La Marina Nacional de Senegal informó este jueves de que rescató a 139 migrantes y un bebé recién nacido de un cayuco que llevaba once días a la deriva en el océano Atlántico.

Según el comunicado de la Armada, la embarcación había partido desde Gambia y los supervivientes fueron desembarcados en la Base Naval Almirante Faye Gassama, en Dakar, capital de Senegal, y puestos a disposición de las autoridades.

Las travesías en embarcaciones precarias desde la costa de África occidental hacia las Islas Canarias o el norte de África son frecuentes y conllevan altos riesgos para quienes tratan de emigrar de forma irregular, especialmente cuando las embarcaciones permanecen varios días a la deriva en el océano.

La ruta migratoria desde la costa africana hasta Canarias, conocida como ruta atlántica, es considerada una de las más peligrosas del mundo, con miles de fallecidos cada año.

Según el informe anual Monitoreo Derecho a la Vida 2025, de la ONG española Caminando Fronteras y presentado a finales de diciembre de ese año, 3.090 personas fallecieron o desaparecieron intentando llegar a las costas españolas desde las distintas rutas.

La ruta Canaria continúa siendo la más letal con 1.906 víctimas registradas en 2025, aunque se observó un descenso significativo respecto a las 10.457 víctimas de 2024.

Hace justo un año, el 29 de diciembre de 2024, Mamouth Bakhoum murió ahogado en el río Gaudalquivir cuando trataba de huir de una patrulla de agentes de la Policía Local. Una fecha marcada en el calendario para su familia y compatriotas que, a lo largo de estos meses, han buscado respuestas por parte de una justicia que se contradice. Mientras la Audiencia de Sevilla conminó la causa definitiva a la “conducta” del varón de 43 años, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía había apuntado a la actuación policial como causa del trágico suceso.

Ante esas resoluciones judiciales, Saliou Ndiaye, secretario general de la Asociación de Manteros de Sevilla y presidente de la Asociación de Senegaleses, reitera lo que pidió hace doce meses: una investigación imparcial. “La comunidad tiene una sensación de impotencia e incapacidad, porque se podría haber resuelto todo de otra manera”, señala en atención a este medio. En la ciudad viven sus hermanos, a quienes acompaña en el luto y a los que comprende en esa sensación de incredulidad, casi desencanto, cuando conocieron los autos de la justicia española.

Bakhoum tenía los papeles en regla y era el sostén económico de su esposa, su hija de un año y de sus padres. Vendía 34 camisetas falsas de equipos de fútbol en la Avenida de la Constitución y con dos atillos, apenas vio llegar a la Policía, huyó. Una carrera mortal de poco más de un kilómetro hasta dar con el muelle, donde se tiró al agua y, sin saber nadar y preso de la ofuscación y ansiedad del momento, feneció bajo las aguas. En el vídeo que se difundió, se observa a dos policías que, después de varios minutos, se zambullen para intentar localizarlo mientras los transeúntes que grabaron el momento comentaban “no se ve”, “es que no se ve”.

Denuncia a un parlamentario

La persecución de Bakhoum en aquella tarde de diciembre luego se trasladaría al cuadrilátero político. El pasado 4 de abril, dos agentes de la Policía Judicial entraron de paisano en el Parlamento andaluz y le notificaron al diputado de Adelante Andalucía, José Ignacio García, la denuncia por parte de la Fiscalía Superior por un supuesto delito de injurias a la Policía. ¿Por qué se daba tal trámite? El político había participado en una de las concentraciones que se organizaron en la capital hispalense a posteriori del fallecimiento de la víctima, donde cuestionó la actuación policial y agregó que era “un caso de racismo institucional, violencia policial y represión”.

De esta forma, la muerte de Mamouth llegó al Alto Tribunal de forma colateral. Los jueces no revisaron la actuación policial, sino la denuncia que interpuso la Fiscalía Superior contra el parlamentario. Por una parte, el TSJA avaló la libertad de expresión del diputado y desestimó los argumentos del fiscal, quien acusaba a García de haberse “extralimitado” en su censura a la hora de analizar la actuación los agentes. Al mismo tiempo, el juez ponente, Miguel Pasquau, hizo un relato muy crítico de los hechos y recordó que el senegalés, como otros manteros inmigrantes, falleció como consecuencia de una intervención policial, en un contexto social donde el extranjero sin papeles se encuentra en una situación muy vulnerable.

Se dio por válido el sobreseimiento que el juzgado había dado, no sin antes expresar que se trataba de “un legítimo, aunque a su vez criticable, ejercicio de la libertad de expresión por un diputado dando voz a una reivindicación de carácter político y protestando por una actuación de la policía local sin la que no se habría producido el trágico suceso”, decía textualmente el auto. Por su parte, la Audiencia de Sevilla determinó tres meses más tarde que la actuación de los agentes aquel 29 de diciembre fue “adecuada, prudente y diligente”. Así, se descartaba “indicio alguno” de la presunta comisión de un delito de homicidio imprudente por parte de los miembros del cuerpo de seguridad, tal y como denunciaba la representación legal de la familia de Mamouth.

En este sentido, cabe recordar que la titular del Juzgado de Instrucción 17, en un auto fechado el 15 de abril de este año, logró acceder a las cámaras de seguridad de la zona y describía la intervención de los agentes como “un cercamiento policial de la víctima en los bajos del puente” desde donde cayó al río y murió. Aun así, se desestimó el recurso de reforma y subsidiario de apelación contra el auto de 23 de enero por el que se acordó el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones.

“Racismo institucional”

Archivada la causa en agosto de este año, el diputado José Ignacio García reafirmó en declaraciones a este medio que el hombre había fallecido “en el marco de una actuación policial haciendo su trabajo, que era vendedor ambulante”. “Lo importante es que un caso de racismo institucional, violencia policial y represión va a quedar impune y, con este archivo, se le va a lanzar un mensaje muy peligroso a la Policía, que es el mensaje de la impunidad, de que pueden hacer cualquier cosa”, advirtió.

Un año más tarde, Ndiaye solo tiene una demanda: “Pedimos que se aclaren las causas de la muerte, aunque la justicia ha decidido cerrar el asunto y determinar que no lo habían perseguido”. “Se tiró por cuestión de sobrevivir, pero no han querido valorar tampoco las consecuencias de ello”, insiste. El representante de los manteros conoce de primera mano el contexto en el que viven sus compatriotas. Pese a las protestas y a la movilización ciudadana, advierte que viven con “un acoso constante” y continúan sometidos a las mismas trabas administrativas y legales con las que se encontraron una vez pusieron un pie en territorio andaluz.

En 2018 ya sucedió algo similar: el ciudadano senegalés Mame Mbaye Ndiaye, de 34 años, fallecía de un infarto en un calle de Lavapiés perseguido por varios policías municipales. Vendía perfumes en la Plaza Mayor, en el centro de Madrid, y su muerte provocó una respuesta vecinal multitudinaria. Más de 300 personas se concentraron casi al caer la noche en el barrio en protesta por la actuación policial y por la presión, denunciaban, que existían en la zona contra los manteros.

Sin embargo, la migración, como tema mediático candente, presente en cada tertulia política y el dardo más habitual entre los grupos parlamentarios, agrieta cada vez más a la sociedad. Prueba de ello es que, hace tan solo unos días, medio centenar de personas impedían la entrada a la parroquia Verge de Montserrat, como dispositivo gestionado por Cruz Roja, de una quincena de migrantes que habían sido desalojados de un instituto abandonado de Badalona, el B9. Sin saber a dónde ir, con temperaturas frías y sin recursos sociales, estas personas habían sido derivadas al centro que había acordado la Generalitat de Cataluña hasta encontrar una mejor alternativa.

“Hay quien quiere hacer ver que la migración como la causa del problema, y una vez que estás señalado, estás en boca de todo el mundo”, lamenta. Motivo por el que pide un ejercicio crítico por parte de las personas con las que convive en esta metrópoli, cuna de tantas culturas, para que su modus operandi se base en contrastar la información y verificar los datos, en vez de caer en la “manipulación”. Porque, “¿cuál es la voz más escuchada en los medios de comunicación?”, se pregunta, “ellos”, asiente, “aquellos que quieren ganar votos acusando solo a una parte, como los de Vox”.

Con el propósito de encontrar una solución a todo lo sucedido, desde la asociación se han intentado reunir con las instituciones políticas andaluzas. A pesar de los esfuerzos, “no se ha producido ningún efecto, no quieren hacer nada al respecto, a pesar de que está en sus manos”, añade. A la vuelta del período navideño, volverán a organizar otra protesta en recuerdo a la figura de Mamouth Bakhoum y con el fin de señalar y dejar patente la discriminación institucional a la que se enfrenta su colectivo día tras día.

Cuando 2024 expiraba en Sevilla murió un senegalés de 43 años que vendía camisetas de fútbol en la céntrica Avenida de la Constitución. Unos policías le persiguieron, como a otros compañeros, para denunciarles formalmente por su ilícita actividad de venta ambulante. Mamouth corrió más de un kilómetro, llegó huyendo hasta el río Guadalquivir, cercado por varios agentes y, presa del nerviosismo por su situación personal y un antecedente judicial, cayó al agua.

Hasta ahí unos hechos que nadie ha puesto en duda. Pero su muerte ha sido evaluada por varios tribunales con distintas concllusiones. Mamouth murió ahogado en el río pero, a ojos de jueces distintos, la causa de su muerte varía significativamente.

“La causa decisiva y eficiente de la caída al río y el posterior ahogamiento de Mamouth no está en la actuación de los agentes sino en la conducta de aquel”, ha sentenciado la Audiencia de Sevilla en un auto, archivando definitivamente la denuncia de sus familiares. Apenas tres meses antes, un auto del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dejó escrito otro relato de los hechos: “una actuación de la Policía Local sin la que no se habría producido el trágico suceso”.

La muerte de Mamouth llegó hasta el Alto Tribunal de forma colateral. Los jueces no revisaron la actuación policial, sino una denuncia de la Fiscalía Superior contra un parlamentario, el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, denunciado por un delito de injurias a la Policía, tras criticar duramente la actuación de los agentes que persiguieron al mantero senegalés.

El TSJA avaló la libertad de expresión del diputado y desestimó los argumentos del fiscal, que acusaba a García de haberse “extralimitado” en su censura contra los agentes. Pero, de paso, el juez ponente, Miguel Pasquau, hizo un relato muy crítico de los hechos y recordó que Mamouth, como otros manteros inmigrantes antes que él, falleció como consecuencia de una intervención policial, en un contexto social donde el extranjero sin papeles se encuentra en una situación muy vulnerable.

Para la Audiencia, la actuación de los agentes aquella tarde fue “adecuada, prudente y diligente”, descartando “indicio alguno” de la presunta comisión de un delito de homicidio imprudente por parte de los agentes como le achacaba la representación legal de la familia de Mamouth.

Para el TSJA, que no entró en el fondo del asunto y defendió igualmente la función policial, dando por válido el sobreseimiento que el juzgado había dado ya al caso, la persecución policial fue una condición sine qua non en la muerte del senegalés. Así lo expresó, de soslayo, al valorar las críticas a la Policía por la que fue denunciado el portavoz de Adelante Andalucía: se trata de “un legítimo, aunque a su vez criticable, ejercicio de la libertad de expresión por un diputado dando voz a una reivindicación de carácter político y protestando por una actuación de la policía local sin la que no se habría producido el trágico suceso”, decía textualmente aquel auto.

Los jueces del TSJA también defendieron que la expresión “violencia policial” “no puede considerarse injuria” porque “entra dentro del debate político” -“la función policial comporta violencia y represión (legítimas)”, subrayaron-; y recuerdaorn antecedentes similares a la muerte del mantero senegalés en Sevilla, como los casos de Mbolo Moye Doole (Bilbao) o Mame Mbayé (Lavapiés, en Madrid), que también fallecieron perseguidos por la Policía.

Una “ola reaccionaria”

El diputado que motivó aquella resolución del TSJA, José Ignacio García, comenta a este periódico, una vez publicada la noticia del archivo definitivo, que Mamouth “falleció haciendo su trabajo, que era vendedor ambulante, y falleció en el marco de una actuación policial”. “Lo importante es que un caso de racismo institucional, violencia policial y represión va a quedar impune y, con este archivo, se le va a lanzar un mensaje muy peligroso a la Policía, que es el mensaje de la impunidad, de que pueden hacer cualquier cosa”.

“Decir que la propia víctima es culpable de lo que pasó va contra el sentido común, pero también va contra lo que decía el TSJA en el archivo de la querella contra mí, donde venía a decir que sin la persecución por parte de la Policía no habría fallecido Mamouth, lo cual es algo de sentido común, es evidente”, señala en declaraciones a este medio.

“Esto no es un caso puntual. Y esto ahonda más en esta ola reaccionaria en la que a la Policía se le da total impunidad y acaban personas migrantes muertas. Una ola reaccionaria que inunda a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y también a los jueces. Y también lo relaciono con la persecución de la protesta, con la persecución de la lucha social, y se enmarca también en la querella que me pusieron, que por suerte y por sentido común quedó archivada con un auto que yo creo que es bastante contradictorio con lo que parece ser que han dicho los jueces de la Audiencia de Sevilla ahora”, apunta García.

“Responsabilidad política evidente”

Por otra parte, fuentes del Área de Migraciones de la Asociación Pro Derechos Humanos Andalucía (APDHA) en Sevilla lamentan y no comparten la decisión judicial adelantada por este periódico, la cual les parece “una muestra más del racismo institucional que existe en nuestro país”. “Hay que cuestionarse la subjetividad nacional, racial y cultural de los jueces y juezas a la hora de valorar hechos como los acaecidos en Sevilla. En este sentido, hay que señalar que el juez que decide sobre la muerte de Mamouth es español, blanco, pertenece a una determinada clase social y, además, forma parte de una corporación profesional privilegiada en el Estado español, aspectos que le hacen más cercano a los agentes de policía que persiguieron a Mamouth que al propio Mamouth”.

Según trasladan a este medio desde la APDHA, “el juez, a pesar de no ver ninguna responsabilidad por parte de los agentes, no se ha pronunciado ni ha cuestionado tampoco la orientación de este tipo de actuaciones policiales, que son claramente discriminatorias”. “El hecho de que no haya responsabilidad penal declarada por los jueces no puede suponer que este caso quede en el olvido y que se sigan desarrollando prácticas similares contra los manteros”.

“Porque más allá de la responsabilidad penal de los agentes cuyo proceder cuestionamos, creemos que sigue existiendo una responsabilidad política evidente por parte de quienes han ordenado tanto esta actuación concreta como otras similares, que suponen la criminalización de un colectivo vulnerable que intenta ganarse la vida como buenamente puede en nuestra ciudad. Porque solo la amenaza de prisión y sanciones y el hostigamiento policial que sufren los manteros explican que Mamouth se lanzase al río”, apuntan.

La APDHA considera “significativo que Mamouth muriera, perseguido por agentes de la Policía Local en el mismo lugar que siglos atrás era el foco de negocio de los esclavos en Andalucía. Deberíamos, cuanto menos, pararnos a pensar si a pesar del paso del tiempo aún seguimos consintiendo formas de discriminación que condenan a miles de personas a nuevas formas de exclusión e incluso de esclavitud”.

La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha decidido archivar definitivamente la investigación judicial por la muerte Mamouth Bakhoum, el senegalés de 43 años que trabajaba en la venta ambulante en la capital hispalense y que murió ahogado el pasado 29 de diciembre tras caer al río Guadalquivir a raíz de una persecución por parte de varios agentes de la Policía Local. “La causa decisiva y eficiente de la caída al río y el posterior ahogamiento de Mamouth no está en la actuación de los agentes sino en la conducta de aquel”, sentencia la Sala.

En auto fechado este 15 de julio, al que ha tenido acceso SevillaelDiario.es y contra el que no cabe recurso alguno, se acuerda desestimar el recurso de apelación interpuesto por la familia del fallecido contra el doble carpetazo en la fase instructora tanto en enero como en abril, y que ahora la Audiencia confirma “en su integridad” dada su “extensa y ajustada argumentación” con la que ya descartó la existencia de los delitos que planteaba la familia (un delito de imprudencia grave con resultado de muerte, o subsidiariamente un delito de imprudencia menos grave con resultado de muerte, así como de un delito de omisión del deber de socorro y de un delito de prevaricación).

La Audiencia repasa el ya conocido relato de los hechos hasta el momento en que Mamouth “se aproximó poco a poco a la zapata del río y, sin atender las advertencias de los agentes de que se tranquilizara y tuviera cuidado con sus movimientos, se agarró al noray de amarre, sin desprenderse de los hatillos, y se deslizó, ofreciéndole los agentes la mano para que se agarrara, cosa que no hizo, soltándose y cayendo al agua con los hatillos a las 16.29 horas”.

De todo ello “no se desprende indicio alguno de la presunta comisión de un delito de homicidio imprudente por parte de los agentes de la Policía Local que procedieron al seguimiento y al intento de detención de una de las personas que se dedicaban a la venta ambulante de material supuestamente falsificado”, dice el auto, zanjando que “la actuación de los agentes se considera adecuada, prudente y diligente”.

El “comportamiento arriesgado y peligroso de Mamouth”

Así resume el caso el auto: “Se trataba de una venta ambulante ilícita de productos presuntamente falsos, con lo que los agentes al perseguir e intentar detener a uno de los implicados en dicha venta se limitaron a cumplir su deber policial, siendo su actuación perfectamente legítima. En la conducta de los agentes de la policía local no se aprecia ni excesos, ni desproporción. Éstos se limitaron a rodear a la persona que perseguían, pidiéndole que se tranquilizara y que tuviera cuidado con sus movimientos, al tiempo que se le aproximaban, y fue él, quien sin atender a los requerimientos policiales, optó por seguir con su huida agarrarse al noray de amarre, sin desprenderse de los hatillos, que portaba, rechazando la mano que le ofrecieron los agentes, terminando por caer al río”.

Asimismo, la Audiencia insiste en que la actuación de los agentes “rodeando y acercándose a Mamouth no supone la generación de riesgo ilícito o prohibido, ni conlleva la omisión de un deber objetivo de cuidado en el ejercicio de su actuación policial”. “La causa decisiva y eficiente de la caída al río y el posterior ahogamiento de Mamouth no está en la actuación de los agentes sino en la conducta de aquel. El que Mamouth optase por agarrarse al noray de amarre sin desprenderse de los hatillos para evitar que los agentes le dieran alcance y que a continuación cayera al río y se ahogara no era un riesgo previsible, como tampoco lo sería que una persona en una persecución por la acera cruzase la calzada justo en el momento de pasar un vehículo por ella, y en todo caso, tiene su origen no en la conducta desplegada por los agentes sino en la decisión tomada por Mamouth”, ejemplifica el auto.

