El ciclismo vuelve a la acción este fin de semana con la disputa del Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta que será una cita histórica al ser la primera que se dispute en suelo africano, en Kigali, Ruanda, con un circuito inédito que podría traer sorpresas y donde Tadej Pogacar es el gran rival a batir.

Del domingo 21 al domingo 28 de septiembre tendrán lugar las principales pruebas tanto de ciclismo masculino como femenino que repartirán los maillots arcoíris que está en manos de Tadej Pogacar y de Lotte Kopecky, aunque solo el primero lo defenderá, con lo que la competición queda abierta.

Del contrarreloj a la prueba en ruta: Mundial de ciclismo 2025 en Ruanda

Este domingo 21 de septiembre arranca Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta 2025 con la disputa de las pruebas contrarreloj tanto de la élite masculina como femenina, que estrenarán el circuito en Ruanda, para luego dejar protagonismo durante los próximos días con la categoría sub-23, la junior y la contrarreloj mixta por equipos.

Los momentos clave del Mundial de ciclismo en ruta de Ruanda será con la disputa de la prueba en ruta femenina el sábado 27 y la de categoría masculina el 28, con un recorrido de 267,5 kilómetros y más de 5.000 metros de desnivel acumulado con el Muro de Kigali que acumula hasta rampas de 11 % y uno de los puntos más decisivos.

La prueba femenina del Mundial en Ruanda llega de lo más abierta tras la renuncia de la vigente campeona, la belga Lotte Kopecky, lo que hace que haya una nueva ganadora, lo que daría oportunidad a otras favoritas como la francesa Pauline Ferrand-Prévot, ganadora del Tour de Francia, siendo en España la gran baza la de Mavi García.

En cuanto a la prueba masculina del Ciclismo Mundial en Ruta de Ruanda 2025 Tadej Pogacar llega como gran favorito como defensa del maillot arcoirís, que tendrá como rival principal a Remco Evenepoel, especialista contrarreloj, con ausencias relevantes como las de Jonas Vingegaard, Wout van Aert o Mads Pedersen, entre otros.

El equipo de España para el Mundial de ciclismo

Este Mundial de ciclismo en ruta de Ruanda será el primero de Alejandro Valverde como seleccionador, y ha sido encargado de seleccionar el equipo que llega con Juan Ayuso y Marc Soler como líderes.

El equipo español masculino para este mundial de ciclismo está formado por Juan Ayuso, Marc Soler, Iván Romeo, Carlos Verona, Abel Balderstone, Carlos Canal, Roger Adrià y Raúl García en un conjunto que aúna experiencia con juventud como principales virtudes ante un circuito inédito en el que cabe la sorpresa.

Programa y dónde ver el Mundial de ciclismo en ruta 2025

El Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta 2025 se puede seguir de forma completa a través de Eurosport y la plataforma HBO Max, a su vez en abierto por RTVE a través del canal temático deportivo Teledeporte y su plataforma online RTVE Play.

El programa completo es el siguiente:

El grupo rebelde M23, con el apoyo inestimable del Ejército de Ruanda, sigue con su avance por el este de la República Democrática del Congo sin encontrar resistencia. En cuestión de dos semanas se han hecho con el control de las dos capitales de las regiones de Kivu Norte y Kivu Sur, Goma y Bukavu respectivamente, ciudades que suman más de 3,5 millones de habitantes.

En su entrada en Bukavu se ha enfrentado a menos resistencia que en Goma, donde unas 3.000 personas murieron en la ofensiva y 700.000 tuvieron que huir de la zona.

Aunque no hay datos oficiales, la ONU ha denunciado la muerte de tres niños de entre once y quince años, según informó desde Ginebra la portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Ravina Shamdasani. “También estamos documentando casos de malos tratos, violencia sexual y de género relacionada con el conflicto, reclutamiento infantil y forzado, intimidación y amenazas de muerte”, señaló la portavoz.

Además, al menos 150.000 personas han huido en Kivu Sur ante el avance del M23, lo que eleva a casi un millón los desplazados por la ofensiva rebelde en menos de un mes. “La crisis va a peor a medida que las personas huyen a áreas donde la ayuda humanitaria no puede llegar debido a la inseguridad”, lamentó recientemente el portavoz de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), Eujin Byun.

La organización Médicos sin Fronteras informó el jueves de que uno de sus trabajadores y un niño habían sido heridos de gravedad por las balas que alcanzaron su centro de Masisi, en Kivu Norte, donde los ataques de las fuerzas gubernamentales continúan de forma puntual para intentar recuperar sus posiciones. Este sábado, MSF ha confirmado en un comunicado que Jerry Muhindo Kavali, el trabajador herido, ha fallecido como consecuencia de las heridas sufridas.

Además, la ONG asegura que atendió a 48 personas con heridas de bala en Bukavu, que suman un total de 315 en toda la provincia de Kivu Sur, y expresó su preocupación por posibles brotes de enfermedades infecciosas como el cólera.

Tras entrar en Bukavu, el líder del M23, Corneille Nanga, reiteró la amenaza de llegar hasta la capital Kinsasa y deponer al Gobierno del presidente Félix Tshisekedi, si este no se sienta en la mesa a negociar una paz: “Vamos a por la liberación total del pueblo congoleño”, dijo el líder rebelde.

El martes, los insurgentes llegaron sin contestación a Kamanyola y comenzaron a desatar el pánico en Uvira, la siguiente gran ciudad en su camino, a 80 kilómetros de distancia y con más de 700.000 habitantes. En esa urbe, los vecinos reportaron el miércoles disparos entre soldados de la RDC y el grupo aliado de autodefensa wazalendo por desavenencias sobre cómo se están enfrentando al imparable M23.

Una ofensiva con implicaciones regionales

La llegada a Uvira podría implicar nuevas dimensiones regionales. La ciudad se encuentra a tan solo 25 kilómetros de Buyumbura, capital de Burundi, situada al otro lado del Lago Tanganica, situado entre la RDC y Burundi y otros países. El Gobierno de Ruanda es enemigo del de Burundi, liderado por Evariste Ndayishimiye, quien acusó a principios de mes a su homólogo ruandés, Paul Kagame, de aplicar un plan “expansionista” en la región mediante la “anexión de territorio vecino”.

De momento, ningún indicio hace pensar que el M23 podría entrar en territorio de Burundi buscando llegar a su capital, pero los 10.000 soldados burundeses desplegados en apoyo de la RDC se han retirado a su país, tras ser incapaces de proteger el aeropuerto de Kavumu, a las afueras de Bukavu, ante la llegada de los rebeldes. Además, se ha informado de que al menos 500 soldados congoleños también habrían cruzado la frontera para refugiarse en Burundi, al igual que más de 40.000 civiles, según datos de ACNUR. Los refugiados “llegan en muy mal estado”, según ACNUR, y “en muchas ocasiones ya han sido desplazados internos en varios sitios de la RDC antes de llegar a Burundi”.

El nivel de ansiedad por la ofensiva del M23 es tal que a 1.600 kilómetros de distancia, en Kinsasa, algunas embajadas extranjeras están empezando a mover a su personal en vehículos blindados y trasladando a algunos al otro lado de la frontera hacia Brazzaville, capital de la vecina República del Congo.

El avance imparable de los rebeldes ha generado rumores en la capital de un alzamiento contra el Ejecutivo de Tshisekedi, que se niega a sentarse a negociar con el grupo armado y pide hacerlo directamente con el Gobierno ruandés que, a su vez, niega cualquier involucración directa en el conflicto. El presidente de la RDC negó la caída de Bukavu, cuando ya se había producido a lo largo del fin de semana, para después admitirlo, lo cual denotó su falta de control sobre la situación y le colocó en una posición de debilidad.

El Gobierno ha negado cualquier rumor de golpe de Estado y ha pedido no dar pie a la “desinformación” que pretende debilitar al país. “El presidente Tshisekedi fue elegido por el pueblo congoleño para un mandato de cinco años. No aceptaremos ningún golpe de Estado que involucre al Ejército ruandés para desestabilizar las instituciones del país, legal y legítimamente establecidas”, dijo en la red social X el ministro de Justicia, Constant Mutamba.

Por el momento, las peticiones de la RDC para que los socios de Ruanda presionen al país no ha surtido el efecto deseado. Kinsasa acusó a los equipos de fútbol Arsenal, Paris Saint-Germain y Bayern de Múnich de llevar camisetas “manchadas de sangre” porque en ellas aparecía el logo turístico de Visit Rwanda, pero ninguno ha cancelado el acuerdo con Ruanda y solo representantes del equipo muniqués dijeron que enviarán delegados a Kigali para monitorizar la situación. Por su parte, el Gobierno ruandés ha dicho que esas presiones amenazan con crear una guerra regional.

En la última semana, la presión sobre Kigali ha aumentado. El jueves, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió sanciones contra James Kabarebe, ministro de Estado de Ruanda, a quien acusa de controlar el recurso de los minerales para financiar al M23. Días antes, Bélgica denunció que Ruanda estaba atacando la integridad territorial de la RDC y el Gobierno laborista de Reino Unido llamó a filas al Alto Comisionado de Ruanda, el máximo representante diplomático del país ante Londres.

La contestación de Kigali ha sido muy distinta: ha decidido unilateralmente suspender su acuerdo de cooperación con Bélgica, acusando al país de aliarse con la RDC; mientras que solo ha “lamentado” en un comunicado las palabras del Gobierno británico, lo mismo que con Estados Unidos, cuyas sanciones calificó de “injustificadas” sin adoptar más medidas.

El cambio de Gobierno en Londres en julio de 2024 paralizó el acuerdo para enviar a migrantes que llegaran a Reino Unido de forma irregular a Ruanda, a cambio de más de 600 millones de euros, de los cuales la mitad ya se habían desembolsado a pesar de no haber llegado todavía ningún migrante a Kigali. El 40% del presupuesto anual del Gobierno ruandés viene de los cerca de 1.300 millones de dólares de ayuda al desarrollo que recibe de sus socios internacionales.

Willy Ngoma levanta el dedo y da unas palmaditas en la espalda a un grupo de personas blancas mientras desfilan con la cabeza agachada delante de él. “No se bromea con el M23, amigo”, les avisa en inglés. Es miércoles 29 de enero y mercenarios rumanos contratados por el Gobierno de República Democrática del Congo (RDC) están admitiendo su derrota ante el jefe militar y portavoz del grupo rebelde M23 tras no poder impedir que se hagan con el control de Goma.

Un día antes, los milicianos congoleños del M23 habían entrado en la ciudad de más de dos millones de habitantes sin gran resistencia tras más de un año merodeando los alrededores de la región de Kivu Norte. No es la primera vez que lo hacen: en 2012 el grupo de mayoría tutsi, financiado y apoyado con material por la Ruanda del dictador Paul Kagame, de la misma etnia, ya entró en Goma desatando una crisis regional. Ahora el M23 ha entrado acompañado por soldados del Ejército de Ruanda, cuyo presidente, Paul Kagame, jamás había admitido apoyar explícitamente al grupo hasta la fecha, a pesar de las pruebas confirmadas por la ONU.

Han podido con todo y contra todos: a Ruanda y el grupo M23 le ha dado igual asesinar a 17 soldados extranjeros, entre ellos uno uruguayo, uno de Malaui y 13 sudafricanos, todos parte de la Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUSCO) así como de las fuerzas regionales de la Misión Comunitaria de Desarrollo del Sur de África (SAMIDRC). También han podido con los mercenarios rumanos a los que despedía Ngoma y las milicias de autodefensa congoleñas wazalendo. En el este de R.D. Congo hay más de seis millones de personas desplazadas y la ONU calcula que tan solo en lo que llevamos de 2025 otras 400.000 personas han sido desplazadas por los combates.

La situación es peor y puede derivar en un conflicto continental. El presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, dijo en un comunicado que la muerte es por los ataques del M23 y el Ejército de Ruanda, lo que enfureció a Kagame, que respondió que había “mucha distorsión, ataques deliberados e incluso mentiras” en su declaración, negando que fueran sus fuerzas o las del M23 las que asesinaran a sus soldados, responsabilizando así al Gobierno congoleño.

Félix Tshisekedi, presidente de RDC, ha llamado a todos los ciudadanos mayores de edad a alistarse en el Ejército y ha prometido una respuesta contundente, amenazando con atacar Ruanda. Esta posibilidad es poco creíble visto que no los han podido contener en su propio país y que incluso avanzan hacia Bukavu, capital de la región de Kivu Sur.

El presidente ha cargado también contra la inacción de la comunidad internacional tras protestas en la capital que han provocado incendios en las embajadas de Estados Unidos y Francia.

Tres décadas de conflicto

El conflicto entre Ruanda y RDC no es nuevo. Ya en 1996, el Gobierno de Kagame invadió junto con la vecina Uganda el este del país vecino en lo que se consideró la Primera Guerra del Congo. Kagame acusaba al dictador congoleño Mobutu Sese Seko de dar cobijo a los milicianos hutu que habían dirigido el genocidio en Ruanda contra la minoría tutsi dos años antes y que acabaron con la vida de más de 800.000 personas y decidió apoyar al guerrillero Laurent-Desiré Kabila.

Estos ayudaron a la insurgencia a derrocar a Mobutu y vencer, pero en 1998, poco más de un año después, Kabila, ya como presidente, quiso desprenderse de la influencia de Ruanda y Uganda y acabó provocando una nueva rebelión que derivó en la Segunda Guerra del Congo, la más mortal que duraría cuatro años e involucró a nueve países africanos.

Tras la paz, la tensión ha continuado con la aparición del Movimiento 23 de Marzo, que surgió de las críticas por la falta de integración de los tutsi en el Ejército congoleño liderado por el presidente Joseph Kabila, hijo del primero. En 2012 consiguieron hacerse con Goma, pero la retirada de los más de 270 millones de ayuda internacional al gobierno de Kagame hizo que se forzara a un acuerdo tácito para dejar de financiar al M23, que acabó derrotado.

Nueve años después, el M23 resurgió de sus cenizas en 2021 tras las diferencias con Tshisekedi y ya en 2023 se rumoreaba que podrían hacerse con Goma. Ahora, vuelven a conseguirlo y ya controlan Kivu Norte, un territorio que es dos veces el tamaño de Bélgica, y buscan seguir hacia Kivu Sur, una provincia igual de grande.

El Israel africano

La retórica oficial ruandesa para invadir a su vecino está en el miedo a una posible invasión hutu que provoque un segundo genocidio, pero la realidad es el interés económico por los minerales presentes en el este de R.D. Congo.

Ruanda no tiene recursos minerales propios, mientras que su vecino tiene algunos de los minerales más valiosos del mundo como el oro, diamantes y, sobre todo, dos terceras partes del coltán y la mitad de las reservas de cobalto que hay en todo el mundo. Estos son vitales para la transición energética, especialmente para baterías eléctricas y teléfonos móviles, y se calcula que el valor de todos los minerales del Congo equivale a la economía de Estados Unidos.

Aun así, si miramos el mapa, llama la atención que un país como Ruanda, con un tamaño menor a Cataluña y una población de 15 millones de personas, pueda invadir sin contestación una región rica en minerales en un país con 100 millones de habitantes y una superficie total que suma la de todos los países de Europa Occidental.

Para poder entenderlo hay que comprender el poder geopolítico que Kagame ha sabido granjearse. Kagame ha sabido explotar la culpa de la comunidad internacional por no evitar el genocidio de 1994 contra los tutsis para obtener el apoyo y la financiación a su régimen.

El 40% del presupuesto anual del Gobierno ruandés viene de los cerca de 1.300 millones de dólares de ayuda al desarrollo que recibe de sus socios internacionales, principalmente de Estados Unidos, que aporta 174 millones, casi tres veces más que Japón y Alemania. Francia también es un socio vital tras retomar relaciones diplomáticas en 2019 y dar en cuatro años 500 millones de dólares en ayuda al desarrollo, así como Reino Unido, que más allá de los casi 40 millones de dólares anuales ha tenido una gran relación bajo gobiernos conservadores que han legitimado el país como un lugar seguro con su acuerdo para expatriar inmigrantes irregulares.

Todo ese dinero le ha servido a Kagame para limpiar su imagen bajo la propaganda Visit Rwanda, el lema turístico que se puede ver en todo el mundo en la manga de equipos de fútbol como el Paris Saint-Germain, el Arsenal. El Ejecutivo ha sabido además posicionar Kigali como una capital de eventos internacionales y ha llegado a acuerdos con la NBA para acoger las finales de la máxima competición continental de baloncesto africana, el congreso anual de la FIFA o este año el Mundial de Ciclismo en Ruta. En diciembre, Ruanda confirmó su candidatura para que la F1 volviera a África.

Ahora, todo ello podría estar en jaque. El ministro de Exteriores británico, el laborista David Lammy, ha avisado a Kagame que podría perder los 1.000 millones de dólares en ayuda al desarrollo si no deja de apoyar al M23. Eso ya ocurrió en 2012, pero esta vez Kagame se considera en una posición fuerte.

