La Delegación del Gobierno de España en Euskadi, liderada por Denis Itxaso, ha puesto en conocimiento de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) el acto convocado para este próximo 31 de diciembre por Sare en Arrasate-Mondragón “en favor de miembros de ETA”. Entre ellos se halla Henri Parot, condenado por múltiples asesinatos.

El escrito informativo remitido a la Fiscalía incorpora los informes policiales al respecto del citado acto recabados por la propia Delegación y elaborados por las Fuerzas de Seguridad del Estado. El delegado del Gobierno, Denis Itxaso, en un comunicado, ha recordado que un “acto parecido” ya se pretendió realizar el pasado mes de septiembre y que “la presión institucional y social llevó a que los organizadores desistieran de su propósito”, si bien hubo convocatorias alternativas que sí tuvieron lugar y, de hecho, la propia Delegación lideró un homenaje a las 39 víctimas del terrorista.

Ahora, “uniéndose de nuevo al sentir mayoritario de la sociedad vasca, de las víctimas del terrorismo y de diferentes partidos políticos”, ha solicitado a Sare que “muestre sensibilidad y empatía, y no contribuya a causar un dolor innecesario e injusto a quienes, en su momento, ya padecieron la terrible injusticia del terrorismo de ETA”. “No concurre ningún elemento nuevo que no estuviera sobre la mesa el pasado verano. Si entonces la reacción política y social los convenció de que debían desistir de un acto semejante, no entendemos cómo, precisamente ahora que la izquierda abertzale ha asumido un compromiso público de no reabrir heridas con actos públicos, persisten este tipo de convocatorias”, ha resaltado, según recoge Europa Press.

Para el delegado del Gobierno, “asombra comprobar que puedan cometer de nuevo el mismo error en tan breve plazo de tiempo”. En ese sentido, ha opinado que parece que “no han comprendido que la sociedad vasca no está dispuesta a que se reescriba ni edulcore el pasado criminal de una banda terrorista y que cualquier intento de idealizar el pasado de ETA o de situar a sus responsables como víctimas va a contar con el rotundo rechazo de la sociedad y sus representantes”.

Familiares y representantes tanto del Gobierno vasco como del de España se han concentrado este viernes en Vitoria en un acto en honor de las víctimas asesinadas por Henri Parot después de que la red ciudadana Sare convocara una marcha para reivindicar los derechos del preso. Al acto han asistido, entre otros, el delegado del Gobierno de España en Euskadi, Denis Itxaso; la consejera vasca de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, y el presidente del Memorial de Víctimas del Terrorismo, Florencio Domínguez. Tras repudiar la “exaltación ética” de quienes ejercieron el terrorismo, han homenajeado a las 39 personas asesinadas por Parot recitando sus nombres y depositando una flor en su memoria.

Frente al Memorial estaba este mediodía María Isabel Franco, cuyo marido, el coronel José María Martín-Posadillo, fue asesinado por Henri Parot, Jacques Esnal y Francisco Múgica Garmendia en 1989. “Perdonar es de cristianos, pero olvidar es de tontos”, ha subrayado, molesta con una convocatoria que considera “absurda”. “Nosotros no tnemos ninguna culpa de nada. Nos ha tocado como al que le ha tocado la lotería, pero mala”, ha señalado, para después pedir a aquellos que están en prisión que “piensen en las víctimas que han tenido”.

El acto había sido concebido para desagraviar a las víctimas del terrorista Henri Parot, condenado a 4.800 años de cárcel, después de que la red Sare convocara una marcha por sus derechos en la localidad guipuzcoana de Arrasate-Mondragón. Pese a que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y la Audiencia Nacional habían rechazado suspender el acto porque no apreciaban delito antes de que se celebrase, Sare lo ha desconvocado finalmente y pretende sustituirlo por actos pueblo por pueblo en contra de la “cadena perpetua” de presos de ETA. “La suspensión del evento por parte de los propios organizadores demuestra que la presión social y política de víctimas organizadas e instituciones es un inmejorable instrumento para sembrar convivencia y evitar ofensas hirientes e injustas”, se ha congratulado Denis Itxaso, que ha pedido que “el foco” se ponga sobre las víctimas —para las que ha pedido “verdad, justicia y reparación”— y no sobre los “victimarios”. “El derecho a la libertad de expresión ampara la posibilidad de reclamar su excarcelación, pero no deja de ser profundamente humillante para sus víctimas elevar a la condición de mártir a quien suma en su haber 39 asesinatos y 240 personas heridas”, ha apostillado.

La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, ha puesto el apoyo a quienes más han sufrido “el zarpazo de la violencia” como ilustración del “camino a seguir”. “La política penitenciaria prevé diferentes mecanismos para lograr la reinserción de las personas presas, pero es una responsabilidad individual dar los pasos para lograrla”, ha añadido, si bien ha recordado que son “condiciones ineludibles” para ello que se ejerzan “autocrítica por el daño causado, reconocimiento de la injusticia perpetrada y la asunción de la ilegitimidad de la violencia para conseguir objetivos políticos”.

A las personas que “ejercieron directamente la violencia y también a las que les proporcionaron sustento político y legitimación social” ha apelado por su parte el presidente del Memorial de Víctimas del Terrorismo de Vitoria. Además del cumplimiento de las penas, Florencio Domínguez les ha exigido que muestren “voluntad” de reinsertarse en la sociedad “reconociendo el dolor causado”. “Una sociedad sana tiene el deber de mantener siempre presentes en su memoria los asesinatos, los secuestros, las amenazas, las extorsiones y las heridas producidas por el odio y el fanatismo a tantas y tantas personas inocentes”, ha remachado, después de tildar de “insulto” y “afrenta” el acto que pretendía llevarse a cabo por los derechos de Parot. “Conseguir una verdadera convivencia en una sociedad tan profundamente marcada por el terrorismo como la nuestra llevará mucho tiempo y para ello harán falta voluntad y un enorme compromiso ético y pedagógico”, ha remachado.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha rechazado prohibir la marcha convocada el próximo sábado en el municipio de Arrasate-Mondragón a favor del preso de ETA Henri Parot al no existir en este momento datos para determinar si podría darse un delito de enaltecimiento del terrorismo. El titular del juzgado central de instrucción número 4 sigue así el criterio de la Fiscalía, si bien ha solicitado a las Fuerzas de Seguridad que hagan un seguimiento de la marcha y adopten las medidas necesarias para evitar actos de enaltecimiento del terrorismo de ETA o de humillación a sus víctimas.

El principal argumento, tanto del juez como de la Fiscalía, es que no existen por el momento elementos que permitan determinar si los hechos podrían llegar a constituir hipotéticamente ningún delito, y el derecho penal solo puede perseguir y castigar delitos que ya se han producido. “Es decir, no puede actuarse el derecho penal con carácter preventivo pues tal proceder implica asociar consecuencias jurídicas limitativas de derechos o imponer directa o indirectamente sanciones sobre la base de meras hipótesis sobre la futura e incierta comisión de delitos”, señala el juez, según recoge la Agencia EFE.

Calama precisa que es “a la autoridad gubernativa a quien corresponde velar por el cumplimiento de los requisitos constitucionales en el ejercicio del derecho de reunión y de manifestación”, y que sus decisiones pueden ser recurridas ante la Justicia. Para tomar la decisión, el juez ha tenido en cuenta el informe de la Fiscalía, en el que explica que el enunciado de la marcha es “genérico y sin alusión concreta y objetiva y, menos aun vejatoria, a ninguna de las víctimas” de Parot y que “su finalidad, según refieren, es la consecución de la paz, la concordia y la reconciliación”.

Según explica el ministerio público en una nota de prensa, el acto consiste en una marcha solidaria de 31 kilómetros, “en recuerdo de los 31 años” que Parot “lleva encarcelado”, y está concebido como “un acto organizado con fines estrictamente políticos”, sin que se infiera que la intención es convertirlo “en un acto que humille a alguna de las víctimas” del condenado. Al igual que el juez, la Fiscalía insiste en que para prohibir cautelarmente la convocatoria se deben acreditar “datos objetivos” que permitan tener “sospechas que puedan considerarse razonablemente fundadas” acerca de su ilicitud.

Y añade que para darse un delito de humillación a las víctimas debe “constarse y acreditarse” el impacto psicológico que el acto o las palabras han tenido sobre la víctima, “más allá de la repulsa” que estos “puedan causar en la mayor parte de la comunidad” y más aún en las víctimas. La Fundación Villacisneros solicitó que se impidiese la marcha, que ha sido criticada tanto por partidos políticos como por las víctimas. Es más, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha organizado en diversas ciudades una serie de homenajes a las víctimas del etarra el mismo sábado.

