Los hermanos Villanueva fueron despedidos de manera fulminante por Julio Iglesias en plena pandemia de coronavirus, en julio de 2020, cuando el cantante temía por el contagio y se desprendió de gran parte de los trabajadores de su casa de Punta Cana. Ambos demandaron a su empleador al considerar que el despido merecía una indemnización y, tras seis años de juicios y apelaciones, la Justicia dominicana les ha dicho que no les corresponde, según la sentencia consultada por elDiario.es.

El abogado de los extrabajadores de Julio Iglesias, Eloy Bello, confirma a este medio que apelará esta sentencia en la Suprema Corte de Justicia. La abogada laboralista que representa a Iglesias no ha contestado a las preguntas de este medio.

Este largo enfrentamiento judicial entre los Villanueva y Julio Iglesias ha dado varias victorias al artista y una a los trabajadores, en las diversas instancias que ha recorrido el expendiente. Ese se inició en un juzgado de trabajo de La Altagracia, que no aceptó la reclamación de despido improcedente. Se recurrió y un juzgado de San Pedro de Macorís se puso de parte de los trabajadores y condenó a Iglesias a indemnizarles. Este interpuso un recurso de casación y se envío el expediente al juzgado laboral del Distrito Nacional. Allí, después de diferentes postergaciones y un periodo de conciliación en el que no se llegó a un acuerdo, el tribunal se ha puesto de parte de Julio Iglesias.

Ser o no ser 'doméstico'

El código laboral de República Dominicana establece una mayor protección hacia los trabajadores regulares que hacia los que considera “domésticos”, algo que está en vías de cambio mediante una demorada reforma de esta legislación.

Rogelio (59 años) y Eleuterio Villanueva (58), que trabajaron para Iglesias durante 21 y nueve años respectivamente, realizaban el mantenimiento de suelos, cubiertas, pintura, ebanistería o lo que fuera necesario en las casas de la lujosa villa dominicana. Además, el hermano mayor ejercía de chófer de manera puntual.

El Código de Trabajo de República Dominicana considera que el trabajador doméstico es aquel que se dedica “de modo exclusivo y en forma habitual y continúa a labores de cocina, aseo, asistencia y demás, propias de un hogar o de otro sitio de residencia o habitación particular”. Según esta definición, el abogado que ha representado a los Villanueva, Eloy Bello, entendía que no era el caso de sus representados. 

“Julio Iglesias y su familia entendían que estábamos en la época de la colonización porque han llamado criados y domésticos a dos empleados que trabajan en su empresa como albañiles, como carpinteros, como pintores o como choferes”, dijo Eloy Bello en una entrevista realizada en su despacho en La Altagracia con elDiario.es y Univision Noticias el pasado mes de septiembre.

“El empleado doméstico es el que barre, el que tiende la cama, el que cocina. Y nosotros no éramos empleados de eso”, señaló Rogelio Villanueva en una entrevista con ambos medios el pasado verano.

La definición del Código laboral añade una salvedad más para definir qué es el trabajo doméstico: “Que no importen lucro o negocio para el empleador o sus parientes”. Para reforzar la posición de sus clientes, Bello intentó demostrar que la villa de Punta Cana funcionaba como “una empresa”: que había personas que se alojaban ocasionalmente en las casitas pagando en mano y que el estudio de grabación instalado dentro de la gran parcela tenía actividad comercial. “Los subordinados ciertamente ejercían las labores de pintura y mantenimiento de propiedades utilizadas para generar beneficios económicos” dice la demanda contra Julio Iglesias. Pero más allá de las declaraciones de los testigos y una publicación en prensa, la representación legal de los hermanos Villanueva no pudo aportar pruebas conclusivas sobre ello.

Para reforzar el trabajo como conductor por parte de Rogelio Villanueva, una ocupación que considera especializada y no doméstica, este presentó la documentación relativa a un accidente de tránsito conduciendo un coche de Iglesias en el año 2014. Pero el argumento le vino de vuelta a Villanueva como un bumerang. La sentencia afirma que esa documentación “no prueba nada” en relación a las alegaciones de Villanueva sino más bien “todo lo contrario”: “La calidad de chófer del recurrente de Julio Iglesias, parte del servicio doméstico, por lo cual se prueba la existencia de un contrato de tipo doméstico”.

Las pretensiones de los hermanos

Rogelio Villanueva ganaba 50.000 pesos dominicanos al mes (850 euros al cambio de 2020) mientras que su hermano Eleuterio recibía 25.000 (420 euros). En su demanda, él primero reclamaba a Iglesias un total de 1.513.960 pesos dominicanos (25.650 euros), mientras que el hermano pequeño pedía al cantante 537.205 pesos dominicanos (9.100 euros). Estas cantidades incluían cesantía (la indemnización correspondiente tras un despido improcedente, que son 23 días por cada año trabajado, a partir del quinto), vacaciones, paga de Navidad y bonificaciones. A ellas, sumaron el monto correspondiente a seis salarios (desde el despido a la demanda) y el pago de una indemnización por no haberles dado de alta en la Seguridad Social, la cual valoraron en un millón de pesos (16.900 euros).

Esta petición por daños y perjuicios tampoco no ha sido admitida en la sentencia por un defecto en la forma, ya que se incluyó en una apelación, mientras que en la demanda original esta indemnización no era por no haber estado dados de alta sino por “trabajar sin descanso y sin visita de la familia”.

Antes de la publicación del primer artículo sobre las reclamaciones de los extrabajadores de mantenimiento, elDiario.es y Univision Noticias se pusieron en contacto con Julio Iglesias por diferentes vías y se le preguntó por esta reclamación laboral, pero los medios no obtuvieron respuesta. En un comunicado público, el artista respondió a las acusaciones de dos exempleadas que relataban abusos y agresiones sexuales, asegurando que eran “absolutamente falsas”, pero no se pronunció sobre estas otras denuncias del ámbito laboral.

Cobran 619,83 euros menos que sus compañeros de claustro. Trabajan en el mismo centro y ven crecer a los mismos estudiantes cada año, pero el convenio fija para unos un complemento salarial que el resto no percibe. Y eso, sumado a la percepción de que nadie hace nada para igualarlos, les ha hecho dar un paso por su cuenta. Un grupo de trabajadores del colegio Jesús Maestro de Madrid, en el acomodado distrito de Chamberí, ha utilizado este viernes la hora del recreo para organizar una protesta silenciosa contra la diferencia de sueldo entre el profesorado de Secundaria y el de Bachillerato.

Este centro, gestionado por la Fundación Escuela Teresiana –una organización católica con 21 colegios en España– ofrece plazas concertadas en la ESO y privadas en los dos cursos posteriores, que no son obligatorios para la formación básica. Eso hace que una parte del profesorado esté regido por un convenio específico, y sus sueldos se cofinancien desde la administración pública.

La Comunidad de Madrid aplica esta bonificación en los contratos de la concertada; mientras que para Bachillerato todas las cuestiones laborales deben negociarse antes con la fundación. Y siempre mediante intermediarios. “No se nos permite hablar directamente con la cúpula, y todas las reivindicaciones deben ser a través de la directora del colegio”, señala una de las docentes que han avalado la protesta. Solicita mantener su nombre en el anonimato para evitar represalias.

“Una acción como esta no es algo habitual aquí”, resalta otro docente afectado por la diferencia salarial. Desde el profesorado comentan que, hace unos años, la disparidad en sus sueldos ya existía y habían decidido aceptarla, pues no les parecía tan acuciante como ahora. “No es lo mismo cobrar 100 euros menos al mes por dar clase en Bachillerato si tus grupos son privados y el sueldo depende de lo que paguen las familias, que hacerlo con 600 euros menos que otros compañeros”, critican.

Unos sueldos que no han crecido a la par

Cuentan los docentes que, con la crisis de 2008, se congelaron sueldos por causa mayor. Ya tiempo después, a partir de 2016, en la concertaba comenzaron a hacer subidas puntuales porque “se había perdido un nivel de vida que antes era muy alto, pero que con los precios de ahora ya no daba para nada”. “El complemento autonómico que aplica a la concertada no aplica en nuestro caso [el del Bachillerato privado] y, mientras tanto, el coste de vida en Madrid sube aún más que en otras ciudades donde también hay colegios de las Teresianas”, añade una de las manifestantes.

Por esta razón, entre las de 11.45 y las 12.10 horas de esta mañana –coincidiendo con la pausa de las clases para el recreo–, una veintena de docentes se ha concentrado a las puertas del centro como señal de protesta ante el “silencio” de sus administradores. Aseguran que, en este tiempo, han recibido “buenas palabras” por parte de la Dirección de la escuela y desde la propia fundación. Pero más allá de eso, ningún cambio: “Solo pedimos que se nos equipare”.

Además, algunos de estos afectadoacs resaltan partes de su trabajo que ya implican, de por sí, sumar horas no remuneradas. “Al ser un centro religioso, todas las clases tienen al día un cuarto de hora para la oración. Si eres tutor de algún curso, completas cuatro cuartos, una hora en total. Pero como ese tiempo no se refleja en ninguna parte [a nivel de convenio], nadie marca cómo tendría que pagarse”, sostienen voces entre los docentes insatisfechos. Añaden que ninguno tiene la obligación expresa de hacerlo, pero “si quieres que te renueven no piensas en negarte”.

Reivindicaciones colectivas por la equiparación salarial

En abril de este mismo año se disputaba, precisamente, el futuro de unos 200.000 profesionales de la escuela concertada. Los sindicatos y la patronal se reunieron para discutir su VIII convenio colectivo y disputarse un objetivo qque parecía inalcanzable: equiparar las condiciones laborales de sus profesionales a las de los empleados en la pública, bajo el argumento de que ambos ostentan el mismo trabajo y, por tanto, deben igualar condiciones.

Los docentes de la escuela privada sostenida con fondos públicos, por lo genera, cobran menos. Y, sin embargo, habitalmente tienen más horas de clase semanales o más estudiantes que sus compañeros funcionarios e interinos. La única diferencia entre un profesor de escuela concertada y otro de la pública, a la hora de ejercer la profesión, es un proceso de oposición previo. No obstante, la falta de personal está llevando a las comunidades autónomas a abrir la mano, y terminar flexibilizando ciertos requisitos.

A lo largo de esta semana, trabajadoras del sector social han protagonizado distintos conflictos laborales que, según denuncian, merman sus condiciones. Por un lado, las trabajadoras de intervención social de Álava, que acumulan cinco jornadas de huelga, por otro lado, sus compañeras de intervención social en Gipuzkoa, que saldrán a la calle este jueves para luchar por un nuevo convenio, y por último, las trabajadoras del módulo psicosocial de Bilbao, que denuncian recortes por parte del Ayuntamiento de hasta un 65%.

