El conflicto entre Sanidad y los sindicatos médicos se ha elevado este jueves el enésimo escalón. La ministra Mónica García ha aprovechado su intervención en una comisión del Senado para hacer pública una pequeña parte de la transcripción de la última reunión con el Comité de Huelga, que los sindicatos había pedido grabar. Según estos entrecomillados, las organizaciones sindicales del ámbito habrían circunscrito sus reivindicaciones a obtener mayor representación en las mesas generales. “Si nos dais un ámbito de negociación propio, no vamos a negociar ninguno de los otros aspectos”, leyó García.

El Ministerio y el Comité de Huelga habían mantenido la semana pasada encuentros discretos y Sanidad había emplazado a los sindicatos médicos a una nueva reunión con las comunidades este jueves. Esa cita saltó por los aires cuando las organizaciones emitieron un comunicado en la noche del martes en el que avanzaban que continuaban con la huelga de cuatro días prevista para el próximo lunes.

“Creo que a las comunidades lo que hay que decirles es que estamos dispuestos a suspender la huelga después de esta reunión, si hay buen rollo. Eso lleva dos cosas, primero que vayan y segundo que entren, porque tiene que haber cierto acuerdo. Cada uno de nosotros va a ir a hablar con nuestros consejeros y vamos a decirles: ”Oye, que sí, que hay intención de que esto funcione“”, ha desvelado García que dijeron los negociadores del Comité de Huelga.

El Comité de Huelga está formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA).

García ha acusado a los sindicatos médicos de “deslealtad”, en la negociación y con los profesionales, “a quienes no les están llevan los acuerdos, las ventajas y las mejoras que estamos acordando en las mesas de negociación”.

“Eso es lo que se cuenta dentro y fuera se mantiene el conflicto. Esto es asi. Hemos llegado a acuerdos cuatro veces. (hemos mantenido) 26 reuniones en un tono muy constructivo desde las dos partes, que se pierde cuando se atraviesa la puerta. Yo voy a seguir intentándolo, porque nos estamos jugando mucho. Nos estamos jugando que los profesionales no tengan ni siquiera los mínimos, que sigan haciendo dos guardias a la semana, cuando el Estatuto Marco dice que podrán hacer como mucho una; que sigan haciendo guardias de 24 horas, cuando el Estatuto Marco dice que solo podrán hacer dos turnos seguidos o que puedan organizarse por turnos; o que sigan teniendo OPEs cada 10 años, cuento el Estatuto Marco dice que se pueden hacer cada dos”.

La propuesta de Sanidad pasaba por “utilizar el Estatuto Básico del Empleado Público y los recursos jurídicos que tienen para que los médicos tengan un ámbito de negociación propio formal”, ha explicado en el Senado Mónica García, donde ha insistido en que “esto es lo que se ha estado negociando en las últimas semanas”. “Un solo punto, al cual hemos dado respuesta”, ha asegurado. “¿A usted le ha pasado alguna vez negociar una cosa y romperla al salir por la puerta?”, ha preguntado García al senador madrileño y ex consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero. “A mí me parece desleal”, espetó.

El Comité de Huelga pide la dimisión de la ministra

El Comité de Huelga ha respondido a la ministra a través de un comunicado en el que piden su dimisión “ante las mentiras reiteradas del ministerio”. “Sostiene que la reunión [prevista para este jueves con las comunidades autónomas] había sido solicitada por el Comité, al que le reprocha haber rechazado su última propuesta y mantener convocada la huelga que tendrá lugar la próxima semana”, indican. Una versión de los hechos que, dicen, “no se ajusta a la realidad”.

Según este relato, el Comité habría manifestado su disposición a estudiar la propuesta de la creación de mesas de negociación específica para el colectivo médico y facultativo, pero habría quedado “expresamente establecido que la reunión con las comunidades autónomas solo tendría lugar en caso de que dicha propuesta fuese aceptada”. Algo que finalmente no ocurrió tras el “análisis” de la misma, que la reveló “inviable desde el punto de vista jurídico”.

La clave está en que las mesas sectoriales podrán constituirse dependiendo de las mesas generales de negociación, donde estos sindicatos no tienen representación. “Yo no decido quién se sienta en la mesa de negociación sindical, ¿quién lo decide? Las elecciones. ¿Me van a decir que yo me tengo que saltar la representación sindical, que es la que representa a los trabajadores?”, ha afeado la ministra.

Por eso, para los sindicatos médicos, “cualquier solución efectiva al conflicto requiere necesariamente una reforma de la legislación básica del Estado, que permita la creación de una mesa de negociación propia, así como el establecimiento de un estatuto específico para médicos y facultativos”. “Estos son los primeros pasos imprescindibles para abordar el resto de demandas en materia de clasificación, jornada, jubilación, etc.”.

Habían mantenido reuniones discretas la semana pasada, pero volvieron a volar los puentes hace apenas unas horas. Los sindicatos médicos han confirmado que mantendrán la huelga de cuatro días prevista para la próxima semana ante la “ausencia de avances sustanciales” en las conversaciones con el Ministerio de Sanidad. Las nuevas propuestas que ha puesto sobre la mesa el departamento que dirige Mónica García han sido insuficientes para el Comité de Huelga.

Que los sindicatos médicos hayan avanzado que retomarán los paros del próximo lunes, dentro del calendario de movilizaciones mensuales que iniciaron en febrero, ha hecho que Sanidad desconvoque la reunión prevista para este mismo jueves, a la que se estaba llamando a las comunidades autónomas a asistir de forma telemática. Según fuentes cercanas a la negociación, habían sido los propios sindicatos médicos quienes habían pedido la participación de las consejerías en el proceso.

Representantes del Ministerio y el Comité de Huelga se habían reunido en dos ocasiones la semana pasada, el lunes y el viernes. Estos encuentros se produjeron tras la negativa de los médicos a que la presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, Carina Escobar, mediara en el conflicto. Para rebajar las tensiones, los equipos negociadores habían acordado no pronunciarse sobre el contenido de esos encuentros.

Sanidad no realizó ninguna comunicación de esas reuniones y los sindicatos médicos apenas emitieron una breve nota el viernes. En ella, informaban de que se había mantenido “una reunión de trabajo en la que ambas partes se han comprometido a seguir intercambiando propuestas y a mantener próximos encuentros para continuar con la negociación”.

Esos encuentros no han llegado a producirse. En la noche del martes, el Comité de Huelga, formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA) avanzaron que las movilizaciones continuarían.

“Aunque la propuesta ministerial generó inicialmente ciertas expectativas, su análisis detallado evidencia que no da respuesta suficiente a los problemas estructurales del colectivo médico ni garantiza mejoras reales en sus condiciones laborales”, indicaban en un comunicado que dinamitó la reunión que estaba preparándose.

Uno de los puntos de fricción que ha frenado las conversaciones ha sido la representatividad de los sindicatos médicos, minoritarios en las mesas generales de negociación. Sanidad había propuesto al Comité de Huelga la creación de mesas técnicas a nivel autonómico en las que estuvieran presentes estas organizaciones, en el marco del Estatuto Básico del Empleado Público. Para ello, se requiere del consenso de las comunidades autónomas, que estaban siendo convocadas, y finalmente desconvocadas, para este jueves.

“Esas mesas técnicas están supeditadas a las generales en las que, como todo el mundo sabe, están únicamente los sindicatos generalistas. Es decir, aquellos que tienen una alta implantación por número de afiliaciones y de trabajadores a los que representan”, explica el secretario general de CESM, Víctor Pedrera.

En este sentido, los médicos reclaman un estatuto y una voz propia, frente al resto de trabajadores de la sanidad pública, que cifran en el 85% del total y exigen a Sanidad un estatuto médico. “En toda Europa, menos en España, Croacia y Rumanía, los médicos se regulan de forma individual”, señala Pedrera, que indica que los sindicatos de clase representan a médicos, pero también a otros profesionales del ámbito sanitario.

Además de este estatuto propio y un ámbito de negociación específico, los médicos reclaman una jornada laboral de 35 horas, con el exceso de jornada reconocido, retribuido y computable a efectos de jubilación, un modelo de jubilación flexible y sin penalizaciones, que reconozca la penosidad del ejercicio médico y una clasificación profesional justa. “Debe contemplarse de forma clara el nivel de responsabilidad. La persona que le acerca las pinzas al cirujano y el cirujano que decide por dónde se corta no pueden estar encuadrados en un mismo nivel de catalogación laboral”, considera Pedrera.

A principios de marzo, en el Foro de la Profesión Médica, el Ministerio se comprometió a reforzar el papel de la entidad en la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, a reconocer la penosidad de las guardias y a “estudiar” la aplicación de coeficientes reductores para la edad de jubilación. Pero desde Sanidad llevan semanas insistiendo en que muchas de las reivindicaciones escapan de su ámbito competencial, algo que reconocen incluso desde los sindicatos convocantes de la huelga.

Con todo, desde la CESM indican que la negociación del Estatuto Marco se llevó a cabo con el Ministerio quien, dicen, “tiene la potestad de modificar una ley”. El Estatuto Marco, señala Pedrera, “era necesario abrirlo, pero no puedes cerrarlo en falso y dejar a los médicos como estaban. El médico moderno quiere tener unas condiciones laborales exactamente iguales que un celador o una enfermera y negociar con la administración”.

La Sareb, conocida popularmente como 'banco malo', que absorbió activos tóxicos de las cajas que quebraron para liquidar su deuda y sus inmuebles, da sus últimos pasos hasta que su suelo y sus viviendas pasen a formar parte de Casa 47, la nueva empresa estatal que debe impulsar la vivienda pública en España. Sucede que los 270 trabajadores de la empresa en liquidación no saben cuál será su futuro y exigen que Casa 47 cuente al menos con algunos de ellos para contratarlos. Fuentes de la nueva empresa pública explican a elDiario.es que contratarán a 48 personas antes del verano y a 36 más hasta final de año, un total de 84 profesionales, pero se harán por concurso-oposición, lo cual de entrada cierra la puerta a cualquier contratación directa procedente de Sareb, también pública con más del 50% de acciones en manos del Estado.

“Es una empresa nueva que, en parte, va a hacer lo mismo que ya hacemos aquí y nuestra experiencia les sirve. No puede ser que se queden nuestros activos y que, en cambio, nosotros nos vayamos a la calle”, denuncian fuentes sindicales de CSIF, que aclaran que ya están estudiando presentar una demanda por sucesión empresarial para que la nueva Casa 47 absorba también a algunos sus trabajadores en una contratación.

En el año 2012, se empezaron a incorporar estos 270 trabajadores en Sareb, que nacía tras la quiebra de cajas de ahorros españolas para dar salida a 50.000 millones de activos tóxicos entre préstamos e inmuebles, con la finalidad anunciada por el entonces ministro Luis de Guindos, que llegó a prometer una rentabilidad del 15%. Con una cartera aún pendiente de liquidar de 19.000 millones y una deuda de más de 25.000 que debe asumir, en parte, el Estado, Sareb tiene previsto entrar en liquidación entre finales de 2027 y principios de 2028, pero una parte de la plantilla deberá quedarse para seguir liquidando parte de esta cartera y adecuar las alrededor de 40.000 viviendas que traspasará a Casa 47. Para ello, ha licitado por un total de 147 millones dos contratos de licitación hasta liquidación, con opción a prórroga de dos años.

