Comisiones Obreras (CCOO) ha denunciado públicamente lo que considera una “grave actuación de represalia” por parte de la entidad Arpa Autismo Rioja. Según ha trasladado la organización sindical, la dirección del centro ha abierto expedientes de despido disciplinario a varias trabajadoras de la plantilla, una medida que coincide cronológicamente con sus gestiones para promover una candidatura del propio sindicato y constituir, por primera vez, un comité de empresa.

Desde CCOO señalan que esta coincidencia resulta “demasiado grave para pasarla por alto” y apuntan a la existencia de indicios claros de vulneración de derechos fundamentales. La entidad, que ya ha vivido episodios previos de conflictividad laboral en el pasado, vuelve a situarse en el foco sindical por recurrir a la vía disciplinaria en lugar de apostar por el diálogo social, cortando de raíz el intento de la plantilla por dotarse de representación legal democrática.

El sindicato alerta de las consecuencias colaterales que esta decisión tiene sobre el conjunto de la plantilla de la organización sociosanitaria. A juicio de la central sindical, la apertura de estos expedientes busca inocular una política del miedo para amedrentar al resto de profesionales, enviando la consigna de que el ejercicio de la acción sindical o la reclamación de mejoras laborales puede derivar en sanciones directas o despidos.

Esta denuncia se produce escasos días después de que el propio sindicato hiciera público un patrón de conducta similar en la empresa Salsa Rica, lo que desde Comisiones Obreras califican como una tendencia “especialmente preocupante” de prácticas antisindicales en el tejido empresarial riojano. Ante este escenario, el sindicato ha exigido a la dirección de Arpa Autismo Rioja la paralización inmediata y el archivo de los expedientes abiertos, el cese de cualquier injerencia en el proceso electoral y el restablecimiento del diálogo respetando la Constitución.

La central sindical ha avanzado que pondrá a disposición de las trabajadoras afectadas sus servicios jurídicos y la cobertura sindical necesaria para garantizar la defensa de sus puestos de trabajo. “Organizarse no puede costarle el empleo a nadie”, han enfatizado desde la organización, ratificando su compromiso de acudir a la inspección de trabajo y a los tribunales si la entidad no da marcha atrás de forma inmediata.

El conflicto entre el Ministerio de Sanidad y los sindicatos médicos ha vuelto a colarse este miércoles en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS). Los responsables de las consejerías del ramo han solicitado a la ministra Mónica García e “reinicio de la negociación del Estatuto Marco”, pactado entre el Ejecutivo y las organizaciones sindicales presentes en la mesa del ámbito, CCOO, UGT, CSIF y Satse.

Ese texto, que limita las guardias obligatorias a 17 horas —frente a las 24 actuales—, mandata oposiciones cada dos años y limita la jornada laboral máxima a 45 horas, entre otras medidas, se topó con la oposición de los sindicatos médicos, que han convocado paros semanales cada mes desde febrero hasta junio y amenazan ahora con una huelga indefinida en septiembre si no hay avances en sus demandas. Estas pasan por un ámbito propio de negociación, un estatuto médico, la implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales y una clasificación profesional “justa”.

“El proceso no ha logrado el consenso necesario entre las administraciones sanitarias, las organizaciones sindicales y el Ministerio de Sanidad”, lamentan las comunidades en una carta trasladada a García, a la que ha tenido acceso elDiario.es, y en la que consideran que es aconsejable “abrir una nueva etapa de diálogo”.

Para la ministra, la petición tiene “dos consecuencias”. Por un lado, que “no mejoremos las condiciones laborales de los profesionales”, que “llevan 20 años esperando” por cambios en su forma de trabajo. La postura del Ministerio es que reiniciar las negociaciones dejaría en “stand by” mejoras con el fin de las guardias de 24 horas, una de las reclamaciones que se han visto en las pancartas que los profesionales médicos han agitado en las protestas de los últimos meses y que sí contempla el texto que defiende García.

Por otro lado, la ministra ha insistido tras la reunión con las consejerías, que tumbar el trabajo hecho hasta ahora supondría “saltarse la ley y romper el acuerdo alcanzado con los sindicatos mayoritarios”. “Si alguna comunidad quiere romper los acuerdos que pacta, es libre de hacerlo”, ha afeado García, que ha repetido que el Estatuto Marco nace de “acuerdos legítimamente acordados en la mesa sectorial que ordena la ley”.

No obstante, ha recordado que las comunidades autónomas son competentes para alcanzar otros acuerdos, “como han hecho Galicia, Euskadi y la Comunidad Valenciana”, ha enumerado.

Estas, por su parte, advierten que “la prolongación del conflicto laboral y de las convocatorias de huelga está teniendo un impacto directo sobre la actividad asistencial y compromete la capacidad de los servicios de salud para ofrecer una atención adecuada a los ciudadanos”. Y les “preocupa especialmente”, dicen, “que esta situación continúe prolongándose y repercuta negativamente en la calidad de la atención y en la seguridad de los pacientes”.

Para García, el objetivo de fondo de las comunidades es mantener el statu quo. “Creen que no es el momento de reformar el sistema”, ha dicho en rueda de prensa, donde ha expresado que las consejerías reclaman que se eliminen los artículos que tienen que ver con la jornada laboral y las guardias. “Ni quieren mejorar las condiciones, ni nos dejan a nosotros mejorar las condiciones”, ha insistido la ministra, que ha asegurado que los responsables autonómicos “creen que no hay que eliminar las guardias de 24 horas” porque en los informes que le trasladan al Ministerio indican que es “destructivo e irrealizable”.

Más protección jurídica, personal y medios de protección son algunas de las reivindicaciones del sector de Seguridad Privada de FeSMC UGT ante el incremento de las agresiones que se están produciendo a los vigilantes en nuestro país. Todo ante una situación “que va a peor” y ante la cual aseguran: “Pediremos responsabilidad penal a quien se la tengamos que pedir, empresa, administración o cliente”.

El responsable estatal del sector de Seguridad Privada de FeSMC UGT, Diego Giráldez, junto al secretario del sector de Seguridad Privada y Servicios Auxiliares de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT La Rioja, Fernando Vega, han hecho estas declaraciones al presentar la campaña '#NoMásAgresiones' con el fin de “visibilizar” la situación que vive el sector. “No podemos ser el saco de boxeo de las frustraciones de nadie”, han indicado.

“Todos los días hay una agresión a un vigilante”

Fernando Vega exige así “soluciones ante las agresiones y una respuesta firme tanto de las empresas y de las administraciones”. Desde UGT entiende que “hay que decir basta ya porque, aunque no tengamos estadísticas, la progresión de las agresiones es muy elevada. Todos los días, en casi cualquier ámbito -fábrica, centros de salud, comerciales- hay una agresión. Nosotros proporcionamos seguridad pero para ello necesitamos que se nos proteja también a nosotros”.

En La Rioja hay alrededor de 700 vigilantes de seguridad. “No podemos normalizar que se nos agreda. No puede ser que un día sí y otro también se cometan agresiones y que nos digan que no es responsabilidad de nadie”, han subrayado.

Por su parte, Giráldez ha destacado que en España la cifra de agentes de seguridad privada asciende a unas 80.000 personas. “Queremos que puedan trabajar con más seguridad de la que actualmente disponen. La seguridad privada actúa por Ley como complementaria a la pública en pleno contacto con la ciudadanía y en muchas ocasiones mermado de las facultades de autoprotección necesarias”.

Además, han señalado entre las causas que contratación pública “prioriza el precio más bajo”, entre otros factores. “Un número importante de empresas del país ve la seguridad privada como un único y absoluto negocio, dejando en tierra de nadie a sus profesionales”. UGT también que la seguridad privada sea reconocida como una profesión, no como un empleo y que sea también una profesión de riesgo. “Queremos también que los trabajadores de este sector tengan una mayor garantía jurídica”.

Por todo ello, afirma, seguiremos movilizándonos en las calles y no descartan otro tipo de medidas si no mejora la situación. “Queremos que nuestros trabajadores hagan su trabajo en las mejores condiciones posible, la seguridad privada no puede ser un bajo precio para la administración y un negocio para las empresas”, ha finalizado.

Los trabajadores de la empresa Valoriza Medioambiente, encargada de la recogida de biorresiduos en La Rioja y su transporte al ecoparque, han decidido desconvocar la huelga prevista para este día 17 de Julio ante el compromiso de la empresa de negociar condiciones tanto económicas como laborales y registrarlas antes del 31 de octubre.

El acuerdo alcanzado hoy en Inspección de Trabajo recriooge que en un plazo no más de tres meses se comprometen a establecer un marco regulador válido, negociado y registrado oficialmente, que garantice seguridad jurídica y laboral. Los trabajadores, en reunión esta mañana con la directora de Medio Ambiente y el gerente de consorcio de aguas, han alcanzado el compromiso de reunirse para trasladar clausulas sociales a poder incluir en los nuevos pliegos de la contrata.

Llevamos un tiempo en el que muchos no reconocemos la realidad que describe la patronal, esa en la que las personas trabajadoras faltan mucho a su puesto sin ningún tipo de justificación y van al médico para que les dé la baja por cualquier nimiedad. Todo lo contrario, miramos a nuestro alrededor y vemos a gente que –ya sea por responsabilidad, por compañerismo y, en muchas otras ocasiones, por miedo a perder sus trabajos- se levantan muy temprano para acudir a su empresa con un Nolotil en el cuerpo. Sinceramente, no sé en qué entornos se mueven los dirigentes patronales para estar rodeados de tantos ‘memos’ y personas fraudulentas.

El último que se ha sumado a esta corriente de mentiras y bulos ha sido el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y lo ha hecho con unos argumentos falsos y malintencionados. Me cuesta creer que el líder del principal partido de la oposición crea que alguien en España pueda obtener una baja sin justificar. No es cierto tampoco –tal y como afirmó- que el 40% de las bajas en nuestro país sean fraude de ley ni que se cobre lo mismo trabajando que estando de baja.