El presidente ruandés ha calculado que esta vez no le darán la espalda. La llegada de Donald Trump puede haberle alentado. Trump ya criticó al Gobierno congoleño en campaña lanzando bulos sobre que enviaban a sus presos a Estados Unidos como inmigrantes irregulares. Además, el año pasado el Gobierno de Tshisekedi denunció a la tecnológica Apple por robar sus minerales de minas no autorizadas por el Gobierno. Kagame puede haber valorado que Trump, amigo de las grandes empresas tecnológicas, podría preferir asegurarse los minerales con el control del M23 y Ruanda y no del Congo, obviando con ello la integridad territorial congoleña y toda la legislación internacional. Por el momento, el secretario de Estado, Marco Rubio, ha pedido un alto al fuego que evite una escalada de la tensión y que permita una “economía regional próspera”.

Sea como fuere, de los socios internacionales dependerá el futuro escenario regional. La posibilidad de una Tercera Guerra del Congo con participación continental es posible, aunque es difícil pensar en un ataque coordinado contra el Ejército de Kagame. Así pues, tampoco es descabellado pensar que Kagame acabe controlando con el M23 las regiones de Kivu Norte y Kivu Sur de facto como Rusia ha hecho en localizaciones del Donbás o Israel con los territorios ocupados en Palestina.

Aun así, la retirada de la financiación internacional a Ruanda —y por lo tanto también al M23 como ocurrió en 2012— sigue siendo una posibilidad, pero no es de descartar que Kagame use su poder para acordar un alto al fuego que le dé concesiones sobre las zonas mineras a cambio de la retirada del país vecino.

Buscar la base neural de los comportamientos inmorales. El objetivo del Laboratorio del cerebro moral y social que dirige la belga Emilie Caspar es ambicioso. Intentan “comprender cómo los humanos toman la iniciativa y la responsabilidad de sus acciones y cómo perciben y sienten el dolor que podrían causar a los demás”. Dicho de otra manera, Caspar y su equipo tratan de encontrar la base científica de la banalidad del mal.

En la conferencia Falling Walls, en Berlín, Caspar dio una charla sobre cómo derrumbar “el muro de la obediencia ciega”. Una obediencia, que como vemos a lo largo de la historia y de la geografía planetaria, puede llevar al ser humano a cometer las peores atrocidades. Una y otra vez.

Como investigadora, no ha dudado en sentarse en la cárcel con los perpetradores del genocidio en Ruanda o del genocidio en Camboya para estudiar su manera de pensar. ¿Es difícil pasar tanto tiempo con este tipo de personas?

Efectivamente, es una población difícil de manejar. Creo que es también una de las razones por las que hay tan poca investigación sobre estos perfiles. Lo que cuentan es muy difícil de entender. Cuando comencé a hacer eso, tuve que mentalizarme durante meses y meses solo para asegurarme de estar preparada. Leí libros de otros académicos que habían trabajado con antiguos perpetradores y habían narrado sus historias.

Uno en particular, que se llamaba Une saison de machettes (Temporada de machete), donde se cuentan, sin escatimar detalles horribles, las historias de los perpetradores del genocidio ruandés de 1994. Empecé leyendo las primeras tres páginas, pero luego tuve que hacer una pausa. Tuve muchas pesadillas. Luego volví a leer, tres páginas más, luego unos días de descanso. Muchas pesadillas, y así sucesivamente.

Es fácil decir que son monstruos que aman hacer daño a los demás. La realidad es mucho más compleja. Son seres humanos normales, que hicieron cosas dentro de un contexto

Después de un tiempo, te acostumbras. Y aprendes a manejar tus emociones cuando lees o escuchas esas historias. Pero también aprendes a no juzgar, porque mi papel no es juzgarlos. Yo soy neurocientífica, soy una psicóloga. No soy abogada, ni jueza. Lo que estoy haciendo es tratar de entenderlos, de entender su perspectiva. Es fácil decir que son monstruos que aman hacer daño a los demás. La realidad es mucho más compleja. Son seres humanos normales, que hicieron cosas dentro de un contexto. Sí, algunos tienen rasgos oscuros, pero no todos. Y entonces en realidad –sé que suena raro– cuando interactúas con ellos en la corta distancia, son personas muy agradables. Así que tienes que aprender a gestionar un montón de altibajos en tu equilibrio emocional, especialmente cuando el mismo día que hablas con ellos, también has trabajado con las víctimas y has escuchado sus terribles historias.  

¿Puedes acabar teniendo empatía hacia los verdugos?

Bueno, diría que con todos ellos, no. Pero sí que hay personas con las que hablas, y ves tristeza en sus ojos cuando te cuentan lo que hicieron. Algunos de ellos apenas pueden lidiar con este sentimiento. Por ejemplo, en Ruanda. Tienes que pensar que cuando entiendes cómo sucedió todo aquello, cuando imaginas que no tenían educación, que vivían en pueblos pequeños, que no tenían informaciones, excepto las de los medios del Gobierno que durante años habían hablado del otro grupo, los tutsi, como de una amenaza constante y como causa de todos sus problemas.

Hablemos de su investigación. ¿Se puede estudiar científicamente la moralidad?

Es complicado. También porque la definición de “moralidad” difiere mucho entre individuos, pero también entre diferentes culturas, poblaciones, y también a lo largo de la historia. Hay diferentes maneras de hacerlo. En Europa, el método experimental que utilizaríamos sería el de examinar situaciones en las que las personas participantes se enfrentan a una decisión moral.

Los seres humanos nos separamos mucho entre nosotros. Tenemos fuertes prejuicios intergrupales hacia personas que no reconocemos como de nuestro propio grupo. Ese es un peldaño típico de cada genocidio que ha ocurrido

Por ejemplo: ¿harías daño a alguien para aumentar tu propio beneficio económico? En nuestras culturas occidentales, estaríamos de acuerdo en que es una decisión moral que hay que tomar. O les ponemos delante de unos dilemas morales. Así que, por ejemplo, les preguntamos: ¿matarías a esa persona si eso te permite salvar a cinco personas más? Este sería el enfoque experimental. Medimos su comportamiento y, por ejemplo, medimos lo que sucede en su cerebro cuando toman esas decisiones mediante un escáner. Una resonancia magnética o, sobre todo, una electroencefalografía.

Pero después también entrevistan a jemeres rojos en Camboya o presos en las cárceles de Bélgica.

Exacto. El segundo enfoque es el de estudiar a personas que en algún momento cometieron actos inmorales o ilegales y tratar de conocer su punto de vista. Los perpetradores con los que he trabajado hicieron cosas que iban en contra de todos los estándares morales en todas las culturas. En general, los seres humanos aceptamos que no se debe matar ni torturar a otro ser humano que no nos ha hecho nada. Los entrevistamos y tratamos de entender por qué hicieron lo que hicieron.

Y ¿a qué conclusión han llegado hasta ahora?

Es una pregunta muy difícil. Desde la perspectiva del cerebro, la moralidad no es como una región cerebral –por otro lado, ya sabemos que nada es como una sola región cerebral–. Siempre hay una interacción entre muchas regiones cerebrales diferentes que entran en juego y el ambiente. Por eso es muy difícil darte una respuesta simple. Hay muchos estudios de resonancia magnética que muestran que hay muchas áreas involucradas en la toma de decisiones morales.

Cuando se nos muestra a un individuo que sufre se desencadenan actividades en regiones cerebrales en la CCA (córtex del cíngulo anterior) y se ha demostrado que cuando no es de nuestro propio grupo –por etnia, religión, etc.– nuestro cerebro procesa menos su dolor

Tengo que decir que algo con lo que no estoy satisfecha en la neurociencia es que basa casi todas sus conclusiones en valores occidentales. Utilizamos la misma definición de ‘moralidad’ que vale para la mayoría de nosotros. Pero el mundo occidental solo representa el 12% de la población mundial, así que casi todo nuestro campo de investigación basa sus conclusiones en una muestra restringida. No tiene ningún sentido estadístico. Por eso trato de ampliar la muestra accediendo a poblaciones de todo el mundo que son diferentes, que pueden procesar la moralidad de manera diferente, para intentar tener una imagen más global sin sacar conclusiones exclusivamente centradas en Occidente.

De acuerdo, ampliemos la mirada. Pero no podemos obviar que los genocidios siguen pasando, basta con mirar a Palestina. Y buscamos respuestas sobre los horrores que pasan ahora, no solo después de que hayan pasado, como los ejemplos que nos ha dado.

Cada caso es diferente, y cada guerra o genocidio actual es complejo. Pero al mismo tiempo es fácil de entender. Hay grupos diferentes, y uno quiere el poder sobre el otro.

Los seres humanos nos separamos mucho entre nosotros. Tenemos fuertes prejuicios intergrupales hacia personas que no reconocemos como de nuestro propio grupo. Ese es un peldaño típico de cada genocidio que ha ocurrido. Primero, hay una categorización de las personas; luego hay un proceso de deshumanización; y finalmente es ahí donde se puede iniciar la violencia. Hay patrones para los genocidios. El sitio web Genocide Watch detalla 10 etapas que caracterizan cada genocidio. Ahí puedes ver ejemplos reales y actuales, y ellos te dicen en qué etapa se encuentran. Hay patrones parecidos en todo el mundo y en todas las sociedades.

¿Y cómo explica desde el punto de vista científico ese proceso de deshumanización tan importante para que un genocidio tenga lugar?

Hay que pensar: ¿por qué separamos la gente en grupos? Es difícil demostrarlo, pero creo que es parte de la evolución. Somos sociedades muy grandes. Hemos evolucionado en grupo. Y ser parte de un grupo nos brinda protección. Allá es donde podemos tener apoyo. Es como si estuviéramos hechos para proteger a nuestro propio grupo. Esa es una tendencia natural que todos los seres humanos tenemos. Y esto lo ve la neurociencia en nuestro cerebro.

Por ejemplo, cuando se nos muestra a un individuo que sufre, se desencadenan actividades en regiones cerebrales como la empatía, en la CCA (córtex del cíngulo anterior) o la ínsula. Y se ha demostrado muchas veces que cuando se muestra a alguien que no es de nuestro propio grupo, sino de otro grupo –por etnia, religión, o lugar donde vive la persona, o también puede ser un forofo de otro equipo de fútbol– en este caso, nuestro cerebro procesa menos su dolor.

Hay una diferencia en la actividad cerebral en esas regiones en los cerebros de los perpetradores, de los rescatadores o de los transeúntes que no hacen nada delante de la barbarie

Estos sesgos intergrupales están fuertemente integrados en nuestro cerebro. Y la deshumanización también afecta a muchas regiones cerebrales diferentes, asociadas con la cognición social. Cuando vemos, por ejemplo, a personas típicamente deshumanizadas, como drogadictos o personas sin hogar, utilizamos menos las regiones cerebrales asociadas con la toma de decisiones sociales. Esto tiene mucho impacto. Si a esto le sumamos el hecho de que obedecer órdenes tiene un fuerte impacto en el cerebro, entonces podemos explicar mejor que la gente siga este tipo de movimientos en lugar de resistirse a ellos.

¿Es más fácil, moralmente, seguir órdenes que tomar decisiones por uno mismo?

Creo que sí. Pero esto es algo que todavía estamos estudiando en el laboratorio. Muchos datos nos indican que las personas siguen órdenes porque es más fácil. Y creo que a nuestro cerebro le gusta hacerlo porque no tienes que detenerte y pensar. A nuestro cerebro le gusta ahorrar recursos cuando puede. Y además hemos evolucionado en sociedades jerárquicas, en sociedades organizadas. Es más fácil seguir lo que nuestros compañeros nos dicen, y se requieren más recursos para ir en contra.

Pero no todo el mundo decide torturar o matar.

Es así. Hay una diferencia en la actividad cerebral en esas regiones en los cerebros de los perpetradores, de los rescatadores o de los transeúntes que no hacen nada delante de la barbarie. En el cerebro de los rescatadores, las personas que sí intervienen para salvar las víctimas, no se atenúa la actividad de empatía, siguen procesándola. Y es eso quizás lo que ayuda a no desviarse del dolor de los demás, sino actuar.

¿Y a qué se debe esta diferencia?

Es una buena pregunta, y estamos intentando estudiarlo. Tenemos datos contextuales. Por ejemplo, algunos rescatadores dicen que, como vieron a sus familiares ayudar a otras personas en el pasado, se han criado en la compasión. En la empatía, tal vez la educación puede ser un factor. Sin embargo, la gran parte de la investigación está buscando una respuesta a esta pregunta.

Así que no podemos decir si la empatía es una tendencia innata o si nos la enseñan.

Probablemente en la mayoría de los casos las dos cosas están en juego. Pero estudiar la intersección de las dos con enfoque experimental es tremendamente difícil porque no puedo escanear a todas las personas del mundo. Es muy difícil estudiar comportamientos humanos, y no es fácil comparar casos con tipos de crianzas diferentes. De momento, no sé contestar. Sería mi sueño poder hacerlo.

No habían pasado ni 48 horas desde que el laborista Keir Starmer ganara con mayoría absoluta las elecciones del 4 de julio en Reino Unido que ya tenía clara su primera medida: “El plan de Ruanda estaba muerto y enterrado antes de comenzar”, afirmó, haciendo referencia al polémico Acuerdo de Asociación sobre Migración y Desarrollo Económico, por el cual el Gobierno británico buscaba enviar a solicitantes de asilo a Ruanda –aunque no procedieran de este país– y que ha sido un fiasco para su predecesor, el conservador Rishi Sunak.

Sin embargo, once días después de la derrota electoral de Sunak, su contraparte del acuerdo, el presidente ruandés, Paul Kagame, acude a las urnas y todo parece indicar que a él no le pasará factura la finalización del pacto con Reino Unido.

Kagame obtendrá con total seguridad un cuarto mandato que solidificará su poder en un país que se ha modernizado a base de mano de hierro. En 2017, el dictador ganó con un 99% de los votos y, ante un espacio político cerrado, este año repetirá números similares. En las elecciones de este lunes, el mandatario compite contra dos rivales minoritarios y benevolentes con el régimen: Frank Habineza, del Partido Democrático Verde, que obtuvo un 0,45% de votos en los últimos comicios; y Philippe Mpayimana, que consiguió un 0,72% y ha colaborado con el Gobierno de Kagame.

Según la ONG Amnistía Internacional, las elecciones tienen lugar en un contexto de represión: “La oposición política sigue enfrentándose a graves restricciones a su derecho a la libertad de asociación, así como a amenazas, detenciones arbitrarias, procesamientos por cargos falsos, asesinatos y desapariciones forzadas. La sociedad civil independiente y los medios de comunicación también enfrentan numerosos ataques, intimidación, acoso y represalias por su trabajo”.

Un cuarto mandato asegurado

Los opositores más beligerantes han sido vetados, con Victoire Ingabire a la cabeza. La líder de las Fuerzas Unidas Democráticas de Ruanda volvió del exilio para presentarse a los comicios en 2010, pero todavía no ha podido estar en las papeletas. Primero fue arrestada y condenada a 15 años de prisión en un juicio considerado “político”. En 2018, fue liberada tras obtener el perdón presidencial, pero su condena le impidió ser candidata este año. Ingabire alega que Kagame “le tiene miedo” porque representa a una “mayoría silenciosa”. Ahora, su equipo ha lanzado una petición para que le dejen salir del país para ver a su familia.

En 2015, Kagame cambió la Constitución del país para poder optar a un tercer mandato. Este será el cuarto, si nada cambia. Y no lo hará tampoco ante la ausencia de alternativas y un alto grado de apoyo popular a su favor. El presidente ha conseguido modernizar un país cuyas calles están impolutas. Tampoco hay rastro público del odio entre vecinos que derivó en una guerra civil y el genocidio contra los tutsis en 1994. En Ruanda, todos callan para seguir viviendo en paz.

“Kagame es popular porque le atribuyen la paz y la estabilidad que Ruanda ha disfrutado desde el genocidio. Dicho esto, la mayoría de los ruandeses también consideran que Kagame y el Frente Patriótico Ruandés, partido que gobierna el dictador, son demasiado controladores y desean una mayor libertad de expresión”, dice a elDiario.es Phil Clark, profesor de la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de la Universidad de Londres (SOAS).

El presidente ha conseguido limpiar la imagen de su país a base de un sistema de servicios sociales efectivo, una unión impuesta a la fuerza y una imagen de marca que atrae a la comunidad internacional, que prefiere no ver la persecución a la oposición ni la vulneración de los derechos humanos y libertadas básicas. Para el Norte Global, Kagame es un solucionador de problemas.

Un acuerdo que refuerza su imagen política

El acuerdo con Reino Unido era el último paso dentro del ambicioso plan del presidente para colocar a su país como un socio preferencial de Occidente. Kagame abría una vía para solucionar el rompecabezas de muchos dirigentes europeos: la migración irregular desde África.