“El hecho de que éste pudiera encontrarse cansado por la huída y nervioso ante la posibilidad de que los agentes le dieran alcance y le intervinieran la mercancía, no permite achacar a los agentes el comportamiento arriesgado y peligroso de Mamouth, ni permite colegir que los agentes con su actuación generaran un riesgo ilícito o prohibido”, insiste la Audiencia, que añade que “no hubo omisión del deber objetivo de cuidado en el ejercicio de su actuación profesional por el hecho de perseguirle y rodearle”. “No cabe, por tanto, hablar de indicios de la comisión de un delito de homicidio por imprudencia por parte de los agentes de la policía local al no apreciarse el más mínimo atisbo de negligencia en su actuación”, señala el auto.

Por otra parte, “tampoco” entiende la Audiencia que exista “el menor indicio del delito de omisión del deber de socorro” ya que “hubo una inmediata prestación del socorro necesario y posible por parte de los agentes de la Policía Local. ”Es cierto que en el lugar de los hechos, al producirse la caída al río de Mamouth, había seis agentes de la policía local, pero resultaría absurdo exigir que todos ellos se hubieran lanzado al río, no solo por no ser operativo y el riesgo que conlleva tal acción, sino porque ya se habían lanzado dos compañeros para prestar el socorro debido a la víctima“, explica el auto.

Hechos, atestados, vídeos e informes

Por último, “la omisión que se denuncia, de haberse producido, de lo que no existe el menor indicio, no entendemos que integre el delito de prevaricación” al que también aludía la familia ya que “no existe el menor dato de que de forma consciente y voluntaria se hubiera omitido o se hubiera retrasado la llamada al 061, exigiendo el tipo penal que la conducta se lleve a cabo a sabiendas de la ilegalidad”. También señala el auto en ese punto que “los bomberos, tras rescatar a Mamouth B., le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y le realizaron un electrocardiograma siendo negativo, certificando su fallecimiento, con lo que el retraso en la llegada del 061 resultaría irrelevante”.

La Audiencia defiende el papel de la jueza instructora al acordar el sobreseimiento de las actuaciones “tras valorar jurídicamente los hechos denunciados, el examen de los atestados, los videos aportados y los informes médicos del fallecido, sin que aprecie motivo alguno para continuar con la tramitación de la causa y seguir practicando diligencias de investigación, al carecer los hechos de relevancia penal, con lo que la práctica de nuevas diligencias [como pedía la familia] solo prolongarían innecesariamente la instrucción, sin que tal decisión conlleve la lesión del derecho a la tutela judicial efectiva”.

Mamouth Bakhoum, el senegalés de 43 años que trabajaba en la venta ambulante en Sevilla, estaba “exhausto y sin saber nadar, no volvió a salir a flote” aquella fatídica tarde del pasado 29 de diciembre en la que fue perseguido por la Policía Local durante 1,6 kilómetros hasta ser víctima de un “cercamiento”, como la propia instructora ha reconocido, antes de caer al río Guadalquivir y morir ahogado.

Su familia, a través de su representación legal, confía en que la Audiencia Provincial reabra una investigación judicial que ya ha sufrido un doble carpetazo, ya que considera que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de imprudencia grave con resultado de muerte, o subsidiariamente un delito de imprudencia menos grave con resultado de muerte, así como de un delito de omisión del deber de socorro y de un delito de prevaricación.

Así consta en el recurso subsidiario de apelación, presentado contra el primer auto de archivo y al que ahora ha tenido acceso SevillaelDiario.es, que viene a concluir que “en la concatenación de riesgos producida por la conducta de los agentes, el riesgo de que toda la persecución provocara, dadas las circunstancias en que se produjo, la muerte del Sr. Bakhoum era altamente previsible”. La familia y la comunidad senegalesa de Sevilla ha venido insistiendo en numerosas movilizaciones en que las instituciones tienen responsabilidad en la muerte de Mamouth.

El recurso ya está tramitado desde hace tiempo pero, mientras la Audiencia lo estudia, el TSJA ha tomado en una importante decisión en una derivada de aquella trágica muerte: ha archivado la querella de la Fiscalía por las opiniones de un diputado andaluz respecto a aquellos hechos.

Los jueces, al margen de legitimar la libertad de expresión de José Ignacio García (Adelante Andalucía), entran de lleno en el debate abierto por el diputado, vislumbrando un profundo conocimiento y una clara empatía respecto a la situación de desprotección que padecen y denuncian los inmigrantes en este país, y los manteros en particular.

Los jueces del TSJA argumentan que la expresión “racismo institucional”, pronunciada por el diputado andalucista, “no es en absoluto un insulto ni una ofensa ni una injuria, sino un concepto político de muy larga tradición acuñado en la lucha contra las desigualdades por razón de raza, etnia u origen (...) utilizado reiteradamente como lema por los movimientos de apoyo al colectivo de inmigrantes que se dedican a la venta ambulante no autorizada (coloquialmente 'manteros') para criticar la consideración de tal actividad como delito y la política de represión de la misma. Es, digamos, equiparable a expresiones como ”Justicia machista“ o ”patriarcal“.

El auto resume el caso en una frase rotunda, donde concluye que sin la persecución policial la muerte del mantero senegalés no se habría producido: Se trata de “un legítimo, aunque a su vez criticable, ejercicio de la libertad de expresión por un diputado dando voz a una reivindicación de carácter político y protestando por una actuación de la Policía Local sin la que no se habría producido el trágico suceso”, concluye.

Pero, centrándonos en el recurso que ahora analiza la Audiencia, según el relato de los hechos de la familia (que, salvo matices, es coincidente con lo expuesto por la jueza instructora del caso), hubo por parte de los agentes “falta de previsión del riesgo” que “una persecución de tan larga duración podría provocar en el estado físico” del senegalés. “Al acercarse a él, una vez alcanzado, los agentes debieron prever la posibilidad de que tratara de colgarse del puente, como efectivamente hizo. Especialmente, cuando este se colgó del puente para escapar de sus captores, la previsión del riesgo debió haberse agudizado, pues ambos pudieron prever que una persona agotada, cargada de bolsas, podía caer con facilidad al agua”, expone el recurso contra el auto de 23 de enero por el que se acordó el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones.

“El grado de previsibilidad de la situación de riesgo resultaba más que representable al constatar que el Sr. Bakhoum llevaba varios kilómetros huyendo de los agentes y no hizo ademán de entregarse en el puente; la posibilidad de que se colgara de este se hizo más que evidente cuando lo rodearon y no se entregó, y finalmente resultó perfectamente constatable cuando se colgó de este, sin que los agentes depusieran su actitud ni hicieran nada por ayudarle”, detalla la familia en el extenso escrito sobre el que ahora deberá decidir la Audiencia de Sevilla.

“Extremo agotamiento”

Lo último que ha dicho la jueza es que “de lo actuado hasta la fecha, no consta ni tan siquiera indiciariamente esa relación de causalidad que se invoca, entre la persecución y cercamiento policial de la víctima en los bajos del puente y la caída al río de esta tras agarrarse al poste de amarre y deslizarse, falleciendo por ahogamiento, basada tan sólo en simples conjeturas sobre el modo de producirse los hechos y sobre la supuesta previsión del resultado por los agentes, al hallarse la víctima agotada por la larga persecución y por ir cargada con los hatillos, lo que según la recurrente aumentaba el riego de caer con facilidad al agua, manifestación no avalada en dato objetivo alguno”.

Bakhoum fue perseguido por los funcionarios de policía local desde la Avenida de la Constitución hasta el Muelle de Nueva York, aproximadamente una distancia de 1,6 km. Según su familia, “no pudo luchar por su vida, bien porque, efectivamente 'no sabía nadar', bien porque, previsiblemente, su condición física en ese momento, después de haber huido durante 1,6 km y tras colgarse del noray de amarre sujetando las dos bolsas con las manos, era de extremo agotamiento”.

Su representación legal no oculta que el senegalés había sido condenado en diciembre de 2022 por un delito de atentado y dos de lesiones por unos hechos muy similares a los ocurridos ahora dos años más tarde, con indicios de comisión de delitos contra la propiedad intelectual/industrial. En el atestado levantado en aquella ocasión, se hace mención a que cuatro días antes Bakhoum había sido denunciado por delitos contra la propiedad intelectual/industrial en atestado anterior a ese. “Estos hechos confirman la probabilidad de que la Unidad de Policía Turística de la Policía Local del Ayuntamiento de Sevilla, a la que pertenecían los agentes que requieren la identificación del señor Bakhoum el pasado 29 de diciembre y que inician su persecución, lo conocieran con antelación a esos hechos y, por lo tanto, tuvieran también conocimiento de sus antecedentes penales”.

La familia del senegalés fallecido considera que estaríamos ante “una acción voluntaria no intencional o maliciosa por parte de los agentes” que participaron en el acto final de la persecución “contra un conjunto de individuos de los que los agentes sospechaban que podían estar realizando venta ambulante no autorizada”. “No son los dos agentes presuntamente implicados en el acorralamiento de la víctima quienes intentan agarrarle y luego rescatarle, sino solo uno de ellos”, detalla el escrito.

“Como consecuencia de la conducta de los agentes”

A su juicio, “cabía prever la posibilidad de que el cercado no desistiera de su intento de fuga, habida cuenta de las implicaciones que para él podía suponer la entrega voluntaria: no solo una detención o una infracción administrativa, circunstancias ambas que condicionarían sus posibilidades de regularización administrativa de manera determinante, sino también la pérdida de los bienes que portaba, hecho relevante si se tiene en cuenta la precaria condición económica de quien se ve obligado a vender productos en la calle sin licencia”.

“No resultaba difícil contemplar la posibilidad de que el Sr. Bakhoum intentara huir, ni tampoco la de que lo hiciera, estando acorralado donde lo estaba, colgándose por el puente. De hecho, la constancia a través de las comparecencias en los dos atestados policiales de los llamamientos a que 'se tranquilizara' indica con claridad que los agentes percibían su nerviosismo y desesperación, así como percibieron su intención de no entregarse voluntariamente”, recoge el escrito.

“La actuación realizada por los agentes resultaba peligrosa, no permitida y al margen de las técnicas de detención que pudieran contemplarse en los diferentes protocolos policiales”, teniendo en cuenta que “en su deber objetivo de cuidado se les exigía la adopción de las medidas necesarias para no crear un peligro de muerte para el sujeto pasivo de su acción. Pero no las llevaron a cabo, sino que fueron las empleadas las causantes, por exceso, de la muerte”.

“Se trata de funcionarios policiales y los hechos se refieren a una detención en la que intervienen con un modus operandi peligroso causante de la muerte”, dice el escrito, que apunta que “los funcionarios estaban formados, debían estarlo, en el protocolo de detención/retención de una persona acorralada. Son agentes de la policía local, profesionales cualificados con exigencia de conocimiento de las técnicas de detención o reducción de personas que puedan ejercer una resistencia a una detención y con una preparación exigible acerca de cómo deben actuar y cómo ”no deben actuar“. No eran un particular que actuara con desconocimiento de técnicas de detención. Sabían hasta dónde podría llegar y del riesgo de que sucediera lo que sucedió, tal y como se produjeron los acontecimientos. Existió la infracción de un deber de cuidado interno”.

En resumen, “se produjo el resultado nocivo, concretamente, la muerte del Sr. Bakhoum, ahogado en el río Guadalquivir, como consecuencia de la conducta de los agentes (persecución previa, que agotó las capacidades físicas del Sr. Bakhoum y cercamiento en torno a la orilla del río en el muelle, en situación desesperada), con conocimiento del peligro o sin él, como causa eficiente de la reacción de la víctima, y, con ella, la producción del resultado lesivo”.

Segundo carpetazo judicial a la muerte de Mamouth Bakhoum, el senegalés de 43 años que trabajaba en la venta ambulante y que murió ahogado en el río cuando trataba de huir de unos agentes de la Policía Local de Sevilla. La titular del Juzgado de Instrucción 17, en un auto fechado este 15 de abril, ha desestimado el recurso de reforma y subsidiario de apelación contra el auto de 23 de enero de 2025 por el que se acordó el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones.

La familia de la víctima, que considera que loshechos pueden ser constitutivos de un delito de imprudencia grave con resultado de muerte, o subsidiariamente un delito de imprudencia menos grave con resultado de muerte, así como de un delito de omisión del deber de socorro y de un delito de prevaricación, tiene previsto acudir a la Audiencia Provincial para continuar recurriendo e insistir en que las instituciones tienen responsabilidad en la muerte de Mamouth.

“De las diligencias de investigación practicadas sobre las circunstancias en que se produjo el fallecimiento de Mamouth Bakhoum, tras su ahogamiento en el río Guadalquivir, al que cayó tras la huida y persecución por parte de agentes de la policía local que lo sorprendieron en la Avenida de la Constitución, junto a otros vendedores, ejerciendo la venta ambulante de productos presuntamente falsificados, no se desprende la existencia de base indiciaria para proseguir la imputación por delito de homicidio bajo imprudencia grave o menos grave”, zanja el auto, al que ha tenido acceso SevillaelDiario.es.

La jueza se basa en los atestados de la propia Policía Local, de la Policía Nacional, del grupo de homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial, y en las declaraciones de testigos a presencia policial y visionado de las imágenes captadas por las distintas cámaras de seguridad para asegurar que “los únicos datos objetivos evidencian que se produjo una intervención policial en las inmediaciones de la Avenida de la Constitución contra personas que se hallaban ejerciendo la venta ambulante de productos presuntamente falsificados, produciéndose una dispersión de los vendedores en dirección al Paseo Colón, accediendo algunos de ellos a los bajos del muelle de Nueva York, en dirección al muelle de las Delicias”.

En ese punto del relato dice que el auto que a la altura de la Glorieta de los Marineros, cuatro agentes “observaron a la víctima con dos hatillos andando por el muelle de las Delicias, por lo que accedieron a pie por el muelle de Nueva York y le siguieron para interceptarlo”. “Simultáneamente” otros dos agentes accedieron en vehículo por la Avenida Santiago Montoto hasta la entrada del Puerto de Sevilla, continuando a pie. Al llegar a la zona inferior del restaurante Maquiavelo, “Mamouth detuvo su marcha al observar la presencia de los agentes e hizo amago de volverse, si bien al comprobar que los cuatro primeros agentes caminaban hacia él desde la oposición opuesta a los otros dos agentes ”se aproximó poco a poco a la zapata del río y sin atender las advertencias de los agentes de que se tranquilizara y tuviera cuidado con sus movimientos, se agarró al noray de amarre, sin desprenderse de los hatillos, y se deslizó, ofreciéndole los agentes la mano para que se agarrara, cosa que no hizo, soltándose y cayendo al agua con los hatillos“. Acto seguido, dos de los agentes ”tras quitarse los chalecos antibalas, los zapatos y los cinturones se tiraron al agua, realizando varias inmersiones sin llegar a encontrar a la víctima. Personado el cuerpo de Bomberos doce minutos después procedió a la búsqueda del cuerpo“.

Tras ese relato dice la jueza que “de lo actuado hasta la fecha, no consta ni tan siquiera indiciariamente esa relación de causalidad que se invoca, entre la persecución y cercamiento policial de la víctima en los bajos del puente y la caída al río de ésta tras agarrarse al poste de amarre y deslizarse, falleciendo por ahogamiento, basada tan sólo en simples conjeturas sobre el modo de producirse los hechos y sobre la supuesta previsión del resultado por los agentes, al hallarse la víctima agotada por la larga persecución y por ir cargada con los hatillos, lo que según la recurrente aumentaba el riego de caer con facilidad al agua, manifestación no avalada en dato objetivo alguno”.

Por otra parte, “no resultan indicios suficientes como para concluir la existencia indiciaria seria, efectiva y sólida del ilícito penal de omisión del deber de socorro” ya que “de la causa se desprende que” dos policías locales “acudieron de forma inmediata en auxilio de la víctima, arrojándose al río un minuto después de caer al agua Mamouth, tras quitarse los chalecos antibalas, los zapatos y los cinturones, realizando hasta seis inmersiones para recatarlo sin éxito”.

“De otro lado, no hay indicios bastantes para considerar que los hechos denunciados puedan constituir el delito de prevaricación administrativa en su suerte de comisión por omisión, al haberse omitido de manera deliberada el protocolo para casos de emergencias”, rechaza también el auto.

“La inacción denunciada -omisión del protocolo de emergencias- no alcanza entidad criminal, fundamentalmente por dos razones. Primero, porque no se advierte un interés o beneficio propio para los agentes que intervinieron en los hechos. Segundo, para la prevaricación no basta con la mera ilegalidad, sino que es preciso un plus de antijuridicidad, tanto si se trata de actividad reglada como discrecional, porque así lo exige el principio de intervención mínima, que impide poner en marcha el derecho penal ante cualquier alteración o desviación de la actividad administrativa. El recurso no concreta ese necesario plus”.

Las diligencias instadas por la familia de Mamouth (testificales y oficios a la Policía Local del Ayuntamiento de Sevilla, entre otras) “se consideran innecesarias e inútiles a la vista de las diligencias de investigación practicadas que permiten descartar la posible apreciación de base indiciaria para mantener la imputación por delito de homicidio imprudente, omisión del deber de socorro y prevaricación que justifique la continuación del procedimiento”, concluye el auto.

“No somos héroes, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Lo que tenemos son valores que enseñaban unos padres desde Senegal”. Emocionado y tras un larguísimo agradecimiento en el que no se dejó a nadie, Magatte N'Diaye quitaba mérito a la “admirable” acción que los convirtió, a él y a su amigo Ibrahima Diack, en hijos adoptivos de A Coruña por unanimidad de toda la corporación municipal: su intervención para tratar de poner fin, sin conseguirlo, a la paliza mortal que acabó con la vida del joven Samuel Luiz el 3 de julio de 2021. “De aquel inferno que aún nos duele como ciudad surgieron dos figuras admirables que estamos homenajeando aquí”, resumió la alcaldesa, la socialista Inés Rey.

En un abarrotado salón de plenos, en el que además de los representantes institucionales y las ONGs tenían un lugar preferencial las amigas y amigos de Samuel Luiz y los compatriotas de Magatte e Ibrahima, Rey comenzó su discurso en francés, lengua natal de los dos marineros, para alabar una “solidaridad sin fronteras”.

“Durante la paliza mortal, sólo un par de personas acudieron en ayuda de la víctima”, recordó la alcaldesa. “Fueron, además, los que más tenían que perder con esa actuación”, ya que en aquel momento se encontraban en España en situación irregular. Aún así, “no dudaron en jugarse el cuerpo”, lo que los llevó a “recibir algún golpe” al intentar auxiliar a Samuel “cuando ya estaba en el suelo, cubierto de sangre”.

