UGT FICA La Rioja denuncia el bloqueo de la negociación del convenio colectivo de Industrias Cárnicas para el periodo 2026-2028 y la convocatoria de huelga para los días 9, 10, 11, 12 y 13 de noviembre tras no superar el proceso de mediación que tuvo lugar ayer en el SIMA. 

Más de 1.300 personas trabajadoras de este sector estratégico para La Rioja están llamadas a secundar esta huelga ante la ausencia de propuestas de mejora reales, tras más de nueve meses de negociación. Las diferencias entre las partes siguen siendo importantes ya que en la última reunión (celebrada el pasado 6 de octubre) la patronal planteó incrementos salariales del 3,8 % para 2026, del 2,5 % para 2027 y del 2 % para 2028. Además, propuso una cláusula de actualización vinculada al IPC con límites de hasta el 1 % en 2026 y hasta el 1,5 % en 2027 y 2028, sin atrasos. Unas subidas muy alejadas del nivel de inflación actual y de las previsiones de crecimiento de los precios. 

Frente a esta propuesta, la parte social presentó una propuesta de compromiso con subidas salariales del 4,5 % para 2026, del 4 % para 2027 y del 3,7 % para 2028, además de una reducción de 16 horas de jornada anual.

UGT FICA La Rioja considera que esta propuesta “no protege el poder adquisitivo de las personas trabajadoras e incluso empeora gravemente su capacidad en un momento de subida de precios”, por lo que reclama garantías de actualización salarial que eviten que la inflación reduzca el valor real de los salarios.

No obstante, las diferencias no se limitan a los salarios. Según UGT, la patronal pretende ampliar la bolsa de horas hasta 165 y permitir su devolución durante los seis primeros meses del año siguiente. UGT FICA rechaza aumentar esta bolsa y reclama límites claros a la flexibilidad horaria, una jornada ordinaria máxima de nueve horas y el cierre del saldo de la bolsa a 31 de diciembre.

Además, UGT exige garantías concretas para controlar los ritmos de producción y prevenir los riesgos laborales. “La protección de la salud no puede quedar relegada a declaraciones generales, sino que debe traducirse en medidas efectivas en los centros de trabajo”, reclaman.

Por otro lado, continúan pendientes otras mejoras relacionadas con la contratación, el periodo de prueba, los preavisos por baja voluntaria, la nocturnidad, la clasificación profesional y los permisos retribuidos. Entre las propuestas de compromiso presentadas el 6 de octubre figuran cinco días de permiso por fallecimiento de familiar de primer grado y hasta 24 horas anuales para acompañamiento.

UGT FICA La Rioja recuerda que la industria cárnica española es un sector estratégico para la economía, con una facturación superior a 42.000 millones de euros en 2025 y más de 124.000 empleos directos, según los datos sectoriales publicados por ANICE. En La Rioja, este volumen de empleo directo supera las 1.300 personas. 

Por ello, desde UGT FICA La Rioja consideran que la competitividad empresarial debe ir acompañada de salarios dignos, estabilidad en el empleo, jornadas razonables y protección efectiva de la salud laboral. “Las personas trabajadoras de mataderos, salas de despiece, elaborados cárnicos y otras actividades del sector sostienen diariamente una industria esencial. Su esfuerzo debe traducirse en mejores condiciones laborales y en un convenio que responda a sus necesidades”, pone en valor UGT, que asegura que seguirá defendiendo el poder adquisitivo, la reducción de jornada, la prevención de riesgos y unas condiciones laborales dignas.

La crisis que venía arrastrando la Fundación Orquesta de Extremadura (OEx) ha terminado por estallar con el cese de su gerente, Hae Won Oh. El Patronato de la entidad ha decidido poner fin a su etapa al frente de la Gerencia, un cargo que ocupaba desde principios de 2024, tras meses de fuerte controversia marcada por el malestar en la plantilla, las denuncias sindicales y el desgaste político.

La decisión se produce después de que el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) pusiera el foco públicamente en la grave tensión que se vivía en el seno de la orquesta. Entre las principales problemáticas denunciadas figuraban un ambiente de trabajo deteriorado, bajas médicas vinculadas directamente al estrés y la aplicación de expedientes y sanciones disciplinarias consideradas desproporcionadas, como la que afectó a la concertino de la formación, una de las máximas responsabilidades artísticas.

Este clima de inestabilidad interna se trasladó al debate político. El pasado 25 de septiembre, el Grupo Socialista llevó la situación a la Comisión de Cultura, Turismo y Deportes de la Asamblea de Extremadura, denunciando una gestión caracterizada por la improvisación, la falta de planificación en infraestructuras técnicas, el retroceso en la presencia de la orquesta en citas culturales clave de la región y las dudas sobre la transparencia en los procesos de contratación de personal.

Pese a que desde la Consejería de Cultura del Ejecutivo autonómico se defendió en un principio una postura de normalidad institucional, restando gravedad a los conflictos laborales denunciados, la presión acumulada por parte de los representantes de los trabajadores y de los grupos de la oposición ha acabado por dinamitar la continuidad de la gerencia.

El órgano de gobierno de la orquesta, compuesto por representantes de la Junta de Extremadura, las diputaciones provinciales de Badajoz y Cáceres, la Universidad de Extremadura y entidades financieras, afronta ahora el reto de recomponer la estabilidad interna de una formación que cuenta con más de 25 años de trayectoria y cuyo principal patrimonio es el talento y la profesionalidad de sus músicos y trabajadores técnicos

Bolsas de residuos (incluso peligrosos) amontonadas en cuartos; contenedores con material biológico en zonas de paso; carros desbordados de ropa sucia en mitad de los pasillos; polvo acumulado en camas o en rejillas de ventilación sobre áreas asistenciales y bloqueos ocasionales de los ascensores que conectan con quirófanos y urgencias.  

Es la estampa que describe -e ilustra con fotografías y vídeos- el personal del servicio de limpieza del Hospital Insular de Gran Canaria. El Sindicato de Trabajadores Unidos (STU) presentó el pasado 7 de octubre una denuncia ante Inspección de Trabajo contra la empresa adjudicataria, Eulen, por las deficiencias de higiene en el centro, y ya amenaza con una huelga en el sector si no se adoptan medidas inmediatas. 

También ha elevado escritos a la gerencia del hospital y a la Consejería de Sanidad que lidera Esther Monzón (Coalición Canaria) instándoles a vigilar y adoptar medidas. 

En esos escritos, a los que ha tenido acceso Canarias Ahora, la organización sindical explica que lleva meses alertando de la insuficiente dotación de personal y medios. Según STU, el personal está soportando una carga de trabajo “insostenible” que ya está afectando a la salud de los trabajadores. 

El contrato se adjudicó en abril a Eulen por cerca de 30 millones de euros para un periodo de tres años (prorrogable por otros dos hasta un máximo de 57 millones). Era la segunda licitación que se convocaba en apenas dos años. La anterior quedó desierta en febrero de 2025. Ninguna empresa presentó oferta por un error de cálculo de la administración, ya que el presupuesto (16 millones de euros para dos años) no contemplaba una mejora retributiva pactada entre los sindicatos y la patronal y, por tanto, era inviable para las licitadoras.

En la segunda, el presupuesto aumentó un 37% (contabilizando las posibles prórrogas y ampliaciones). La administración se vio obligada a redimensionar el estudio económico para garantizar las “presencias mínimas” de trabajadores en cada turno y zona de hospital (plantas de hospitalización, urgencias, quirófanos…) El presupuesto para la plantilla se incrementó en 10 millones de euros respecto al concurso fallido.

Una persona para toda la planta

A pesar de ello, el STU sostiene en su denuncia ante Inspección de Trabajo que ha habido turnos en estos primeros meses de contrato donde una sola persona se ha hecho cargo de una planta entera de hospitalización, lo que incluye la limpieza de habitaciones, camas, suelos, pasillos, altas y traslados de pacientes, baños, controles, salas de espera, pasarelas y retirada y gestión de residuos, además de cualquier incidencia que se pueda producir. 

Según las fuentes sindicales consultadas por este periódico, la dotación prevista para el turno de mañana es de 71 trabajadores, con la posibilidad de cuatro refuerzos. “Apuntamos todos los días y lo máximo que hemos llegado es a 59, pero ahora no llegamos ni a 40”. “Algunos fines de semana nos hemos visto con solo 9. Una para urgencias, una para la UMI (Unidad de Medicina Intensiva)... Vamos a peor”, señalan las mismas fuentes. 

Los representantes de la plantilla han solicitado a la empresa la Relación Nominal de Trabajadores para comprobar la dotación real de efectivos, pero Eulen “no lo ha facilitado”. 

El STU sostiene que esta carencia de personal provoca que las habitaciones, camas, suelos y pasillos no puedan atenderse con “la frecuencia y profundidad necesarias”, de manera que en esos espacios se acumula “suciedad, polvo y pelusas” que “terminan desprendiéndose y cayendo sobre pacientes ingresados”. El sindicato recalca que esto no sólo afecta a habitaciones, plantas de hospitalización y pasillos, sino también a espacios “sensibles y con una elevada carga asistencial”, como urgencias o la UMI. 

Riesgo de “contaminación cruzada”

También alerta esta organización de que, debido a la falta de personal, hay trabajadores que se ven obligados a pasar de las zonas sucias a las zonas limpias, lo que genera “contaminación cruzada”. La denuncia incide en que esto es “especialmente preocupante” en un entorno donde se encuentran pacientes inmunodeprimidos u oncológicos. 

La propia memoria del concurso ya señalaba la importancia de mantener el hospital en condiciones adecuadas de higiene y limpieza. Es “un factor de protección frente a enfermedades transmisibles”, destaca la dirección del complejo en un documento que recuerda que el 99% de los microorganismos se encuentran en ambientes “donde hay suciedad visible”. “Ni el jabón ni los detergentes tienen actividad antimicrobiana y el proceso de limpieza depende fundamentalmente de la acción mecánica realizada por el personal de limpieza”, recoge la memoria para justificar la externalización del servicio. 

En su denuncia ante Inspección de Trabajo, STU incide en este sentido. Para el sindicato, se trata de un problema que “trasciende las condiciones laborales”. “Una adecuada limpieza y desinfección constituye una parte esencial de las medidas de higiene y prevención y control de las infecciones en los centros sanitarios. Las deficiencias de higiene en un entorno sanitario pueden favorecer la permanencia y propagación de microorganismos y aumentar el riesgo de transmisión de infecciones”, señala ese escrito. 

“STU no pretende determinar técnicamente la existencia de infecciones concretas ni establecer una relación causal que corresponde valorar a las autoridades sanitarias competentes”. Lo que persigue el sindicato es “que se compruebe si la dotación de personal, organización del trabajo, procedimientos establecidos y medios disponibles permiten al personal desarrollar las tareas de limpieza y desinfección evitando riesgos derivados del tránsito entre zonas y garantizando unas condiciones de seguridad y salud”. 