Recientemente la Audiencia Nacional realizó una nueva liquidación de condena a Parot, sentenciado a más de cuatro mil años de prisión por múltiples atentados como el de la casa-cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza, y lo fijó para el 10 de julio de 2029 tras rebajársela un año y nueve meses.

“Marcha solidaria”

Mientas, según informa Europa Press, la red ciudadana Sare comparecerá este viernes en la localidad guipuzcoana para “compartir su lectura” sobre la “desvirtualización y confusión” que se ha creado en torno al acto convocado para el sábado por el preso de ETA Henri Parot en la localidad guipuzcoana. En un comunicado, ha anunciado que en esta comparecencia dará a conocer su “decisión y detalles” sobre esta convocatoria del sábado en Arrasate-Mondragón.

La “marcha solidaria” por Henri Parot, convocada por Sare, ha suscitado polémica y la petición de suspensión de la misma por asociaciones y sindicatos como Jucil, Jupol o Fundación Villacisneros, entre otros. Además, partidos como PP y Vox han anunciado actos en Arrasate ese mismo sábado para mostrar su apoyo a las víctimas de Parot.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha dictado un auto en el que aclara que manifestaciones como la convocada este sábado en Arrasate-Mondragón en favor del preso de ETA Henri Parot no están sujetas al régimen de autorización sino al de comunicación, por lo que no cabe recurso ni suspender “un acto inexistente”, tal y como habían solicitado la asociación Justicia Guardia Civil (Jucil) y el sindicato de la Policía Nacional Justicia Policial (Jupol).

Jucil y Jupol interpusieron, el pasado día 8, un recurso contencioso-administrativo contra “el acuerdo del Gobierno vasco por el que se procedía a la autorización” de la 'Marcha solidaria' por Henri Parot, convocada para este sábado en la localidad guipuzcoana, promovida por la plataforma Sare y el colectivo Elkartasun Eguna. Ambas organizaciones solicitaban la suspensión cautelar “de urgencia” de la autorización de la manifestación, informa Europa Press.

En un auto fechado el pasado 9 de septiembre, la sala de lo contencioso-administrativo, presidida por el conocido juez Luis Garrido, declara inadmisible la “suspensión cautelar de urgencia” presentadas por ambas asociaciones. El tribunal aclara que los recurrentes piden la suspensión cautelar de “urgencia” por un acto de autorización de la manifestación, y “no se acredita que el ejercicio de ese derecho fundamental no está sujeto a ese régimen (de autorización) sino al de comunicación previa, según recoge la Ley orgánica 9/1984 de 15 de julio”.

Por ello, la sala asegura que “no puede apreciarse la concurrencia de razones de especial urgencia o, adicionalmente, los requisitos del artículo 130 de la Ley Jurisdiccional, para la suspensión de un acto inexistente”. “O lo que es lo mismo, no concurre el presupuesto 'sine qua non' de tal medida”, incide. Por ello, la sala acuerda declarar la inadmisibilidad de la solicitud de suspensión cautelar de urgencia presentada por Jucil y Jupol. La resolución judicial podrá impugnarse mediante recurso de resposición en la misma sala en el plazo de cinco días desde el siguiente a su notificación.

Otras entidades han solicitado a la Delegación del Gobierno, liderada por Denis Itxaso, que actúe para impedir el acto por los derechos de Parot. Este organismo ha derivado a la Fiscalía las peticiones. Entretanto, la convocatoria ha suscitado actos de desagravio a las víctimas del terrorista, que acumula 39 asesinatos. La propia Delegación y el Memorial han convocado un acto en Vitoria y hay previstas también citas promovidas por PP, Vox o asociaciones de víctimas.

Los Gobiernos central y vasco y el Memorial de Víctimas del Terrorismo homenajearán este viernes en Vitoria a las víctimas del preso de ETA Henri Parot, según se ha conocido este martes. Se trata de una respuesta a los actos convocados este sábado en Arrasate-Mondragón por la plataforma Sare en defensa de los derechos de un terrorista con 39 asesinatos a sus espaldas y que fue detenido por la Guardia Civil en 1990.

Se trata de un acto organizado por el delegado del Gobierno, Denis Itxaso, y por el director del Memorial, Florencio Domínguez, y en él también tomará parte la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno vasco, Beatriz Artolazabal, en su condición de miembro del patronato que dirige el centro Memorial. Además, se espera la presencia de la directora general de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo del Ministerio de Interior, Monserrat Torija.

Con este homenaje se trata de “subrayar y poner el foco de manera explícita en la memoria, la justicia y la reparación de todas las víctimas del terrorismo, en especial de las 39 personas asesinadas por Henri Parot, y en la víspera del acto organizado en Arrasate-Mondragón para denunciar su situación carcelaria”, inciden los promotores. Confían en que las asociaciones de víctimas puedan sumarse al homenaje. Para el fin de semana ya estaban previstos actos de PP, Vox o AVT en respuesta a lo que consideran una provocación del entorno abertzale. Los 'populares', en todo caso, habían advertido a Itxaso de que pedirán su dimisión si no prohíbe los actos convocados.

No han pasado más que 48 horas desde que Carlos Iturgaiz aludiera a una oposición “constructiva” en Euskadi -abierta incluso a la reforma del Estatuto- pero en las siguientes comparecencias públicas ha vuelto a evidenciarse la distancia con el Gobierno vasco y también con el delegado del Ejecutivo central, Denis Itxaso. Si Iñaki Oyarzábal se enfrentó este martes al consejero de Educación, Jokin Bildarratz, al entender que la “escuela vasca” fomenta el odio hacia formaciones políticas como la suya, este miércoles el grupo parlamentario de PP+Cs ha adelantado ya que pedirá la dimisión de Itxaso si se celebra el 18 de septiembre en Arrasate-Mondragón un acto para reivindicar los derechos del preso de ETA Henri Parot -“con 26 sentencias y 39 asesinatos, también niños”- previsto por Sare.

“Queremos que el señor Itxaso ponga a trabajar a los abogados del Estado ante esta afrenta y acto execrable”, ha emplazado el portavoz parlamentario 'popular', Carmelo Barrio, que entiende que hay “bases jurídicas” para que la Delegación del Gobierno actúe. Fuentes del equipo de Itxaso explican que ya se han tramitado algunas quejas de asociaciones y entidades y que se han derivado a la Fiscalía. También se ha conocido que JUCIL y JUPOL, organizaciones policiales, han presentado un recurso ante la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) “por respeto a las víctimas y a sus familias” solicitando una “prohibición”. El PP ya ha adelantado que acudirá ese mismo día a Arrasate-Mondragón para apoyar los actos en contra de Parot y en favor de las víctimas. También han sido convocados por la AVT.

PP+Cs adelanta que quiere que el pleno del Parlamento Vasco vuelva a mostrar su “condena” de los recibimientos y homenajes a reclusos terroristas. Ya se votó el 22 de febrero de 2018 y el 3 de octubre de 2019 con la abstención y el voto en contra de EH Bildu, respectivamente. En la iniciativa se apoyan en la celebración de seis 'ongi etorri' en la segunda quincena de agosto, “un incremento del 87,5% respecto a los que ocurrieron en agosto del año anterior”. Remarcan que vulneran la ley de víctimas de 2008. No se recoge expresamente en la iniciativa pero la coalición quiere también una mayor compromiso contra estos actos en el nuevo plan de convivencia del Gobierno vasco. La formulación ha de ser “mucho más escrupulosa y clara contra actos de enaltecimiento”, ha señalado Barrio.

El Tribunal Supremo ha confirmado esta semana la condena de prisión permanente revisable que impuso el Tribunal Superior de Justicia de País Vasco a un hombre que asesinó a una bebé de 17 meses en Vitoria. El asesinato se enmarca en un contexto de violencia machista: el agresor atacó a la madre de la criatura -con la que entiendo que había iniciado recientemente una relación- mientras éstas dormían, la golpeó al grito de “te voy a matar”, trató de tirarla por el balcón y terminó tirando a la niña. Algunos elementos que sostienen la confirmación de la sentencia son el hecho de que la víctima mortal sea una menor y que ese asesinato se sume al intento de asesinato de su madre. No es un caso excepcional, incluso hay un concepto para nombrar la violencia que ejercen los agresores machistas contra niños y niñas como forma de castigo a sus madres: violencia vicaria. 