Lo único cierto que escucho por la parte empresarial es que en España están aumentando las bajas laborales, un problema que debemos atajar con seriedad y analizándolo en profundidad. Y eso pasa por llamar a las cosas por su nombre y por no mezclar absentismo con bajas y permisos laborales. Si no tenemos claros esos conceptos, difícilmente podremos sentarnos a negociar.

Pido un ejercicio de responsabilidad. Estamos hablando de la salud de las personas. Debemos dejar a un lado las explicaciones y planteamientos superfluos para, de la mano del diálogo social y de una verdadera voluntad por solucionar las cosas, poner encima de la mesa las causas del incremento de las bajas. Tengo la sensación de que a algunos no les interesa llegar a la raíz, ya que allí, además de las demoras y el colapso del sistema sanitario público y del envejecimiento de la población trabajadora, también van a encontrar la precariedad laboral que hay en las empresas, las cargas inasumibles que tienen muchas plantillas, los riesgos psicosociales, la falta de desconexión digital… temas todos ellos que tienen mucho que ver con las condiciones laborales. Pero ya que estamos, hablemos también del ‘absentismo salarial’, esto es, de las horas extraordinarias sin cobrar que hacen muchos trabajadores y trabajadoras, así como de las enfermedades profesionales y cánceres laborales que no son reconocidos como tal.

A base de manipular datos y presentar la realidad a su antojo, la patronal viene ofreciendo un discurso que, con premeditación y alevosía, busca abonar el terreno y preparar las conciencias para, en un futuro no muy lejano, plantear recortes.

En los últimos años, los derechos y condiciones de las personas trabajadoras han mejorado como hacía mucho que no ocurría. La reforma laboral, la subida del SMI, los permisos por cuidados, la revalorización de las pensiones, los incrementos salariales en convenios gracias a la firma del quinto Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC)… Pero no nos engañemos, en algunos aspectos el mundo no ha cambiado tanto. Aquellos que acumulan el capital quieren seguir amasando dinero y no van a facilitar que haya un verdadero reparto de la riqueza.

Termino haciendo un llamamiento a la clase trabajadora. No permitamos que haya un retroceso en los derechos; no caigamos en la trampa que nos está tendiendo la patronal ni en sus argumentos que tratan de criminalizar a las personas trabajadoras por el hecho de caer enfermos. No perdamos la identidad de clase. Creo que en el futuro la vamos a necesitar. Nos jugamos mucho.

El Comité de Empresa de Nidec Arisa (compuesto por UGT, CCOO y USO) ha informado de un principio de acuerdo con la propia empresa que reduciría de 56 a 53 los afectados por despido (ERE) y que podría contar con mejoras sustanciales para el resto de los trabajadores afectados por el ERTE. Un preacuerdo que deberá ser validado por la plantilla antes de ser confirmado ante la empresa.

Tras remitir a ARISA las propuestas acordadas de la plantilla en las diferentes asambleas mantenidas a lo largo de la pasada semana, ambas partes han procedido a la negociación de los términos planteados de modo que finalmente se ha alcanzado un principio de acuerdo.

Tal y como se ha trasladado en la tarde de hoy mediante comunicación informal a los propios trabajadores “y que se explicará mañana presencialmente en sendas asambleas informativas”, de producirse un ERE con acuerdo, éste aumentaría la indemnización a 25 días por año trabajado, con un máximo de 14 mensualidades y reduciría el número de personas afectadas a 53, con la posibilidad de acogerse voluntariamente al ERE, siempre que existan razones organizativas que lo permitan, siendo la empresa quien, en última instancia, determine si la solicitud puede ser aceptada.

Por su parte, en el caso de que el ERTE se firme mediante acuerdo, se ha conseguido una mejora sustancial de la propuesta de la empresa alcanzando el 100% del complemento de vacaciones y de las pagas extraordinarias, y la limitación de la afectación máxima hasta el 70 %, incluso en el peor de los escenarios previstos. Además se aplicarían distintos complementos salariales durante los periodos de suspensión.

Las diferencias entre un procedimiento acordado y otro sin acuerdo son importantes y afectan al número de personas implicadas, a las indemnizaciones, a la posibilidad de acogerse voluntariamente al ERE y a las condiciones económicas durante la aplicación del ERTE.

Por ello “es especialmente importante analizar y valorar los términos de la propuesta con las personas trabajadoras”.

Es decir, el documento alcanzado constituye un preacuerdo, que deberá ser ratificado por la mayoría de la plantilla mediante votación antes de su firma definitiva el próximo jueves, 9 de julio.

La Representación Legal de las Personas Trabajadoras (RLPT) siempre ha defendido una negociación que permita minimizar el impacto sobre la plantilla, mejorando tanto las condiciones económicas como las garantías sociales.

Bajada sobre bajada, el Ministerio de Educación ha propuesto a los sindicatos bajar las ratios de alumnado por aula en Educación Infantil, el sector más precario de toda el sistema educativo, a la mitad de las cifras actuales. El departamento que dirige Milagros Tolón también propone reducir el estudiantado en las clases de Bachillerato, en una maniobra que, junto a la ley que se tramita para hacer lo mismo en Primaria y Secundaria, completaría una bajada de ratios histórica en toda la etapa educativa preuniversitaria, según ha adelantado El País.

En esta negociación que mantiene abierta con las organizaciones sindicales, Educación trata así de abordar el descontento docente, que se ha manifestado en los últimos meses, especialmente en la Comunitat Valenciana, en Catalunya y entre las trabajadoras de Infantil, que ya han protagonizado dos paros estatales. En Madrid están en huelga indefinida desde el pasado mes de abril.

Así, para Infantil, Educación propone que las clases de 0 años tengan un máximo de cuatro bebés (son ocho actualmente); que las de 1 se queden en seis (desde 13); y que las de dos años tengan ocho niños y niñas como tope (son 20 ahora). En el segundo ciclo de Educación Infantil (3-6 años) la cifra máxima sería 20, según la propuesta del ministerio (desde 25) y en Bachillerato 30 (35 en este momento).

CCOO ha valorado la propuesta positivamente. “El único pero es que plantean que [implantar las nuevas ratios] sea progresivo, iniciándose en el curso 27/28 y finalizando en el 29/30”, ha expresado el sindicato a través de un comunicado.

El descenso de las ratios es una de las principales reivindicaciones del profesorado en las protestas que ha protagonizado esta primavera y que amenazan con volver en septiembre si nada cambia. Estas reivindicaciones, en forma de huelgas, se dirigen contra los Gobiernos regionales, que tienen las competencias directas en educación, pero el Ministerio tiene la capacidad de fijar el marco mínimo al que las comunidades deban atenerse.

Hasta ahora las diferentes ministras habían optado por no tocar las ratios —pese a que se le viene exigiendo al Gobierno desde que tramitó la Lomloe, en 2020—, pero finalmente Educación, que al menos a nivel de declaraciones se había mostrado comprensivo con las protestas de las educadoras de Infantil, ha entrado de lleno en la materia y bajará todas las ratios.

La situación era especialmente precaria en Infantil, donde además de las condiciones laborales —hay maestras y educadoras cobrando poco más del Salario Mínimo Interprofesional— las educadoras podían estar a cargo de hasta 20 niños por aula en algunos modelos.

“El 100% de las escuelas infantiles cerrarán”

La patronal de centros privados Acade ha emitido un comunicado un par de horas después de conocerse la oferta de Educación en el que expresa su “profunda preocupación” por la medida y advierte de que “podrían verse abocados al cierre los 5.345 centros privados de educación infantil existentes en España”. La organización lamenta que el anuncio del Ministerio se produce sin diálogo y señala que “más de 224.000 alumnos, cerca del 50% del total escolarizado en esta etapa en el conjunto de la red pública y privada, podrían quedarse sin plaza” porque “Las familias no podrían asumir el incremento de costes derivado de la medida, lo que haría inviable su aplicación sin un sistema adecuado de financiación pública”.

Según Acade, si se rebajan las ratios a la mitad se perderían “más de 60.000 puestos de trabajo” y “se vería gravemente afectado un sector altamente feminizado y con gran presencia de profesionales jóvenes”.

El sector privado de la educación infantil, en la que conviven modelos de gestión pública, privada y mixtos (públicos de gestión privada) es el que peores condiciones laborales ofrece a sus empleadas, con salarios apenas por encima del SMI.

Los sindicatos han reclamado de nuevo este lunes un “convenio justo” en el sector de los operadores logísticos y que los salarios que se perciben en Sevilla “se equiparen” con los del resto de provincias andaluzas“.

“No se pide otra cosa: la patronal hasta ahora no se pronuncia claramente y solo da pequeños pasos, y eso no se puede tolerar, por lo que vamos a pelear por lo que nos corresponde justamente”, ha expresado el responsable de CGT en la empresa logística que opera para Carrefour, en declaraciones a los medios durante el acto de protesta convocado por CCOO en apoyo a los trabajadores del sector, movilización que ha tenido lugar a las puertas del Palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz.

En esa línea se ha manifestado su compañera sindical en Amazon. “Desde CGT queremos un acuerdo que no esté firmado en los despachos y sí que cuente con los trabajadores”, ha afirmado al respecto. La protesta ha contado con el respaldo de varias formaciones políticas, como Por Andalucía o Adelante Andalucía.

El portavoz de esta última, José Ignacio García, ha mostrado su apoyo a los trabajadores del sector y ha pedido la equiparación salarial de la plantilla de Sevilla con respecto a otras provincias de España. “Que la patronal se siente aquí y explique qué razón hay para que los trabajadores de Sevilla cobren menos que el resto. No hay ninguna razón más que porque son unos rateros y unos aprovechados”, ha afirmado.

Asimismo, el líder de Adelante ha lamentado que el PP no apoye las reivindicaciones de los trabajadores y le ha señalado por “estar del lado de la patronal”. “Si el Partido Popular y Vox verdaderamente tuvieran prioridad nacional, prioridad para los andaluces, cogerían y pondrían a la patronal de la logística firme y dirían ustedes tienen que aceptar lo que dicen los trabajadores”, ha añadido García.