La organización sindical remarca que esas deficiencias de higiene no son consecuencia de la falta de diligencia del personal, sino de la carencia de medios. Los trabajadores, señala STU, “están realizando un esfuerzo para sacar adelante el servicio” pese a una carga de trabajo que tildan de “insostenible” y que está generando “episodios de ansiedad y estrés”.

A ello se le suma la “presión” por las quejas de pacientes y familiares. El sindicato reclama una valoración de riesgos psicosociales del área de prevención.

El hospital “supervisa el cumplimiento del contrato”

En la denuncia ante Inspección de Trabajo, la representación sindical afirma que los responsables de la empresa justificaron a nivel interno las carencias de personal alegando que el presupuesto es insuficiente. Fuentes de Eulen han declinado valorar la denuncia sindical. “No tenemos nada que decir sobre este tema. Seguirá su curso con las instituciones pertinentes”, se han limitado a señalar desde la compañía. 

Por su parte, la gerencia del hospital asegura a este periódico que está supervisando “de manera rigurosa” la implantación de la empresa Eulen, adjudicataria del servicio de limpieza “tras veinte años de prestación de la anterior contrata”. 

“Para garantizar una transición adecuada, el hospital tiene una comisión de seguimiento y ha mantenido reuniones de coordinación con Eulen”, afirman fuentes de dirección, que agregan que ha habido reuniones con los responsables regionales y nacionales de la empresa para abordar “la gestión laboral del personal tras la subrogación y el orden de incorporación de los trabajadores”.

“Desde el Complejo Hospitalario se está supervisando el cumplimiento estricto del contrato, en los términos comprometidos en su oferta, con la obligación de garantizar el servicio de limpieza y el deber de asegurar las condiciones laborales de los trabajadores”, concluye. 

La movilización de la plantilla del ciclo integral del agua de la provincia de Toledo prevista para este jueves, día 8 de octubre, a fin de exigir un convenio colectivo digno que no elimine derechos ni provoque la pérdida de poder adquisitivo, ha quedado aplazada a la espera de conocer el resultado de una nueva reunión con la empresa.

Fuentes sindicales han explicado a Europa Press que la concentración que se iba a celebrar frente a la sede de Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha (IACLM), no se desarrollará finalmente, ya que hay fijada una reunión con la empresa para el próximo 19 de octubre, tras la que se decidirá si emprender o no nuevas acciones.

El objetivo de la protesta, tal y como había informado CCOO en un comunicado, era exigir que la Junta de Castilla-La Mancha presione a las empresas concesionarias para que se sienten a negociar de inmediato el convenio colectivo y se garanticen los derechos laborales de un servicio público esencial.

Entre las principales reivindicaciones del colectivo destacan la actualización salarial vinculada al IPC para evitar la pérdida de poder adquisitivo, la recuperación del 2% pendiente del convenio anterior, la regulación justa de la jornada laboral y la retribución de las guardias, así como el refuerzo de las medidas de seguridad y salud laboral.

El Sindicato del Transporte Sanitario de Canarias (SITES) ha alertado de la fuga de personal cualificado por las “deficientes condiciones laborales” y lo que considera una gestión “absolutamente irresponsable” del conflicto laboral por parte de otras organizaciones sindicales, a quienes acusa de “vender el sector desde dentro”. 

Según sostiene la organización en un comunicado difundido este miércoles, “la ausencia de estabilidad, de reconocimiento económico y de perspectivas profesionales está obligando a los empleados de este servicio público y esencial a abandonar sus puestos o a recurrir al pluriempleo para poder subsistir”.

Desde SITES vinculan directamente este abandono de profesionales con el estancamiento de las reivindicaciones que motivaron la huelga. “Siguen sin resolverse”, asegura. 

A juicio de esta organización, la negociación “se ha cerrado en falso” sin lograr avances en las peticiones fijadas en el preaviso de huelga. El sindicato advierte de que esto puede derivar en nuevos retrasos en el pago de salarios y en un progresivo deterioro de las condiciones de trabajo.

SITES se muestra muy crítica con la actuación de otras organizaciones sindicales. Denuncia que las asambleas fueron convocadas “con menos de 24 horas de antelación, sin un orden del día claro ni información neutral, recurriendo a dinámicas que inducían al miedo entre los asistentes para orientar el sentido del voto”. Además, critican “la falta de un censo definido y de garantías de privacidad en las votaciones”, lo que, según la organización, “desvirtúa la democracia interna al limitar la información para justificar acuerdos previamente dirigidos”.

El sindicato considera que el sector “se está vendiendo desde dentro” aprovechando el desconocimiento de los trabajadores de reciente incorporación. La organización atribuye esta deriva a la posición “acomodada” de determinadas estructuras sindicales que, a su juicio, “termina beneficiando a patronales y administraciones públicas en detrimento de las plantillas”.

Por todo ello, SITES rechaza lo que califica de “maquillaje sindical” y exige transparencia, rendición pública de cuentas sobre las conquistas reales de la huelga y la garantía de retribuciones y condiciones dignas para “frenar la sangría” de personal cualificado en el Archipiélago.

Los sindicatos médicos que habían convocado una huelga indefinida a partir del próximo 28 de octubre han acordado aplazar los paros tras el adelanto electoral. Las organizaciones se habían coordinado para protestar por el Estatuto Marco, como llevan haciendo desde este mes de enero, que estaba en trámite parlamentario y que decaerá ante la llamada a las urnas para el próximo 29 de noviembre.

Tanto la Unión Médica y Facultativa (UMYF), por un lado, como la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA) y el Sindicato Médico de Euskadi, por otro, han anuncido este miércoles el aplazamiento de la huelga indefinida, aunque han aclarado que esta decisión no supone “una renuncia” a sus reivindicaciones.

“La movilización podrá reactivarse si el próximo Gobierno no atiende las reivindicaciones del colectivo”, indica en un comunicado el Comité de Huelga integrado por Cesm, SMA y y el SME. En concreto, reclaman “un marco normativo propio, una mesa de negociación específica, el fin de la explotación que representan las guardias obligatorias, una jubilación acorde con la carga de trabajo y una clasificación profesional que reconozc la cualificación y la responsabilidad del colectivo”.

Desde la UMYF, por su parte, señalan que continuarán con la movilización, mediante “actos y acciones de protesta con el objetivo de situar las reivindicaciones médicas en el centro del debate político”. Levantan la huelga, no obstante, porque “con las Cortes disueltas y un Gobierno en funciones, no existe actualmente un interlocutor con capacidad para negociar y asumir compromisos que permitan avanzar hacia un Estatuto Médico y Facultativo propio”.

Esta organización emplaza también “el inicio de la huelga indefinida hasta que exista un nuevo Gobierno con plena capacidad para negociar”. “En el actual escenario político”, consideran, “es más útil mantener la movilización y trasladar las reivindicaciones al debate electoral”.

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO La Rioja ha alertado del trato de “desigualdad y falta de reconocimiento” que están recibiendo distintas categorías profesionales del Servicio Riojano de Salud (SERIS). Tras las negociaciones desarrolladas en torno a la partida de 30 millones de euros destinada a la mejora del personal sanitario, la organización sindical sostiene que los recursos disponibles deben repartirse con criterios de equidad, justicia y reconocimiento profesional. Sin embargo, advierten de que “el acuerdo alcanzado no garantiza mejoras para el conjunto de la plantilla y deja fuera a colectivos esenciales para el funcionamiento de la sanidad pública riojana”.

El pacto contempla mejoras para determinadas categorías, como el incremento de la productividad fija del personal de Enfermería, la mejora de las retribuciones de TCAE y TFAR, la reclasificación de determinados colectivos técnicos y un incremento del complemento de productividad del personal del grupo E, integrado por celadoras, celadores y pinches.

No obstante, desde CCOO argumentan que estos compromisos no pueden servir para aplazar indefinidamente la solución a las desigualdades existentes. La Administración ha justificado que los recursos económicos son limitados y que no es posible atender a todas las categorías, una postura ante la que el sindicato rebate que “este argumento no puede utilizarse para consolidar agravios comparativos dentro de un servicio de salud público, universal y de carácter nacional”.

Trabajadores sociales: una categoría “esencial y olvidada”

“Las trabajadoras y los trabajadores sociales desempeñan una función imprescindible en la atención integral a la ciudadanía y en la coordinación de los recursos sanitarios y sociales”, resaltan. Sin embargo, según denuncia la central sindical, continúan siendo una categoría profesional “claramente infravalorada y olvidada dentro del SERIS”.

A la hora de abordar el incremento de la productividad, este colectivo no ha sido incluido en el acuerdo. Además, el sindicato critica que la Administración “ni siquiera ha permitido que existiera una negociación específica y real sobre las condiciones de estas trabajadoras y trabajadores”.

Asimismo, CCOO señala que el colectivo carece de un órgano de gestión propio y que su organización depende actualmente de una estructura superior vinculada a Enfermería, a pesar de que se trata de una categoría con funciones, responsabilidades y conocimientos específicos. Por ello, estiman imprescindible que quienes gestionen una categoría profesional conozcan directamente su realidad y reclaman “una estructura de gestión propia para las trabajadoras y los trabajadores sociales, así como el reconocimiento retributivo y profesional que merecen”.

Personal administrativo: mismo trabajo, distinta retribución

Otra de las situaciones más graves expuestas por el sindicato afecta al personal de Gestión y Servicios, especialmente a las administrativas, los administrativos, las auxiliares administrativas y los auxiliares administrativos, un colectivo no sanitario pero imprescindible para la gestión de citas, la atención a la ciudadanía, la tramitación de expedientes y la organización de los centros.

Desde la organización sindical observan que otras categorías del mismo grupo profesional reciben mejoras o complementos cuando realizan funciones correspondientes a categorías superiores, una posibilidad que “no se está reconociendo de manera adecuada al personal administrativo y auxiliar administrativo”.

Esta situación resulta especialmente patente en aquellos centros y oficinas en los que auxiliares administrativos y administrativos realizan exactamente las mismas tareas pero perciben retribuciones diferentes. “En muchos casos, las auxiliares y los auxiliares administrativos desarrollan funciones propias de administrativos sin recibir el reconocimiento profesional ni económico correspondiente”, sostienen.

Para corregir lo que consideran “un agravio comparativo que debe resolverse de forma inmediata”, CCOO exige que se valore la reclasificación profesional de las auxiliares y los auxiliares administrativos cuando desempeñen funciones de superior categoría o, alternativamente, “que se limiten sus funciones y se reduzca su carga de trabajo para ajustarlas a su puesto real”, señalando que “no es aceptable que se exija la realización de funciones de mayor responsabilidad sin reconocerlas profesional ni retributivamente”.