“No es coherente que nos digan que no nos pueden avanzar nada de nuestro futuro aún y, en cambio, estén licitando con los servicers con opción de alargar durante unos años”, denuncian las fuentes del CSIF, que aparte de una posible recolocación de algunos trabajadores en Casa 47, exigen un documento de compromiso para saber a qué atenerse en un futuro próximo. “Merecemos saber si va a haber un despido colectivo y cuándo, cuál es el mínimo que ofrecen de días por año trabajado de indemnización, qué planes de recolocación y formación plantean... Nos dicen que es pronto, pero el final de Sareb ya está anunciado y pueden ir trazando un plan”, denuncian. “Somos 270 familias las que estamos pendientes. Si nos garantizan que 50 seguirán en Sareb hasta después de la liquidación, que 50 más irán a Casa 47, pues ya vamos resolviendo algunas cuestiones”, demandan. “Pero no nos dicen nada”, denuncian.

Los trabajadores de Sareb, que tienen contrato de empresa privada porque era la mayoría del accionariado cuando fueron contratados (pasó a tener mayoría pública en 2022), no aspiran a ser funcionarios, sino que reclaman que se les contrate con la modalidad laboral de contrato a extinguir. Aseguran que existen precedentes en que tras la denuncia por sucesión empresarial se ha llegado a un acuerdo para ceder los trabajadores en empresas públicas como Tragsa o Icex. Reclaman lo mismo y se muestran, en cambio, pesimistas sobre la posibilidad de que las oposiciones de Casa 47 puntúen favorablemente la experiencia en Sareb. “Algunos profesionales se han presentado recientemente a otras oposiciones y pese a sacar buenas notas en los exámenes técnicos, no han pasado”, lamentan.

Después de no avanzar en la negociación amistosa, el sindicato trabaja ya en dos vías para escalar el conflicto. La primera es esta demanda por sucesión empresarial que, aun en fase inicial, están consultando con los letrados. La otra es “elevar la presión a entidades como el FROB (Fondo de Reestructuración de Ordenación Bancaria, accionista mayoritario de Sareb), a la secretaría general del Tesoro y al Ministerio”, apunta.

Mientras tanto, Casa 47 trabaja ya con más de 170 trabajadores para empezar a absorber tanto la vivienda como el suelo público de Sareb y buscar otras vías para impulsar la vivienda pública en España. Con una inversión prevista de 13.000 millones en la próxima década, buscan también comprar vivienda vacía a fondos de inversión para convertirla en pública, como ya intentan con la primera oferta pública de 100 millones, y adecuar otro suelo público como el nuevo barrio Campamento en Madrid con terrenos que eran del ejército.

Con todo, la mayor dotación de vivienda y suelo garantizada para Casa 47 son las 40.000 viviendas y 2.400 suelos, donde se pueden construir 55.000 más, de Sareb. Para gestionar todo ello, esperan contar con 250 trabajadores a final de año y con hasta 400 a corto-medio plazo.

El Tribunal de Instancia de Santander ha obligado al Ayuntamiento de Suances a abonar a su plantilla salarios adeudados desde 2023, al reconocer a los trabajadores el derecho a percibir unas retribuciones aprobadas por el propio Consistorio y que no habían sido aplicadas en su totalidad hasta febrero de 2025.

La resolución judicial reconoce que la actuación municipal contraviene el acuerdo adoptado en el pleno en diciembre de 2024, que aprobó con carácter retroactivo la Relación de Puestos de Trabajo y la actualización de los complementos de destino.

Pese a ello, el Ayuntamiento de Suances aplicó dichas mejoras retributivas sólo a partir de febrero de 2025, incumpliendo el propio acuerdo plenario que fijaba efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2023 a una plantilla formada por cerca de 50 trabajadores laborales.

Tras conocer la sentencia, el sindicato CCOO ha lamentado en un comunicado que el Consistorio pretenda que el personal tenga que ir uno por uno al juzgado a reclamar sus salarios no cobrados.

A su juicio, la resolución judicial supone “un respaldo claro” a los derechos de la plantilla municipal que durante dos años ha dejado de percibir unas retribuciones que le correspondían por derecho.

La sección sindical de Comisiones Obreras (CCOO) en el Gobierno de Cantabria ha exigido a la Dirección General de Montes y Biodiversidad del ejecutivo cántabro el desbloqueo de las negociaciones para el nuevo decreto del operativo de montes y segunda actividad tras levantarse de la mesa de la última reunión, ante la falta de avances un año y medio después de comenzar la negociación.

Así lo ha subrayado José María Hernández, delegado de CCOO en el Gobierno de Cantabria, quien ha lamentado en un comunicado que “no se ha producido ninguna decisión ni conclusión” desde el comienzo de las reuniones, en noviembre de 2024, y “ni responden a nuestras preguntas –ni siquiera a la de qué acuerdos y conclusiones se pueden extraer del cúmulo de reuniones-, impidiendo avanzar de manera efectiva la negociación a pesar de la urgencia de regular, por ejemplo, la segunda actividad de los bomberos forestales para garantizar el buen funcionamiento del servicio”.

Hernández ha destacado que el gobierno ha solicitado al comité de seguridad y salud el reconocimiento médico obligatorio y pruebas físicas, “así que necesitamos que exista una regulación de segunda actividad que establezca soluciones para quien no lo supere, que garantice que se cubra el servicio a través de la creación de puestos exclusivamente para ello y asegure que las cuadrillas no se vean disminuidas”, ha explicado.

Sobre las cuestiones que ha planteado el sindicato, Hernández ha apuntado que “hemos preguntado por la cuantía prevista en los Presupuestos Generales de Cantabria para cubrir las plazas de los y las profesionales que pasen a segunda actividad y no se ha aclarado, por lo que no hay dotación económica”.

Intencionalidad de privatizar

En la misma línea, el representante sindical ha recordado que “hace falta que el decreto salga adelante lo antes posible para evitar esa merma de plantilla y, sin embargo, la pretensión de esta dirección general parece ser no ofrecer soluciones, lo que nos hace sospechar si hay una intención de degradar el servicio para reforzarlo a través de privatizaciones”. Hernández se ha referido a una propuesta de mayo de 2025 “para realizar una modificación de la relación de puestos de trabajo para la creación de un servicio específico de incendios forestales que nunca se volvió a abordar” y sobre lo que no han obtenido respuesta alguna “al preguntar por qué no se ha retomado”.

Además, el sindicato ha criticado que “plantean, incluso, tener localización constante de los profesionales para tener una disponibilidad excesiva que pisotea la conciliación con un calendario laboral imposible”.

“Nos estamos encontrando con una falta de consideración total de nuestras propuestas, que no solo no se están teniendo en cuenta en ningún momento, sino que se responde incluso con una reducción de derechos”, ha señalado Hernández, quien ha recalcado que “diálogo, sí, pero en un marco de respeto y con voluntad de negociación”.

Incumplimiento de la resolución de Inspección de Trabajo

El sindicato, además, ha destacado “la ausencia de propuestas ni acción en materia de lavado de EPIs que estamos recibiendo en las reuniones tras la resolución de la Inspección de Trabajo en octubre de 2025, que dio un mes de plazo para la ejecución”. Sin embargo, “las y los trabajadores continúan asumiendo su limpieza, con los riesgos que implica al contener sustancias cancerígenas, y no vamos a tener otra salida que elevar la denuncia ante la falta de respuestas”.

Para Hernández, por último, “alguna autocrítica tendrá que hacer la Dirección General de Montes y Biodiversidad cuando vemos que, en este escenario, las estadísticas revelan que los incendios forestales quemaron 12.946 hectáreas en el primer trimestre de 2026, más del doble que en el mismo periodo del año anterior”.

Carina Escobar (Santa Cruz de Tenerife) es la presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), a quien el Ministerio de Sanidad enconmendó la labor de mediar en el conflicto abierto con los sindicatos médicos y ayudar a buscar una solución que evite la huelga prevista para la semana del 27 de abril y con la que se sumarían ya 25 días de paro en lo que va de año. Pero su designación no sentó bien al Comité de huelga, que consideró a los pacientes parte implicada, y se abstuvo de entrar en la reunión que iba a celebrarse el pasado miércoles.

Escobar es cauta en sus respuestas. Aclara que no es su papel posicionarse, pero insiste en que desde la plataforma que representan defienden a los profesionales sanitarios y al Sistema Nacional de Salud. “Eso repercute en nuestra calidad de vida”, señala. También hace hincapié en que su papel en este conflicto no fue buscado —“en ningún momento he llamado a la puerta de nadie pidiendo ser mediadora”—, pero sí cree que su organización puede ayudar a resolverlo: “Ahora tengo más claro cuál es el escenario”.

¿Qué ocurrió el miércoles a las puertas de la reunión entre el Ministerio y el Comité de huelga?

Desde la Plataforma de Organizaciones de Pacientes siempre estamos dispuestos a acudir cuando nos piden ayuda. Antes de ir, preguntamos si el Comité de huelga sabía que estaríamos presentes. El día anterior habían emitido un comunicado, pero como confirmaron su asistencia y se les propuso que llevaran a otro observador, volvimos a preguntar por la mañana. No pretendíamos molestar a nadie, al contrario.

Cuando llegamos al Ministerio, saludé a los miembros del Comité y entré en la sala donde iba a celebrarse la reunión. Ellos se quedaron fuera y nunca llegaron a entrar. Desde dentro les escuché decir que no necesitaban observadores ni mediadores y que los pacientes, al ser parte afectada, no éramos neutrales.

En otros contextos, ¿habían tenido relación con los sindicatos médicos?

No conocía a los representantes, pero actuamos en el ámbito sanitario como un agente más. Siempre que comienza una huelga nos pronunciamos de manera constructiva y le decimos al Ministerio que todo lo que se pueda negociar, se negocie, porque las enfermedades no esperan. Yo misma tenía una cirugía importante en enero que tuve que retrasar, pero entendí que había un proceso de huelga que había que respetar. Los pacientes podemos aguantar hasta cierto punto, pero es difícil ver que la situación no avanza y no te enteras de lo que está pasando.

Los pacientes podemos aguantar hasta cierto punto, pero es difícil ver que la situación no avanza y no te enteras de lo que está pasando

¿Cuál era vuestra función en esa mesa de negociación?

De observadores. Algunas comunidades autónomas nos dijeron que la situación se estaba enquistando y que el Comité de huelga no quería al Foro de la Profesión Médica. Dijimos que sí y el propio Ministerio nos trasladó que no era necesario, pero tras la Interterritorial previa a la Semana Santa se vuelve a plantear nuestra figura y Sanidad nos llama. Somos una plataforma no politizada y que defiende a nuestros médicos y nuestro sistema, así que nos ponemos a ello. Sabíamos que podía ser complicado, pero no pensamos que llegaríamos a esta situación tan hiriente.

¿Cómo podía ayudar la POP?

Los observadores no estamos para imponer, pero sí para tener una visión de lo que se está negociando y que sea transparente. Hemos tenido la oportunidad de estudiar el nuevo estatuto marco y nunca hemos querido entrar en el ámbito del profesional, porque los respetamos profundamente y no es nuestro sitio. Queremos buenas condiciones para nuestros médicos, porque eso repercute en nuestra calidad de vida.

Nosotros ya estamos dentro del sistema, en investigación clínica, con la estrategia de cuidados, en la Agencia Española del Medicamento. No somos unos agentes ajenos al sistema que solo recibimos pasivamente unos servicios y no estamos preparados, ni formados, ni estructurados. Representamos a más de la mitad de la población española que tiene una patología crónica y defendemos su participación en el sistema sanitario a todos los niveles.

El Ministerio de Sanidad ha acusado al comité de huelga de “enquistar el conflicto”. ¿Comparte este diagnóstico?