Esa actitud fue reconocida por el Gobierno al concederles los papeles “de forma extraordinaria” por su “compromiso ciudadano, demostración de humanidad y civismo encomiables”. “No pudieron salvarlo, pero sí ejercieron como salvadores de la bondad, altruismo puro”, añadió la regidora rememorando el día en el que A Coruña “padeció una cacería humana” por “la animadversión a la condición homosexual” de la víctima.

“Ni la violencia ni la homofobia tienen cabida en nuestra sociedad”, afirmó antes de distinguir entre “la falsa valentía del agresor y la honrosa valentía del solidario”. Por todo ello, “Ibrahima y Magatte cuentan con el agradecimiento eterno de A Coruña, quedando ya en su historia y simbolizando también una propuesta de convivencia y futuro”. 

“Si una persona necesita ayuda, te tienes que plantar”

“Si las semillas son valores, lo que crece son valores”, respondió Magatte, el primero en intervenir tras recibir las placas acreditativas de su condición de hijos adoptivos. “Desde la pobreza, nuestros padres, en la dureza de la vida de senegal plantaron y cultivaron en nosotros valores y por eso estamos aquí”. “Si plantas arroz, no vas a cosechar yuca”, refrendó su compañero Ibrahima, quien insistió en la importancia de la educación, como la que le dieron en su casa: “Si ves a una persona que necesita ayuda, sea lo que sea, te tienes que plantar”, afirmó ante el aplauso de los asistentes.

Antes, la alcaldesa había recordado los lazos entre la ciudad y el país africano. Los dos marineros crecieron “cerca” de la Escuela Coruña, abierta en Senegal hace 22 año por la ONG Ecodesarrollo Gaia. Desde la primera fila del público, sentado al lado de las amigas de Samuel que se agarraban las manos con fuerza, el impulsor de la entidad, el histórico activista Guillermo Fernández-Obanza, contemplaba la escena emocionado, abrazado a su eterno bastón.

Ibrahima y Magatte son los únicos africanos que forman parte del selecto grupo de hijos adoptivos de A Coruña. Inaugurado en 1868, ese listado suma 44 nombre. Entre los últimos estaban José Antonio Villamor y Rodrigo Maseda, dos de los tres policías nacionales conocidos como Os Heroes do Orzán, la playa coruñesa donde murieron intentando rescatar, sin éxito, al joven Tomas Velicky. El tercero de los agentes fallecidos, Javier López López, fue reconocido como Hijo Predilecto, ya que era natural de la ciudad.

El pasado 8 de enero, la Audiencia Provincial de A Coruña condenó a cuatro de los cinco acusados por el asesinato de Samuel Luiz. Las penas van de los 10 a los 24 años de cárcel. La condena más larga fue la de Diego M.M., quien inició la agresión aquella madrugada. La Justicia lo considera culpable de asesinato con la agravante de discriminación por motivos de orientación sexual. En el juicio los testigos coincidieron en que antes de empezar a golpear a la víctima le dijo: “Para de grabar, a ver si te voy a matar, maricón”.

Una operación quirúrgica hace diez años, en el por entonces recién estrenado Hospital Universitario Central de Asturias, fue lo que vinculó para siempre, aunque él aún no lo sabía, a Michel Gaspard Diatta con el Principado.

Así fue como, una década después y ya con 29 años, este estudiante senegalés de la provincia de Casamance acaba en el campus de humanidades de la Universidad de Oviedo, estudiando el cuarto curso del Grado de Lenguas Modernas, donde conoce al profesor que da comienzo a un nuevo capítulo en la historia de su vida.

Fue en uno de los debates abiertos en la clase de 'Cultura de los países de habla francesa', abordando la restitución de objetos culturales, expoliados durante el período colonial al continente africano, donde Michel se animó a contar la historia de su familia, algo que hasta entonces nunca antes había hecho, según nos explica su profesor, Vicente E. Montes.

“En ese momento supe que teníamos que ayudarle”, reconoce, para a continuación, poner el caso en conocimiento del grupo de innovación docente, África en el Milán, El Milán en África, que integra junto a otros profesores y profesoras de la universidad asturiana, procedentes de diferentes disciplinas.

Desde ese grupo se han puesto manos a la obra para echarle una mano a Michel a la hora de prensentar el escrito que deben enviar al gobierno senegalés, explicando su solicitud, así como en la difusión de este caso para lograr que otras personas de Casamance, que en estos momentos puedan encontrarse en la diáspora, sepan de esta historia..

Para saber dónde comienza la historia de la familia Diatta hay que remontarse al siglo XV, cuando los exploradores portugueses llegaron a Casamance, una provincia del sur de Senegal y hogar del reino de Kasa, poblado, mayoritariamente, por la etnia 'diola'. Antes de ser devastados por el comercio de esclavos y la opresión colonial, los 'diolas' estaban organizados en estructuras descentralizadas: los reyes sacerdotes, encargados de los vastos arrozales, actuaban como guías espirituales y desempeñaban una función clave en la cohesión social de la región.

A pesar de ser comunidades de gran autonomía y resistencia a autoridades externas, 'diolas' y colonizadores portugueses consiguieron vivir pacíficamente durante tres siglos, quizás porque estos últimos, llegaron a entender y a respetar la idiosincrasia de este pueblo, que convertió a la provincia de Casamance en el centro comercial vital para el intercambio de alimentos, ganado, marfil, cuero, cera y oro.

Sin embargo, tras la guerra librada entre Portugal y Francia por la ocupación de este territorio, la firma de un convenio entre ambos países dio entrada al control francés de Casamance y a la progresiva salida de los portugueses, que habían permanecido en la provincia senegalesa durante casi cuatro siglos.

La situación con los franceses cambió radicalmente el día a día de Casamance, y el enfrentamiento con los 'diolas' fue inmediato y continuado, debido a la opresión que la nueva colonia ejercía sobre los 'diolas', a quienes intentaban someter de todas las formas. En esta situación, lo que intentaron los colonos fue recurrir a los jefes locales como intermediarios, pero estos, tampoco se dejaron doblegar.

A pesar de que en 1901 los franceses lograron fortalecer su control en la región, la resistencia de los diolas dio pruebas de firmeza durante todo el siglo XIX y principios del XX, siendo el rey Sihalébé Diatta y la reina Aline Sitoe Diatta dos figuras emblemáticas de la misma.

Según cuenta Michel Diatta, fue gracias a las fuentes orales que la historia de este rey, su antepasado, fue transmitiéndose de generación en generación, hasta llegar a nuestros días. A pesar de que son muchos diolas los que desconocen la historia del rey que defendió Casamance de la colonia francesa, costándole, incluso, la vida.

Han sido estas mismas fuentes las que contaron cómo las primeras órdenes coloniales, que consistían en la entrega de siete toneladas de arroz (elemento sagrado para los diolas) destinadas a Francia, fueron sustituidas, por orden del rey Sihalébé, por siete toneladas de excrementos de vacas, para manifestar su desobediencia.

Esta respuesta, según cuenta Michel Diatta, provocó el enfado de las autoridades francesas, que fueron a buscarle a su domicilio, si saber que él no estaría, ya que pasaba la mayor parte de su tiempo en el ´bosque sagrado'', pero amenazaron con matar a toda su familia, si no se entregaba.

Así fue capturado, muriendo 20 días después, ya que, según las costumbres diolas, los reyes no podían ser vistos ni comiendo ni bebiendo, algo que él se negó a hacer como manifiesto de rechazo al poder francés. El hecho de no haber ingerido alimento durante casi tres semanas despertó la curiosidad de los franceses, que decidieron estudiar ese cuerpo y para ello lo enviaron al Museo del Hombre, en París, donde permaneció como parte de la colección de restos humanos coloniales.

La tragedia de la colización

El hecho de que el cadáver de Sihalébé Diatta permanezca desde 1904 en un museo parisino, no solo refleja la tragedia vivida por los pueblos africanos colonizados, sino también la falta de voluntad política de la República de Senegal por la conservación de la historia de figuras heroicas que hicieron frente a las imposiciones coloniales.

Y es que, tras el interés que Francia manifestó recientemente por devolver a África parte de su patrimonio, la familia Diatta envió una carta al por entonces presidente de Senegal, Macky Sall, solicitando la repatriación de los restos de Sihalébé Diatta, “por justicia histórica y cultural”, pero no han obtenido respuesta.

Mientras el Museo del Hombre de París afirma que no tiene inconveniente en devolver los restos solicitados, según explica Michelle, es necesaria la implicación del gobierno senegalés y que este solicite formalmente a su homólogo francés que Sihalébé Diatta pueda volver a Casamance.

Es en este proceso en el que, en estos momentos, se hallan Michel y su familia, apoyados por el grupo África en el Milán, El Milán en África, de la Universidad de Oviedo y liderado por el profesor Montes.

Se trata de hacer un llamamiento a la unidad y a la acción colectiva, a través de la obtención del apoyo de escritores, periodistas, políticos, investigadores, artistas, activistas y de cualquier ciudadano que secunde la causa. Y es que, uniendo diversas voces, desde diferentes plataformas, cuenta el profesor Montes, será posible generar un cambio real y significativo de la restitución de la memoria y de la justicia histórica de los pueblos africanos.

Cuando se acaba de cumplir un mes desde el fallecimiento de Mamouth Bakhoum, un vendedor ambulante senegalés que acabó ahogado en el río Guadalquivir cuando huía de unos agentes de la Policía Local, decenas de compatriotas se han concentrado y manifestado este sábado junto a otros muchos sevillanos (unos 400) para exigir la reapertura de la investigación judicial, archivada provisionalmente hace unos días  justo una semana después de que el juzgado accediera al atestado policial que incorporaba información sobre imágenes de cámaras de la zona.

La movilización, convocada por la federación de asociaciones senegalesas de Sevilla, ha partido desde el lugar del que saltó Mamouth al río, en el muelle de Nueva York, después de haber sido perseguido por los agentes varios cientos de metros del sitio donde el senegalés vendía camisetas de fútbol en la Avenida de la Constitución. “Pedimos justicia. No se puede hostigar a una persona hasta su muerte”, comenta indignada Mariví a SevillaelDiario.es tras la pancarta de la Plataforma Somos Migrantes, exigiendo “que el alcalde tiene que dar la cara”. José Luis Sanz, el mismo día que el juzgado recibió el informe policial que ha provocado el archivo del caso, a expensas de recurso, dijo a la prensa que ponía “la mano en el fuego” por sus agentes.

Elhadji Medoune, portavoz de la federación, explica que quieren que se reabra la investigación judicial porque se ha archivado “muy rápido” y “el caso tiene más cuestiones que tienen que verse bien”. La familia del fallecido ya ha anunciado que interpondrá recurso y, anteriormente, había pedido la práctica de otras pruebas, como las grabaciones de las cámaras de videovigilancia durante la persecución policial, que el juzgado ya ha rechazado.

El representante de los senegaleses ha pedido, al margen del caso judicial, “una política municipal más inclusiva” para que sirva “de puente para la integración” porque, según expresa, actualmente es “una barrera”. “Formamos parte de la ciudad, no se nos puede discriminar”, ha comentado a este periódico, cifrando en más de mil las personas senegalesas que residen en la capital hispalense.

Representantes de asociaciones, plataformas y colectivos (APDHA, La Carpa, Sindicato de Estudiantes, Solidaridad Internacional,...) han querido sumarse a la movilización hasta la Plaza Nueva, donde estaba prevista la lectura de un manifiesto con las reivndicaciones que viene exponiendo el colectivo africano durante el último mes. Familiares, amigos y compatriotas ya se habían movilizado en dos ocasiones anteriores en estas semanas atrás, los días 30 de diciembre y 2 de enero, reclamando aclarar las circunstancias concretas que rodearon la muerte del senegalés y acusando a las administraciones de provocar de algún modo el triste final.

Por parte del Sindicato de Estudiantes, cuyos representantes portaban una gran pancarta contra el “racismo institucional” y la “violencia policial”, Alicia Fernández ha considerado “un escándalo” el archivo del caso después de que Mamouth muriera “huyendo de la Policía, apuntando también otras ”reivindicaciones“ más generales para gente que ”día a día busca alternativas“ para poder ”buscarse la vida“.

Aunque el trágico fallecimiento tuvo lugar el domingo 29 de diciembre, el órgano judicial no recibió el atestado policial, que incorporaba información sobre imágenes de cámaras de la zona, hasta el pasado 16 de enero. El 'carpetazo' al caso, que no ve responsabilidad penal de los agentes, se produjo teniendo en cuenta las pruebas recabadas por la jueza, remitidas por Policía Nacional, Policía Local e Instituto de Medicina Legal, pero, según la nota de prensa enviada a los medios este miércoles por la federación de asociaciones de senegaleses de Sevilla, “pudieron ser investigadas, entre otras cuestiones, las actuaciones llevadas a cabo por los bomberos y los servicios de urgencias y emergencias sanitarias, siendo destacable que estos últimos fueran requeridos en el lugar de los hechos en torno a 50 minutos después de que Mamouth cayera en el río”.

Hace apenas unas semanas, el senegalés Mahmoud Bakhum, de 43 años, moría ahogado en las aguas del Guadalquivir en su huida de una persecución policial por ejercer la venta ambulante. Desde entonces, la noticia ha perdido casi toda su visibilidad pública, en parte por la dinámica general de saturación informativa que sufrimos todos, pero en parte también por una alarmante falta de interés político en esclarecer las circunstancias de la muerte de una persona. Si el alcalde de Sevilla cerró filas con su Policía Local negándose explícitamente a abrir una investigación sobre el caso, asociaciones de policías locales han llegado a denunciar a los pocos representantes políticos que han exigido información transparente sobre lo sucedido. En concreto, al parlamentario José Ignacio García, portavoz de Adelante Andalucía, le denuncian por hablar de “racismo institucional” al señalar que la falta de una investigación sobre el caso provoca que la vida de una persona parezca tener menos valor cuando esa persona es inmigrante y negra. Finalmente, la investigación se ha archivado.

La noción de racismo institucional levanta ampollas porque cuestiona el discurso hegemónico. Ese discurso separa nítidamente a las instituciones del racismo, clasificando las primeras en el campo semántico de la democracia, la razón y el derecho; y el segundo en el terreno de lo violento, lo irracional, lo patológico. Ese discurso hegemónico, que es tan ideológico como cualquier otro, presupone una geografía política en la que Europa-Occidente aparece como una isla de respeto a los Derechos Humanos, y el Tercer Mundo-Oriente como una exterioridad amenazante gobernada por el caos y la violencia. Se trata, en esencia, del mismo discurso que legitimó el colonialismo como una empresa civilizadora, que irradiaba los valores positivos de la Razón y el Progreso desde el centro europeo hasta las periferias coloniales. Desde este discurso, las instituciones europeas no pueden estar contaminadas de racismo, y la muerte de un negro en Europa solo puede ser accidental –por circunstancias excepcionales- o merecida –por méritos individuales-.

Frente a ese discurso, el concepto de racismo institucional apunta la cristalización en Europa de la violencia que sustentó la experiencia en las colonias. Desde esta perspectiva, la muerte de Mahmoud Bakhum es el efecto retardado de una implosión colonial, que arroja al Guadalquivir un cadáver negro, que llena el Mediterráneo de cadáveres negros, que recluye en los CIEs los cuerpos vivos de los negros, que distribuye a patrullas policiales para perseguir a los negros. Una implosión de la misma violencia que hizo de Sevilla un importante centro de comercio de esclavos. La misma violencia que llevó a Leopoldo II a regar de sangre su Estado Libre del Congo. La misma violencia que exprimió la vida de miles de seres humanos en las plantaciones de Virginia, Alabama o Misisipi. La muerte de Mahmoud Bakhum es un accidente excepcional en la historia europea del derecho democrático, pero también una continuidad en la siniestra tradición europea de reclutar, explotar y destruir cuerpos negros.

Los andaluces necesitamos asumir que el combate contra el racismo institucional es indisociable de nuestra propia liberación como pueblo

Autores como Césaire y Grosfoguel han explicado convincentemente que, mucho más que una anomalía interna, el nazismo alemán fue la implosión de la expansión colonial en el corazón de Europa. Y tampoco fue por casualidad el papel decisivo que jugaron las tropas coloniales en el golpe militar franquista. Si el fascismo golpeó a amplias capas de población europea, fue porque se nutrió previamente de las políticas estandarizadas de deshumanización y violencia extrema practicadas en las colonias. En este mismo sentido, la muerte de Mahmoud Bakhum y su acelerada invisibilización prolonga y actualiza la historia de violencia estructural contra las personas inmigrantes y la población negra. Por lo demás, este suceso también contribuye a normalizar unos niveles de violencia institucional que, una vez incubados, tienen una evolución difícilmente controlable. Ciertamente, es muy peligroso para todos metabolizar como anécdota que una persecución policial desemboque en la pérdida de una vida humana.

En el contexto de esta implosión colonial, Andalucía enfrenta el riesgo agravado de ser a su vez una colonia interna del Estado español. Autores andaluces como Isidoro Moreno y Manuel Delgado Cabeza han descrito de forma certera nuestra propia colonialidad, construida a través de la subalternidad política, la dependencia económica y la inferiorización cultural. Una forma de colonialidad que nos niega herramientas básicas de autogobierno, nos priva de recursos para construir una sociedad más justa y nos representa como culturalmente atrasados o disfuncionales. En estas condiciones, Andalucía queda reducida a mero recipiente para la aplicación de políticas racistas concebidas y diseñadas en función de los intereses de otros. En estas condiciones, la implosión colonial se manifiesta amplificada y tiende a alcanzar sus formas más acusadas de violencia.

Los andaluces necesitamos asumir que el combate contra el racismo institucional es indisociable de nuestra propia liberación como pueblo. El ensamblaje violento de explotación económica, políticas excluyentes y discursos xenófobos que propició la muerte de Mahmoud Bakhum es el mismo que propicia el corte del agua en los asentamientos de temporeras, pero también la explotación cotidiana de miles de personas o el desahucio de familias trabajadoras de todas las nacionalidades. Las instituciones que normalizan esa violencia ponen en peligro la vida de Mahmoud Bakhum pero también las vidas de todos los demás. Los andaluces no podemos acostumbrarnos a que nuestro mar se llene de ahogados ni a que en nuestras calles se violente a las personas inmigrantes. Es responsabilidad de todos culminar la descolonización en Andalucía y construir un país justo y realmente respetuoso con los Derechos Humanos.