Oficiales y personal técnico de mantenimiento

El personal oficial de mantenimiento también continúa sufriendo una situación de “abandono y falta de reconocimiento”, con retribuciones que se sitúan, en muchos casos, en niveles próximos al Salario Mínimo Interprofesional, a pesar de la importancia de sus funciones para la seguridad y la actividad asistencial.

Además, la formación sindical considera que la mejora retributiva de las guardias negociada en el acuerdo debería haberse aplicado a todo el personal que realiza guardias obligatorias, incluyendo a los oficiales y al personal técnico de mantenimiento. Desde CCOO tachan de inaceptable que esta mejora se limite exclusivamente al personal Facultativo y de Enfermería, “dejando fuera a profesionales que también deben responder ante incidencias urgentes, averías y necesidades asistenciales fuera de su jornada ordinaria”. Según explican, las guardias de estos colectivos continúan retribuyéndose como horas de día hábil cuando se realizan en domingos y festivos, sin que se reconozcan la disponibilidad ni la responsabilidad que conllevan.

Fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales

Las mejoras acordadas tampoco resuelven la situación de otras categorías profesionales como fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales, quienes acumulan años esperando un reconocimiento real por su labor en la recuperación funcional, la prevención de la dependencia y la autonomía personal de los usuarios.

Desde CCOO exigen que estas categorías no vuelvan a quedar fuera de las futuras mejoras retributivas y profesionales, advirtiendo de que “el compromiso de negociar en próximos ejercicios no puede convertirse en una nueva demora ni en una promesa sin calendario, contenidos ni garantías”.

Exigencia de una mejora justa para toda la plantilla

Para el sindicato, la financiación anunciada por el Ejecutivo autonómico debe traducirse en una mejora global, equilibrada y justa de las condiciones laborales del conjunto del personal del SERIS, sin concentrarse únicamente en determinadas categorías mientras se mantienen las desigualdades de quienes parten de las condiciones retributivas más bajas.

“Los 30 millones de euros anunciados por el Gobierno de La Rioja deben servir para reducir las desigualdades, no para ampliarlas”, afirman desde la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO La Rioja. Por ello, exigen que en las próximas negociaciones se incluya a todas las categorías postergadas, se priorice a las rentas más bajas, se reconozcan las funciones efectivamente realizadas y se corrijan los agravios comparativos.

“CCOO seguirá reclamando que ninguna trabajadora ni ningún trabajador del SERIS quede en el olvido. La sanidad pública no funciona solo con quienes aparecen en los acuerdos: funciona con todas y todos”, concluyen.

El Sindicato de Enfermería, SATSE, ha denunciado que el consejero de Salud, César Pascual, ha incumplido el acuerdo suscrito en 2025 para mejorar las condiciones laborales de la profesión.

A este respecto, ha señalado que “la práctica totalidad” de los compromisos adquiridos hace 14 meses siguen “sin desarrollarse ni materializarse”, lo que ha generado “una profunda decepción” entre las enfermeras y enfermeras especialistas del Servicio Cántabro de Salud.

En una nota de prensa, ha subrayado que las profesionales continúan sin percibir mejoras “reales” derivadas del acuerdo, que fue presentado como un “avance significativo” para resolver importantes reivindicaciones laborales y profesionales del colectivo.

Además, ha confirmado que ha solicitado una reunión urgente con Pascual para abordar este incumplimiento y ha anunciado que no asistirá a la próxima convocatoria de la Mesa Sectorial de Sanidad.

En este sentido, la secretaria general de SATSE Cantabria, Ana Samperio, ha afirmado que “resulta difícil justificar nuestra participación en nuevos procesos de negociación cuando los ya firmados permanecen prácticamente sin ejecutar. Antes de abrir nuevas negociaciones es imprescindible cumplir lo comprometido”.

En criterio del sindicato, la situación actual en la que se encuentra el acuerdo es “una auténtica tomadura de pelo hacia quienes sostienen, día a día, la sanidad pública de Cantabria”.

Finalmente, la organización ha indicado que en estos catorce meses ha mantenido “una actitud permanente de diálogo y colaboración” para impulsar el desarrollo de las medidas acordadas, trasladar propuestas y buscar soluciones que permitieran avanzar en el cumplimiento efectivo del acuerdo.

Permanente sobrecarga y tensión asistencial

Sin embargo, según denuncia el Sindicato, esa voluntad de diálogo no se ha traducido en resultados tangibles para las enfermeras y fisioterapeutas de Cantabria. “Solo nos estamos encontrando con barreras y dificultades que imposibilitan avanzar en el desarrollo de medidas muy necesarias para una profesión que trabaja en condiciones muy precarias y con una permanente sobrecarga y tensión asistencial”, ha agregado Samperio.

SATSE considera que la situación actual está deteriorando gravemente la confianza de los profesionales en la palabra dada por la Administración y advierte de que la falta de avances ha generado una sensación generalizada de engaño entre quienes esperaban que el pacto firmado en junio de 2025 supusiera un verdadero punto de inflexión para la profesión.

“Enfermeras y fisioterapeutas están cansados de anuncios y compromisos que no llegan a concretarse. Más de un año después, la percepción de muchos profesionales es que, en la práctica, el acuerdo ha quedado en papel mojado. Es una situación que el colectivo vive como una auténtica tomadura de pelo y una falta de respeto hacia quienes sostienen día a día la sanidad pública de Cantabria.”, apunta.

Exige explicaciones

SATSE exige una reunión urgente con el consejero de Salud para conocer las razones que han impedido el desarrollo de los compromisos adquiridos, reclamar explicaciones sobre los incumplimientos producidos y exigir un calendario concreto, público y verificable para la ejecución de cada una de las medidas pendientes.

El Sindicato advierte de que la confianza de las enfermeras y fisioterapeutas se encuentra seriamente dañada y que no puede seguir pidiéndose paciencia a unos profesionales que llevan más de un año esperando el cumplimiento de unos acuerdos que fueron firmados y anunciados públicamente por la propia Administración.

Por último, SATSE Cantabria reafirma su compromiso con la defensa de los intereses de las enfermeras y fisioterapeutas y no descarta la adopción de nuevas medidas de presión si la Consejería continúa sin ofrecer respuestas ni avances reales en el cumplimiento del pacto suscrito el 25 de junio de 2025.

Comisiones Obreras (CCOO) y los trabajadores y trabajadoras del ciclo integral del agua de la provincia de Toledo van a iniciar movilizaciones para exigir un “convenio colectivo digno” que “no elimine derechos ni provoque la pérdida de poder adquisitivo”.

Lo harán el próximo 8 de octubre en la capital castellanomanchega, con una concentración frente a la sede de Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha (IACLM). El objetivo de la protesta es exigir que la Junta de Castilla-La Mancha presione a las empresas concesionarias para que se sienten a negociar “de inmediato” el convenio colectivo y se garanticen los derechos laborales “de un servicio público esencial”.

Bajo el lema 'Por un convenio digno y con derechos', la plantilla manifiesta su “rotundo rechazo” al “estancamiento” de la negociación, a la vez que quiere visibilizar el malestar de un sector esencial para la ciudadanía frente a las empresas concesionarias.

Entre las principales reivindicaciones del colectivo destacan la actualización salarial vinculada al IPC para evitar la pérdida de poder adquisitivo, la recuperación del 2% pendiente del convenio anterior, la “regulación justa” de la jornada laboral y la retribución de las guardias, así como el refuerzo de las medidas de seguridad y salud laboral.

No podemos permitir que un sector tan crítico y profesionalizado continúe sufriendo una pérdida constante de derechos

El sindicato destaca que la labor desarrollada en el ciclo integral del agua (que abarca desde la captación, potabilización y distribución, hasta el saneamiento y la depuración), es fundamental para el día a día de los municipios y de la ciudadanía. Por ello, considera “inaceptable precarizar el servicio a costa de empeorar las condiciones laborales”.

“No podemos permitir que un sector tan crítico y profesionalizado continúe sufriendo una pérdida constante de derechos. Los trabajadores y trabajadoras han demostrado sobradamente su compromiso y profesionalidad y es hora de que las empresas del sector reconozcan su valor con un convenio justo y proporcionado”, subraya Enrique Clavero, secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO Toledo.

CCOO advierte por último de que si no se producen avances y las empresas no se sientan a la mesa de negociación en los próximos días, no se descartan intensificar las medidas de protesta. Entre las acciones contempladas figura la convocatoria de un calendario ampliado de concentraciones ante los principales ayuntamientos de la provincia (Toledo, Talavera de la Reina, Illescas, Mora y Ocaña), así como ante la Consejería de Desarrollo Sostenible.

La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) ha informado de que en el acto de mediación que se celebró este miércoles en el Jurado Arbitral de Guadalajara no se pudo alcanzar un acuerdo, por lo que la huelga en el sector logístico de la provincia “sigue adelante”.

“El fracaso se debió una vez más a la pasividad de las patronales que no hicieron ni una sola propuesta que pudiésemos valorar. No hablaron de salarios, ni de cuarta paga, tampoco de reducir la jornada laboral ni de mejorar las condiciones económicas de los trabajadores y trabajadoras de fin de semana, ni siquiera trataron la prevención de riesgos laborales”, asegura el sindicato.

El único ofrecimiento por parte de las empresas, agrega, fue volver a la mesa de negociación, “una mesa en la que después de 9 meses de reuniones no se ha alcanzado ni un solo acuerdo en ninguna de las materias que llevamos UGT y CCOO en la plataforma conjunta de negociación”.

Ante esta nueva situación de bloqueo, los delegados y delegadas de UGT se reunirán en asamblea en los próximos días para concretar las jornadas de huelga que se van a convocar durante el mes de octubre.

Posteriormente, desde FeSMC UGT Guadalajara, volverán a contactar con CCOO para que se unan a la convocatoria de huelga y garantizar la unidad de acción.

Prop d'una quinzena de càrrecs han abandonat els seus llocs al principal hospital públic de les Balears des que la seva gerent, Cristina Granados, assumís el càrrec el setembre de 2023, coincidint amb la recentment estrenada legislatura del PP. Mentre diverses persones que van formar part de l'equip de Son Espases descriuen un deteriorament del clima intern -“no dormíem perquè la inquietud era constant”, relata una d'elles en conversa amb elDiario.es-, els sindicats fa mesos que denuncien pressió assistencial, falta d'infermeres i llevadores i problemes de saturació. A això se suma el testimoni d'una antiga responsable de Comunicació, que assegura haver patit nombroses situacions d'assetjament i humiliació durant la seva etapa a l'hospital. “Vaig començar molt feliç i vaig acabar molt malament”, assenyala en declaracions a aquest diari.

