Euskadi reorienta su plan de convivencia hacia la gestión de la “diversidad” aunque asume que hay “asignaturas pendientes” a pesar del final de ETA

Tres años después de la disolución de ETA y diez después que cesara en su actividad, Euskadi tiene “asignaturas todavía pendientes” en esa gestión del posterrorismo pero enfoca ya su futuro a incorporar también nuevos retos que para la “convivencia” genera la “diversidad” de la nueva sociedad, incluso en lo sexual, en lo religioso o en lo identitario. El tercer plan de la tercera legislatura de Iñigo Urkullu ya no es un “plan de paz”, como se bautizó el primero, para el período 2013-2017, y pasa a ser un documento más amplio sobre “convivencia, derechos humanos y diversidad” en el que también se mencionan algunos cambios motivados por la COVID-19, como la situación de vulnerabilidad de las personas mayores. El documento, de 37 páginas, se llama 'Udaberri 2024', 'primavera' en euskera para resaltar también el “color” y el “brillo” de la nueva etapa. Ha sido presentado este viernes en Vitoria por la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, y por el viceconsejero de Derechos Humanos, Memoria y Cooperación, José Antonio Rodríguez Ranz. Y llega a cuatro días de que el Ministerio del Interior inaugure en Vitoria el Memorial de las víctimas del terrorismo, un acto que estará presidido por el jefe del Estado, el rey Felipe VI.

El texto parte de la “esperanza” que ha acarreado “el fin del ciclo de la violencia terrorista”. No obstante, identifica varios puntos todavía “prioritarios”. El primero es el del “reconocimiento institucional y social” de las víctimas. Y se habla de “todas” las víctimas. No puede haber “equiparaciones” pero tampoco “exclusiones”. Sobre las de ETA se toma como base un documento acordado hace unos meses en el seno del Consejo Vasco de Participación. Sobre las de la violencia policial, se incide en que a finales de junio, coincidiendo con el día contra la tortura, se realizará un primer acto público para el resarcimiento de las personas que la comisión de valoración surgida al amparo de la nueva ley de reconocimiento vaya ya considerando como afectados por la vulneración de derechos humanos. Se estima que serán una treintena del período de 1978 a 1999 y se sumarán a las 187 del período 1960 a 1978, ya amparadas por un decreto del Gobierno de Patxi López. Se incide en que el reconocimiento como víctimas ha de ser “legal” pero también “simbólico”, por lo que se propone la erradicación de los homenajes a presos de ETA cuando son excarcelados, los conocidos como 'ongi etorri'.

Se fija también como objetivo el de lograr una “memoria compartida sustentada en una reflexión crítica del pasado”. “Una memoria de memorias que incluya todas las miradas, todas las experiencias, todos los hechos, por muy duros que éstos sean. Una mirada no selectiva, de 360 grados. Una mirada que acoja el sufrimiento de 'los míos' y también de 'los otros'”, se puede leer en el documento, que cita experiencias positivas como los encuentros restaurativos de la 'vía Nanclares' entre víctimas y victimarios -que cumple su décimo aniversario- o foros que han reunido a familiares de asesinados por diferentes bandas terroristas. No obstante, la ponencia de paz creada en el Parlamento Vasco en pasadas legislaturas precisamente con este fin no ha terminado de dar sus frutos y lleva años encallada. En un primer momento se logró un 'suelo ético' pero el regreso de la izquierda abertzale a la Cámara hizo que planteara sus exigencias y que el PP abandonara esta comisión.