Salarios un 25% menos que otras provincias andaluzas

Por su parte, el coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha subrayado que este conflicto afecta a “más de 8.000 trabajadores que luchan por condiciones laborales dignas y un salario que sea acorde al propio crecimiento de un sector que, desde 2019, ha crecido entre el 40 y el 70%”.

Maíllo ha denunciado que los salarios del sector “no han subido ni mucho menos en esos términos, y tampoco han subido comparativamente con otros sectores”, y ha puesto de relieve que los trabajadores de Sevilla cobran “un 25% menos” de lo que cobran sus compañeros de sector “en Granada o en Málaga”, y “un 40% menos” que en provincias como Toledo o Guadalajara.

De esta manera, ha considerado “absolutamente justa” esta “lucha” que han emprendido los trabajadores de Sevilla, que desde Por Andalucía e IU apoyan, según ha querido dejar claro antes de apostillar que “nadie va a la huelga por capricho”, y que estas personas “lo hacen por necesidad, por dignidad laboral, para mejorar un servicio que tiene que tener calidad” en forma de “buenas condiciones de trabajo” para quienes “cargan, distribuyen y permiten que los productos lleguen a todas las tiendas, a todas las casas y familias”, según ha subrayado.

Por ello, ha expresado su deseo de que la patronal del sector se reúna este lunes con los trabajadores y “acepte unas condiciones que mejoran el servicio porque mejoran la calidad de vida y las condiciones materiales de unos trabajadores sin los cuales no funciona nada”, según ha zanjado el portavoz de Por Andalucía.

También se ha unido a la manifestación de este lunes la eurodiputada y secretaría política de Podemos, Irene Montero, quien ha calificado el trabajo de la plantilla como “esencial” con unos salarios de “auténtica miseria”. “Trabajan para empresas que tienen muchísimos beneficios hablamos de Seur, de OHL, o de Amazon cuyo jefe, Jeff Bezos, es uno de los hombres más ricos del mundo”, ha destacado. Por ello, ha pedido una mejora salarial de la plantilla que venga acompañada con el reconocimiento de la peligrosidad del empleo y los complementos salariales que les correspondan.

Una investigación interna por acoso laboral sacudió en abril de 2025 el pequeño centro de estudios Instituto Autor, fundado por la SGAE en 2005 para promover la investigación de los derechos de propiedad intelectual. Tras algo más de dos décadas de andadura como asociación sin ánimo de lucro, la gestora disuelve el Instituto Autor e integra sus funciones dentro de la Sociedad.

Además de activarse este protocolo interno, la empleada afectada interpuso una demanda laboral sobre tutela de derechos fundamentales y reclamación de daños y perjuicios ante los Juzgados de lo Social de Madrid. En octubre, fue desestimada ya que el tribunal no encontró, en la documentación aportada, “especial ánimo de hostigamiento o desprecio hacia la trabajadora”. Apreció que había “control y puntillosidad, pero no el cerco hostil, humillante y finalista que tipifica el mobbing”.

La exempleada recurrió esta sentencia y a principios de este mes el TSJM revocó la sentencia anterior, acordando estimar en parte la demanda y condenando tanto al Instituto Autor como a su expresidenta M. C. a “cesar en las conductas constitutivas de tal vulneración del derecho fundamental a la dignidad personal y a su integridad” y también a indemnizar, de manera solidaria, a la demandante con 10.000 euros “por los daños morales derivados de tal vulneración”.

También habían sido demandados la propia SGAE, así como la Fundación SGAE, dos entidades que han quedado absueltas.

“SGAE respeta las decisiones judiciales”, explican fuentes de esta sociedad de gestión colectiva de derechos. “La entidad no ha sido condenada, por lo que no tiene previsto recurrir la sentencia”. Tampoco lo hará el Instituto Autor al estar en “proceso de disolución” ni la SGAE como entidad que asume sus funciones.

M.C., expresidenta del Instituto Autor, explica a elDiario.es que ella sí recurrirá el fallo. M.C., abogada de profesión, señala que encuentra la resolución “completa y absolutamente inesperada” porque “se separa diametralmente de la jurisprudencia sobre acoso laboral, ampliando enorme e injustificadamente la definición de lo que se deba entender por acoso laboral e invirtiendo la carga de la prueba en perjuicio del demandado”.

Para M.C., esta sentencia contradice otras tanto del Tribunal Supremo como de otros Tribunales Superiores de Justicia al respecto de entender cuándo hay una conducta abusiva que pueda denominarse “acoso moral laboral”. Por ello, esta sentencia le parece “arbitraria por inmotivada”.

Nueva etapa del Instituto Autor

La última actividad pública relevante del Instituto Autor hasta la fecha ha sido la concesión, el pasado 6 de mayo, de su premio anual, el Antonio Delgado a la labor de divulgación y fortalecimiento de la propiedad intelectual, al catedrático de Derecho Civil de la Universidad Autónoma de Madrid Rodrigo Bercovitz.

Este galardón se otorga desde el año 2012 y honra en su nombre la memoria de su fundador, Antonio Delgado Porras, uno de los principales redactores del anteproyecto de la Ley española de Propiedad Intelectual.

Aunque se extinga legalmente la asociación que da forma jurídica al Instituto Autor, este formará “parte orgánica” de SGAE, de manera que se salvaguardará su supervivencia, según fuentes cercanas.

Las matronas que trabajan el servicio en la OSI Barrualde-Usansolo, que abarca a buena parte del interior de Bizkaia y del norte de Álava, y en el hospital de Cruces, en Barakaldo, representadas por el sindicato Satse, han suspendido los nueves días de huelga convocada entre el 17 de junio y el 2 de julio. La decisión llega tras “largas e intensas conversaciones” con la dirección de Osakidetza en las que han acordado, entre otras cuestiones, el aumento del número de profesionales en las plantillas para poder realizar sustituciones en verano y de la duración de las contrataciones, además de una reunión el próximo 5 de octubre para abordar “de manera real” las reivindicaciones históricas del colectivo y buscar soluciones “al grave problema de falta de matronas que afecta a la sanidad pública vasca”.

La huelga estaba convocada para denunciar la “grave falta de matronas que afecta tanto a la Atención Primaria como al ámbito hospitalario”, lo que está, según lamentan, “deteriorando y comprometiendo la calidad de la atención que reciben las mujeres en Euskadi”. “Se han dado pasos organizativos importantes, pero actualmente hay una matrona para más de 2.600 mujeres, por lo que resulta imposible garantizar una atención de calidad. Osakidetza sigue sin disponer de una planificación adecuada para hacer frente a las jubilaciones previstas, ni de un cálculo real de las ratios matrona-mujer que permita dimensionar correctamente las necesidades asistenciales”, critican desde Satse.

Según detectan, la situación “se agrava especialmente” durante los periodos vacacionales, cuando en algunas organizaciones sanitarias las sustituciones “son inexistentes o claramente insuficientes”. Aun así, aclaran que “la escasez de matronas ya no es un problema exclusivo del verano, sino una realidad permanente que afecta a la cobertura de bajas, permisos y reducciones de jornada durante todo el año”.

El sindicato reconoce que la suspensión de la huelga responde a una “decisión de responsabilidad” y a la voluntad de dar “margen a la negociación abierta con Osakidetza”. No obstante, el colectivo de matronas mantiene un “profundo escepticismo” ante la posibilidad de que los compromisos adquiridos se traduzcan finalmente en “medidas concretas y efectivas”. “Las matronas llevan años denunciando una situación insostenible y no vamos a conformarnos con anuncios o buenas palabras. Necesitamos hechos, compromisos firmes y soluciones estructurales que permitan garantizar una atención segura y de calidad para las mujeres”, defienden desde Satse.

“Las compañeras de Cruces han conseguido que las 10 matronas de día que iba a haber en el hospital sean 11. Y en la OSI Barrualde-Usansolo hemos conseguido que los contratos de seis meses revisables pasen directamente a ser de nueve meses, como en un primer momento nos prometieron. También hemos pedido un nuevo contrato para hacer el 50% de nuestra supervisora con un contrato del 50% para que ya sea un 100% y así cubrir contingencias y cosas que surjan. Además, Osakidetza ha aceptado celebrar una reunión el 5 de octubre para trabajar en la base del problema y conseguir los ratios matrona-mujer que nos corresponden. Se ha acordado también el precio real de las horas extra para todas las OSI para que no tengamos nosotras que ir negociando en cada OSI. Si vemos que después de la reunión de octubre Osakidetza pasa de nuestras reivindicaciones iremos a huelga”, explican las trabajadoras a este periódico.

Así, el próximo 5 de octubre se celebrará una reunión específica entre representantes de las matronas y la dirección general de Osakidetza, en la que se revisarán “una por una todas las reivindicaciones planteadas por el colectivo y el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos”. “Será una cita determinante para valorar si existe una voluntad rea” de resolver el problema estructural de falta de matronas en Osakidetza o si, por el contrario, la situación continuará cronificándose“, alertan desde el sindicato.

“El conflicto no desaparece. Lo que hacemos es dar una oportunidad a la negociación y esperar a comprobar si realmente se producen avances efectivos con las medidas comprometidas. Las profesionales están cansadas de promesas incumplidas y de seguir sosteniendo un sistema sin los recursos necesarios. Las reivindicaciones del colectivo siguen plenamente vigentes y son una contratación estable y planificada, cobertura real de bajas, vacaciones y permisos, el reconocimiento de la categoría como puesto de difícil cobertura y una planificación ajustada a las necesidades reales de la población”, explican desde el Satse.

El sindicato subraya que las consecuencias de esta falta de profesionales “repercute directamente” en la salud de las mujeres, ya que las matronas desarrollan “funciones esenciales” relacionadas con el embarazo, el parto, el posparto, la lactancia, la salud sexual y reproductiva, la prevención de enfermedades, la menopausia o la detección de situaciones de violencia machista. Por todo ello, la central sindical concreta que, si el próximo otoño no se producen “avances reales y verificables”, no descartará “ningún tipo de acción sindical”. “Si Osakidetza no pone fin a los problemas estructurales que venimos denunciando, retomaremos las movilizaciones necesarias, incluida la posibilidad de convocar una huelga indefinida”, concluye.