La familia de Mamouth Bakhoum, trabajador de la venta ambulante que acabó ahogado en el río Guadalquivir cuando trataba de huir de unos agentes de la Policía Local, ha anunciado este miércoles que recurrirá el archivo provisional del caso, del que tuvieron conocimiento “en el mismo momento en el que, por vez primera, se le permitió acceder al expediente judicial”. “El archivo más rápido de la historia” según fuentes de la acusación, le había “negado” a esta parte “la posibilidad de proponer otras pruebas a las ya recabadas que pudieran esclarecer la muerte” y que ya habían hecho llegar al juzgado a primeros de enero como avanzó SevillaelDiario.es.

Aunque el trágico fallecimiento tuvo lugar el domingo 29 de diciembre, el órgano judicial no recibió el atestado policial, que incorporaba información sobre imágenes de cámaras de la zona, hasta el pasado 16 de enero. El 'carpetazo' al caso, que no ve responsabilidad penal de los agentes, se produjo teniendo en cuenta las pruebas recabadas por la jueza, remitidas por Policía Nacional, Policía Local e Instituto de Medicina Legal, pero, según la nota de prensa enviada a los medios este miércoles por la federación de asociaciones de senegaleses de Sevilla, “pudieron ser investigadas, entre otras cuestiones, las actuaciones llevadas a cabo por los bomberos y los servicios de urgencias y emergencias sanitarias, siendo destacable que estos últimos fueran requeridos en el lugar de los hechos en torno a 50 minutos después de que Mamouth cayera en el río”.

Por todo ello sostiene la federación que “que hay motivos suficientes para reabrir la investigación judicial”, poniendo atención en que fuera precisamente la Unidad de Policía Turística de la Policía Local la que aquel día “tenía entre sus cometidos el de localizar a vendedores ambulantes en la Avenida de la Constitución y la que persiguió en los primeros momentos a Mamouth”.

En su opinión, eso “simboliza a la perfección la política del Ayuntamiento de Sevilla que, como es de sobra sabido, está centrada casi exclusivamente en explotar los recursos turísticos de la ciudad y termina por descuidar o vulnerar los derechos del vecindario sevillano, del que también formamos parte las personas inmigrantes con o sin papeles que vivimos aquí”. “Es -añaden- otro ejemplo más de que vivimos en una Europa donde las políticas y las leyes son racistas y xenófobas sobre todo hacia las personas inmigrantes”.

Por ese último motivo la federación también se dirigirá a la Alcaldía de Sevilla exigiendo “que se deje de criminalizar a los cuerpos negros, africanos y afrodecendientes y se aprueben políticas municipales que promuevan un cambio de mentalidad en la sociedad sevillana para que podamos convivir en la diversidad y llegue el día en que de una vez entendamos que somos iguales”.

Asimismo, el próximo sábado 1 de febrero a las 17 horas la federación ha convocado a “todos los colectivos defensores de los derechos humanos” a una manifestación que iniciará su recorrido en el Muelle de Nueva York, donde murió Mamouth, “para mantener en la memoria colectiva a su compañero, y para exigir la continuación de la investigación judicial y un cambio radical en las políticas municipales sobre la venta ambulante y la inclusión de las personas inmigrantes vecinas de Sevilla”. “Porque las vidas negras importan: las muertes negras se investigan. Regularización ¡ya!”, concluye la nota remitida a la prensa.

Familiares, amigos y compatriotas YA se han manifestado al menos dos veces en estas semanas, los días 30 de diciembre y 2 de enero, reclamando aclarar las circunstancias concretas que rodearon la muerte del senegalés y acusando a las administraciones de “racismo” por provocar de algún modo el triste final.

Hace más de un año que el concejo asturiano de San Martín del Rey Aurelio comenzó a recibir a personas migrantes desde las islas Canarias quienes, procedentes en su mayoría de Senegal, se alojan en el centro de acogida habilitado por el Gobierno central en la localidad de Sotrondio. Mujeres y hombres que se embarcan en viajes interminables, en busca de una vida mejo que, en muchos casos, acaban perdiendo en el mar, de hecho, 2024 será recordado como el año más mortífero por ser aquel en el que más vidas se han perdido.

Al igual que ha sucedido en otros municipios que albergan estos centros de acogida, el de Sotrondio también fue víctima de los ataques y bulos de la extrema derechaEn todo este año de existencia del centro, el municipio no ha vivido ningún cambio más que el de poder encontrarse por las calles con más personas y poder crear nuevos vínculos y amistades. Sin embargo, varias son las veces que el partido político Vox, sin representación alguna en el ayuntamiento, ha venido a las puertas del centro a manifestarse, sin grandes apoyos en su intento por difundir bulos. 

En respuesta a la estrategia de acoso y derribo de la ultraderecha, la respuesta de la población local fue contundente con una contramanifestación en defensa del centro que superó en apoyos a la de la extrema derecha, como ya había sucedido en 2023. Estaban todos los partidos que tienen representación en el Ayuntamiento, incluido el Partido Popular, que a nivel nacional ha compartido discursos alarmistas contra la reubicación de personas desde las Canarias a regiones de la Península. El argumento de Vox para su manifestación a la que acudieron unas 20 personas basó su encuentro en tópicos manidos sobre la inmigración como que trae mayor inseguridad a los pueblos. Algo que los habitantes de este municipio asturiano no han notado en todo este año.

Al mismo tiempo, el año 2024 se ha visto marcado por nuevas complicaciones para las personas migrantes o en busca de refugio: la dificultad para poder solicitar protección internacional y asilo. En este reportaje veremos cómo es el centro de acogida en Sotrondio y cuáles son las vías que las personas migrantes recién llegadas a Asturias tienen, para poder llegar a regular su situación. 

El centro asturiano para la acogida de personas llegadas a Canarias

Explica Julio Caricol, Responsable de Acogida y Retorno en Movimiento por la Paz, El Desarme y la Libertad (MPDL), la organización que gestiona el centro que, con motivo de la Declaración de Emergencia declarada en octubre de 2023, surgida de la necesidad de prestar atención a las personas migrantes llegadas a las costas de Canarias, se habilitaron las instalaciones del antiguo Colegio San José de Sotrondio como centro de acogida para  estas personas migrantes, con una capacidad total de 90 plazas, financiado por la Secretaría de Estado de Migraciones. 

Cabe recordar que este lugar ya fue usado en 2022 para acoger a personas ucranianas llegadas a Asturias a comienzos de año, cuando comenzó la guerra en su país. En aquel momento, Europa abrió fronteras y espacios de acogida a quienes quisieran escapar de Ucrania, y se habilitaron centros de emergencia como el que hay en Sotrondio.  

Desde entonces, en este año, han pasado por el centro más de 321 personas de 11 nacionalidades diferentes (Senegal, Guinea Conakry, Mali, Mauritania, Nigeria, Marruecos, Ghana, Sierra Leona, Guinea Bissau y Costa de Marfil y Gambia) y, en el mes de noviembre“residían en el recurso ”85 personas procedentes de 8 países diferentes“, como explicaba Caricol. 

En el centro se presta atención a las necesidades básicas (alojamiento, manutención, vestuario, etc.) y se realiza una intervención individual que permita la detección de necesidades y vulnerabilidades que pueden presentar, como puede ser por ejemplo algún problema médico o personas que son susceptibles de solicitar protección internacional,  para su posterior derivación a otros recursos o, en caso de que tengan algún familiar que les pueda prestar apoyo, facilitar el contacto y la salida del recurso, además de prestar apoyo para el aprendizaje del idioma o acompañar a las personas a realizar diferentes gestiones.

Además, como explica su responsable, se facilita el acceso a los diferentes recursos de la zona y dice Caricol que han visto mucho apoyo local en lugares como los centros de salud, Centro de Educación Para Adultos, Telecentro o Centro de Formación para el Consumo, así como la invitación, por parte del Ayuntamiento a participar en las diferentes actividades que se desarrollan en el Concejo, que favorecen la integración de las personas del centro entre los vecinos y las vecinas de Sotrondio y de la comarca en general.

Las personas senegalesas fuera de los centros oficiales

Durante todo el verano de 2024, con la llegada de más personas a Canarias, mucho se ha hablado de la necesidad de acoger a personas desde las Comunidades Autónomas españolas de la Península. El 4 de diciembre este tema, volvió a ser motivo, una vez más, de debate político. 

Este recurso habilitado en San Martín del Rey Aurelio, al igual que otros que existen en España, que reciben a personas que han migrado y llegado a Canarias, lo que hacen es facilitar el proceso de acogida e integración a personas en nuestro país. Pero hay también personas que están fuera de estos recursos. No solo gente que llegó por mar a las diferentes Islas Canarias, sino también muchas personas de diversos países del mundo, sobre todo de lugares de América Latina, como Venezuela o Colombia, que consiguieron un visado de turista para aterrizar en Asturias. 

Cova Carreño, coordinadora en APIA (Asociación Pro Inmigrantes en Asturias), que destaca por ser la primera entidad que empezó a trabajar con inmigrantes en esta comunidad, concretamente en el año 1991, explica que la mayoría de personas que ella ha conocido de otros países, como de Senegal, en el último año en Asturias, están en casas de familiares y conocidos ya asentados en el Principado. APIA ha estado apoyando con mantas y otros materiales a estas familias que asumen toda la acogida de los recién llegados, además de las plazas que tiene para acoger a personas en situaciones más vulnerables dentro de dos pisos que tiene. 

Carreño explica que APIA aloja, en sus casas alquiladas, a unas 300 personas a lo largo del año. A la hora de asignar alojamiento, la asociación tiene dos pisos de acogida. Solo hay una persona contratada en toda la asociación y lo demás es personal voluntario. Al ser pisos financiados por la Fundación Municipal de Servicios Sociales, las personas seleccionadas para vivir aquí entran a través de los centros municipales de Gijón y suele ser gente que está recién llegada, que no tienen lugar donde alojarse o enfermas o en situaciones especialmente vulnerables. 

Formas de regularizar la situación en España: una espera de años

Según cuenta Carreño a elDiario.es Asturias hay dos formas para regular la situación para las personas migrantes en España, cuando no pueden pedir asilo. Por un lado, si pueden demostrar tres años de estancia continuada en España (mostrarlo a través del empadronamiento y, además en esos tres años, hicieron cursos y lo que hayan hecho que puedan documentar su estancia en el país) pueden comenzar el trámite de acceso a residencia. Pero a veces, recuerda Covadonga Carreño, incluso algo tan simple como empadronarse puede ya ser difícil si no conoces a alguien que tenga piso propio o si tu casero, que te alquila un lugar, no quiere hacerlo. 

Si una persona ha pasado tres años en España empadronada, también tendrá luego que mostrar antecedentes penales en su país, traducidos y legalizados, más un contrato de trabajo de mínimo un año. Las autoridades en España, por otro lado, piden a la empresa dispuesta a contratar a la persona que quiere regularizar su situación una serie de documentos como que esté al corriente de pago en la seguridad social. Con todo esto, se pide un informe de arraigo en el ayuntamiento y ya, con toda la documentación bien,la persona que quiere regularizar su situación, necesita pedir cita online. 

Es un sistema muy complicado y más, en casos de personas que, aunque hablen el idioma, no lo leen bien por el alfabeto. Incluso es complicado para nosotros, porque es un programa online difícil de manejar

“Es un sistema muy complicado y más en casos de personas que aunque hablen el idioma no lo leen bien por el alfabeto, incluso es complicado para nosotros, porque es un programa online difícil de manejar”, explica Carreño. “Después de meter los datos, la información y la clave es cuando el sistema puede avisar de que no hay citas disponibles, en vez de hacerlo previamente”, añade Covadonga Carreño, que ve todo el proceso burocrático “como una carrera de obstáculos”. 

Si sale el proceso favorable, llega otro trámite. La persona tiene que pedir cita a la Policía Nacional para dar las huellas dactilares. Vuelve otra vez el escollo de la disponibilidad. Hay que solicitar la cita con la Policía online y muchas veces no hay, por lo que la persona vuelve a pasarse, por lo normal, varias semanas en este intento o incluso meses, como cuentan desde APIA. Además, cuando ya se consigue la cita y la persona va a la Policía a dejar las huellas, ya debe estar dado y dada de alta en la Seguridad Social. 

Todo esto es para conseguir un permiso de trabajo y de vivir regularmente en España, en principio, sólamente por un año. Para poder llegar a renovar este permiso más adelante, tienes que estar al menos seis meses de ese año trabajando. 

Hay una nueva fórmula desde 2022 para conseguir regularizar la situación. El arraigo por formación, que es una figura de reciente creación incluida en el Real Decreto 629/2022. En este caso, explica Covadonga, si llevas dos años empadronado y demostrando una estancia continuada en el país, y presentas un curso que quieras hacer, que cumpla unos requisitos como unas horas mínimas de formación, se puede llegar a obtener un permiso de residencia (no de trabajo), que permitirá que vivas en España de forma legal para hacer el curso.

Se llama permiso de arraigo por formación. Y para este permiso también hay que presentar que no tienes antecedentes penales en tu país de origen. Al acabar este curso existe la opción, dentro del mismo año que contempla el permiso, de obtener un permiso de residencia y trabajo para seguir en España de forma regular, por un tiempo, si encuentras un trabajo que tenga directamente que ver con esos estudios completados. Aunque, en todo el proceso para regularizar la situación, se presentan problemas similares a los explicados anteriormente. 

2024 también ha sido el año donde pedir asilo en España es casi imposible

Ya a comienzos de este 2024, colectivos como Afayaivos y Asturias Acoge se reunieron con la delegada del Gobierno en Asturias. Una de las preocupaciones que pusieron sobre la mesa fue la enorme dificultad para solicitar asilo. Un grave problema que se ha ido arrastrando a lo largo de todo el año y ambos colectivos afirman que, no solo no ha habido una solución, sino que están presenciando que cada vez es más complicado conseguir una cita para poder solicitar asilo ante las autoridades pertinente.

Nazaret Sánchez, desde Asturias Acoge, explica que es un problema a nivel nacional que también afecta a la gente que está en Asturias: “No se está abordando según los recursos. Aumentó el nivel de personas que pide asilo frente a otros años. Y en vez de preparar las instituciones, se colapsaron los sistemas”, asegura Sánchez, quien afirma que este colapso en ningún caso es consecuencia de que estén llegando más personas, sino a la falta de recursos. “No es que haya mucha gente, sino que no se ha dotado de recursos para garantizar este derecho”. 

Los colectivos independientes que trabajan con personas migrantes dicen haber conocido a muchas personas desesperadas por lograr una cita para presentar la demanda de asilo. 

Marián Lobo, miembro de Afayaivos, un colectivo que fomenta la unión de las personas a través del diálogo y de actividades de ocio, ha visto cómo, con el paso de los meses la situación ha cambiado para peor: “Ya prácticamente no hay citas”, afirmaba en el mes de octubre. Además, explica que la gente que ha logrado la primera cita para la manifestación de voluntad y “necesita luego formalizar la solicitud con la entrevista de asilo, debido a la escasez de citas y de recursos pueden tardar muchos meses en conseguirlo. El asilo, hasta que no haces la entrevista no se entiende como solicitado. Si no que se tiene como la voluntad de pedirlo” y, con todo esto, hasta que se formaliza, las personas están sin NIE. 

La derivada de no conseguir cita para pedir asilo en España es estar en situación irregular en el país. Recuerda Nazaret Sánchez que, en estos casos, “lo que ocurre es que las personas quedan en situación de irregularidad y esto quiere decir que si la policía les pide documentación, al no tenerla, les abren sanción, multas. Al pagar la multa, muchas veces la policía les replica a las personas que deben  regularizar su situación, mientras que en la práctica no se puede”. Y es que, a pesar de que esta problemática es ampliamente conocida, “los controles policiales no han parado”. 

Quienes están inmersos en estos procesos burocráticos son personas con sueños, con deseos, con muchas ganas de desarrollar emprendimientos y proyectos. Mientras, ven cómo no poder regularizar su situación les lleva al miedo, la ansiedad y el estrés

Las personas que trabajan con estos colectivos reinvidican que quienes están inmersos en estos procesos burocráticos son personas con sueños, con deseos, con muchas ganas de desarrollar emprendimientos y proyectos, lamentan. Mientras, ven cómo este proceso de no poder acceder a una vía para regularizar su situación, lleva a la gente a tener miedo, ansiedad y problemas de salud mental por el estrés. 

El Pacto Migratorio de Migración y Asilo aprobado en 2024 por la Comisión Europea pone en jaque este derecho. Aunque aún no han comenzado las nuevas normas que irán relacionadas con esta nueva legislación votada en primavera del pasado año, las trabas a este derecho universal ya están teniendo consecuencias en la vida de la gente que escapa de conflictos y persecuciones. 

Luis tiene 21 años y está sentado sobre unas piedras en el patio central de su barrio, al lado de su madre, cerca de sus hermanas, y junto a un vecino aún más joven que él, con sus sobrinas haciendo los deberes escolares sobre una alfombra en el suelo. Trabaja construyendo un hotel en la otra punta de su pueblo, Palmarin, en el área turística de una zona pegada al mar, repleta de europeos, sobre todo franceses, que van a Senegal a disfrutar de su calor en invierno, sus paisajes, la amabilidad y su tranquilidad.

Su madre, sexagenaria, también trabaja. Limpia casas de quienes puedan permitirse ese servicio. Gente extranjera, normalmente, que son quienes tienen el dinero en un país como Senegal, donde la riqueza está en manos foráneas de una manera chocante (incluidas las empresas que, gracias al Gobierno de España, tienen muy buenos contratos con el Gobierno de Senegal para poder pescar gran parte de los peces de su territorio, dejando a la gente local sin opciones laborales). Su hermana, divorciada y con hijos, vende ropa y perfumes. Su otra hermana no trabaja porque tiene una bebé recién nacida, pero su marido, que trabaja en la marina y pasa poco tiempo en casa, también hace su aportación económica a la familia de su pareja. Con todo esto, con tanto trabajo todos los días, esta familia no tiene para vivir una vida cómoda. No holgada, solo una vida sin estragos diarios para poder cubrir las necesidades básicas.

Viven en una casa de latón de dos estancias con escasos muebles para dormir y guardar cosas. Es una casa prestada por un familiar que, si la necesitase para él, podría echarlos. Los techos tienen agujeros enormes que son un problema insoportable en la época de lluvias. Las comidas del día son escasas y muy básicas.

Trabajando ocho o nueve horas al día, seis días a la semana y con más fuentes de ingresos, Luis no tiene un salario suficiente para que su familia pueda llevar a cabo una vida sin ahogarse en gastos corrientes, básicos y necesarios. Unos meses antes de contar su historia desde el patio de su casa, se echó al mar. Una noche se subió a un cayuco para poder llegar a España. La desesperación de ver a su familia estancada en un interminable estrés económico sin fin lo llevó a jugarse la vida. Y casi la pierde junto con decenas de jóvenes. Su cayuco acabó a la deriva en el Atlántico y amaneció un día en Cabo Verde. No perdió la vida, pero sí los 500 euros que había pagado por migrar a España en busca de un trabajo con el que poder ayudar a su familia, y que acabaron siendo gastados para pasar días de estrés y angustia, también para su familia, sin recibir noticias de él. Cuando las autoridades lo descubrieron en Cabo Verde, lo deportaron de vuelta a Senegal.