En el caso de las trabajadoras de intervención social de Álava, los sindicatos ELA, LAB, CCOO y ESK denuncian la falta de avances en cuestiones clave del convenio laboral. “Tras más de 15 meses de negociación y 15 reuniones celebradas para aprobar el IV Convenio de Intervención Social de Álava, aunque la patronal AISA ha mostrado por primera vez disposición para alcanzar acuerdos en materias como complementos de incapacidad temporal, flexibilidad, euskera, teletrabajo o modalidades de contratación, siguen existiendo importantes diferencias en aspectos centrales como la subida salarial, la reducción de jornada, la conciliación, las licencias, la jubilación anticipada o la reducción de la parcialidad involuntaria”, denuncian los sindicatos.

Consideran que el cambio de actitud de la patronal ha sido “consecuencia directa de la presión ejercida por las trabajadoras y trabajadores del sector”, y subrayan que mantendrán las protestas hasta lograr “condiciones laborales dignas” y la equiparación con el personal contratado directamente por las administraciones públicas. En el caso de las trabajadoras subcontratadas, la brecha salarial comparada con las que son contratadas directamente por el Instituto Foral de Bienestar Social (IFBS), supera los 10.000 euros en algunos puestos de trabajo.

En este sentido, más allá de señalar a AISA, las trabajadoras responsabilizan a las instituciones públicas de la precarización del sector y reclaman mayor implicación política y financiación suficiente para garantizar mejoras laborales de cara a la próxima mesa de negociación tendrá lugar el 4 de junio. Aunque mientras tanto, además de las jornadas de huelga, han convocado movilizaciones el 29 de mayo a las 18.30 horas desde el Gobierno Militar, contra el aumento del gasto militar y una coche-caravana el 31 de mayo hacia Peñacerrada.

El segundo conflicto laboral abierto de este sector se produce en Gipuzkoa, donde este jueves, 28 de mayo a las 11.00 las trabajadoras se movilizarán en el Paseo Bizkaia, 14-15 de Donostia para negociar el V Convenio Colectivo de Intervención Social de Gipuzkoa tras cumplir el IV convenio cuya duración ha sido desde 2023 hasta 2025. En este caso, la patronal es Hedatzen, y la firma del anterior convenio se produjo con los votos a favor de los sindicatos LAB y CCOO y en contra de ELA, al considerar “insuficientes” las propuestas relacionadas con las subidas salariales y la eliminación de la quinta categoría profesional, la de los trabajadores considerados los “más precarizados”, que la patronal se negó a eliminar alegando que la Diputación Foral de Gipuzkoa “no lo avalaba”. Ahora comenzarán una nueva ronda de negociaciones y movilizaciones que buscan como objetivo, al igual que en el caso de Álava, firmar un convenio laboral que evite la precarización de un sector feminizado.

Por último, este miércoles han salido a la calle las trabajadoras del Módulo Psicosocial de Deusto-San Ignacio, quienes llevan desde febrero denunciando que el Ayuntamiento de Bilbao ha recortado un 65% su presupuesto para 2026, que ha pasado de 195.000 euros (2025) a 68.000 euros, con lo que se pone en riesgo “la supervivencia del modelo comunitario” que presta apoyo integral a víctimas de violencia machista, ya que “si mantienen el recorte, en 2027 desaparecerá”.

Se trata de doce trabajadoras del servicio de atención a violencias machistas y de atención a derechos en salud sexual y salud reproductiva, un módulo creado en los años 80 por el movimiento vecinal para dar respuesta a dos fenómenos graves que no estaban siendo atendidos institucionalmente: por un lado, la desatención a las personas jóvenes afectadas por la entrada masiva de la heroína en los barrios populares y, por otro, la salida del periodo dictatorial franquista, que supuso poder organizar recursos para la atención a las mujeres en los procesos de divorcio, que no fue legal hasta 1981, y la atención de su salud sexual y reproductiva, muy influida por el fin de la prohibición de la prescripción de anticonceptivos.

“La atención que ofrece el Módulo Psicosocial de Deusto-San Ignacio a las personas afectadas por violencias machistas está íntimamente ligada a nuestra identidad de recurso del barrio, lo que supone que somos parte de la comunidad que habitamos. Esta identidad delimita que no somos uno más de los recursos para mujeres víctimas de violencia de género que vienen recogidos en las distintas leyes estatales y autonómicas. Nacimos con anterioridad a todas estas legislaciones, estando desde el inicio pegadas a las necesidades concretas del colectivo de mujeres de clase trabajadora, mayoritariamente inmigrantes de los territorios rurales, que eran las que habitaban el barrio y distrito de Bilbao en el que estamos”, aseguran las trabajadoras que han protagonizado una manifestación convocada junto a Bilbo Feminista Saretzen y Denon Bizitzak Erdigunean en el Ayuntamiento de Bilbao.

Por su parte, desde el área de Acción Social del Ayuntamiento de Bilbao defienden que “con el Departamento de Salud se acordó la asunción de los programas por parte de cada sistema con base en las competencias correspondientes de cada uno de ellos, así como asegurar por parte del Ayuntamiento una financiación que podría llegar a igualar la del 2025 en 2026 en caso de que el Departamento de Salud no pudiera llevarla a cabo a tiempo”. “El Departamento de Salud se ha comprometido a integrar en el sistema público de salud a lo largo del 2026, aquellos servicios que siendo de competencia del sistema sanitario se prestan en los módulos. La compensación dependerá del proceso que lleve a cabo el Departamento de Salud con el que estamos en contacto. La decisión está supeditada a la integración en el Sistema de Salud”, argumentan en una respuesta a preguntas realizadas por el grupo municipal de EH Bildu.

Desde el Ayuntamiento confirman que “mantendrán los servicios que se prestan actualmente y que son de competencia municipal” y que “tal y como se ha trasladado a los módulos, el proceso tendrá en cuenta a las y los profesionales que trabajan en los módulos analizado desde las competencias de cada una de las administraciones”.

No obstante, el consejero de Salud del Gobierno vasco, Alberto Martínez, a preguntas de la coalición Sumar en el Parlamento vasco el pasado marzo sobre “el cierre y debilitamiento” de este tipo de servicios, aseguró que Osakidetza “ya tiene en cartera” los servicios sanitarios que ofrecen los módulos psicosociales de Bilbao, como el módulo psicosocial de Rekalde, el Auzolan de San Francisco y el módulo psicosocial de Deusto-San Ignacio.

En este sentido, Martinez explicó que el momento actual ofrece “la posibilidad de analizar el papel de los módulos desde una perspectiva estratégica y de mejora del sistema” debido a que el servicio público de salud de hoy “no tiene ya nada que ver” con los años 70 y 80, cuando se crearon dichos módulos y, “aunque siguen funcionando, el contexto social y sanitario ha evolucionado de manera sustancial”.

Al respecto, indicó que el Departamento de Salud destina 1,9 millones de euros, para financiar tres programas sanitarios de estos módulos bilbaínos, que “ya están en cartera de Osakidetza” de cara a “fortalecer” estos servicios sanitarios y sociales con “un mayor acercamiento a los servicios públicos ya existentes”. Así, puso como ejemplo la asunción por parte de Osakidetza de las interrupciones voluntarias del embarazo, que “se irán asumiendo de manera gradual y progresiva, con el objetivo de reforzar la atención a las personas en situación de mayor vulnerabilidad”.

Los trabajadores de la asociación Aspronte, dedicada a la atención de personas con discapacidad intelectual de Tenerife, han llevado a los tribunales a la dirección de la entidad por modificar el sistema que tenía la plantilla de organizar las vacaciones y los descansos.  

Aspronte (Asociación familiar pro personas con discapacidad intelectual de Tenerife) es una asociación sin ánimo de lucro constituida en 1966 para dar respuesta a las carencias y necesidades de las familias de personas con discapacidad intelectual en Tenerife. En 1972, fue declarada de Utilidad Pública, y como aseguran en su página web buscan “mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual”. Actualmente, Aspronte tiene empleados a 56 trabajadores en dos centros, en Santa Cruz de Tenerife y La Orotava. 

Desde el comité de empresa aseguran que la dirección de la entidad quiere reorganizar el calendario laboral y “sin haber acreditado una causa real que lo justifique va a eliminar los periodos de cierre que se venían aplicando históricamente”. Es decir, la entidad no podrá cerrar como hacía hasta ahora en las vacaciones de verano del mes de agosto, en Semana Santa y del 23 de diciembre al 3 de enero por Navidad. La demanda, presentada como conflicto colectivo por el comité de empresa y CCOO, ya ha sido admitida a trámite y tiene fecha de juicio para el 23 de marzo del próximo año 2027, en los Juzgados de lo Social de Santa Cruz de Tenerife. 

La gerencia de Aspronte sostiene que la medida planteada “se enmarca en un proceso de adaptación progresiva” de la prestación de servicios dentro de la red pública de atención a la dependencia y discapacidad, y aseguran que se da por la “futura implantación del modelo de concierto social previsto en la normativa vigente”. 

Desde el comité de empresa aseguran que “esa no es la realidad”. El Instituto de Atención Sociosanitaria (IASS), que es “quien paga las plazas de los usuarios, y quien pone el dinero público”, tiene un convenio son los trabajadores que “no recoge que la entidad tenga que abrir los 365 días del año, sino que hay un máximo de apertura de 248 días” al año, asegura Carlos Alberto Pulido, integrador social y miembro del comité de empresa. 

Desde la gerencia de Aspronte se afirma que, Plena Inclusión Canarias, “entidad representativa del sector de la discapacidad intelectual”, ha trasladado que este modelo de prestación continuada “constituye ya una realidad consolidada en distintos ámbitos de la red pública”.  

Sin embargo, Carlos Alberto Pulido, del comité de empresa de Aspronte, define a la plataforma Plena Inclusión Canarias como “el lobby de los centros de personas con discapacidad”. Y asegura que la empresa utiliza esta plataforma para que hagan una interpretación del convenio a su favor. 

“Engañados por Aspronte”

“Nos sentaron a negociar engañándonos”, asevera Carlos Alberto Pulido, del comité de empresa. El representante de los trabajadores explica que la empresa justifica su medida porque “viene impuesta” por el Instituto de Atención Sociosanitaria, pero “no lo han podido demostrar, ni lo han acreditado”. Además, sostienen que hace un año “con los mismos modelos de trabajo la empresa no tuvo reparo en firmar un plan de igualdad reconociendo esos derechos”. 

La empresa asegura que durante el proceso se han valorado distintas alternativas, “si bien no ha sido posible alcanzar un acuerdo”, y que mantienen su voluntad de diálogo. Pero como hay un procedimiento judicial en marcha la entidad considera prudente “no realizar valoraciones adicionales sobre cuestiones que deberán ser analizadas en dicho ámbito”.

Un conflicto por derechos adquiridos

La plantilla insiste en que no se trata solo de unas vacaciones, sino de una condición consolidada durante años y asumida como parte del funcionamiento de la empresa. Según los trabajadores, el modelo permitía cerrar en determinados periodos y organizar la vida personal con antelación, algo que ahora quedaría en manos de turnos y cambios más flexibles.

El comité entiende que la dirección pretende equiparar las condiciones del personal antiguo con las de nuevas incorporaciones, “pero a costa de recortar derechos históricos”, señalan. También advierte de que el conflicto está generando malestar interno y podría provocar salidas de trabajadores con experiencia, justo en un servicio que depende en gran medida de la estabilidad de los equipos.