La relación entre los sindicatos médicos y el Ministerio de Sanidad empeora semana a semana y el conflicto va camino de una guerra total. En la quinta semana de paros en lo que va de año, a cuenta del nuevo Estatuto Marco pactado entre la ministra Mónica García y los sindicatos del ámbito, el Comité de Huelga ha amenazado con una huelga indefinida de facultativos a la vuelta del verano.

El clima de tensión entre ambas partes es total. Este lunes, García afirmaba que “los sindicatos no están siendo honestos con los profesionales a la hora de trasladarles las mejoras del estatuto”. “En las últimas reuniones que hemos tenido no nos han trasladado las reivindicaciones de los médicos, sino sus demandas sindicales”, señaló en una entrevista en 20 Minutos, donde acusó a estas organizaciones de querer “romper la legalidad vigente sobre la libertad sindical”.

Por la mañana, la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA) se manifestaron frente a la sede del Ministerio en Madrid bajo el lema: “No más maltrato a pacientes y profesionales”.

Pese a las reuniones mantenidas con Sanidad en los últimos meses, los sindicatos del gremio consideran que hay en estos momentos una “ausencia total de propuestas” por parte del Ministerio, que ha llevado al “nulo avance en el conflicto mantenido hasta ahora”. Esto, unido al “empeño de Sanidad en seguir adelante con la tramitación del texto [del Estatuto Marco]”, les ha llevado a “escalar en las movilizaciones” y convocar una huelga indefinida tras el verano si no hay avances.

Pero desde Sanidad no parecen dispuestos a mover ficha. “El Ministerio ha hecho su trabajo proponiendo la reforma laboral sanitaria más ambiciosa en 20 años. Ahora les toca a las comunidades autónomas cumplir la parte de sus competencias y materializar las reivindicaciones pendientes. El texto del Estatuto Marco llegará al Congreso, donde podrá enmendarse y votarse, como cualquier ley”, señalan fuentes el departamento de García.

Es el mensaje que llevan repitiendo los últimos meses. El estatuto reduce las guardias obligatorias de 24 a 17 horas, establece oposiciones cada dos años para acabar con la interinidad y la temporalidad abusiva y reduce la jornada laboral máxima a 45 horas, entre otros avances, insuficientes para los profesionales, que exigen la implantación de la semana de 35 horas, un estatuto y una mesa de negociación propios, una clasificación profesional “justa” y un modelo de jubilación flexible. Pero el grueso de competencias, como la planificación y organización de las plantillas o las retribuciones, está en manos de las comunidades autónomas.

De hecho, a lo largo de la semana habrá también dos protestas convocadas frente a las consejerías de sanidad de la Comunitat Valenciana, el miércoles, y en Madrid, el jueves, además de concentraciones en decenas de hospitales y centros de salud de Andalucía, Galicia, Euskadi, Melilla, La Rioja, Extremadura, Balears, Aragón, Alicante y Castellón, y frente a varias subdelegaciones del Gobierno.

Aunque estos meses se han convocado huelgas autonómicas coincidentes con las estatales, con el foco puesto en Mónica García, los consejeros del ramo optaron la pasada semana por escenificar la soledad de la ministra. “Se ha quedado sola”, verbalizó el consejero vasco, Alberto Martínez, que había acordado con el resto de gobierno autonómicos un texto conjunto que leyeron al inicio del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, convocado para abordar la crisis y en el que se negaron a intervenir.

El acuerdo que firmaron todas las comunidades salvo Catalunya, que envió después un comunicado asegurando que estaba de acuerdo con el contenido, pasaba por exigir a la ministra que negocie con los médicos en huelga y acometa reformas “estructurales” de un sistema sanitario con las competencias transferidas desde 2002.

“En el Gobierno ya estamos acostumbrados a que cuando alguien tiene que asumir sus responsabilidades, en vez de hacer su trabajo, mira a quién le puede echar la culpa”, afeaba García en la entrevista. “Solo la eliminación de las guardias de 24 horas ya requiere un esfuerzo organizativo y presupuestario. Y, claro, las comunidades se resisten, es legítimo”, deslizaba.

Aunque todas las partes —Ministerio, comunidades y sindicatos médicos— aseguran que mantienen la mano tendida para encontrar una salida al conflicto, no parece que este esté cerca, ni que esas manos estén dispuestas hacia la misma dirección. Mientras, el Comité de Huelga ha pedido nuevos interlocutores y ha exigido que el presidente Pedro Sánchez resuelva el entuerto. El portavoz el Partido Popular, Borja Sémper, utilizó este lunes la crisis abierta para atizar al Gobierno: “Feijóo va a convertir la sanidad en prioridad nacional”.

Los sindicatos UGT, CSIF, CCOO y CIG iniciarán este miércoles, 17 de junio, un calendario de movilizaciones en la Seguridad Social con concentraciones de protesta, que tendrán lugar de 11.00 a 11.30 horas en las sedes de las direcciones provinciales y servicios centrales del organismo público de 15 ciudades, como el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ubicado en la calle Calvo Sotelo de la capital cántabra.

Según han precisado los cuatro sindicatos en un comunicado, este calendario de movilizaciones responde al “insistente incumplimiento” de los acuerdos suscritos en 2018 y 2023 para modernizar y mejorar el servicio público de la Seguridad Social, a lo que se une la falta de aplicación efectiva de la nueva regulación de jornada y horarios aprobada para el conjunto de la Administración General del Estado (AGE).

UGT, CSIF, CCOO y CIG han denunciado “la ausencia de avances reales en materias esenciales para garantizar el futuro de la Seguridad Social”, entre las que citan “la reorganización administrativa, la cobertura y provisión de puestos de trabajo, la estabilización y rejuvenecimiento de las plantillas y la movilidad del personal”.

Además, los sindicatos han criticado que está pendiente todavía “el desarrollo del trabajo a distancia, la mejora de la formación y medidas relativas a la prevención de riesgos laborales, la promoción profesional y la negociación de las condiciones de trabajo”.

“A ello se suma la reciente falta de aplicación efectiva de la nueva regulación de jornada y horarios aprobada para el conjunto de la Administración General del Estado”, han agregado las organizaciones, que han reprochado a la Administración que “en lugar de aplicar los acuerdos y normas vigentes, está impulsando medidas que generan incertidumbre y ponen en cuestión derechos laborales ya consolidados”.

Los sindicatos de la AGE han indicado en su comunicado que “la falta de cumplimiento de los acuerdos alcanzados está provocando un progresivo deterioro de las condiciones laborales y un incremento constante de las cargas de trabajo, en un contexto marcado por el envejecimiento de las plantillas y la insuficiencia de efectivos”.

“El incumplimiento de estos compromisos no solo afecta a las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de la Seguridad Social, sino también a la calidad del servicio que reciben millones de ciudadanos”, han recalcado UGT, CSIF, CCOO y CIG, que han advertdio que este calendario de movilizaciones continuará “hasta que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones adopte las decisiones necesarias para cumplir los acuerdos suscritos y garantizar el futuro de una institución esencial para el Estado del Bienestar”.

En paralelo a las huelgas médicas, las matronas que trabajan en las comarcas sanitarias de Osakidetza de Barrualde-Usansolo y Cruces, representadas por el sindicato Satse, han convocado nueve jornadas de huelga, entre el 17 de junio y el 2 de julio, para denunciar la “grave falta de matronas que afecta tanto a la Atención Primaria como al ámbito hospitalario”, lo que está, según lamentan, “deteriorando y comprometiendo la calidad de la atención que reciben las mujeres en Euskadi”. Los paros concretos serán en los días 17, 18, 23, 24, 25, 29 y 30 de junio y 1 y 2 de julio.

Desde el sindicato argumentan que estas nuevas jornadas de huelga llegan dos años después de las protestas y la huelga desarrolladas en 2024, que permitieron la creación de una mesa de trabajo específica en Osakidetza. “Dos años después seguimos sin una solución real. Se han dado pasos organizativos importantes, pero actualmente hay una matrona para más de 2.600 mujeres, por lo que resulta imposible garantizar una atención de calidad. Osakidetza sigue sin disponer de una planificación adecuada para hacer frente a las jubilaciones previstas, ni de un cálculo real de las ratios matrona-mujer que permita dimensionar correctamente las necesidades asistenciales”, denuncian desde Satse.

Según detectan, la situación “se agrava especialmente” durante los periodos vacacionales, cuando en algunas organizaciones sanitarias las sustituciones “son inexistentes o claramente insuficientes”. Aun así, aclaran que “la escasez de matronas ya no es un problema exclusivo del verano, sino una realidad permanente que afecta a la cobertura de bajas, permisos y reducciones de jornada durante todo el año”.

En el Hospital de Cruces habido turnos de siete matronas en lugar de las once que deberíamos ser. No hay derecho. Todas las mujeres tienen derecho a recibir la misma atención

Este periódico ha entrevistado a dos de las matronas afectadas. Una de ellas, lleva desde el año 2018 trabajando en el hospital de Cruces, mientras que la otra lleva en este trabajo desde 2009, los últimos cinco años en la OSI Barrualde-Usansolo. En el caso del hospital, de las 11 matronas que tiene que haber por turno, en periodo vacacional pueden llegar a haber nueve, en alguna ocasión, si las trabajadoras enferman o no pueden acudir a su puesto de trabajo, han llegado a afrontar la jornada entre siete compañeras. “Llevamos ya tres años en una lucha encarnizada para que se ponga solución a este problema. Cada año, cuando llega verano la situación es desbordante. Estamos en un año en el que ha habido faltas de cobertura prácticamente en todos los meses. No hay matronas y no se hacen contratos de calidad. Ayer, por ejemplo, una matrona se puso enferma y no pudo venir. ¿Qué pasó? Que entre nueve han tenido que sacar la noche adelante”, lamenta la trabajadora.