No tengo información. Lo que puedo decir es que he leído cómo estaba convocada la reunión, el estatuto marco, las peticiones de los sindicatos, las propuestas del Ministerio y tengo más claro cuál es el escenario.

¿Cuál es?

Que sean ellos claros en contar cuál es el escenario.

Ellos...

Las partes implicadas. No voy a entrar en ataques, porque nos perjudica. Estamos viviendo una situación grave para los pacientes, ahora y a futuro, con el aumento de las listas de espera. Desde esa perspectiva, puedo decir que hay un marco y propuestas. Incluso un camino por el que se habían puesto de acuerdo en que había cosas que negociar. Si están dispuestos a negociar, esperemos que se entiendan.

¿Cree que este conflicto que tenemos ahora refleja un problema estructural del sistema sanitario?

Hay cosas que están en las propuestas que yo defendería, como el tema de la jubilación, que no están en el marco del Estatuto, sino que hay que tocar otras teclas. Incluso algunas en las que hay el compromiso de incluirlas de manera escalonada. El Estatuto trae cosas buenas para los médicos, que pueden seguir con sus reivindicaciones. El diálogo es constructivo y creo que ha servido para que se repiensen ciertas cosas, pero no es solo un juego del Ministerio. Están las comunidades autónomas y los sistemas de salud, que también tienen sus competencias. Hemos visto negociaciones en Asturias, en Andalucía, en Galicia... Tenemos claro que la transformación del sistema es fundamental, que hay nuevas tecnologías, que han cambiado los roles y que los médicos no pueden estar con una regulación de los años 80. Pensar en el futuro es bueno para todos.

¿En qué podría ceder cada una de las partes para resolver este conflicto?

Incluso si hubiera sido observadora y mediadora, tendría la prudencia y la responsabilidad de no pronunciarme sobre eso. Somos tremendamente cautos y sé distinguir lo que es bueno o malo para una negociación. Queremos lo mejor para los médicos y para el sistema. Tenemos la voluntad de que esto se solucione, nos han pedido ayuda y hemos llegado hasta donde hemos podido. Ha sido muy duro. En ningún momento he llamado a la puerta de nadie pidiendo ser mediadora de este conflicto. Estamos acostumbrados a ir de la mano con las sociedades científicas, los colegios profesionales, las entidades… pero en ningún momento nos inmiscuimos en cosas que no nos corresponden.

Cuando pasa el tiempo y nos piden ayuda porque no avanzan, aceptamos, pero no ponemos en duda la buena fe de unos y otros

¿Ha echado en falta información como Plataforma en todo este proceso?

Somos prudentes y confiamos en que las instituciones y los sindicatos están haciendo una negociación constructiva. Cuando pasa el tiempo y nos piden ayuda porque no avanzan, aceptamos, pero no ponemos en duda la buena fe de unos y otros. No puedo entrar en otro tipo de valoraciones. Lo que puedo decirte es que nos han llamado y hemos ido; no nos han querido y nos hemos retirado.

¿Cree que los médicos deberían tener un estatuto propio?

No lo sé, porque no me han contado qué ventajas tendrían. Me gustaría saber qué está pasando en Europa con otras políticas sanitarias, qué se está diciendo a nivel estatal, qué responden los consejeros y consejeras de Sanidad. Nosotros no somos expertos en eso y no tenemos responsabilidad política.

¿Y una jornada semanal máxima de 35 horas, que es otra de las reivindicaciones?

Creo que lo pueden negociar. Nosotros queremos que el sistema funcione y que haya jornadas laborales justas. Ahora se establecen guardias de 17 horas, pero hemos visto negociaciones en las que se han bajado a 12 horas. Todo es negociable, pero debe haber diálogo y buen entendimiento, y los derechos laborales tienen que estar cubiertos.

La plantilla de la empresa almendralejense LEDA ha reclamado la intervención de la Junta en sus labores de inspección del transporte por carretera en la región ante la “subcontratación ilegal no comunicada” con autobuses y conductores de otras empresas de la línea estatal Villanueva de la Serena-Sevilla, lo que les mantiene sin trabajar.

Los trabajadores se han reunido este lunes con Unidas por Extremadura en la Asamblea para exponerle su caso, algo que ya han trasladado a la Administración regional en funciones. “Somos una empresa de autocares sin autocares”, ha relatado el representante de los trabajadores, José Luis García, ante los medios.

Según García, los problemas económicos los arrastran desde antes de finales de año, pero al acabar los contratos de renting y tener LEDA que devolver los autobuses, a finales de enero el problema ha ido aumentando, hasta quedarse sin una flota propia.

Así, ha apuntado que la plantilla está por ello sin trabajar, ya que sólo puede conducir vehículos de LEDA, y de baja por ansiedad, tras empezar a rotar más a menudo al ir desapareciendo los vehículos propios y ver cómo perdían los pluses de dietas o por conductor perceptor, que recibían además del salario base.

Por parte de Unidas, el diputado José Antonio González Frutos ha dicho que solicitarán información a la Junta sobre la situación y si está ejerciendo su labor de inspección en todo el servicio de transporte por carretera en la región, así como al Ministerio competente en la concesión.

En este sentido, ha reclamado al Gobierno central que “asuma” que el servicio regular no se está prestando “ajustado a las condiciones de la concesión”, por lo que se ha preguntado si es necesario realizar un nuevo contrato de emergencia, sancionar a la empresa o quitarle la concesión por “incumplimiento del contrato”.

“A día de hoy, este servicio se está prestando en un régimen de subcontratación ilegal, no comunicado por parte de otras empresas y no por la empresa adjudicataria del servicio con unas matrículas de servicios discrecionales de otras empresas”, ha relatado González Frutos para quien en estas condiciones “no se pueden mantener”.

De esta forma, han pedido también “garantías” para los viajeros y dar una solución a los siete trabajadores afectados sin nómina. 

6 de desembre de 2024. El matí es presenta com un altre més en aquest hotel de cinc estrelles de Portals Nous, considerada la zona turística més exclusiva de Mallorca. Tanmateix, quan acudeixen al seu lloc de feina al restaurant de l’establiment, els treballadors es troben amb una escena inesperada: la societat que explota el negoci l’ha tancat i el seu interior ha estat pràcticament buidat. Al cap de pocs moments, la plantilla, formada per unes 50 persones entre cambrers, cuiners i personal de servei, rep un missatge del conseller delegat de l’empresa que els tenia contractats: “Hola, equip. Escric això amb molt de pesar per informar-vos que, malgrat tots els esforços que hem fet, hem hagut de prendre la difícil decisió de cessar les operacions [...] amb efecte immediat”. I afegeix: “Amb els problemes actuals de flux de caixa, simplement no és viable continuar”. La plantilla acaba de descobrir que la mercantil, Merchants by Five, ha tancat de manera abrupta el restaurant i que la seva feina ha desaparegut.

“Va ser una bogeria, ningú no en sabia res. Tothom se’n va assabentar aquell mateix dia”, relata Óscar, un dels empleats de l’hotel que va viure l’episodi des de dins. A l’exterior de l’espai que abans ocupava The Merchants by the Sea -com es deia el restaurant-, el treballador recorda que una clienta va baixar a esmorzar com qualsevol altre dia i es va dirigir a recepció: “Va preguntar per l’esmorzar i li van dir que no n’hi havia, que ja no se servia perquè el restaurant havia tancat”. Aquell moment va ser l’espurna que va fer saltar les primeres alarmes. El restaurant, que gestionava el servei d’esmorzars de l’hotel, va deixar de funcionar d’un dia per l’altre i va obligar l’establiment a reorganitzar sobre la marxa el servei de restauració per als hostes allotjats.

“De sobte no hi havia esmorzar. Vam haver d’improvisar i fins i tot a recepció i els botons van acabar servint els cafès”, recorda Óscar, aleshores president del comitè d’empresa. Alguns dies, afegeix, l’establiment hoteler va optar fins i tot per traslladar els seus hostes a esmorzar a un club de pàdel proper. La situació es va tornar encara més tensa quan els responsables de Merchants by Five, vinculada al projecte gastronòmic Five Senses Hospitality, van començar a endur-se materials. “Aquell mateix dia van començar a treure coses d’allà. Mercaderia, equipament… semblava que ho estiguessin desvalisant”, relata el treballador. eldiario.es ha intentat posar-se en contacte amb l’empresa, però no ha obtingut resposta.

De sobte no hi havia esmorzar. Vam haver d'improvisar i fins i tot la recepció i els botons van acabar servint els cafès"

Óscar — President del comitè d'empresa en el moment dels fets

La Justícia dóna la raó a la plantilla

Un any i un mes després, la Justícia ha donat la raó a la plantilla. El Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJIB) ha declarat nuls els acomiadaments en concloure que l’empresa Merchants by Five va extingir de facto els contractes de tots els treballadors sense seguir el procediment legal previst per a un acomiadament col·lectiu contemplat a l’article 51 de l’Estatut dels Treballadors. És a dir, va tancar el negoci i va prescindir de la plantilla sense obrir el corresponent període de consultes amb els representants dels treballadors, previst amb l’objectiu de negociar, durant almenys 30 dies, possibles mesures per evitar o reduir els acomiadaments o millorar les condicions de sortida, com indemnitzacions o recol·locacions. L’empresa tampoc no va justificar documentalment les causes econòmiques que motivaven el tancament del restaurant. Simplement va abaixar la persiana, va extingir els contractes dels empleats i els va donar de baixa de la Seguretat Social.

No només això. La sentència, a la qual ha tingut accés elDiario.es, subratlla que el restaurant no era un negoci aïllat, sinó part del que la jurisprudència laboral denomina un “grup patològic d'empreses”: encara que formalment independents, funcionen a la pràctica com una sola organització empresarial. En aquest cas, els treballadors prestaven serveis per a diferents mercantils del grup, elaboraven a la mateixa cuina productes per vendre, servir o ser utilitzats en altres centres d'oci i restauració del conglomerat i comptaven amb una direcció empresarial comuna, a més de mantenir relacions econòmiques entre les diferents societats, elements que porten els magistrats a estendre la responsabilitat laboral a diverses empreses vinculades a Five Senses Hospitality: Merchants by Five SLU, Mediterasian by Five SL, Five Senses Lifestyle SL, Number 1 HO by Five SL, Five Senses Hospitality SL. i Five Senses Catering & Events SL.

“Tot l'anterior ens permet apreciar que estem davant un ús abusiu de la direcció unitària, doncs sense forma definida s'instrumentalitza aquest entramat societari per desllindar responsabilitats en l'ús abusiu de la contractació dels treballadors, i sota una direcció unitària indescifrable i confusa, amb els perjudicis que això suposa per als treballadors quant a les seves condicions de treball, amb modificacions imposades del lloc de prestació de serveis, horaris, identificació del veritable ocupador, impedint rebre la formació adequada -tant per a la correcta prestació de serveis, com a efectes de prevenció de riscos per a cada centre de treball. I, finalment, fins i tot per eludir responsabilitats com en cas d'un acomiadament col·lectiu”, subratlla la sentència dictada per la Sala social.

La sentència subratlla que el restaurant no era un negoci aïllat, sinó part del que la jurisprudència laboral denomina un "grup patològic d'empreses": encara que formalment independents, funcionen a la pràctica com una sola organització empresarial

El tribunal es recolza en diverses sentències del Tribunal Suprem que estableixen que un grup deixa de ser una organització empresarial neutra o legítima quan les seves societats funcionen en la pràctica com una sola estructura per eludir responsabilitats laborals, passant a convertir-se en un instrument per cometre frau o abús de dret.