El acuerdo se rompe ahora sin que ningún avión con solicitantes de asilo haya salido de Reino Unido rumbo a Ruanda y con una sentencia del Tribunal Supremo británico que consideró que hay un riesgo real de que los derechos humanos de estas personas sean vulnerados y que sean devueltas a países peligrosos. Todo ello podría poner en la picota a un dictador de 66 años que lleva treinta en el poder, pero no solo no será así, sino que ha reforzado su poder e imagen.

“En última instancia, Ruanda sigue siendo un ganador del acuerdo migratorio”, dice el profesor de la SOAS. “La aportación de Reino Unido, que ronda unos 300 millones de libras, ha supuesto una importante inyección de financiación para una economía pequeña como la de Ruanda”, añade.

Hasta ahora, Ruanda ha recibido 320 millones de euros y, pese a la revocación del plan, el Gobierno anunció que el acuerdo no incluía una cláusula para devolver a los solicitantes de asilo. El último pago de 60 millones de euros llegó en abril y, tras la ruptura del trato, Reino Unido tan sólo se ahorrará dos pagos anuales como ese en los años venideros. “Ruanda ha utilizado eso para establecer una infraestructura migratoria que ahora espera utilizar en otros acuerdos migratorios con los Estados del Norte Global”, asegura Clark.

El Gobierno ruandés ya había creado centros para los solicitantes de asilo y, aunque no vaya a recibir a ninguna persona, de momento, Kagame ha salido ganando. El líder autoritario ha abierto la puerta a un sistema inédito que atrae a los europeos para solucionar sus problemas de gestión la migración irregular. “Ruanda ha demostrado ser un socio capaz, listo para implementar el tipo de sistema migratorio subcontratado que probablemente se convierta en la norma global en las próximas décadas”, dice el profesor. Dinamarca y Austria ya han mostrado interés. “Ruanda ha utilizado el acuerdo con Reino Unido para convertirse en el líder africano en este ámbito, lo que le otorga una importante influencia diplomática y podría resultar muy lucrativo”, añade. “De cualquier manera, no podía perder”. Kagame nunca pierde.

Cuando Helen llegó al centro de expulsión de inmigrantes de Yarl's Wood, la llevaron a su celda, le entregaron un spray desinfectante y un trapo y le dijeron que, antes de hacer su cama, los utilizara. No tenía idea de por qué la habían arrestado cuando fue a comparecer.

“Me dijeron que me habían detenido para enviarme a Ruanda, trataban de convencernos para que fuéramos de manera voluntaria diciendo que ahora la ley era así y que ya habíamos sido seleccionadas, pero no me explicaban por qué había sido elegida”, dice.

“Éramos unas siete mujeres detenidas, todas tratábamos de apoyarnos mutuamente y de hacer lo posible por no pensar que nos iban a meter en un avión”, añade.

Por todo el centro había materiales promocionando Ruanda, lo que las aterrorizaba aun más. “Los muros de este lugar son altos, horribles y dan miedo, nunca me habían detenido antes y saber que, en cualquier momento, el Ministerio del Interior podía llevarme al aeropuerto y meterme en un avión era aterrador, lo único que pensaba era cómo salir de este lugar”.

Poco después de esta entrevista, Helen fue puesta en libertad.

El Ministerio de Interior se niega a confirmar las cifras citando “razones operativas”, pero la estimación es que más de 100 solicitantes de asilo que huyen de zonas de conflicto en países como Sudán, Eritrea y Afganistán, fueron detenidos antes de que el primer ministro, Rishi Sunak, anunciara las elecciones del 4 de julio.

Incertidumbre

Decenas de activistas de la coalición Movimiento contra las Detenciones y las Deportaciones protestaron el pasado domingo 26 de mayo frente a dos centros de detención en los que las autoridades siguen reteniendo a solicitantes de asilo con el objetivo de enviarlos a Ruanda: el de Brook House, cerca del aeropuerto de Gatwick; y el de Heathrow, cerca del aeropuerto con el mismo nombre.

Desde entonces ha habido mucho caos y confusión y los detenidos desconocen qué va a pasar a continuación. De acuerdo con las declaraciones públicas de Sunak, no habrá ningún vuelo antes de las elecciones. Pero en varias vistas judiciales de medidas de libertad provisional para solicitantes de asilo que podrían ser enviados a Ruanda, los funcionarios del Ministerio del Interior han justificado las detenciones con el argumento de que ya hay un vuelo programado para finales de junio. Un juez calificó las detenciones de “especulaciones”

En el Ministerio de Interior no están haciendo comentarios pero según fuentes gubernamentales el plan de deportación a Ruanda sigue en marcha y los llegados al Reino Unido entre el 1 de enero de 2022 y el 29 de junio de 2023 siguen siendo posibles sujetos de expulsión si recibieron notificaciones informándoles de que su solicitud de asilo podía ser improcedente.

Los laboristas han dicho que terminarán con el plan de deportaciones a Ruanda si ganan las elecciones. Pero toda esta incertidumbre no ayuda a los solicitantes de asilo, que dicen seguir temiendo una deportación al país de África oriental antes o después de las elecciones.

“Ninguno de nosotros se siente seguro ya, tengo miedo de dormir en el alojamiento que me ha dado el Ministerio del Interior por si llegan en mitad de la noche y me llevan a Ruanda”, dice a The Guardian un ciudadano de Sudán que está solicitando asilo y ha visto cómo varios de sus amigos ya han sido detenidos.

“Cuando voy por la calle y veo un coche de policía temo ser detenido aunque no haya cometido ningún delito; pero debemos seguir acudiendo a comparecer o vendrán y nos detendrán; no tenemos opción; todo esto me está dando problemas de sueño y para comer”, añade.

Shirley Hart, que en la ONG Welcome House ayuda a solicitantes de asilo de la zona de Hull, describió como “aterradora” la forma en que las personas comenzaron a desaparecer cuando el Ministerio del Interior emprendió la Operación Vector, como se llamó la redada preelectoral. “Cuando la gente desaparece de esa manera se crea una atmósfera de terror”, dijo.

“Antes de que ocurriera esto, algunos solicitantes de asilo estaban reconstruyendo su debilitada confianza, ahora no saben en quién pueden confiar”, añadió. “Queremos pensar que no vivimos en una sociedad donde se coge a la gente en mitad de la noche para hacerla desaparecer”.

Algunos de los detenidos ya han sido puestos en libertad. Según la ONG Refugees At Home, uno de esos solicitantes de asilo liberados se dedica ahora a la jardinería terapéutica en casa de su anfitrión. Otros siguen detenidos sin saber qué pasará a continuación.

“Llevo detenido 25 días sin haber hecho nada malo, quiero mi libertad”, dijo un hombre de Eritrea que permaneció encerrado hasta la celebración el martes de una vista para su libertad provisional. “Seguimos creyendo que nos pueden mandar a Ruanda, nadie sabe qué ocurrirá con las elecciones y si lo de Ruanda será cancelado después; ni siquiera me gusta cuando alguien pronuncia la palabra Ruanda”.

“Tener esto en la cabeza es muy angustioso para nosotros, yo vine aquí por lo que está ocurriendo en mi país y en busca de seguridad, pero aún no la he encontrado”, añadió. “¿Podría decirme el Ministerio de Interior a qué planeta debo ir para estar seguro y ser libre?”.

Traducido por Francisco de Zárate

A las 14:37 horas del pasado jueves, la noticia de que un hombre había “desaparecido” se viralizó en los grupos de WhatsApp de resistencia a las redadas contra migrantes en Londres. El solicitante de asilo se había presentado a un centro de migración del Ministerio del Interior en Hounslow, al oeste de Londres, para una cita rutinaria, como deben hacer muchas personas que hacen los trámites para la solicitud de asilo en Reino Unido. Su hermano lo acompañó y lo esperó fuera.

El hombre nunca volvió a salir. Pasaron diez minutos, luego veinte, luego una hora, luego tres. Su hermano entró para preguntar por él y salió con malas noticias. El hombre había sido detenido y se enfrentaba a la posibilidad de ser deportado a Ruanda.

Las llamadas de socorro empezaron a difundirse por las redes sociales. “¡URGENTE! Eaton House tiene noticias de que alguien ha sido detenido, así que una furgoneta va a intentar salir ¡¡¡NECESITAMOS QUE NOS MOVILICEMOS URGENTEMENTE!!!”, escribió una persona. Si querían evitar que el hombre fuera trasladado a un centro de expulsión de migrantes –donde podía permanecer retenido durante meses antes de ser embarcado en un vuelo para su deportación a Runda–, necesitaban urgentemente manifestarse.

El pasado 25 de abril entró en vigor una ley de “asilo e inmigración” que ha sido muy criticada por organizaciones de derechos humanos y que prevé que personas que residen irregularmente en el país puedan ser deportadas a Ruanda a partir de este verano. Las redadas de este fin de semana confirman la voluntad del Gobierno británico de aplicar la ley.

En una residencia para solicitantes de asilo en Peckham, al sureste de Londres, se dieron cita cientos de personas con un objetivo similar. El Ministerio del Interior había contratado un servicio de transporte para que llevara a migrantes hasta el buque Bibby Stockholm, amarrado en Dorset, que funciona como un centro de detención de solicitantes de asilo. Decenas de manifestantes se sentaron en la carretera, con los brazos entrelazados. Al parecer, alguien pinchó las ruedas del autobús. Tras enfrentamientos entre la policía, los manifestantes y el personal del autobús, fueron detenidas 45 personas. La protesta logró su propósito, al menos temporalmente. Cuando el autobús pudo salir, siete horas después de su llegada, no llevaba solicitantes de asilo a bordo.

En Hounslow, la respuesta de los activistas fue más tibia. En el centro de migrantes de Eaton House –a tres kilómetros del aeropuerto de Heathrow y con el ruido de los aviones que vuelan constantemente a baja altura– había dos puertas por las que una furgoneta podía llevarse al detenido. Las seis personas que habían llegado para manifestarse en apoyo al detenido tuvieron que dividirse. Tres se agruparon frente a una puerta y las otras tres, frente a la otra. A las 15:00 horas, entró una furgoneta sin matrícula y sin nombre, sólo el logotipo abstracto de Mitie, contratista del Ministerio del Interior. Hacia las 16:00 horas, volvió a salir con un solicitante de asilo en su interior y atravesó a toda velocidad la verja de “sólo entrada”, y accedió a la carretera principal.

Poco pudieron hacer los seis manifestantes. Uno de ellos ha explicado que fueron muy conscientes de “no ser suficientes para impedir el paso del vehículo”. En los asientos delanteros, el conductor y su compañero parecían estar exultantes. “Se estaban riendo de nosotros”, explica uno de los activistas. “Ver que no tienen ningún tipo de remordimiento, tanta maldad...”, se le corta la voz. “No ven a los detenidos como personas”. Esta escena se repitió en todo Reino Unido la semana pasada, de Londres a Manchester, de Cardiff a Glasgow.

La Operación Vector

Con el objetivo de impulsar sus planes para deportar a personas que residen ilegalmente en Reino Unido a Ruanda, el Ministerio del Interior lleva a cabo la Operación Vector y ha contratado a 500 “escoltas” cuya misión es detener a solicitantes de asilo que puedan ser expulsados a ese país.

Muchos de estos solicitantes de asilo han huido de guerras y de la persecución en países como Irán, Sudán y Afganistán. Llegaron a Reino Unido hace al menos un año y están pendientes de que las autoridades decidan si autorizan o deniegan su solicitud. 

La semana pasada, en Solihull (West Midlands), la policía detuvo a cinco solicitantes de asilo que se habían presentado a una cita rutinaria en el centro de informes de migración Sandford House, mientras los manifestantes se congregaban en el exterior. Según el Birmingham Dispatch (una newsletter que llega por correo electrónico a todas las personas que se suscriben gratuitamente u optan por pagar una cuota), entre los detenidos se encontraba un hombre cristiano que huyó de Irán a Gran Bretaña hace dos años. Mientras, en Loughborough (Leicestershire), un grupo de hombres que también habían acudido a citas rutinarias fueron esposados, subidos a una furgoneta y conducidos a otro lugar. El Ministerio del Interior también se ha jactado de las redadas en casas y residencias, publicando un primer vídeo el martes pasado, ambientado con música alegre, en el que se ve a un hombre que es sacado de su casa esposado.

Tara Wolfe, abogada que dirige el proyecto de Ruanda de la organización benéfica Bid (de las siglas en inglés de 'libertad bajo fianza para migrantes detenidos') y que apoya a unas 15 personas detenidas en el marco de los planes para deportar a Ruanda a solicitantes de asilo, declaró que las detenciones han causado “mucho miedo y una sensación de impotencia”. Se desconoce la cifra exacta de personas que han sido detenidas en las redadas de los últimos días.

Los vuelos que trasladarán a los detenidos a Ruanda todavía no han empezado a operar. Al parecer, un solicitante de asilo habría aceptado 3.500 euros como compensación a cambio de una deportación voluntaria. No se espera que se produzcan expulsiones forzosas, si es que se producen, al menos hasta julio. Pero la intensificación de las detenciones, que se prevé que continúen a un ritmo constante, ha sido aplaudida por los medios de comunicación de derechas. “No tienen dónde esconderse (los migrantes)”, proclamaba un titular de The Sun.

Wolfe indica que a los detenidos les han quitado sus teléfonos móviles y otras pertenencias, y que ahora se enfrentan a una espera de meses hasta conocer su destino. Todos han sufrido registros y se los han llevado esposados. 

Muchos se han quedado sin una conexión segura a Internet o sin teléfono. Esto hace que sea difícil acceder a asesoramiento jurídico y apoyo de organizaciones defensoras de los migrantes. “La sensación es de pánico y desesperación, estas personas no saben por qué han sido detenidas”, afirma. “Han conseguido asustar a toda la comunidad de refugiados”.

Detention Action, una organización sin ánimo de lucro que presta apoyo a otras diez personas detenidas por el Ministerio del Interior, afirma que las detenciones afectan por igual a hombres y mujeres. Al menos una persona que fue detenida y a la que se le dijo que podía ser deportada a Ruanda se ha declarado en huelga de hambre. Se trata de un hombre iraní que estaba a la espera de la resolución de su solicitud de asilo. Este fin de semana contó que él y su familia fueron “torturados y oprimidos” a causa de su religión en Irán y viajaron a Reino Unido porque es un país reconocido por su respeto de los derechos humanos y su seguridad.

“Pero cuando llegas, te das cuenta de que no te harán una entrevista para entender tu situación. Te dejan así, detenido, como en la cárcel. Mi familia en Irán me pregunta: '¿Cómo ha mejorado tu situación desde que te fuiste? No vemos ninguna diferencia'”, dijo a The Guardian por correo electrónico. “Le estoy haciendo un daño a mi cuerpo y a mi salud para conseguir ayuda y que se oiga mi voz”.

Detenciones “traumatizantes”

Ann Salter, responsable de los servicios clínicos de la región noroeste de Inglaterra de Freedom from Torture (Libres de Tortura), afirma que las detenciones habían sido “traumatizantes” incluso para quienes probablemente no se verán afectados por la política de Ruanda.

“Hemos oído relatos de personas en viviendas compartidas que escuchan golpes en la puerta y son funcionarios del Ministerio del Interior que vienen a llevarse a la gente. Es absolutamente aterrador”, lamenta. “Muchos de nuestros clientes vienen de una situación en la que no sabían cuándo llamarían a la puerta ni cuándo los sacarían de la calle. Están recreando ese clima de miedo”.

Las organizaciones de ayuda a los refugiados afirman que la amenaza de detención puede empujar a las personas a desvincularse del sistema. Es menos probable que denuncien ante el Ministerio del Interior, accedan a la asistencia sanitaria o acudan a la Policía si están en peligro, lo que les hace vulnerables a la explotación. Por otra parte, hay informaciones de que algunas personas se están marchando de los alojamientos del Ministerio del Interior por miedo. Según Benny Hunter, educador juvenil, en un hotel para solicitantes de asilo de Elephant and Castle, al sur de Londres, han sido detenidas diez personas. Escribió en Internet que un amigo que se alojaba allí le había dicho que algunas personas están “tan asustadas que se marchan a dormir a los parques”.

Nazek Ramadan, director de Migrant Voice, afirma que el objetivo “deliberado” de estas redadas es “asustar y confundir” a los solicitantes de asilo. “La falta de una comunicación clara del Ministerio del Interior hace que incluso quienes en teoría no serían susceptibles de ser expulsados a Ruanda sientan que podrían serlo”, señala. “Detener a las personas que se presentan ante los centros de información del Ministerio del Interior no hace sino alimentar el miedo a acudir”.

Si no acuden a las citas –obligatorias para muchos como condición para obtener un permiso provisional por parte de los servicios de migración–, los solicitantes de asilo corren el riesgo de ser detenidos y privados de ayudas económicas. Es un dilema de difícil solución. 