Cuando hay personal de vacaciones o de baja y no se cubre su ausencia, las trabajadoras critican que se disminuye la calidad asistencial. “En el caso de la atención hospitalaria en un parto, las mujeres tienen que esperar más tiempo a que se les ponga la epidural, porque hace falta que una matrona esté monitorizando ese bebé mientras la anestesista está canalizando una epidural. Cuando tú tienes tres mujeres en fase activa de parto y atiendes un parto y tienes que pasar al parto de la siguiente mujer, hay muchas dificultades en apoyar a las mujeres en el establecimiento de la lactancia materna. La primera hora la llamamos la hora de oro para que se establezca la lactancia materna. Es superimportante para la madre y el bebé establecer la lactancia materna, pero su matrona igual tiene que ir corriendo a otro paritorio a atender otro expulsivo. Entonces no se apoya la lactancia materna como se debiera. Luego, a lo largo de todo el proceso de inducción, dilatación, etc...si no tienes una matrona que esté disponible porque está atendiendo a otras dos mujeres, más las mujeres de otra matrona que esté en un paritorio que deja a sus mujeres a cargo de otra, no se puede dar un apoyo psicoemocional igual. Las mujeres a la hora del parto, preparto y posparto necesitan una guía y esas somos nosotras”, argumenta la matrona, que además de lo relacionado con el parto, trabajan en el triaje, en el área de evolución, en la planta de patológico y atienden cuestiones delicadas como las agresiones sexuales o los abortos.

Según aclara, a corto plazo lo que buscan con la huelga es que Osakidetza se comprometa ya este mes en una cobertura del 100% de las matronas. “Queremos que las mujeres tengan la misma atención y la misma cartera de servicios si van a dar a luz en enero o en agosto. Lo que no puede ser es que se discrimine a las mujeres por la época en la que les haya tocado dar a luz, que una persona igual que va a dar a luz el 15 de enero tenga a once matronas disponibles en su turno y que una mujer que vaya a dar a luz en agosto solamente a ocho, por ejemplo, como ha pasado. Ha habido incluso turnos de siete matronas en lugar de las once que deberíamos ser. No hay derecho. Todas las mujeres tienen derecho a recibir la misma atención”, defiende.

En el caso de la atención primaria, la comarca sanitaria de Barrualde-Usansolo, que abarca a la Bizkaia interior y al norte de Álava, cuenta con una plantilla de 22 matronas. En estos momentos tres de ellas se encuentran con reducción de jornada por cuidado de menores y hay dos bajas aún por cubrir. Lo que solicitan las matronas es que Osakidetza contrate a tres matronas más para poder cubrir las bajas por vacaciones. “En verano en la atención primaria nuestra prioridad son los partos. El resto de consultas, como información sobre anticoncepción, o pruebas del cáncer de cérvix, las posponemos hasta septiembre por falta de personal. Si tú eres una mujer que va a ser atendida en la OSI Barrualde-Usansolo en febrero tienes unos derechos y junio, julio, agosto y septiembre, tienes otros porque algunos te desaparecen, porque nosotras tenemos que asumir lo de la compañera. Lo cierto es que hasta hace unos años era algo muy focalizado a verano, Navidades o Semana Santa, pero ahora está cronificado, porque el ritmo tras el verano no lo recuperas hasta octubre y así vas arrastrando”, lamenta la trabajadora.

Estamos ante un problema que afecta directamente a la salud de miles de mujeres. No podemos permitir que la falta de previsión siga normalizándose. Osakidetza debe actuar ya

Otro de los derechos que las pacientes pierden, según reconoce la trabajadora de Barrualde-Usansolo, es su derecho a la privacidad en los casos en los que quieran realizar una interrupción del embarazo. La mayoría de nosotras ya hay días del verano que los tenemos llenos porque como nos cubrimos entre nosotras, ya no hay huecos en nuestra agenda y lo que se prioriza es el control del embarazo, del parto, del postparto y de las interrupciones voluntarias de embarazo. Para esto último hay unas fechas concretas, el problema es que cuando alguien quiere practicar una interrupción voluntaria de embarazo tiene que llamar al ambulatorio, y si bien en otro momento del año pide cita presencial con la matrona, en verano esa cita puede alargarse 15 o 20 días. Y en una interrupción del embarazo, depende de la semana de embarazo en la que esté, tiene que hacerlo rápido. Entonces, debe contarle al área administrativa para qué quiere la cita si quiere una atención urgente“, sostiene.

Las trabajadoras consideran que el estrés por si alguna de ellas va a faltar al día siguiente o por si se ponen enfermas y son ellas las que no pueden acudir a trabajar les está pasando factura. Una de ellas, incluso ha rechazado realizarse un procedimiento quirúrgico que tenía agendado este mes de junio, porque tras él debe estar de baja en julio, y es consciente de que la carga laboral de sus compañeras por su ausencia sería insostenible. “Nos estamos quitando de nuestras necesidades y derechos para poder cubrir nuestros puestos de trabajo, pero lo peor no solo es nosotras, es cómo afecta esto a nuestros derechos como mujeres y como pacientes de la atención primaria, porque todas merecemos la misma atención sin importar la época del año”, asegura la trabajadora.

Desde Satse informan que, aunque la convocatoria de huelga está impulsada por las matronas del Hospital de Cruces y de Barrualde, el problema de “escasez de profesionales en Euskadi y sus consecuencias es transversal, y afecta a los tres territorios y a todas las OSI”. “Las matronas de otras OSI no descartan adherirse a la convocatoria de huelga si no obtienen medidas que solucionen el problema de falta de cobertura”, detalla el sindicato, que aclara que las mujeres son “las principales perjudicadas”, ya que la labor de las matronas no se limita al parto, sino que atienden a mujeres desde los 14 hasta los 70 años.

“En los hospitales, las matronas atienden urgencias obstétricas, partos, puerperio y vigilancia materno-fetal, mientras que en Atención Primaria desarrollan funciones esenciales relacionadas con la salud sexual y reproductiva, el embarazo, la lactancia, la menopausia, la prevención de enfermedades, cribados de cáncer, recuperación del suelo pélvico o incluso detección y acompañamiento en situaciones de violencia machista. Cuando faltan matronas, la atención se limita a las actividades consideradas prioritarias y muchas mujeres ven retrasados o directamente suspendidos servicios fundamentales para su salud. Las perjudicadas siempre son las mismas: las mujeres. La falta de cobertura obliga con frecuencia a que las matronas asuman la carga de trabajo de compañeras ausentes, incrementando la presión asistencial y dificultando el mantenimiento de los estándares de calidad que merecen las usuarias”.

Por ello, Satse y las matronas demandan “soluciones estructurales” y reclaman “una contratación estable y planificada”, la consideración de la categoría como puesto de difícil cobertura y la realización de un cálculo real de las ratios matrona-mujer tanto en Atención Primaria como en el ámbito hospitalario. “Estamos ante un problema que afecta directamente a la salud de miles de mujeres. No podemos permitir que la falta de previsión siga normalizándose. Osakidetza debe actuar ya y ofrecer soluciones estructurales, no medidas temporales”, afirman desde Satse, quienes exigen un compromiso firme por parte de la dirección del servicio vasco de salud para garantizar “una atención segura, accesible y de calidad para todas las mujeres de Euskadi”.

Este periódico ha consultado esta situación con el Departamento de Salud para recabar su posición con respecto a la huelga de las matronas y las peticiones que estas realizan, pero al cierre de esta edición, no ha obtenido respuesta.

Los hermanos Villanueva fueron despedidos de manera fulminante por Julio Iglesias en plena pandemia de coronavirus, en julio de 2020, cuando el cantante temía por el contagio y se desprendió de gran parte de los trabajadores de su casa de Punta Cana. Ambos demandaron a su empleador al considerar que el despido merecía una indemnización y, tras seis años de juicios y apelaciones, la Justicia dominicana les ha dicho que no les corresponde, según la sentencia consultada por elDiario.es.

El abogado de los extrabajadores de Julio Iglesias, Eloy Bello, confirma a este medio que apelará esta sentencia en la Suprema Corte de Justicia. La abogada laboralista que representa a Iglesias no ha contestado a las preguntas de este medio.

Este largo enfrentamiento judicial entre los Villanueva y Julio Iglesias ha dado varias victorias al artista y una a los trabajadores, en las diversas instancias que ha recorrido el expendiente. Ese se inició en un juzgado de trabajo de La Altagracia, que no aceptó la reclamación de despido improcedente. Se recurrió y un juzgado de San Pedro de Macorís se puso de parte de los trabajadores y condenó a Iglesias a indemnizarles. Este interpuso un recurso de casación y se envío el expediente al juzgado laboral del Distrito Nacional. Allí, después de diferentes postergaciones y un periodo de conciliación en el que no se llegó a un acuerdo, el tribunal se ha puesto de parte de Julio Iglesias.

Ser o no ser 'doméstico'

El código laboral de República Dominicana establece una mayor protección hacia los trabajadores regulares que hacia los que considera “domésticos”, algo que está en vías de cambio mediante una demorada reforma de esta legislación.

Rogelio (59 años) y Eleuterio Villanueva (58), que trabajaron para Iglesias durante 21 y nueve años respectivamente, realizaban el mantenimiento de suelos, cubiertas, pintura, ebanistería o lo que fuera necesario en las casas de la lujosa villa dominicana. Además, el hermano mayor ejercía de chófer de manera puntual.

El Código de Trabajo de República Dominicana considera que el trabajador doméstico es aquel que se dedica “de modo exclusivo y en forma habitual y continúa a labores de cocina, aseo, asistencia y demás, propias de un hogar o de otro sitio de residencia o habitación particular”. Según esta definición, el abogado que ha representado a los Villanueva, Eloy Bello, entendía que no era el caso de sus representados. 

“Julio Iglesias y su familia entendían que estábamos en la época de la colonización porque han llamado criados y domésticos a dos empleados que trabajan en su empresa como albañiles, como carpinteros, como pintores o como choferes”, dijo Eloy Bello en una entrevista realizada en su despacho en La Altagracia con elDiario.es y Univision Noticias el pasado mes de septiembre.