De Londres a Mallorca

Darrere del grup Five Senses es troben els empresaris Edgar Lagassi, Andrius Kulbokas i Mariusz Szymecki, que han desenvolupat bona part de la seva carrera en el sector de la restauració de luxe a Londres abans de traslladar el seu projecte a Mallorca. Allà van treballar en restaurants i clubs privats d’alt nivell vinculats a l’oci i a l’hostaleria de gamma alta, un entorn que en la darrera dècada ha servit d’escola per a nombrosos empresaris del sector gastronòmic internacional. Després d’aquesta etapa al Regne Unit, els tres socis van impulsar a Palma un projecte orientat a crear conceptes gastronòmics vinculats al turisme premium i als hotels boutique, obrint el 2020 el restaurant The Merchants–Steak & Grill, situat a l’hotel Palacio Can Marqués, al centre històric de Palma, i dirigit al turisme internacional i a una clientela d’alt poder adquisitiu. També compten amb el restaurant Canela, l’asiàtic KOH Palma, l’espai gastronòmic Wineing o el Beatnik.

Caviar a 125 euros i wagyu a 180

A Portals Nous, Five Senses va presentar The Merchants by the Sea com la versió costanera de The Merchants. Va obrir les portes el 2024 amb una carta que reflectia la seva aposta per un públic amb alt poder adquisitiu: caviar Oscietra a partir de 125 euros, wagyu japonès per 180, torres de marisc per 140 euros i ampolles de xampany que superaven els 500 euros. L’aposta responia a una tendència creixent en destinacions turístiques com Mallorca, on hotels i empreses gastronòmiques externalitzen la seva restauració a grups que solen crear societats diferents per a cada projecte o establiment, cosa que permet separar la gestió de cada negoci i limitar riscos empresarials. Tot just uns mesos després, The Merchants by the Sea cessava completament la seva activitat sense cap més explicació que un missatge de text. Malgrat el conflicte laboral i el cessament de l’activitat, la web de l’establiment continua activa i s’hi pot llegir: “Tancat per temporada”.

Rafa Huete, representant d’UGT que va participar en el cas, recorda que el sindicat es va assabentar del que havia passat quan va rebre una trucada d’Óscar. “Em va telefonar i em va dir: ‘Vine cap aquí, que tenim un problema amb els treballadors’”, relata. Quan va arribar a l’establiment es va trobar amb desenes d’empleats del restaurant asseguts a les escales de l’hotel. “Hi havia unes 35 persones allà perquè els havien tancat les portes i no podien entrar a treballar”. No obstant això, els treballadors ja sospitaven que alguna cosa estava passant: a recepció havien vist entrar a primera hora diverses persones que carregaven caixes en una furgoneta. “Estaven traient-ho tot: la vaixella, el material… fins i tot l’enciam de les neveres”.

“Els van deixar a la seva sort sense cap tipus d’explicació”, lamenta Huete, responsable del departament de Serveis, Mobilitat i Consum (SMC) d’UGT a Calvià. Després d’aquell episodi, el sindicat va mantenir una reunió amb els treballadors per decidir com actuar i van optar per denunciar. Per al representant sindical, el tancament del negoci i l’acomiadament de la plantilla es van produir sense transparència per part de l’empresa i van deixar els treballadors en una situació de gran incertesa. Tanmateix, el pas del temps ha canviat la situació de molts afectats. Alguns d’ells van començar a treballar en altres llocs i, ara, el mateix hotel que havia subcontractat els serveis del restaurant, The Donna Portals, manté converses amb alguns dels antics treballadors perquè puguin cobrir el servei de restauració després de la desaparició del restaurant externalitzat.

6 de diciembre de 2024. La mañana se presenta como otra más en este hotel de cinco estrellas de Portals Nous, considerada la zona turística más exclusiva de Mallorca. Sin embargo, al acudir a su puesto de trabajo en el restaurante del establecimiento, los empleados se encuentran una escena inesperada: la sociedad que explota el negocio lo ha cerrado y su interior ha sido prácticamente vaciado. Al cabo de un momento, la plantilla, unas 50 personas entre camareros, cocineros y personal de servicio, recibe un mensaje del consejero delegado de la empresa que los tenía contratados: “Hola, equipo. Escribo esto con mucho pesar para informaros de que, a pesar de todos los esfuerzos que hemos realizado, hemos tenido que tomar la difícil decisión de cesar las operaciones [...] con efecto inmediato”. Y añade: “Con los problemas de flujo de caja actuales, simplemente no es viable seguir adelante”. La plantilla acaba de descubrir que la mercantil, Merchants by Five, ha cerrado de forma abrupta el restaurante y que su trabajo ha desaparecido.

“Fue una locura, nadie sabía nada. Todo el mundo se enteró ese mismo día”, relata Óscar, uno de los empleados del hotel que vivió el episodio desde dentro. A las afueras del espacio que antes ocupaba The Merchants by the Sea -como se llamaba el restaurante-, el trabajador recuerda que una clienta bajó a desayunar como cualquier otro día y se dirigió a recepción: “Preguntó por el desayuno y le dijeron que no había, que ya no se servía porque el restaurante había cerrado”. Fue la espita que hizo saltar las primeras alarmas. El restaurante, que gestionaba el servicio de desayunos del hotel, dejó de funcionar de un día para otro y obligó al establecimiento a reorganizar sobre la marcha el servicio de restauración para los huéspedes alojados en él.

“De repente no había desayuno. Tuvimos que improvisar y hasta la recepción y los botones acabaron sirviendo los cafés”, recuerda Óscar, entonces presidente del comité de empresa. Algunos días, añade, el establecimiento hotelero optó incluso por trasladar a sus huéspedes a desayunar a un club de pádel próximo. La situación se volvió aún más tensa cuando los responsables de Merchants by Five, vinculada al proyecto gastronómico Five Senses Hospitality, comenzaron a llevarse los materiales. “Ese mismo día empezaron a sacar cosas de allí. Mercancía, equipamiento… parecía que lo estaban desvalijando”, relata el trabajador. elDiario.es ha intentado ponerse en contacto con la empresa, pero no ha obtenido respuesta.

De repente no había desayuno. Tuvimos que improvisar y hasta la recepción y los botones acabaron sirviendo los cafés"

Óscar — Presidente el comité de empresa en el momento de los hechos

La Justicia da la razón a la plantilla

Un año y un mes después, la Justicia ha dado la razón a la plantilla. El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) ha declarado nulos los despidos al concluir que la empresa Merchants by Five extinguió de facto los contratos de todos los trabajadores sin seguir el procedimiento legal previsto para un despido colectivo contemplado en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores. Es decir, cerró el negocio y prescindió de la plantilla sin abrir el pertinente periodo de consultas con los representantes de los trabajadores, previsto con el objetivo de negociar, durante al menos 30 días, posibles medidas para evitar o reducir los despidos o mejorar las condiciones de salida, como indemnizaciones o recolocaciones. La empresa tampoco justificó documentalmente las causas económicas que motivaban el cierre del restaurante. Simplemente echó la persiana, extinguió los contratos de los empleados y los dio de baja de la seguridad social.

La empresa cerró el restaurante y prescindió de la plantilla sin abrir el pertinente periodo de consultas con los representantes de los trabajadores, previsto con el objetivo de negociar, durante al menos 30 días, posibles medidas para evitar o reducir los despidos o mejorar las condiciones de salida, como indemnizaciones o recolocaciones. Tampoco justificó documentalmente las causas económicas que motivaban el cierre

No solo eso. La sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, subraya que el restaurante no era un negocio aislado, sino parte de lo que la jurisprudencia laboral denomina un “grupo patológico de empresas”: aunque formalmente independientes, funcionan en la práctica como una sola organización empresarial. En este caso, los trabajadores prestaban servicios para distintas mercantiles del grupo, elaboraban en la misma cocina productos para vender, servir o ser utilizados en otros centros de ocio y restauración del conglomerado y contaban con una dirección empresarial común, además de mantener relaciones económicas entre las distintas sociedades, elementos que llevan a los magistrados a extender la responsabilidad laboral a varias empresas vinculadas a Five Senses Hospitality: Merchants by Five SLU, Mediterasian by Five SL, Five Senses Lifestyle SL, Number 1 HO by Five SL, Five Senses Hospitality SL. y Five Senses Catering & Events SL.

“Todo lo anterior nos permite apreciar que estamos ante un uso abusivo de la dirección unitaria, pues sin forma definida se instrumentaliza este entramado societario para deslindar responsabilidades en el uso abusivo de la contratación de los trabajadores, y bajo una dirección unitaria indescifrable y confusa, con los perjuicios que ello supone para los trabajadores en cuanto a sus condiciones de trabajo, con modificaciones impuestas del lugar de prestación de servicios, horarios, identificación del verdadero empleador, impidiendo recibir la formación adecuada -tanto para la correcta prestación de servicios, como efectos de prevención de riesgos para cada centro de trabajo. Y, finalmente, incluso para eludir responsabilidades como en caso de un despido colectivo”, subraya la sentencia dictada por la Sala de lo Social.

La sentencia subraya que el restaurante no era un negocio aislado, sino parte de lo que la jurisprudencia laboral denomina un "grupo patológico de empresas": aunque formalmente independientes, funcionan en la práctica como una sola organización empresarial

El tribunal se apoya en varias sentencias del Tribunal Supremo que establecen que un grupo deja de ser una organización empresarial neutra o legítima cuando sus sociedades funcionan en la práctica como una sola estructura para eludir responsabilidades laborales, pasando a convertirse en un instrumento para cometer fraude o abuso de derecho.

De Londres a Mallorca

Tras el grupo Five Senses se encuentran los empresarios Edgar Lagassi, Andrius Kulbokas y Mariusz Szymecki, quienes han desarrollado buena parte de su carrera en el sector de la restauración de lujo en Londres antes de trasladar su proyecto a Mallorca. Allí trabajaron en restaurantes y clubes privados de alto nivel vinculados al ocio y la hostelería de gama alta, un entorno que en la última década ha servido de escuela para numerosos empresarios del sector gastronómico internacional. Tras esa etapa en Reino Unido, los tres socios impulsaron en Palma un proyecto orientado a crear conceptos gastronómicos vinculados al turismo premium y a hoteles boutique, abriendo en 2020 el restaurante The Merchants–Steak & Grill, situado en el hotel Palacio Can Marqués, en el casco histórico de Palma, y dirigido al turismo internacional y a una clientela de alto poder adquisitivo. También cuentan con el restaurante Canela, el asiático KOH Palma, el espacio gastronómico Wineing o el Beatnik.

Caviar a 125 euros y wagyu a 180

En Portals Nous, Five Sense presentó The Merchants by the Sea como la versión costera de The Merchants. Abrió sus puertas en 2024 con una carta que reflejaba su apuesta por un público con alto poder adquisitivo: caviar Oscietra a partir de 125 euros, wagyu japonés por 180, torres de marisco por 140 euros y botellas de champán que superaban los 500 euros. La apuesta respondía a una tendencia creciente en destinos turísticos como Mallorca, donde hoteles y empresas gastronómicas externalizan su restauración a grupos que suelen crear sociedades distintas para cada proyecto o establecimiento, lo que permite separar la gestión de cada negocio y limitar riesgos empresariales. Apenas unos meses después, The Merchants by the Sea cesaba por completo su actividad sin más explicación que un mensaje de texto. Pese al conflicto laboral y el cese de la actividad, la web del establecimiento sigue activa y en ella puede leerle: “Cerrado por temporada”.