Un centro esencial bajo presión

Aspronte cumple 60 años y atiende a personas con discapacidad intelectual, un ámbito en el que la plantilla subraya que “la continuidad de los profesionales de referencia es clave”. Los trabajadores aseguran que su labor “exige una alta carga emocional, responsabilidad constante y equipos cohesionados para garantizar una atención estable y de calidad”.

Por eso, la propuesta del comité no pasa por cerrar más o menos días, sino por mantener los derechos adquiridos y reforzar el servicio con más contratación si la empresa quiere ampliar la apertura. La demanda colectiva ya está en marcha y el conflicto queda ahora en manos de la vía judicial.

Desde la entidad se agradece la profesionalidad y el compromiso que viene mostrando la plantilla en el desarrollo diario de su labor, “manteniendo en todo momento la adecuada atención y apoyo a las personas usuarias con independencia del actual contexto de conflicto laboral”, concluye Víctor García, gerente de Aspronte.

En torno a un 50 por ciento de los 320 trabajadores que tiene la firma sueca en el Contact Center de Valladolid se ha sumado este jueves a la huelga de 24 horas convocada por UGT en toda España para acercar posturas y negociar ante la supresión del teletrabajo a partir de septiembre o las incidencias informáticas que les impiden hacer su trabajo.

Varias decenas de trabajadores se ha concentrado este jueves frente a la sede la empresa en Valladolid, con el fin, según Francisco Martín, delegado de UGT en Intrum, de que la “empresa se siente a negociar de una vez”.

Si no lo hace, ya han anunciado que harán otra huelga de 24 horas el próximo 10 de junio, aunque Martín ha confiado en que “podamos sentarnos, dialogar, avanzar y que en el mes de septiembre, la medida regresiva de eliminación del teletrabajo, la empresa nos la revierta o podamos pactar entre todas las representación sindical otras medidas”.

También reclaman que “se sienten a negociar para que no afecten a la retribución variable las incidencias informáticas”, ya que tienen un salario fijo como teleoperadores del Contact Center, pero debido a “la casuística a la cual la empresa se dedica, tenemos unos objetivos que tienen que alcanzar cada mes, y sin ”las herramientas suficientes y programas informáticos“ no se pueden conseguir.

La tensión laboral vuelve a instalarse en la Base Naval de Rota. La plantilla de la empresa concesionaria de los servicios aeroportuarios, VERSAR Global Services, afronta un nuevo escenario de incertidumbre tras la apertura de un expediente temporal de regulación de empleo (ERTE) que afectará a buena parte de los trabajadores entre el próximo 25 de mayo y el 15 de julio, en un contexto marcado por años de conflicto sindical, negociaciones enquistadas y acusaciones de imposición empresarial.

El último episodio se ha producido esta misma semana, durante la primera reunión oficial entre la dirección de la multinacional y el Comité de Empresa después de que la compañía comunicara el 8 de mayo su intención de aplicar un ERTE alegando causas organizativas y productivas derivadas de las obras en la pista de vuelo del aeropuerto militar. El encuentro, celebrado en un hotel de la localidad gaditana, reunió al director de la empresa, responsables de Recursos Humanos y representantes legales de la compañía, además de los miembros del comité y sus asesores sindicales.

Sin embargo, lo que inicialmente se había planteado como una negociación sobre un único expediente acabó derivando en un escenario mucho más complejo. Según denuncia la representación de los trabajadores, la empresa comunicó “sin previo aviso” un cambio sustancial en su estrategia laboral al anunciar que prevé ejecutar dos ERTE distintos. El primero, inicialmente justificado por motivos organizativos y productivos, pasaría a tramitarse como un ERTE por causa de fuerza mayor, manteniendo el mismo calendario previsto entre mayo y julio.

La principal preocupación de la plantilla llegó con el anuncio de un segundo ERTE posterior, esta vez nuevamente por causas organizativas y productivas, pero sin fecha concreta de finalización. La empresa habría vinculado esta segunda medida a una supuesta reducción de vuelos y actividad en las instalaciones aeroportuarias de la base, llegando incluso a apuntar, según trasladan los representantes sindicales, a las restricciones del Gobierno español sobre determinados vuelos relacionados con operaciones militares de Estados Unidos en el conflicto con Irán.

Una década de enfrentamientos laborales

El Comité de Empresa rechaza frontalmente esa argumentación y sostiene que la actividad vinculada a los destructores estadounidenses destinados al escudo antimisiles mantiene una importante carga de trabajo logístico tanto en el aeropuerto como en el muelle marítimo de la base. De hecho, aseguran que preguntaron directamente a la dirección si existía algún perjuicio económico derivado de esa situación y que la empresa negó que estuviera alegando pérdidas económicas.

El trasfondo del conflicto se remonta a más de una década de enfrentamientos laborales entre la concesionaria y la representación sindical. Los trabajadores llevan años reclamando un convenio colectivo propio adaptado a las particularidades del servicio que se presta a la Marina de Estados Unidos, al considerar que muchas de las funciones que desempeñan no están reconocidas ni remuneradas adecuadamente bajo el convenio Handling que, según denuncian, fue impuesto de forma unilateral por la empresa.

Ese clima de desconfianza había provocado ya inquietud desde el primer momento en que se comunicó el expediente temporal. La plantilla temía que la medida pudiera convertirse en una antesala de nuevos recortes laborales tras varios años marcados por despidos y reducciones de personal. La modificación del planteamiento inicial durante la reunión del pasado día 18 ha intensificado aún más esas sospechas.

Desde el Comité de Empresa también critican que durante el periodo de ERTE la compañía pretenda que los salarios sean asumidos por el Estado mientras, sostienen, continúa percibiendo los ingresos derivados de su contrato con la Marina estadounidense. “No entendemos que semejante situación pueda asumirse con normalidad”, apuntan los representantes de los trabajadores, que consideran insuficientemente aclarado el impacto económico real de las medidas planteadas por la empresa.

La negociación continúa abierta, aunque todavía no se han abordado las condiciones concretas de los expedientes planteados. Mientras tanto, el comité ya estudia posibles acciones legales, movilizaciones y nuevas protestas sindicales ante una situación que consideran “injusta” para la plantilla y sus familias.

Cinco días de huelga y cero contactos. Los sindicatos médicos han arrancado este lunes nuevas jornadas de paros en toda España sin que se hayan producido acercamientos con el Ministerio de Sanidad a fin de resolver un conflicto que se alarga ya durante meses. Con la de esta semana, son ya cuatro las que los médicos se han plantado ante el borrador del nuevo estatuto médico en lo que va de año.

Las relaciones entre los sindicatos médicos y el ministerio se encuentran actualmente en su peor momento. Las organizaciones pidieron la dimisión de la ministra, Mónica García, por sus “reiteradas mentiras” y ella les acusó de “deslealtad” en la negociación, después de que estas anunciasen que mantenían la convocatoria del mes de abril en plenas conversaciones.

Con estos antecedentes, los paros, que comenzaron este lunes y se alargarán hasta el viernes, llegan sin que se haya producido el más mínimo acercamiento entre las partes. “No se ha producido ningún contacto oficial entre Ministerio y Comité de Huelga que permita pensar en un posible acercamiento, por lo que todo sigue en el mismo punto que para la anterior convocatoria”, trasladan desde las organizaciones.

En Sanidad dieron por rotos los puentes tras la última negociación y, por el momento, insisten en que ya han dado respuesta a las reclamaciones de los médicos, salvo en aquellos casos que exceden sus competencias. “El ministerio respeta las movilizaciones y comparte la preocupación por las reivindicaciones de los profesionales, que considera legítimas. De hecho, buena parte de dichas demandas ya han sido incorporadas al propio borrador del Estatuto Marco o forman parte de proyectos en tramitación”, señalan fuentes consultadas.

Las reclamaciones generales de los sindicatos profesionales —Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA)— pasan por la creación de un Estatuto propio, un ámbito de negociación específico, la implantación de la jornada laboral de 35 horas, una clasificación profesional “justa” y un modelo de jubilación “flexible y sin penalizaciones”.

“Las movilizaciones han permitido avanzar hacia una norma más ambiciosa, pero el Estatuto Marco debe entenderse como un instrumento estatal que fija un marco común de derechos, garantías y límites básicos para todo el Sistema Nacional de Salud”, justifican desde el ministerio, que señala que “la concreción efectiva de gran parte de las condiciones laborales corresponde, sin embargo, a las comunidades autónomas, competentes en organización sanitaria, gestión de recursos humanos, retribuciones y establecimiento de las condiciones de trabajo de los profesionales, desde la culminación de las trasferencias sanitarias en 2002”.

De hecho, pese a la convocatoria estatal, algunos de estos sindicatos han hecho llamamientos autonómicos específicos en la Comunitat Valenciana, Aragón y Madrid. Según denuncian desde el Comité de Huelga, “algunas comunidades como Castilla y León han vuelto a recurrir los servicios mínimos impuestos”, al considerarlos “abusivos”.

Sanidad pone como ejemplo los acuerdos alcanzados entre algunas consejerías de salud y los huelguistas para hacer ver que “una parte sustancial del conflicto puede abordarse y resolverse desde el ámbito autonómico mediante el ejercicio de competencias ya transferidas”. Es el caso de Galicia, que ha firmado acuerdos sobre la jornada de 35 horas y la retribución de las guardias, descansos e incentivos; Aragón, con mejoras en la carrera profesional, además de mejores pagos para las guardias, medidas específicas para los MIR y espacios propios de negociación; o Navarra, donde se ha abierto una negociación específica para el reconocimiento del exceso horario, enumeran desde el ministerio.

Los sindicatos, que concentrarán el grueso de los actos el miércoles, recuerdan, sin embargo, que “el conflicto se mantiene mientras no exista una voluntad real de alcanzar acuerdos que permitan solucionar las reivindicaciones de médicos y facultativos”. En este sentido, el calendario de movilizaciones acordado en enero incluía una semana de huelga al mes, en principio, hasta junio. Ese mes hay previstos nuevos paros del día 15 al 19.

¿Y después? Fuentes sindicales confían en que se retomen las conversaciones con el ministerio, aunque dejan la puerta abierta a valorar las “siguientes acciones” tras los paros previstos para junio, si estos llegan a celebrarse. Por el momento, no parece que el conflicto esté próximo a desencallarse. Desde Suiza, donde se encuentra en la Asamblea Mundial de la Salud, García insistió este lunes en su creencia de que “hay un incentivo en algunos sindicatos médicos para mantener el conflicto y evitar o atrasar que las mejoras del Estatuto Marco” lleguen a los profesionales.