A las puertas del centro de información del Ministerio del Interior en Salford (Gran Manchester), Maggy Moyo, de la organización Derecho a Permanecer, ha sido testigo directo de las repercusiones de esta política. Esta exsolicitante de asilo ha estado repartiendo folletos a las personas que acudían a sus citas rutinarias, con información sobre organizaciones sin ánimo de lucro y servicios de ayuda legal a los que pueden llamar si son detenidas. Explica que muchas de estas personas no han oído hablar del plan del Gobierno de iniciar expulsiones a Ruanda y de los movimientos de activistas para apoyar a las personas afectadas. “En los alojamientos para solicitantes de asilo no hay televisión ni radio. Por otra parte, hay una barrera lingüística. Así que si no tienes la suerte de que la gente te diga: 'se está tejiendo una red de ayuda', no tienes ni idea”, explica.

Otros son plenamente conscientes de la amenaza. “Conocimos a un hombre que llegó a Reino Unido en 2022. Sabía exactamente lo que le podía pasar. Estuvo una hora llorando, diciendo: '¿Debo entrar? ¿O debería saltarme la cita y pasar desapercibido?'”, cuenta Moyo. “Le miramos y no sabíamos qué aconsejarle. No podíamos darle nuestra palabra (de que no sería detenido)”. Finalmente, el hombre, procedente de Eritrea, entró. “Afortunadamente, volvió a salir”, dice Moyo. “Pero cuando salió dijo: 'Me presento la semana que viene y no estoy seguro de que vaya a volver a salir'”.

Traducción de Emma Reverter

Betty Mutesi es directora regional de la organización International Alert y experta en justicia transicional y procesos de paz. En el 30 aniversario del genocidio de Ruanda, habla con elDiario.es desde este país, donde, además, es cónsul honoraria de España desde 2009. “Las mujeres han jugado un papel protagonista en la reconstrucción de la paz” en Ruanda, afirma la experta, tras el comienzo en abril de los tres meses de conmemoraciones para recordar el genocidio, en el que murieron entre 800.000 y un millón de personas, la mayoría de etnia tutsi. Gran parte de los fallecidos eran hombres, y otros muchos huyeron del país o entraron en las cárceles.

“La vida de la mujer en Ruanda ha cambiado para siempre”, desde que el conflicto las obligara a quedarse al frente del país. Asumieron labores que hasta ese momento les habían sido negadas: se hicieron cargo de los cultivos, empezaron a trabajar y se incorporaron a las escuelas. Décadas después, el resultado es que un 60% de los escaños del Parlamento ruandés están ocupados por mujeres, el porcentaje más alto del mundo. Las mujeres han llegado a ocupar carteras tan importantes como la de Recursos Minerales o Asuntos Exteriores, siempre bajo el control férreo del presidente Paul Kagame, que lleva en el poder desde 2003 y volverá a presentarse a las elecciones de julio.

La experta cree que se ha avanzado mucho en estas tres décadas, pero que aún queda mucho camino por recorrer para lograr una sociedad igualitaria y, especialmente, para cerrar las heridas del pasado. Una de las labores de la organización a la que pertenece es ofrecer terapia a víctimas del conflicto y sus hijos, que heredan los traumas del genocidio. Pero también trabajan con las familias de quienes perpetraron los asesinatos y que, tres décadas después, arrastran la culpa y la vergüenza.

Además, en los próximos cuatro años, se estima que 350.000 condenados por crímenes perpetrados durante el genocidio saldrán de las cárceles: “Es necesario tener un proceso de reintegración significativo en las familias”, apunta Mutesi.

¿Qué papel ha jugado la mujer ruandesa en el proceso de reconstrucción de la paz? 

Las mujeres han jugado un papel protagonista en la reconstrucción de la paz. No sólo en el Parlamento, donde son mayoría, sino dentro del Gobierno, asumiendo puestos de poder relevantes. Han liderado programas de reconciliación y reparación, tanto gubernamentales, como de otras organizaciones; y han participado en los gacaca  [un sistema de Justicia tradicional al que se recurrió tras el genocidio].

Tras el genocidio, miles y miles de hombres murieron, entraron en las cárceles o huyeron del país. Las mujeres se quedaron solas y tuvieron que trabajar en oficios que antes eran de hombres, entonces, el papel de la mujer no se ha limitado a la política y las nuevas leyes, sino que han contribuido a la economía de las familias. No fue su decisión, pero en un momento difícil demostraron que son capaces, que tienen fuerza y pueden ser líderes. 

En el día a día, ¿cómo es el antes y el después de la vida de las mujeres en Ruanda?

Todavía hay prejuicios, claro, y muchas cosas en las que mejorar. Vivimos en una cultura patriarcal y va a llevar mucho tiempo cambiar la manera de pensar de los hombres y de la sociedad. Pero creo que la vida de la mujer en Ruanda ha cambiado para siempre. Ahora se reconoce su capacidad, se le permite trabajar, tiene voz y voto en su comunidad…. Ha cambiado la percepción que se tiene sobre qué es ser una chica y qué cosas puede o no hacer. 

El liderazgo de las mujeres tras el genocidio ha provocado un cambio de mentalidad en las familias. Las mujeres poco a poco han ganado influencia y ahora poseen sus propias tierras, las trabajan y no dependen de sus maridos. Se ha normalizado que la mujer trabaje, que vaya a la universidad o que sea ministra. Ahora somos importantes en todos los ámbitos de la vida. 

No fue su decisión, pero en un momento difícil demostraron que son capaces, que tienen fuerza y pueden ser líderes

¿Ese empoderamiento habría sido posible sin un marco legal que fijara cuotas para las mujeres en las instituciones? 

Ruanda no es un país aislado del mundo y la globalización, los movimientos feministas han impulsado mejoras. Las mujeres se han visto influenciadas por ellos. Pero todo ello ha ido acompañado de leyes y normas en favor de la igualdad. La Constitución, por ejemplo, fija un 30% mínimo de representación femenina en el Parlamento, aunque se rebasa ese porcentaje desde hace años. El hecho de que hayan podido entrar en la política ha significado impulsar leyes sobre los problemas que las afectan.

Se estima que unas 250.000 mujeres sufrieron violencia sexual durante el genocidio. Además, según el Observatorio de la Violencia, los sexuales son los delitos que más han quedado impunes. ¿Todavía cuesta hablar de ello?

Es muy difícil para las víctimas hablar de algo así, han sufrido mucho. Muchísimas mujeres fueron brutalmente violadas en 1994 y dieron a luz a niños que no saben quiénes son sus padres. Un estudio reciente cifra en un 69% los niños que nacieron bajo estas circunstancias tras el genocidio. Ellas tienen secuelas psicológicas que sus hijos han heredado, junto al rechazo, el estigma en las comunidades, y otras muchas cosas.

Estas mujeres han sido rechazadas en sus pueblos y, a veces, en sus propias familias. Los niños también han podido sufrir el rechazo de sus madres y vecinos por cómo fueron concebidos, pero se está trabajando en ello desde hace años con espacios para hablar abiertamente del pasado. Hemos trabajado con algunas de estas familias y los resultados han sido buenos. 

En varias ocasiones, ha dicho que todavía hay que luchar contra el silencio. ¿Es un silencio dentro de las casas, entre vecinos, es miedo a ser juzgados? 

El silencio está muy presente y son muchas las razones que hay detrás. Lo primero es entender que este silencio tiene efectos negativos en la vida de las personas. Hay una necesidad de generar confianza, incluso en las escuelas, donde se explica lo que pasó, pero puede ser difícil hacer preguntas… Hay un cierto miedo, que puede venir del tipo de gobernanza.

En las comunidades también sucede y nos dificulta el desarrollo de los programas de reconciliación que llevamos a cabo en diferentes asociaciones. Al principio cuesta que la gente se abra porque hacerlo es revivir el trauma. El pasado afecta al presente, hay familias que perdieron a muchos de sus miembros y otras donde pesa una gran culpa por los asesinatos que cometieron sus familiares. 

Una gran parte de la población de Ruanda no ha vivido el genocidio, pero lo tienen muy presente. Usted habla de trauma transgeneracional, ¿a qué se refiere?

Después de un suceso como el genocidio de Ruanda, el dolor se transmite de padres a hijos, incluso a nietos. Según el Barómetro de Reconciliación de Ruanda de 2020, las heridas emocionales no cicatrizadas son de un 27% de la población. Conviene recordar cómo fue el genocidio, un genocidio que dejó casi un millón de muertos en muy pocos días, que se produjo entre vecinos y dejó un enorme shock psicológico. Este es el origen de lo que llamamos trauma transgeneracional.

Sabemos por otros estudios que un 20% de la población aproximadamente dice sufrir algún problema de salud mental, entre ellos, hijos de padres que fueron víctimas o perpetradores del genocidio. Los jóvenes, que son el 70% del país, conocen el genocidio por lo que les han contado en casa o en las escuelas. Sus familiares les han contado la agonía que sufrieron o, en el caso contrario, que no recibieron un trato justo en el sistema judicial. Toda esa información sesgada ha afectado realmente a la población joven. Por eso ellos tienen que ser el foco de las políticas de paz, porque son el futuro. 

Las organizaciones estamos dirigiéndonos cada vez más a ellos. Creo que en un momento dado no se les prestó la atención necesaria, pero que esto ha cambiado realmente y se les está tratando de brindar apoyo psicosocial a nivel comunitario. Esto, a la vez, hace que aumente la conciencia en los pueblos para acudir a estas terapias. Este verano, en el que se van a seguir celebrando actos de memoria por los treinta años del genocidio, vamos a crear espacios enfocándonos en el ámbito familiar, especialmente en el caso de las familias con perpetradores en las cárceles, donde el sentimiento de culpa se hereda. 

El pasado afecta al presente, hay familias que perdieron a muchos de sus miembros y otras donde pesa una gran culpa por los asesinatos que cometieron sus familiares

En los próximos años saldrán de prisión las personas con penas más altas por genocidio. ¿Está la sociedad ruandesa preparada para este momento?

Los perpetradores con sentencias más altas, entre veinte y treinta años, están saliendo de la cárcel. Lo van a hacer en los próximos tres, cuatro años. Para ello es necesario tener un proceso de reintegración significativo en la sociedad, pero también en las familias.

Va a ser un reto, pero se está abordando desde muchos ámbitos y entidades para evitar que haya efectos negativos. Son alrededor de 35.000 personas, que se van a tener que integrar tras haber sido acusados de los crímenes más graves. No creo que ninguna sociedad esté preparada para algo así, pero se está haciendo un esfuerzo y hay un interés generalizado de que salga bien. 

¿Sigue latente el miedo a que se reactive el odio entre etnias? 

Ese miedo siempre está presente. Aún hay un 8% de continuidad de una ideología del genocidio y de una política divisiva, pero, según datos gubernamentales, la situación de reconciliación en Ruanda pasó del 82,3% en 2010 al 94,7 en 2020.

Hay desafíos, evidentemente, como abordar el legado social, psicológico y económico, no sólo del genocidio contra los tutsis, sino de décadas de estereotipos étnicos, discriminación, violencia e impunidad, liderados por los gobiernos precedentes al genocidio. Ya no somos de una etnia u otra, somos ruandeses, y se ha impulsado mucho este mensaje, pero, como decía, hay que abordar las heridas que no han cicatrizado en supervivientes y en los perpetradores y sus familias. 

Aún hay un 8% de continuidad de una ideología del genocidio y de una política divisiva

Después de treinta años, ¿qué hemos aprendido todos del genocidio de Ruanda?

¿Hemos aprendido algo? Es difícil decirlo porque años después sigue muriendo mucha gente en el mundo, en África y otros lugares. Se viven situaciones parecidas en otros países en estos momentos, pero la esperanza está en que todavía hay personas que trabajan por la paz y siempre las habrá, con mejores herramientas que entonces. 

Con vistas al futuro, ¿cuáles son los retos para mantener una paz duradera y cerrar las heridas del genocidio? 

Son muchos los retos, empezando por los niveles de pobreza, desigualdad y desempleo. Más de un 20% de los jóvenes de la región no tienen trabajo, en una región donde proliferan los grupos armados. Otro de los retos es precisamente este, las crisis actuales en República Democrática del Congo y en Burundi, nuestros países vecinos, que impactan en nuestra estabilidad, y hay mucha negatividad sobre lo qué está pasando ahí. 

Por último, creo que hace falta mejorar en gobernanza. La gobernanza y el tipo de democracia actual obstaculiza los espacios abiertos de diálogo y libertad para abordar los traumas de forma constructiva, sin miedo a la censura. La existencia de elementos de buen gobierno está relacionada con el trabajo que aún queda pendiente con los grupos más afectados por el genocidio, y el riesgo a que continúe el trauma transgeneracional. 

El último capítulo de la lucha del Gobierno británico para deportar a Ruanda a solicitantes de asilo llegados al Reino Unido terminó este martes unos minutos después de la medianoche. La Cámara de los Lores se rindió en su intento de parar un plan que ha consumido dos años de debate político y judicial y millones de libras, y que puede violar la legislación internacional de protección a los refugiados impulsada por el propio Reino Unido después de la Segunda Guerra Mundial.

La ley para declarar Ruanda como un país “seguro” e intentar soslayar el escrutinio de la justicia británica se aprobó en la Cámara de los Comunes unas horas antes de una nueva tragedia en el canal de la Mancha. Al menos cinco personas, entre ellas un niña de cuatro años, murieron ahogadas cerca de la costa del norte de Francia, en Wimereux, mientras trataban de cruzar en una patera hacia Inglaterra. En una embarcación hinchable viajaban más de un centenar de personas; entre ellas, 47 fueron rescatadas y devueltas a Francia y otras 57 se negaron a abandonar el bote y siguieron su camino hacia la costa inglesa, escoltados por un barco de la armada francesa, según las autoridades francesas. Desde que empezó el año, al menos 15 personas han muerto intentando cruzar el canal.

El alcalde de Wimereux, Jean-Luc Dubaele, culpó al Reino Unido de los naufragios por tratar, según él, demasiado bien a los migrantes. “Este último plan para mandar migrantes a Ruanda no sirve de nada para parar el tráfico. Si los ingleses quieren parar a los migrantes entonces deben dejar de cuidarlos, dejar de darles alojamiento, comida y cuentas bancarias, dejar de permitir que trabajen”, dijo al tabloide británico Daily Mail el alcalde, elegido como independiente dentro del grupo de políticos de derecha sin afiliación. Según una investigación académica recién publicada, lo que motiva a los migrantes a intentar llegar al Reino Unido son las malas condiciones de los campos de acogida en la zona de Calais y la brutalidad de la policía francesa.

Entre el 1 enero y el 21 de abril, el Ministerio del Interior británico ha identificado la llegada de unas 6.000 personas en estos peligrosos viajes; el 40% de ellas son de Vietnam y de Afganistán. Las llegadas han aumentado un 24% respecto al mismo periodo del año pasado.

Pese a la alarma del Gobierno británico, el impacto de estas llegadas es menor en comparación con otros países del sur de Europa, como España. Por ejemplo, entre el 1 de enero y el 15 de marzo, llegaron más de 15.000 personas de manera irregular sólo a Canarias. El Reino Unido tiene unos 67 millones de habitantes, es decir, 20 millones más que España. 

Intervención de la justicia

Miembros de la Cámara de los Lores han intentado introducir enmiendas para suavizar la nueva ley o garantizar la protección al menos de grupos concretos de personas, como las provenientes de Afganistán. Los lores laboristas, independientes y religiosos han dado la batalla contra el Gobierno conservador. El arzobispo de Canterbury y líder de la Iglesia de Inglaterra, Justin Welby, uno de los más críticos, ha alertado del “daño” para la reputación del Reino Unido, ha defendido los derechos de “quienes más lo necesitan” y se ha quejado de que la legislación “oscurece el hecho de que todas las personas, incluyendo los solicitantes de asilo, tienen un gran valor”.

Más allá de las críticas de la oposición, la Cámara de los Lores y las organizaciones de derechos humanos, el principal escollo práctico que ha encontrado el Gobierno británico es su propio sistema de justicia, con una larga tradición de proteger los derechos de los refugiados.

En noviembre de 2023, el Tribunal Supremo británico declaró ilegal el plan aprobado por el Gobierno de Boris Johnson en abril de 2022 para enviar a Ruanda a personas llegadas al Reino Unido de manera irregular y en busca de asilo, sin importar el hecho de que estas personas no tengan ninguna relación con el país del este de África a más de 6.000 kilómetros de distancia de su destino.

En junio de 2022, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos paró el primer vuelo del Reino Unido a Kigali por la denuncia de 10 solicitantes de asilo afectados. El primer ministro británico, Rishi Sunak, insiste en llamar “tribunal extranjero” a una corte internacional que es parte del ordenamiento jurídico británico y que defiende la convención europea de derechos humanos y la convención de la ONU de protección a los refugiados de 1951 que el Reino Unido ayudó a escribir e impulsó como uno de los primeros firmantes. El Tribunal Europeo tiene su sede en Estrasburgo, pero no es un tribunal francés.

La nueva ley aprobada por la Cámara de los Comunes deja sin efecto parte de la ley británica de 1998 que incorpora la convención de derechos humanos. La norma recién aprobada pretende evitar que los jueces consideren la situación concreta en Ruanda o el riesgo de que los solicitantes de asilo sean enviados a otro país desde allí.