“El empleado doméstico es el que barre, el que tiende la cama, el que cocina. Y nosotros no éramos empleados de eso”, señaló Rogelio Villanueva en una entrevista con ambos medios el pasado verano.

La definición del Código laboral añade una salvedad más para definir qué es el trabajo doméstico: “Que no importen lucro o negocio para el empleador o sus parientes”. Para reforzar la posición de sus clientes, Bello intentó demostrar que la villa de Punta Cana funcionaba como “una empresa”: que había personas que se alojaban ocasionalmente en las casitas pagando en mano y que el estudio de grabación instalado dentro de la gran parcela tenía actividad comercial. “Los subordinados ciertamente ejercían las labores de pintura y mantenimiento de propiedades utilizadas para generar beneficios económicos” dice la demanda contra Julio Iglesias. Pero más allá de las declaraciones de los testigos y una publicación en prensa, la representación legal de los hermanos Villanueva no pudo aportar pruebas conclusivas sobre ello.

Para reforzar el trabajo como conductor por parte de Rogelio Villanueva, una ocupación que considera especializada y no doméstica, este presentó la documentación relativa a un accidente de tránsito conduciendo un coche de Iglesias en el año 2014. Pero el argumento le vino de vuelta a Villanueva como un bumerang. La sentencia afirma que esa documentación “no prueba nada” en relación a las alegaciones de Villanueva sino más bien “todo lo contrario”: “La calidad de chófer del recurrente de Julio Iglesias, parte del servicio doméstico, por lo cual se prueba la existencia de un contrato de tipo doméstico”.

Las pretensiones de los hermanos

Rogelio Villanueva ganaba 50.000 pesos dominicanos al mes (850 euros al cambio de 2020) mientras que su hermano Eleuterio recibía 25.000 (420 euros). En su demanda, él primero reclamaba a Iglesias un total de 1.513.960 pesos dominicanos (25.650 euros), mientras que el hermano pequeño pedía al cantante 537.205 pesos dominicanos (9.100 euros). Estas cantidades incluían cesantía (la indemnización correspondiente tras un despido improcedente, que son 23 días por cada año trabajado, a partir del quinto), vacaciones, paga de Navidad y bonificaciones. A ellas, sumaron el monto correspondiente a seis salarios (desde el despido a la demanda) y el pago de una indemnización por no haberles dado de alta en la Seguridad Social, la cual valoraron en un millón de pesos (16.900 euros).

Esta petición por daños y perjuicios tampoco no ha sido admitida en la sentencia por un defecto en la forma, ya que se incluyó en una apelación, mientras que en la demanda original esta indemnización no era por no haber estado dados de alta sino por “trabajar sin descanso y sin visita de la familia”.

Antes de la publicación del primer artículo sobre las reclamaciones de los extrabajadores de mantenimiento, elDiario.es y Univision Noticias se pusieron en contacto con Julio Iglesias por diferentes vías y se le preguntó por esta reclamación laboral, pero los medios no obtuvieron respuesta. En un comunicado público, el artista respondió a las acusaciones de dos exempleadas que relataban abusos y agresiones sexuales, asegurando que eran “absolutamente falsas”, pero no se pronunció sobre estas otras denuncias del ámbito laboral.

Cobran 619,83 euros menos que sus compañeros de claustro. Trabajan en el mismo centro y ven crecer a los mismos estudiantes cada año, pero el convenio fija para unos un complemento salarial que el resto no percibe. Y eso, sumado a la percepción de que nadie hace nada para igualarlos, les ha hecho dar un paso por su cuenta. Un grupo de trabajadores del colegio Jesús Maestro de Madrid, en el acomodado distrito de Chamberí, ha utilizado este viernes la hora del recreo para organizar una protesta silenciosa contra la diferencia de sueldo entre el profesorado de Secundaria y el de Bachillerato.

Este centro, gestionado por la Fundación Escuela Teresiana –una organización católica con 21 colegios en España– ofrece plazas concertadas en la ESO y privadas en los dos cursos posteriores, que no son obligatorios para la formación básica. Eso hace que una parte del profesorado esté regido por un convenio específico, y sus sueldos se cofinancien desde la administración pública.

La Comunidad de Madrid aplica esta bonificación en los contratos de la concertada; mientras que para Bachillerato todas las cuestiones laborales deben negociarse antes con la fundación. Y siempre mediante intermediarios. “No se nos permite hablar directamente con la cúpula, y todas las reivindicaciones deben ser a través de la directora del colegio”, señala una de las docentes que han avalado la protesta. Solicita mantener su nombre en el anonimato para evitar represalias.

“Una acción como esta no es algo habitual aquí”, resalta otro docente afectado por la diferencia salarial. Desde el profesorado comentan que, hace unos años, la disparidad en sus sueldos ya existía y habían decidido aceptarla, pues no les parecía tan acuciante como ahora. “No es lo mismo cobrar 100 euros menos al mes por dar clase en Bachillerato si tus grupos son privados y el sueldo depende de lo que paguen las familias, que hacerlo con 600 euros menos que otros compañeros”, critican.

Unos sueldos que no han crecido a la par

Cuentan los docentes que, con la crisis de 2008, se congelaron sueldos por causa mayor. Ya tiempo después, a partir de 2016, en la concertaba comenzaron a hacer subidas puntuales porque “se había perdido un nivel de vida que antes era muy alto, pero que con los precios de ahora ya no daba para nada”. “El complemento autonómico que aplica a la concertada no aplica en nuestro caso [el del Bachillerato privado] y, mientras tanto, el coste de vida en Madrid sube aún más que en otras ciudades donde también hay colegios de las Teresianas”, añade una de las manifestantes.

Por esta razón, entre las de 11.45 y las 12.10 horas de esta mañana –coincidiendo con la pausa de las clases para el recreo–, una veintena de docentes se ha concentrado a las puertas del centro como señal de protesta ante el “silencio” de sus administradores. Aseguran que, en este tiempo, han recibido “buenas palabras” por parte de la Dirección de la escuela y desde la propia fundación. Pero más allá de eso, ningún cambio: “Solo pedimos que se nos equipare”.

Además, algunos de estos afectadoacs resaltan partes de su trabajo que ya implican, de por sí, sumar horas no remuneradas. “Al ser un centro religioso, todas las clases tienen al día un cuarto de hora para la oración. Si eres tutor de algún curso, completas cuatro cuartos, una hora en total. Pero como ese tiempo no se refleja en ninguna parte [a nivel de convenio], nadie marca cómo tendría que pagarse”, sostienen voces entre los docentes insatisfechos. Añaden que ninguno tiene la obligación expresa de hacerlo, pero “si quieres que te renueven no piensas en negarte”.

Reivindicaciones colectivas por la equiparación salarial

En abril de este mismo año se disputaba, precisamente, el futuro de unos 200.000 profesionales de la escuela concertada. Los sindicatos y la patronal se reunieron para discutir su VIII convenio colectivo y disputarse un objetivo qque parecía inalcanzable: equiparar las condiciones laborales de sus profesionales a las de los empleados en la pública, bajo el argumento de que ambos ostentan el mismo trabajo y, por tanto, deben igualar condiciones.

Los docentes de la escuela privada sostenida con fondos públicos, por lo genera, cobran menos. Y, sin embargo, habitalmente tienen más horas de clase semanales o más estudiantes que sus compañeros funcionarios e interinos. La única diferencia entre un profesor de escuela concertada y otro de la pública, a la hora de ejercer la profesión, es un proceso de oposición previo. No obstante, la falta de personal está llevando a las comunidades autónomas a abrir la mano, y terminar flexibilizando ciertos requisitos.

A lo largo de esta semana, trabajadoras del sector social han protagonizado distintos conflictos laborales que, según denuncian, merman sus condiciones. Por un lado, las trabajadoras de intervención social de Álava, que acumulan cinco jornadas de huelga, por otro lado, sus compañeras de intervención social en Gipuzkoa, que saldrán a la calle este jueves para luchar por un nuevo convenio, y por último, las trabajadoras del módulo psicosocial de Bilbao, que denuncian recortes por parte del Ayuntamiento de hasta un 65%.

En el caso de las trabajadoras de intervención social de Álava, los sindicatos ELA, LAB, CCOO y ESK denuncian la falta de avances en cuestiones clave del convenio laboral. “Tras más de 15 meses de negociación y 15 reuniones celebradas para aprobar el IV Convenio de Intervención Social de Álava, aunque la patronal AISA ha mostrado por primera vez disposición para alcanzar acuerdos en materias como complementos de incapacidad temporal, flexibilidad, euskera, teletrabajo o modalidades de contratación, siguen existiendo importantes diferencias en aspectos centrales como la subida salarial, la reducción de jornada, la conciliación, las licencias, la jubilación anticipada o la reducción de la parcialidad involuntaria”, denuncian los sindicatos.

Consideran que el cambio de actitud de la patronal ha sido “consecuencia directa de la presión ejercida por las trabajadoras y trabajadores del sector”, y subrayan que mantendrán las protestas hasta lograr “condiciones laborales dignas” y la equiparación con el personal contratado directamente por las administraciones públicas. En el caso de las trabajadoras subcontratadas, la brecha salarial comparada con las que son contratadas directamente por el Instituto Foral de Bienestar Social (IFBS), supera los 10.000 euros en algunos puestos de trabajo.

En este sentido, más allá de señalar a AISA, las trabajadoras responsabilizan a las instituciones públicas de la precarización del sector y reclaman mayor implicación política y financiación suficiente para garantizar mejoras laborales de cara a la próxima mesa de negociación tendrá lugar el 4 de junio. Aunque mientras tanto, además de las jornadas de huelga, han convocado movilizaciones el 29 de mayo a las 18.30 horas desde el Gobierno Militar, contra el aumento del gasto militar y una coche-caravana el 31 de mayo hacia Peñacerrada.