Recuerdo que, cuando el pasado mes de septiembre leí la noticia de la condena a este hombre, se me sumó al runrún que me había provocado otra noticia unas semanas antes: los Mossos d'Esquadra habían estrenado las pistolas eléctricas contra un maltratador.los Mossos d'Esquadra habían estrenado las pistolas eléctricas contra un maltratador. La Unión Sindical de la Policía Autonómica de Cataluña sostiene que es un arma no letal, y Amnistía Internacional responde que más de 700 personas han muerto desde 2001 en Estados Unidos después de recibir descargas de pistolas eléctricas tipo Taser. No me pareció casualidad que eligieran un caso de violencia machista en “el año del feminismo” para estrenar ese arma ni tampoco me pareció casualidad que fuera mujer la portavoz del cuerpo de policía catalán quien explicó su uso en los informativos y magazines de la mañana. 

Ahí se me encendió la lucecita: ¿estaremos asistiendo a una instrumentalización de los derechos de las mujeres y de la lucha contra las violencias machistas para legitimar políticas represivas? ¿Cuánto tardarán las fuerzas de seguridad del Estado o de las comunidades autónomas en utilizar las pistolas eléctricas para reducir, pongamos, a manteros o a inmigrantes en Frontera Sur? 

En realidad, en Pikara Magazine esa inquietud se ha planteado casi desde los inicios de nuestra revista. En 2012, M en conflicto, psiquiatra queer que escribía en ese momento en Pikara, alertó de ello en relación al caso de José Bretón, un hombre que desapareció y asesinó a sus hijos cuando su mujer le pidió el divorcio. Señalaba M en conflicto la tendencia a presentar a los agresores machistas como monstruos o como enfermos mentales irrecuperables en vez de enmarcar sus crímenes en el problema social de la violencia hacia las mujeres. 

En 2013, Andrea Momoitio escribió sobre las reacciones a la derogación de la Doctrina Parot, una jurisprudencia que cronificaba las penas de cárcel y que  el Tribunal de Estrasburgo consideró contraria al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Desarrollada en juicios contra miembros de ETA, contaba Andrea que a muchas feministas les preocupaba que su derogación hubiera tenido como resultado la puesta en libertad de violadores. Lanzaba preguntas tan pertinentes como éstas:  ¿Ser “violador” es una identidad inamovible? ¿Puede nuestra ideología estar por encima de los Derechos Humanos? ¿Estábamos más protegidas de la violencia patriarcal mientras esos hombres estaban en prisión?

En febrero de 2014, la periodista Meritxell Guàrdia i Serentill analizó la reforma del Código Penal impulsada por el entonces ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón. Señalaba que la propuesta penal se había presentado como “una de las más 'proteccionistas' con las mujeres”, y respondía que ese proteccionismo no solo victimizaba sino que chocaba con el hecho de que el endurecimiento del Código Penal afectaría a las mujeres en situación de marginalidad o exclusión social, ya que aumentaba la presión punitiva ante el hurto o la prostitución. 

Avanzamos hasta 2018. La prisión permanente revisable fue incorporada al Código Penal en 2015, y ante la posibilidad de que el Gobierno de Pedro Sánchez la revoque, hombres conservadores liderados por padres de jóvenes asesinadas recogen firmas para mantenerla en el ordenamiento jurídico. El caso de Diana Quer reabre el debate y pedimos un análisis a la abogada penalista Laia Serra.

En un artículo imprescindible, Serra nos habla del “populismo punitivo”: “Se define como la estrategia ideológica, manipuladora y reaccionaria del Estado de explotar las inseguridades de la colectividad para neutralizar ciertos debates sociales y criminalizar selectivamente ciertas conductas y sectores sociales para ir restringiendo libertades fundamentales”. Añade que se basa un interés electoralista y se vale de la manipulación informativa, dando recetas fáciles, obviando datos objetivos y opiniones expertas: “La construcción de los problemas sociales en clave delictiva evita que el Estado se responsabilice de las consecuencias de sus políticas y ofrecer una solución tangible: el castigo al ”delincuente“. Se genera un aliviante efecto balsámico al ofrecer un chivo expiatorio contra el que proyectar toda la indignación y la ansiedad que generan las actuales condiciones de vida”.

La jurista señala como tercer eje del populismo punitivo “la instrumentalización del dolor de las víctimas y de las supervivientes y de la empatía social que suscitan”, algo que choca con la realidad: las carencias de las políticas institucionales a la hora de atender las necesidades de las víctimas y garantizar su acceso a la Justicia.

Hay un último y reciente artículo de Pikara que quiero recomendar, el de Alicia Murillo sobre los que denomina como “patriarcas coraje”, padres de mujeres asesinadas que están recabando apoyos a favor de la cadena perpetua y que, en algunos casos, han sido fichados por partidos de derecha y extrema derecha. Murillo observa “cómo se vive, desde la masculinidad hegemónica, la pérdida de una hija víctima de violencia machista”, y compara los discursos de estos hombres con los de las madres que, lejos de pedir un sistema judicial más represivo, señalan que precisamente ese sistema es patriarcal, citando a referentes como Susana Guerrero o Asun Casasola, que se han vinculado al movimiento feminista conscientes de que el problema es más profundo que la existencia de unos cuantos individuos desalmados. 

Tecleo en Google “feminismo prisión permanente revisable” y, además de a Pikara Magazine, me lleva a los siguientes contenidos: 

Decía que llevamos desde 2012 preocupándonos por esta deriva, pero en 2019 el caldo de cultivo es particular: un contexto de auge y protagonismo mediático del feminismo pero también de la extrema derecha y sus discursos punitivistas. Acabamos de ver cómo ahí se crean alianzas peligrosas, como la de la Asociación Clara Campoamor con los “patriarcas coraje”. Recuerdo haber leído a Begoña Zabala, emblemática activista feminista navarra, que en los años ochenta el movimiento feminista autónomo era decididamente antipunitivo y no esperaba soluciones en lo penal, consciente de que la justicia patriarcal era generadora de violencia patriarcal. Tres décadas después, el feminismo se ha vuelto de masas, pero esas masas piden condenas más largas para los agresores. Creo que ahora es especialmente importante que nos dotemos de un argumentario antiautoritario sólido y lo divulguemos. 

Termino leyendo en alto a Angela Davis, que sigue siendo una firme activista por la abolición de las prisiones:

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“El Estado ha amparado a un pederasta y ha desprotegido a una niña”, entrevista a Susana Guerrero.

La batalla sobre la dispersión de los presos de ETA se libra en las calles vascas, pero también en los tribunales. Junto a las decisiones personales que cada preso de ETA vaya adoptando en los próximos meses en relación a la legalidad penitenciaria para acceder a beneficios en la cárceles (progresiones de grado, libertad condicional, etc), su equipo de abogados ha decidido trasladar la batalla contra la política de dispersión de los 360 reclusos etarras al Tribunal de Justicia de Derechos Humanos de Estrasburgo.

La letrada del exjefe militar de ETA en los 90 José Javier Arizkuren Ruiz 'Kantauri', Amaia Izko, ha llevado el caso de su dispersión ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. La Audiencia Nacional, así como los tribunales Supremo y Constitucional han resuelto en numerosas ocasiones que no se ha producido ninguna vulneración de derechos fundamentales como los de defensa, el de comunicación o visita de sus familiares o el de asistencia médica y de acceso a la cultura, entre otros. Y que que “no existe entre los derechos reconocidos a los internos por la legislación penitenciaria, ni desde luego en la Constitución, el derecho a ser destinado o mantenido en un determinado centro penitenciario, ni siquiera a uno próximo al del lugar de residencia”.

Los abogados de los presos de ETA creen, sin embargo, que hay posibilidades de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tumbe esas interpretaciones y se repita lo sucedido con la doctrina Parot, cuando Estrasburgo obligó a España a excarcelar a más de 80 presos -más de 50 de ETA- a los que se les había alargado de manera irregular desde febrero de 2006 la estancia en prisión de los etarras con condenas más altas por múltiples crímenes y de peligros delincuentes. Fue precisamente la abogada Amaia Izko la que ganó esa batalla legal y la que aspira ahora a conseguir una segunda victoria en las instituciones judiciales europeas, una especie de 'doctrina Parot dos'.