Los trabajadores de espectáculos y eventos de Euskadi pararán este viernes, 15 de mayo, para denunciar la precariedad de su sector y ante el “bloqueo” por parte de la patronal que denuncian a la hora de negociar un nuevo convenio que mejore sus condiciones laborales. Según critican, en 2024 se constituyó por primera vez la asociación Euki, una patronal integrada por empresas con domiciliación fiscal Euskadi, que comenzó a reunirse con representantes del sindicato Teknikariok y los sindicatos mayoritarios ELA, LAB, ESK, CCOO y UGT con el objetivo de negociar un convenio colectivo propio del sector del espectáculo en vivo. Así se constituyó la primera mesa negociadora del Convenio de Espectáculos y Eventos de Euskadi. No obstante, tras dos años de reuniones, pese a que se han alcanzado acuerdos “mínimos”, los sindicatos se han plantado para denunciar el “bloqueo” de la patronal en cuanto a lo que consideran “uno de los puntos centrales” de la negociación: la flexibilidad laboral.

En concreto, una de las líneas rojas de los trabajadores es poder contar con un mes de preaviso en la asignación de turnos y horarios. Sin embargo, las empresas se niegan a asumir ese compromiso sin reservarse la posibilidad de modificarlos con solo cinco días de antelación respecto al evento. “Para quienes no estén familiarizados con este sector, conviene señalar que se trata de uno de los más históricamente precarios y desestructurados del tejido productivo. Las razones son múltiples: una industria cultural escasa y casi siempre condicionada por la subvención pública; una eventualidad crónica y una falta de estabilidad laboral estructural; jornadas de trabajo interminables; la proliferación de falsos autónomos al servicio de empresas a su vez subcontratadas; el incumplimiento sistemático de los descansos entre jornadas; y la ausencia de compensación por festivos, descansos semanales o vacaciones”, denuncian desde la Sección Sindical de CNT del Teatro Arriaga, quienes hacen un llamamiento a los trabajadores a secundar la huelga de este viernes. “Que no suban los telones, que los micros no suenen y que las luces no se enciendan. No participéis en ningún concierto, obra de teatro, espectáculo de danza ni evento alguno, y salid a las movilizaciones para que las reivindicaciones suenen más alto”, defienden tras añadir que el llamamiento también es para la ciudadanía, a quienes piden no asistir a ningún teatro, concierto, danza o evento para poder apoyar su lucha.

“El nuestro es un sector donde la vulneración de derechos y la precariedad marcan el día a día de tantos trabajadores que por fin han decidido organizarse. Las especificidades organizativas y productivas de nuestro sector han sido tradicionalmente aprovechadas por muchas empresas para evitar que, en la práctica, lleguen al día a día de los trabajadores incluso algunos de los derechos mínimos ya consagrados en el Estatuto de los Trabajadores. Derechos básicos que se dan por sentado en la mayoría de profesiones son, sin embargo, pisoteados en la nuestra bajo el pretexto de la intermitencia que caracteriza nuestra actividad”, lamentan los sindicatos.

Además de la huelga, los trabajadores han comenzado a interponer denuncias ante la Inspección de Trabajo por los contratos que, según aseguran, son “abusivos e ilegales”. “Desde Euki se pretende que los trabajadores renunciamos a la conciliación familiar y personal mediante la entrega de horarios, calendarios y turnos de trabajo con una antelación totalmente inaceptables. Quieren manejar cómoda y flexiblemente su actividad a costa de imposibilitar que cualquier empleado organice mínimamente su vida (y la de su entorno) y permanezca a continua disposición de la empresa. Todo ello sin ofrecer compensaciones de ningún tipo y afirmando que ya han hecho su última oferta, pese a que lo propuesto en ella se encuentra incluso por debajo de los mínimos que marca el Estatuto de los Trabajadores”, critican.

Las movilizaciones convocadas para el viernes, 15 de mayo, se llevarán a cabo en las tres capitales vascas, pero se realizarán piquetes informativos en eventos de todo el territorio. En Bilbao, la concentración será frente al Teatro Arriaga a las 11.30 horas; en Vitoria se realizará en el festival Batbatean, en Mendizabala, a las 18.00 horas y en Donostia será a las 19.00 horas en el Teatro Victoria Eugenia. Además, a las 18.30 horas en Leioa, durante la celebración de Umore Azoka los trabajadores del sector realizarán una kalejira y concentraciones en los distintos escenarios del espectáculo.

Cancelaciones y parones por la huelga

Entre los espectáculos anunciados para el viernes, 15 de mayo está la obra de teatro 'Fronteras', protagonizado por Carolina Yuste y Eneko Sagardoy a las 19.30 horas en el Teatro Arriaga; la obra de teatro '¿Quieres pecar conmigo?', con Ana Villa, Maria Petri, Arantzazu Ruiz, Marta Fíguls, Ernest Fuster y Victor Fajardo a las 20.00 horas en el Teatro Campos Elíseos de Bilbao, 'Tarzán, el musical' en el Teatro Victoria Eugenia de Donostia a las 20.00 horas -una hora después de la concetración de los trabajadores en el mismo teatro- o el concierto de Bad Gyal en Bilbao Arena a las 19.00 horas.

Pero una de las citas más esperadas del viernes será el concierto de Fito y Fitipaldis de fin de gira en el BEC de Barakaldo a las 19.00 horas. Por el momento, desde el grupo, que ha vendido todas las entradas, no han realizado ninguna comunicación sobre la huelga. Tampoco de los teatros ni conciertos mencionados en este artículo. Sí que se ha pronunciado, en cambio, Nacho Vegas, quien ha cancelado su concierto previsto en el Kafe Antzokia de Bilbao por la huelga de los trabajadores del sector de espectáculos. “Yo mismo y todo el equipo que forma parte de la gira 'Vidas semipreciosas' hemos tomado la decisión de suspender este concierto hasta nueva fecha para solidarizarnos con los y las trabajadoras del sector. Sin técnicos ni técnicas no podríamos dar ni asistir a conciertos y queremos solidarizarnos especialmente con la gente más precarizada y apoyar esta huelga que defiende sus derechos laborales más básicos”, ha anunciado el artista, que ha destacado que no se trata de una decisión tomada en contra del Kafe Antzokia en concreto, sino una decisión tomada por “conciencia política”.

Por su parte, el festival Batbatean de Vitoria ha anunciado un parón a modo de solidaridad con la huelga desde las 21.00 horas hasta las 22.00 horas. En un comunicado el equipo del festival ha explicado que durante los últimos días ha mantenido “varias reuniones con los diferentes agentes que han impulsado la convocatoria” y ha escuchado “de primera mano las reivindicaciones y preocupaciones en torno a las situaciones de precariedad laboral que se dan en el sector de la música en directo y los espectáculos”. “Aunque compartimos muchas de las peticiones y reivindicaciones planteadas resulta logísticamente imposible suspender por completo la primera jornada, debido a las consecuencias que ello tendría a nivel organizativo, técnico y contractual”, han asegurado desde el festival, que finalmente ha optado por realizar un parón de una hora. “Batbatean es un festival formado por personas que forman parte activa de la industria musical de Euskal Herria, y conocemos de cerca, y en muchos casos también sufrimos, la situación de precariedad del sector del ocio y los espectáculo”, han recalcado.

La plantilla de la empresa concesionaria de los servicios aeroportuarios de la Base Naval de Rota afronta un nuevo episodio de tensión laboral tras la comunicación del inicio de un expediente temporal de regulación de empleo (ERTE) que afectará a buena parte de sus trabajadores durante casi dos meses, entre el 25 de mayo y el 15 de julio. La medida, anunciada a la representación legal de los trabajadores el pasado 9 de mayo, ha generado preocupación en un conflicto enquistado desde hace más de ocho años.

La compañía, VERSAR VGS —denominada anteriormente Louis Berger— justifica el expediente por “causas organizativas y operativas” derivadas de las obras de mantenimiento previstas en la pista de vuelo de la base naval. Sin embargo, desde el comité de empresa consideran que la decisión no responde a motivos económicos reales y temen que pueda convertirse en la antesala de nuevos recortes o despidos.

“El anuncio ha sido una sorpresa”, explica David Real, presidente del comité de empresa. “Sabíamos que se iban a acometer obras de mejora en la pista de vuelo, pero en los 70 años de funcionamiento de la instalación nunca se había planteado un ERTE por este motivo”. El representante sindical recuerda además que durante las últimas décadas se han realizado intervenciones de diversa índole “sin necesidad de aplicar medidas de este tipo”.

El expediente afectaría, en principio, a prácticamente toda la plantilla. Según detalla Real, la empresa cuenta actualmente con entre 130 y 140 trabajadores, aunque el número llegó a rondar los 170 antes del inicio del conflicto laboral. “La empresa ha despedido a cerca de 50 personas durante estos años, se han producido jubilaciones y, al mismo tiempo, han vuelto a contratar trabajadores mientras externalizaban servicios”, sostiene. A ello se suma la situación del personal del servicio de autobuses subcontratado, formado por alrededor de una veintena de empleados que también podrían verse afectados por la medida.

Desde el comité insisten en que el problema de fondo se arrastra desde finales de 2016, cuando comenzaron los primeros despidos y las movilizaciones sindicales. El conflicto derivó en una huelga indefinida iniciada en 2018 mediante paros parciales de cuatro horas en distintos turnos de trabajo. Desde entonces, los trabajadores reclaman un convenio colectivo propio adaptado a las funciones que desempeñan en la terminal aeroportuaria militar.

“Nuestro conflicto con la empresa se remonta a más de ocho años intentando negociar un convenio colectivo que responda a la realidad de nuestro trabajo”, señalan desde la representación sindical. Según denuncian, la compañía aplica un convenio pensado para aeropuertos civiles españoles que “no tiene nada que ver” con las características del servicio que prestan en la Base Naval de Rota.

Lejos de encauzarse, la situación “se ha ido enquistando”, lamenta Real. “Ahora mismo lo que tememos es que este ERTE sea una medida puente para un futuro ERE o nuevos despidos”. El presidente del comité rechaza además el argumento empresarial de una supuesta sobredimensión de plantilla. “No sobra personal. De hecho, durante las huelgas los servicios mínimos se fijaban en el 90% alegando cuestiones de seguridad militar. Somos muy importantes para algunas cosas, pero luego para otras no tanto”, critica.

La comunicación oficial del expediente también ha sido recibida con inquietud porque, según los representantes sindicales, nunca antes la dirección había planteado esta posibilidad en las conversaciones mantenidas con la plantilla. “No nos hace augurar nada bueno el historial de actuaciones antilaborales y de hostigamiento que venimos denunciando desde hace años”, sostienen.

El comité de empresa ya ha avanzado que se opondrá al expediente “con todas las actuaciones legales y protestas públicas necesarias” para intentar frenar su aplicación. Mientras tanto, los trabajadores esperan el inicio del periodo formal de consultas para conocer los detalles concretos del ERTE y el alcance definitivo de una medida que amenaza con recrudecer aún más uno de los conflictos laborales más prolongados vinculados a la Base Naval de Rota.

El comité de empresa de Prysmian, la fábrica de cables de fibra óptica de Maliaño (Camargo), ha convocado cinco días de huelga (13, 19, 21, 26 y 28 de mayo) ante el bloqueo de la negociación del nuevo convenio colectivo, está caducado desde diciembre de 2024, y la negativa de la empresa a aceptar propuestas salariales vinculadas al IPC real tras varias reuniones infructuosas que se han venido celebrando desde el pasado mes de noviembre.