Millones de libras

Entretanto, tres gobiernos conservadores, el de Boris Johnson, el efímero de Liz Truss y ahora el de Sunak, han gastado millones de libras entre los litigios y el dinero pagado al Gobierno de Paul Kagame. Hasta ahora, el Gobierno británico ha comprometido casi 280 millones de euros para Ruanda envíe o no a refugiados allí, y prometió desembolsar otros 58 millones de euros en el momento en que se aprobara esta nueva ley.

Cada deportación costará al Reino Unido unos dos millones de euros, según las cifras del órgano oficial de auditoría, y el Gobierno dice que espera que el primer vuelo “de prueba” con algún solicitante de asilo despegue del Reino Unido dentro de 10 ó 12 semanas, es decir a partir de julio si nuevas querellas no lo impiden. Representantes de solicitantes de asilo ya han dicho que seguirán disputando en los tribunales caso a caso los intentos de deportación del Gobierno, que se dice dispuesto a abandonar la convención europea de derechos humanos. El sindicato de funcionarios británicos también ha amenazado con denunciar al Ministerio del Interior si obliga a los servidores públicos a cumplir con órdenes de deportación que pueden suponer una violación de la legislación internacional. El sindicato teme que los funcionarios puedan cometer una ilegalidad siguiendo las instrucciones del Gobierno y que puedan incluso ser denunciados personalmente.

El Gobierno ha hecho un primer cálculo del coste para deportar a unas 300 personas y, según un documento interno publicado hace unos días, estima poder deportar a Ruanda como mucho a 500 el primer año del acuerdo. Pueden ser menos por la lenta burocracia del proceso de asilo, que tiene a unas 52.000 personas en espera, según las estadísticas oficiales.

Tanto representantes del Consejo de Europa como de Naciones Unidas criticaron este martes de nuevo el plan que el Partido Conservador ha puesto como prioridad de gobierno. “La nueva legislación marca un nuevo paso todavía más lejos de la larga tradición del Reino Unido de dar refugio a quien lo necesita y viola la convención de refugiados”, dijo Filippo Grandi, alto comisionado para los refugiados de la ONU. “Este acuerdo busca traspasar la responsabilidad de la protección de refugiados, dinamitando la cooperación internacional y sentando un precedente global preocupante”. 

Sunak defiende que su plan para mandar a unos cientos de personas a Ruanda es “un paso para un cambio fundamental en la ecuación global de la migración” y que su ley “disuadirá a los migrantes vulnerables de los cruces peligrosos y acabará con el modelo de negocio de las bandas criminales que los explotan”. “Esta legislación nos permitirá dejar muy claro que si llegas aquí de manera ilegal, no te podrás quedar”, dijo Sunak en una declaración por escrito. La convención sobre el estatuto del refugiado de 1951 prohíbe expresamente penalizar a un solicitante de asilo por la manera en la que ha llegado a un país, ya que por la guerra o la persecución a menudo los refugiados no pueden tramitar los papeles en su país de origen u otros intermedios. 

En respuesta al último naufragio de este martes, Sunak dijo a la prensa que lo ocurrido es “un recordatorio” de por qué plan “es tan importante” y “hay cierta compasión” en lo que está haciendo su Gobierno.

Las elecciones

Sunak intenta recuperar votos perdidos en vísperas de unas elecciones generales cuya fecha aún tiene que anunciar, pero que pintan mal para su partido. El Partido Laborista le saca 20 puntos o más de ventaja a los conservadores en intención de voto desde hace meses y, dado el sistema mayoritario del Reino Unido, los tories de Sunak tienen el riesgo de quedarse en un grupo minoritario. Los conservadores podrían pasar de los 346 escaños actuales en la Cámara de los Comunes a menos de 100, según las últimas estimaciones. El laborista Keir Starmer podría obtener así una victoria mayor incluso que la histórica de Tony Blair en 1997. 

Sunak, cuya gestión es muy impopular, intenta movilizar a su base electoral perdida más a la derecha con un asunto que movió el voto a favor del Brexit: el 60% de los votantes conservadores y más de un 20% de laboristas creen que la inmigración ha sido “mala” para el país en los últimos diez años. Ahora, el 84% de los adultos británicos creen que el Gobierno británico está gestionando mal la inmigración y sólo el 8% tienen una visión positiva, según la última encuesta de YouGov.

El primer ministro ha dicho que convocará elecciones en la segunda parte del año y algunas fuentes apuntan ahora a que lo hará en julio si consigue enviar para entonces a unos pocos solicitantes de asilo a Ruanda. El límite máximo para convocar elecciones es en diciembre, cuando el Parlamento se disolvería de manera automática y los comicios se celebrarían en enero de 2025, pero se espera que la votación sea, como tarde, en otoño de este año. 

Ruanda quiere borrar la asociación de su país con el genocidio. Hace 30 años, las únicas noticias que salían de este pequeño país africano eran de vecinos matándose unos a otros a machetazos. El odio intercomunitario explotó en 100 días en los que la mayoría de ciudadanos de la etnia hutu, que representaban el 85% del país, se volvieron contra los tutsis, que eran una minoría del 14%. Alrededor de 800.000 personas fueron asesinadas, el 70% de la población tutsi. La masacre de Gikondo, donde 110 tutsis fueron quemados vivos en una iglesia, dio la vuelta al mundo.

El país tenía una dura tarea para recomponer su imagen, pero, tres décadas después, para ver algo de Ruanda solo hay que enchufar la televisión y poner la Champions League. El eslogan “Visit Rwanda [Visita Ruanda]” se puede leer en los brazos de las camisetas del Paris Saint-Germain, el Arsenal y el Bayern de Múnich, tres de los ocho equipos que compiten en cuartos de final de la máxima competición continental de fútbol. Al más puro estilo Marca España, el Gobierno ruandés está consiguiendo, a base de millones y una cuidada campaña en el deporte internacional, cambiar su imagen y proyectarse como un país desarrollado y pacífico. De paso, consiguen lavar la imagen de un régimen autoritario amigo de Occidente.

El dictador que explota la culpa occidental

Paul Kagame ha sabido aprovechar la culpa de Occidente –que perdura tres décadas después– por no haber intervenido en su momento para evitar el genocidio contra su pueblo. Desde que sus tropas acabaran con las matanzas, Kagame ha dirigido el país con mano de hierro y millones de euros de ayuda internacional para reconstruirlo. Desde la Unión Europea, Estados Unidos o instituciones como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional dedican miles de millones de euros cada año al desarrollo del país.

Una de las políticas más recientes y sonadas ha sido el acuerdo con Reino Unido para acoger a los refugiados que llegan a sus islas a cambio de 432 millones de euros repartidos en cinco años. Finalmente la Justicia británica ha frenado el pacto por no considerar a Ruanda “un país seguro”. El Estado africano aparece a la cola en los principales índices de criminalidad, y está entre los más seguros del continente. Esa es la sensación en las calles de Kigali, la capital, donde caminar es seguro hasta de noche.

Sin embargo, nada de eso sería posible sin el férreo control gubernamental. Hay policías prácticamente custodiando cada calle y puedes llevarte una buena reprimenda incluso por aparcar en doble fila un par de segundos. La organización Freedom House dice que Ruanda no es un país libre y The Economist lo lista como una dictadura en su índice de democracia. Salirse de la línea oficialista es peligroso incluso en el exterior: se han registrado asesinatos a opositores en países como Sudáfrica, además de intentos a otros opositores en Australia o Reino Unido.

Aun así, hay quienes se niegan a irse, como la opositora Victoire Ingabire. La junta electoral le ha prohibido presentarse a las elecciones de julio, a las que Kagame opta a un cuarto mandato tras cambiar la Constitución, que le permite ahora continuar presentándose hasta el año 2034. “Kagame no quiere competir contra mí porque soy popular entre los ruandeses, lidero una mayoría silenciosa que no está con el Gobierno, pero tiene miedo a hablar”, dice Victoire Ingabire en una entrevista telefónica con elDiario.es. Ella fue una de las más críticas con el acuerdo propuesto con Reino Unido, y eso le costó recibir amenazas de muerte. “Lo que el Gobierno de Reino Unido debería hacer es esforzarse por ayudar a Ruanda a mejorar la situación de los derechos humanos”, argumenta la opositora, que cree que los socios internacionales tienen responsabilidad en la situación del país africano. “Apoyan financieramente a Ruanda y tienen derecho a presionar al Gobierno para que impulse sus políticas y abra el espacio político”.

“Visit Rwanda”, el arma de márketing del Gobierno

Hasta el año 2000, la práctica totalidad de los 100 millones de dólares que Ruanda ingresaba por turismo venían de los gorilas de montaña, una belleza natural solo disponible en su frontera montañosa con República Democrática del Congo y Uganda. En 2018, sin embargo, el Gobierno quiso dar un giro y potenciar el turismo del país con la campaña “Visit Rwanda”. El primer patrocinio fue al Arsenal, el equipo del que el presidente Kagame es fanático. Desde entonces, el deporte ha sido la punta de lanza para lavar la imagen del país y atraer turismo. 

Actualmente el turismo de negocios es responsable de 93 de los 600 millones de dólares percibidos por el turismo cada año. En 2018, el deporte no era ni un 1% del ingreso por esa partida. Seis años más tarde ya es del 14%. “El turismo de deportes tiene un gran valor económico”, asegura Ariella Kageruka a este diario desde su oficina en Kigali. Es la directora de Turismo y Conservación de la Agencia de Desarrollo de Ruanda, una entidad pública vinculada al Gobierno, y defiende que los entre ocho y 12 millones de dólares invertidos en cada temporada por equipo de fútbol tienen sus frutos. “Cuando Messi fichó por el PSG se podía leer 'Visit Rwanda' en todos los medios”, añade. El Gobierno calcula que los patrocinios han tenido un impacto mediático del valor de 500 millones de dólares. 

Pero la campaña no se queda ahí. La organización de eventos deportivos ha sido uno de los brazos más importantes para mejorar la imagen. Desde 2021, Kigali es la sede de las finales de la Basketball África League, el equivalente a la Euroliga de baloncesto, financiada e impulsada por la NBA estadounidense. Además, en 2023, Ruanda fue el primer país africano en acoger el Congreso Anual de la FIFA, el máximo órgano deportivo, y en 2025 está previsto que aterricen los mejores ciclistas para el mundial de Ciclismo en Ruta.

“El deporte se utiliza para cubrir la imagen de abuso de los derechos humanos en Ruanda. Siempre me sorprende que los países democráticos acepten estas actividades deportivas ignorando los abusos”, critica Ingabire. En 2023, cuando el Bayern de Múnich cambió el patrocinio de Qatar Airways por el de “Visit Rwanda” llovieron las críticas al acuerdo, pero el equipo se defendió. “Queremos apoyar el desarrollo del fútbol allí. Está claro que quieren promover el turismo en Ruanda, pero no veo que por eso nosotros estemos promoviendo el sportswashing [el lavado de imagen por medio del deporte]”, dijo Jan-Christian Dreesen, director ejecutivo del equipo alemán.

Una imagen para el turista

La política de “Visit Rwanda” está consiguiendo atraer al turismo y convencer a grandes empresas para invertir en el país. En 2021, Ruanda llegó a un récord de inversiones de 3.700 millones, de acuerdo a datos de la Agencia de Desarrollo del país. Sin embargo, los réditos no llegan a la gran mayoría de ciudadanos. El 48,8% de la población todavía vive bajo el umbral de la pobreza, según la ONU, y la brecha entre ricos y pobres es abismal: Ruanda es el decimoquinto país del mundo con mayor desigualdad de ingresos, según el coeficiente Gini.

“La gente elogia al país solo por Kigali, pero desarrollar un país no es celebrar reuniones internacionales ni pagar a empresas para que visiten Ruanda. Necesitas gente educada y trabajando”, critica Ingabire. Casi dos tercios de la población sigue dedicándose a la agricultura y el 90% de los ruandeses vive de la economía informal, sin acceso a la seguridad social. “El desarrollo es solo en Kigali, hay que ver todo el país”, añade. 

La imagen de Ruanda como un país avanzado y desarrollado se desvanece conforme te alejas de la capital. Los edificios altos y modernos de Kigali cambian por casas de piedra y chapa en zonas rurales que se asemejan a otros países de su alrededor. Incluso en las vallas de chapa de los pueblos se puede ver el distintivo de “Visit Rwanda”, una campaña publicitaria que da sus réditos al Gobierno, pero no tanto a sus ciudadanos.

En Gisenyi todo está demasiado tranquilo. En las orillas del lado ruandés del precioso lago Kivu, la gente sigue con su vida diaria, trabajando con normalidad. Cuando acaba su jornada laboral en una empresa de diamantes, Junior, que prefiere no decir su apellido, vuelve cada día al puesto fronterizo para que le estampen uno más de las decenas de sellos que tiene en su permiso de trabajo y poder volver a casa.

Junior es congoleño y forma parte de las 5.000 personas que cruzan la frontera diariamente entre la República Democrática del Congo (RDC) y Ruanda por trabajo, en ambas direcciones. “Estamos preocupados por los rebeldes, pero prefiero seguir viviendo en Goma”, dice a elDiario.es con una risa nerviosa.

La frontera que cruza cada día es ahora la única salida que tienen los más de dos millones de habitantes de Goma, la capital de la región de Kivu Norte, en el este de la RDC. Allí llegan cada vez más personas huyendo de la violencia del grupo rebelde M23, que controla todas las salidas por carretera. La única alternativa es huir por el aeropuerto o por el lago Kivu.

El M23 ha asegurado que no busca entrar en la ciudad y, de hecho, la última localidad con la que se hicieron el pasado 6 de marzo fue la ciudad de Nyanzale, un enclave a 100 kilómetros de Goma, más alejado que otras zonas de su influencia. Allí había muchos refugiados de otras áreas cercanas y se calcula que huyeron alrededor de 100.000 en pocos días, la mayoría en dirección a Goma.

En febrero, 144.000 personas fueron desplazadas por enfrentamientos entre el M23 y fuerzas congoleñas y de la ONU en enclaves como Sake, Ndumba, Ngumba y Rutobogo, todos a pocos kilómetros de Goma. En total, ya hay más de 2,5 millones de desplazados en la región de Kivu Norte por los ataques de esa milicia, que controla al menos la mitad de la rica región minera, con más de siete millones de desplazados en todo el país, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

El Fondo para la Infancia (UNICEF) y el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas han pedido que se proteja sobre todo a los niños, la mitad de todos los desplazados el pasado febrero, y han dicho que se necesitan hasta 700 millones de dólares en los próximos seis meses para atajar la emergencia humanitaria.

El M23, entre la RDC y Ruanda

El M23 debe su nombre a una fecha: el 23 de febrero de 2012. Ese día 300 combatientes en la segunda guerra del Congo acusaron al Gobierno de no cumplir lo pactado para el fin del conflicto, incluida su integración en el Ejército. En pocos meses, sorprendieron por su capacidad operativa y consiguieron capturar la ciudad de Goma, pero en 2013 fueron derrotados y desaparecieron del mapa, hasta 2021, cuando el grupo armado anunció su vuelta a la actividad y comenzó a recuperar territorios en Kivu Norte.

Para entender el papel de Ruanda hay que retrotraerse a la historia del genocidio cometido allí en 1994 por la mayoría hutu contra la minoría tutsi. Cuando las fuerzas de Paul Kagame, tutsis, se hicieron con el control y frenaron el genocidio, muchos hutus se escondieron en los bosques de la RDC. El M23 está compuesto mayoritariamente por congoleños de la etnia tutsi y se enfrentan a las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR), un grupo considerado terrorista por Ruanda y liderado por miembros hutu que participaron en el genocidio.

Ruanda acusa a la RDC de dar cobijo a las FDLR y armarlas. Y la RDC acusa, a su vez, a Ruanda de financiar y apoyar al M23 para causar violencia y caos en el país. “Nos están utilizando como chivo expiatorio”, afirma a este diario el portavoz del Ejército ruandés, el general Ronald Rwivanga, en la sede central en Kigali, capital del país.

Rwivanga reafirma la posición ruandesa de que el Gobierno de Kinsasa está armando a las FDLR. “El gobierno del Congo está armando a estos genocidas para que regresen a Ruanda”, afirma, y amenaza sobre una próxima escalada de la tensión. “En algún momento, realmente tendremos que ser más proactivos para lidiar con estos elementos de las FDLR”, añade.

Sin embargo, el presidende de la RDC, Félix Tshisekedi, acusa a Ruanda de usar el genocidio como pretexto para armar a la insurgencia con el objetivo de controlar los minerales del este del país. Ruanda no tiene recursos minerales propios, pero al otro lado de la frontera, en la región de Kivu Norte, hay materias primas valiosas como oro, coltán, uranio, diamantes y minerales raros como la turmalina o el wolframio, utilizados en la industria cosmética y para fabricar circuitos eléctricos. 