Rafa Huete, representante de UGT que participó en el caso, recuerda que el sindicato se enteró de lo ocurrido cuando recibió una llamada de Óscar. “Me llamó y me dijo: 'Vente para acá, que tenemos un problema con los trabajadores'”, relata. Cuando llegó al establecimiento se encontró con decenas de empleados del restaurante sentados en las escaleras del hotel. “Había unas 35 personas allí porque les habían cerrado las puertas y no podían entrar a trabajar”. Sin embargo, los trabajadores ya sospechaban que algo estaba pasando: en recepción habían visto entrar a primera hora a varias personas que cargaban cajas en una furgoneta: “Estaban sacando todo: la vajilla, el material… hasta la lechuga de las neveras”.

“Los dejaron a su suerte sin ningún tipo de explicación”, lamenta Huete, responsable del departamento de Servicios, Movilidad y Consumo (SMC) de UGT en Calvià. Tras aquel episodio, el sindicato mantuvo una reunión con los trabajadores para decidir cómo actuar y decidieron denunciar. Para el representante sindical, el cierre del negocio y el despido de la plantilla se produjeron sin transparencia por parte de la empresa y dejaron a los trabajadores en una situación de gran incertidumbre. Sin embargo, el paso del tiempo ha cambiado la situación de muchos afectados. Algunos de ellos comenzaron a trabajar en otros lugares y, ahora, el propio hotel que subcontrató los servicios del restaurante, The Donna Portals, se encuentra conversando en la actualidad con algunos de los antiguos trabajadores para que puedan cubrir el servicio de restauración tras la desaparición del restaurante externalizado.

El Ayuntamiento de Sevilla y los sindicatos del comité de empresa han retomado este viernes la vía del diálogo en torno al servicio de limpieza de los colegios públicos, celebrando la primera reunión desde hace un mes, tras la última convocada el pasado 6 de febrero. Según el delegado de Recursos Humanos, Ignacio Flores, el encuentro de hoy ha sido “largo y cordial”, con intercambio de propuestas para la mejora de los servicios municipales, y ha servido para fijar una nueva reunión presidida por el alcalde el próximo 11 de marzo a las 11:00 horas.

Los representantes de la plantilla municipal atribuyen este “primer contacto formal para buscar una solución al conflicto” a la presión sindical ejercida desde que se anunció la intención de externalizar el servicio de limpieza en los colegios públicos. El encuentro se produce, de hecho, tras el encierro protagonizado por representantes sindicales en el propio Ayuntamiento el pasado miércoles, coincidiendo con la aprobación del nuevo contrato de limpieza, paso previo a su licitación. Acto que se saldó con el desalojo al borde de la madrugada y con el compromiso del alcalde, José Luis Sanz, de reanudar la mesa de negociación.

Desde el Comité de Empresa, no obstante, insisten en que la reapertura de la vía de diálogo no paraliza las movilizaciones que vienen desarrollando desde enero, que incluyen concentraciones, encierros y actos de protesta. Los representantes sindicales advierten que, si no se producen avances antes de Semana Santa, podrían intensificar las medidas de presión, incluyendo la convocatoria de una huelga general durante las fiestas primaverales.

Mano tendida

El delegado de Recursos Humanos ha subrayado que el Gobierno local mantiene “la mano tendida para mejorar, entre todos, los servicios públicos que los ciudadanos reciben de su Ayuntamiento”. Cabe recordar que las negociaciones se interrumpieron hace un mes, cuando el comité de empresa se levantó de la mesa en la última reunión (el 6 de febrero) al no alcanzar un acuerdo, según recuerdan fuentes municipales.

Para los sindicatos, la reunión de la próxima semana, presidida por el alcalde, será “clave” para avanzar en la búsqueda de una solución al conflicto que mantiene en pie de guerra a los trabajadores de limpieza por la externalización del servicio en los colegios públicos. El comité de empresa insiste en la necesidad de alcanzar un acuerdo que permita tramitar con urgencia cualquier solución antes de la Semana Santa, evitando así que la tensión entre la plantilla municipal y el Ayuntamiento afecte al funcionamiento de los colegios.

Este nuevo acercamiento se produce después de semanas de confrontación en torno al plan de limpieza externalizado, aprobado por la vía de urgencia en la Junta de Gobierno extraordinaria del pasado miércoles, que desató protestas de trabajadores a las puertas del Ayuntamiento y momentos de tensión entre manifestantes y personal de seguridad. En caso de no producirse avances reales, la plantilla anuncia que “intensificará las medidas de presión”, sin descartar la convocatoria de una huelga general en el periodo comprendido entre la Semana Santa y la Feria.

Rogelio (59 años) y Eleuterio Villanueva (58), dos extrabajadores de la villa de Punta Cana de Julio Iglesias que fueron despedidos en pandemia, acudieron el pasado miércoles 25 de febrero al juzgado en busca de una resolución de la demanda por despido improcedente que interpusieron hace más de cinco años y que ha sufrido varias apelaciones. Una vez más, se fueron a casa de vacío.

El juzgado de lo laboral había dado un plazo de tres meses para que hubiera una conciliación entre Iglesias y los Villanueva, pero no se ha conseguido. Estos hermanos ganaron en primera instancia el reconocimiento de su despido y su derecho a indemnización, pero Iglesias apeló y un tribunal superior les negó ese derecho. Ahora son los Villanueva los que han apelado, y el caso, que comenzó en un pequeño juzgado de lo laboral en La Altagracia (la provincia en la que está situada Punta Cana), ha alcanzado la Corte de Trabajo del Distrito Nacional.

El abogado de Rogelio y de Eleuterio Villanueva explica que ha pedido llegar a un acuerdo con los representantes legales de Iglesias, lo cual intentará en las próximas semanas. El tribunal les ha emplazado al 14 de mayo para resolver el caso. En un vídeo grabado a la salida del juzgado, Rogelio Villanueva explica que él y su hermano “lo único” que desean es que les paguen “sus prestaciones laborales”.

De acuerdo a la sentencia del juzgado de trabajo de San Pedro de Macorís, capital de la provincia en la que se sitúa Punta Cana, en junio de 2024 que les fue favorable a los Villanueva, les corresponden unos 3.850.000 pesos dominicanos (unos 53.000 euros). Esta cantidad incluye el finiquito pero también una indemnización por no haberlos inscrito en el sistema dominicano de Seguridad Social y una compensación por los salarios impagados desde la demanda hasta la sentencia.

Pero Iglesias interpuso un recurso de casación y es eso lo que ahora se está dirimiendo. elDiario.es contactó con una de las abogadas laboralistas del equipo de Julio Iglesias para conocer su opinión sobre este proceso, pero no ha recibido respuesta.

Dos décadas al servicio del cantante

Rogelio Villanueva trabajó para Julio Iglesias durante 21 años. Reparaba los suelos, los techos, la pintura o lo que fuera necesario en las casas de su lujosa villa dominicana. Incluso hacía de chófer para traer y llevar al pueblo o al aeropuerto a las visitas. Al iniciar la pandemia, él y su hermano, que llevaba nueve años realizando el mismo tipo de trabajo, fueron despedidos sin mayor explicación.

Con tantos años al servicio del cantante, los Villanueva esperaban una buena indemnización, lo que en República Dominicana se conoce como prestaciones laborales, pero no fue así. ¿El motivo? Julio Iglesias los considera empleados domésticos, una categoría con menos derechos que el resto de trabajadores asalariados por cuenta ajena. La indemnización por despido improcedente es uno de esos derechos de los que no gozan los trabajadores del hogar.

Pero Rogelio Villanueva no se considera “un doméstico”, una categoría que su abogado Eloy Bello equipara con la de “criados” y que no cree que encaje para el trabajo de albañilería, pintura o carpintería. “El empleado doméstico es el que barre, el que tiende la cama, el que cocina. Y nosotros no éramos empleados de eso”, señaló Rogelio Villanueva en una entrevista con elDiario.es y Univision Noticias el pasado verano.

Antes de la publicación del primer artículo sobre las reclamaciones de los extrabajadores de mantenimiento, elDiario.es y Univision Noticias se pusieron en contacto con Julio Iglesias por diferentes vías y se le preguntó por esta reclamación laboral, pero los medios no obtuvieron respuesta. En un comunicado público, el artista respondió a las acusaciones de dos exempleadas que relataban abusos y agresiones sexuales, asegurando que eran “absolutamente falsas”, pero no se pronunció sobre estas otras denuncias del ámbito laboral.

El comité de empresa de Serveo en el sector de limpieza del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla ha informado hoy de la convocatoria de concentraciones a las entradas y salidas del turno de trabajo, en horario de 13:00 a 14:30 horas.

La convocatoria viene motivada por la inaplicación de la sentencia ganada en el Tribunal Superior de Justicia sobre la equiparación salarial, que, según el órgano de representación de los trabajadores, “está siendo aplicada solo de manera parcial”. Igualmente han denunciado la sobrecarga de trabajo que viene sufriendo la plantilla desde que se concedió el servicio de limpieza a Ferrovial, actualmente Serveo, así como “la reestructuración de puestos de trabajo sin control, con el beneplácito del Hospital, lo que ha incrementado la presión y el deterioro de las condiciones laborales”.

El comité de empresa ha subrayado, en el mismo comunicado, que “esta situación está afectando gravemente a las condiciones laborales del personal de limpieza y reclama el cumplimiento íntegro de la sentencia, así como el respeto a los derechos de la plantilla”. Al inicio de febrero, el mismo comité ya alertaba de la pretensión, por parte de Serveo, de “congelar las cantidades reconocidas judicialmente a las limpiadoras, mientras que a los peones sí se les siguen actualizando esas cantidades año tras año”.

El PSOE denuncia “la externalización de servicios”

El PSOE de Cantabria ha mostrado su “total respaldo y apoyo a las reivindicaciones” de los trabajadores. Así lo ha expresado el secretario de Salud de la Comisión Ejecutiva del PSOE de Cantabria, Marcos Agudo.

Agudo, que se ha reunido con el comité de empresa junto a la portavoz del PSOE, Ainoa Quiñones; el secretario de Política Autonómica y portavoz parlamentario, Mario Iglesias; y el secretario de Acción Electoral y secretario general del PSOE de Santander, Daniel Fernández, ha expresado el apoyo de los socialistas cántabros a las concentraciones convocadas por el comité de empresa del servicio de limpieza del Hospital Valdecilla.

Para Agudo, la situación actual “tiene su punto de partida con la entrada en vigor del contrato público-privado de Valdecilla, en el año 2014, que posibilitó la externalización de servicios no sanitarios” como es el caso del servicio de limpieza.

“Ferrovial entonces, hoy Serveo prescindió de 42 trabajadores, para cubrir toda la limpieza de un hospital tan grande como Valdecilla. Una plantilla de personal mermada que ha tenido que seguir realizando su trabajo con aumento de dependencias y servicios, tensando excesivamente una cuerda que no aguanta más”, ha denunciado.

El comité de empresa y la dirección de Celulosas de Asturias (Ceasa), filial de Energía & Celulosa (Ence), alcanzaron anoche un acuerdo “verbal” que da salida al conflicto laboral para que el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que preveía la supresión de 84 puestos de trabajo -de los 96 iniciales- en una plantilla de 368 trabajadores en la fábrica ubicada en el concejo asturiano de Navia se cierre de la manera menos traumática posible, sin recurrir a despidos forzosos.