Kantauri, a quien el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha procesado por ordenar el asesinato en julio de 1997 del concejal del PP en Ermua (Bizkaia) Miguel Ángel Blanco, ha pasado por diversas cárceles españolas desde que fue detenido en Francia en marzo de 2009, entre ellas las de Sevilla y Cádiz. Está en cárceles españolas desde que fue entregado por la Justicia francesa el 7 de noviembre de 2006. En la actualidad se encuentra recluido en el penal de Murcia. 

Su petición de acercamiento a cárceles vascas fue rechazado en primera instancia por Instituciones Penitenciarias, después contó con la denegación del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, que dirige José Luis de Castro, y, después, con la oposición de los magistrados de la Audiencia Nacional. “Es el primer caso rechazado por el Tribunal Constitucional y el primero que ha visto denegada todas las vías judiciales internas, es el primero que se ha presentado ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Pero la lista va a superar con creces el centenar y los casos se irán presentando en el tribunal europeo según salgan las resoluciones del Constitucional”, adelanta Izko en conversación con eldiarionorte.es.

La abogada del preso del exjefe militar etarra basa su demanda en que la dispersión “vulnera el respeto al derecho de su vida familiar”, previsto en el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. “La dispersión ha limitado completamente el derecho de Josetxo Arizkuren a las comunicaciones con su familia: su padre no ha podido verle más de dos o tres veces en estos años y su madre falleció y solo le vio una vez. Su hijo, que es joven, puede estar cada tres meses”, explica.  

“Un obstáculo que ni es legal, ni está justificado”, argumenta. “Es ilegal porque no tiene apoyo en la legislación española y no está justificado porque esa necesidad en su aplicación para la lucha contra ETA ya no se sostiene”, después de los más de cinco años transcurridos desde que la organización terrorista decretara el final de su actividad armada.

200 juristas y profesores universitarios

“Algunas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo han subrayado el derecho de los presos a cumplir condena en centros próximos a su domicilio habitual. Sin embargo, una y otra vez, las autoridades políticas y judiciales españolas evitan aplicar las decisiones del Tribunal europeo en todo aquello que se refiere a los presos y presas vascos. Así sucede al mantener la política de alejamiento que convierte las visitas en muchos casos irrealizables, especialmente cuando se trata de personas mayores o de niños de corta edad”, mantiene el exdecano del colegio de abogados de Bilbao Nazario Oleaga, firmante junto a otros 200 juristas y profesores universitarios de un documento en el que se denuncia esta situación.

Pero las sentencias del Tribunal de Estrasburgo a las que se refieren este grupo de juristas -que forman parte de los argumentos jurídicos y la jurisprudencia invocada por la abogada Amaia Izko en su demanda contra el Reino de España para acabar con la dispersión- ya han sido valoradas por la justicia española. En octubre de 2015, la Sala Primera de la Audiencia Nacional, presidida por el magistrado Fernando Grande-Marlaska, al rechazar los recursos de una veintena de presos de ETA, señaló que “en este caso ninguna vulneración de derechos fundamentales con cobertura constitucional, u ordinaria, tanto a nivel nacional como internacional, se ha producido, ni se han contravenido la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ni de ningún otro”. Y, en concreto, sobre las sentencias de Estrasburgo que analizaba un caso de Rusia en la que se dio amparo al recurrente -el caso Khodorkovsky y Lebedev, de octubre de 2013- o la sentencia Vintman contra Ucrania, de 23 de octubre de 2014- se considera que había muchas diferencias con los planteados por los reclusos etarras: por un lado no estaban presos por delitos terroristas, y además las autoridades no habían tenido en cuenta hechos como la situación de avanzada edad y enfermedad de la madre del recurrente, “ni la situación personal del recurrente, ni tampoco su interés por estar cerca de sus familiares, lo que convierte la medida de alejamiento en contraria al Convenio de Derechos Humanos”, argumentaba Grande Marlaska en la resolución de la Sala que preside.

En cualquier caso, el propio Comité de Ministros del Consejo de Europa indicó en 2015 tras esas dos sentencias del tribunal de Estrasburgo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos “no ha estimado que España viola la Convención a causa de que los detenidos españoles no hayan sido internados en establecimientos situados en lugares próximos a sus familiares”. Algo que ahora la demanda planteada por la letrada Izko en representación del etarra Kantauri quiere echar por tierra. 

Políticamente, el Gobierno de Mariano Rajoy mantiene su negativa a variar la política de dispersión sobre los 360 reclusos de ETA mientras la organización terrorista no se disuelva. Fue la frase que más repitió el anterior ministro del Interior en relación a los reclusos etarras, Jorge Fernández Díaz, y que ha hecho suya desde el inicio de su mandato su sucesor al frente del citado ministerio, Juan Ignacio Zoido. Y el deshielo iniciado en las relaciones entre el PNV y el PP en esta nueva legislatura sin mayorías absolutas no ha tocado este espinoso asunto, según confirman dirigentes de ambos partidos.

Hace cinco años, cuando ETA cesó su actividad terrorista, había 665 presos y presas etarras en las 71 cárceles. Hoy son 360, según los últimos datos ofrecidos por la red de apoyo a los presos Sare, convocante de la marcha de este sábado en Bilbao. En octubre de 2011 había 70 presos a los que se les “aplicó una doctrina de excepción para evitar su libertad aún habiendo cumplido su condena”, denuncia Sare. Hoy, cinco años después, son “48 los presos a los que afecta el que no se les compute la condena cumplida” en las cárceles francesas, como  ha reiterado el Tribunal Supremo en el caso Pikabea. Por no hablar de los presos etarras con enfermedades graves que deberían estar ya en la calle, actualmente diez, según denuncia Sare.

Mientras, los presos etarras nucleados en torno al colectivo del EPPK han admitido que van a comenzar a aceptar la legalidad penitenciaria para poder cambiar de grado, obtener beneficios penitenciarios o excarcelaciones anticipadas, algo que la dirección de ETA a través del 'frente de makos' había prohibido taxativamente y que solo el núcleo de presos irreductible y el Movimiento Pro Amnistia (ATA) consideran una estrategia equivocada que les convierte en “rehenes del Estado”. Aunque, como señala en un artículo de opinión el abogado y profesor de Derecho Penal Xabier Etxebarria, “difícil será acceder a la libertad anticipada sin ”cuestionar el valor y la dignidad de su trayectoria“ terrorista. Sin mencionar el enorme daño que ello genera a la verdad, a la convivencia y a los valores sociales compartidos”.

El revuelo que causó la decisión del Tribunal de Estrasburgo de tumbar la doctrina Parot llegó hasta los subsidios de desempleo que cobran los presos al salir de la cárcel. La ayuda la perciben todos los liberados de prisión que no han generado el derecho a percibir una prestación contributiva y cumplen algunas condiciones.

El Gobierno ha aprobado nuevos requisitos 'extra', que los presos que cumplan delitos de terrorismo o abuso de menores de 13 años deberán asumir para cobrar este subsidio: a partir de ahora tendrán que haber satisfecho la responsabilidad civil derivada del delito, reparar los perjuicios materiales “y morales”, y pedir perdón a las víctimas. Los nuevos requisitos se aplican desde el 1 de enero, es decir, no son retroactivos.

El Ejecutivo ha introducido los cambios a través de una enmienda a la Ley de Presupuestos Generales de 2014, que se publicó el 26 de diciembre. Los nuevos requisitos afectan a los liberados que hayan cumplido penas por delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas, delitos “cometidos en el seno de una organización o grupo criminal” y delitos referidos a la prostitución y corrupción de menores, y a los abusos y agresiones sexuales, sólo en el caso de que las víctimas fueran menores de 13 años.

El resto de presos que queden en libertad podrán seguir cobrando el subsidio de desempleo en las mismas condiciones que hasta ahora. Esto es, si han estado al menos seis meses en la cárcel y no han generado derecho a una prestación contributiva, o bien si han cotizado entre tres y seis meses pero no tienen derecho a una prestación. Este subsidio es de 426 euros y tiene una duración de seis meses.

Si los presos cuyos delitos estuvieron relacionados con organizaciones terroristas quieren cobrar el subsidio por desempleo, tendrán que satisfacer con sus rentas y patrimonios “presentes y futuros” la responsabilidad civil del delito, mostrar “signos inequívocos” de haber abandonado los fines y medios terroristas, y haber colaborado “activamente” con las autoridades, “lo que podrá acreditarse mediante una declaración expresa de repudio de sus actividades delictivas y de abandono de la violencia y una petición expresa de perdón a las víctimas de su delito, así como por los informes técnicos que acrediten que el preso está realmente desvinculado de la organización terrorista y del entorno y actividades de asociaciones y colectivos ilegales que la rodean y su colaboración con las autoridades”. Son los requisitos que figuran en un apartado de la Ley Orgánica General Penitenciaria.

