religión.

Bélgica siguió el ejemplo francés en lo que respecta al uso del velo integral y así, en nombre de la “convivencia” y la seguridad pública, la ley belga prohíbe desde 2011 “el uso de prendas que impidan la identificación de una persona en el espacio público”, como el burka o el niqab. Y en el caso de la región flamenca, también está prohibido el uso de signos religiosos ostentosos en los centros escolares desde 2009, aunque las normas no son tan estrictas en la Bélgica francófona, donde cada centro puede decidir su propio reglamento.

En Países Bajos no hay a quien multar

Está prohibido llevar burka o niqab en escuelas, trasporte público, hospitales y edificios de la Administración neerlandesa. La ley veta las prendas que cubren el rostro y no permiten la identificación de la persona, por lo que se puede aplicar asimismo a pasamontañas o cascos de moto. El ultraderechista Geert Wilders impulsó la norma, que fue apadrinada por la coalición de socialdemócratas y liberales-conservadores liderada por Mark Rutte, actual secretario general de la OTAN. Una amplísima mayoría parlamentaria (132 votos a favor y 18 en contra) apoyó la ley en 2018.

Desde su entrada en vigor, sin embargo, no hay constancia de que ninguna mujer con velo integral haya recibido una multa, pues esta prenda es muy minoritaria. En un país con más de un millón de personas que dicen profesar el islam, se estima que tan solo entre 100 y 400 mujeres llevan niqab o burka.

En un estudio de 2024 encargado por el Ministerio del Interior sobre el impacto de la ley, los autores advierten que la escasez de infracciones dificulta evaluar la aplicación de la norma. En el informe, sin embargo, abundan los testimonios de mujeres que aseguran sufrir discriminación y agresiones verbales y físicas desde su aprobación.

La queja más repetida es que la ley y el debate que la precedió han dado legitimación para confrontarlas, también en espacios donde la prohibición no se aplica, como en la calle o los comercios. Una mujer de 32 años que lleva niqab dice: “Mucha gente no sabe cómo funciona la ley, así que te abordan sin más, también en el supermercado. Temo el momento que alguien me tire al suelo y haga un arresto ciudadano”. Las mujeres afirman haber sido rechazadas en centros de salud y transporte público.

Como consecuencia de la prohibición y el aumento de la hostilidad, el informe apunta también a una mayor adaptación: algunas mujeres dicen haber cambiado su atuendo en algunos espacios o, incluso, haber renunciado al velo integral. El año pasado, el Parlamento holandés aprobó una proposición para ampliar la prohibición a todo el espacio público, algo que el nuevo Gobierno deberá tomar en consideración.

En palabras de Dilan Yeşilgöz, líder de los conservadores-liberales de VVD: “No es propio de nuestro país que las mujeres se tengan que esconder detrás de un burka. Cada mujer debe ser libre para sentir el sol sobre su piel”.

Dinamarca y el “control social”

El país nórdico prohibió por ley el uso del burka y el niqab en los espacios públicos en el 2018 y, desde entonces, el tema había quedado apartado del debate político hasta finales del año pasado, cuando el Gobierno de coalición entre socialdemócratas, liberales y moderados anunció su intención de extender la prohibición a los centros educativos, como escuelas o universidades.

La propuesta se presentará en el Parlamento durante el mes de febrero, pero como ya pasó en el año 2018, ha levantado las críticas de los partidos del bloque de izquierdas, mientras que las organizaciones de la sociedad civil como Amnistía Internacional en Dinamarca han afirmado que “la medida vulnera el derecho de las mujeres a vestirse como quieran y a llevar ropa que exprese su identidad y sus creencias”.

La primera ministra, Mette Frederiksen, también anunció que el Ejecutivo tiene la intención de eliminar las salas de oración de los centros educativos como universidades, ya que considera que ambas cosas “son herramientas de control social y de opresión que deberían quedar alejadas de los estudiantes”.

El texto actualmente en vigor no prohíbe específicamente cubrirse el rostro por razones religiosas o culturales, puesto que también se menciona la prohibición de taparse la cara con cascos de moto, barbas postizas, máscaras y otras formas de ocultar el rostro, pero, en la práctica, la medida impide el uso de estas prendas islámicas.