El acuerdo, que está a la espera de su redacción definitiva, la firma de ambas partes y la aprobación posterior en asamblea de trabajadores, incluye 36 prejubilaciones, ocho bajas voluntarias y los 40 restantes serían reubicados en el nuevo proyecto que ha planteado la empresa para instalar en Navia una planta de celulosa moldeada.

Para estos 40 trabajadores que serían recolocados habrá una cláusula para garantizar que, en el caso de que finalmente este proyecto no se lleve a cabo, conserven su empleo, con antigüedad y salarios.

Las reubicaciones en una nueva planta

Las recolocaciones en esta nueva planta se fijarían en principio para aquellos trabajadores que tengan un contrato fijo discontinuo y que se incorporarían con un contrato indefinido. Aunque este perfil sería el de los trabajadores que tendrían preferencia, también se abre la posibilidad de que pueda haber peticiones de personas que de forma voluntaria quieran acceder a estos puestos de nueva creación.

El ERE en principio se contempla hasta el 31 de diciembre de 2027, si bien para estos 40 trabajadores el período se podría ampliar hasta el 30 de junio de 2028.

Las bajas voluntarias y prejubilaciones

Aunque aún no se conoce oficialmente todo el contenido del documento, hasta que esté redactado, ya se conocen algunos detalles.

Está previsto que en los meses de marzo y abril se puedan apuntar aquellos trabajadores que quieran acceder a la prejubilación y a bajas incentivadas y la empresa tendrá de plazo hasta el 31 de mayo para pronunciarse sobre sus peticiones.

El coste económico

En principio, el acuerdo satisface a las dos partes. Por un lado, porque no habrá despidos forzosos y por otro por el coste económico.

El conflicto laboral está acarreando a la empresa importantes pérdidas económicas, estimadas en más de un millón de euros diarios por la paralización total de la actividad desde que se declaró la huelga indefinida el pasado día 13 de febrero, y también tiene un coste para los trabajadores a quienes se les descuenta el día no trabajado en sus nóminas, aparte de los problemas que genera a los trabajadores, a sus familias y su entorno la pérdida del empleo.

Las movilizaciones

Desde que se tuvo conocimiento de las intenciones de la empresa de aplicar el ERE, los trabajadores han llevado a cabo movilizaciones con protestas, manifestaciones, concentraciones e incluso instalaron tiendas de campaña para dar visibilidad a la delicada situación por la que atraviesan. Unas medidas de presión que han contado con numerosos apoyos sociales, políticos y sindicales.

Uno de los apoyos más significativos se vivió ayer mismo cuando el Gobierno asturiano calificó de “salvaje” el ERE al sostener que los resultados económicos eran buenos. Era una declaración oficial del consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Gobierno asturiano, Borja Sánchez, que se producía el mismo día en que finalizaba el período de consultas del ERE, por lo que la reunión entre el comité y la dirección se desarrollaba en un momento especialmente delicado.

El distanciamiento entre las partes, que llevó al comité a convocar la huelga indefinida, se ha ido acortando poco a poco y finalmente, anoche, tras horas de negociaciones, se llegó al acuerdo verbal que ahora tendrá que ser ratificado para volver, poco a poco, a retomar la normalidad.

La treintena de trabajadoras de recepción y las azafatas de la televisión pública vasca EITB han comenzado una serie de protestas en sus sedes de Donostia, Bilbao, Vitoria y Pamplona para denunciar sus “precarias” condiciones laborales. Las azafatas son las personas que se encargan de recibir y atender a los invitados que pasan por los estudios de la televisión y la radio, así como a asegurarse y guiar a estos para que puedan acudir a tiempo a los platós en cada programa, mientras que las recepcionistas se encargan de realizar y recibir llamadas, realizar funciones de secretariado, administración, así como enviar y recoger la paquetería necesaria, entre otras funciones. “Denunciamos la precariedad salarial, pero también en todos los sentidos. Consideramos que nuestras condiciones no son dignas. No contamos con un convenio propio, nos regimos por el Estatuto de los Trabajadores y no hemos tenido subidas salariales desde 2016. Nuestros salarios llevan congelados una década. Teniendo en cuenta cómo ha subido la vida, nos sentimos ahogadas”, detallan las trabajadoras a este periódico.

Tanto las trabajadoras de recepción como las azafatas están subcontratadas por las empresas Alse y Tisa, respectivamente. En el caso de las recepcionistas, cuentan con un sueldo fijo de 1.200 euros netos, según reconocen, mientras las azafatas cobran según las horas que trabajen. Si se trata de domingos o festivos, cuentan con un euro extra por cada hora. “Cobramos solo un euro más por hora por trabajar cada 1 de enero o cada 25 de diciembre. Estamos muy hartas y enfadadas, porque además sentimos la brecha salarial que existe en EITB, que sabemos que no somos funcionarias ni estamos contratadas directamente por EITB, pero trabajamos en los mismos edificios. Aunque llevemos años así, ahora hemos cogido fuerzas para decir basta, porque vemos que no llegamos a fin de mes”, lamentan las trabajadoras.

Según explican, han comenzado sus protestas con concentraciones, carteles y a través de redes sociales, debido a que próximamente EITB sacará los pliegos para los nuevos contratos a las empresas que quieran participar. Se trata de contratos de cinco años. “En junio se acaba el contrato, por lo que calculamos que en marzo sacarán el pliego, aunque no lo sabemos con certeza. No sabemos si habrá alguna prórroga con estas empresas, si estas seguirán o si vendrán otras nuevas, pero lo que queremos es que mejoren nuestras condiciones. Estamos unidas y vamos con todo a por ello”, sostienen las trabajadoras, que aseguran que están recibiendo apoyo por parte del Comité de Empresa de EITB y de profesionales de la televisión pública vasca y se están organizando sindicalmente a través de LAB y ELA.

Por el momento han realizado dos concentraciones en EITB Miramon, la sede de la televisión en Donostia y no descartan realizar más, dado que su objetivo es que el personal sepa cuáles son sus peticiones y condiciones laborales. “Hay mucha gente que trabaja aquí y a la que vemos cada día que no son conscientes de nuestras situaciones laborales. Muchos nos han dicho que ni se imaginaban que sufríamos tanta precariedad. Nuestra protesta también es para que se sepa lo que estamos pasando y, entre todos, podamos mejorar nuestras condiciones. Puede que si desde EITB mejorasen las condiciones de los pliegos, después las empresas estarían abiertas a pagarnos más, consideramos que ahí EITB también puede intervenir”, concluyen.

Este periódico se ha puesto en contacto con EITB, que ha declinado realizar declaraciones sobre este tema en concreto, mientras que al cierre de esta edición las empresas Alse y Tisa no han respondido las preguntas planteadas por teléfono ni por correo electrónico.

Velan por la salud mental de otros mientras la suya se tambalea. Trabajadoras, pacientes e incluso el propio sistema de atención pública se han visto alcanzados por un movimiento empresarial que emana, además, de una de las fundaciones con más plazas en la Comunidad de Madrid para tratar a pacientes psiquiátricos o con trastornos graves. La Fundación Manantial, dedicada a la atención social en materia de salud mental, gestiona hasta medio centenar de recursos con intervención pública repartidos por distintos municipios, incluyendo la capital. Ahora, de casi 300 trabajadoras son 53 las que se han bajado del barco por una merma en sus condiciones salariales. Y, entretanto, las que se quedan denuncian una “asifixia laboral” que interfiere con el servicio.

“Me fui porque iban a bajarme el sueldo un 20%”, confiesa una de las exempleadas acogidas a una rescisión de su contrato después de que la compañía planteara eliminar los pluses por experiencia (de un 9% según el comité de empresa) y pusiera sobre la mesa otras medidas de ampliación de jornada que inquietaron entre la plantilla. Ha preferido mantener su nombre en el anonimato.

La Fundación Manantial mantiene conciertos con el Gobierno autonómico en distintos CRPS (Centros de Rehabilitación Psicosocial), centros de día con soporte social, gestión de equipos de apoyo social comunitario (EASC) o espacios de rehabilitación laboral, mini-residencias y pisos supervisados. Todos estos recursos han de adherirse a unos acuerdos marco que fijan –desde las instituciones– las condiciones técnicas, administrativas y laborales en los pliegos de contratación, para que luego las adjudicatarias se hagan responsables de coordinar un servicio público. Una fórmula de externalización que, en cierto modo, molesta a esta exempleada; al menos en su aplicación práctica.

“Que empeoren nuestras condiciones por una crisis económica en la empresa me parece una falta de respeto a la profesión. Como es algo vocacional, y se nos éxige cierta ética laboral, aprovechan para explotarnos a costa de los cuidados”, determina. Con la entrada en vigor de un nuevo convenio de discapacidad publicado en el BOE (el Boletín Oficial del Estado), desde el comité de empresa señalan que tampoco les aplicaron el incremento que ahí se contempla.

Un cambio de liderazgo del que nació una empresa privada

Otro trabajador de Manantial Gestiona SL en Rivas y delegado de su sección sindical explica que la creación de una extensión privada de la fundación -Manantial Gestión- se produjo después de la salida del anterior presidente del patronato. Aunque fuentes de la nueva gerencia aseguran que esta se diseñó y creó durante su mandato, que se extendió hasta diciembre de de 2023. La plantilla, que ahora se ha visto reducida, vivió su apogeo un año después de constituirse la compañía, cuando pasaron de 49 empleados a 288 según la información financiera publicada en 2024, referente al período anterior.

En ambos casos, la mayoría eran fijos y poco más del 10% eran empleados eventuales. También en el Registro Mercantil pasaron de tener 2.563.180 euros en ventas a facturar solo un año más tarde casi 16 millones. La extrabajadora que presta su testimonio anónimo para este reportaje ha señalado que la organización “estaba muy enfoncada en el impacto social” hasta que se extendió a una SL. Desde ese momento, siempre según su relato, los objetivos “se centraron en la viabilidad económica y priorizaron los criterios financiertos sobre la calidad de la atención o el derecho de los trabajadores”.

Las trabajadoras no tenemos que sacrificarnos por los problemas monetarios de nuestras empresas"

Narra que su trabajo, de carácter social, comenzó a “entrar en conflicto” con los objetivos económicos que percibía en la dirección de Manantial Gestión, algo que le hizo ver comprometida su “ética profesional” y “dignidad laboral”. “Las trabajadoras no tenemos que sacrificarnos por los problemas monetarios de nuestras empresas”, resuelve después de abandonar su antiguo puesto. Desde hace décadas, la red de atención a personas con enfermedad mental en la Comunidad de Madrid funciona mediante un modelo de externalización de servicios que coordina la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, a través de la Dirección General de Discapacidad. Fundación Manantial es actualmente la segunda entidad con más plazas gestionadas en toda la región.

Por delante está Grupo 5, otra empresa de atención social a personas en situación de vulnerabilidad con más de 3.000 empleados distribuidos en hasta 15 comunidades autónomas, entre ellas Madrid. “Desde la Comunidad de Madrid se está pidiendo un monopolio que antes no existía”, afirman desde el comité de empresa de Manantial Gestión SL. El delegado sindical, destaca especialmente las “diferencias de sueldo abusivas” que exiten entre el salario de los altos cargos o gestores de la empresa y quienes conforman su plantilla, compuesta por terapeutas ocupacionales, educadoras sociales o psicólogas.

Según el trabajador, los dos primeros perfiles rondan los 1.400 euros mensuales y, en el último caso, pueden alcanzarse los 1.700 euros aproximadamente con la suma de años por antigüedad. También apunta a una retirada de los 80 euros al mes que, dice, les ofrecían para transportarse en coche por los distintos municipios que abarcaba el servicio. En su caso particular, atiende a usuarios entre Rivas y Arganda del Rey, así que los desplazamientos diarios por ambas localidades son habituales y requieren tiempo de su jornada.