CCOO ha informado este viernes que la plataforma sindical planteaba inicialmente, junto a otras cuestiones “más sociales”, una subida salarial ligada al IPC más un punto porcentual con el objetivo de recuperar el poder adquisitivo perdido tras los años de Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y los recientes despidos, mientras que la propuesta de la empresa contemplaba un convenio a tres años, sin ningún tipo de subida en 2025 y con un incremento ligado al IPC real con un tope del 1,5% para 2026 y 2027.

“Ya entonces nos pareció ridículo pero luego la empresa se vino arriba, diciendo que la situación había cambiado y endureciendo las condiciones, proponiendo la congelación salarial también para 2026”, ha señalado el presidente del comité de empresa, Ismael Vega (CCOO), quien ha añadido que, en un intento por “desatascar” el conflicto con una nueva propuesta, el comité decidió aceptar la congelación para 2025 y 2026 pero reclamó para 2027 y 2028 un incremento ligado al IPC real más un 1,5%.

Sin embargo, la propuesta tampoco fue aceptada por la dirección, y la representación sindical, tras nuevos despidos en oficinas, retiró esa oferta, regresó a la plataforma inicial y suavizó únicamente la petición correspondiente al primer año.

“La postura de la representación sindical siempre ha sido dialogante e incluso nos hemos prestado a rebajar las pretensiones iniciales con el fin de tener un convenio lo antes posible. Sólo pedimos lo que es justo, que no es otra cosa que mantener el poder adquisitivo pero la cerrazón de la empresa es total y la última propuesta sitúa congelación para 2025 y 2026 y un IPC topado al 3% para 2027”, ha explicado Vega.

Después de varias asambleas con la plantilla, compuesta por unas 140 personas actualmente, el comité ha convocado cinco jornadas de huelga tras una mediación en el Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales (ORECLA) donde la empresa ha mantenido su postura inicial.

“No se han movido ni una décima de su propuesta e incluso nos han venido a decir en la mediación que cobramos mucho y se produce poco. Siempre nos hemos mostrado conciliadores porque mientras que la empresa pretende siempre ganar en todas las negociaciones, a nosotros nos vale con empatar, es decir, no perder poder adquisitivo”, ha afirmado el presidente del comité.

Además, ha asegurado que se trata de un grupo empresarial “que genera beneficios de manera regular, pero eso nunca repercute en esta plantilla, porque incluso cuando nuestro sector dentro del grupo Prysmian estaba boyante y dando unos números extraordinarios no veíamos incrementados nuestros salarios por encima del IPC”.

También ha hecho hincapié en que “si el 90% de la plantilla tiene una antigüedad en la empresa de más de 15 años, eso significa que respondemos, que somos personas válidas en nuestros puestos, que hacemos bien nuestro trabajo y damos el callo”.

“Después de haber estado dos años regulados por un ERTE y de sufrir un ajuste de plantilla posterior, lo único que pedimos es lo justo, mantener el poder adquisitivo”, ha insistido.

Llevan un mes en Madrid. No piensan parar y están ganando adeptas por todo el país: la huelga de la educación infantil que empezó la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI) de la mano del sindicato CGT se expande al resto de España, ahora con el apoyo de CCOO. De A Coruña hasta Almería, unas 11.000 escuelas de todo el sector, que acogen cada día a medio millón de niños y niñas, están convocadas este jueves a secundar las movilizaciones y paralizar los centros en lo que será un paro histórico: es la primera huelga general de Infantil en España.

“Ratios europeas, reconocimiento profesional, salarios dignos, más recursos y personal especializado, la elaboración de un calendario escolar como tienen otras etapas educativas y, en general, un ciclo infantil universal, público, gratuito y de calidad”, han enumerado como las principales reclamaciones Rosa Marín y Lucía Martínez, de PLEI.

CCOO añade la necesidad de unificar un sector que hoy en día está atomizado: hay hasta diez modelos diferentes de escuelas infantiles, denuncian las organizaciones, en función de quién sea el propietario del centro —público o privado— y el modelo de gestión —directa por parte de la administración, sacada a concurso público o privada pura—, lo que genera condiciones laborales muy diferentes para trabajadoras que realizan la misma labor. Con carácter general, las maestras y educadoras infantiles que trabajan para el estado tienen una situación sensiblemente mejor que las empleadas privadas. Todas ellas sienten, sea cual sea su caso, que no se reconoce su labor y que trabajan en condiciones imposibles: una sola maestra tiene que atender a ocho bebés de un año, entre 12 y 14 de dos o 18 de tres.

Cuidar bebés por el SMI

Hay miles de trabajadoras por toda España cuidando bebés de cero, uno, dos o tres años por poco más del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). El nuevo convenio, firmado el año pasado, mejoraba las condiciones, pero no de manera automática; solo para quien firmara un contrato después de su entrada en vigor. Esto ha generado categorías no solo entre pública y privada, también dentro de la privada. Hay maestras firmadas como técnicas ganando apenas 1.200 euros al mes.

Pero la huelga no es solo por las trabajadoras. Muchas escuelas infantiles no están climatizadas ni tienen unos patios “suficientes”, ha explicado Teresa Esperabé, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO.

También faltan plazas públicas, lo que aboca a muchas familias a recurrir al sector privado, con precios de hasta 500 euros al mes, o no poder llevar a sus hijos a una por motivos económicos. Save the Children calculó que existe una gran diferencia en el acceso a la educación infantil en función del estatus familiar: los hogares socioeconómicamente más favorecidos utilizan este recurso el doble que los más humildes, generando así un efecto Mateo, que quien más tiene más recibe. Porque acudir a una escuela infantil, dice la literatura científica, mejora el rendimiento académico futuro. Entre los que fueron uno o ningún año hay un 24,1% de bajo rendimiento; entre quienes pasaron tres o más años, apenas supera el 6%.

En los últimos años, el Gobierno central ha apostado por esta etapa, aunque no tanto por sus trabajadoras. Moncloa ha destinado 670 millones de euros a abrir 45.000 plazas públicas. La inversión ha surtido sus efectos con carácter general y la matriculación en la etapa, que no es obligatoria, ha subido hasta un 55%, por encima del objetivo europeo del 45%. Pero persisten las diferencias entre comunidades autónomas. Regiones como Andalucía, Cantabria, Euskadi o Madrid presentan tasas de matriculación con dos años del 80% o más, mientras Asturias, Canarias o Murcia se mueven en torno al 40%. Además, hay regiones, como la andaluza, que siguen apostando por reforzar su red privada y rechazaron esta partida porque prefieren bonificar las matriculaciones. Esto es, pagarle las cuotas a las familias y que vayan a las privadas, en vez de abrir plazas públicas.

La igualdad entre autonomías, tanto a nivel de oferta como de condiciones laborales, es otra de las peleas de las trabajadoras del sector. “Queremos mejoras reales, que se unifiquen criterios en todas las comunidades y en todos los modelos de gestión. Exigimos un marco normativo estatal que no nos deje a la buena voluntad de cada comunidad autónoma”, sostiene Marín, de PLEI.

Las organizaciones sindicales también han criticado los servicios mínimos, fijados en un 50%. “Queremos hacer mención especial a todas las compañeras a las que los servicios mínimos abusivos les han impedido ejercer su derecho a huelga. Hoy denunciamos alto y claro una contradicción que llevamos años sosteniendo sobre nuestras espaldas. Cuando se trata de derechos, de financiación y de reconocimiento, se nos considera prescindibles. Cuando se trata de sostener el sistema y de garantizar la conciliación, se nos declara esenciales. No se puede ser invisible para lo importante y obligatorias para lo urgente”, han explicado desde PLEI.

Enfrentamiento entre Madrid y el Ministerio de Educación

El epicentro de la protesta es la Comunidad de Madrid, donde empezó la huelga y que presenta, probablemente, las peores condiciones de todo el país. La consejera de Educación, Mercedes Zarzalejos, cargó contra el Ministerio de Educación por no incluir el primer ciclo de Infantil en el proyecto de ley por el que bajará las ratios en Primaria y Secundaria (si lo aprueba el Congreso) y le exigió que regule el número de niños por aula también en esta etapa. El Ministerio ha recordado a la consejera que tiene competencias para hacerlo si así lo considera.

“La Comunidad de Madrid ha regulado y puede regular en el ámbito de su competencia las ratios de los centros docentes que imparten el primer ciclo de la Educación Infantil, como lo ha hecho hasta ahora y, por tanto, puede establecer, si así lo considera, ratios más reducidas que las actualmente establecidas por esa Comunidad en su propia normativa”, reza la carta, firmada por el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa. De hecho, el Gobierno de Esperanza Aguirre ya estableció unas ratios en 2008, de 8, 14 y 20 para uno, dos y tres años, respectivamente

Desde PLEI exigen una reunión con la consejera que aún no se ha dado. Sí lo han hecho con la ministra de Educación, Milagros Tolón, que anunció que antes del verano iniciará los trabajos para revisar las ratios. En cualquier caso, avisa su portavoz Marín, no van a parar hasta que consigan sus objetivos. “No volvemos a las aulas. Con estas condiciones, no vamos a volver”, anunció ayer en la Comisión de Educación de la Asamblea de Madrid.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJR ha dictado una sentencia en la que estima parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento de Logroño contra la sentencia de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Logroño (Plaza nº2), que estimó la reclamación colectiva interpuesta por los integrantes del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS).

En diciembre de 2025, la portavoz municial, Celia Sanz aseguraba en rueda de prensa que el Ayuntamiento de Logroño recuriría la sentencia por vía de lo contencioso, ante el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja. En la misma comparecencia, afirmaba que “el Ayuntamiento, en ningún caso ha desfavorecido los intereses de este colectivo y de que todas las cuestiones o muchas de ellas que se han discutido en esta sentencia, no han sido por imposición unilateral del Consistorio, sino que han sido consensuadas en una mesa de negociación, tanto del calendario como del convenio regulador en cuanto a vacaciones y permisos”.

Con el nuevo fallo, la sala no considera probado que el Ayuntamiento de Logroño haya obligado a la plantilla a prestar servicios en condiciones ilegales, con el objetivo de compensar un déficit de personal y, por tanto, rechaza que estemos ante un ejercicio desviado de potestad municipal. 

La sentencia del TSJR también revoca la condena impuesta al consistorio de Logroño a convocar todas las plazas vacantes, incluidas en las Ofertas de Empleo Público. La Sala considera que el acuerdo de 15 de enero de 2020 continúa en vigor hasta el año 2027: solo entonces será cuando podrá dirimirse si se ha incumplido la obligación de convocar todas las plazas vacantes, incluidas en las Ofertas de Empleo Público.  También deja sin efecto la anulación del calendario y jornadas del año 2024, porque se trata de una petición que fue retirada en el acto de la vista, sin oposición al respecto.

Por último, la Sala considera que la sentencia del Tribunal de Instancia, al declarar aplicables a los miembros del SEIS las normas que regulan las vacaciones, licencias, permisos, tiempo de descanso y demás condiciones de trabajo del resto de funcionarios municipales, deroga de facto el Acuerdo de 15 de enero de 2020 y las demás normas y acuerdos que regulan las específicas condiciones de trabajo del cuerpo de bomberos. 