La RDC tiene dos terceras partes del coltán y un 50% del cobalto de todo el mundo, minerales vitales para las baterías de teléfonos móviles y otros aparatos. En total, el valor de todos los minerales del Congo se estima en 24 billones de dólares estadounidenses, casi cien veces más que el PIB de Estados Unidos.

No sólo la RDC acusa a Ruanda. La ONU, Francia y Estados Unidos han pedido al país que deje de financiar y armar al M23, que puede con todos sus rivales: el Ejército nacional, los wazalendo (combatientes que se han unido recientemente a las tropas regulares), las fuerzas regionales —antes, de la Comunidad de África Oriental y, desde el pasado diciembre, de la Comunidad de Desarrollo de África Austral— e, incluso, los 13.500 cascos azules de la Misión de Paz de la ONU (MONUSCO).

En 2022, el secretario general del organismo, Antonio Guterres, tuvo que admitir resignado que “el M23 es un ejército moderno con armamento pesado y equipamiento más avanzado que el de la MONUSCO”. Desde 1999, la MONUSCO ha sido incapaz de garantizar la seguridad y ha recibido graves acusaciones de violaciones de derechos humanos. Ante su inefectividad, el presidente Tshisekedi pidió su retirada. Las primeras tropas abandonaron el país a finales de febrero y se espera que todos los soldados de la ONU se marchen antes de final de año. 

Amenazas cruzadas

El 17 de febrero, el Gobierno congoleño acusó a Ruanda de lanzar desde su territorio un ataque con dron dirigido contra el aeropuerto de Goma. Tras la acusación, se informó de la llegada de tropas ruandesas a Gisenyi, un despliegue que confirmó a elDiario.es el portavoz del Ejército ruandés. “Las fuerzas se han desplegado en situación de defensa”, dijo el General Rwivanga. “Sería un error desde el punto de vista táctico quedarnos de brazos cruzados cuando vemos que jefes de Estado nos amenazan con atacarnos. Estamos preparados para cualquier cosa”, añadió el portavoz.

En diciembre del año pasado, Tshisekedi, dijo en campaña electoral que si ganaba la reelección pediría la autorización para invadir Ruanda. “Estoy harto de las invasiones y de los rebeldes del M23 respaldados por Kigali”, dijo en un mitin el mandatario. “Si me reeligen y Ruanda persiste… solicitaré al Parlamento y al Congreso que autoricen una declaración de guerra. Marcharemos sobre Kigali. Dígale a Kagame que esos días de jugar con los líderes congoleños han terminado”, gritó a sus seguidores. Tshisekedi ganó la reelección, pero desde entonces sólo se ha recrudecido la violencia del M23.

La 37ª Cumbre de la Unión Africana reunió a Tshisekedi y a Kagame en Etiopía, a mediados de febrero, pero los esfuerzos de otros líderes del continente, como el angoleño, Joao Lourenço, no llevaron a un acuerdo entre los dos rivales.

A pesar de la escalada de tensión dialéctica entre ambos países y los crecientes ataques alrededor de Goma, la frontera restituye una imagen de aparente calma.

En la llamada Corniche, puesto fronterizo del lado ruandés, siguen trabajando con normalidad funcionarios de ambos países, unos al lado de otros, tramitando entradas y salidas. “Lo que piensen para sí mismos no lo sabemos, pero a nosotros no nos lo dicen”, señala un funcionario ruandés que prefiere ocultar su identidad. “Sólo cuando hay rumores de que puede haber ataques o manifestaciones, se ve un incremento sobre todo de trabajadores internacionales que trabajan en Goma, pero es algo temporal”, asegura.

En la Grand Barriere, del lado congoleño, el paso de camiones es constantes y un funcionario asegura que todo sigue igual que siempre con sus homólogos ruandeses.

A pesar de lo que se rumorea, a Bosco Ruranganwa no le preocupa que cierren la frontera: “Pueden decidir cerrarla, pero es poco práctico”, afirma este camionero que lleva cinco años transportando productos de un lado a otro. Asegura que ser ruandés no le ha afectado a la hora de trabajar en la RDC, aunque en el país vecino todo el mundo sepa que es ruandés por su altura, una característica de este pueblo. Aun así, admite que prefiere estar en su país, por lo que pueda pasar. “Hay algo de temor por lo que ocurre, por eso es mejor estar en tu país. Si ves que hay guerra al otro lado de la frontera, es mejor quedarse aquí”.

Me enteré del plan del Gobierno británico de trasladar a Ruanda a los solicitantes de asilo residentes en el Reino Unido cuando se anunció, en abril de 2022. Un acuerdo sobre el que sorprendentemente no había habido debate público antes de la firma, y del que prácticamente tampoco habría discusión después. Fui una de las pocas personas en Ruanda que expresaron en público su desaprobación. Como los medios locales no se atrevieron a darme un espacio, solo pude hacerlo en publicaciones y canales extranjeros además de en redes sociales.

La oposición a esta medida se fundamenta en hechos. Con los derechos políticos restringidos y las libertades civiles coartadas, Ruanda no puede considerarse un país libre. Además, sigue figurando entre las naciones más pobres y menos desarrolladas del mundo, con los mayores niveles de desigualdad de África Oriental.

Un país con estas limitaciones no puede ofrecer ninguna solución real a los solicitantes de asilo trasladados allí. De hecho, las condiciones sociales y económicas de Ruanda hacen que también sea un país de origen de refugiados. ¿Cómo se las arreglarán los migrantes, muchos de ellos con muchos traumas psicológicos a sus espaldas en un entorno así y en un país que aún está reconstruyéndose a sí mismo?

Sensibles a la difícil situación que viven las personas obligadas a abandonar su país, la mayoría de ruandeses estarían más que dispuestos a hacerles sentir bienvenidos. Pero mis compatriotas también son perfectamente conscientes de la realidad que enfrentan en su propio país. Las personas con las que hablo desaprueban el acuerdo pero tienen demasiado miedo a las autoridades como para decirlo públicamente.

Falta de libertades

El precio que yo he pagado y sigo pagando por expresar opiniones contrarias al relato oficial del Gobierno ruandés es alto. En 2010, cuando regresé a Ruanda tras mi exilio en los Países Bajos, fui inmediatamente detenida por cuestionar de manera pública la política oficial de reconciliación por el genocidio de 1994. El entonces subsecretario de Estado parlamentario del Reino Unido para África, Henry Bellingham, denunció que fui arrestada por cargos falsos, pero el Tribunal Supremo de Ruanda me condenó a 15 años de prisión.

Presenté un recurso ante la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (AfHPR, por sus siglas en inglés), que me absolvió, pero el Gobierno de Ruanda se negó a reconocer la sentencia. Tampoco quiso hacerlo cuando el Consejo de la Abogacía de África aprobó varias resoluciones pidiéndole que cumpliera con sus obligaciones internacionales en relación con el fallo de la AfHPR. Pasé ocho años en la cárcel, de los que cinco fueron en régimen de aislamiento.

Por fin me liberaron en 2018 con un indulto presidencial. Las condiciones de mi libertad me impedían salir del país sin permiso, ejercer mis derechos políticos, conseguir la aprobación de mi partido, o reunirme con mis simpatizantes, algunos de los cuales han desaparecido o sido misteriosamente asesinados en los últimos 20 años.

Mi historia y la de otras personas que, tras criticar al Gobierno ruandés, fueron acosadas, encarceladas, o forzadas a exiliarse para evitar males aún mayores, son pruebas tangibles de la falta de consideración que hay en Ruanda por los derechos humanos.

Reino Unido, consciente

El Reino Unido, uno de los principales socios de Ruanda en su estrategia de desarrollo económico, es claramente consciente de los problemas que hay en el país con relación a los derechos humanos. En enero de 2021 las autoridades británicas expresaron su preocupación por las continuas restricciones a la libertad de los medios en Ruanda, y a los derechos civiles y políticos de sus ciudadanos.

Pese a ello, el Gobierno británico decidió poner en marcha menos de un año después la alianza por el desarrollo de un acuerdo migratorio con el país.

Las autoridades británicas expresaron su preocupación por las continuas restricciones a la libertad de los medios en Ruanda, y a los derechos civiles y políticos de sus ciudadanos

La situación de los derechos humanos en Ruanda fue uno de los motivos aducidos por el Tribunal Supremo del Reino Unido en noviembre, cuando consideró ilegal la política de trasladar al país africano a los solicitantes de asilo. En la explicación del fallo, el Tribunal Supremo también consideró poco convincente la aceptación acrítica, por parte del Ministerio del Interior, de las garantías ofrecidas por Ruanda.

Según el alto tribunal británico, esas garantías no permitían descartar el riesgo real de violaciones a los derechos humanos mientras siguieran en pie las instituciones que habían dado lugar a esas violaciones en el pasado.

Resulta sorprendente que con todos esos antecedentes el Gobierno británico haya optado por reactivar su acuerdo con Ruanda para el traslado de refugiados. Lo ha transformado en un tratado de inmigración y su plan es sacar un proyecto de ley que, de ser aprobado por los legisladores británicos, confirmará la consideración de Ruanda como un país seguro.

En mi opinión, estos planteamientos no van a ninguna parte y la mejor opción para el Reino Unido es reorientar sus esfuerzos para que ayuden a mejorar el respeto a los derechos humanos en Ruanda. El Reino Unido puede pedir al país que ponga en marcha medidas concretas, como la rehabilitación de opositores enjuiciados por razones políticas y la liberación de periodistas y YouTubers encarcelados por cuestionar el relato oficial del gobierno.

El Reino Unido también puede aprovechar su influencia global para ayudar a que sea la comunidad internacional la que respalde y facilite un diálogo entre el Gobierno de Ruanda y los disidentes, de modo que se acuerden y apliquen reformas por la inclusión política, por el respeto a los derechos humanos y por un verdadero Estado de derecho.

El Reino Unido también puede abogar por soluciones que mejoren los derechos humanos en Ruanda a través del Grupo de Acción Ministerial de la Commonwealth, del que forman parte los dos países.

El Reino Unido ya conocía la situación de los derechos humanos en Ruanda antes de que su Tribunal Supremo lo señalara en su fallo reciente. No es algo que pueda resolverse tan sencillamente como aprobando un proyecto de ley que considere a Ruanda como un país seguro. Lo que hace falta es abordar los problemas reales que lo hacen un país inseguro. Hay que impedir el intento de trasladar solicitantes de asilo a Ruanda hasta que Gran Bretaña apoye una mejora real del país.

*Victoire Ingabire Umuhoza es la líder de la oposición en Ruanda.

Traducido por Francisco de Zárate.

El primer ministro británico, el conservador Rishi Sunak, ha conseguido este martes apoyo suficiente en una votación clave sobre la malograda e impopular política migratoria del Gobierno pese a la rebelión de decenas de diputados de la extrema derecha de su partido. La última revuelta de esta facción tory anticipa semanas difíciles que incluso pueden llevar a una convocatoria precipitada de elecciones generales.

El Parlamento dio luz verde a una nueva propuesta de legislación para intentar deportar a Ruanda a solicitantes de asilo de cualquier país que llegan a las costas del Reino Unido, pero el grupo más a la derecha del partido anunció la abstención de la mayoría de sus miembros y amenazó con votar en contra en enero, en el siguiente paso legislativo, si el Gobierno no endurece la ley. Sunak ganó la votación del martes por 44 votos, con la abstención de una cuarentena de sus propios diputados, pero no está claro qué pasará en la próxima votación, prevista para mediados de enero.

En noviembre, el Tribunal Supremo británico declaró ilegal el plan de mandar a este país africano a solicitantes de asilo sin ninguna conexión con él y que llegan a las costas británicas. Pero el Gobierno conservador se empeña en resucitar esta medida como una de las pocas bazas electorales que cree le quedan ante el hundimiento de Sunak en las encuestas de intención de voto y valoración de su gestión.

El Gobierno de Boris Johnson aprobó esta idea en abril de 2022 y el Reino Unido ya ha pagado más de 160 millones de euros al Estado ruandés, pero ningún migrante ha sido enviado a Ruanda desde que se paró el primer vuelo en junio de 2022 por una querella de varios solicitantes de asilo. El Supremo considera que esta política supone violar los derechos de los refugiados y que sus condiciones no están aseguradas por la alta probabilidad de que esas personas sean enviadas de vuelta a su lugar de origen sin importar el peligro que corran.

“Ruanda, país seguro”

La nueva legislación asegura que Ruanda es un país “seguro” y limita la capacidad de los migrantes y sus representantes de presentar querellas ante los tribunales para parar el proceso de deportación. Antes de la votación, la comisión de derechos humanos del Parlamento británico publicó su análisis y dice que esto impediría a los tribunales británicos examinar las reclamaciones de los migrantes y vulneraría así la convención europea de derechos humanos. 

Aun así, la legislación deja algún resquicio para el recurso legal y el Reino Unido no se sale de la convención europea de derechos humanos, como pide la extrema derecha del partido encabezada por Suella Braverman, la ministra de Interior que fue forzada a dimitir por Sunak en noviembre. Los rebeldes tories se organizan en cinco grupos de diputados entre los que están los partidarios de la ruptura total con la UE. Ya tienen el apodo de “las cinco familias”, en referencia a las que familias de mafiosos que controlaban el crimen organizado en Nueva York en los años 30. 

El ministro del Interior, Jeremy Cleverly, defendió en los Comunes que la ley “empuja los límites”, pero “todavía está dentro del marco de la legislación internacional”. Michael Tomlinson, secretario de Estado de Inmigración Ilegal (así se llama el departamento), dijo que sería “poco británico” no dejar ningún resquicio legal a los solicitantes de asilo.

El grupo más numeroso dentro del Partido Conservador es el más centrista One Nation, que tiene unos 100 diputados y ha criticado la dureza de la legislación, aunque está dispuesta a aceptarla por no crear una crisis de Gobierno a Sunak. Sin embargo, algunos de estos diputados dicen sentirse “incómodos” con la norma por su posible incompatibilidad con la convención europea de derechos humanos y puede no pasar la siguiente votación en la Cámara de los Comunes en enero. Estos diputados advierten que votarán en contra si el Gobierno incluye enmiendas todavía más estrictas para contentar a la minoría de diputados más a la derecha. “Si hay algo que hacer, esta ley tiene que inclinarse hacia el otro lado”, dijo Robert Buckland, uno de los diputados conservadores moderados.

El primer ministro pasó gran parte del día intentando convencer a los suyos. Empezó el martes con un desayuno a las siete y media de la mañana en Downing Street con los rebeldes y por la tarde, según un portavoz, se dedicó a llamarlos “uno por uno”. En horas tensas, diputados de las “cinco familias” debatían entre ellos qué hacer y algunos anunciaban que votarían en contra de la ley, entre ellos el recién dimitido secretario de Estado de Inmigración, Robert Jenrick.

Mientras los diputados discutían en la Cámara de los Comunes, el Ministerio del Interior confirmó la muerte de un solicitante de asilo entre los 300 que el Gobierno británico retiene en una barcaza en la costa de Dorset, en el sur de Inglaterra y dijo que la policía “investigará” las circunstancias.

Reino Unido vs España

Las llegadas de migrantes en embarcaciones que cruzan el canal de la Mancha centran el debate entre los políticos y hasta los laboristas en la oposición han asumido el eslogan conservador de “stop the boats” (“para los barcos”).

El Reino Unido, un país de 67 millones de habitantes, ha detectado la llegada por esta vía de unas 27.000 personas desde enero hasta mediados de noviembre de este año. Por comparación, en España, con 47 millones de habitantes, se ha detectado la llegada de más de 41.000 personas hasta octubre.  

El líder laborista, Keir Starmer, dijo este martes en la radio de la BBC que la política de deportaciones a Ruanda es sólo “un truco caro”, y que él se centrará en utilizar el dinero del plan para reforzar la policía de fronteras y hacer “un acuerdo de seguridad con Europa”. 

La inmigración es el asunto más importante para los votantes conservadores, según una encuesta de YouGov, y la opinión más repetida en el Reino Unido es que la inmigración ha sido “mayormente mala” para el país en los últimos diez años. En el referéndum de 2016 de salida de la Unión Europea, el rechazo de la inmigración, en este caso europea, movilizó el voto a favor del Brexit. 

Hay una larga lista de asuntos que los encuestados en el Reino Unido dicen que el Gobierno gestiona mal, pero la inmigración está ahora en primer lugar: según el último sondeo de YouGov, el 84% dice que el Gobierno de Sunak está gestionando “mal” la inmigración frente al 8% que cree Sunak lo está haciendo “bien”.

El Tribunal Supremo del Reino Unido declaró este miércoles ilegal el plan del Gobierno de deportar a Ruanda a migrantes llegados a su país, una controvertida política que ha empujado con fuerza el Partido Conservador en su giro hacia posiciones de partidos de extrema derecha en Europa.

El plan, presentado en abril de 2022 por el Gobierno de Boris Johnson, consistía en enviar a solicitantes de asilo a Ruanda para que procesaran allí su solicitud aunque estas personas no tuvieran ninguna relación con ese país del Este de África. En junio de 2022, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos paró el primer vuelo rumbo a Kigali por la denuncia de 10 afectados al considerar que el plan podía violar la convención europea de derechos humanos. Desde entonces, tres gobiernos conservadores, el de Johnson, el efímero de Truss y ahora el de Rishi Sunak, han mantenido una batalla en los tribunales británicos para conseguir luz verde para su plan.