En el caso de los liberados que cometieron delitos de prostitución o corrupción de menores, o abusos y agresiones sexuales a menores de 13 años, tendrán que satisfacer la responsabilidad civil derivada, “considerando a tales efectos la conducta efectivamente observada en orden a reparar el daño e indemnizar los perjuicios materiales y morales”. También deberán haber formulado una petición expresa de perdón a sus víctimas.

PP y UPyD pactaron en el Congreso que el Gobierno tomara medidas para evitar que los presos de ETA que salieran de prisión pudieran cobrar el subsidio si no habían pedido perdón a las víctimas. El resto de grupos parlamentarios lo consideraron inconstitucional y un intento de apropiarse de las víctimas.

El Gobierno de Mariano Rajoy está convencido de que su política de “firmeza” en materia antiterrorista es la que ha logrado que ETA abandonara su actividad terrorista definitivamente hace más de dos años y que los presos de ETA hayan decidido ahora asumir la legalidad penitenciaria y admitir el “daño multilateral causado”. Lo que otros califican de “inmovilismo” y “cerrazón” ante los movimiento dados en la izquierda abertzale y en la propia organización terrorista -términos utilizados ayer por los portavoces del PNV en el Congreso y el Senado, Aitor Esteban y Jokin Bildarratz, respectivamente en su balance de 2013 de la política de Mariano Rajoy- es lo que el Gobierno central pone en valor para mantener su hoja de ruta de firmeza frente a ETA.

Por eso las duras palabras empleadas ayer por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, para referirse al último comunicado del colectivo de presos de ETA afín a la estrategia de la dirección etarra (el EPPK), o para descalificar el acto convocado para hoy en Durango (Bizkaia) no ha gustado especialmente a las fuerzas políticas que esperan un cambio en la política penitenciaria. Jorge Fernández Díaz calificó de “repugnante” y “deleznable” el acto -lo denominó “akelarre”- proyectado para hoy en Durango por los reclusos excarcelados tras declarar Europa ilegal la 'doctrina Parot'. Y eso pese a que se prevé que este grupo de exreclusos -que no se han arrepentido de su actividad terrorista, ni han pedido perdón a sus víctimas- den un espaldarazo al comunicado del colectivo de presos EPPK de asumir la legalidad penitenciaria.

“Más de lo mismo”, se señalaba ayer en fuentes cercanas al presidente vasco. El propio lehendakari, que ha solicitado formalmente al presidente Rajoy una entrevista para tratar todo lo relacionado con la política antiterrorista y con la paz y la convivencia en Euskadi, cree que ni los partidos ni los Gobierno pueden quedarse de brazos cruzados. Y en la Lehendakaritza se cree que aun hay margen para convencer al presidente del Gobierno de activar otro tipo de políticas con los presos de ETA, máxime si se va confirmando con “pasos concretos” y urgentes lo planteado en su último comunicado del EPPK.

Pero en Madrid las prioridades son otras. Y ETA lleva mucho tiempo fuera de las prioridades del Ejecutivo central. Es como si las manecillas del reloj del final de ETA se hubieran detenido desde que Rajoy llegó a La Moncloa. Antes de conocerse las declaraciones del ministro del Interior, los portavoces del PNV en Madrid consideraban que “sería imperdonable” que el Gobierno se mantuviera en esta “parálisis totalmente incomprensible” y que partidos y gobiernos no “sean capaces de llegar a acuerdos en positivo para gestionar una situación complicada” como esta pero que es “mucho mejor” que la que existía antes de octubre de 2011, cuando ETA dijo adiós a las armas definitivamente (aunque no las haya entregado, ni se haya disuelto).

Sin embargo, Fernández Díaz señaló ayer que “el único comunicado que le interesa al Gobierno y para el que el que está trabajando” es en el que ETA anuncie “su disolución incondicional”. “Saben perfectamente que el Gobierno no ha negociado, no negocia y no va a negociar con ETA”, apostilló.

Nuevos informes a la Audiencia Nacional

Mientras la política hablaba, el juez de la Audiencia Nacional encargado del caso del acto de Durango, Santiago Pedraz, ampliaba su solicitud de informes e incluía también a la Guardia Civil y al Cuerpo Nacional de Policía (CNP). La víspera había solicitado informes de la posible relación del acto con ETA únicamente a la Ertzaintza. En realidad, las posibilidades de que el juez decida prohibir el acto -tal y como ha solicitado la asociación Dignidad y Justicia- son muy remotas, salvo que en algún informe se pueda probar que existen indicios inequívocos de que el objetivo de los expresos es el enaltecimiento del terrorismo o que pretendan humillar o denigrar a las víctimas del terrorismo. De hecho, la Fiscalía de la Audiencia Nacional consideró “penalmente neutro” el acto programado para hoy en Durango.

En cualquier caso, la decisión no esta tomada y el juez Pedraz deberá resolver sobre la legalidad del acto antes de que los expresos se reúnan este mediodía en el local Plateruena de la localidad vizcaína de Durango para la rueda de prensa y la posterior comida, algo que será vigilado por las diferentes policías. El fiscal Jesús Alonso anoche en su informe en el que no se oponía al acto abogó por que las policías adopten las medidas oportunas para evitar que durante la celebración del mismo no se cometa un delito de enaltecimiento del terrorismo.

“Tienen una hoja de ruta muy clara y el comunicado del colectivo de presos EPPK es solo una parte de esa estrategia”. De esta manera se expresaba un alto responsable del Gobierno vasco el pasado martes tras la última reunión del consejo de Gobierno del Gabinete de Urkullu. De hecho, para entonces ya se conocía por parte de la lucha antiterrorista española que los reclusos de ETA excarcelados tras la anulación de la 'doctrina Parot' por orden del Tribunal de Estrasburgo planeaban un acto de reconocimiento.

Hoy se ha confirmado oficialmente por parte del colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK) la celebración el próximo sábado en Durango (Bizkaia) de esa reunión, que se celebrará a las doce y media del mediodía en el Kafé Antzokia de esta localidad vizcaína.

Según la convocatoria, el objetivo es valorar el comunicado del propio EPPK en el que los presos de ETA reconocían el “sufrimiento y daño multilateral” causado y aceptaban someterse a los cauces legales para conseguir excarcelaciones de forma “escalonada” e “individual”. El acto, ahora confirmado oficialmente por sus convocantes, estña pendiente de una autorización judicial tras la decisión de la asociación Dignidad y Justicia de recurrir la convocatoria y exigir a la Audiencia Nacional que la prohibiera. En la petición, Dignidad y Justicia se señalaba que estaba previsto que comparecieran “63 etarras excarcelados” y que posteriormente se iba a celebrar una comida. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha pedido a la Ertzaintza que “con la máxima urgencia” le remita informes sobre los convocantes, los participantes y su posible relación con ETA.

Junto a este primer hito de apoyo a la nueva estrategia de los presos etarras -que pasa por asumir la legalidad penitenciaria y admitir el daño “multilateral” causado tras tantos años de terrorismo- el movimiento de apoyo a la manifestación del día 11 en Bilbao -que se prevé multitudinaria tras el paso dado por el colectivo del EPPK- ha pedido a la sociedad vasca que acuda ese día desde la mañana a la capital vizcaína, donde han preparado actos lúdicos y reivindicativos previos a la marcha.

Fin de la dispersión

“Los gobiernos siguen cerrando la puerta a la paz y nos anuncian que no van a moverse ni un milímetro. Por eso pensamos que es la hora de la sociedad civil y os proponemos sumar todas todas nuestras gotas el 11 de enero en el gran mar por el fin de la dispersión. Ese día, por encima de ideologías o intereses particulares, vamos a expresar de manera clara y rotunda que queremos soluciones y que ha llegado el momento de traer los presos y presas a Euskal Herria”.

Junto a todo esto, desde su cuenta de twitter, el secretario general de Sortu, Arnaldo Otegi, ha señalado este mediodía que la comisión del Foro Social recientemente constituida “trabajará junto al EPPK desde ya con discreción”, al tiempo que remitía en su tuit a una información recogida en las paginas de Naiz.info

El ex presidente del Gobierno José María Aznar ha equiparado el referéndum de autodeterminación catalán con la organización terrorista ETA por considerar que ambos suponen un intento de destruir “el pacto de convivencia” que representaría la Constitución de 1978. Aunque el presidente de honor del PP y de la FAES cree que “España no se romperá”, apunta a “importantes fracturas” en la sociedad catalana y cree que “es hora de decir que Cataluña nos importa”.