Corresponde a la Administración y no a los tribunales, con la imprescindible negociación colectiva que la sentencia trataba de proteger, establecer la regulación de las condiciones de trabajo que equipare, en todo o en parte, a los funcionarios del SEIS con el resto de funcionarios municipales.

Sin perjuicio de lo anterior, la Sala del TSJR confirma la obligación municipal de destinar los fondos de la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA) al establecimiento y ampliación del servicio de extinción de incendios y salvamento, adquiriendo los medios necesarios. A su vez, ratifica el incumplimiento de la obligación de elaborar un Plan de Parque y un Reglamento de guardias localizadas, conforme a lo pactado en el Acuerdo de 15 de enero de 2020.

La huelga de médicos cierra este jueves una nueva semana de protestas, tras una jornada en la que las reivindicaciones se han trasladado a las calles de más de una quincena de ciudades y el conflicto escaló al Congreso. Este miércoles, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, interpeló al presidente Pedro Sánchez durante la habitual sesión de control al Gobierno: “No soluciona los problemas de la gente, usted es el responsable de la mayor huelga de médicos que ha habido en España”.

Mientras las protestas permean por todo el territorio, el denominador común es el rechazo al nuevo Estatuto Marco, pactado entre el Ministerio y los sindicatos mayoritarios, presentes en la mesa de negociación del ámbito. Un acuerdo que soliviantó a las organizaciones sindicales que agrupan solo a médicos y facultativos, y no a otros profesionales sanitarios, que han convocado estos paros semanales cada mes, desde febrero y, por el momento, hasta junio.

Este martes, los sindicatos médicos pedían directamente la intervención de Sánchez para “desencallar la negociación”. A juicio del Comité de Huelga, “la ministra de Sanidad ha dejado de ser una interlocutora válida”.

Las reivindicaciones de los médicos en huelga se centran, principalmente, en la creación de un Estatuto propio y un ámbito de negociación y una clasificación profesional específica, donde poder avanzar en otras mejoras, como la jornada laboral de 35 horas, además de un modelo de jubilación flexible y sin penalizaciones, que reconozca la penosidad del ejercicio médico.

La huelga a nivel nacional se ha solapado en algunos territorios con otras autonómicas e, incluso, con reivindicaciones específicas en centros concretos. Según indicaban a principios de esta semana desde la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), ha habido huelgas coincidentes “para reclamar competencias propias a sus respectivos gobiernos” en Aragón, Comunitat Valenciana, Canarias, Catalunya y Madrid. Ello, pese a que en muchos casos estos ejecutivos se han puesto de perfil en el conflicto.

En Madrid, los médicos protestaron este miércoles a las puertas del Ministerio de Sanidad. Previamente, se habían concentrado ante el Hospital de Getafe. Este jueves está prevista una reunión entre la Consejería y Amyts, lo que según fuentes sindicales, recogidas por ConSalud.es, supone “un hito en el conflicto, ya que se centra específicamente en las reivindicaciones que competen directamente al Gobierno regional y no al Ministerio de Sanidad”.

Según fuentes sindicales, el seguimiento de la huelga estos días ha sido similar al de otras convocatorias. En marzo, lo cifraron en torno al 80% en hospitales y al 50% en Atención Primaria. Son datos muy alejados de los que facilitan algunas consejerías, de entre el 10 y el 20% aproximadamente, pero muy difíciles de unificar por la variedad de conteos.

Por ejemplo, desde Madrid no facilitan esta información, aunque sí el acumulado de consultas (159.901), cirugías (7.722) y pruebas perdidas (16.485) por los paros que se han ido produciendo en diciembre, enero, febrero, marzo y estos lunes y martes. En Galicia, solo durante la jornada del martes se suspendieron 201 cirugías, 5.052 consultas hospitalarias, 1.020 de atención primaria y 626 pruebas diagnósticas. Según los datos de la Consellería, el seguimiento estuvo en torno al 18%. Los médicos gallegos han repetido protestas a lo largo de esta semana en media docena de hospitales.

Según señaló Feijóo en el Congreso, las huelgas de médicos de los últimos meses habrían incrementado en más de dos millones de personas las listas de espera. No ha citado el origen de esa cifra, pero el Partido Popular gobierna en la mayoría de comunidades. “Lo que están haciendo los gobiernos autonómicos aupados por Vox es engordar las listas de espera de la sanidad pública para hacer negocio en la privada”, respondió Sánchez.

En Aragón, tras concentraciones diarias en las puertas de los hospitales, este miércoles marcharon hasta la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza. Es una de las comunidades que solapan reivindicaciones al Ministerio y la Consejería, ya desde la semana pasada. Al Gobierno autonómico le reclaman “asuntos de su exclusiva competencia, como equiparar el pago de las guardias al del resto de comunidades o garantizar las citas en Primaria en tres días”.

Hace unos días, los sindicatos médicos de Aragón presentaron una denuncia contra el Servicio Aragonés de Salud por “vulnerar el derecho a la huelga” y “por su reiterado incumplimiento de la obligación de negociar de buena fe”. Según los datos oficiales, el seguimiento fue durante la mañana del miércoles del 9,2%.

En otras comunidades, como Castilla - La Mancha, el seguimiento de la huelga nacional ha sido de en torno al 16% y, en La Rioja, del 7%, según los datos oficiales. En Castilla y León, la Gerencia Regional de Salud ha cifrado en un 17% los facultativos que han secundado los paros. En Andalucía, el apoyo este miércoles rondó el 22%. Y, en Catalunya, el Departament de Salut rebajó el dato a en torno al 5% los días previos.

En Valencia, la Consellería cifró el seguimiento este martes en un 8,4%. En esta comunidad, el sindicato médico CESM-CV llegó a interponer una demanda contra el departamento de sanidad por unos servicios mínimos que consideran abusivos.

Momento crítico entre Sanidad y los sindicatos

La huelga nacional se desarrolla en el momento de mayor tensión entre los sindicatos del ramo —la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA)— y el departamento que dirige Mónica García.

“Están perfectamente alineados con la derecha para lo que venimos viendo desde el principio de la legislatura, intentar confrontar con el Gobierno de España y, en este caso, con el señor Pedro Sánchez”, afeó la ministra a estas organizaciones que, a su juicio, buscan “una excusa para poder seguir manteniendo un conflicto que ya no está respondiendo a las reivindicaciones de los profesionales”, que considera “completamente legítimas” y que ya se han “incorporado a los textos legales que dependen del Ministerio”, como la prohibición de las guardias de 24 horas.

Los sindicatos médicos, que ya pidieron la dimisión de la ministra la semana pasada, consideran que García ha dejado de ser una “interlocutora válida” por la “ausencia total de avances en la negociación, su evidente desgaste político, la decisión de orientar su futuro hacia otros escenarios políticos y la falta de capacidad efectiva de decisión que demuestran que este conflicto ha superado ya el ámbito de su Ministerio”.

El ámbito competencial ha sido, de hecho, uno de los argumentos de la ministra para no poder avanzar más allá de lo recogido en el Estatuto Marco, pactado con los sindicatos de clase UGT y CCOO, UGT y el de enfermería Satse. Estos son, ha dicho García, “los sindicatos que han remado a favor” de mejorar las condiciones laborales de los profesionales, mientras el resto “están poniendo todos los obstáculos para la materialización” de esas mejoras.

Sanidad ya se abrió en marzo a reforzar la presencia del Foro de la Profesión Médica en la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias y el reconocimiento de la penosidad de las guardias, así como a “estudias la aplicación de coeficientes reductores para la edad de jubilación”, pero desde el ministerio ya apuntan directamente a la representatividad en el ámbito de negociación como el único interés de estas organizaciones sindicales. Según leyó García la semana pasada en la Comisión de Sanidad del Senado de la transcripción de una reunión negociadora, estas habrían afirmado: “Si nos dais un ámbito de negociación propio, no vamos a negociar ninguno de los otros aspectos”.

Los sindicatos médicos han arrancado este lunes su tercera semana de huelga en lo que va de año. Las movilizaciones tienen como objetivo principal reclamar un estatuto propio y ámbito de negociación específico, que les permita pactar sus propias condiciones laborales, al margen del resto de personal del sistema sanitario. Los paros de este lunes se alargarán hasta el jueves y llegan en un momento de plena tensión con el Ministerio de Sanidad, después de que la semana pasada saltaran por los aires los intentos de resolver el conflicto.

“La falta de propuestas reales que den respuesta a las principales reivindicaciones médicas ha llevado el Comité de Huelga a mantener el calendario de movilizaciones tal y como se fijó el pasado mes de enero”, indican las organizaciones, pese a las cuatro reuniones mantenidas con Sanidad desde el último paro, en marzo. Los sindicatos médicos acordaron a principios de año mantener una semana de huelga mensual, al menos, de febrero a junio.

La última propuesta de Sanidad pasaba por la creación de mesas técnicas a nivel autonómica, en las que estuvieran presentes estas organizaciones, en el marco del Estatuto Básico del Empleado Público. Algo que el Comité de Huelga rechazó al estimar que no daba las garantías necesarias, por estar supeditadas a las mesas generales donde no se sienten representados por los sindicatos de clase, que son los que obtienen mayor representación.

“Yo no decido quién se sienta en la mesa de negociación sindical, ¿quién lo decide? Las elecciones”, afeaba la ministra Mónica García durante su comparecencia en la comisión de Sanidad del Senado el pasado jueves. En una entrevista concedida a elDiario.es y publicada este lunes, García afirma que se ve “atada de pies y manos”: “Hemos llegado cuatro veces a acuerdos y nada más salir por la puerta, los que firman el acuerdo, lo rompen”.

La comparecencia de la ministra en el Senado, donde acusó a los sindicatos de ser “desleales” con la negociación, por anunciar que continuarían con la huelga pese a tener una reunión pendiente el mismo jueves provocó el enfado de los sindicatos, que exigieron la dimisión de García por “la reiterada manipulación del relato en los últimos meses”.

Al margen de la huelga a nivel nacional, varios sindicatos médicos han convocado en varias comunidades huelgas autonómicas coincidentes con la nacional “para reclamar competencias propias a sus respectivos gobiernos”, indicaban en un comunicado.

Es el caso de Aragón, que tuvo paros ya del 20 al 24 de abril; la Comunitat Valenciana, esta semana; Canarias, que alargará del 30 de abril al 4 de mayo; y Catalunya, este mismo lunes, y Madrid, hasta el jueves.

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) afronta desde este lunes 27 al próximo 30 de abril una nueva semana de huelga médica contra el Estatuto Marco impulsado por el Gobierno central. En términos de impacto asistencial, la semana de huelga del 16 al 20 de marzo –la última secundada por los profesionales– provocó la pérdida de más de 256.000 actos sanitarios. En total, con la huelga de diciembre y febrero, el impacto económico asciende a más de 111 millones de euros y más de 767.000 actos asistenciales suspendidos, según los datos oficiales ofrecidos por el SAS a Europa Press.