El Tribunal Supremo considera que hay un riesgo real de que si los solicitantes de asilo son enviados a Ruanda su petición no sea examinada debidamente y sean devueltos sin garantías a países peligrosos de los que intentan huir. En respuesta a los denunciantes, originarios de Siria, Irak, Sudán, Irán y Vietnam, el Supremo dice que hay riesgo de maltrato en el proceso y cita el principio de “no-devolución” del Derecho internacional.

El Gobierno de Ruanda ha recibido unos 140 millones de libras (unos 160 millones de euros) por su colaboración aunque todavía no ha recibido a ningún refugiado enviado desde el Reino Unido. No está claro cuál sería el coste total del plan de enviar a cientos de personas (el número tampoco está claro) a este país a 6.500 kilómetros del Reino Unido. El Gobierno británico había gastado en los tribunales 1,43 millones de libras (1,6 millones de euros) hasta julio, según los datos del Ministerio del Interior publicados por el ex director de OpenDemocracy, una web de investigación especializada en transparencia. 

Ahora el Gobierno de Sunak puede intentar modificar el plan original e incluso probar con otros países. Los considerados como alternativa, según el diario he Guardian, son Turquía, Egipto e Irak.

La defensa de Braverman

Una de las grandes defensoras de esta política es Suella Braverman, la ministra del Interior obligada a dimitir por Sunak este lunes y cuyo principal mensajes es que el Reino Unido vive “una invasión” de migrantes contra la que tiene que reaccionar incluso saltándose la ley. La ex ministra, todavía diputada y posible aspirante a liderar el Partido Conservador publicó este martes una carta denunciando “la traición” de Sunak a su compromiso de aplicar más mano dura con la inmigración “haga falta lo que haga falta”, incluida la salida de los tratados internacionales para la protección de refugiados.

Los diputados más a la extrema derecha del Partido Conservador piden, de hecho, que el Reino Unido se salga de la convención europea de derechos humanos que su propio país impulsó después de la Segunda Guerra Mundial. En 1951, el Reino Unido fue el primero en ratificar este tratado, que entró en vigor dos años después y que hoy es una pieza clave del Derecho que, entre otras cosas, sigue ligando a los británicos al resto del continente. Es parte de la ley británica y también es un factor incluido en el acuerdo de paz de Viernes Santo de 1998 que llevó a la formación del actual sistema político en Irlanda del Norte. 

Las llegadas por el canal

El Gobierno conservador tiene como una de sus principales banderas la necesidad de frenar la llegada de migrantes, en particular, en pequeñas embarcaciones por el canal de la Mancha. Más de 45.000 personas llegaron en busca de asilo desde Francia en 2022, según los datos del Gobierno. La mitad de ellas provienen de tres países: Albania, Afganistán e Irán. En lo que va de 2023, las llegadas se han reducido, aunque no está claro si ha sido por el mal tiempo en la ruta o las medidas del Gobierno.

Más allá de las deportaciones a Ruanda, la nueva ley migratoria presentada en mayo por el Ejecutivo de Sunak también puede chocar con las convenciones internacionales, como reconoce el propio Gobierno. Según la norma, entrar sin autorización en el Reino Unido descalifica a cualquier migrante para pedir asilo aunque cumpla los requisitos para recibir protección, en contradicción con los principios básicos de acogida de refugiados, que habitualmente huyen de sus países en situaciones desesperadas y no pueden hacer el papeleo hasta que llegan al país donde intentan pedir asilo.

El rechazo de la migración fue uno de los catalizadores del voto a favor del Brexit en el referéndum de 2016 y todavía es uno de los factores que movilizan especialmente a los votantes conservadores. El 57% de quienes se declaran votantes tories cree que la inmigración ha sido “mala” para el Reino Unido en los últimos diez años; también opinan lo mismo el 17% de los laboristas, según los datos de la encuestadora YouGov, que sigue la evolución.

Tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea, ha aumentado la inmigración de países de fuera de Europa mientras bajan las llegadas desde la UE y sectores clave para el país como la hostelería, la salud y el transporte sufren la falta de trabajadores.

La Corte de Apelación de Londres ha declarado ilegal el plan del Gobierno para deportar a Ruanda a los migrantes llegados a Reino Unido de manera irregular. El tribunal considera que Ruanda “no es un tercer país seguro”.

El tribunal ha aceptado el recurso presentado por varios solicitantes de asilo y organizaciones no gubernamentales contra un fallo de diciembre del Tribunal Superior que favorecía la política gubernamental.

El Ejecutivo británico firmó un acuerdo con Ruanda para que enviar y tramitar allí los casos de los “inmigrantes ilegales” a fin de reducir las llegadas en pequeños botes por el Canal de la Mancha, que separa Francia e Inglaterra.

Se prevé que la ministra del Interior, Suella Braverman, que comparecerá más tarde en la Cámara de los Comunes, recurra en los próximos días este dictamen ante el Tribunal Supremo, la máxima instancia judicial británica.

Gran Bretaña pagó a Ruanda 160 millones de euros en virtud del acuerdo alcanzado en abril de 2022. Reino Unido se vio obligado a cancelar el primer vuelo de deportación en el último momento, en junio, después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminara que el plan conllevaba “un riesgo real de daño irreversible”.

El jefe de los jueces en Inglaterra y Gales, Ian Burnett, se encargó de leer públicamente un fallo que pone en cuestión la política migratoria del Gobierno, cuyo proyecto de ley de Inmigración ilegal tramita actualmente el Parlamento.

El dictamen, que apoyaron dos de tres jueces, supone que las deportaciones a Ruanda “son ilegales” hasta que el país africano “corrija las deficiencias de su proceso de asilo” a los estándares requeridos.

Burnett explicó que, de ese panel de tres magistrados, Geoffrey Vos y Nicholas Underhill concluyeron que las insuficiencias del sistema ruandés suponen un “riesgo real” de que las solicitudes de asilo no sean procesadas adecuadamente y los potenciales refugiados sean repatriados a sus países de origen, donde podrían afrontar tortura o persecución.

Sin embargo, él sí consideró válidas las garantías ofrecidas por el Gobierno y juzgó que Ruanda “es un país seguro”, una decisión minoritaria que abre una vía para el recurso gubernamental.

La Corte de Apelación subrayó que su decisión es meramente legal y “no implica una opinión sobre los méritos políticos de la política de Ruanda”, que es “un asunto del Gobierno, sobre el cual el tribunal no tiene nada que decir”. 

La deportación de solicitantes de asilo a Ruanda, parte de un controvertido plan del Gobierno británico conservador para lidiar con la inmigración, es legal, según ha dictaminado este lunes el Tribunal Superior de Londres.

La defensa legal de esos solicitantes había ido a los tribunales por considerar que Ruanda es un Estado autoritario que tortura y asesina a quienes consideran sus oponentes. Con esta decisión judicial, el Ministerio británico del Interior gana esta batalla legal, si bien se espera que los demandantes recurran al Tribunal Supremo. 

Según el acuerdo, Reino Unido enviaría a Ruanda a algunas de las personas que llegan de manera irregular al país, donde se tramitarían sus solicitudes de asilo. Los que obtuvieran asilo permanecerían en Ruanda en lugar de regresar a Reino Unido.

Gran Bretaña ha pagado a Ruanda 160 millones de euros en virtud del acuerdo alcanzado en abril, pero todavía no se ha enviado a nadie allí. Reino Unido se vio obligado a cancelar el primer vuelo de deportación en el último momento, en junio, después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminara que el plan conllevaba “un riesgo real de daño irreversible”.

Los defensores de derechos humanos afirman que es ilegal, inviable e inhumano enviar a personas a miles de kilómetros a un país en el que no quieren vivir. También citan el deficiente historial de Ruanda en materia de derechos humanos, que incluye acusaciones de tortura y asesinatos de opositores al Gobierno.

En septiembre del año pasado, Emmanuel Macron pidió perdón a los harkis y sus descendientes en nombre de la República francesa. El presidente rendía así homenaje al triste destino de los 200.000 soldados norteafricanos que combatieron junto al ejército francés durante la guerra de Argelia. Llegada la independencia, en 1962, más de 60.000 fueron ejecutados por el nuevo Gobierno argelino, acusados de traición; los que pudieron exiliarse en Francia fueron internados en campos como el de Rivesaltes (el mismo que habían ocupado los republicanos españoles bajo el régimen de Vichy) o en antiguas prisiones, condenados a la marginación y al olvido por el mismo país por el que habían combatido.

Hasta 2001 el Estado francés mantuvo el silencio y el olvido sobre la deuda que había contraído con estos soldados y sus familias. Ese año, una tímida declaración de Jacques Chirac marcó el inicio de un lento camino hacia el reconocimiento; desde entonces, cada presidente ha ido añadiendo palabras al discurso hasta llegar a Emmanuel Macron, el primero en pedir perdón.

La cuestión de la memoria histórica es, para el presidente francés, a la vez una herramienta política y un compromiso moral, heredado de su colaboración con el filósofo Paul Ricœur. Todavía estudiante, Macron asistió a Ricœur durante la escritura del libro La memoria, la historia, el olvido, en el que el autor defiende una política de “memoria justa”, alternativa a la utilización partidista y a la tentación de la negación.

“A diferencia de la historia, la memoria aísla un acontecimiento de su contexto, porque pretende sacarlo del olvido, pero no insertarlo en una narración coherente que le dé sentido”, analiza el historiador de la Universidad de París-Nanterre Mohamed Arbi Nsiri, especialista en la historia de las mentalidades. “La memoria es afectiva, mientras que la Historia pretende racionalizar”, dice.

El ejemplo de Ruanda

En uno de sus últimos desplazamientos internacionales, en Camerún, el jefe de Estado francés, ha tratado de reconstruir las relaciones, a menudo tensas, con Yaundé y para ello, propuso crear una comisión de historiadores que “arroje luz” sobre los hechos de la colonización. Un esquema que ya puso en práctica en Ruanda, donde el trabajo de los investigadores llevó a un informe y a un reconocimiento de la “responsabilidad política de Francia” en el genocidio, que han jugado un papel central en el restablecimiento de las relaciones entre ambos países.

“La historia siempre ha estado vinculada a la política y a la diplomacia; eso no es un hecho nuevo”, señala Nsiri. “Pero hay que entender que la historia como ciencia es totalmente independiente en sus métodos y técnicas y que la oficialización estatal de un hecho histórico no cambia esa circunstancia”, dice.

La ambición de fundar una nueva relación entre países con un pasado común tampoco es una novedad, pero Macron ha buscado añadirle una nueva dimensión, destinada a resolver disputas heredadas y a reforzar los vínculos con las antiguas colonias. Una cuestión aún más relevante cuando Rusia agita ese pasado en las campañas de propaganda en África que acompañan su implantación en países como Mali o Burkina Faso. “El trabajo de los historiadores e investigadores europeos y el de los antiguos países colonizados debe ser confrontado”, observa el sociólogo Louis Mohamed Seye, que además ocupa el cargo de teniente de alcalde en la localidad de Fontenay-sous-Bois, en las afueras de París. “La historia no puede ser escrita solo por los colonizadores porque eso hace que perduren argumentos que aún escuchamos hoy, como que África no existía en la historia o que la colonización tuvo aspectos positivos”, explica.

La herida de la guerra de Argelia

Pero, de todas las heridas abiertas por la colonización, el trauma causado por la guerra de Argelia (1954-1962) es tal vez el más visible. Es también el desafío memorial más importante del actual presidente que, según sus propias palabras, quiere dar a las conmemoraciones sobre este episodio “la misma importancia que Chirac dio a la Shoah en 1995”. Ese año, el entonces presidente reconocía en un discurso —pronunciado frente al monumento conmemorativo del Velódromo de Invierno— que el Estado francés, a través del régimen de Vichy, había “cometido lo irreparable” en las redadas de 1942, en las que se detuvo y deportó hacia Alemania a miles de judíos.

En 2020 Macron se dirigió al historiador Benjamin Stora, uno de los mayores especialistas en las relaciones franco-argelinas, a quien encargó la redacción de un informe que esbozara el camino hacia “el apaciguamiento y la serenidad de aquellos a quienes la guerra ha herido, tanto en Francia como en Argelia”. Las conclusiones del documento, publicado el año pasado, describen “una competición de memorias de víctimas” en la que cada grupo antepone su propia herida como “superior a la de los otros”.

Benjamin Stora recomienda una política de “pequeños pasos” en una serie de cuestiones concretas para así tender “puentes” entre las dos orillas del Mediterráneo sobre “temas que siguen siendo sensibles”: los desaparecidos durante la guerra, las secuelas de las pruebas nucleares francesas, la apertura de archivos a los investigadores, el reconocimiento de crímenes de estado o la rehabilitación de personajes históricos.

Así, además del reconocimiento de la deuda con los harkis, en octubre del año pasado Macron calificaba como “crímenes inexcusables para la República” las masacres cometidas en París por la policía francesa, que causaron en 1961 más de un centenar de muertos entre manifestantes convocados por el Frente de Liberación Nacional. En enero reconoció las “injusticias” y “tragedias” sufridas en 1962 por los pieds-noirs (ciudadanos franceses de origen europeo nacidos en Argelia), en particular la “masacre imperdonable” de Isly, en Argel, cuando el ejército francés reprimió con fuego real una manifestación de partidarios de la Argelia francesa.

El Gobierno francés ha comenzado a poner en marcha otras recomendaciones del informe Stora: en marzo del año pasado, el presidente reconoció oficialmente el asesinato de Ali Boumendjel, abogado y líder político del nacionalismo argelino, ejecutado por el ejército francés; poco después se instaló un busto del emir Abdelkader en la ciudad de Amboise (donde estuvo exiliado); también se concedieron becas a 16 jóvenes investigadores argelinos que trabajarán en fondos de archivos en Francia sobre cuestiones de memoria histórica. Además, está prevista la construcción de un museo sobre la historia común de Francia y Argelia que debería abrir sus puertas en Montpellier en los próximos años.

Difícil relación con Argel

Se calcula que hoy en Francia unos siete millones de personas han vivido —directa o indirectamente— las tragedias de la descolonización de Argelia: pieds-noirs, emigrantes argelinos en suelo francés o descendientes de soldados que participaron en el conflicto. Todo ello en un contexto en el que las cuestiones identitarias tienen un peso importante en el debate público, con una división entre reacios a cualquier arrepentimiento y grupos que reclaman un mayor reconocimiento de los crímenes coloniales.

Un pasado que, además, complica las deterioradas relaciones entre París y Argel desde hace más de medio siglo. En septiembre de 2021, en un acto con jóvenes de origen argelino, Emmanuel Macron afirmó que el “sistema político-militar” vigente en Argelia se había construido sobre la “renta de la memoria”, además de preguntarse, tal vez como provocación, “si existía una nación argelina antes de la llegada de Francia”. Declaraciones, recogidas y publicadas por Le Monde que hicieron que Argel retirase a su embajador de París.

Desde entonces, ambos gobiernos han logrado reducir la tensión, aunque el propio Macron insiste en situar la cuestión de la memoria en el centro de los debates. El último ejemplo lo ha dado en una visita a Argelia hace unas semanas, en la que ambos gobiernos anunciaron avances sobre varias cuestiones claves, como los visados a jóvenes (que París ha reducido para hacer presión sobre Argel) y temas relacionados con suministro energético de Europa.

Así, el primer día de la visita, Macron y el presidente argelino anunciaron la creación una comisión conjunta de historiadores franceses y argelinos que centrarán su trabajo —“sin tabúes”— en el periodo que abarca “desde el inicio de la colonización hasta la guerra de liberación”. “Mientras el imaginario colonial no se trabaje y se deconstruya seriamente, las relaciones entre los franceses que tienen un vínculo genealógico con el antiguo imperio colonial y los demás seguirán siendo complicadas”, advierte Louis Mohammed Seye.

Colonialismo y esclavitud

El reciente nombramiento del historiador Pap Ndiaye como ministro de Educación forma también parte de ese trabajo de reconciliación de los franceses con su pasado. Especialista en la historia social de EEUU, ocupaba hasta ahora la dirección del Palacio de la Porte-Dorée, sede del Museo Nacional de Historia de la Inmigración. Su llegada supone una ruptura total con su predecesor, Jean-Michel Blanquer, contrario a cualquier tipo de reconocimiento de responsabilidad o culpa de Francia como antigua potencia colonial. Un giro denunciado especialmente por la extrema derecha; Marine Le Pen reaccionó calificando al nuevo ministro de “indigenista asumido”.