L'última a sortir del centre hospitalari va ser la directora d'Infermeria, Natalia Vallés, a principis de setembre. Amb prou feines unes setmanes abans havia dimitit José Antonio Visedo, director de Gestió i Serveis Generals, qui, al seu torn, havia arribat al càrrec després de la sortida del seu antecessor, Alfonso Macías. L'any passat van marxar, en tot just uns mesos, quatre responsables del Servei d'Atenció a l'Usuari, mentre que subdirectors de diferents àrees ja no figuren en aquests llocs. Malgrat això, i reivindicant tant la seva trajectòria professional com els resultats de la seva gestió, el PP, que governa les Balears amb Marga Prohens al capdavant, tanca files entorn de la gerent que va aterrar fa tres anys a Son Espases de la mà de la consellera de Salut, Manuela García.

La seva arribada a les Balears va arribar precedida de polèmica: a l'hospital de Móstoles va ser durament qüestionada per representants sindicals i, sota la seva gerència, fins a 18 facultatius van presentar la seva dimissió; en el de Toledo, al qual va accedir per lliure designació en plena etapa de retallades de María Dolores de Cospedal, va ordenar el fulminant cessament del coordinador d'Urgències després que aquest es negués, segons els treballadors, a “amagar els pacients als passadissos” per ocultar la saturació del servei -segons va defensar Granados, va ser aquell qui va presentar la seva dimissió-; en el de Salamanca, fins a sis sindicats van denunciar “maltractament professional”, canvis continus d'unitats i problemes en les llistes d'espera, mentre la Junta de Personal va arribar a acusar-la de portar l'hospital “a la deriva”.

Granados dimitia de l'hospital salmantí el febrer de 2019 al·legant “motius personals” i, posteriorment, passaria a assumir la gerència de l'Hospital de Torrejón (un hospital públic gestionat per Ribera Salud), on va romandre fins al 2020, abans d'incorporar-se a Quirónsalud com a directora territorial d'Hospitals a Madrid. Va ser després d'aquesta última etapa quan va desembarcar a Balears per assumir la gerència de Son Espases.

Tot just unes setmanes després del seu nomenament a l'hospital de referència de les illes, els dubtes sobre la seva elecció, alimentats per la controvèrsia que havia acompanyat el seu pas per altres hospitals, van arribar al Parlament balear. El Grup Socialista va reclamar la seva compareixença per donar compte de la seva trajectòria, mentre una diputada de Vox registrava diverses preguntes per escrit per conèixer si l'elecció de Granados havia respost a un “criteri polític o professional” i si la Conselleria de Salut era conscient que la nova gerent venia “precedida d'una gran polèmica” i si hi havia hagut altres candidats al lloc.

Al novembre de 2023 -dos mesos després de la seva designació-, Granados compareixia en comissió parlamentària per defensar la seva idoneïtat: “Crec que tinc suficient currículum per poder estar dirigint un hospital com Son Espases”, proclamava. Mentrestant, el Govern responia mesos després a la petició de Vox destacant la seva “dilatada i òptima trajectòria professional” i assegurant que s'havien valorat “diferents perfils professionals”, sense especificar quins.

Una cadena de sortides a la cúpula

En les darreres setmanes, el nom de Granados ha ressorgit amb força arran de les recents sortides i la denúncia pública efectuada per Sabrina Vidal, periodista que des del novembre de 2024 dirigia el gabinet de premsa de l'hospital. A través d'un escrit publicat en xarxes socials, Vidal arriba a definir-se com “una supervivent de la gerència de Son Espases”. “Ni tan sols sé com he arribat fins aquí”, asseverava. El Govern, tanmateix, manté ferm el seu suport a Granados. “La seva gestió l'avala”, asseverava dimarts passat, durant el ple del Parlament, la consellera Manuela García.

Mentrestant, la persona que va treballar en l'estructura directiva de l'hospital amb la qual aquest diari ha contactat -i qui sol·licita mantenir-se en l'anonimat- descriu un clima de desconfiança en el qual els responsables del centre van deixar de sentir-se recolzats i van començar a treballar amb major cautela. El seu testimoni resumeix fins a quin punt va anar degradant-se l'ambient intern durant la seva etapa al centre hospitalari. “Les reunions es van convertir en enfrontaments”, assegura, asseverant que les propostes dels diferents departaments eren qüestionades de manera constant.

Recorda, així mateix, que va arribar a viure les reunions de direcció amb una tensió que, segons el seu relat, transcendia les discrepàncies professionals: “Anaves a treballar pensant: 'A veure quin detonant ens espera avui perquè ens esbronquin'”. També sosté que es va produir una creixent concentració de les decisions en la gerència. “Es qüestionava constantment la nostra competència”, assegura, recordant que cada vegada resultava més difícil mantenir autonomia en les àrees que estaven sota responsabilitat dels diferents directius.

Les reunions es van convertir en enfrontaments i es qüestionava constantment la nostra competència

Exdirectiva de Son Espases

Presumptes humiliacions, exclusió i pressió

La seva descripció de l'ambient intern és especialment contundent: “Els que sobreviuen ho fan amb el despatx tancat per no assabentar-se de res”. Tanmateix, distingeix entre el funcionament assistencial de l'hospital i la situació de la direcció. “Son Espases és una meravella. Té una gent meravellosa”, afirma. El problema, sosté, es trobaria en l'estructura de comandament, que segons la seva opinió ha quedat “a la deriva” després de la successió de sortides i canvis en llocs de responsabilitat.

elDiario.es ha intentat contrastar aquestes informacions amb Granados a través de diferents departaments del Govern, però assenyalen que prefereix no fer declaracions sobre aquest assumpte. Sí que va defensar la seva gestió durant la compareixença que, a petició de l'oposició, va efectuar al Parlament el passat 10 de juny, mesos abans, per tant, que esclatés amb major intensitat la polèmica actual sobre les sortides de directius.

El relat de la periodista Sabrina Vidal afegeix una altra dimensió a la polèmica que envolta la gerència. La que va ser responsable de Comunicació de Son Espases va fer públic el seu testimoni sobre episodis que descriu com a humiliacions, exclusió i pressió durant la seva etapa a l'hospital. Vidal sosté que el deteriorament de la relació amb la gerència va acabar afectant la seva salut i que va arribar a necessitar atenció psicològica i una baixa mèdica abans de sol·licitar un canvi de destí i abandonar finalment l'IB-Salut. El seu relat no identifica expressament Cristina Granados com a responsable de cadascun dels episodis que descriu, però situa el conflicte en l'entorn de la gerència.

La que va ser responsable de Comunicació de Son Espases, Sabrina Vidal, va fer públic el seu testimoni sobre episodis que descriu com a humiliacions, exclusió i pressió durant la seva etapa a Son Espases

“Vaig començar molt feliç i vaig acabar molt malament”

En declaracions a elDiario.es, Vidal descriu una organització travessada per conflictes interns i decisions que, segons la seva percepció, s'adoptaven en un clima de desconfiança. També assegura que les tensions afectaven diferents nivells de l'estructura directiva i que alguns professionals optaven per aïllar-se per protegir-se. El seu relat inclou referències a enfrontaments entre responsables, a la sortida de membres de l'equip i a la dificultat de conèixer què passava realment dins de la gerència.

L'exresponsable de Comunicació també considera que el principal problema de l'hospital no és la falta de professionals capaços, sinó la manera com s'exerceix el poder dins de l'organització. En la seva opinió, Son Espases compta amb equips i treballadors de gran valor, però la successió de conflictes i sortides ha acabat danyant la seva estabilitat interna.

El passat 7 de setembre, la Junta de Personal de Son Espases va abordar la denúncia pública de la periodista després que el Sindicat d'Infermeria SATSE reclamés una reunió extraordinària i demanés explicacions a la gerència. Els representants dels treballadors van rebutjar elaborar un escrit de condemna pel suposat assetjament denunciat per Vidal en no assolir la proposta la majoria necessària. Granados no va acudir a la reunió i l'IB-Salut va argumentar que no constaven denúncies pels canals reglamentaris i que Vidal ja no treballava al centre. SATSE va reclamar llavors revisar els protocols contra l'assetjament i investigar si l'antiga responsable de Comunicació havia traslladat les seves queixes per correu electrònic als seus superiors.

Fonts del Govern, en ser preguntades per elDiario.es sobre si s'ha obert cap tipus d'investigació interna entorn del cas de Vidal i la situació d'altres càrrecs, defensen que no han rebut denúncies formals per assetjament a través dels seus canals interns i remeten a les declaracions públiques ja efectuades per diversos responsables de l'Executiu autonòmic, entre ells el director general del Servei de Salut, Javier Ureña, qui ha reduït el conflicte conegut per l'Administració a “desavinences tècniques a nivell professional” i ha defensat públicament la continuïtat de Granados.

Davant d'això, Vidal matisa que no va existir una denúncia formal, però sí “repetides peticions d'ajuda”. “Des del minut zero coneixien la meva situació i la dels altres afectats a mesura que han anat caient”, incideix la periodista, qui assegura, a més, que hi ha constància de tot això per escrit.

D'altra banda, les resolucions oficials consultades per aquest mitjà mostren una renovació constant de llocs de comandament i supervisió a Son Espases. Entre els procediments utilitzats figura la lliure designació, una fórmula prevista per a determinats llocs i que no implica per si mateixa cap irregularitat. El 2024, per exemple, es van convocar mitjançant aquest sistema diverses places de responsabilitat, entre elles llocs de supervisió i encarregats de torn; posteriorment es van produir noves convocatòries i adjudicacions en àrees com Farmàcia Hospitalària, Hemoteràpia, Admissió o Convalescència. La documentació disponible permet seguir els canvis en l'estructura directiva, encara que no permet establir per si sola que aquestes reorganitzacions responguin a un determinat criteri polític o personal.

Son Espases defensa la gestió de Granados

Les informacions sobre una pèrdua de suport intern de Granados havien aparegut fins i tot abans que Vidal fes públic el seu testimoni. Al juny, fonts del mateix hospital consultades per la Cadena SER van descriure un “clima de tensió insostenible”, amb “faltes de respecte” i ordres “directes i unidireccionals”. “Hi ha moltíssimes fissures internes i té un equip unit contra ella. Hi ha un ambient tens i hostil”, asseveraven les mateixes fonts.

elDiario.es s'ha posat en contacte amb el gabinet de comunicació de Son Espases, des d'on lamenten que el focus sobre les sortides i els conflictes interns estigui deixant en segon pla l'activitat assistencial de l'hospital i posen l'accent en la dimensió del centre, amb uns 6.000 professionals. Sostenen que, davant l'atenció mediàtica que han rebut les sortides d'alguns càrrecs, durant aquests anys s'han posat en marxa i millorat diversos serveis i prestacions. Entre els exemples que citen figuren l'ampliació de l'atenció a pacients amb ictus, l'activitat del servei d'Al·lergologia i la renovació de vuit quiròfans, a més de la incorporació d'un de nou i la previsió de reformar-ne tres més.