Su uso puede ser penalizado con multas de entre 134 euros y 1.343 euros, en casos de reincidencia, y la policía puede obligar a las personas que vistan las prendas a abandonar el espacio público. Los partidos políticos que apoyaron la medida han defendido que la ley ayudaría a garantizar una mejor integración de las personas solicitantes de asilo y de las mujeres migrantes en la sociedad danesa.

Por el contrario, los detractores de la medida denuncian que es desproporcionada respecto al número de mujeres que llevan esta prenda en el país e induce a una mayor marginación de esas mujeres. Según un estudio de la Universidad de Copenhague, en Dinamarca hay entre 150 y 200 mujeres musulmanas que utilizan diariamente prendas que cubren su cara por completo, mientras que el total de la población musulmana representa un 5% de los 5,9 millones de habitantes.

“Las mujeres musulmanas son una minoría dentro de la población y luego está una minoría de mujeres que utilizan la prenda; hablamos de una ley que va dirigida a una minoría dentro de una minoría”, razona la socióloga Margit Warburg para elDiario.es. La investigadora señala que en el año 2025 la policía investigó a 20 mujeres que llevaban burka o niqab y multó a 10 de ellas. Con estas cifras tan bajas, Warburg afirma que es difícil medir la efectividad de la prohibición, ya que “no está claro si las mujeres han dejado de usar el velo o, simplemente, dejaron de salir tanto en público”.

Exotismo portugués y miedo al “separatismo islámico” en Italia

Una norma similar a la planteada por Vox está ahora pendiente de tramitación parlamentaria en la Asamblea portuguesa a instancias de los ultras de Chega. Con un 0,5% de musulmanes entre la población, su efectividad está por ver. El imán de la Mezquita Central de Lisboa, David Munir, declaró a la Agencia EFE en octubre que “exagerando mucho” habrá en torno a 100 mujeres que lleven velo integral.

En un reportaje sobre los recelos de la población musulmana respecto a la norma, una mujer de origen mozambiqueño señalaba que el velo es tan poco habitual que a ella, que sí lo lleva, la toman por turista “muchas veces”.

A diferencia de otros países, Italia no se escuda en cuestiones de seguridad, laicidad o garantía de la neutralidad administrativa. Los ultras de Hermanos de Italia, el partido de la primera ministra Giorgia Meloni, han llevado al Parlamento una batería de medidas contra el “fundamentalismo y el separatismo islámico” que, además de la prohibición del velo integral en espacios públicos, busca controlar las fuentes de financiación de las mezquitas o castigar más duramente los matrimonios forzados.

Austria y los trucos para sortear el veto

Una coalición de socialdemócratas y conservadores prohibió el velo integral en el espacio público en 2017, una medida que se interpretó como una respuesta al auge creciente de la extrema derecha. La norma –que vetó las prendas que cubriesen toda la cabeza, sin referirse expresamente a su carácter religioso– dio pie a situaciones absurdas, como la multa que recibió un hombre anuncio disfrazado de tiburón.

La efectividad de la ley también quedaba en cuestión al año de aprobarse. Un reportaje de la emisora alemana Deutsche Welle señalaba entonces que la prohibición era fácil de sortear valiéndose, por ejemplo, de “una mascarilla sanitaria y un justificante médico”. Mientras tanto cundía la sensación, entre algunas musulmanas, de que llevar cualquier velo se había “vuelto más difícil”.

El veto de 2017 no puso fin al debate. Está previsto que el próximo curso escolar entre en vigor la prohibición de que las menores de 14 años lo lleven en los colegios, tras aprobarlo a finales de año la Cámara Baja parlamentaria por amplia mayoría.

Los otros dos países de la UE que restringen el velo integral son Alemania y Bulgaria. El país teutón no prohíbe absolutamente el velo integral, pero si lo restringe para los miembros de la judicatura, funcionarios y militares. Algunos de sus estados también lo vetan en los colegios.

En Bulgaria está prohibido desde 2016.