Si Luis decidió gastarse ese dinero que no tiene en un viaje tan peligroso, en vez de pagar 150 euros en un vuelo de Iberia Dakar-Madrid de unas pocas horas, es por la imposibilidad de acceder a visados para entrar en España de manera regular. Es la única explicación a lo que se ha bautizado como inmigración ilegal: que no quedan alternativas legales para mudarse de país. Personas de su familia gastaron mucho en esta esperanza. Y lo han perdido. Siguen trabajando, como lo han hecho siempre. Al menos, Luis no ha perdido la vida.

El Colectivo Caminando Fronteras publicó para concluir este 2024 que 10.457 personas han muerto en su intento de migrar a España en 2024, el año más mortífero. Según el recuento, 30 personas han muerto cada día tratando de llegar a las costas españolas. Y muchas de estas personas partieron de Senegal. ACNUR afirmó este año que este año la Ruta Atlántica es la más mortífera para migrar. 

Tras el mar, si se consigue cruzar a salvo, llega el siguiente escollo… la burocracia en España. 

Historias desde Asturias

Pasar 12 horas sobre un bote en el mar, toda la noche, pescando o intentando pescar los pocos peces que el gobierno de tu país te permite pescar. Una normativa existente, creada por unos grandes acuerdos comerciales que tiene Senegal con España, Francia y Portugal, no te permite aprovechar los peces que hay en el mar frente a tu hogar, más que los más cercanos a la costa. Trabajar para, por la mañana, vender la pesca conseguida y embolsarte un par de euros: dos euros que llegarán a las manos de cada persona que faenó toda la jornada. En un país en el que una simple docena de huevos, vale más o menos como en España. Más de esos dos euros. 

La vida en Senegal no es barata. Es un país con muchos recursos, pero que no están en manos de la ciudadanía. 

Ver que tanto trabajo nunca da para pagar los costos básicos de tu vida, para apoyar a tu familia, para pagar los estudios de tu hermana o una consulta médica de tus padres. Y una noche decidir adentrarse en el mar, pero ya no para pescar. Y pasar días enteros en el mar que estás acostumbrado a surcar de donde salen pocos peces, para probar suerte, con cientos de personas más, de llegar a un lugar donde poder encontrar un lugar donde trabajar.

Quien cuenta su vida sobre las olas del Atlántico, trabajando primero y luego migrando, es Gallame. Lo relata desde la terraza de una cafetería en el pueblo asturiano de Sotrondio. Llegó a Canarias hace unos meses, luego a Sevilla y, ya en la Península, decidió venir a Asturias, porque aquí vive su tío, un hombre que llegó en 2006 y lleva viviendo aquí desde entonces. 

Gallame decidió migrar aun sabiendo que muchos jóvenes pierden la vida en el mar. Su padre se murió, a comienzos de 2023, su madre trabaja largas horas vendiendo pescado, su hermano ha estudiado en la universidad y sí tiene un buen empleo, aunque eso no siempre asegura un salario holgado. El joven sabe que conseguir un visado para volar a España o a otro país de Europa es algo prácticamente imposible, por las trabas burocráticas impuestas desde España a la inmigración desde Senegal, y que la vía que existe para llegar aquí es jugarse la vida en el mar. Gallame viene de una localidad, Fass Boye, desde donde salió una embarcación en verano de 2023 y nunca apareció: al menos 60 personas de este pequeño municipio murieron ahogadas. Conocía los peligros, pero la desesperación de poder apoyar a su familia fue mayor al miedo a un mar que lleva surcando cada noche desde que tiene 16 años. 

Ha logrado pedir asilo (un derecho que las personas tienen, pero que cada vez es más difícil realizar esta solicitud en Asturias y España en general por una serie de problemas técnicos y burocráticos), pero ni aun con ese papel que acredita que está en España regularmente con todos sus papeles a la espera de su respuesta, recibe algún tipo de ayuda financiera. Decidió solicitar esta protección internacional, no solo por tener un documento que le permita vivir de manera regular en España, sino por un problema que tendría en su país de origen en caso de ser deportado. Un permiso de trabajo tarda muchísimo más en llegar. Gallame tiene la suerte de tener un tío muy cercano en Asturies que le ha dado cobijo en una casa. 

Del bulo de la extrema derecha de que los migrantes, nada más llegar a España reciben muchos euros en ayudas, a la realidad: es muy complicado recibir un apoyo algo y, cuando eso sucede, es una cantidad básica para ir saliendo adelante. 

Convulsión política que ha sacado a Senegal de la tranquilidad

En los últimos años, Senegal también se vio envuelto en polémicas de su ahora expresidente, Macky Sall: 2023 fue un periodo de grandes protestas por los abusos en el poder del anterior mandatario y este año 2024 estuvo marcado en el país africano por el cambio de gobierno, después de un tiempo de incertidumbre que trajo mucho estrés. 

Senegal es un país tranquilo y pacífico y con una democracia de décadas que es considerada como una de las más estables de África. Toda la incertidumbre política, marcada por encarcelamientos a los que decidieron protestar contra las decisiones de Macky Sall, sumado a la perenne precariedad, explican dos de las principales causas por las que estos últimos años tantas personas han salido desde Senegal por mar.

Moussa explica desde Xixón que se pasaba los días trabajando sobre un autobús sorteando el tráfico de la gran ciudad de Dakar, gestionando el volante de los viejos autobuses donde la gente encuentra una forma de moverse. En todo el mes, trabajando unas 10 horas diarias, seis días a la semana, su sueldo no llegaba a los 150 euros. 

Moussa está en un piso de acogida de APIA, una organización que lleva años en Asturias haciendo mucha labor, como ofrecer un espacio donde vivir a personas en situaciones de vulnerabilidad, con recursos muy limitados. Cuenta su recorrido acompañado por otros tres chicos muy jóvenes que discretamente comparten sus historias: muchísimas horas de trabajo, poco dinero, algún familiar en una situación desesperada por problemas de salud. En ocasiones, miedo a represalias en el pasado, porque, cuando gobernaba el anterior presidente, muchas son las personas que decidieron salir a la calle a protestar contra lo que no consideraban justo y eso derivó en encarcelamientos. 

Senegal no es un país sin medios. Tiene muchos recursos naturales (sobre todo muchísimo pescado) y minerales. Y también muchos acuerdos comerciales que permiten a empresas de países extranjeros, como españolas, pescar la mayor parte de los pescados que tiene el mar de las costas de Senegal. 

“Es como una carrera de obstáculos”

Sergio ya lleva cerca de tres años en Asturias. Ese no es su nombre real, pero se ha bautizado como Sergio porque es un nombre que se parece al suyo real y porque dice que le gusta como suena. Los otros chicos están recién llegados a Asturias y eso los tiene estresados en la incertidumbre.  Saben que van a pasar muchos años hasta poder volver a ver a su familia, saben que les espera años de largas esperas para poder tener unos documentos que les permitan trabajar y poder apoyar económicamente a sus familiares, que les espera un laberinto burocrático para llegar a regularizar su situación, muchas veces plagado de injusticias, que espera precariedad financiera mientras tanto. Lo saben porque desde que llegaron a Asturias han podido conocer a mucha gente que lleva ya unos años aquí. 

También conocen a otras personas que se han ido a trabajar a los campos del sur de España. Cuentan que a sus amigos les gustaba Asturias pero, ante la dificultad de lograr un trabajo en esta tierra para las personas que no tienen papeles, se acabaron yendo a Andalucía, donde es ampliamente conocido que hay jornaleros que utilizan la mano de obra de inmigrantes que no tienen documentos, con salarios precarios. 

Sergio ya ha pasado esos años de incertidumbre, ha podido estudiar y está haciendo todo el proceso para poder trabajar pronto. Le encanta Asturies y le gusta que la gente sea muy amable. Sonríe aliviado contando su historia, con la esperanza de pronto poder sortear todos los siguientes escollos burocráticos para lograr trabajar. Covadonga Carreño, como portavoz de APIA, nos cuenta que todo el proceso para regular la situación en Asturias y en España “es como una carrera de obstáculos”. Sergio, tras más de dos años en España ya ha superado varios de ellos. Lo último que ha hecho ha sido estudiar carpintería y ahora está a la espera de poder trabajar como carpintero. 

Hay una nueva fórmula desde 2022 para conseguir regularizar la situación en España. El arraigo por formación es una figura de reciente creación incluida en el Real Decreto 629/2022. En este caso, explica Covadonga Carreño que si llevas dos años empadronado y demostrando una estancia continuada en el país, y presentas un curso que quieras hacer, que cumpla unos requisitos como unas horas mínimas de formación, puedes obtener un permiso de residencia (no de trabajo), que permitirá que vivas en España de forma legal para hacer el curso. Se llama permiso de arraigo por formación. Y para este permiso hay que presentar que no tienes antecedentes penales en tu país de origen (como para la mayoría de documentos). Al acabar este curso tienes la opción, dentro del mismo año que contempla el permiso, que si encuentras un trabajo que tenga directamente que ver con el curso que hiciste, puedes obtener un permiso de residencia y trabajo para seguir en España de forma regular otra temporada más.

Como explica Carreño, no sirve que hayas estudiado pintura y alguien quiera contratarte como camarero en una sidrería… tiene que ser de tus estudios. Y eso se traduce en un proceso todavía más largo.

“Vine a España buscándome la vida. Yo quería seguir siendo pescador. Gracias a eso mi familia tiene ahora una casa donde vivir”. Cuando en el año 2006 Elhadji Madiop dejó su vida en Senegal y llegó en cayuco a Tenerife solo tenía una cosa en mente: continuar dedicándose a la pesca, el negocio familiar -y nacional- que se había visto gravemente mermado a causa de los arrastreros europeos que por aquel entonces comenzaron a faenar frente a la costa del país africano tras un acuerdo comercial rubricado con la Unión Europea.

Las poblaciones de peces en los caladeros senegaleses caían en picado. Los pescadores locales se quedaban sin ingresos. En aquel año comenzó el éxodo: más de 30.000 senegaleses optaron por arriesgar su vida atravesando una de las rutas migratorias más mortíferas del mundo. “Los mismos cayucos que ya no nos servían para pescar nos sirvieron para llegar aquí”, dice Madiop.

A día de hoy, el sector pesquero español languidece ante la ausencia de relevo generacional. Los titulares alertan desde hace varios años sobre la desaparición de numerosas flotas por falta de personal. Según el Informe 03/2022 sobre la pesca, la acuicultura y la industria transformadora en España, un 42% de los pescadores supera los 50 años de edad. El estudio afirma que “los alumnos de programas de formación en materias marítimo-pesqueras prefieren dedicarse a la marina mercante o de recreo”.

En lugares como Cartagena, donde el gremio acumula varios siglos de antigüedad, la veteranía de los trabajadores salta a la vista. Muchos de ellos se encuentran al borde de la jubilación. Sin apenas soluciones en el horizonte, la contratación de pescadores procedentes de Senegal se ha erigido no solo en Cartagena, sino en todo el país, como la gran alternativa.

“Nuestra vida está en el mar. Es un trabajo duro, pero nos encanta. Lo hacemos desde niños y estamos acostumbrados. Lo queremos seguir haciendo siempre”, confiesa Madiop. 

Las personas que ostentan los cargos directivos de la industria son los primeros en reconocerlo. El patrón mayor de la Cofradía de Cartagena y presidente de la Federación regional de cofradías, Bartolomé Navarro, destaca la incorporación de migrantes como “la solución” a un futuro que se preveía poco halagüeño.

“En todo el Mediterráneo los barcos salen cada día gracias a los pescadores senegaleses”. “Son personas que conocen el trabajo como la palma de su mano”. “Lo llevan en la sangre y nos están sosteniendo”, asevera. Desde su despacho, la vista del muelle pesquero de Cartagena es privilegiada. Constantemente atracan y zarpan embarcaciones pilotadas por marineros africanos.

Uno de ellos, Madiop vacía cubos colmados de camarones en el interior del barco en el que ha pasado gran parte de la noche y de la mañana. Es un mediodía nublado en la ciudad portuaria. Salió a pescar a las tres de la madrugada, acompañado, como de costumbre, por otros tres pescadores senegaleses. Todos vuelcan a la vez las gambas en cajas de plástico. La necesidad de su contratación para asegurar la supervivencia del gremio pesquero saca a la palestra, no obstante, las realidades poliédricas que lleva consigo cada uno de ellos.

Algunos pocos, como Elhadji Madiop, han tenido la fortuna de encontrar un trabajo temprano y de regularizar su situación con celeridad, en solo unos pocos años, y han ganado el suficiente dinero como para mantener a su familia en Senegal y traer a España a sus parejas y a sus hijos.

Pero otros tardaron más de una década, algunos casi dos, en poder ejercer legalmente como pescadores. Muchos ni siquiera han podido hacerlo, enfrentados sin remedio al sistema, a las trabas administrativas y a la crueldad esclavista con la que ciertos empresarios se aprovechan de las personas indocumentadas.

La oportunidad de labrar un futuro

“En mi país ya no se podía pescar. Era imposible ganarse la vida”, recalca Madiop. Se calcula que casi un 20% de la población activa de Senegal se dedica a la pesca. Según la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el sector emplea a unas 600.000 personas.

Cuando llegó a España, Madiop tenía 30 años. Se sacó los papeles en 2009, y se pagó el curso de marinero gracias a un trabajo clandestino que consiguió remendando redes en el puerto de Fuengirola. Estuvo unos años pescando en Almería. Ahora lleva diez haciéndolo en Cartagena. Es plenamente consciente de que la suerte que él corrió no suele ser lo común. Sabe que muchos de los suyos se quedan en el camino. Alguno de sus compañeros estuvo a punto de hacerlo.

Los pescadores, como ellos, que se dedican a la captura del camarón en la ciudad portuaria -aunque los datos pueden extrapolarse a la de cualquier tipo de pescado o marisco- ganan, de media, en torno a 1.200 euros al mes. Su salario depende el número de ejemplares que traigan a puerto cada semana.

En los meses más prolíficos, los del verano, llegan a facturar cerca de 2.000 euros. Ahora, en otoño, apenas superan los mil. Durante dos meses al año, enero y febrero -esto sí varía en función de la especie-, están obligados a cobrar el paro. No pueden salir a navegar debido a las restricciones comunitarias que protegen los caladeros.

Cada uno de los marineros que acompaña a Madiop en el barco lleva en la cara, escrito, aun 18 años después de haber llegado a España -todos son parte de la diáspora de 2006-, el desarraigo del exilio, el sufrimiento de saberse en ninguna parte y de tener un objetivo que quizás puede no cumplirse.

Su historia es la historia de miles de personas que tal vez mueren ahogadas, enfermas o hambrientas. Ahora les reconforta haber encontrado en la situación pesquera española un reducto para labrar su futuro. “La pesca en este puerto, y en muchos otros, depende de nosotros, los pescadores senegaleses. Nosotros sacamos adelante estos barcos”, señala Baye Diagne, de 45 años. La base de Cartagena cuenta con un total de 33 embarcaciones.

Diagne conoce muy bien el gremio porque ha pescado en A Coruña, donde los migrantes también tienen su lugar de trabajo y la flota es más extensa. Pero su vida ha pendido, en todo momento, de un hilo delgadísimo. Le costó más de diez años llegar a ser pescador en España.

“Nuestra supervivencia depende de nuestros jefes, de que no quieran aprovecharse de nuestra necesidad. Necesitamos trabajar, de lo que sea. Pero les salimos más baratos sin contrato, aunque eso sea ilegal. Nuestra vida y la de nuestra familia se sustentan de nuestro trabajo. Pero sin contrato es imposible conseguir papeles”, afirma, metido en una bodega de la que va sacando pesadas bolsas de hielo que esparce por las cajas de camarones.

A su lado, Idrissa Diagne es el marinero más joven de los que trabajan en este pesquero, y quien más sufrió las consecuencias de la precariedad a la que todos ellos están sometidos. Llegó con solo 20 años a España, pero hasta que no cumplió los 37, el año pasado, no pudo sentir de nuevo el gusto de estar en medio del mar y de sumergir las redes en las profundidades. “Fue realmente duro. Un proceso muy largo, pasando por muchos trabajos, cobrando en negro. Pero yo nunca lo dudé. Mi profesión está aquí”.

En el puente de mando del barco, que es un cubículo angosto con varios monitores, conexiones eléctricas y mucho desorden, hay un colchón estrecho y desgastado y una manta. Una portezuela de madera da paso a un camarote claustrofóbico donde se apelotonan otros dos colchones. “Si nos vamos muy lejos, a veces dormimos ahí”, dice Elhadji Madiop.

“Pasamos muchas horas embarcados y nos esforzamos mucho. En la pesca uno sabe cuándo sale, pero no cuándo vuelve. Dormimos poquísimo. Pero lo llevamos haciendo toda la vida”, continúa Idrissa Diagne.

Tal y como sostiene el informe que avisa de la falta de relevo generacional, la “percepción sobre la peligrosidad y dureza de la actividad, los prolongados periodos de tiempo en los que es necesario ausentarse del hogar y la creencia de que no está suficientemente remunerada” disuaden a los jóvenes españoles de optar por la pesca como modo de ganarse la vida.

“Si no estamos nosotros, ¿quién va a estar?”

Pero los jóvenes senegaleses que reciben al fin la oportunidad de ser pescadores no la desaprovechan. El marinero Ebrima Ceesay zarpó del muelle a las ocho de la tarde del día anterior y ha regresado a las doce del mediodía. Ha pescado caballas, doradas y salmonetes. Acumula ya, dice, cuatro años sin tomarse ni una sola semana de vacaciones.

Enumera uno a uno a los pescadores que él ha conocido durante el lustro que lleva trabajando en el puerto de Cartagena. “Casi todos se han ido jubilando o están a punto”, explica. “Aquí, dentro de diez años o un poco más, no va a haber casi ningún español trabajando. Si no estamos nosotros, ¿quién va a estar?”, se pregunta.

Ceesay procede de Bettenty, un pequeño pueblo emplazado en la costa sur de Senegal. Comenzó a pescar a los siete años. Acompañaba a su padre en el cayuco al salir de la escuela. A los doce abandonó el colegio para ayudarle a tiempo completo. Han pasado tres décadas desde entonces. Llegó a España recién cumplidos los 26. Su familia poseía tres embarcaciones. No podían vivir de la pesca.