Des de l'hospital de Son Espases defensen que, davant l'atenció mediàtica que han rebut les sortides d'alguns càrrecs, durant aquests anys s'han posat en marxa o millorat diferents serveis i prestacions

Des de l'hospital situen així la resposta a les crítiques en els resultats de gestió i assistencials més que en les polèmiques sobre el funcionament de la cúpula. La posició traslladada és que no s'està produint una situació excepcional a Son Espases respecte d'altres etapes i que l'hospital continua funcionant amb normalitat malgrat l'atenció sobre els canvis en el seu equip directiu. És la mateixa postura que manté el Govern, que en els últims dies ha reforçat públicament el seu suport a Granados.

La pressió assistencial entra en conflicte

Les crítiques a la gerència no es limiten al funcionament de l'estructura directiva. SATSE ha vinculat la seva petició de cessament a problemes assistencials que, denuncia el sindicat, s'han agreujat durant l'estiu: falta d'infermeres, sobrecàrrega de treball i pressió en serveis com Urgències i Neonatologia. El sindicat considera especialment significativa la sortida de Natalia Vallés per produir-se després d'un període d'elevada pressió assistencial.

L'entitat sosté que en determinades ocasions s'hauria obviat el criteri de Vallés en decisions relacionades amb l'atenció als pacients. Per a SATSE, Son Espases “no pot continuar ocupant titulars de dimissions, conflictes interns, acusacions públiques de suposats tractes vexatoris i un seguit de problemes de gestió i assistencials que només aconsegueixen desprestigiar la imatge de l'hospital de referència de les Balears i, la qual cosa és més greu, danyar la confiança dels seus professionals”.

Per a SATSE, Son Espases "no pot continuar ocupant titulars de dimissions, conflictes interns, acusacions públiques de suposats tractes vexatoris i una retahíla de problemes de gestió i assistencials que només “aconsegueixen desprestigiar la imatge de l'hospital de referència de Balears"

La sortida de la directora d'Infermeria és, segons el sindicat, “la gota que ha fet vessar el got” després d'un estiu marcat per “una successió de problemes que evidencien la falta de previsió i de capacitat de gestió de la gerència”. SATSE situa entre ells la falta d'infermeres i matrones i la saturació de les Urgències, on, segons denuncia, s'han arribat a acumular desenes de pacients pendents d'ingrés.

Especialment crítica, sosté l'organització sindical, va ser la situació de Neonatologia: “16 nadons per a una unitat de 12 places i infermeres atenent fins a tres pacients”. “No es pot gestionar un hospital de referència a costa de sobrecarregar els seus professionals i posar al límit la seguretat dels pacients”, denunciava SATSE en un comunicat difós el passat 10 de setembre.

Dos dies abans, el Govern havia difós un comunicat sobre l'increment de recursos humans de Son Espases: la Conselleria de Salut va assegurar que l'hospital havia augmentat la seva plantilla un 8% des de 2023, amb 441 professionals més, entre ells 320 incorporacions d'infermeres i tècnics en cures auxiliars d'infermeria (TCAE) i 78 metges especialistes. Segons les dades facilitades per l'Executiu, la plantilla de l'hospital de referència de les Balears ascendeix actualment a 5.822 treballadors.

“Peonades premium”

El mateix sindicat va denunciar al juny les denominades “peonades premium”, unes jornades extraordinàries la despesa de les quals hauria augmentat un 60% mentre l'activitat quirúrgica descendia un 11%. També s'hi va afegir la polèmica per la participació de Granados en una manifestació a Madrid en suport dels metges en vaga i la del seu director mèdic, Vicente Torres, en les mobilitzacions celebrades davant Son Espases, precisament mentre l'hospital afrontava problemes de llistes d'espera i saturació a Urgències. Per al sindicat, aquestes decisions reflecteixen una falta de prioritats: “És difícil entendre aquestes prioritats quan l'hospital té problemes que requereixen solucions urgents i és una mostra més de la dubtosa capacitat de la gerent per fer front a la gestió de Son Espases”.

Davant les crítiques abocades a nivell sindical, la Conselleria ha defensat públicament les decisions adoptades per l'hospital i ha desvinculat els complements salarials de l'evolució de les llistes d'espera. La titular d'aquest departament, Manuela García, va sostenir al juny que el fet que determinats professionals cobressin complements diferents no implicava que haguessin de deixar de treballar i va afirmar que “ells fan la seva feina”. La mateixa Granados, en la compareixença parlamentària que va realitzar aquest mateix mes, va defensar els complements quirúrgics com una eina per realitzar intervencions complexes fora de l'horari ordinari i va negar que s'estiguessin retenint pacients, endarrerint altes o tancant les Urgències.

En una entrevista a Onda Cero, la màxima responsable de Son Espases va admetre ser “molt exigent”, va rebutjar l'etiqueta d'autoritària i va atribuir el deteriorament de les llistes d'espera a la vaga mèdica, defensant que la demora màxima quirúrgica havia baixat de 1.200 a 643 dies i la mitjana de 125 a 107.

La Conselleria de Salut ha defensat públicament les decisions adoptades per l'hospital i dona suport a la gerent

Controvèrsia en altres hospitals

Granados va arribar a Son Espases procedent de Quirónsalud, on ocupava la direcció territorial d'Hospitals de Madrid després d'haver passat per la gerència de diversos hospitals públics i privats. El seu ampli currículum en gestió sanitària va ser precisament un dels principals arguments esgrimits per l'Executiu de Prohens per justificar la seva elecció. Tanmateix, la seva trajectòria al capdavant de diferents centres sanitaris també va estar acompanyada d'episodis de conflictivitat i crítiques al seu model de gestió.

El seu pas per l'Hospital Virgen de la Salud de Toledo, que va dirigir entre agost de 2014 i 2015 (amb Cospedal al capdavant de la presidència de Castella-la Manxa), va estar marcat per les denúncies de saturació de les Urgències i pel conflicte amb part de la plantilla. El novembre de 2014, el coordinador d'Urgències va ser cessat després d'un enfrontament amb Granados: treballadors del centre van atribuir el cessament a la seva negativa a ocultar de la vista els pacients hospitalitzats als passadissos, com van recollir llavors diversos mitjans de comunicació, entre ells elDiario.es, mentre la pròpia gerència negava que existís un col·lapse extraordinari i defensava que el funcionament d'Urgències era similar al d'anys anteriors.

Mesos després, a l'abril del 2015, les auxiliars d'Infermeria dels quiròfans van presentar davant la Inspecció de Treball una denúncia contra la gerent per sobrecàrrega laboral. Segons el sindicat CSIF, les professionals feia anys que reclamaven reforços i eren obligades a assumir, dins de la seva jornada ordinària, les urgències de cirurgia cardíaca, les extraccions d'òrgans i els trasplantaments renals, a més de les seves funcions habituals, com va informar en el seu moment la Cadena SER. El sindicat sostenia que aquesta situació es produïa de forma constant i que les treballadores es trobaven “al límit de rendiment i possibilitats”. Aquella mateixa tardor, la supervisora d'Infermeria d'Urgències dimitia després de reclamar més personal davant l'obertura de nous boxes. El Servei de Salut de Castella-la Manxa (SESCAM) va al·legar en nota de premsa que la dimissió d'aquesta professional es devia “a motius personals”.

Durant la seva etapa al capdavant del Complex Assistencial Universitari de Salamanca, entre 2015 i 2018, Granados va rebre crítiques sindicals per la seva gestió, especialment per les llistes d'espera, el tancament de llits i les relacions amb els representants dels treballadors. El 2015, SATSE va arribar a qualificar de “dictatorial” la seva actitud i va sostenir que la seva trajectòria prèvia a Guadalajara i Toledo estava marcada per una “nul·la predisposició a negociar” amb els representants sindicals.

Granados va arribar a Son Espases procedent de Quirónsalud i després d'haver passat per la gerència de diversos hospitals. La seva trajectòria ha estat acompanyada d'episodis de conflictivitat i crítiques al seu model de gestió

En plena polèmica per la seva gestió, Granados defensava públicament la seva actuació en una entrevista amb la Cadena SER en la qual va abordar les llistes d'espera i el tancament de llits, dos dels principals focus de crítiques a la seva gestió a Salamanca. L'aleshores gerent assegurava que havia arribat a l'hospital amb la intenció d'“obrir un temps de diàleg” i afirmava que es reunia cada mes amb sindicats, caps de servei i supervisors per conèixer els problemes del centre.

Un dels episodis que va aixecar la polseguera al seu pas pel centre hospitalari va ser la instal·lació d'una estructura exterior -popularment batejada com la “jaima”- per realitzar ressonàncies magnètiques mentre l'hospital renovava el seu únic equip. La mesura va ser durament qüestionada per les condicions en les quals els pacients havien d'accedir a una prova diagnòstica dins d'una instal·lació provisional en un context de crítiques a la gestió del complex i a la reorganització d'espais.

Només uns mesos després, al desembre del 2016, sis sindicats -CCOO, CGT, CSIF, SATSE, UGT i USAE- van exigir públicament la seva dimissió i van convocar una protesta a la qual van assistir un centenar de professionals d'Infermeria arran d'unes declaracions de Granados sobre les infermeres que van ser considerades com una falta de respecte i un “maltractament professional”. Les organitzacions sindicals van denunciar “canvis continus d'unitats” i “llargues llistes d'espera quirúrgiques i de consultes”.

Per la seva banda, l'Associació per a la Defensa de la Sanitat Pública de Salamanca va qüestionar a l'agost d'aquell any el nomenament de Granados i va arribar a plantejar si la seva arribada a la província constituïa un “premi” o un “desterrament” després de la seva sortida de Castella-la Manxa. En un text especialment crític amb la política sanitària de l'Executiu del PP, l'associació afirmava: “Sembla que el Partit Popular premia els que en la seva gestió han estat fidels als dictats del partit encara que la seva actuació hagi estat dolenta i en contra de l'opinió de la majoria de la població”. Un any després, una Marea Blanca va reclamar públicament el seu cessament.