En un acto celebrado en Granada, organizado por la Fundación Luis Portero –el fiscal superior de Andalucía asesinado por ETA en octubre de 2009– y financiado por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), el ex presidente impartió una conferencia junto al ex magistrado español en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo, Francisco Javier Borrego. El título de las jornadas era 'Por un final de ETA sin impunidad', y su tema central, la doctrina Parot.

Aznar enlazó la lucha por un final de ETA “como victoria política de la democracia” con la nueva “estrategia de destrucción” del “pacto de convivencia” de la Constitución que para él supone el anunciado referéndum catalán. Valoró como “las fuerzas”, por los nacionalistas, a las que la Constitución “extendió su voluntad integradora con mayor generosidad” con “las que apuestan por acabar con ella”.

Así, aunque no mencionó en ningún momento al actual Gobierno de Mariano Rajoy, insistió en como “debemos decir que Cataluña nos importa”, y estar “detrás de las instituciones” en su respuesta, puesto que entiende que está en juego “la integridad de la Nación y continuidad histórica y democrática”.

Sobre Parot, Aznar sobre todo valoró que los excarcelados “no han condenado ni ese crimen”, en referencia a la muerte de Luis Portero, cuya figura glosó para arrancar su intervención, “ni ninguno de los otros cometidos por la banda terrorista”, por lo que entiende que “justifican la violencia y exaltan a sus autores”.

Si fue muy dura, citándolo directamente, con el gobierno de Rajoy la viuda de Portero, Rosario de la Torre, que abrió las intervenciones con un repaso de las actuaciones que a su criterio y el de “las víctimas” pudo acometer el Estado durante el desarrollo de la causa de Inés del Río ante el tribunal de Estrasburgo. Consideró al actual presidente “cómplice” de la “hoja de ruta” marcada por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, al que acusó de “negociaciones y concesiones” a la banda terrorista.

La intervención del magistrado Borrego, actualmente jefe de los abogados del Estado en el Tribunal de Cuentas, consistió en un repaso de los fallos que, a su criterio, se cometieron tanto en las dos sentencias de Estrasburgo sobre el caso Inés del Río como en la aplicación de la misma para liberar a los etarras y otros delincuentes afectados por la aplicación de Parot. Tanto él como de De la Torre apuntaron al papel del magistrado que en 2007 puso el gobierno socialista para sustituirlo, Luis López Guerra.

El acto lo aderezó una concentración de Stop Desahucios Granada a las puertas del Colegio Mayor Albayzin, del Opus Dei. Alrededor de medio centenar de activistas se concentraron en el estrecho margen de calzada que les permitía la Policía Nacional, con un gran despliegue de seguridad, para reclamar a Aznar, como asesor de Endesa, suministros gratis para las familias andaluzas en riesgo de exclusión, dentro de la campaña en ese sentido que llevan semanas desarrollando dirigida, en realidad, a la Junta de Andalucía.

Estrasburgo ha mostrado su satisfacción con el cumplimiento por parte de España de la sentencia que anula la aplicación de la doctrina Parot. El Comité de Ministros ha evaluado este jueves el cumplimiento de la resolución dictada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que exigía la liberación de la etarra Inés del Río por haber aumentado su tiempo de condena de manera retroactiva.

Los miembros del Comité de Ministros celebran la decisión de la Audiencia Nacional de poner en libertad a Inés del Río como respuesta a la “medida individual indicada por el Tribunal Europeo”. Además, consideran que el acuerdo de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de dejar sin efecto la doctrina que impuso a partir de 2006 para que los presos condenados por hechos anteriores a 1995 no pudieran redimir las condenas, un beneficio que sí preveía la legislación vigente en ese momento, se alinea con el fallo del tribunal internacional.

La nueva doctrina adoptada por el Supremo tras la sentencia de Estrasburgo provocó las críticas de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que tachó de “incomprensible” el criterio de la Sala, y pidió la desaparición del organismo judicial por no “mojarse”.

La institución europea también avala la decisión de no pagar los 30.000 euros que la sentencia fijaba como indemnización a Inés del Río por haber permanecido en prisión cinco años más de lo que hubiera sido legal. El criterio de la Audiencia Nacional, y que el Gobierno ha defendido en la información remitida al Comité de Ministros, es que la retención de ese dinero se destinaría a la compensación a las víctimas y daños subsidiarios de sus atentados, que el Ejecutivo cifra en 1,5 millones de euros.

El Consejo de Europa considera que ese criterio es “coherente” con la práctica del Comité de Ministros y explica que la deuda contraída por Del Río con las víctimas la ha asumido el Estado.

El organismo europeo evalúa el cumplimiento de todas las sentencias dictadas por el Tribunal y emite una resolución, que en este caso todavía no es final ya que solo se ha sometido a la primera supervisión del procedimiento. El Comité de Ministros valorará de nuevo en el futuro la información que le envíen España y las partes implicadas en el proceso sobre la aplicación de la sentencia y será entonces cuando se dé por cerrado definitivamente el caso.

Miguel Ricart, condenado a 170 años de prisión en 1997 por el secuestro, violación y asesinado de las niñas de Alcàsser (Miriam, Toñi y Desirée) será puesto en libertad después de que así lo haya acordado la Audiencia de Valencia al estimar que se han cumplido las penas impuestas.

El tribunal ha desestimado así los escritos presentados por la Abogacía del Estado, la asociación Clara Campoamor (acusación popular) y dos acusaciones particulares de dos de los padres de las víctimas, que se oponían a la excarcelación y pedían el mantenimiento de la 'doctrina Parot'.

La Sala se reunía este viernes para deliberar sobre la puesta en libertad de Ricart tras la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que anula la 'doctrina Parot'. La decisión, tomada tras más de dos horas y media de deliberaciones, supon la puesta en libertad de Ricart, que está ingresado en la prisión de Herrra de la Mancha y podría salir en cualquier momento.

Ricart, que ha pasado 21 años en prisión, tendría que haber sido puesto en libertad en 2011, pero se le aplicó la 'doctrina Parot', con lo que se alargó su ingreso hasta 2023, cuando hubiera cumplido la máxima pena que contemplaba la ley, 30 años.

El abogado de Ricart solicitó su puesta en libertad en base a la sentencia del tribunal europeo, mientras que la fiscalía se oponía, al igual que las acusaciones popular y particular.

Ricart, 'el Rubio', fue el único condenadopor el triple asesinato de las niñas Miriam García, Toñi Gómez y Desirée Hernandez, que desaparecieron en noviembre de 1992 y cuyos cuerpos fueron localizados en el paraje de La Romana el 27 de enero de 1993. El otro considerado autor de este suceso, Antonio Anglés, huyó y figura en paradero desconocido desde entonces.

La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) contra España en el caso de Inés del Río y que ha resuelto la ilegalidad de la doctrina Parot, ha provocado en todo el país una enorme división iniciada por los políticos y alimentada por los medios de comunicación que ha desvirtuado por completo una realidad: España ha sido condenada por incumplir el Convenio Europeo de Derechos Humanos y los políticos han utilizado interesadamente el dolor de las víctimas para convertir en proetarras a los que abogamos por la aplicación de la legalidad.

La decisión del Tribunal de Estrasburgo no ha supuesto en ningún momento la puesta en libertad de manera arbitraria de ninguna persona. Ha significado algo tan evidente como la libertad para alguien que ya había cumplido su condena y que continuaba en prisión, a raíz de la denominada doctrina Parot, establecida por el Tribunal Supremo en 2006.

Con ese método, los condenados verían cómo su estancia en prisión se prolongaría hasta los 30 años máximos previstos por la Ley, pues las redenciones se reducirían de cada una de las penas impuestas y no sobre el total de 30 años, algo que alargaría la reclusión de manera considerable, lo que no era posible cuando se le impuso la sentencia por la aplicación del Código Penal vigente en ese momento.

La irretroactividad de las normas penales es una garantía esencial e irrenunciable en un Estado de Derecho. El TEDH no ha establecido cuál debe ser la política criminal de España o de cualquier Estado o si la que existe es equivocada, lo que ha hecho es señalar que esa doctrina no se puede aplicar de forma retroactiva a personas que ya habían sido condenadas y estaban cumpliendo pena.