Ester Muñoz, del Partido Popular, creía tener la prueba definitiva de la hipocresía de la izquierda. En el pleno en que se debatía la proposición de ley para prohibir en España el burka y el niqab, mostró una foto de una calle de Barcelona con cuatro mujeres que van juntas, todas ellas enfundadas de negro, es decir, con una abaya –la túnica holgada que cubre el cuerpo– y el niqab –un velo que cubre la cabeza y la cara, excepto los ojos–. No dijo qué calle era, pero presentó la imagen como evidencia de que en España es fácil encontrar a mujeres vestidas así.

La foto está hecha en el Passeig de Gràcia, una de las principales avenidas de Barcelona, llena de turistas y tiendas de lujo. Se hizo junto al número 3, donde está precisamente el consulado de Qatar. El niqab es una prenda bastante habitual en los países del Golfo Pérsico, como Arabia Saudí, Emiratos Árabes o Qatar. Para responder a los que le habían dicho en redes sociales que es muy raro ver a una mujer en España con la cara totalmente cubierta, a menos que sean turistas del Golfo Pérsico o de otro país árabe, Muñoz dijo: “Pásense por el centro de Madrid. Es rara la semana en que no me cruzo con una mujer tapada íntegramente por la calle”. Debe de ser la única persona que ve a mujeres con niqab con frecuencia en Madrid, pero ella afirmó luego que la gente de izquierda no lo sabe porque vive en “barrios de pijos”. Por cosas como esta, los diputados de Vox aplaudieron con entusiasmo a Muñoz.

En mitad de las difíciles negociaciones con Vox para formar gobierno en Extremadura y Aragón, el PP utilizó la proposición para sostener que sí hay asuntos en los que puede coincidir con el partido de extrema derecha, y el del veto al burka y niqab es uno de ellos. Se trata de “un símbolo de opresión y de sumisión”, avisó Muñoz. “En España, la mujer no se somete al padre. Sólo se somete a la ley”, dijo la portavoz del PP.

No ocurría así con el aborto. Su partido se opuso al derecho de las jóvenes de 16 y 17 años a abortar sin necesidad de la autorización de sus padres.

A Muñoz le interesaba más relacionar a la izquierda con el integrismo islámico. Sostuvo que es indefendible que la izquierda diga que el velo integral es progreso. Nadie en la izquierda ha dicho eso.

La propuesta de Vox cuenta en su exposición de motivos con sus declaraciones xenófobas habituales sobre “la llegada masiva de inmigrantes de países con fuerte influencia islamista” y el hecho de que “algunas de esas personas pretenden imponer las costumbres islamistas en el espacio público de dichos países”, lo que es un peligro para “la civilización europea”. No emplea la palabra 'invasión', pero ya ha aparecido en muchas de sus declaraciones públicas.

La proposición salió derrotada con los votos de la izquierda, el PNV y Junts. El partido catalán alegó que está tanto en contra del burka como de Vox y de sus razones aducidas para la prohibición.

“Toda prenda que simbolice la sumisión de la mujer debe desaparecer del espacio público”, dijo Blanca Armario, de Vox. De inmediato, dio otros ejemplos que no tienen nada que ver con los derechos de la mujer, como el hecho de que en algunos colegios esté disponible un menú halal para los alumnos musulmanes. “España obedece de rodillas a la imposición del islam”, continuó, lo que demuestra que el rechazo a cualquier tipo de vestimenta de origen islámico tiene que ver con su oposición a la inmigración.

Armario y Muñoz citaron los países europeos que han prohibido el niqab y el burka (este último se usa en Afganistán por imposición de los talibanes y en algunas zonas de Pakistán). El primero fue Francia en 2011. Lo que no dijeron es que esa medida se inspiraba en el laicismo, un elemento esencial de la Francia republicana, que nunca estarían dispuestas a aceptar en España, porque afecta en teoría a todas las religiones.