L'Associació per a la Defensa de la Sanitat Pública de Salamanca va afirmar: 'Sembla que el Partit Popular premia als que en la seva gestió han estat fidels als dictats del partit encara que la seva actuació hagi estat dolenta i en contra de l'opinió de la majoria de la població'

Al febrer del 2019, Granados abandonava la gerència del complex hospitalari salmantí al·legant “motius personals” per passar a assumir, tot just uns dies després, la direcció de l'Hospital Universitari de Torrejón. Va romandre al capdavant del centre madrileny fins al 2020, quan va fer el salt a Quirónsalud com a directora territorial d'Hospitals a Madrid. Després d'aquesta etapa en la sanitat privada, va tornar al sistema públic per assumir, el setembre del 2023, la gerència de Son Espases.

Un model de direcció sota escrutini

Al novembre, tot just dos mesos després del seu nomenament, Granados compareixia davant el Parlament després que així ho sol·licités una cinquena part dels diputats de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, adscrits al Grup Socialista, amb l'objectiu exprés d'“avaluar la seva idoneïtat” per dirigir l'hospital. El diari de sessions de la Cambra permet reconstruir les preguntes que va rebre Granados i les explicacions que va oferir llavors sobre la seva trajectòria, la seva arribada a les Balears i el seu projecte per al principal hospital públic de les illes.

Granados va dedicar bona part de la seva intervenció inicial a defensar la seva trajectòria professional. Va explicar que havia començat “des de baix”, com a metgessa, i que havia passat per llocs de cap de servei, subdirectora, directora mèdica i gerent. Va enumerar la seva experiència a Móstoles, Guadalajara, Toledo i Salamanca, a més de la seva etapa posterior a l'Hospital de Torrejón i a Quirón. El seu argument central per justificar la seva idoneïtat va ser precisament l'experiència acumulada en hospitals de diferents mides i la seva capacitat per introduir canvis.

Tanmateix, la compareixença va adquirir especial interès quan el socialista Carles Bona va confrontar aquesta trajectòria amb les informacions publicades sobre el seu pas per altres hospitals. Li va preguntar per les crítiques rebudes a Móstoles, Toledo, Salamanca i Torrejón i va arribar a llegir literalment titulars i acusacions de sindicats i professionals. Entre elles, una d'UGT que qualificava el seu estil de direcció a Móstoles de “no dialogant i dictatorial” i vinculava la seva gestió a la sortida de 18 facultatius d'Urgències. La gerent va arribar a assenyalar que una de les representants sindicals que figurava en les informacions crítiques va acabar sent amiga seva i que conservava fins i tot “un regal del comitè de personal de l'hospital”.

Sobre Toledo, li va preguntar per les informacions que asseguraven que havia cessat el coordinador d'Urgències per negar-se a “amagar” pacients als passadissos. Sobre aquest tema, Granados va explicar que va arribar a aquest centre hospitalari per abordar un problema greu d'organització d'Urgències, després que s'haguessin produït “esdeveniments adversos importants” que, segons la seva explicació, estaven relacionats amb la mala organització del servei. Sobre l'episodi del coordinador d'Urgències, va negar haver-lo cessat: va sostenir que “ell va presentar la seva dimissió” perquè no estava d'acord amb les mesures que estava aplicant la direcció.

Sobre Salamanca, va defensar que va ser triada per la seva experiència en projectes de construcció i reorganització hospitalària. El seu relat es va centrar en la fusió de dos hospitals, la reorganització dels serveis, el nomenament de direccions úniques i el replantejament del projecte del nou hospital, el pla funcional del qual havia quedat obsolet. Quan Bona li va plantejar les crítiques pels canvis d'espais i la polèmica de la unitat mòbil de ressonàncies instal·lada a l'exterior, Granados va respondre que els canvis eren necessaris per organitzar el nou hospital i va explicar que l'hospital només tenia una ressonància, que en van aconseguir comprar una altra i que, durant el període de transició, van haver d'instal·lar una unitat externa coberta. Ho va justificar al·legant que era necessari cobrir l'estructura “perquè els pacients no estiguessin despullats fent-se una ressonància”.

“Tindré un equip magnífic a Son Espases”

També va respondre directament als dubtes sobre la seva arribada a Balears. Quan li van preguntar si coneixia prèviament la consellera Manuela García i per què havia estat triada, va contestar que no la coneixia “de res”, assegurant que la consellera havia demanat “gent experta i tècnica” per dirigir Son Espases. Va afegir: “Crec que tinc prou currículum per poder estar dirigint un hospital com Son Espases”. Sobre les informacions que parlaven de malestar al PP pel seu nomenament, va afirmar: “I al PP ningú m'ha traslladat cap inconvenient”.

Crec que tinc prou currículum per poder estar dirigint un hospital com Son Espases

Cristina Granados — Gerent de Son Espases, dos mesos després del seu nomenament

En aquella compareixença, Granados va defensar que una de les seves prioritats era precisament estabilitzar els professionals i reduir l'estrès mitjançant una millor organització de la feina. Va dir que no tenia sentit que una persona estigués canviant contínuament de lloc i va afirmar: “Cal estabilitzar el lloc de treball i estabilitzar la formació”. També va sostenir que els canvis s'havien de fer “sempre parlant amb els professionals que estan implicats”.

En explicar com pensava formar el seu equip a Son Espases, Granados va dir que volia comptar fonamentalment amb persones de dins de l'hospital. “El més important d'un projecte és un equip”, va afirmar, i va afegir que havia tingut l'oportunitat d'entrevistar professionals i que comptava amb “tres directors amb experiència” que l'ajudarien. Fins i tot va assegurar: “No em cap el menor dubte que tindré un equip magnífic. No em cap el menor dubte”.

Cerca de una quincena de cargos han abandonado sus puestos en el principal hospital público de Balears desde que su gerente, Cristina Granados, asumiese el cargo en septiembre de 2023, coincidiendo con la recién estrenada legislatura del PP. Mientras varias personas que formaron parte del equipo de Son Espases describen un deterioro del clima interno -“no dormíamos porque la inquietud era constante”, relata una de ellas en conversación con elDiario.es-, los sindicatos llevan meses denunciando presión asistencial, falta de enfermeras y matronas y problemas de saturación. A ello se suma el testimonio de una antigua responsable de Comunicación, quien asegura haber sufrido numerosas situaciones de acoso y humillación durante su etapa en el hospital. “Empecé muy feliz y terminé muy mal”, señala en declaraciones a este periódico.

La última en salir del centro hospitalario fue la directora de Enfermería, Natalia Vallés, a principios de septiembre. Apenas unas semanas antes había dimitido José Antonio Visedo, director de Gestión y Servicios Generales, quien, a su vez, había llegado al cargo tras la salida de su antecesor, Alfonso Macías. El año pasado se marcharon, en apenas unos meses, cuatro responsables del Servicio de Atención al Usuario, mientras que subdirectores de distintas áreas ya no figuran en esos puestos. Pese a ello, y reivindicando tanto su trayectoria profesional como los resultados de su gestión, el PP, que gobierna Balears con Marga Prohens al frente, cierra filas en torno a la gerente que aterrizó hace tres años en Son Espases de la mano de la consellera de Salud, Manuela García.

Su llegada a Balears llegó precedida de polémica: en el hospital de Móstoles fue duramente cuestionada por representantes sindicales y, bajo su gerencia, hasta 18 facultativos presentaron su dimisión; en el de Toledo, al que accedió por libre designación en plena etapa de recortes de María Dolores de Cospedal, ordenó el fulminante cese del coordinador de Urgencias después de que este se negara, según los trabajadores, a “esconder a los pacientes en los pasillos” para ocultar la saturación del servicio -según defendió Granados, fue aquél quien presentó su dimisión-; en el de Salamanca, hasta seis sindicatos denunciaron “maltrato profesional”, cambios continuos de unidades y problemas en las listas de espera, mientras la Junta de Personal llegó a acusarla de llevar el hospital “a la deriva”.

Granados dimitía del hospital salmantino en febrero de 2019 alegando “motivos personales” y, desde ahí, pasaría a asumir la gerencia del Hospital de Torrejón (un hospital público gestionado por Ribera Salud), donde permaneció hasta 2020, antes de incorporarse a Quirónsalud como directora territorial de Hospitales en Madrid. Fue tras esta última etapa cuando desembarcó en Balears para asumir la gerencia de Son Espases.

Apenas unas semanas después de su nombramiento en el hospital de referencia de las islas, las dudas sobre su elección, alimentadas por la controversia que había acompañado su paso por otros hospitales, llegaron al Parlament balear. El Grupo Socialista reclamó su comparecencia para dar cuenta de su trayectoria, mientras una diputada de Vox registraba varias preguntas por escrito para conocer si la elección de Granados había respondido a un “criterio político o profesional” y si la Conselleria de Salud era consciente de que la recién nombrada venía “precedida de una gran polémica” y si había habido otros candidatos al puesto.

En noviembre de 2023 -dos meses después de su designación-, Granados comparecía en comisión parlamentaria para defender su idoneidad: “Creo que tengo suficiente currículum para poder estar dirigiendo un hospital como Son Espases”, proclamaba. Mientras tanto, el Govern respondía meses después a la petición de Vox destacando su “dilatada y óptima trayectoria profesional” y asegurando que se habían valorado “diferentes perfiles profesionales”, sin especificar cuáles.

Una cadena de salidas en la cúpula

En las últimas semanas, el nombre de Granados ha resurgido con fuerza a tenor de las recientes salidas y la denuncia pública efectuada por Sabrina Vidal, periodista que desde noviembre de 2024 dirigía el gabinete de prensa del hospital. A través de un escrito publicado en redes sociales, Vidal llega a definirse como “una superviviente de la gerencia de Son Espases”. “Ni siquiera sé cómo he llegado hasta aquí”, aseveraba. El Govern, sin embargo, mantiene firme su respaldo a Granados. “Su gestión la avala”, aseveraba el pasado martes, durante el pleno del Parlament, la consellera Manuela García.

Mientras tanto, la persona que trabajó en la estructura directiva del hospital con la que este periódico ha contactado -y quien solicita mantenerse en el anonimato- describe un clima de desconfianza en el que los responsables del centro dejaron de sentirse respaldados y comenzaron a trabajar con mayor cautela. Su testimonio resume hasta qué punto fue degradándose el ambiente interno durante su etapa en el centro hospitalario. “Las reuniones se convirtieron en enfrentamientos”, asegura, aseverando que las propuestas de los distintos departamentos eran cuestionadas de manera constante.

Recuerda, asimismo, que llegó a vivir las reuniones de dirección con una tensión que, según su relato, trascendía las discrepancias profesionales: “Ibas a trabajar pensando: 'A ver qué detonante nos espera hoy para que nos echen una bronca'”. También sostiene que se produjo una creciente concentración de las decisiones en la gerencia. “Se cuestionaba constantemente nuestra competencia”, asegura, recordando que cada vez resultaba más difícil mantener autonomía en las áreas que estaban bajo responsabilidad de los distintos directivos.