Además, la defensa de los derechos fundamentales de todas las personas se basa en su carácter absoluto, sin que resulte aceptable la práctica de excepciones. Y, por ello, el TEDH ha resuelto como contraria a los derechos humanos una doctrina que se creó para condenar expresamente a presos de ETA y que, con posterioridad, también utilizaron para condenar a presos no terroristas. De hecho, de los 130 presos a los que afecta esta doctrina, más de una tercera parte no lo son.

Esta aplicación del Convenio de Derechos Humanos ha provocado un clima de crispación absoluta que ha contado con diferentes protagonistas. Los políticos han realizado un uso totalmente partidista de la sentencia y el tema ha sido expuesto en la palestra pública de manera morbosa y demagógica por parte de los medios de comunicación.

Y es que el ojo por ojo y la venganza no deben ser los pilares en los que se sustenta un Estado de Derecho. La proporcionalidad entre el daño causado a la víctima y las consecuencias de una pena, deben pasar por la posibilidad de que la persona condenada tenga opciones de reinsertarse y reeducarse. Una persona que sale en libertad tras más de veinte años dentro de una prisión no puede ser nunca la misma, y la experiencia nos dice que la reincidencia en personas con condenas tan elevadas es prácticamente nula.

De hecho, hay presos que han abandonado la violencia dentro de la cárcel, han realizado un proceso de mediación con sus víctimas a través de encuentros restaurativos y han pedido perdón. Un procedimiento mucho más reparador para la víctima y más socializador para el preso que la simple condena a prisión y a cuántos más años, mejor. Resulta lamentable que estas opciones hayan sido suprimidas por el PP.

Cabe reseñar también que, si tras una prolongada estancia en prisión el ciudadano no se ha reinsertado, la responsabilidad debe recaer también y de modo importante en el propio Estado. ¿Ha puesto los medios necesarios y adecuados para lograr una reinserción social efectiva? La respuesta por nuestra experiencia es concluyente, no.

El daño tremendo que los delitos de terrorismo han supuesto para las víctimas y para la sociedad no se repara ni minimiza nada con aplicaciones retorcidas e inconstitucionales de la ley que supongan, si fuera posible, hasta la cadena perpetua.

Estas son opciones de política criminal que la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) no comparte, pues si constitucionalmente la finalidad de la pena es la reinserción social, no tiene sentido no premiar el esfuerzo que puede conducir a ella. La justicia hacia las víctimas no se puede encaminar hacia la cadena perpetua, ni una condena vengativa reparará ni sanará las tremendas heridas de quienes sufrieron un crimen. La reparación del daño debe ir por otros caminos por los que se debe apostar.

El magistrado Javier Gómez Bermúdez defiende la doctrina que acaba de tumbar el tribunal de Estrasburgo, pero también dice que la Audiencia Nacional ha "actuado impecablemente" al excarcelar a los presos de ETA y al resto de reclusos.

Amaia Izko, la letrada de la exetarra Inés de Río, mantiene que la decisión de "retener" a los presos etarras con la aplicación de la 'doctrina Parot' fue un "pacto" entre el poder político y el judicial, algo que Bermúdez desmiente.

Que los vascos son muy de apostar, no lo dudaba nadie. Pero quien ha roto el pronóstico en los XV Encuentros jurídicos penitenciarios en San Sebastián ha sido el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez, que se ha apostado una mariscada, con la 'doctrina Parot' como telón de fondo, a pagar a todos los presentes en estos encuentros. Junto a él se ha sentado en la mesa redonda, la letrada de Inés de Río, Amaia Izko, que ha mantenido que la decisión de “retener” a los presos etarras con la aplicación de la 'doctrina Parot' fue un “pacto” entre el poder político y el judicial. Algo que Bermúdez ha desmentido con rotundidad. De hecho, el magistrado ha dejado exponer su teoría a la letrada y al término de su intervención, con ese estilo característico que le ha hecho famoso, Gómez Bermúdez, ha sentenciado: “Ahora os voy a contar la verdad”, lo que arranco una sonora carcajada entre los asistentes a los encuentros, organizados por el Colegio de Abogados de Gipuzkoa y el Consejo General de la Abogacía.

“Soy yo el que me cargué las redenciones penitenciarias, pero motivadamente”. Bermudez ha explicado que cuando el PP, en mayo de 2003, aprueba la ley de cumplimiento íntegro de las penas y crea el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria -que le cae a Bermúdez- él ya estaba intentado aplicar una idea: que no podía ser que un delincuennte social ordinario y un gran delincuente, terrorista o narcotraficante, con delitos y condenas muy diferentes, tuvieran el mismo tratamiento en las redenciones ordinarias y en los permisos carcelarios. Y ha revelado que en esas fechas los políticos no le llamaban por teléfono -“no se atrevía a llamarme ningún político”, ha asegurado-, aunque sí le “llegaban las campanas por otro lado, pero eso es otra cosa”, dice.

“Sin impulso político”

“No he tenido impulso político en mis actuaciones”, ha zanjado en una sesión en la que tanto el magistrado como la letrada se han interpelado, cuidando las formas, y el público ha podido intervenir, preguntar e incluso discutir con ambos dos sobre la aplicación de la Parot y otros temas jurídicos y penitenciarios. De hecho, Izko ha intentado en todo momento hacer lecturas políticas de lo que suponer la sentencia de Estrasburgo y de lo que supuso la resolución de la Audiencia Nacional y luego del Tribunal Supremo que alumbró y ratificó, respectivamente, la no excarcelación de los presos en los tiempos previstos y la retroactividad de su decisión. Algo que ahora Europa ha tumbado definitivamente. Lo cual dejó a numerosos reclusos en prisión durante más de cinco y seis años, los mismos que ahora están siendo excarcelador por orden de la Audiencia Nacional entre las críticas de las víctimas y de los sectores más conservadores de la sociedad española.

Gómez Bermúdez ha defendido con argumentos e interpretaciones jurídicas la doctrina que acaba de tumbar el tribunal de Estrasburgo, pero también ha subrayado que la Audiencia Penal ha “actuado impecablemente” al excarcelar a los presos de ETA y al resto de reclusos a los que se les habia aplicado ilegalmente la doctrina. “Las sentencias, no hay que respetarlas, que me parece una chorrada, hay que aplicarlas y punto”, ha sostenido firmemente el magistrado de la Audiencia Nacional, frente a las voces que han exigido el no cumplimiento de la resolución sobre Inés de Río del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo.

“Yo no tengo ningún interés que de que nadie se pase 30, 20 o 40 años en la cárcel”, ha señalado el magistrado, para desmentir a los que le acusan de pretender una especie de “ley del Talión”. De hecho, Bermúdez e Izko coincidieron es descalificar la prisión perpetua revisable que el PP ha planteado en su nueva reforma del Código Penal español y ambos han defendido que no hay ninguna duda de que hay que aplicar la resolución de Estrasburgo y que ésta supone de hecho el final de la doctrina Parot.

El debate, de guante blanco, pero intenso y muy vivo, ha finalizado al filo de las 13.30, cuando todos los asistentes se han hecho la foto de familia antes de ser recibidos por el diputado general de Gipuzkoa, el miembro de Bildu Martín Garitano. Y Gómez Bermúdez, ante la insistencia del público por la mariscada, ha señalado para terminar: “Lo de la mariscada es interpretable”, como si de una sentencia judicial se tratara o un artículo del Código Penal.

La presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Ángeles Pedraza, ha pedido hoy al Gobierno que elimine el Supremo tras la decisión del alto tribunal de avalar que la Audiencia Nacional y las audiencias provinciales revisen la sentencia del Tribunal de Estrasburgo sobre la doctrina Parot.

En declaraciones a Efe, Pedraza ha explicado que si el Supremo “no quiere mojarse” sobre la aplicación de la doctrina y “pasa la pelota” a las audiencias, entonces no ve necesaria su existencia.

“Si se quieren quitar de en medio, lo mejor es que desaparezca y al menos los españoles ahorraremos en sueldos”, ha aseverado la presidenta de la AVT que ha tachado de “incomprensible” la decisión del Alto Tribunal.

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha decidido que deberán ser las audiencias provinciales y la Audiencia Nacional, es decir, los tribunales sentenciadores, los que apliquen la reciente sentencia de Estrasburgo que anuló la doctrina Parot en el Caso de Inés del Río.

En este sentido, Pedraza se ha preguntado sobre “qué ha pasado para que el Supremo apoye la doctrina y ahora se la quite de encima, permitiendo que sean otros tribunales los que decidan”.