Cuando pisó por primera vez el suelo de Tenerife ni siquiera tenía zapatos. Vivió durante años en una casa maltrecha de Almería que daba cobijo a más de diez africanos. Vendía cualquier cosa en el mercadillo público para costearse los alimentos básicos. De casualidad, más de diez años después de llegar, y sin haber enlazado ni un contrato ni la posibilidad de tener papeles, un conocido le llamó desde Cádiz porque estaban buscando un marinero durante un corto periodo de tiempo. Allí se sacó el curso y regularizó su situación.

Se dio cuenta de que su trabajo era necesario. De regreso a Almería, cuando se le acabó el contrato en la bahía gaditana, la casualidad volvió a interponerse en el transcurso de su vida: un pesquero de Cartagena estaba amarrado en el puerto. Allí se enteró de que andaba falto de pescadores. Le dijeron que si quería trabajar no tenía más que desplazarse a la ciudad portuaria. Al día siguiente cogió un Blablacar y se plantó allí.

“Es muy difícil conseguir tus objetivos, llegar a ser lo que quieres ser en la vida, en un país que no es el tuyo. Conozco a mucha gente en la situación que yo pasé. Mi hermano pequeño, que también está en España, no tiene papeles. Está como loco por embarcar conmigo aquí, pero no puedo hacer nada”, relata. Habla con una energía desbordante y lleva más de 15 horas seguidas trabajando. Está agradecido por haber encontrado en Cartagena un empleo en el que se siente valorado.

“El mar para mí lo es todo. Me imagino trabajando en una oficina y me pregunto: ¿Qué voy a hacer yo ahí? Mi sitio es este”, confiesa Ceesay, que reclama más facilidades administrativas para que la gente de África evite jugarse la vida cada día en el océano, y para que sean contratados en origen y puedan desplazarse en avión. “Somos importantes -los migrantes-. Muchos países se han hecho grandes gracias a nosotros”, manifiesta.

La migración es un proceso global que se mide en fríos flujos como de corriente marítima, en cifras aproximadas. Pero cada persona lleva tras de sí una historia, un lugar del que tuvo que irse, una travesía escalofriante y peligrosa a la que sobrevivió por un golpe de suerte. Desde hace casi veinte años, dos de cada tres senegaleses que llegan a España son pescadores. Sin embargo, un amplio porcentaje no conseguirá nunca legalizar su estancia, y sentirá que se ha jugado la vida para nada.

Veinte años de clandestinidad 

A sus 42 años, Ousmane -nombre ficticio- remienda redes de pesca seis días a la semana de ocho a tres de la tarde. Libra los domingos. Trabaja ligeramente apartado del ajetreo del muelle, en una esquina, junto a una furgoneta blanca con la chapa medio oxidada. Los hilos de nylon se deslizan por sus manos agrietadas con una pericia experta. Lleva en Cartagena ocho años. No tiene contrato ni papeles.

Ousmane es pescador, pero no pesca desde que llegó al país, también en 2006. Soportó una década trabajando irregularmente en los invernaderos de Almería. Fue la etapa más traumática de su vida.

“Vivíamos todos los compañeros en una habitación enana. Ganábamos tan poco que no podíamos permitirnos otra cosa. Nos pagaban 33 euros al día, por once o doce horas de trabajo. A veces no descansábamos ni un solo día en toda la semana. Estábamos a 40 grados dentro del plástico de los invernaderos. Acabábamos exhaustos. Con lo poco que ganábamos teníamos que comer y mandar dinero a la familia”, cuenta.

Tiene la voz ronca y lenta. Su situación, ahora, en Cartagena, no ha mejorado mucho, tanto tiempo después. Ousmane es descendiente de una larga generación de pescadores. La llegada de barcos europeos dejó al mar, dice, “sin vida”. “Tras meses sin pescar nada ya no teníamos ahorros, y había que seguir comprando comida y gasolina. Es ahí cuando piensas en tu futuro, en el de tu familia. Un día lo hablé con mis hermanos. Les dije: me voy a Europa a buscar una vida mejor”.

Sin embargo, nada de eso ha sucedido. La vida mejor, para Ousmane, no existe. Arregla redes medio escondido por 500 euros al mes. Comparte a medias el dormitorio de un piso en un barrio periférico de la ciudad portuaria. Envía la mayor parte del dinero a su madre, a sus dos hijos. Tuvo un tercero, pero murió cuando él ya llevaba unos años en España. No llegó a conocerlo en persona.

Ha dormido en la calle y en albergues gestionados por organizaciones caritativas. Vive cada día dándole vueltas a la posibilidad de regresar. “En Senegal creemos que Europa y España son una tierra de oportunidades. Pero no es verdad. Cuando le digo a mis hermanos que es mejor que se queden allí no me creen”, afirma.

No le creen cuando les dice que trabaja en unas condiciones pésimas, sin derechos, desde hace casi veinte años. Que no hay momento en que no se sienta un extraño. Que cuando acabó el primer día en los invernaderos de Almería se quería morir. Que, si pudiera retroceder en el tiempo y volver a 2006, nunca se embarcaría en un cayuco.

“El Gobierno -de España- nos dice: si entras aquí no tienes derecho a trabajar. Pero para conseguir los papeles tenemos que tener un contrato de trabajo, y no nos dan facilidades. Es un sinsentido”, denuncia Ousmane.

Personas como él o como el resto de senegaleses que finalizan la jornada en la Cofradía de Cartagena son víctimas de una feroz desigualdad que condena sus vidas al desarraigo y al sufrimiento. Pero también son parte indiscutible del futuro del sector pesquero español. Decenas de marineros que han necesitado años de incertidumbre para poder trabajar de lo suyo van abandonando la lonja hasta el día siguiente. Se gastan bromas y se ríen, con el alivio del trabajo recién concluido.

Ousmane, sin embargo, sigue sentado junto a la furgoneta blanca. Aún le quedan un par de horas para marcharse a su casa. Teme que el momento de colocarse el chubasquero y las botas de goma sintética nunca llegue. Todavía tiene que formalizar los papeles y que sacarse el curso que le dé permiso para embarcar. Cuesta 850 euros y tendrá que pagarlos de su bolsillo. Ha perdido la cuenta del tiempo que lleva intentando tachar de su lista ambas tareas. “Es muy desagradecido”, dice, al tiempo que suelta la red. “A veces pienso en dejarlo. Pero qué hago si no. Qué como. Qué dinero mando a mi familia. Yo lo que quiero es pescar, y llevo veinte años sin hacerlo”.

El nuevo presidente de Senegal, Bassirou Diomaye Faye, prometió durante su juramento un cambio estructural en la gobernanza del país. Faye plantea en su mandato un alejamiento de la injerencia francesa, incluida una revaluación de los acuerdos económicos y comerciales sobre gas y petróleo, la lucha contra la corrupción en las instituciones y una apuesta por los intereses económicos nacionales. Sin duda alguna, una política radicalmente opuesta a la mantenida por los presidentes anteriores en las últimas décadas.

El 24 de marzo ganó la oposición en Senegal en unas elecciones que estuvieron marcadas por varios acontecimientos en cadena. En primer lugar, los candidatos: ni el presidente en vigor Macky Sall ni el líder de la oposición Ousmane Sonko concurrieron a las elecciones, el primero por no aprobarse la reforma de la constitución sobre la limitación de mandatos, y el segundo, al estar acusado de cargos de corrupción. En segundo lugar, y relacionado con lo anterior, las elecciones generaron una ola de protestas que duraron meses y provocaron, según los grupos de defensa de derechos humanos, que decenas de personas fueran asesinadas y otras mil encarceladas. El detonante fue que Sonko fuera enviado a prisión, no se le permitía presentarse a los comicios y Sall quería un tercer mandato. El tercer acontecimiento fue que tanto Sonko como el elegido presidente Faye fueron excarcelados tan solo 11 días antes de las elecciones.

Ahora bien, analicemos el país que se encuentra el presidente actual Faye. En Senegal el 75% de la población tiene menos de 35 años y la tasa de desempleo oficial es del 20%, lo que lleva cada vez a más jóvenes a huir de la pobreza socioeconómica y a emprender un peligroso viaje a Europa. En cifras de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en 2023 se alcanzó un pico máximo en los movimientos migratorios de la ruta atlántica con casi 40.000 personas. Muchas de ellas salieron directamente en cayucos de Senegal llegando a islas como la de El Hierro y según nuestro balance migratorio, casi el 80% del total de las llegadas a Canarias durante el 2023 proceden de países subsaharianos.

Las consecuencias del cambio están por venir en el África Occidental, pero sin duda, el cambio que las elecciones han tenido en Senegal confirma la tendencia en la zona: África se aleja de la injerencia europea y de las políticas de gestión migratoria impuestas por la UE

La migración se ha visto como una alternativa ante la inestabilidad política de Senegal, que viene muy alentada por cuestiones estructurales de la zona, como el deterioro de las condiciones de vida motivada por la sequía, los movimientos internos migratorios (el 70% de las migraciones de personas africanas son dentro de África) o la reducción de la pesca, entre las principales. Este contexto socioeconómico se ha trasladado a la política, en la que desde 2020 se han producido 9 golpes militares en el África Occidental: dos en Mali y en Burkina Faso respectivamente, Guinea Conakry, Chad, Sudán, Gabón y Níger, más los intentos fallidos en Guinea Bissau, República Centroafricana y Santo Tomé y Príncipe. Por ello, no es de extrañar que Faye prometiera restaurar la estabilidad en el país nada más ser declarado presidente de Senegal.

Por otro lado, ha descendido el poder e influencia de Europa en el África Occidental. El dinero de la Unión Europea de los fondos de externalización del control migratorio no ha revertido en el incremento de calidad de vida de los países receptores, únicamente ha sido utilizado para perpetuar regímenes poco democráticos en los países de origen y tránsito de la migración. El desencanto con el modelo europeo ha tenido varios efectos, como que países como Gabón y Burkina Faso hayan optado por alianzas estratégicas con potencias globales antieuropeístas como China y, sobre todo, Rusia.

Las consecuencias del cambio están por venir en el África Occidental, pero sin duda, el cambio que las elecciones han tenido en Senegal confirma la tendencia en la zona: África se aleja de la injerencia europea y de las políticas de gestión migratoria impuestas por la UE. Estará por ver si el efecto Senegal de optar por el cambio por medio de unas elecciones democráticas (y no mediante un alzamiento militar) se impone, con la dificultad añadida que supone en países armados por el yihadismo y el grupo de mercenarios Wagner.

Cuando no habían cerrado las urnas, Sidi, de 25 años, ya había salido a la calle a celebrar el cambio político en Senegal. Saint Louis, uno de los principales puntos de partida de los cayucos hacia Canarias y ciudad de pescadores, cerraba la jornada sin vítores en contra del presidente saliente, Macky Sall. Después de dos meses de manifestaciones y revueltas callejeras, la exaltación tenía un solo nombre: Bassirou Diomaye Faye, aclamado ganador de las elecciones presidenciales y líder del partido de Patriotas Africanos de Senegal por el Trabajo, la Ética y la Fraternidad (también conocido como el PASTEF). 

“Hemos hecho historia. Teníamos claro que esto iba a pasar, pero no sabíamos cuándo”, cuenta Sidi a este medio. El joven, que regenta una tienda de souvenirs en el casco antiguo de Saint Louis, asegura que ha votado por Diomaye Faye en las elecciones presidenciales del pasado 24 de marzo.

“Quiero vivir en un país donde exista esperanza para los jóvenes”, cuenta. Desde 2021, Sidi ha tenido que salir en varias ocasiones de Senegal en busca de trabajo. “La victoria del PASTEF no es importante por las medidas en contra del neocolonialismo de Francia. Es importante para nuestro futuro económico y laboral”, añade. 

A más de 200 kilómetros de distancia, la felicidad de Pape Malick, de 30 años, se une a la voz de Sidi. “Con la victoria de Diomaye, Senegal vive una nueva etapa. El pueblo senegalés está en un estado de euforia total. El sentimiento es unánime”, cuenta en conversación con este medio. “Estamos contentos de que el régimen opresor de Macky Sall ya no esté al frente de este país”, añade. Pape Malick, fundador de Afrothèque, una biblioteca en Dakar con literatura exclusiva del continente africano, su diáspora y el Caribe cree que “con Diomaye al frente del país, se han despertado nuevas esperanzas entre los jóvenes”. 

Las urnas y las calles han hablado. Desde 2021, la represión política y el encarcelamiento de líderes de la oposición han envalentonado la popularidad de la oposición, con Ousmane Sonko a la cabeza. Cuando el exlíder político del PASTEF fue acusado de presunta violación, las primeras reacciones entre la sociedad civil denunciaban un plan y una estrategia estatal planificada contra la candidatura del joven. Por ello, las protestas se intensificaron a favor de Sonko y del cambio político en Senegal bajo las riendas del partido de la oposición panafricanista y rupturista.

¿Cómo deja a Senegal la presidencia de Macky Sall?

Según la Agencia Nacional de Estadística, el 20% de la población activa de Senegal está en paro. El problema adquiere mayor dimensión cuando atendemos al censo demográfico del país: la mitad de la población es menor de 19 años y el 75% tiene menos de 35 años. “Los retos más urgentes de los senegaleses, y especialmente los jóvenes, es el empleo, la Justicia y la transparencia en la gestión de los bienes públicos”, apunta Abdoulaye Fall, senegalés y miembro del Grupo de Expertos en Migración de la Comisión Europea y del Consejo Consultivo de la Fundación de la Universidad Autónoma de Barcelona. 

A los desafíos relacionados con el empleo se suma un letargo de iniciativas y proyectos de infraestructura que no se han consolidado durante la presidencia de Sall. Bajo el Plan Senegal Emergente (2014-2035), el presidente saliente impulsó la ampliación de la red de carreteras, incluida la que une Dakar con su aeropuerto, así como la creación de la nueva ciudad de Diamniadio o el desarrollo de un tren regional exprés en la capital.

La realidad es que una gran parte de las propuestas han encontrado dificultades para ponerse en marcha y las obras se han prolongado años. Otras, en cambio, han sido criticadas por su coste desorbitado: 36 kilómetros del tren regional resultaron en una inversión de 780.000 millones de francos CFA (más de un millón de euros). 

Los 12 años de liderazgo oficialista de Macky Sall también dejan una deuda pública prevista del 67% para 2024, que el nuevo gobierno pretende ahora reducir al 60% de cara al año 2029. La gestión ineficaz de la economía y las corruptelas con los fondos públicos del país no han sido lo único. Según datos de Human Rights Watch, en los últimos tres años se han producido alrededor de mil arrestos de miembros y activistas de la oposición. La mano dura del gobierno de Sall ha mermado la libertad de expresión y reunión, ilegalizó el partido que hoy se alza como ganador y encarceló tanto a su candidato y próximo presidente, Diomaye Faye, como a otro de sus fundadores y exlíder, Ousmane Sonko.  

La represión de Sall no pudo con la voz del pueblo

“Estos resultados electorales, que consagran a Bassirou Diomaye como claro ganador, son la culminación de un anhelo popular de cambio de paradigma en la gestión pública en Senegal”, apunta Fall. Ese anhelo popular se ha ido construyendo en los últimos años y se ha consagrado con el pulso de los líderes estatales y las fuerzas de seguridad por reprimir las manifestaciones que reclamaban el cambio.

“En este cambio, ha contribuido tanto la trayectoria profesional del candidato, como el convencimiento de que el futuro del país no se puede construir fuera del enfoque soberanista y endógeno que defienda la formación de Ousmane Sonko”, añade.

“Si Macky Sall no hubiera anulado las elecciones, esto iba a pasar igualmente. Si Ousmane Sonko hubiera participado, este también habría sido el resultado. La población tenía ganas de votar y dejar atrás el régimen violento en el que Macky Sall ha gobernado con mano dura”, cuenta a este medio Moustapha Ady Mbaye Toure, 26 años, activista panafricanista y militante del partido político vencedor.

Tanto Moustapha como otras voces senegalesas apuntan que, desde el primer momento, las decisiones desde el Gobierno por anular o retrasar las elecciones presidenciales estaban justificadas por el miedo al cambio: “Sabían y sabíamos que la resistencia y la oposición iba a ganar”, añade Moustapha Ady.

¿Qué cambia con Diomaye Faye?

“El proyecto del partido de Faye tiene el acierto de comprender, primero, y dar respuesta, después, a las principales preocupaciones de una población mayoritariamente joven y sin perspectiva de realización personal”, cuenta Fall. Hasta el momento, durante la campaña electoral, Faye y su partido han señalado diferentes medidas que quieren llevar a cabo de manera inminente.

Entre ellas, destacan la puesta en marcha de una política anticorrupción rigurosa que incluya reevaluaciones fiscales, o el acceso a políticas de apoyo técnico y financiero para empresarios y responsables de proyectos, con el fin de limitar los efectos devastadores de la inmigración irregular. “La gente es consciente de que la solución a sus múltiples problemas no llegará en el corto plazo, pero se conformarán con que el nuevo presidente demuestre su voluntad de dar respuesta a sus expectativas”, añade Fall. 

Diomaye Faye se convierte en el quinto presidente desde la independencia de Senegal en 1960 y promete estrenar una era de regeneración para el país. A última hora del lunes 25 de marzo y durante su primer discurso como presidente electo, el exinspector de Hacienda insistió en abrir un nuevo capítulo tras los meses de violencia y detenciones que precedieron a las elecciones. “Me comprometo a gobernar con humildad y transparencia y a luchar contra la corrupción a todos los niveles”, señaló durante su intervención. El propio Diomaye Faye fue detenido en abril de 2023 acusado de desacato al Tribunal y fue finalmente liberado apenas dos semanas antes de su victoria en las urnas.

“Ha ganado un proyecto de ruptura y soberanía que busca nuestra dignidad. No tenemos duda de que las promesas de cambio del PASTEF se van a cumplir”, señala Moustapha Ady Mbaye Toure, 26 años, activista panafricanista y militante del partido político vencedor. “Los cambios van a ser tan profundos que podríamos encaminarnos hacia la Segunda República de Senegal. Los jóvenes tenemos que asumir lo que va a venir, acompañarlo, integrarlo y ser capaces de continuarlo durante los próximos años”, añade.

“Recuerdo que fue, sobre todo, una sucesión de días y noches que no acababa nunca. Salimos a las cinco menos veinte de la mañana desde el puerto de Joal-Fadiouth. Era de noche. Yo tenía una vida muy difícil en mi país y necesitaba irme. Fui valiente y lo decidí”. La madrugada del pasado 15 de noviembre Mamadou Diop vio, recién subido a un cayuco muy frágil que se iba internando lentamente en la inmensidad sombría del Atlántico, cómo la costa de Senegal y la muerte reciente de su padre y su vida de penuria y esperanzas deshechas se quedaban para siempre atrás, difuminándose en la distancia, como pequeños puntos de luces borrosas en la noche.