Las reuniones se convirtieron en enfrentamientos y se cuestionaba constantemente nuestra competencia

Exdirectiva de Son Espases

Presuntas humillaciones, exclusión y presión

Su descripción del ambiente interno es especialmente contundente: “Los que sobreviven lo hacen con el despacho cerrado para no enterarse de nada”. Sin embargo, distingue entre el funcionamiento asistencial del hospital y la situación de la dirección. “Son Espases es una maravilla. Tiene una gente maravillosa”, afirma. El problema, sostiene, se encontraría en la estructura de mando, que en su opinión ha quedado “a la deriva” después de la sucesión de salidas y cambios en puestos de responsabilidad.

elDiario.es ha intentado contrastar estas informaciones con Granados a través de distintos departamentos del Govern, pero señalan que prefiere no hacer declaraciones sobre este asunto. Sí defendió su gestión durante la comparecencia que, a petición de la oposición, efectuó en el Parlament el pasado 10 de junio, meses antes, por tanto, de que estallara con mayor intensidad la polémica actual sobre las salidas de directivos.

El relato de la periodista Sabrina Vidal añade otra dimensión a la polémica que rodea a la gerencia. La que fuera responsable de Comunicación de Son Espases hizo público su testimonio sobre episodios que describe como humillaciones, exclusión y presión durante su etapa en el hospital. Vidal sostiene que el deterioro de la relación con la gerencia terminó afectando a su salud y que llegó a necesitar atención psicológica y una baja médica antes de solicitar un cambio de destino y abandonar finalmente el IB-Salut. Su relato no identifica expresamente a Cristina Granados como responsable de cada uno de los episodios que describe, pero sitúa el conflicto en el entorno de la gerencia.

La que fuera responsable de Comunicación de Son Espases, Sabrina Vidal, hizo público su testimonio sobre episodios que describe como humillaciones, exclusión y presión durante su etapa en Son Espases

“Empecé muy feliz y terminé muy mal”

En declaraciones a elDiario.es, Vidal describe una organización atravesada por conflictos internos y decisiones que, según su percepción, se adoptaban en un clima de desconfianza. También asegura que las tensiones afectaban a distintos niveles de la estructura directiva y que algunos profesionales optaban por aislarse para protegerse. Su relato incluye referencias a enfrentamientos entre responsables, a la salida de miembros del equipo y a la dificultad de conocer qué ocurría realmente dentro de la gerencia.

La exresponsable de Comunicación también considera que el principal problema del hospital no es la falta de profesionales capaces, sino el modo en que se ejerce el poder dentro de la organización. En su opinión, Son Espases cuenta con equipos y trabajadores de gran valor, pero la sucesión de conflictos y salidas ha terminado dañando su estabilidad interna.

El pasado 7 de septiembre, la Junta de Personal de Son Espases abordó la denuncia pública de la periodista después de que el Sindicato de Enfermería-SATSE reclamara una reunión extraordinaria y pidiera explicaciones a la gerencia. Los representantes de los trabajadores rechazaron elaborar un escrito de condena por el supuesto acoso denunciado por Vidal al no alcanzar la propuesta la mayoría necesaria. Granados no acudió a la reunión y el IB-Salut argumentó que no constaban denuncias por los cauces reglamentarios y que Vidal ya no trabajaba en el centro. SATSE reclamó entonces revisar los protocolos contra el acoso e investigar si la antigua responsable de Comunicación había trasladado sus quejas por correo electrónico a sus superiores.

Fuentes del Govern, al ser preguntadas por elDiario.es sobre si se ha abierto algún tipo de investigación interna en torno al caso de Vidal y la situación de otros cargos, defienden que no han recibido denuncias formales por acoso a través de sus canales internos y remiten a las declaraciones públicas ya efectuadas por varios responsables del Ejecutivo autonómico, entre ellos el director general del Servei de Salut, Javier Ureña, quien ha reducido el conflicto conocido por la Administración a “desavenencias técnicas a nivel profesional” y ha defendido públicamente la continuidad de Granados.

Frente a ello, Vidal matiza que no existió una denuncia formal, pero sí “repetidas peticiones de ayuda”. “Desde el minuto cero conocían mi situación y la de los demás afectados a medida que han ido cayendo”, incide la periodista, quien asevera, además, que hay constancia de todo ello por escrito.

Por otro lado, las resoluciones oficiales consultadas por este medio muestran una continua renovación de puestos de mando y supervisión en Son Espases. Entre los procedimientos utilizados figura la libre designación, una fórmula prevista para determinados puestos y que no implica por sí misma ninguna irregularidad. En 2024, por ejemplo, se convocaron mediante este sistema varias plazas de responsabilidad, entre ellas puestos de supervisión y encargados de turno; posteriormente se produjeron nuevas convocatorias y adjudicaciones en áreas como Farmacia Hospitalaria, Hemoterapia, Admisión o Convalecencia. La documentación disponible permite seguir los cambios en la estructura directiva, aunque no permite establecer por sí sola que estas reorganizaciones respondan a un determinado criterio político o personal.

Son Espases defiende la gestión de Granados

Las informaciones acerca de una pérdida de apoyo interno de Granados habían aparecido incluso antes de que Vidal hiciera público su testimonio. En junio, fuentes del propio hospital consultadas por la Cadena SER describieron un “clima de tensión insostenible”, con “faltas de respeto” y órdenes “directas y unidireccionales”. “Hay muchísimas fisuras internas y tiene un equipo unido contra ella. Hay un ambiente tenso y hostil”, aseveraban las mismas fuentes.

elDiario.es se ha puesto en contacto con el gabinete de comunicación de Son Espases, desde donde lamentan que el foco sobre las salidas y los conflictos internos esté dejando en segundo plano la actividad asistencial del hospital y ponen el acento en la dimensión del centro, con unos 6.000 profesionales. Sostienen que, frente a la atención mediática que han recibido las salidas de algunos cargos, durante estos años se han puesto en marcha y mejorado distintos servicios y prestaciones. Entre los ejemplos que citan figuran la ampliación de la atención a pacientes con ictus, la actividad del servicio de Alergología y la renovación de ocho quirófanos, además de la incorporación de uno nuevo y la previsión de reformar otros tres.

Desde el hospital de Son Espases defienden que, frente a la atención mediática que han recibido las salidas de algunos cargos, durante estos años se han puesto en marcha o mejorado distintos servicios y prestaciones

Desde el hospital sitúan así la respuesta a las críticas en los resultados de gestión y asistenciales más que en las polémicas sobre el funcionamiento de la cúpula. La posición trasladada es que no se está produciendo una situación excepcional en Son Espases respecto a otras etapas y que el hospital continúa funcionando con normalidad pese a la atención sobre los cambios en su equipo directivo. Es la misma postura que mantiene el Govern, que en los últimos días ha reforzado públicamente su respaldo a Granados.

La presión asistencial entra en conflicto

Las críticas a la gerencia no se limitan al funcionamiento de la estructura directiva. SATSE ha vinculado su petición de cese a problemas asistenciales que, denuncia el sindicato, se han agravado durante el verano: falta de enfermeras, sobrecarga de trabajo y presión en servicios como Urgencias y Neonatología. El sindicato considera especialmente significativa la salida de Natalia Vallés por producirse después de un periodo de elevada presión asistencial.

La entidad sostiene que en determinadas ocasiones se habría obviado el criterio de Vallés en decisiones relacionadas con la atención a los pacientes. Para SATSE, Son Espases “no puede seguir ocupando titulares de dimisiones, conflictos internos, acusaciones públicas de supuestos tratos vejatorios y una retahíla de problemas de gestión y asistenciales que solo consiguen desprestigiar la imagen del hospital de referencia de Balears y, lo que es más grave, dañar la confianza de sus profesionales”.

Para SATSE, Son Espases "no puede seguir ocupando titulares de dimisiones, conflictos internos, acusaciones públicas de supuestos tratos vejatorios y una retahíla de problemas de gestión y asistenciales que solo “consiguen desprestigiar la imagen del hospital de referencia de Balears"

La salida de la directora de Enfermería es, según el sindicato, “la gota que ha colmado el vaso” tras un verano marcado por “una sucesión de problemas que evidencian la falta de previsión y de capacidad de gestión de la gerencia”. SATSE sitúa entre ellos la falta de enfermeras y matronas y la saturación de las Urgencias, donde, según denuncia, se han llegado a acumular decenas de pacientes pendientes de ingreso.

Especialmente crítica, sostiene la organización sindical, fue la situación de Neonatología: “16 bebés para una unidad de 12 plazas y enfermeras atendiendo hasta tres pacientes”. “No se puede gestionar un hospital de referencia a costa de sobrecargar a sus profesionales y poner al límite la seguridad de los pacientes”, denunciaba SATSE en un comunicado difundido el pasado 10 de septiembre.

Dos días antes, el Govern había difundido un comunicado acerca del incremento de recursos humanos de Son Espases: la Conselleria de Salud aseguró que el hospital había aumentado su plantilla un 8% desde 2023, con 441 profesionales más, entre ellos 320 incorporaciones de enfermeras y técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) y 78 médicos especialistas. Según los datos facilitados por el Ejecutivo, la plantilla del hospital de referencia de Balears asciende actualmente a 5.822 trabajadores.

“Peonadas premium”

El mismo sindicato denunció en junio las denominadas “peonadas premium”, unas jornadas extraordinarias cuyo gasto habría aumentado un 60% mientras la actividad quirúrgica descendía un 11%. También se añadió la polémica por la participación de Granados en una manifestación en Madrid en apoyo de los médicos en huelga y la de su director médico, Vicente Torres, en las movilizaciones celebradas ante Son Espases, precisamente mientras el hospital afrontaba problemas de listas de espera y saturación en Urgencias. Para el sindicato, estas decisiones reflejan una falta de prioridades: “Es difícil entender estas prioridades cuando el hospital tiene problemas que requieren soluciones urgentes y es una muestra más de la dudosa capacidad de la gerente para hacer frente a la gestión de Son Espases”.

Frente a las críticas vertidas a nivel sindical, la Conselleria ha defendido públicamente las decisiones adoptadas por el hospital y ha desvinculado los complementos salariales de la evolución de las listas de espera. La titular de este departamento, Manuela García, sostuvo en junio que el hecho de que determinados profesionales cobrasen complementos distintos no implicaba que fueran a dejar de trabajar y afirmó que “ellos hacen su trabajo”. La propia Granados, en la comparecencia parlamentaria que realizó ese mismo mes, defendió los complementos quirúrgicos como una herramienta para realizar intervenciones complejas fuera del horario ordinario y negó que se estuvieran reteniendo pacientes, retrasando altas o cerrando las Urgencias.