El segundo conflicto laboral abierto de este sector se produce en Gipuzkoa, donde este jueves, 28 de mayo a las 11.00 las trabajadoras se movilizarán en el Paseo Bizkaia, 14-15 de Donostia para negociar el V Convenio Colectivo de Intervención Social de Gipuzkoa tras cumplir el IV convenio cuya duración ha sido desde 2023 hasta 2025. En este caso, la patronal es Hedatzen, y la firma del anterior convenio se produjo con los votos a favor de los sindicatos LAB y CCOO y en contra de ELA, al considerar “insuficientes” las propuestas relacionadas con las subidas salariales y la eliminación de la quinta categoría profesional, la de los trabajadores considerados los “más precarizados”, que la patronal se negó a eliminar alegando que la Diputación Foral de Gipuzkoa “no lo avalaba”. Ahora comenzarán una nueva ronda de negociaciones y movilizaciones que buscan como objetivo, al igual que en el caso de Álava, firmar un convenio laboral que evite la precarización de un sector feminizado.

Por último, este miércoles han salido a la calle las trabajadoras del Módulo Psicosocial de Deusto-San Ignacio, quienes llevan desde febrero denunciando que el Ayuntamiento de Bilbao ha recortado un 65% su presupuesto para 2026, que ha pasado de 195.000 euros (2025) a 68.000 euros, con lo que se pone en riesgo “la supervivencia del modelo comunitario” que presta apoyo integral a víctimas de violencia machista, ya que “si mantienen el recorte, en 2027 desaparecerá”.

Se trata de doce trabajadoras del servicio de atención a violencias machistas y de atención a derechos en salud sexual y salud reproductiva, un módulo creado en los años 80 por el movimiento vecinal para dar respuesta a dos fenómenos graves que no estaban siendo atendidos institucionalmente: por un lado, la desatención a las personas jóvenes afectadas por la entrada masiva de la heroína en los barrios populares y, por otro, la salida del periodo dictatorial franquista, que supuso poder organizar recursos para la atención a las mujeres en los procesos de divorcio, que no fue legal hasta 1981, y la atención de su salud sexual y reproductiva, muy influida por el fin de la prohibición de la prescripción de anticonceptivos.

“La atención que ofrece el Módulo Psicosocial de Deusto-San Ignacio a las personas afectadas por violencias machistas está íntimamente ligada a nuestra identidad de recurso del barrio, lo que supone que somos parte de la comunidad que habitamos. Esta identidad delimita que no somos uno más de los recursos para mujeres víctimas de violencia de género que vienen recogidos en las distintas leyes estatales y autonómicas. Nacimos con anterioridad a todas estas legislaciones, estando desde el inicio pegadas a las necesidades concretas del colectivo de mujeres de clase trabajadora, mayoritariamente inmigrantes de los territorios rurales, que eran las que habitaban el barrio y distrito de Bilbao en el que estamos”, aseguran las trabajadoras que han protagonizado una manifestación convocada junto a Bilbo Feminista Saretzen y Denon Bizitzak Erdigunean en el Ayuntamiento de Bilbao.

Por su parte, desde el área de Acción Social del Ayuntamiento de Bilbao defienden que “con el Departamento de Salud se acordó la asunción de los programas por parte de cada sistema con base en las competencias correspondientes de cada uno de ellos, así como asegurar por parte del Ayuntamiento una financiación que podría llegar a igualar la del 2025 en 2026 en caso de que el Departamento de Salud no pudiera llevarla a cabo a tiempo”. “El Departamento de Salud se ha comprometido a integrar en el sistema público de salud a lo largo del 2026, aquellos servicios que siendo de competencia del sistema sanitario se prestan en los módulos. La compensación dependerá del proceso que lleve a cabo el Departamento de Salud con el que estamos en contacto. La decisión está supeditada a la integración en el Sistema de Salud”, argumentan en una respuesta a preguntas realizadas por el grupo municipal de EH Bildu.

Desde el Ayuntamiento confirman que “mantendrán los servicios que se prestan actualmente y que son de competencia municipal” y que “tal y como se ha trasladado a los módulos, el proceso tendrá en cuenta a las y los profesionales que trabajan en los módulos analizado desde las competencias de cada una de las administraciones”.

No obstante, el consejero de Salud del Gobierno vasco, Alberto Martínez, a preguntas de la coalición Sumar en el Parlamento vasco el pasado marzo sobre “el cierre y debilitamiento” de este tipo de servicios, aseguró que Osakidetza “ya tiene en cartera” los servicios sanitarios que ofrecen los módulos psicosociales de Bilbao, como el módulo psicosocial de Rekalde, el Auzolan de San Francisco y el módulo psicosocial de Deusto-San Ignacio.

En este sentido, Martinez explicó que el momento actual ofrece “la posibilidad de analizar el papel de los módulos desde una perspectiva estratégica y de mejora del sistema” debido a que el servicio público de salud de hoy “no tiene ya nada que ver” con los años 70 y 80, cuando se crearon dichos módulos y, “aunque siguen funcionando, el contexto social y sanitario ha evolucionado de manera sustancial”.

Al respecto, indicó que el Departamento de Salud destina 1,9 millones de euros, para financiar tres programas sanitarios de estos módulos bilbaínos, que “ya están en cartera de Osakidetza” de cara a “fortalecer” estos servicios sanitarios y sociales con “un mayor acercamiento a los servicios públicos ya existentes”. Así, puso como ejemplo la asunción por parte de Osakidetza de las interrupciones voluntarias del embarazo, que “se irán asumiendo de manera gradual y progresiva, con el objetivo de reforzar la atención a las personas en situación de mayor vulnerabilidad”.

Los trabajadores de la asociación Aspronte, dedicada a la atención de personas con discapacidad intelectual de Tenerife, han llevado a los tribunales a la dirección de la entidad por modificar el sistema que tenía la plantilla de organizar las vacaciones y los descansos.  

Aspronte (Asociación familiar pro personas con discapacidad intelectual de Tenerife) es una asociación sin ánimo de lucro constituida en 1966 para dar respuesta a las carencias y necesidades de las familias de personas con discapacidad intelectual en Tenerife. En 1972, fue declarada de Utilidad Pública, y como aseguran en su página web buscan “mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual”. Actualmente, Aspronte tiene empleados a 56 trabajadores en dos centros, en Santa Cruz de Tenerife y La Orotava. 

Desde el comité de empresa aseguran que la dirección de la entidad quiere reorganizar el calendario laboral y “sin haber acreditado una causa real que lo justifique va a eliminar los periodos de cierre que se venían aplicando históricamente”. Es decir, la entidad no podrá cerrar como hacía hasta ahora en las vacaciones de verano del mes de agosto, en Semana Santa y del 23 de diciembre al 3 de enero por Navidad. La demanda, presentada como conflicto colectivo por el comité de empresa y CCOO, ya ha sido admitida a trámite y tiene fecha de juicio para el 23 de marzo del próximo año 2027, en los Juzgados de lo Social de Santa Cruz de Tenerife. 

La gerencia de Aspronte sostiene que la medida planteada “se enmarca en un proceso de adaptación progresiva” de la prestación de servicios dentro de la red pública de atención a la dependencia y discapacidad, y aseguran que se da por la “futura implantación del modelo de concierto social previsto en la normativa vigente”. 

Desde el comité de empresa aseguran que “esa no es la realidad”. El Instituto de Atención Sociosanitaria (IASS), que es “quien paga las plazas de los usuarios, y quien pone el dinero público”, tiene un convenio son los trabajadores que “no recoge que la entidad tenga que abrir los 365 días del año, sino que hay un máximo de apertura de 248 días” al año, asegura Carlos Alberto Pulido, integrador social y miembro del comité de empresa. 

Desde la gerencia de Aspronte se afirma que, Plena Inclusión Canarias, “entidad representativa del sector de la discapacidad intelectual”, ha trasladado que este modelo de prestación continuada “constituye ya una realidad consolidada en distintos ámbitos de la red pública”.  

Sin embargo, Carlos Alberto Pulido, del comité de empresa de Aspronte, define a la plataforma Plena Inclusión Canarias como “el lobby de los centros de personas con discapacidad”. Y asegura que la empresa utiliza esta plataforma para que hagan una interpretación del convenio a su favor. 

“Engañados por Aspronte”

“Nos sentaron a negociar engañándonos”, asevera Carlos Alberto Pulido, del comité de empresa. El representante de los trabajadores explica que la empresa justifica su medida porque “viene impuesta” por el Instituto de Atención Sociosanitaria, pero “no lo han podido demostrar, ni lo han acreditado”. Además, sostienen que hace un año “con los mismos modelos de trabajo la empresa no tuvo reparo en firmar un plan de igualdad reconociendo esos derechos”. 

La empresa asegura que durante el proceso se han valorado distintas alternativas, “si bien no ha sido posible alcanzar un acuerdo”, y que mantienen su voluntad de diálogo. Pero como hay un procedimiento judicial en marcha la entidad considera prudente “no realizar valoraciones adicionales sobre cuestiones que deberán ser analizadas en dicho ámbito”.

Un conflicto por derechos adquiridos

La plantilla insiste en que no se trata solo de unas vacaciones, sino de una condición consolidada durante años y asumida como parte del funcionamiento de la empresa. Según los trabajadores, el modelo permitía cerrar en determinados periodos y organizar la vida personal con antelación, algo que ahora quedaría en manos de turnos y cambios más flexibles.

El comité entiende que la dirección pretende equiparar las condiciones del personal antiguo con las de nuevas incorporaciones, “pero a costa de recortar derechos históricos”, señalan. También advierte de que el conflicto está generando malestar interno y podría provocar salidas de trabajadores con experiencia, justo en un servicio que depende en gran medida de la estabilidad de los equipos.

Un centro esencial bajo presión

Aspronte cumple 60 años y atiende a personas con discapacidad intelectual, un ámbito en el que la plantilla subraya que “la continuidad de los profesionales de referencia es clave”. Los trabajadores aseguran que su labor “exige una alta carga emocional, responsabilidad constante y equipos cohesionados para garantizar una atención estable y de calidad”.

Por eso, la propuesta del comité no pasa por cerrar más o menos días, sino por mantener los derechos adquiridos y reforzar el servicio con más contratación si la empresa quiere ampliar la apertura. La demanda colectiva ya está en marcha y el conflicto queda ahora en manos de la vía judicial.