El Gobierno tiene depositadas muchas esperanzas en el Instituto de la Memoria (Gogora). En su consejo de administración se sientan representantes de los cinco grupos parlamentarios de la Cámara, PNV, EH Bildu, PSE-EE, Elkarrekin Podemos-IU y PP+Cs. Solamente no participa Vox, que forma parte del grupo Mixto en el Parlamento y no tiene derecho a ello. Artolazabal, Ranz y su equipo, además, se han esforzado en los últimos días -y continuarán haciéndolo en las próximas semanas- en presentar el documento a partidos, agentes sociales y medios de comunicación. Se insiste mucho también que la parte de víctimas viene consensuada ya del documento presentado en marzo con el consenso de AVT, Covite u otras asociaciones. En él, se plantea incorporar voces de terroristas arrepentidos en las aulas y retomar los encuentros entre presos y víctimas, entre otras medidas. Las fuentes consultadas destacan también que es un plan de Gobierno, es decir, avalado por los dos partidos de la coalición, PNV y PSE-EE, e inspirado en el programa conjunto. Sin elecciones en el horizonte en 2021 y 2022, se aprecia un clima “más propicio” para tejer complicidades en esta materia.

La tercera pata de este escenario de gestión del final de ETA es la “normalización de la política penitenciaria” que se aplica a los presos de esta organización. “Deconstruir la cultura de la excepcionalidad y el corpus penal, procesal y penitenciario de excepción” y dar pasos hacia la “humanidad, proporcionalidad y resocialización” supondría una puerta abierta a la “consolidación de la paz”. El plan entiende que “el Estado de Derecho está legitimado para hacer frente a los delitos de terrorismo” pero añade que “la lucha antiterrorista propició 'de facto' un endurecimiento de la legislación penal y penitenciaria”. Añade también que plantear que las personas presas sean “sujetos de derechos” no implica “en ningún caso” un “alineamiento con sus postulados ideológicos”.

En este debate se cuela la reciente firma de la transferencia de la gestión de las Prisiones vascas, que se hará efectiva desde el 1 de octubre. Fuentes del Ejecutivo indican que no pecan de ingenuidad y que conocen que hay sectores políticos que lo están interpretando como un paso más en los acercamientos de presos de ETA. El Gobierno vasco insiste en que la política penitenciaria como tal seguirá siendo legislada por el Estado y que los traslados tampoco serán potestad autonómica. Eso sí, se incide en que el “desarrollo” de la transferencia permitirá cimentar una “nueva estructura de oportunidad” para un “modelo penitenciario propio” con “enfoque restaurativo” y más “resocialización”. Euskadi ya plasmó sus objetivos -para todos los reclusos y no solamente para los terroristas- en otro documento.

A partir de ahí, el plan incorpora otros objetivos, como la asunción de que hay derechos humanos “emergentes” vinculados a lo social o lo medioambiental o que Euskadi tiene que estar bien posicionada internacionalmente en los foros sobre derechos humanos -se alude a que en 2021 se cumplen diez años del programa de protección y acogida de activistas perseguidos en sus países-. No se orilla la amenaza yihadista pero sí se critica el enfoque de “guerra contra el terror” o “securitización”. Se plantea la gestión de la diversidad también en materia de migraciones y religión o incluso en lo tocante a los derechos LGTBI, del pueblo gitano, de las personas mayores o de quienes tienen problemas de diversidad funcional. Hay iniciativas variadas como la reconversión del observatorio Ikuspegi -centrado en migraciones- para temas de diversidad, la redacción de ley integral de igualdad de trato y no discriminación -aunque no antes de 2023-, la estrategia vasca del pueblo gitano, la modificación de la ley de reconocimiento de las personas transexuales o, con carácter más inminente, la prometida desde hace años ley de centros de culto.

El Gobierno defiende esta amplitud de enfoques del plan, con temas muy variados, porque el “nexo común” son los derechos humanos y porque precisamente se ha creado una macrocartera con Artolazabal al frente que abarca materias muy diversas como Igualdad, Servicios Sociales, Familia, Juventud, Mayores, Migraciones, Justicia, Prisiones o Víctimas. “En los años 20 del siglo XXI, esto significa convivencia en la diversidad. Diversidad entendida no como un imperativo que estamos condenados resignadamente a aceptar y gestionar. Diversidad entendida hoy como fundamento de una sociedad plena de derechos, como un valor añadido. Diversidad más allá de la no discriminación, del respeto, de la tolerancia o de la coexistencia. Diversidad vivida en términos de garantía de derechos para todas las personas, de igualdad de oportunidades, de convivencia y de plena interacción social”, concluye el nuevo plan.