Los médicos llegan a esta nueva convocatoria de huelga con las mismas reclamaciones encima de la mesa: exigen mejoras laborales, un reconocimiento de la peligrosidad de la profesión, una regulación clara de las guardias, jornadas de 35 horas semanales, estabilidad laboral y un ámbito de negociación propio. El presidente del Sindicato Médico Andaluz (SMA), Rafael Ojeda, vaticina en declaraciones a Europa Press que “hasta que no haya un cambio de equipo [en el Ministerio de Sanidad] me temo que no vamos a poder tener posibilidad de llegar un acuerdo y buscar una salida al conflicto”.

“Esta ministra [Mónica García] ha demostrado que es incapaz de resolver el conflicto y de negociar”, sostiene, recordando que el comité de huelga ha pedido su dimisión. En estas condiciones, “tenemos que seguir con la huelga y exigiendo un Estatuto y una mesa propia de negociación porque desde luego en las condiciones en las que estamos trabajando en este momento no podemos seguir, con jornadas que constituyen una forma de explotación laboral con una propuesta de clasificación que no hace justicia a nuestra formación y cualificación”.

Atención primaria, la más afectada

Para Ojeda, la ministra García “no tiene verdadera voluntad de negociación. No hace más que manipular el contenido de las reuniones, tergiversando con mentiras directamente porque ha dicho que llegamos a un acuerdo y lo incumplimos, cuando es absolutamente falso que llegáramos a un acuerdo”. Hasta la fecha, el seguimiento de la huelga ha rondado entre el 20 y el 30%, según las cifras del SAS. La mayor afectación de los paros se ha concentrado en atención primaria, con más de 150.000 consultas perdidas sólo en la semana de huelga en marzo.

Ante esta situación, “el Gobierno andaluz está lógicamente preocupado por las repercusiones de las huelgas convocadas contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez por la situación de la negociación del nuevo Estatuto Marco”, ha apuntado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz. “Los facultativos tienen todo el derecho a manifestarse, pero estas movilizaciones generan un problema muy grave para el sistema sanitario público andaluz, cuyas consecuencias, una vez más, terminan pagando los ciudadanos. Queremos trasladar apoyo y comprensión a los profesionales médicos”, apostilla.

Impacto en la sanidad andaluza

“Es inconcebible –continúa el consejero– el desprecio y el ninguneo al que están siendo sometidos por parte del Ministerio de Sanidad, que sigue sin ser capaz de aportar soluciones. Es evidente que a la ministra Mónica García no le preocupa esta situación, porque son las comunidades autónomas y, en este caso, los andaluces, quienes están asumiendo el coste de su falta de diálogo y de gestión”.

En este sentido, subraya que Andalucía, como una de las comunidades con mayor peso en el sistema sanitario público europeo, “sufre de manera especialmente intensa las consecuencias de estas convocatorias”. “Desde el Gobierno andaluz seguimos trabajando para minimizar al máximo el impacto asistencial y garantizar la atención sanitaria”, sentido en el que apunta a un “ambicioso Plan de Garantía Sanitaria para reducir las listas de espera que ya está dando resultados”.

El conflicto entre Sanidad y los sindicatos médicos se ha elevado este jueves el enésimo escalón. La ministra Mónica García ha aprovechado su intervención en una comisión del Senado para hacer pública una pequeña parte de la transcripción de la última reunión con el Comité de Huelga, que los sindicatos había pedido grabar. Según estos entrecomillados, las organizaciones sindicales del ámbito habrían circunscrito sus reivindicaciones a obtener mayor representación en las mesas generales. “Si nos dais un ámbito de negociación propio, no vamos a negociar ninguno de los otros aspectos”, leyó García.

El Ministerio y el Comité de Huelga habían mantenido la semana pasada encuentros discretos y Sanidad había emplazado a los sindicatos médicos a una nueva reunión con las comunidades este jueves. Esa cita saltó por los aires cuando las organizaciones emitieron un comunicado en la noche del martes en el que avanzaban que continuaban con la huelga de cuatro días prevista para el próximo lunes.

“Creo que a las comunidades lo que hay que decirles es que estamos dispuestos a suspender la huelga después de esta reunión, si hay buen rollo. Eso lleva dos cosas, primero que vayan y segundo que entren, porque tiene que haber cierto acuerdo. Cada uno de nosotros va a ir a hablar con nuestros consejeros y vamos a decirles: ”Oye, que sí, que hay intención de que esto funcione“”, ha desvelado García que dijeron los negociadores del Comité de Huelga.

El Comité de Huelga está formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA).

García ha acusado a los sindicatos médicos de “deslealtad”, en la negociación y con los profesionales, “a quienes no les están llevan los acuerdos, las ventajas y las mejoras que estamos acordando en las mesas de negociación”.

“Eso es lo que se cuenta dentro y fuera se mantiene el conflicto. Esto es asi. Hemos llegado a acuerdos cuatro veces. (hemos mantenido) 26 reuniones en un tono muy constructivo desde las dos partes, que se pierde cuando se atraviesa la puerta. Yo voy a seguir intentándolo, porque nos estamos jugando mucho. Nos estamos jugando que los profesionales no tengan ni siquiera los mínimos, que sigan haciendo dos guardias a la semana, cuando el Estatuto Marco dice que podrán hacer como mucho una; que sigan haciendo guardias de 24 horas, cuando el Estatuto Marco dice que solo podrán hacer dos turnos seguidos o que puedan organizarse por turnos; o que sigan teniendo OPEs cada 10 años, cuento el Estatuto Marco dice que se pueden hacer cada dos”.

La propuesta de Sanidad pasaba por “utilizar el Estatuto Básico del Empleado Público y los recursos jurídicos que tienen para que los médicos tengan un ámbito de negociación propio formal”, ha explicado en el Senado Mónica García, donde ha insistido en que “esto es lo que se ha estado negociando en las últimas semanas”. “Un solo punto, al cual hemos dado respuesta”, ha asegurado. “¿A usted le ha pasado alguna vez negociar una cosa y romperla al salir por la puerta?”, ha preguntado García al senador madrileño y ex consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero. “A mí me parece desleal”, espetó.

El Comité de Huelga pide la dimisión de la ministra

El Comité de Huelga ha respondido a la ministra a través de un comunicado en el que piden su dimisión “ante las mentiras reiteradas del ministerio”. “Sostiene que la reunión [prevista para este jueves con las comunidades autónomas] había sido solicitada por el Comité, al que le reprocha haber rechazado su última propuesta y mantener convocada la huelga que tendrá lugar la próxima semana”, indican. Una versión de los hechos que, dicen, “no se ajusta a la realidad”.

Según este relato, el Comité habría manifestado su disposición a estudiar la propuesta de la creación de mesas de negociación específica para el colectivo médico y facultativo, pero habría quedado “expresamente establecido que la reunión con las comunidades autónomas solo tendría lugar en caso de que dicha propuesta fuese aceptada”. Algo que finalmente no ocurrió tras el “análisis” de la misma, que la reveló “inviable desde el punto de vista jurídico”.

La clave está en que las mesas sectoriales podrán constituirse dependiendo de las mesas generales de negociación, donde estos sindicatos no tienen representación. “Yo no decido quién se sienta en la mesa de negociación sindical, ¿quién lo decide? Las elecciones. ¿Me van a decir que yo me tengo que saltar la representación sindical, que es la que representa a los trabajadores?”, ha afeado la ministra.

Por eso, para los sindicatos médicos, “cualquier solución efectiva al conflicto requiere necesariamente una reforma de la legislación básica del Estado, que permita la creación de una mesa de negociación propia, así como el establecimiento de un estatuto específico para médicos y facultativos”. “Estos son los primeros pasos imprescindibles para abordar el resto de demandas en materia de clasificación, jornada, jubilación, etc.”.

Habían mantenido reuniones discretas la semana pasada, pero volvieron a volar los puentes hace apenas unas horas. Los sindicatos médicos han confirmado que mantendrán la huelga de cuatro días prevista para la próxima semana ante la “ausencia de avances sustanciales” en las conversaciones con el Ministerio de Sanidad. Las nuevas propuestas que ha puesto sobre la mesa el departamento que dirige Mónica García han sido insuficientes para el Comité de Huelga.

Que los sindicatos médicos hayan avanzado que retomarán los paros del próximo lunes, dentro del calendario de movilizaciones mensuales que iniciaron en febrero, ha hecho que Sanidad desconvoque la reunión prevista para este mismo jueves, a la que se estaba llamando a las comunidades autónomas a asistir de forma telemática. Según fuentes cercanas a la negociación, habían sido los propios sindicatos médicos quienes habían pedido la participación de las consejerías en el proceso.

Representantes del Ministerio y el Comité de Huelga se habían reunido en dos ocasiones la semana pasada, el lunes y el viernes. Estos encuentros se produjeron tras la negativa de los médicos a que la presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, Carina Escobar, mediara en el conflicto. Para rebajar las tensiones, los equipos negociadores habían acordado no pronunciarse sobre el contenido de esos encuentros.

Sanidad no realizó ninguna comunicación de esas reuniones y los sindicatos médicos apenas emitieron una breve nota el viernes. En ella, informaban de que se había mantenido “una reunión de trabajo en la que ambas partes se han comprometido a seguir intercambiando propuestas y a mantener próximos encuentros para continuar con la negociación”.

Esos encuentros no han llegado a producirse. En la noche del martes, el Comité de Huelga, formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA) avanzaron que las movilizaciones continuarían.

“Aunque la propuesta ministerial generó inicialmente ciertas expectativas, su análisis detallado evidencia que no da respuesta suficiente a los problemas estructurales del colectivo médico ni garantiza mejoras reales en sus condiciones laborales”, indicaban en un comunicado que dinamitó la reunión que estaba preparándose.

Uno de los puntos de fricción que ha frenado las conversaciones ha sido la representatividad de los sindicatos médicos, minoritarios en las mesas generales de negociación. Sanidad había propuesto al Comité de Huelga la creación de mesas técnicas a nivel autonómico en las que estuvieran presentes estas organizaciones, en el marco del Estatuto Básico del Empleado Público. Para ello, se requiere del consenso de las comunidades autónomas, que estaban siendo convocadas, y finalmente desconvocadas, para este jueves.

“Esas mesas técnicas están supeditadas a las generales en las que, como todo el mundo sabe, están únicamente los sindicatos generalistas. Es decir, aquellos que tienen una alta implantación por número de afiliaciones y de trabajadores a los que representan”, explica el secretario general de CESM, Víctor Pedrera.

En este sentido, los médicos reclaman un estatuto y una voz propia, frente al resto de trabajadores de la sanidad pública, que cifran en el 85% del total y exigen a Sanidad un estatuto médico. “En toda Europa, menos en España, Croacia y Rumanía, los médicos se regulan de forma individual”, señala Pedrera, que indica que los sindicatos de clase representan a médicos, pero también a otros profesionales del ámbito sanitario.