Desde la entidad se agradece la profesionalidad y el compromiso que viene mostrando la plantilla en el desarrollo diario de su labor, “manteniendo en todo momento la adecuada atención y apoyo a las personas usuarias con independencia del actual contexto de conflicto laboral”, concluye Víctor García, gerente de Aspronte.

En torno a un 50 por ciento de los 320 trabajadores que tiene la firma sueca en el Contact Center de Valladolid se ha sumado este jueves a la huelga de 24 horas convocada por UGT en toda España para acercar posturas y negociar ante la supresión del teletrabajo a partir de septiembre o las incidencias informáticas que les impiden hacer su trabajo.

Varias decenas de trabajadores se ha concentrado este jueves frente a la sede la empresa en Valladolid, con el fin, según Francisco Martín, delegado de UGT en Intrum, de que la “empresa se siente a negociar de una vez”.

Si no lo hace, ya han anunciado que harán otra huelga de 24 horas el próximo 10 de junio, aunque Martín ha confiado en que “podamos sentarnos, dialogar, avanzar y que en el mes de septiembre, la medida regresiva de eliminación del teletrabajo, la empresa nos la revierta o podamos pactar entre todas las representación sindical otras medidas”.

También reclaman que “se sienten a negociar para que no afecten a la retribución variable las incidencias informáticas”, ya que tienen un salario fijo como teleoperadores del Contact Center, pero debido a “la casuística a la cual la empresa se dedica, tenemos unos objetivos que tienen que alcanzar cada mes, y sin ”las herramientas suficientes y programas informáticos“ no se pueden conseguir.

La tensión laboral vuelve a instalarse en la Base Naval de Rota. La plantilla de la empresa concesionaria de los servicios aeroportuarios, VERSAR Global Services, afronta un nuevo escenario de incertidumbre tras la apertura de un expediente temporal de regulación de empleo (ERTE) que afectará a buena parte de los trabajadores entre el próximo 25 de mayo y el 15 de julio, en un contexto marcado por años de conflicto sindical, negociaciones enquistadas y acusaciones de imposición empresarial.

El último episodio se ha producido esta misma semana, durante la primera reunión oficial entre la dirección de la multinacional y el Comité de Empresa después de que la compañía comunicara el 8 de mayo su intención de aplicar un ERTE alegando causas organizativas y productivas derivadas de las obras en la pista de vuelo del aeropuerto militar. El encuentro, celebrado en un hotel de la localidad gaditana, reunió al director de la empresa, responsables de Recursos Humanos y representantes legales de la compañía, además de los miembros del comité y sus asesores sindicales.

Sin embargo, lo que inicialmente se había planteado como una negociación sobre un único expediente acabó derivando en un escenario mucho más complejo. Según denuncia la representación de los trabajadores, la empresa comunicó “sin previo aviso” un cambio sustancial en su estrategia laboral al anunciar que prevé ejecutar dos ERTE distintos. El primero, inicialmente justificado por motivos organizativos y productivos, pasaría a tramitarse como un ERTE por causa de fuerza mayor, manteniendo el mismo calendario previsto entre mayo y julio.

La principal preocupación de la plantilla llegó con el anuncio de un segundo ERTE posterior, esta vez nuevamente por causas organizativas y productivas, pero sin fecha concreta de finalización. La empresa habría vinculado esta segunda medida a una supuesta reducción de vuelos y actividad en las instalaciones aeroportuarias de la base, llegando incluso a apuntar, según trasladan los representantes sindicales, a las restricciones del Gobierno español sobre determinados vuelos relacionados con operaciones militares de Estados Unidos en el conflicto con Irán.

Una década de enfrentamientos laborales

El Comité de Empresa rechaza frontalmente esa argumentación y sostiene que la actividad vinculada a los destructores estadounidenses destinados al escudo antimisiles mantiene una importante carga de trabajo logístico tanto en el aeropuerto como en el muelle marítimo de la base. De hecho, aseguran que preguntaron directamente a la dirección si existía algún perjuicio económico derivado de esa situación y que la empresa negó que estuviera alegando pérdidas económicas.

El trasfondo del conflicto se remonta a más de una década de enfrentamientos laborales entre la concesionaria y la representación sindical. Los trabajadores llevan años reclamando un convenio colectivo propio adaptado a las particularidades del servicio que se presta a la Marina de Estados Unidos, al considerar que muchas de las funciones que desempeñan no están reconocidas ni remuneradas adecuadamente bajo el convenio Handling que, según denuncian, fue impuesto de forma unilateral por la empresa.

Ese clima de desconfianza había provocado ya inquietud desde el primer momento en que se comunicó el expediente temporal. La plantilla temía que la medida pudiera convertirse en una antesala de nuevos recortes laborales tras varios años marcados por despidos y reducciones de personal. La modificación del planteamiento inicial durante la reunión del pasado día 18 ha intensificado aún más esas sospechas.

Desde el Comité de Empresa también critican que durante el periodo de ERTE la compañía pretenda que los salarios sean asumidos por el Estado mientras, sostienen, continúa percibiendo los ingresos derivados de su contrato con la Marina estadounidense. “No entendemos que semejante situación pueda asumirse con normalidad”, apuntan los representantes de los trabajadores, que consideran insuficientemente aclarado el impacto económico real de las medidas planteadas por la empresa.

La negociación continúa abierta, aunque todavía no se han abordado las condiciones concretas de los expedientes planteados. Mientras tanto, el comité ya estudia posibles acciones legales, movilizaciones y nuevas protestas sindicales ante una situación que consideran “injusta” para la plantilla y sus familias.

Cinco días de huelga y cero contactos. Los sindicatos médicos han arrancado este lunes nuevas jornadas de paros en toda España sin que se hayan producido acercamientos con el Ministerio de Sanidad a fin de resolver un conflicto que se alarga ya durante meses. Con la de esta semana, son ya cuatro las que los médicos se han plantado ante el borrador del nuevo estatuto médico en lo que va de año.

Las relaciones entre los sindicatos médicos y el ministerio se encuentran actualmente en su peor momento. Las organizaciones pidieron la dimisión de la ministra, Mónica García, por sus “reiteradas mentiras” y ella les acusó de “deslealtad” en la negociación, después de que estas anunciasen que mantenían la convocatoria del mes de abril en plenas conversaciones.

Con estos antecedentes, los paros, que comenzaron este lunes y se alargarán hasta el viernes, llegan sin que se haya producido el más mínimo acercamiento entre las partes. “No se ha producido ningún contacto oficial entre Ministerio y Comité de Huelga que permita pensar en un posible acercamiento, por lo que todo sigue en el mismo punto que para la anterior convocatoria”, trasladan desde las organizaciones.

En Sanidad dieron por rotos los puentes tras la última negociación y, por el momento, insisten en que ya han dado respuesta a las reclamaciones de los médicos, salvo en aquellos casos que exceden sus competencias. “El ministerio respeta las movilizaciones y comparte la preocupación por las reivindicaciones de los profesionales, que considera legítimas. De hecho, buena parte de dichas demandas ya han sido incorporadas al propio borrador del Estatuto Marco o forman parte de proyectos en tramitación”, señalan fuentes consultadas.

Las reclamaciones generales de los sindicatos profesionales —Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA)— pasan por la creación de un Estatuto propio, un ámbito de negociación específico, la implantación de la jornada laboral de 35 horas, una clasificación profesional “justa” y un modelo de jubilación “flexible y sin penalizaciones”.

“Las movilizaciones han permitido avanzar hacia una norma más ambiciosa, pero el Estatuto Marco debe entenderse como un instrumento estatal que fija un marco común de derechos, garantías y límites básicos para todo el Sistema Nacional de Salud”, justifican desde el ministerio, que señala que “la concreción efectiva de gran parte de las condiciones laborales corresponde, sin embargo, a las comunidades autónomas, competentes en organización sanitaria, gestión de recursos humanos, retribuciones y establecimiento de las condiciones de trabajo de los profesionales, desde la culminación de las trasferencias sanitarias en 2002”.

De hecho, pese a la convocatoria estatal, algunos de estos sindicatos han hecho llamamientos autonómicos específicos en la Comunitat Valenciana, Aragón y Madrid. Según denuncian desde el Comité de Huelga, “algunas comunidades como Castilla y León han vuelto a recurrir los servicios mínimos impuestos”, al considerarlos “abusivos”.

Sanidad pone como ejemplo los acuerdos alcanzados entre algunas consejerías de salud y los huelguistas para hacer ver que “una parte sustancial del conflicto puede abordarse y resolverse desde el ámbito autonómico mediante el ejercicio de competencias ya transferidas”. Es el caso de Galicia, que ha firmado acuerdos sobre la jornada de 35 horas y la retribución de las guardias, descansos e incentivos; Aragón, con mejoras en la carrera profesional, además de mejores pagos para las guardias, medidas específicas para los MIR y espacios propios de negociación; o Navarra, donde se ha abierto una negociación específica para el reconocimiento del exceso horario, enumeran desde el ministerio.

Los sindicatos, que concentrarán el grueso de los actos el miércoles, recuerdan, sin embargo, que “el conflicto se mantiene mientras no exista una voluntad real de alcanzar acuerdos que permitan solucionar las reivindicaciones de médicos y facultativos”. En este sentido, el calendario de movilizaciones acordado en enero incluía una semana de huelga al mes, en principio, hasta junio. Ese mes hay previstos nuevos paros del día 15 al 19.

¿Y después? Fuentes sindicales confían en que se retomen las conversaciones con el ministerio, aunque dejan la puerta abierta a valorar las “siguientes acciones” tras los paros previstos para junio, si estos llegan a celebrarse. Por el momento, no parece que el conflicto esté próximo a desencallarse. Desde Suiza, donde se encuentra en la Asamblea Mundial de la Salud, García insistió este lunes en su creencia de que “hay un incentivo en algunos sindicatos médicos para mantener el conflicto y evitar o atrasar que las mejoras del Estatuto Marco” lleguen a los profesionales.