Uno de los elementos más sensibles que Francia afronta en herencia del pasado colonial es el comercio y utilización de esclavos. En este sentido, la aprobación de la ley Taubira en 2001 supuso la piedra angular del edificio memorial y el primer reconocimiento de la esclavitud y la trata como crímenes contra la humanidad. “Gracias a Christiane Taubira, se ha tenido en cuenta por primera vez la dimensión criminal de la esclavitud”, señala Seye, “la amnesia colectiva se ha mantenido mucho tiempo por una memoria republicana que ha ocultado ese episodio de la historia de Francia”.

En 2008 se integró por primera vez en el plan de estudios de secundaria y la investigación académica ha avanzado mucho gracias al Centro Internacional de Investigación sobre la Esclavitud que se creó en 2006. “La ley Taubira está tardando en asentarse entre los ciudadanos; en general afecta mucho a los afrodescendientes pero menos al resto de la población francesa”, resume Seye, que ha organizado en Fontenay-sous-Bois un plan de actividades culturales para avanzar en la conciliación y la memoria. “Tenemos que reunirnos para transmitir una historia sin espacios de sombra, ni amnesias fatales para la convivencia”, concluye. 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) decidió paralizar el martes el primer vuelo con el que Reino Unido quería empezar a aplicar el acuerdo firmado en abril con Ruanda para deportar a “miles” de solicitantes de asilo a este país del este de África. La decisión ha supuesto un primer revés para una de las medidas más controvertidas de la política migratoria del Gobierno de Boris Johnson.

¿Qué es el acuerdo y qué prevé?

La ministra de Interior de Reino Unido Priti Patel y el ministro de Exteriores ruandés Vincent Biruta firmaron en Kigali el 14 de abril un memorándum para, según se lee en el texto, “crear un mecanismo para la reubicación de los solicitantes de asilo cuyas solicitudes no están siendo consideradas por el Reino Unido, a Ruanda, que procesará sus solicitudes y acogerá o expulsará (según corresponda) a las personas después de que se analice su solicitud”. El Gobierno británico ha usado la palabra “reasentar” para lo que en la práctica, según las organizaciones de derechos humanos que se han opuesto al plan, son deportaciones a un tercero país. “A partir de hoy, nuestro nuevo acuerdo de migración y desarrollo económico significa que cualquier persona que entre ilegalmente al Reino Unido, así como aquellos que hayan llegado ilegalmente desde el 1 de enero, ahora pueden ser reubicados en Ruanda”, dijo el primer ministro Boris Johnson el mismo día de la firma del acuerdo. Johnson añadió que se trataba de una medida “innovadora” hecha posible por “las libertades del Brexit”. El acuerdo prevé que Ruanda reciba a cambio una primera entrega de 120 millones de libras (unos 144 millones de euros), una cantidad que se ampliaría a medida que aumente el número de personas deportadas al país.

El Gobierno de Johnson quiere obtener un efecto de “disuasión” ante el aumento de las llegadas de migrantes a través del Canal de la Mancha. En 2021 unas 28.500 personas cruzaron el canal en pequeñas lanchas. Entre el 18 de abril y el 5 de julio, han llegado por esta vía 3.599 solicitantes de asilo, según la BBC.

¿Cuáles han sido las reacciones ante el plan?

Las asociaciones en defensa de los derechos humanos se han pronunciado en contra del plan al considerarlo una violación de las obligaciones de Reino Unido de asegurar los derechos de los solicitantes de asilo. El secretario general de la ONU, António Guterres, lamentó este martes el acuerdo y confió en que ningún otro país siga su ejemplo, informa EFE. Guterres, a través de su portavoz, respaldó las críticas ya expuestas por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Filippo Grandi, quien el lunes dijo que la deportación de solicitantes de asilo es “un error” que podría sentar “precedentes catastróficos”.

La oposición al plan ha llegado a las altas esferas de la Iglesia anglicana. En una carta al Times, 23 obispos encabezados por el arzobispo de Canterbusy, Justin Welby -máxima autoridad de la iglesia anglicana después de la reina Isabel II- definen el plan como una “política inmoral” que “avergüenza a Gran Bretaña”.

También se cuestiona la definición de Ruanda como “tercer país seguro”. En una carta dirigida al Ministerio del Interior británico, la organización Human Rights Watch escribe: “Ruanda no puede considerarse un tercer país seguro al que enviar solicitantes de asilo, ya que Human Rights Watch y otros actores, incluido el Gobierno de los Estados Unidos, han informado sistemáticamente sobre las graves violaciones de derechos humanos en este país. El Gobierno del Reino Unido es consciente de esto, ya que el año pasado denunció el historial de derechos humanos de Ruanda durante su Examen Periódico Universal en el Consejo de Derechos Humanos, instando a 'Ruanda a modelar los valores de la Commonwealth de democracia, estado de derecho y respeto por los derechos humanos'”.

El director de Amnistía Internacional en Reino Unido, Sacha Deshmukh, ha tachado este miércoles la política del Gobierno de “cruel” y de “espectáculo vergonzoso”. “No debemos olvidar que las personas que anoche iban a ser expulsadas a Ruanda no han hecho más que ejercer su derecho a solicitar asilo en el Reino Unido”, ha dicho. “Todo este esquema mal concebido es una repetición desesperada y triste de un acuerdo similar y ahora abandonado alcanzado por Israel en virtud del cual también expulsó a Ruanda a refugiados y personas que buscaban asilo”. Para Deshmukh el plan es “un abandono claro y vergonzoso de la responsabilidad del Reino Unido bajo la Convención de Refugiados”.

Las organizaciones como Care4Calais, que han lanzado la campagna #spodeportation, siguen ahora trabajando para frenar las deportaciones desde el punto de vista legal.

¿A cuántas personas afectaría?

Cuando anunció el plan, Johnson dijo que permitiría enviar a Ruanda a “decenas de miles” de personas. Pero desde mediados de abril los objetivos del plan se han ido reduciendo, como explica The Guardian. Ya a principios de mayo The Times informó que las propias previsiones del Ministerio del Interior sugerían que el número de personas elegibles para el programa en un año sería de unos 300. El primer vuelo del martes inicialmente tenía que enviar a unas 30 personas a Ruanda. Finalmente el número se rebajó a siete.

¿Por qué el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha paralizado el primer vuelo?

Una hora y media antes de que el primer vuelo planeado por el Gobierno británico despegara, el Tribunal de Estrasburgo acogió el recurso presentado para paralizar la expulsión de un solicitante de asilo identificado como K. N., un hombre de nacionalidad iraquí de 54 años al que a principios de junio se le notificó que su solicitud de asilo había sido declarada inadmisible y que sería enviado a Ruanda el 14 de junio. Sin embargo, el 27 de mayo de 2022, un médico del Centro de Expulsión de Inmigrantes había emitido un informe indicando que el solicitante podría haber sido víctima de tortura. La Corte ha concluido que el hombre “no debe ser expulsado hasta que expire un periodo de tres semanas tras la decisión final en la revisión judicial que está teniendo lugar”.

¿Qué pasará ahora?

La ministra de Trabajo y Pensiones, Thérèse Coffrey, en una entrevista a la cadena Sky News ha dicho este miércoles “estar segura” de que el Gobierno británico recurrirá la decisión del Tribunal de Estrasburgo. Ante el aluvión de recursos recibidos contra las deportaciones, el primer ministro Johnson amenazó con sacar al Reino Unido de la Convención Europea de Derechos Humanos y acusó a los abogados que presentaron las demandas de ayudar a los traficantes que explotan a los refugiados en el Canal de la Mancha. “¿Será necesario cambiar algunas leyes para poder avanzar? Podría ser así y todas las opciones están en constante revisión”, dijo.

En respuesta a la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Patel dijo el martes que estaba “decepcionada” pero aseguró que mantendrá los planes. “No seremos disuadidos de hacer lo correcto y cumplir con nuestros planes para controlar las fronteras de nuestra nación”, afirmó. “Nuestro equipo legal está revisando cada decisión tomada en este vuelo y la preparación para el próximo vuelo ya ha comenzado”. Pero el programa se enfrenta a más desafíos legales y para julio se espera el fallo del Tribunal Superior de Londres sobre la legalidad del plan. El juez rechazó la semana pasada los recursos que pedían medidas cautelares contra las deportaciones, una decisión respaldada el lunes por la Corte de Apelaciones.  

El Ministerio del Interior de Reino Unido está ofreciendo a los solicitantes de asilo ser trasladados a las zonas en conflicto de las que escaparon, en caso de que no deseen ser trasladados a Ruanda, según ha confirmado The Guardian. Aunque el proyecto impulsado por la ministra Priti Patel se enfrenta a varios procedimientos legales en los tribunales del país, el Gobierno británico se niega a comprometerse a suspender las primeras expulsiones, programadas para el 14 de junio.

Los documentos entregados al primer grupo de solicitantes de asilo, que se enfrentan a la expulsión al país del este de África, sostienen que el servicio de retorno voluntario del Ministerio del Interior puede ayudarlos a volver a su país de origen. “Usted tiene la opción de abandonar Reino Unido voluntariamente. Sin embargo, si se los expulsa, será a Ruanda”, dice el documento.

Las solicitudes de asilo de todos aquellos que se enfrentan a la posibilidad de ser enviados a Ruanda fueron consideradas “inadmisibles” por el Ministerio del Interior debido a la forma en que estas personas llegaron a Reino Unido. Generalmente, han cruzado el Canal de la Mancha en bote hinchable.

La carta añade: “No hay derecho a apelar contra la decisión de considerar su solicitud de asilo como inadmisible”.

Entre las personas detenidas actualmente para ser trasladadas, figuran sirios, sudaneses, afganos, eritreos, iraníes e iraquíes. En algunos casos, sus países de origen son zonas de conflicto activo.

“Es como si el Ministerio del Interior dijera a este grupo de solicitantes de asilo: 'Aquí tenéis un infierno que hemos creado para vosotros en Ruanda, pero también podéis elegir volver al infierno del que habéis escapado’”, dice Karen Doyle, de Movement For Justice. “Esto no es una elección. Se trata de refugiados que no pueden volver a casa. En la práctica, esto está rompiendo con el compromiso declarado de Reino Unido con los refugiados”, agrega.

Quiénes serán trasladados

Gran parte del primer grupo de 100 candidatos a ser deportados a Ruanda proviene de Sudán. Sin embargo, la sudanesa no es la nacionalidad más numerosa identificada entre las personas que han llegado a Reino Unido en pequeñas embarcaciones durante el primer trimestre de este año. Ocupan el séptimo puesto, con 137 llegadas entre enero y marzo de este año. Tienen una tasa de concesión de solicitudes de asilo del 92%.

El grupo de nacionalidad más numeroso entre quienes llegaron en pateras corresponde a los afganos, con 1.094 personas, seguidos de los iraníes, con 722. El Sindicato de Servicios Públicos y Comerciales (PCS), la organización benéfica Care4Calais y el grupo de presión Detention Action, junto con cuatro solicitantes de asilo que enfrentan la expulsión al país de África oriental, han presentado recursos legales contra estos planes, que están siendo analizados por los tribunales británicos.

La Justicia estudiará si el Ministerio del Interior tiene una base legal para llevar a cabo estos traslados, así como si, como defiende Patel, Ruanda es, en general, un “tercer país seguro”.

Un grupo de solicitantes de asilo que se enfrentan a la expulsión a Ruanda inició una huelga de hambre esta semana. El viernes, decenas de demandantes de protección iniciaron una protesta en el patio del centro de detención de Brook House, cerca del Aeropuerto de Londres-Gatwick.

El caso de Mohammed

Mohammed, de 25 años y originario de Sudán, está detenido y se enfrenta a la posible deportación a Ruanda. Le joven contó a The Guardian que había dedicado más de tres años para llegar a Reino Unido en un viaje de más de 8.000 kilómetros iniciado tras haber escapado de una masacre en su pueblo natal. Dice estar devastado por la amenaza del traslado a Ruanda.

“Es muy inquietante que el perfil de la mayoría de las personas que han recibido avisos de expulsión a Ruanda no coincida con el de quienes cruzan el Canal en mayor número”, dice Clare Moseley, directora ejecutiva de Care4Calais. “Los refugiados sudaneses a menudo no tienen dinero para pagar a los traficantes de personas y, sin embargo, representan más de un tercio de los enviados a Ruanda”, agrega.

“Nos dicen que más del 25% de los que cruzaron el Canal durante los tres primeros meses de este año son afganos y, sin embargo, no parece que un porcentaje tan alto vaya a ser relocalizado. El plan de Ruanda es muy político. ¿Acaso el proceso de selección lo es aún más?”, pregunta Moseley.

Un portavoz del Ministerio del Interior dice que “nuestra alianza con Ruanda, líder en el mundo, es una parte clave de nuestra estrategia para revisar el sistema de asilo y romper con el negocio ruin de los traficantes de personas”.

“Hemos dado indicaciones formales para el primer grupo de personas que serán reubicadas en Ruanda a finales de este mes, donde tendrán la oportunidad de reconstruir sus vidas. Se trata de un paso decisivo hacia la puesta en marcha de la medida y seguimos plenamente comprometidos a trabajar con Ruanda para ofrecer seguridad a los solicitantes de asilo y, esencialmente, salvar vidas”, añade.

Traducción de Julián Cnochaert.

Organizaciones sociales que apoyan a los solicitantes de asilo en Reino Unido dicen que están documentado varios intentos de suicidio entre las personas amenazadas con ser enviadas a Ruanda. Tras el anuncio del plan en abril, la ministra británica del Interior, Priti Patel, acaba de hacer público que el primer grupo de demandantes de asilo que entraron en el país de forma irregular será trasladado a Ruanda el 14 de junio.

Entre los casos documentados se encuentra el de una solicitante de asilo iraní que intentó suicidarse y dijo a los trabajadores de la ONG que había tomado esta decisión porque creía que iba a ser trasladada a Ruanda. Fue encontrada con vida, hospitalizada y sobrevivió.

Un solicitante yemení de 40 años grabó un vídeo dirigido al primer ministro, Boris Johnson, y Priti Patel en el que afirmaba que, tras llegar a Reino Unido el 13 de abril y enterarse de que iba a ser trasladado a Ruanda, no había tenido “más remedio que suicidarse”. The Independent también informó del caso de un demandante de asilo afgano detenido y que iba a ser enviado a Ruanda. Explicó que había intentado quitarse la vida.

Las autoridades francesas están investigando la reciente muerte de un joven sudanés solicitante de asilo en Calais el pasado 11 de mayo. Sus amigos contaron que el joven les dijo que quería quitarse la vida porque no quería seguir viviendo tras el anuncio de los planes de Reino Unido.

Clare Moseley, directora ejecutiva de Care4Calais, señala que la posibilidad de ser enviadas a la fuerza a Ruanda es la gota que colma el vaso para personas que están traumatizadas.

En virtud de la Ley de Libertad de Información, que permite acceder a documentos públicos, The Guardian ha podido obtener datos que muestran por primera vez la evaluación del Ministerio del Interior de la vulnerabilidad generalizada de los solicitantes de asilo.

Solo el año pasado, 17.440 solicitantes de asilo fueron considerados vulnerables y remitidos a lo que se conoce como “centros de protección”. En su respuesta, Interior identifica 26 vulnerabilidades diferentes que pueden desencadenar la derivación a un centro de salvaguarda, entre ellas el suicidio y las autolesiones, la tortura, la trata y los problemas de salud mental.

“El objetivo del plan de Ruanda es que sirva como elemento disuasorio al ser aún más aterrador para los refugiados que los viajes en endebles embarcaciones a través del Canal”, dice Moseley. “Los refugiados han sufrido una terrible opresión. Sin embargo, el objetivo es disuadirlos utilizando el miedo a más daños y opresión. Esta no es una estrategia de un país civilizado o compasivo. No es de extrañar que el anuncio de Priti Patel lleve a las víctimas de injusticias del mundo a quitarse la vida, presas de la desesperación”.

“Escuchamos historias trágicas”

Enver Solomon, director ejecutivo del Consejo de Refugiados, pide al Ministerio del Interior que se replantee su estrategia. “Nuestros servicios que trabajan directamente con personas en el sistema de asilo nos han remitido informaciones preocupantes sobre el impacto devastador que está teniendo en ellas la amenaza de ser expulsadas a Ruanda”, dice. “Estamos escuchando historias trágicas sobre el grave impacto en la salud mental, incluyendo informaciones sobre autolesiones”.

PCS, el sindicato del personal del Ministerio del Interior, y varias ONG de ayuda a los refugiados han presentado recursos legales contra los planes de externalización en Ruanda.

“Tomamos todas las medidas necesarias para prevenir las autolesiones y el suicidio”, dice un portavoz de Interior. “Los solicitantes de asilo tienen acceso a los servicios de atención sanitaria y social desde el momento en que llegan y tenemos un equipo que supervisa con dedicación el bienestar de estas personas en cada uno de los centros de acogida, con la responsabilidad de identificar a los solicitantes de asilo vulnerables y darles apoyo”.

“Se evaluarán los casos, uno por uno, de todas las personas afectadas por esta medida y nadie va a ser reubicado si se considera que en su caso sería peligroso o inapropiado”, dice.

Traducción de Emma Reverter.