Las portavoces de la izquierda resaltaron que los promotores del veto sólo se preocupan por la vestimenta de las inmigrantes, pero no de sus derechos. “Si quieren defender los derechos de la mujer, deberían defender que reciban papeles para no ser explotadas”, dijo Noemí Santana, de Podemos. Sobre la regularización de las inmigrantes, sin la cual están a merced de los abusos, Esther Gil, de Sumar, resaltó que “a esas mujeres pobres no les interesa protegerlas”. Gil se preguntó cómo pueden defender la dignidad de las mujeres aquellos que “niegan la violencia machista”.

Pilar Vallugera, de Esquerra, mencionó el caso del aborto. Reprochó a Vox que apoye a los grupos “que presionan a las mujeres que ejercen el derecho al aborto” y se preguntó cómo van a integrar a las mujeres diciéndoles que van a meter en la cárcel a su familia.

La presión familiar con la que se impone a las hijas una determinada vestimenta siempre ha existido y es evidente que ocurre en el entorno de las familias musulmanas. El Estado lo tiene difícil para entrar en esas casas y saber si se adopta de forma voluntaria. Es frecuente que muchas de las hijas lleven el hiyab –el pañuelo que cubre el pelo, pero no la cara– y algunas lo hacen voluntariamente y otras obligadas por los padres. Pero el Estado no puede dictaminar que es obligatorio que se vea el pelo de una mujer. Con el niqab y el burka es diferente, pero no es un fenómeno habitual en la sociedad española.

El Gobierno de Ceuta, presidido por el PP, reiteró el martes que rechaza prohibir el uso de símbolos religiosos. El portavoz del Ejecutivo se remitió a la decisión del pleno en 2025 de “expresar la repulsa y rechazo a cualquier tipo de propuestas que pretendan prohibir el uso del hiyab y demás símbolos religiosos personales en los espacios públicos”.

“Todo atuendo destinado a ocultar la identidad de las mujeres es rechazable”, dijo la socialista Andrea Fernández en el pleno. “No queremos para otras lo que no queremos para nosotras”. Eso no debe llevar a aceptar “su racismo, la xenofobia y el supremacismo”, dijo. Recordó que una de las consecuencias de la prohibición en Francia fue que el 30% de las alumnas “desapareció de la escuela pública”.

Es un peligro que apuntó el Tribunal Supremo español en una sentencia de 2013 al destacar “el riesgo del efecto perverso que pueda derivarse de la misma (el veto): el enclaustramiento de la mujer en su entorno familiar inmediato, si decide anteponer a otras consideraciones sus convicciones religiosas”. El tribunal anuló la prohibición del uso del velo completo en las instalaciones del Ayuntamiento de Lleida por la inexistencia de una ley que lo permitiera.

Un argumento mucho más débil en contra de la medida de Vox fue el que utilizó Patxi López en una rueda de la prensa por la mañana, y similar al que hizo Yolanda Díaz. Dijo que la propuesta era “contraria a la Constitución cuando la Carta Magna lo que consagra es la libertad religiosa”. Esto último es cierto en un sentido literal, pero el Estado puede establecer límites a la libertad religiosa. Lo hace en realidad con todos los derechos.

En la derecha y la extrema derecha se ha oído muchas veces que los padres tienen derecho a elegir lo que se enseña a sus hijos, en especial cuando surge el tema de la educación sexual, y que el Estado no se puede inmiscuir. Es otro argumento fácilmente rebatible.

“El velo integral es una mujer obligada a caminar entre nosotros sin rostro ni identidad reconocible”, dijo Ester Muñoz en una frase que podrían compartir las portavoces de la izquierda que rechazaron la propuesta de Vox. Es lo que dijo Andrea Fernández.

Si el PP aspiraba a que los de Vox valoraran su apoyo a la proposición, pronto descubrió que no le iba a servir de mucho. Ya habían conseguido lo que querían, obligar al PP a seguir sus pasos sin que eso les impidiera criticarle al mismo tiempo. Lo que hizo el partido de Santiago Abascal en Twitter fue burlarse del PP y de sus diferentes posiciones, a saber, María Guardiola, el PP gallego, Ester Muñoz y el PP de Ceuta. A la hora de repudiar a todos los extranjeros, nadie podrá ir tan lejos como Vox.