El joven senegalés de 21 años no imaginaba en aquel momento que muy pronto, cuando amaneciera, solo lograría ver, mirara donde mirara, una infinita extensión de agua. Tampoco imaginaba la duración interminable de los siete días y las seis noches que pasó en medio del océano que había sido, ya lo sabía antes de emprender el viaje, la trampa mortal en la que sucumbieron muchos de sus compatriotas. Navegando, a merced del azar, abrasado por el sol durante el día y abrigándose sin remedio contra el viento helado de la noche Diop recuerda escuchar todo el rato el llanto de un bebé de pecho al que su madre no era capaz de callar. “Durante el viaje se nos fue acabando poco a poco la comida y el agua. Entonces solo tenía una cosa en la cabeza: llegar a España. Era mi mayor deseo. Pero cuando miraba y no veía nada más que el mar tuve claro que no lo iba a conseguir. Creía que iba a perder la vida”, cuenta Diop.

Un viaje que no tenía fin

Sin demasiadas provisiones, deshidratándose con el paso de las horas, sobrellevando especialmente el temor a las noches, que recluían el barco y el océano en una oscuridad insalvable, junto a otras 90 personas, Diop explica que perdió por completo la noción del tiempo. No sabía calcular cuántos días habían pasado desde que se despidió de su hermano en su casa de Thiès, una localidad situada a unos 60 kilómetros al este de la capital, Dakar.

Desorientado, falto de fuerzas, en el amanecer casi invernal del 22 de noviembre, Diop cuenta que, de pronto, el mar se volvió más pequeño porque al fondo, en el horizonte, se comenzaron a atisbar una hilera de luces muy lejanas todavía. Eran las luces de la isla de El Hierro. Se había internado de noche en un país desconocido, en España, en una especie de isla extraña y muy oscura, muerto de frío y de sed. Cuando pisó el cemento firme del puerto de La Restinga, Mamadou Diop y el resto de viajeros fueron socorridos por voluntarios de la Cruz Roja. “No me lo creía. Por fin estaba en mi destino final, en España, donde llevaba meses soñando con llegar”, explica.

“El viaje había sido interminable, pero lo había conseguido. No podía estar más contento. Lo mejor de todo fueron las personas que nos ayudaron. No pudieron ser más buenas y más amables con nosotros”.

Tres meses y medio después de aquella travesía que pudo haber acabado en una muerte segura Mamadou Diop recorre las calles de Cartagena a paso rápido y ligeramente animado. Ha salido con unos 10 de sus compañeros del campamento de acogida y con tres supervisoras de Accem para realizar actividades deportivas al aire libre, pero él recibe a elDiario.es al margen, dando un paseo por un barrio cercano al centro.

Es un chico vivo y entusiasta, un tanto risueño, y eso se traduce en sus movimientos, aunque en su rostro gastado por las horas de sol haya un rastro indeleble de fatiga y de sufrimiento. Habla un español muy correcto para llevar tan poco tiempo en el país. Tiene el pelo muy corto y grueso, y las manos agrietadas. Dice que le encanta el fútbol y el Barcelona, y que su ídolo es Leo Messi. Que gracias a él se enamoró del deporte y que veía sus partidos desde que era un niño, en su barrio de Thiès. Su voz es grave, un poco desgarrada, y mira todo con una atención muy detallada, como si percibiera cada cosa por primera vez. 

Después de su llegada a El Hierro, cuenta, lo trasladaron a Tenerife una semana. Allí ya se puso a cargo de Accem. Viajó con ellos a Madrid. Era la primera vez que se montaba en un avión. En la capital tomó un autobús hasta la ciudad portuaria. Vive desde el pasado 2 de diciembre en el campamento provisional que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones habilitó en las instalaciones del antiguo Hospital Naval, al oeste de Cartagena.

Cuando Diop habla de su viaje, de lo que supuso para él, parece volverse como temeroso, mucho más vulnerable de pronto, consciente ahora de la envergadura del mundo y de la desigualdad que lo asola, como un huésped que no está seguro de haber sido invitado. “En medio del océano, navegando, nos enteramos de que otra patera con 250 personas que viajaba al mismo tiempo que la nuestra se quedó a la deriva, perdida. Muchos murieron en el intento antes que yo, pero nosotros tuvimos mucha suerte”, dice.

Un cambio desgarrador a la espera de regularización

De vuelta, tras el paseo, junto al Palacio de Deportes de Cartagena, donde sus compañeros, muchos de ellos también senegaleses, juegan al fútbol y se ríen y se gastan bromas en francés, Mamadou Diop se sienta en un banco y sigue contando su historia, con un cierto gusto íntimo por transformar en palabras sus recuerdos y por expresarse en un idioma que está comenzando a aprender. “Yo estudiaba ingeniería electrónica y mecánica en la Universidad de Dakar. Terminé los dos primeros años con muy buena nota, y me quedaban otros tres para ser ingeniero. Pero sabía que en mi país era imposible tener oportunidades de trabajar. Por eso quería venir a España”, explica.

“Soy consciente de que mi vida se ha transformado por completo. Decidí venirme y le puse valor y lo logré. Ahora me siento a veces un poco extraño, porque no conozco el sitio ni a la gente, pero estoy feliz y tengo ilusión por el futuro”, añade.

El camino ha sido muy duro. Incluso desgarrador. Un día cualquiera de noviembre estaba viviendo en Thiès, en casa de su hermano mayor, porque su padre falleció de una enfermedad del riñón en 2021 y a su madre, que vive en una zona fronteriza del sur de Senegal asolada por un conflicto bélico, no la ve desde hace más de una década, y al día siguiente ya nada de eso existía y se había convertido en uno más entre las decenas de personas sin nombre que cruzaban el Atlántico a bordo de una barca que habría necesitado un mínimo contratiempo para hundirse.

Diop está al tanto de las dificultades burocráticas a las que se enfrenta en España. “Sé lo complicado que será quedarme aquí. Sobre todo cuando vienes solo, sin familia, como yo. Es todo muy incierto. He solicitado asilo y he asistido a citas para regularizar mi situación. La guerra del sur, en la frontera con Gambia, donde vive mi madre, hace que todo sea muy peligroso. No quiero volver”, asegura.

Mientras aguarda el papeleo y vive su día a día en el campamento de Cartagena, sentado en un banco de madera, con las piernas cruzadas y el codo apoyado en el respaldo con una cierta apostura de cortesía, mira los edificios de la ciudad al fondo y los coches que circulan por las avenidas, fijándose, muy atento y muy concentrado, en los detalles más pequeños: en la gente que camina a su alrededor; en los niños pequeños que han salido del colegio y juegan con una pelota en el parque; en sus compañeros; en el rastro a gasolina quemada que deja tras de sí el paso de una moto. 

Durante unos segundos, un simple olor o un sonido le hace ser quien fue hace solo unos meses. Incluso unos años. Un niño tímido en su primer día de colegio en Thiès, o un adolescente que tiene que hacer lo que sea para salir adelante. “Mis padres se separaron cuando yo era muy pequeño. Tuve una infancia muy complicada, casi sin familia. Apenas teníamos dinero en casa, y la mayor parte del tiempo la pasaba solo, porque mi padre y mi hermano trabajaban mucho, de pescadores”, cuenta. “Conseguí sacarme el colegio y el instituto, con mucho esfuerzo, porque era muy buen estudiante y se me daban muy bien las ciencias. Entonces decidí matricularme en la universidad para convertirme en ingeniero. Ése es mi mayor sueño”.

La pérdida de su padre, la decisión de marcharse

Un momento muy trágico marcó su vida. También su determinación de abandonar Senegal. “Era una vida imposible, sobre todo para los jóvenes. La gente de entre 20 y 30 años se suele ir del país, porque no hay oportunidades para ellos. El presidente [Macky Sall] no se preocupa por nosotros. En 2021, cuando empezaba mis estudios, mi padre, que se llamaba Ibrahim, murió. Tenía 52 años. Desde entonces me siento un poco solo. No lo tengo a él, que me apoyaba y me aconsejaba en todo. Me falta. Se me hizo la vida muy cuesta arriba. Lo necesitaba conmigo”, explica, con la voz ahora muy débil.

Sin el calor de su padre, y con una perspectiva desoladora una vez terminara los estudios, se fue sin mirar atrás. “Estoy aquí para ello, para acabar mi formación. Quiero terminar la ingeniería, quiero encontrar un trabajo y formar una familia aquí, en España, en Cartagena”.

Mamadou Diop tiene una firme voluntad de hacerse una vida propia, una vida que sea plenamente suya, que nadie más pueda interrumpir ni cuestionar. En el cayuco, en las noches de insomnio recostado en la cubierta, rodeado de otros chicos como él y también de hombres, mujeres y niños que huían de la pobreza, del despotismo o de los señores de la guerra, toda su vida se le pasaba por delante. Perspectivas lejanas del pasado se abrían y cerraban en abanico en su conciencia, como las líneas de las olas del Atlántico.

“Mientras navegábamos, y antes de salir, en los días previos, imaginaba España con más intensidad que nunca. En Senegal y en África lo imaginamos como un país que nos acoge, que nos ofrece una oportunidad, y también como un lugar de paso para ir después a otros países, como Francia”, dice.

“Cuando llegué aquí, estaba solo y me sentía solo. Pero enseguida, cuando conocí a mis compañeros, me di cuenta de que tenían historias similares a la mía o incluso mucho peores. Me siento comprendido y apoyado gracias a ellos. Nos hacemos compañía entre todos y nos ayudamos”.

En su día a día hace cosas que le mantienen ocupado y le alivian la incertidumbre del futuro y la nostalgia de su país. Asiste a clases en el campamento. Aprende el idioma. Quiere conocer cualquier cosa relacionada con la ciudad, con su cultura y tradiciones, con sus fiestas, con su gente. “Salimos a dar paseos por Cartagena algunas veces. Otras vamos a ver, en este pabellón”, señala hacia la curvatura metálica de la fachada, “al equipo de baloncesto”. Entonces, como reviviendo el deporte desde las gradas, se levanta del banco y se pone a jugar con sus compañeros. 

Diop lleva tres meses en Cartagena, y estas calles y plazas próximas al Naval ya se le han vuelto en cierto sentido usuales. Pero, al mismo tiempo, es un lugar extraño para él. A su corta memoria de la ciudad portuaria se añaden cada día fotogramas nuevos, descubrimientos inmediatamente sustituidos por otros, como un desorden de postales: una ciudad en la que es un recién llegado, pero de la que, a su vez, aunque no quiera, puede estar a punto de marcharse.

“Quiero estudiar aquí y tener mi vida aquí. Una profesora de Accem que da clases en el campamento también es profesora en la Politécnica, y me ha dicho que hará todo lo posible para que pueda llegar a matricularme. Quiero tener hijos, y, cuando pasen unos años y gane dinero, poder volver a Senegal de visita, con ellos, para ver a mi familia, para ver mi casa y mi ciudad. También quiero que venga mi hermano aquí, conmigo”, explica.

26.000 migrantes trasladados de Canarias a la península desde octubre

Para suavizarles a todos la extrañeza, Accem, la ONG que gestiona el campamento provisional desde que el Ministerio lo abrió a finales de noviembre con el objetivo de rebajar la presión migratoria en Canarias, realiza una labor de un valor incalculable. Mamadou no tiene palabras para expresar el agradecimiento que siente por todos los trabajadores que se preocupan por él.

Se espera que el recinto esté en funcionamiento hasta el próximo 31 de marzo, aunque no sería raro que se prolongase su duración, dada la crisis a la que está sometida el archipiélago. Desde octubre, según datos oficiales, el Gobierno ha trasladado a más de 26.000 migrantes de las islas a la península. En el último mes, una media de más de 300 personas diarias desembarcó en las costas canarias. Se han registrado datos históricos de llegadas de personas procedentes de África en el último trimestre.

María Col es psicóloga de la ONG y una de las supervisoras de la actividad. Mira a los chicos jugar entre ellos y explica: “Les encanta cualquier deporte. Se pasan así las horas. Les gusta también dar paseos, salir a correr, conocer la ciudad y empaparse de todo lo que puedan”. Cuenta Col que son más de 600 los chicos alojados en las instalaciones del Naval. La mayoría procedentes de países subsaharianos, no solo de Senegal: también Mali, Gambia, Mauritania o Guinea.

“Para nosotros no son un número. Ésa es nuestra máxima. Cada uno tiene su vivencia, su dolor, y todos quieren un futuro mejor. Nuestro equipo, compuesto por educadores, enfermeros, trabajadores sociales, psicólogos y juristas se encarga de ayudarles. Todos los días. Escuchamos cada una de las realidades que traen consigo. Es algo puramente humanitario”, concluye.

De camino de nuevo al campamento antes de que se ponga el sol, porque es Ramadán y todos aguardan con ganas la hora de la comida nocturna, Mamadou Diop enfila la avenida colmada de pinos en la que se ubica. Durante toda la conversación, al principio, y también ahora, mientras cuenta y recuerda y mira, hay algo que permanece inalterable en él: un sentimiento de desarraigo, alojado sobre todo en su manera concentrada de observarlo todo, de no compartir las certidumbres de pertenencia que sí parecen tener las personas con las que se cruza por Cartagena, las que han salido a caminar en familia en el atardecer de marzo, que en ellas parecen tan naturales, la seguridad con que dan por supuesta la consistencia del suelo o la dirección futura de sus vidas.

Saca el teléfono del bolsillo y enseña algunas fotografías con sus amigos, en Senegal. “Hay veces, aunque estoy muy bien y muy tranquilo aquí, en que echo de menos a mi hermano, a mi casa, a mi país, a mis amigos. Pero prefiero estar aquí. Quiero construir mi propia vida. Todo era más raro al principio, pero cada vez estoy más cómodo, con ganas de conocer gente y de tener contactos que me faciliten el poder quedarme en España”, dice.

Cuando menciona a Senegal, cuando enseña las fotos, parece tocado por una vaga melancolía que es personal pero que también está propiciada por las circunstancias. Mamadou Diop está, ahora mismo, como fuera del tiempo, entre la Senegal que acaba de abandonar y la España y la Cartagena en la que poco a poco se va sintiendo más él mismo, como en una habitación propia.

“Aun sabiendo todos los riesgos, aun habiéndome jugado la vida, volvería a subirme al barco. Sin duda. Tengo muy claros mis objetivos”. Apenas hace unas semanas era una más de las 91 personas acurrucadas en la cubierta de un cayuco. Personas como sus compañeros del campamento o como las repartidas por toda España y Europa, que llevan sobre sus hombros el peso de la eterna diáspora de África.

Gente con la vida y la biografía truncadas, chicos muy jóvenes, como él, que dejan de pronto de serlo, abandonados a la suerte del mar y de la provisionalidad. Ahora, Mamadou espera un salvoconducto, un papel, la llegada de una protección oficial a la que acogerse, de un permiso definitivo que le conceda el don de salir a la calle y, por fin, sentirse parte verdadera de la ciudad. “Yo quiero ser feliz en Cartagena. Hacer mi vida, conocer gente, empezar a estudiar. Pero hay algo muy importante que me ha enseñado este viaje: que el futuro nadie puede saberlo”.

Hay salas en el aeropuerto de Barajas en Madrid que viven una situación de colapso. Son las salas reservadas para personas en situación de petición de asilo. Y se han saturado. Hay gente permanentemente, a veces duermen allí durante días. Durante las últimas semanas ha llegado a haber al mismo tiempo 330 personas en este lugar. Sin ventanas, sin contacto con el exterior, sin poder alimentarse o lavarse correctamente. Tiradas en el suelo.

Conocemos los casos de Mathias y de Patricia, dos personas que han estado hacinadas en Barajas y que han hablado con la periodista de elDiario.es Gabriela Sánchez, que nos explica cómo se ha llegado a este colapso en el aeropuerto.

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“Tragedia en Senegal: el naufragio de un cayuco deja decenas de desaparecidos”; “Más de 60 muertos o desaparecidos cuando intentaban llegar de Senegal a España”; “Una pequeña localidad de Senegal llora a sus jóvenes muertos en el mar”, estos fueron algunos de los titulares que desde este verano se leen en la prensa española.

Con unas cifras que no tenían precedentes, miles de personas del país africano arriesgaron sus vidas en 2023 para llegar a Europa por mar, muchos a través de las islas Canarias y muchos perdieron su vida en la travesía. Una tragedia que siembra de tristeza no sólo las ciudades de sus países de origen, también a muchos senegaleses que, desde hace años, residen en Asturias.

Uno de los pueblos más sacudidos por la migración “clandestina” -así la llaman en Senegal- es Fass Boye, que también podría considerarse como un pueblo asturiano por la gran cantidad de jóvenes que salieron de allí y ahora viven en el Principado. Entre ellos está Baba Faye. Lleva 16 años residiendo en la cuenca minera del Nalón y él mismo calcula que, alrededor de otros 100 compatriotas viven en Gijón y repartidos por otras localidades asturianas, casi todos desde hace más de una década.

En elDiario.es Asturias hemos estado con la familia de Baba, en su localidad natal, intentando comprender por qué él y muchos como él se jugaron y siguen jugándose la vida en el mar para llegar a Europa. Ha sido un viaje al origen de decenas de inmigrantes que ya llevan décadas asentados entre nosotros.

Fass Boye, un pueblo solidario que vive de la pesca

Se está poniendo el sol, son las siete de la tarde y, mientras el cielo se va tornando amarillo intenso en la paradisiaca y enorme -además de desconocida para los turistas- playa de Fass Boye, decenas de barcos se adentran en el mar. Algunos más pequeños y otros de gran tamaño. Se van a faenar, a pescar toda la noche.

A las ocho de la mañana del día siguiente vuelven a la misma playa, con sus trajes impermeables de color verde. En la orilla aguardan centenares de personas. Son hijas e hijos esperando por sus padres pescadores, para recibirlos y ayudarles a descargar el pescado. Algunos empresarios se llevarán la mayoría de las capturas. Subirán los peces a unos carros tirados por burros que los llevarán hasta los camiones que esperan fuera de la playa. Unos camiones que saldrán con la carga dirección a Dakar.

También esperan muchas, muchísimas mujeres. Su misión es comprar el pescado que puedan costear con las monedas que tengan a mano ese día. El objetivo es vender luego ese pescado. Algunas lo harán en el mercado local, otras en la puerta de sus casas y otras lo llevarán a pueblos más alejados de la costa para vender allí. Las hay que lo secan para su conservación en un proceso artesanal que desarrollan durante toda la jornada en una esquina de la playa. Lo guardan para vender más adelante.