Además de este estatuto propio y un ámbito de negociación específico, los médicos reclaman una jornada laboral de 35 horas, con el exceso de jornada reconocido, retribuido y computable a efectos de jubilación, un modelo de jubilación flexible y sin penalizaciones, que reconozca la penosidad del ejercicio médico y una clasificación profesional justa. “Debe contemplarse de forma clara el nivel de responsabilidad. La persona que le acerca las pinzas al cirujano y el cirujano que decide por dónde se corta no pueden estar encuadrados en un mismo nivel de catalogación laboral”, considera Pedrera.

A principios de marzo, en el Foro de la Profesión Médica, el Ministerio se comprometió a reforzar el papel de la entidad en la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, a reconocer la penosidad de las guardias y a “estudiar” la aplicación de coeficientes reductores para la edad de jubilación. Pero desde Sanidad llevan semanas insistiendo en que muchas de las reivindicaciones escapan de su ámbito competencial, algo que reconocen incluso desde los sindicatos convocantes de la huelga.

Con todo, desde la CESM indican que la negociación del Estatuto Marco se llevó a cabo con el Ministerio quien, dicen, “tiene la potestad de modificar una ley”. El Estatuto Marco, señala Pedrera, “era necesario abrirlo, pero no puedes cerrarlo en falso y dejar a los médicos como estaban. El médico moderno quiere tener unas condiciones laborales exactamente iguales que un celador o una enfermera y negociar con la administración”.

La Sareb, conocida popularmente como 'banco malo', que absorbió activos tóxicos de las cajas que quebraron para liquidar su deuda y sus inmuebles, da sus últimos pasos hasta que su suelo y sus viviendas pasen a formar parte de Casa 47, la nueva empresa estatal que debe impulsar la vivienda pública en España. Sucede que los 270 trabajadores de la empresa en liquidación no saben cuál será su futuro y exigen que Casa 47 cuente al menos con algunos de ellos para contratarlos. Fuentes de la nueva empresa pública explican a elDiario.es que contratarán a 48 personas antes del verano y a 36 más hasta final de año, un total de 84 profesionales, pero se harán por concurso-oposición, lo cual de entrada cierra la puerta a cualquier contratación directa procedente de Sareb, también pública con más del 50% de acciones en manos del Estado.

“Es una empresa nueva que, en parte, va a hacer lo mismo que ya hacemos aquí y nuestra experiencia les sirve. No puede ser que se queden nuestros activos y que, en cambio, nosotros nos vayamos a la calle”, denuncian fuentes sindicales de CSIF, que aclaran que ya están estudiando presentar una demanda por sucesión empresarial para que la nueva Casa 47 absorba también a algunos sus trabajadores en una contratación.

En el año 2012, se empezaron a incorporar estos 270 trabajadores en Sareb, que nacía tras la quiebra de cajas de ahorros españolas para dar salida a 50.000 millones de activos tóxicos entre préstamos e inmuebles, con la finalidad anunciada por el entonces ministro Luis de Guindos, que llegó a prometer una rentabilidad del 15%. Con una cartera aún pendiente de liquidar de 19.000 millones y una deuda de más de 25.000 que debe asumir, en parte, el Estado, Sareb tiene previsto entrar en liquidación entre finales de 2027 y principios de 2028, pero una parte de la plantilla deberá quedarse para seguir liquidando parte de esta cartera y adecuar las alrededor de 40.000 viviendas que traspasará a Casa 47. Para ello, ha licitado por un total de 147 millones dos contratos de licitación hasta liquidación, con opción a prórroga de dos años.

“No es coherente que nos digan que no nos pueden avanzar nada de nuestro futuro aún y, en cambio, estén licitando con los servicers con opción de alargar durante unos años”, denuncian las fuentes del CSIF, que aparte de una posible recolocación de algunos trabajadores en Casa 47, exigen un documento de compromiso para saber a qué atenerse en un futuro próximo. “Merecemos saber si va a haber un despido colectivo y cuándo, cuál es el mínimo que ofrecen de días por año trabajado de indemnización, qué planes de recolocación y formación plantean... Nos dicen que es pronto, pero el final de Sareb ya está anunciado y pueden ir trazando un plan”, denuncian. “Somos 270 familias las que estamos pendientes. Si nos garantizan que 50 seguirán en Sareb hasta después de la liquidación, que 50 más irán a Casa 47, pues ya vamos resolviendo algunas cuestiones”, demandan. “Pero no nos dicen nada”, denuncian.

Los trabajadores de Sareb, que tienen contrato de empresa privada porque era la mayoría del accionariado cuando fueron contratados (pasó a tener mayoría pública en 2022), no aspiran a ser funcionarios, sino que reclaman que se les contrate con la modalidad laboral de contrato a extinguir. Aseguran que existen precedentes en que tras la denuncia por sucesión empresarial se ha llegado a un acuerdo para ceder los trabajadores en empresas públicas como Tragsa o Icex. Reclaman lo mismo y se muestran, en cambio, pesimistas sobre la posibilidad de que las oposiciones de Casa 47 puntúen favorablemente la experiencia en Sareb. “Algunos profesionales se han presentado recientemente a otras oposiciones y pese a sacar buenas notas en los exámenes técnicos, no han pasado”, lamentan.

Después de no avanzar en la negociación amistosa, el sindicato trabaja ya en dos vías para escalar el conflicto. La primera es esta demanda por sucesión empresarial que, aun en fase inicial, están consultando con los letrados. La otra es “elevar la presión a entidades como el FROB (Fondo de Reestructuración de Ordenación Bancaria, accionista mayoritario de Sareb), a la secretaría general del Tesoro y al Ministerio”, apunta.

Mientras tanto, Casa 47 trabaja ya con más de 170 trabajadores para empezar a absorber tanto la vivienda como el suelo público de Sareb y buscar otras vías para impulsar la vivienda pública en España. Con una inversión prevista de 13.000 millones en la próxima década, buscan también comprar vivienda vacía a fondos de inversión para convertirla en pública, como ya intentan con la primera oferta pública de 100 millones, y adecuar otro suelo público como el nuevo barrio Campamento en Madrid con terrenos que eran del ejército.

Con todo, la mayor dotación de vivienda y suelo garantizada para Casa 47 son las 40.000 viviendas y 2.400 suelos, donde se pueden construir 55.000 más, de Sareb. Para gestionar todo ello, esperan contar con 250 trabajadores a final de año y con hasta 400 a corto-medio plazo.

El Tribunal de Instancia de Santander ha obligado al Ayuntamiento de Suances a abonar a su plantilla salarios adeudados desde 2023, al reconocer a los trabajadores el derecho a percibir unas retribuciones aprobadas por el propio Consistorio y que no habían sido aplicadas en su totalidad hasta febrero de 2025.

La resolución judicial reconoce que la actuación municipal contraviene el acuerdo adoptado en el pleno en diciembre de 2024, que aprobó con carácter retroactivo la Relación de Puestos de Trabajo y la actualización de los complementos de destino.

Pese a ello, el Ayuntamiento de Suances aplicó dichas mejoras retributivas sólo a partir de febrero de 2025, incumpliendo el propio acuerdo plenario que fijaba efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2023 a una plantilla formada por cerca de 50 trabajadores laborales.

Tras conocer la sentencia, el sindicato CCOO ha lamentado en un comunicado que el Consistorio pretenda que el personal tenga que ir uno por uno al juzgado a reclamar sus salarios no cobrados.

A su juicio, la resolución judicial supone “un respaldo claro” a los derechos de la plantilla municipal que durante dos años ha dejado de percibir unas retribuciones que le correspondían por derecho.

La sección sindical de Comisiones Obreras (CCOO) en el Gobierno de Cantabria ha exigido a la Dirección General de Montes y Biodiversidad del ejecutivo cántabro el desbloqueo de las negociaciones para el nuevo decreto del operativo de montes y segunda actividad tras levantarse de la mesa de la última reunión, ante la falta de avances un año y medio después de comenzar la negociación.

Así lo ha subrayado José María Hernández, delegado de CCOO en el Gobierno de Cantabria, quien ha lamentado en un comunicado que “no se ha producido ninguna decisión ni conclusión” desde el comienzo de las reuniones, en noviembre de 2024, y “ni responden a nuestras preguntas –ni siquiera a la de qué acuerdos y conclusiones se pueden extraer del cúmulo de reuniones-, impidiendo avanzar de manera efectiva la negociación a pesar de la urgencia de regular, por ejemplo, la segunda actividad de los bomberos forestales para garantizar el buen funcionamiento del servicio”.

Hernández ha destacado que el gobierno ha solicitado al comité de seguridad y salud el reconocimiento médico obligatorio y pruebas físicas, “así que necesitamos que exista una regulación de segunda actividad que establezca soluciones para quien no lo supere, que garantice que se cubra el servicio a través de la creación de puestos exclusivamente para ello y asegure que las cuadrillas no se vean disminuidas”, ha explicado.

Sobre las cuestiones que ha planteado el sindicato, Hernández ha apuntado que “hemos preguntado por la cuantía prevista en los Presupuestos Generales de Cantabria para cubrir las plazas de los y las profesionales que pasen a segunda actividad y no se ha aclarado, por lo que no hay dotación económica”.

Intencionalidad de privatizar

En la misma línea, el representante sindical ha recordado que “hace falta que el decreto salga adelante lo antes posible para evitar esa merma de plantilla y, sin embargo, la pretensión de esta dirección general parece ser no ofrecer soluciones, lo que nos hace sospechar si hay una intención de degradar el servicio para reforzarlo a través de privatizaciones”. Hernández se ha referido a una propuesta de mayo de 2025 “para realizar una modificación de la relación de puestos de trabajo para la creación de un servicio específico de incendios forestales que nunca se volvió a abordar” y sobre lo que no han obtenido respuesta alguna “al preguntar por qué no se ha retomado”.

Además, el sindicato ha criticado que “plantean, incluso, tener localización constante de los profesionales para tener una disponibilidad excesiva que pisotea la conciliación con un calendario laboral imposible”.

“Nos estamos encontrando con una falta de consideración total de nuestras propuestas, que no solo no se están teniendo en cuenta en ningún momento, sino que se responde incluso con una reducción de derechos”, ha señalado Hernández, quien ha recalcado que “diálogo, sí, pero en un marco de respeto y con voluntad de negociación”.

Incumplimiento de la resolución de Inspección de Trabajo

El sindicato, además, ha destacado “la ausencia de propuestas ni acción en materia de lavado de EPIs que estamos recibiendo en las reuniones tras la resolución de la Inspección de Trabajo en octubre de 2025, que dio un mes de plazo para la ejecución”. Sin embargo, “las y los trabajadores continúan asumiendo su limpieza, con los riesgos que implica al contener sustancias cancerígenas, y no vamos a tener otra salida que elevar la denuncia ante la falta de respuestas”.

Para Hernández, por último, “alguna autocrítica tendrá que hacer la Dirección General de Montes y Biodiversidad cuando vemos que, en este escenario, las estadísticas revelan que los incendios forestales quemaron 12.946 hectáreas en el primer trimestre de 2026, más del doble que en el mismo periodo del año anterior”.