El planteamiento del Supremo, propuesto por el magistrado Miguel Colmenero, ha recibido un apoyo mayoritario de los dieciséis miembros de la Sala Penal.

Con esta decisión, el Alto Tribunal avala a la Audiencia Nacional en su reciente excarcelación de nueve presos de ETA.

Juan Luis Ibarra confía en que la sentencia del Tribunal de Estrasburgo se cumpla porque "culmina un sistema de garantías" del que los europeos pueden sentirse "orgullosos".

El presidente Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Juan Luis Ibarra, ha asegurado con relación a la sentencia del Tribunal de Estrasburgo sobre la conocida como 'doctrina Parot' que solo queda cumplirla “con lealtad institucional”. “Los tribunales deben cumplir con lealtad y no eludir la sentencia”, que anula la 'doctrina Parot'. Instantes antes de entrar a una ponencia en el Parlamento sobre la regulación de los clubes de cannabis en Euskadi. Ibarra ha dejado claro que “como presidente del TSJPV, como representante del poder judicial en el País Vasco y como ciudadano” espera que la sentencia se cumpla porque el Tribunal de Estrasburgo “culmina un sistema de garantías” del que los europeos pueden sentirse “orgullosos”.

“Hay que cumplir y no eludir los criterios establecidos en la sentencia. Hay que cumplirlos con lealtad institucional, es decir, no ir ni mas allá ni menos allá de donde la sentencia se ha colocado”, ha advertido. “Cuando el tribunal europeo dice su última palabra, como ha sido en este caso, los jueces deben convertirla en una realidad judicial”.

Para llegar a ese paso, ha recordado que se deben seguir unos procedimientos y unificar criterios, sobre los cuales precisamente se pronunciará hoy el Tribunal Supremo, como antes lo hizo la Audiencia Nacional.

El pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia ha ordenado la liberación de nueve recluso de ETA sin esperar a conocer el criterio que fijará el martes el Tribunal Supremo y con una mayoría de nueve votos frente a ocho.

El voto del presidente de la Sala de lo penal, Fernando Grande-Marlaska, ha inclinado la balanza.

La decisión de la Audiencia Nacional de excercelas a nueve presos de ETA afectados por la sentencia del Tribunal de Estrasburgo favorable a la etarra Inés del Río se va cumpliendo. Esta tarde ha salido ya de prisión Domingo Troitiño, que estaba cumpliendo condena en la prisión gallega de Teixeiro (A Coruña). El recluso de la organización terrorista salió del centro penitenciario poco antes de las cinco y media de la tarde. Le acompañaba media docena de amigos y familiares. Troitiño está condenado por el atentado de Hipercor en Barcelona.

El segundo preso de ETA que ha abandonado la cárcel es Juan Francisco Gómez López, que estaba recluido en la prisión de Basauri. Ha pasado unos 21 años encarcelado. Fue detenido en 1989 y condenado por pertenencia a banda armada, intento de asesinato y tenencia de explosivos. Gómez López ha salido sobre las cuatro y media de la tarde y se ha dirigido a la localidad vizcaína de Ortuella. Finalmente, también ha salido de prisión, en concreto del centro penitenciario de Daroca, Joseba Koldobika Artola

El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional había acordado a última hora de la mañana excarcelar a nueve etarras, entre los que se encuentra Domingo Troitiño, a los que se alargó su estancia en prisión después de que les aplicaran la 'doctrina Parot', según indicaron fuentes jurídicas. La decisión se ha adoptado contra todo pronóstico, con una intensa discusión jurídica y en contra también del criterio manifestado por el Ministerio Fiscal. De hecho, la mayoría que se ha impuesto hoy entiende que incluso con el criterio defendido por el fiscal sobre las redenciones (antes y después de 2006), los nueve presos habrían obtenido su licenciamiento definitivo.

Cuatro horas de reunión

El Pleno, que se ha reunido durante más de cuatro horas, ha adoptado esta medida con el voto a favor de nueve magistrados y la oposición de los ocho restantes. El empate se ha deshecho con el voto del presidente de la Sala de lo Penal, Fernando Grande-Marlaska.

Los jueces han decidido estudiar las primeras peticiones de libertad planteadas por las defensas de 52 etarras que reclamaron su excarcelación en aplicación de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo, sobre la etarra Inés del Río, sin esperar al Tribunal Supremo, que debatirá este asunto el próximo día mártes.

Además de Gómez López, Artola y Troitiño, están afectados por la decisión de la Audiencia Nacional Jon Koldo Aguinagalde Urrestarazu, Luis María Azkargorta Belategi, Isidro María Garalde Bedialauneta, Jokin Mirena Sancho, José Ignacio Urdiain Ciriza y Elías Fernández Castañares. La mayoría de la Sala entiende que a estos nueve presos no les afectaría la interpretación realizada por el Ministerio Fiscal en relación con la aplicación de las redenciones antes o después de 2006.

Una de las muchas ventajas de vivir en democracia es que el organismo gubernativo encargado de mirar por el cumplimiento de la ley ya no se llama ministerio de Gracia y Justicia, en el que se anteponía la discrecionalidad de la gracia a la búsqueda de la Justicia. Ahora, superada la Edad Media (que terminó en España en 1978) parece que la tendencia es aplicar la letra de la Ley, a todos los justiciables por igual y nunca con carácter retroactivo. Aunque los reos sean criminales de la peor especie, como los etarras que van a salir de la cárcel una vez cumplida la sentencia que se les impuso por asesinar a tantas criaturitas y dejar inválidas de cuerpo y alma a muchas más.

Y no lo digo por salvarles a ellos, sino por salvarnos a nosotros mismos, que mucho nos ha costado llegar hasta aquí para que la Brunete mediática, la Brunete judicial o la acorazada Brunete propiamente dicha decidan a voluntad cuál debe ser el castigo a imponer en cada caso. Que si por ellos fuera, además de reinstaurar la pena de muerte, también estarían penadas las huelgas, las manifestaciones públicas y hasta los pensamientos impuros. Y mucho más quienes osaran quemar una bandera (de España, por supuesto) o se atrevieran a denunciar que en el PP se lo llevan crudo, como ya le ha pasado al juez Garzón.

Para nosotros lo agudo

Y especial cuidado deberíamos tener los andaluces, que aquí lo de la Gracia y la Justicia (gracia para la derecha, Justicia para la izquierda) ya se está pareciendo peligrosamente a la Ley del embudo, que para ellos lo ancho y para nosotros lo agudo. Y si no, ahí tenemos el caso de la ex alcaldesa de Jerez, la socialista Pilar Sánchez, a la que la Fiscalía le pide tres años de cárcel por desviar fondos del Plan E a pagar los sueldos de los empleados del Ayuntamiento. El mismo caso sucedió en La Línea, con una diferencia: el alcalde era del PP, por lo que el Estado ha aceptado un cómodo plan de pago para desfacer el entuerto.

Por no hablar de Magdalena Álvarez, ex consejera y ex ministra, imputada en el caso de los ERE por no darse cuenta de que unos chorizos del PSOE también se lo estaban llevando calentito, y a la que el ministro de Economía quiere echar de su puesto en el Banco Europeo de Inversiones por ser una presunta. Igualito que lo que está haciendo el PP con una decena de sus parlamentarios valencianos -todos aforrados- a los que mantiene en su puesto a pesar de estar imputados e incluso juzgados. O con el inefable Juan Martín Serón, al que despidió en olor de multitudes (efectivamente, olía a podrido) tras ser condenado por ladrón, prometiéndole que dentro de un año volverá a ocupar su puesto como alcalde de Alhaurín.

Todo ello sin ir más lejos, que si vamos, ahí tenemos al Gobierno de Rajoy, que insiste en aplicar la Ley de Amnistía cuando se trata de perseguir a los torturadores franquistas. Una ley de punto final que se convierte en Ley de punto y seguido cuando indulta a policías condenados por torturas, que una hostia bien dada hasta nos puede venir bien. Muy poca gracia y mucha menos Justicia.

Aunque me gustaría -y a ustedes también- aplicar las leyes de forma más dolorosa para los etarras y aboliría algunas otras que me afectan de manera especial (sobre todo la ley de la gravedad), debo tener cuidado con mis deseos, no vaya a ser que un día me dé por hacerle un gesto obsceno a la estatua al fascismo que hay en Granada y acaben aplicándome la doctrina Parot. O la doctrina del padre Ripalda, que no sé qué sería peor.