Todas ganan así dinero para sus gastos del día y para poder invertir de nuevo en pescado en la jornada siguiente. Pero hay una queja que repiten como un mantra mientras se descargan los barcos. Hay muy pocos peces, no hay suficiente para todos.

A las redes de los pescadores de Fass Boye cada vez llegan menos peces. Los grandes barcos pesqueros europeos ya han desplegado sus artes en el Atlántico gracias a los acuerdos que Senegal tiene firmados con la Unión Europea y que permiten a las flotas españolas, francesas y portuguesas faenar en sus aguas.

El último se firmó en 2021 y despertó mucha polémica en el país africano por sus consecuencias negativas para la economía local. Permite a los barcos europeos pescar atún y merluza muy cerca de la costa senegalesa, a pocos kilómetros de donde alcanza la vista hay embarcaciones vascas y cántabras faenando.

Dejan para la flota local sólo los kilómetros más cercanos a la playa, donde ya no llegan los bancos de peces. De estas capturas, que cada vez son menores, no dependen sólo casi todas las familias de Fass Boye, también la mayor parte de los habitantes de las ciudades y pueblos más habitados de Senegal,.

La economía doméstica cada vez es más difícil de sostener. Senegal no es un país barato, hace apenas unas semanas el Banco Mundial calculaba que el precio de los alimentos en este país ha aumentado un 15% de media durante el último año. Pero no sólo las dificultades económicas han hecho de este 2023 uno de los años en los que más senegaleses huyeron a España.

También cuenta la inestabilidad política que ha desatado la detención del líder de la oposición al actual presidente. En el poder se encuentra Macky Sall, a quienes muchos ciudadanos acusan de trabajar a las órdenes del poder político y empresarial de Francia. El líder opositor, Ousamane Soko está detenido y todo aquel que ha salido a la calle para protestar por lo sucedido corre el riesgo de ser encarcelado. Sólo en el mes de junio unas 500 personas acabaron en prisión, incluso menores, por su apoyo a Soko. Fass Boye fue uno de los pueblos donde se produjeron estas manifestaciones de protesta.

La idea de migrar, el sueño de una vida mejor

Cuando entras en casa de Vieux Ahmadou Faye hay una decena de chicos tejiendo redes de hilos verdes a mano, poco a poco. Él es capitán de dos barcas que ya se preparan para la temporada de pesca de la dorada, una de las más importantes de Senegal. No dejan ningún detalle suelto: pintan, tejen... Todo tiene que estar listo para que, después de días sin ingresar ni un solo franco, las esperanzas se cumplan y la campaña sea un éxito.

Vieux vivió en España durante años, en Zaragoza. Llegó en patera en 2006 y en los años duros de la crisis en nuestro país decidió regresar. Echaba de menos a su familia y su padre enfermó. Habla perfecto español, pese a llevar ya años de nuevo en Senegal, y no deja de contar anécdotas de su vida en la capital maña. Echa de menos a los amigos que hizo allí.

Ahora ya no tiene documentación para volver a irse al no haber renovado su residencia -una renovación que no puede hacerse si estás fuera de España-. Pero la idea le ronda la cabeza a menudo. Lo que pasa que sus circunstancias han cambiado. Está casado y tiene dos hijas pequeñas a las que asegura que no metería nunca en un cayuco. Tampoco se ve con ganas de vivir sin ellas durante años en la distancia.

Si consiguiese volver a territorio español tendría que esperar al menos tres años hasta plantearse poder traer a su familia con él. Vieux asegura que las trabas administrativas para poder hacerte con un permiso de residencia son muy grandes. Además, durante la espera, tan sólo sobrevives con empleos sin asegurar porque al no tener papeles nadie te contrata.

Pese a todo, reconoce que sí, que piensa de vez en cuando en volver a marchar. Una idea que ronda las cabezas de numerosos jóvenes del pueblo. “Quienes más confiados están para hacerlo son los pescadores, conocen bien el mar”, explica Vieux. Tiene muchos amigos y compañeros de pesca que se han ido en los últimos meses. Algunos de ellos han desaparecido en el mar. “Nos estamos quedando sin nuestros mejores pescadores”, añade Vieux que está sorprendido porque también ahora hay muchas mujeres, sobre todo jóvenes, que piensan en partir.

Khadija es una joven de 25 años que estudia español en la universidad. Lo habla estupendamente. Ahorró durante años para pagarse sus estudios y está en segundo de carrera. Le encantaría conocer España algún día pero sabe que es casi imposible hacerlo, llegando en avión con un pasaporte senegalés. Sueña con poder ir solo de vacaciones o a estudiar unos meses con una beca. Pese a la falta de oportunidades para cumplir esos sueños Khadija dice que nunca se lanzaría al mar, pero sí tiene miedo de que un día, al levantarse, sus hermanos no estén.

Muchas personas planean a escondidas de su familia su partida con otra gente del pueblo. Y cuando se hace posible se suben a una barca pesquera para atravesar los más de 1.500 kilómetros de Senegal a Canarias. Las familias se despiertan un buen día y se encuentran con que sus hijos, hermanas, hermanos, parejas…. no están. Pasan días en vilo, angustiados, sin saber de ellos, esperando que pasen los siete que se calcula que se tarda en hacer esta travesía.

A veces, como sucedió en Fass Boye el verano pasado, las barcas no dan señales en semanas. Desaparecen y nunca nadie vuelve a saber más. No se despliega ningún dispositivo de búsqueda en el mar. Otras barcas aparecen con algunos supervivientes, después de días sin comida ni bebida. Son ellos los únicos testigos de lo sucedido, los que cuentan qué sucedió, cómo tuvieron que ir tirando cuerpos al mar según pasaban los días. Son quiénes confirman a las familias si su hijo, hermano, hermana,... está muerto o desaparecido.

Sacrificarse por los demás

Pensar en la partida es muy duro. Lo dice Vieux, que ya lo vivió, y lo dicen decenas de personas a los que les ronda esa fantasía de la marcha. Pero se siente como un deber, un sacrificio para el futuro. La cultura senegalesa no contempla pensar en el bienestar individual si no en el bien común. “Nitt day ndiabott te nango ouff” es la frase que más repiten las madres senegalesas a sus hijos. “Una buena persona debe ser generosa y estar dispuesta a ayudar a los demás”, es la traducción de este refrán común.

Si llegas a España, con el dinero que vayas a conseguir no sólo apoyarás a tu familia directa -madre, padre, hijas, hijos, pareja-, vas a ayudar a muchos más, hermanos y hermanas, sobrinos, sobrinas, los primos que están en apuros... Porque los hogares senegaleses están compuestos de mucha gente. Bajo un mismo techo son muchos los que comparten las comidas, las tareas del hogar, las penas y, sobre todo, las risas. Porque pese a todo, los senegaleses son bromistas, ríen y ríen, aunque el mundo esté del revés.

Fass Boye es puro jolgorio. Casas donde el tránsito de visitas es continuo. Amistades, familiares, gente que entra y sale y abarrota las calles donde todos charlan unos con otros, bromean y se ríen a carcajadas. Hasta que, de repente, te encuentras con una madre que aun no puede reír porque este verano ha perdido a su único hijo, que se ha muerto en el mar. Las vecinas la abrazan y le siguen dando su apoyo, sus oídos y su compañía. Es pura fiesta hasta que te encuentras a una mujer que viene de comprar pescado en la playa para revenderlo y alguien le pregunta cómo lleva la muerte de su hermano, que iba en el barco que pasó semanas a la deriva.

Es el triste relato que salpica a todas las familias. Jóvenes que han decidido irse para asegurar un futuro tranquilo a los suyos, para ganar dinero extra y que su gente pueda vivir en una casa más sólida, más amplia. Para que todos puedan comer todos los días más de una vez, para que cuando llegue la factura de la luz haya forma de pagarla.

Lanzarse en cayuco al mar es un sacrificio por la familia, no tiene que ver con ensoñaciones de riqueza. Solo buscan poder dar una estabilidad a largo plazo a la gente a la que quieren. Como ejemplo el grifo de agua que hay en la puerta de la casa de Baba Faye, el senegalés que vive en la cuenca minera hace 16 años. Su cuñada Aida nos cuenta que fue él quien hizo llegar el agua desde el pozo hasta su hogar y en vez de meter dentro grifo lo dejó a la puerta para que la gente que pasa por la calle pueda también llenar sus garrafas.

Acogerles no era su competencia, pero alcaldes y presidentes autonómicos corrían a ofrecer plazas para recibir a los refugiados ucranianos a finales de febrero de 2022. Decenas de ciudadanos recorrían miles de kilómetros para plantarse en la frontera de Polonia, recoger a quienes huían de la guerra y traerlos a España sin apenas coordinación institucional. Aparecían autobuses repletos de desplazados sin previo aviso. Pero las palabras de los líderes municipales y autonómicos de todos los partidos, incluido el PP, mostraban su disposición a ayudar a las decenas de miles de desplazados.

Algo más de un año y medio después, el Ejecutivo ha declarado de nuevo la emergencia humanitaria, ahora para gestionar la acogida de los migrantes y refugiados desembarcados en Canarias, donde en el último mes se ha registrado un ritmo de entradas irregulares sin precedentes desde 2006. El mecanismo permite reducir los trámites necesarios para abrir plazas de acogida, pero algunos alcaldes y líderes regionales del Partido Popular han respondido a la llegada de estas personas con declaraciones de tintes xenófobos, muy distintas a la entrega generalizada surgida ante el éxodo ucraniano. 

Amapola Blasco, la directora general del sistema de acogida de protección internacional y temporal, ha estado al frente de la gestión de las dos emergencias desde la Secretaría de Estado de Migraciones. Para buscar y cerrar miles de plazas en escasas semanas, coordinar a las organizaciones sociales de los distintos territorios y a los diferentes actores involucrados en la apertura de nuevos espacios ha utilizado herramientas similares en una y otra crisis. Pero Blasco encuentra una diferencia fundamental entre ambos: “el clima” generado alrededor de su acogida. 

“La diferencia de gestión de emergencia derivada de la huida de las personas procedentes de Ucrania y la actual viene dada por el clima en el que nos estamos moviendo. Un clima generado a raíz de una utilización perversa, injustificada de la realidad de las personas que han venido huyendo de situaciones de conflicto, inestabilidad, que ponían en riesgo sus vidas buscando en nuestro país un lugar mejor en el que vivir”, dice Blasco a elDiario.es. 

“Se ha generado un clima provocado sobre todo por determinados políticos que estigmatizan a las personas que vienen sin conocerlas, dan opiniones que no tienen base en ninguna evidencia, que desconocen a estas personas”, continúa la directora general de protección internacional.

En medio de este ambiente, el ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, ha convocado este martes a las 17 horas una reunión por videoconferencia con los alcaldes de los principales municipios de España, la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias y los consejeros de Asuntos Sociales de las comunidades autónomas. El objetivo es informar sobre el plan del Gobierno para la emergencia humanitaria en Canarias ante el “desconocimiento” que Escrivá asegura haber percibido en los líderes locales y autonómicos sobre la política de acogida estatal.

Doble rasero

El Hotel Balneario Palacio de las Salinas, en Medina del Campo, estaba cerrado por obras desde hace medio año. Apenas nadie entraba y salía de sus señoriales instalaciones hasta que, la semana pasada, sus vecinos comenzaron a ver a varios jóvenes subsaharianos en los jardines que rodean al edificio. El alcalde convocó una rueda de prensa en la que, más allá de criticar una aparente falta de información previa por parte del Ministerio de Migraciones o la Delegación del Gobierno, deslizó una serie de bulos como la unión de la inmigración y la delincuencia, entre otros. 

El primer edil se quejó de que la llegada de un centenar de personas al municipio podría generar un brote de “cualquier enfermedad”, cuando han pasado un control médico a su llegada a Canarias. En su opinión, la presencia de los migrantes genera en el municipio “incertidumbre y miedo” y aún más, añadió, en una situación de “alerta terrorista”. Sus declaraciones chocan con la reacción de su ayuntamiento en febrero de 2022, cuando cedió un albergue juvenil municipal para alojar a 120 refugiados ucranianos.  

El gerente del balneario, que ha alcanzado un acuerdo con el Ministerio de Migraciones, ha señalado la distinta reacción del Consistorio entre ambas emergencias. “El albergue también es centro de acogida, lo comenzó siendo para personas de Ucrania y luego para más nacionalidades y no ha pasado nada”, ha comentado en declaraciones recogidas por La Voz de Medina. El gerente del hotel también recuerda otros usos de emergencia que sus instalaciones han tenido en los últimos años: “Cuando el balneario fue hospital de campaña en la pandemia tampoco se armó ningún revuelo. Todos somos personas”. 

“Refuerzos de seguridad”

La alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, no tardó en reaccionar ante la próxima apertura de un campamento temporal de migrantes en la base militar ‘Primo de Rivera’ ubicada en su municipio. La primera edil criticó la falta de información recibida semanas antes de la apertura del centro, programada para dentro de dos semanas aproximadamente. “Estoy bastante preocupada”, dijo la primera edil la semana pasada. 

Piquet daba un paso más y pedía al Gobierno el refuerzo policial en Alcalá de Henares, vinculando la inmigración con el aumento de la delincuencia semanas antes de abrirse el espacio de acogida. “Hay que reforzar al Cuerpo Nacional de Policía en la ciudad, y solicito un plan de seguridad y convivencia”, dijo la líder del Consistorio. Este lunes, la alcaldesa ha convocado una Junta Local de Seguridad extraordinaria para tratar como único punto del orden del día el tema de la llegada de alrededor de 400 migrantes a su municipio. 

Pero hace un año y medio, el Ayuntamiento anterior –gobernado por otro alcalde pero también del Partido Popular– no expresó ese tipo de preocupación ante la llegada de refugiados ucranianos. Dos días después del inicio de la invasión de Ucrania, el entonces edil visitó la Asociación de Ucranianos de Alcalá, donde les ofreció “cualquier colaboración” para la acogida de sus compatriotas. Además, cedió el Centro Sociocultural Zulema como punto centralizado de recogida de ayuda, tanto para Ucrania como para los desplazados en la ciudad madrileña. En un primer momento, se esperaba la apertura de un albergue para refugiados pero finalmente se abrió en Soto del Henares, perteneciente al municipio vecino de Torrejón. Ninguna voz política llamó al refuerzo de seguridad en la zona ni expresó preocupación ante su acogida. 

La subdelegada del Gobierno en Madrid, Elena Bernardo, no ve “sentido alguno” a la reacción de la líder del consistorio de Alcalá. “Entiendo la preocupación de la alcaldesa, pero no es objeto de una Junta de Seguridad Ciudadana. No es el foro adecuado. No se les puede vincular a la delincuencia, vienen de causas de índole humanitaria y es por donde hay que tratarlo”, ha respondido Bernardo. “En Alcalá conviven 36.000 extranjeros de múltiples nacionalidades. Aquí se hizo una política de acogida muy importante a refugiados ucranianos, por eso no entendemos la preocupación por la seguridad de estas 400 personas que acogerán en Alcalá”, ha añadido en declaraciones recogidas por Europa Press.

También ha pedido al Ejecutivo central un aumento de la seguridad la alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, Paloma Tejero, ante la llegada de 250 personas trasladadas desde Canarias. En esta ciudad madrileña se localiza desde marzo de 2022 el centro de referencia para refugiados ucranianos en la Comunidad de Madrid, donde las personas que huían de la invasión rusa acudían a tramitar sus papeles y también podían ser acogidas de forma temporal. Ni el anterior edil del municipio –también del PP– ni la actual habían cuestionado la existencia de este centro ni la llegada de las personas acogidas en su interior desde su inauguración. 

Pero ha sido ahora, tras la llegada de migrantes, la mayoría senegaleses que accedieron en cayuco al Archipiélago canario, cuando el Consistorio ha alzado la voz y ha solicitado un refuerzo de la Policía Nacional en la zona. Según dice en una carta, enviada a la Delegación del Gobierno en Madrid la semana pasada, los vecinos han mostrado su “preocupación” después de ver a migrantes “deambular” por las calles de la ciudad, sin detallar ningún incidente de convivencia. Las personas acogidas en el CREADE se encuentran en libertad y pueden salir y entrar a su antojo. Muchos de los senegaleses recién llegados salen a pasear por la zona, como ya lo hacían los ucranianos en el último año y medio. 

Tras la misiva enviada por la alcaldesa, el ministro Escrivá ha visitado este sábado el CREADE de Pozuelo. El responsable de Migraciones explicó que 26.000 personas desplazadas de la guerra de Ucrania han pasado por sus instalaciones y 6.000 de ellas han sido alojadas en este centro con distintas duraciones. La polémica ahora ha surgido con 250 personas, la mayoría senegalesas. 

Pero desde hace meses este espacio no solo acoge a ucranianos. Debido a la caída de las salidas de refugiados por la invasión rusa, el Ministerio de Migraciones utilizó estas plazas para alojar a migrantes y solicitantes de asilo de diversas nacionalidades. Actualmente, alberga a personas procedentes de 13 países distintos, según detalló Escrivá. Su acogida, por tanto, se encuentra dentro de la actividad regular del centro. Pero no fue hasta la polémica generada con la agilización de los habituales traslados de migrantes a la península cuando su alcaldesa dio la voz de alarma. 

Mientras la guerra de Ucrania provocó la llegada de alrededor de 180.000 ucranianos a España, las entradas de migrantes en 2023 a Canarias rondan las 30.000. La mayoría de personas han sido trasladadas a otros puntos de España a lo largo del año de manera discreta, pero ante la aceleración del ritmo de llegadas en octubre, las derivaciones a la península se han multiplicado. En las últimas semanas, alrededor de 7.000 migrantes, la mayoría senegaleses, han sido enviadas a distintas plazas de acogida peninsulares.

5.000 de ellas se encuentran en hoteles de manera provisional, mientras el Ministerio ultima la apertura de los nuevos campamentos de emergencia en cuatro terrenos cedidos por Defensa. Durante la emergencia de Ucrania, 10.000 refugiados ucranianos fueron alojados en hoteles. Algunos de ellos se han utilizado en ambas crisis.

“Hasta la fecha no hemos tenido ningún problema de convivencia, ningún problema de actitud, de integración de las personas que han llegado”, recalca la directora general de protección internacional. Amapola Blasco lamenta que el clima de alarma despertado durante esta emergencia ha dificultado el día a día de los equipos que tratan de encontrar camas contra reloj para evitar la saturación de la red de acogida, según la directora general de protección internacional. “Esa llamada al miedo y a la confrontación perjudica mucho la respuesta a la crisis y no ayuda a responder desde una perspectiva de derechos humanos”, ha lamentado la responsable de coordinar el operativo de acogida desde la Secretaría de Estado de Migraciones.