La cantidad que perciben ahora es más reducida y está enfocada al movimiento en transporte público, ampliando los trayectos y disminuyendo el número de pacientes que es posible abarcar en un mismo día. Por lo general, este grupo atiende a personas en edades comprendidas desde los 18 hasta los 65 años, dando cobertura en cuidados asociados a la salud mental en distrintos tramos. Gestionan pequeñas residencias en la capital (por ejemplo, en Hortaleza) y otros municipios próximos como Fuenlabrada, Parla o Leganés. Cuenta con una red de equipos de apoyo supervisada por la Comunidad de Madrid y a cargo de una empresa que, de momento, verá mermados sus recursos y convivirá con la tensión entre sus trabajadores.

La empresa alude a dificultades económicas y su plantilla lo matiza

La empresa reconoce atravesar una “difícil” situación económica, que atribuye principalmente a tres causas. La primera es que ha perdido la gestión de centros públicos en Arganda y Alcorcón (precisamente en favor de Grupo 5, su principal competidor), de las que derivan unas “bajadas económicas considerables” que el grupo “no puede asumir sin comprometer la calidad del servicio”, destacan fuentes de la Fundación Manantial, que explican así el recorte de personal.

Otro argumento que esgrimen es la subida salarial del 10% que contempla el último convenio colectivo de atención a personas con discapacidad, aunque sus trabajadores aseguran no haberlo cobrado hasta el pasado enero, un año después de su aprobación en el BOE y a costa de “una bajada del 9%” en paralelo, que antes ofrecían a partir del primer año de experiencia. El tercer motivo del que hablan en Manantial Gestión SL el brazo de la Fundación que administra sus plazas en administraciones públicas) es el “retraso en la renovación de los nuevos acuerdos marco”, que fijan los términos de colaboraicón con la Comunidad de Madrid y según ellos aún mantienen precios correspondientes a 2022.

Como consecuencia de la decisión, la empresa cifra en 60 de 700 trabajadores los que solicitaron extinguir sus contratos desde el 31 de diciembre. La empresa asegura que “todas las vacantes han sido ya cubiertas”, aunque no sin consecuencias directas para pacientes o usuarios. Marga, una mujer que lleva cinco años viendo semanalmente a una empleada de Manantial con la que ha tenido que cortar de lleno su proceso terapéutico al reasignarla en otra localización. En su caso, hace más de una década que atraviesa una depresión severa con varios intentos de suicidio a sus espaldas.

Su nombre real ha sido ocultado a petición de la usuaria, que no quiere ser identificada. En conversación con Somos Madrid, muestra un profundo malestar por perder a “la única persona” en la que “confía” y con la dice poder desahogarse. El testimonio que ofrece es lapidario: “Tener que empezar de cero con otra persona a la que no conozco es muy difícil para mí. Ya me cuesta muchísimo relacionarme y [esta trabajadora] lo sabía todo sobre mí, o hasta conoce a mi familia. Sin ella a mi lado, no sé lo que puede ser de mí”.

Las trabajadoras -ya que casi en su totalidad son mujeres- del único centro de menores penitenciario de Euskadi, el recurso de Ibaiondo, en Zumarraga, van a protagonizar este miércoles, 11 de febrero, una protesta frente a la sede del Gobierno vasco para denunciar el “empeoramiento” de sus condiciones laborales. Lo harán antes de que se celebre una mesa de negociación entre el comité de empresa, compuesto por los sindicatos ELA, LAB y CCOO y, por parte del Ejecutivo vasco, el Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco y las direcciones de Empleo Público y Relaciones Laborales del Departamento de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, áreas de las que dependen los convenios laborales de estas trabajadoras.

Según critican las trabajadoras, la última propuesta del Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco y a través de la cual partirá la negociación de este miércoles, muestra un “retroceso” en cuanto a condiciones laborales. “En 2023, el Comité acudió al Parlamento Vasco en busca de apoyo ante el envejecimiento de la plantilla y el deterioro de las condiciones laborales. Tras tres años el Gobierno vasco no ha tomado medidas, provocando que la situación sea aún peor. La nueva propuesta entregada por el Departamento de Justicia para el centro de Ibaiondo, no solo ignora las propuestas presentadas por los sindicatos, sino que propone una merma sustancial de las condiciones laborales que pone en peligro la salud del personal”, reconocen.

En este sentido, explican que el informe de riesgos psicosociales elaborado a finales de 2021 identificó “factores críticos con riesgo elevado o muy elevado, que provocan constantes situaciones de estrés, cargas de trabajo excesivas y desgaste psicológico-emocional”. “La falta de soluciones de Gobierno vasco está generando un aumento significativo en el número de bajas laborales de origen psicológico”, reconocen.

Aroa es una de las cerca de 65 trabajadoras que forman parte de la plantilla de Ibaiondo. Según detalla a este periódico, en estos momentos hay 38 menores internados en cinco módulos diferentes. En cada uno de los módulos, hay 10 educadoras sociales, cinco coordinadoras, dos trabajadoras sociales y dos psicólogas. Además, en el centro hay personal administrativo y de seguridad que cuenta con otras condiciones laborales. “Lo que pedimos es que la negociación parta de una base que sea justa. Tenemos jornadas semanales de 47 horas, con 12 horas seguidas por la noche y no contamos con acompañamiento psicológico después de las agresiones que sufrimos, que son frecuentes. Nos gusta nuestro trabajo, pero somos conscientes de que no es un trabajo que podamos hacer a los 60 años, por lo que solicitamos unos permisos por edad”, defiende Aroa, que a sus 46 años lleva 20 trabajando como educadora en Ibaiondo.

A pesar de que se trata de un centro de menores, algunos de los internos pueden llegar a tener hasta 23 años, según la fecha en la que fue impuesta su condena o declarado su internamiento. Por ello, uno de los módulos del centro es específico para mayores de edad. “Muchos se encuentran en una situación en la que ellos mismos piden ir a la cárcel porque aquí lo único que podemos hacer es contenerles emocionalmente, pero hay casos en los que los chavales pasan por episodios, problemas de adicciones, medicaciones psiquiátricas, descontrol, violencia y nosotras hacemos lo que podemos. En el centro tratamos de que tengan una vida cotidiana, tenemos aulas, talleres, actividades, dinámicas, desayunamos con ellos, comemos y cenamos, somos las que estamos con ellos las 24 horas del día. Nos gusta nuestro trabajo, pero consideramos que las condiciones que tenemos deberían ser mejores”, exige la trabajadora.

Los sindicatos denuncian que la plantilla se enfrenta a condiciones especialmente duras: nocturnidad, festivos, turnicidad, jornadas de hasta 47 horas semanales, imposibilidad de conciliación familiar o por causas relacionadas con la edad, carga psicológica, peligrosidad... Según sostienen desde el comité de empresa, esta situación se arrastra desde la legislatura anterior. Durante años, las reuniones con el Gobierno vasco se saldaron con respuestas evasivas como “se va a valorar, se va a estudiar”, hasta que al final del mandato la administración trasladó que “no iban a tomar decisiones que cayeran en el siguiente equipo de Gobierno”, lamentan los sindicatos, tras recordar que las trabajadoras del centro desarrollan “una labor educativa imprescindible” para la reinserción de menores y jóvenes sometidos a medidas privativas de libertad por delitos graves.

Desde el Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco explican que “se está negociando el acuerdo de condiciones de trabajo” y que, desde su departamento, están presentes en la mesa de negociación de este miércoles “para que se tengan en cuenta las necesidades” del sector, pero consideran que la decisión final corresponde a las direcciones de Empleo Público y Relaciones Laborales del Departamento de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno.

La Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT denunciará ante los tribunales la negativa de la patronal del calzado a aplicar la cláusula salarial pactada para compensar la desviación real de los precios a la finalización del convenio del sector, cuya vigencia quedó establecida para los años 2022 a 2025.

Concretamente, el artículo 35 del convenio, además de las subidas salariales pactadas para cada año (4% para 2022; 4% para 2023; 2,5% para 2024; y 2% para 2025) establece que “al finalizar el periodo de vigencia se revisarán al alza, en su caso, las tablas salariales por la diferencia entre el IPC real acumulado y la subida salarial acumulada en tablas hasta una diferencia máxima del 3%, que se adicionará a las tablas a partir de enero de 2026”. Esto es, establece una revisión salarial plurianual al finalizar el convenio -no superior al 3%- si IPC de los años 2022, 2023, 2024 y 2025 superaba el 12,5% de las subidas salariales pactadas.

Sin embargo, pese a que las subidas de estos años arrojan un IPC del 14,5%, la patronal se niega a aplicar esta revisión, “condenando a más de 2.500 personas trabajadoras riojanas del sector a una pérdida salarial evidente”, según ha denunciado UGT.

Sobre ello, explican: “La argucia patronal pasa por no reconocer la subida de la inflación del 2022, negándose a tomar la habitual cifra del IPC interanual alegando que el convenio se firmó en julio, y por lo tanto sólo debe considerarse la subida desde entonces, pese a que siempre se referencia la anualidad”.

En este sentido, de acuerdo con este cálculo, UGT FICA considera que las tablas salariales deberían incrementarse un 2% adicional con efectos de enero de 2026, de acuerdo a la siguiente tabla: 

Por ello, UGT FICA rechaza esta “interpretación torticera del acuerdo legal” y ha decidido denunciar ante los tribunales el convenio para obligar a la patronal del sector a pagar la cláusula salarial legalmente pactada. 

UGT FICA advierte de la· clara indefensión· en la que esta interpretación deja a las personas trabajadoras del calzado que, no sólo no verán subir de forma paralela sus salarios al coste de la vida, sino que además, la patronal los aboca a pérdidas. “Y todo ello, en puertas de la nueva negociación del convenio que ha de buscar una adecuación entre el coste de la vida con el crecimiento de los salarios de las personas trabajadoras”, añaden

Para el sindicato, la patronal del sector actúa de forma “cortoplacista e irresponsable”, puesto que “si los salarios no crecen por encima de los precios, la ralentización económica es cuestión de tiempo, ya que no se activará el consumo”. Por ello, UGT FICA llama a la “responsabilidad social y económica de la patronal para solventar lo más rápidamente posible este conflicto”. 

Hace unas semanas, UGT desvelaba las condiciones laborales de los trabajadores de la empresa Euro Seating de Ezcaray, una de las fábricas líderes a nivel mundial en el sector de la fabricación para cines, teatros y estadios, con una producción de unas 300.000 butacas al año. La formaición sindical hablaba de despidos y acoso sindical. Incluso llegaban a describir el ambiente laboral de “situación de terror donde sigue existiendo el amo, no el jefe”.

Unas declaraciones han sido desmentidas por el 90 por ciento de la plantilla. “Un grupo ampliamente mayoritario de trabajadores y trabajadoras, muchas de ellas con décadas de experiencia profesional rechazamos el comunicado difundido por el sindicato de UGT y por su representante, Juan Carlos Alfaro”, un rechazo que aseguran cuenta con las firmas de los profesionales de la empresa.

Así, desmienten las afirmaciones del portavoz sindical cuando hablaba de “acoso, amenazas y de imponer una supuesta política laboral del miedo lo que generaría un auténtico terror”. Afrimaciones que según los trabajadores “carecen de cualquier fundamento real y no reflejan la experiencia diaria de la mayoría de la plantilla”. Es más responsabilizan al sindicato del actual ambiente en la empresa en el que hay “tensión, división y alarma injustificada entre los trabajadores”. Asimismo censuran las referencias “despectivas” hacia el máximo responsable de la empresa. “Son ofensivas y totalmente inciertas y responden a una estrategia de confrontración y desprestigio personal que la mayoría de la plantilla repudia”. E incluso aseguran que el sindicato UGT no les representa “y no hablará en nuestro nombre mientras siga actuando de esta manera”.

Rechazan su presencia y su actuación en la empresa. “Consideramos irresponsable presentar como abusos, cuestiones que ya están judicializadas, como son las reclamaciones relativas al plus de transporte y a los 450 euros. Tanto la empresa como la plantilla respetarán plenamente la decisión judicial, y cualquier intento de utilizar estos asuntos para crear alarma carece de legitimidad”.

Y al margen de estas cuestiones, los trabajadores y trabajadoras que han firmado este comunicado confiesan que están “profundamente preocupados y alarmados por el futuro de la empresa y por la estabilidad de los puestos de trabajo”. Y es que “este tipo de acciones conflctivas y comunicados irresonsables generan una tensión real y peligrosa que podría abrir la puerta a la deslocalización, no solo de Ezcaray, sino de la Rioja, la entrada de grandes multinacionales y la pérdida de empleo”. Deslocalización que “no solo afectaría nuestro sustento, sino también el de muchas familias y el arraigo histórico de la empresa en nuestro municipio. No podemos permanecer indiferentes”.

Y por estas razones hacen un llamamiento a la responsabilidad del sindicato al que le piden responsabilidad y que “cesen de inmediato estas prácticas y respeten a la plantilla poque mientras sigan utilizando estas prácticas, los trabajadores no los reconocemos como representantes, y cualquier intento de actuar en nuestro nombre solo reforzará el rechazo generalizado de la plantilla”.

Y es que consideran que no se pueden defender los derechos de los trabajadores a costa de “dividir, alarmar y poner en peligro nuestro futuro colectivo. Lo único que reclamamos es algo tan básico como legítimo: que se respete nuestra realidad, nuestra historia y nuestra forma de trabajar”. Por todo ello, piden que les dejen trabajar “en paz sin interferencias externas que solo generan tensión, división y ponen en riesgo aquello que más valoramos: nuestros puestos de trabajo, el futuro de la empresa y su arraigo en nuestro pueblo y en nuestra tierra”.

“Muestra del clima del miedo”

La respuesta del sindicato no se ha hecho esperar. Y es que desde UGT aseguran que el comunicado “es la mejor muestra del clima que están sufriendo los trabajadores y trabajadoras del centro de Ezcaray”. Un comunicado que aseguran ha sido encargado por la empresa “a las personas que dicen ser representantes legales de los trabajadores pero que, como demuestra, sólo representan los intereses de la empresa”. 

De hecho, UGT FICA esperaba esta reacción desde hace días puesto que fueron los propios trabajadores y trabajadoras las que advirtieron a esta Federación de que se les estaba “llevando uno a uno a un cuarto a firmar un documento”, sin que hubiera posibilidad de estar acompañados por los delegados de UGT ya que uno permanece de baja -por los motivos ya expresados en la rueda de prensa- y otro se encuentra en días de permiso. 

Teniendo en cuenta los antecedentes sobre las relaciones laborales de la empresa y la forma de actuar de la dirección -que en todo momento ha estado merodeando para conocer qué trabajador se negaba a su rúbrica- “los trabajadores no han tenido otra alternativa que firmarlo. De hecho, es el propio sindicato el que ha recomendado su firma para evitar consecuencias, como ya ha ocurrido anteriormente”.

Tanto el delegado que ha actuado una vez más como brazo ejecutor de esta especie de “caza de brujas”, como la propia dirección, como las trabajadoras y trabajadores -especialmente los ya despedidos- como muchos vecinos de Ezcaray saben que todo lo relatado por UGT FICA es cierto. 

Todos los sindicatos representados en Renault España han presentado de forma conjunta 56 medidas para la negociación del convenio colectivo, que la empresa considera “muy alejadas” de un posible acuerdo porque no responden a las necesidades reales para asegurar el futuro de las fábricas españolas.

La Dirección de la empresa y los sindicatos han mantenido este jueves la segunda reunión de la Comisión Negociadora del convenio colectivo, donde la representación de los trabajadores ha presentado un primer bloque de su plataforma conjunta para garantizar salarios justos y futuro laboral en Renault España, ha informado CCOO en un comunicado.

En la reunión, UGT, CCOO, SCP, CGT y CSIF han presentado 56 medidas para asegurar la estabilidad laboral, incrementar los salarios por encima del IPC, reducir progresivamente la jornada anual, mejorar pluses y días de antigüedad, y abordar aspectos relacionados con la movilidad interna, la desconexión digital y el empleo.

En concreto, plantean un convenio a tres años de vigencia (2026-2028) en el que exista un plan de futuro efectivo garantizando la continuidad de todos los centros de trabajo y en el que se aumenten los salarios tres puntos por encima del IPC cada año con cláusula de revisión salarial.

También solicitan que se reduzca la jornada laboral un día por año de vigencia, se aumente un 20 % el importe de todos los pluses y que se incrementen en dos días los días antigüedad.

La presentación completa de la plataforma se realizará en la próxima sesión de negociación prevista para el 12 de febrero.

La Dirección de Renault España ha asegurado en un comunicado que ha recogido las propuestas presentadas para su análisis.

Si bien, en una primera valoración, ha indicado que “recoge el enfoque de la propuesta con preocupación”, al entender que las medidas presentadas por los sindicatos se encuentran demasiado alejadas de las necesidades que existen en la actualidad para las fábricas de Renault España. También ha manifestado que presentará su plataforma en la próxima sesión de negociación.

Los sindicatos han señalado que su propuesta conjunta busca defender los derechos, mejorar las condiciones laborales y garantizar la continuidad de todos los centros de trabajo de la compañía.

Sergio García, delegado general de CCOO en Renault España, ha destacado que el interés de la plataforma es defender los intereses de todos los trabajadores por lo que se han centrado “en la recuperación salarial, la disminución de la jornada anual, el mantenimiento del empleo y la adjudicación de nuevos productos que garanticen el futuro de todos los centros de trabajo”.

CCOO insiste en que cualquier acuerdo debe reconocer de manera justa el esfuerzo y la dedicación de todos los trabajadores y asegura que trabajará para conseguir un convenio que combine justicia salarial, seguridad laboral y garantías de futuro para todas las plantas de la compañía.

“Pese a intentar diferenciarse con una imagen pública ligada a la innovación y al desarrollo industrial en el medio rural, mantiene a sus trabajadores en una situación de auténtico terror, con prácticas laborales de los años 50, donde sigue existiendo el amo, no el jefe”. Así ha descrito el secretario general de UGT FICA La Rioja, Carlos Alfaro, la situación laboral de los trabajadores de la empresa Euro Seating de Ezcaray, una de las fábricas líderes a nivel mundial en el sector de fabricación de butacas para cines, teatros y estadios, con una producción en torno a 300.000 butacas al año.

UGT ha subrayado que esta situación la “sufren muy especialmente los afiliados y delegados de UGT así como simpatizantes, a quienes la dirección acosa y despide sin más miramientos”. En este sentido, denuncia cómo en 2021, “la dirección ya despidió a los cinco trabajadores que iban en la candidatura de UGT y no le importó pagar 200.000 euros del despido improcedente para quitárselos de medio -a razón de 75.000 euros a cada trabajador-. ”Le molestaban porque iban a defender derechos, y no dudó en despedirlos, reconocer la improcedencia y pagar la indemnización completa“, ha señalado Alfaro.

Falsifican las direcciones de los trabajadores para evitar pagar el plus de transporte

“Una forma de actuar que se recrudeció y agravó a partir de la firma del convenio de Metal, cuyo incumplimiento sistemático hemos denunciado”. En este sentido, destacan la exigencia especialmente del abono de la paga de 450 euros, así como el abono del plus de transporte; un plus que, según denuncia UGT, “para evita pagarlo, ha llegado a falsificar las direcciones de los trabajadores, poniendo que viven en Ezcaray”, con las consecuencias que ello tiene tanto en cotizaciones, como en la cobertura en caso de accidente in itinere.

“Hasta hace poco, todas las reclamaciones tuvimos que interponerlas como UGT porque los trabajadores no se atrevían” -ha prosiguido-, “pero llegaron las elecciones sindicales en 2025 y a pesar del miedo, conseguimos presentar candidatura de UGT con cinco trabajadores a los que, desde entonces, se les está haciendo la vida imposible: a uno de ellos lo ha despedido; a los que no ha podido despedir, los ha intentado comprar y, como no lo ha conseguido, los está atemorizando, aislando y acosando; otro ha caído de baja médica por situación muy grave de ansiedad ante episodios de acoso y derribo; y otro sigue de baja porque se niega a adaptar su puesto de trabajo pese a las indicaciones médicas”, denuncia.

Por otro lado, UGT FICA ha denunciado la actitud de complicidad con la dirección de parte del comité de empresa, “tres delegados sindicales puestos por la propia empresa, que están actuando como brazo ejecutor de la dirección, especialmente uno de ellos, el representante elegido por los técnicos”.

Dos conflictos colectivos, 11 demandas y 6 denuncias en Inspección de Trabajo

Esta situación ha derivado en la presentación de dos conflictos colectivos -por los 450 euros y el plus de transporte- en nombre de la UGT, así como 11 demandas más sólo en 2025, y a la espera de juicio; e igualmente, 6 denuncias en Inspección de Trabajo “en las que se detalla la situación de acoso, deficiencias en la prevención de riesgos laborales y otras prácticas antisindicales que vulneran derechos básicos de los trabajadores”. 

Precisamente, Alfaro se ha detenido en las seis reclamaciones presentadas ante la Inspección de Trabajo para denunciar que “sólo ha respondido a una de ellas sobre la no creación del comité de seguridad; el resto no han sido atendidas aún”. Alfaro ha cargado duramente contra la Inspección a la que ha acusado de “permitir que esta vulneración y desprotección de los trabajadores continúe, no sé si por incapacidad, falta de medios o por desinterés”. “¿Para qué queremos una Inspección de Trabajo que tras 6 denuncias graves de acoso e incluso contra la salud laboral de los trabajadores sólo responde a una de ellas o tarda más de un año en responder?”, se ha preguntado.

De igual forma, ha criticado la tardanza de los procesos judiciales. “Es importante que salgan rápidas las sentencias porque no podemos esperar un año o año y medio a ser citados en situaciones como éstas, donde el miedo de los trabajadores impide seguir denunciando, mientras que la empresa aprovecha el vacío que se produce”. 

“Esta es la situación que están soportando los trabajadores de Euro Seating en Ezcaray. Sin que se les permita pedir sus derechos, sin protección de los organismos públicos, soportando amenazas, siendo acosados y recibiendo el despido sólo por afiliarse a la UGT o por defender los derechos reconocidos en su convenio colectivo”, ha concluido para exigir el cese inmediato de estas prácticas por parte de la empresa y la intervención inmediata de la Inspección de Trabajo, no descartando próximas movilizaciones en la empresa. 

En la rueda de prensa también ha participado el secretario del sector de Metal de la Federación, José María García Prior, que ha ratificado todo lo expuesto, detallando además que “siempre se ha tratado de trasladar todo a la propiedad de forma pacífica, coherente y racional, pero en ningún momento ha entrado en razón”, por lo que dicen haberse visto “obligados” a presentar estas demandas“.