En una entrevista en Onda Cero, la máxima responsable de Son Espases admitió ser “muy exigente”, rechazó la etiqueta de autoritaria y achacó el deterioro de las listas de espera a la huelga médica, defendiendo que la demora máxima quirúrgica había bajado de 1.200 a 643 días y la media de 125 a 107.

La Conselleria de Salud ha defendido públicamente las decisiones adoptadas por el hospital y respalda a la gerente

Controversia en otros hospitales

Granados llegó a Son Espases procedente de Quirónsalud, donde ocupaba la dirección territorial de Hospitales de Madrid tras haber pasado por la gerencia de varios hospitales públicos y privados. Su amplio currículo en gestión sanitaria fue precisamente uno de los principales argumentos esgrimidos por el Ejecutivo de Prohens para justificar su elección. Sin embargo, su trayectoria al frente de distintos centros sanitarios también estuvo acompañada de episodios de conflictividad y críticas a su modelo de gestión.

Su paso por el Hospital Virgen de la Salud de Toledo, que dirigió entre agosto de 2014 y 2015 (con Cospedal al frente de la presidencia de Castilla-La Mancha, estuvo marcado por las denuncias de saturación de las Urgencias y por el conflicto con parte de la plantilla. En noviembre de 2014, el coordinador de Urgencias fue cesado después de un enfrentamiento con Granados: trabajadores del centro atribuyeron el cese a su negativa a ocultar de la vista a los pacientes hospitalizados en los pasillos, como recogieron entonces varios medios de comunicación, entre ellos elDiario.es, mientras la propia gerencia negaba que existiera un colapso extraordinario y defendía que el funcionamiento de Urgencias era similar al de años anteriores.

Meses después, en abril de 2015, las auxiliares de Enfermería de los quirófanos presentaron ante la Inspección de Trabajo una denuncia contra la gerente por sobrecarga laboral. Según el sindicato CSIF, las profesionales llevaban años reclamando refuerzos y eran obligadas a asumir, dentro de su jornada ordinaria, las urgencias de cirugía cardíaca, las extracciones de órganos y los trasplantes renales, además de sus funciones habituales, como informó en su momento la Cadena SER. El sindicato sostenía que esta situación se producía de forma constante y que las trabajadoras se encontraban “al límite de rendimiento y posibilidades”. Ese mismo otoño, la supervisora de Enfermería de Urgencias dimitía después de reclamar más personal ante la apertura de nuevos boxes. El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) alegó en nota de prensa que la dimisión de esta profesional se debía “a motivos personales”.

Durante su etapa al frente del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, entre 2015 y 2018, Granados recibió críticas sindicales por su gestión, especialmente por las listas de espera, el cierre de camas y las relaciones con los representantes de los trabajadores. En 2015, SATSE llegó a calificar de “dictatorial” su actitud y sostuvo que su trayectoria previa en Guadalajara y Toledo estaba marcada por una “nula predisposición a negociar” con los representantes sindicales.

Granados llegó a Son Espases procedente de Quirónsalud y tras haber pasado por la gerencia de varios hospitales. Su trayectoria ha estado acompañada de episodios de conflictividad y críticas a su modelo de gestión

En plena polémica por su gestión, Granados defendía públicamente su actuación en una entrevista con la Cadena SER en la que abordó las listas de espera y el cierre de camas, dos de los principales focos de críticas a su gestión en Salamanca. La entonces gerente aseguraba que había llegado al hospital con la intención de “abrir un tiempo de diálogo” y afirmaba que se reunía cada mes con sindicatos, jefes de servicio y supervisores para conocer los problemas del centro.

Uno de los episodios que levantó la polvareda a su paso por el centro hospitalario fue la instalación de una estructura exterior -popularmente bautizada como la “jaima”- para realizar resonancias magnéticas mientras el hospital renovaba su único equipo. La medida fue duramente cuestionada por las condiciones en las que los pacientes debían acceder a una prueba diagnóstica dentro de una instalación provisional en un contexto de críticas a la gestión del complejo y a la reorganización de espacios.

Solo unos meses después, en diciembre de 2016, seis sindicatos -CCOO, CGT, CSIF, SATSE, UGT y USAE- exigieron públicamente su dimisión y convocaron una protesta a la que asistieron un centenar de profesionales de Enfermería a raíz de unas declaraciones de Granados sobre las enfermeras que fueron consideradas como una falta de respeto y un “maltrato profesional”. Las organizaciones sindicales denunciaron “cambios continuos de unidades” y “largas listas de espera quirúrgicas y de consultas”.

Por su parte, la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Salamanca cuestionó en agosto de ese año el nombramiento de Granados y llegó a plantear si su llegada a la provincia constituía un “premio” o un “destierro” tras su salida de Castilla-La Mancha. En un texto especialmente crítico con la política sanitaria del Ejecutivo del PP, la asociación afirmaba: “Parece que el Partido Popular premia a los que en su gestión han sido fieles a los dictados del partido aunque su actuación haya sido mala y en contra de la opinión de la mayoría de la población”. Un año después, una Marea Blanca reclamó públicamente su cese.

La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Salamanca afirmó: 'Parece que el Partido Popular premia a los que en su gestión han sido fieles a los dictados del partido aunque su actuación haya sido mala y en contra de la opinión de la mayoría de la población'

En febrero de 2019, Granados abandonaba la gerencia del complejo hospitalario salmantino alegando “motivos personales” para pasar a asumir, apenas unos días después, la dirección del Hospital Universitario de Torrejón. Permaneció al frente del centro madrileño hasta 2020, cuando dio el salto a Quirónsalud como directora territorial de Hospitales en Madrid. Tras esta etapa en la sanidad privada, regresó al sistema público para asumir, en septiembre de 2023, la gerencia de Son Espases.

Un modelo de dirección bajo escrutinio

En noviembre, apenas dos meses después de su nombramiento, Granados comparecía ante el Parlament tras así solicitarlo una quinta parte de los diputados de la Comisión de Asuntos Institucionales y Generales, adscritos al Grupo Socialista, con el objetivo expreso de “evaluar su idoneidad” para dirigir el hospital. El diario de sesiones de la Cámara permite reconstruir las preguntas que recibió Granados y las explicaciones que ofreció entonces sobre su trayectoria, su llegada a Balears y su proyecto para el principal hospital público de las islas.

Granados dedicó buena parte de su intervención inicial a defender su trayectoria profesional. Explicó que había comenzado “desde abajo”, como médica, y que había pasado por puestos de jefa de servicio, subdirectora, directora médica y gerente. Enumeró su experiencia en Móstoles, Guadalajara, Toledo y Salamanca, además de su etapa posterior en el Hospital de Torrejón y en Quirón. Su argumento central para justificar su idoneidad fue precisamente la experiencia acumulada en hospitales de distintos tamaños y su capacidad para introducir cambios.

Sin embargo, la comparecencia adquirió especial interés cuando el socialista Carles Bona confrontó esa trayectoria con las informaciones publicadas sobre su paso por otros hospitales. Le preguntó por las críticas recibidas en Móstoles, Toledo, Salamanca y Torrejón y llegó a leer literalmente titulares y acusaciones de sindicatos y profesionales. Entre ellas, una de UGT que calificaba su estilo de dirección en Móstoles de “no dialogante y dictatorial” y vinculaba su gestión a la salida de 18 facultativos de Urgencias. La gerente llegó a señalar que una de las representantes sindicales que figuraba en las informaciones críticas terminó siendo amiga suya y que conservaba incluso “un regalo del comité de personal del hospital”.

Sobre Toledo, le preguntó por las informaciones que aseguraban que había cesado al coordinador de Urgencias por negarse a “esconder” a pacientes en los pasillos. Al respecto, Granados explicó que llegó a este centro hospitalario para abordar un problema grave de organización de Urgencias, después de que se hubieran producido “eventos adversos importantes” que, según su explicación, estaban relacionados con la mala organización del servicio. Sobre el episodio del coordinador de Urgencias, negó haberlo cesado: sostuvo que “él presentó su dimisión” porque no estaba de acuerdo con las medidas que estaba aplicando la dirección.

Acerca de Salamanca, defendió que fue elegida por su experiencia en proyectos de construcción y reorganización hospitalaria. Su relato se centró en la fusión de dos hospitales, la reorganización de los servicios, el nombramiento de jefaturas únicas y el replanteamiento del proyecto del nuevo hospital, cuyo plan funcional había quedado obsoleto. Cuando Bona le planteó las críticas por los cambios de espacios y la polémica de la unidad móvil de resonancias instalada en el exterior, Granados respondió que los cambios eran necesarios para organizar el nuevo hospital y explicó que el hospital solo tenía una resonancia, que consiguieron comprar otra y que, durante el periodo de transición, tuvieron que instalar una unidad externa cubierta. Lo justificó alegando que era necesario cubrir la estructura “para que los pacientes no estuvieran desnudos haciéndose una resonancia”.

“Voy a tener un equipo magnífico en Son Espases”

También respondió directamente a las dudas sobre su llegada a Balears. Cuando le preguntaron si conocía previamente a la consellera Manuela García y por qué había sido elegida, contestó que no la conocía “de nada”, asegurando que la consellera había pedido “gente experta y técnica” para dirigir Son Espases. Añadió: “Creo que tengo suficiente currículum para poder estar dirigiendo un hospital como Son Espases”. Sobre las informaciones que hablaban de malestar en el PP por su nombramiento, afirmó: “Y en el PP nadie me ha trasladado ningún inconveniente”.

Creo que tengo suficiente currículum para poder estar dirigiendo un hospital como Son Espases

Cristina Granados — Gerente de Son Espases, dos meses después de su nombramiento

En aquella comparecencia, Granados defendió que una de sus prioridades era precisamente estabilizar a los profesionales y reducir el estrés mediante una mejor organización del trabajo. Dijo que no tenía sentido que una persona estuviera cambiando continuamente de puesto y afirmó: “Hay que estabilizar el puesto de trabajo y estabilizar la formación”. También sostuvo que los cambios debían hacerse “siempre hablando con los profesionales que están implicados”.

Al explicar cómo pensaba formar su equipo en Son Espases, Granados dijo que quería contar fundamentalmente con personas de dentro del hospital. “Lo más importante de un proyecto es un equipo”, afirmó, y añadió que había tenido la oportunidad de entrevistar a profesionales y que contaba con “tres directores con experiencia” que le ayudarían. Incluso aseguró: “No me cabe la menor duda que voy a tener un equipo magnífico. No me cabe la menor duda”.

Sindicatos médicos de todo el país han acordado la convocatoria de una huelga indefinida estatal, que comenzará el próximo miércoles 28 de octubre, en protesta por el Estatuto Marco acordado entre el Ministerio de Sanidad y las organizaciones sindicales presentes en el ámbito de negociación —CCOO, UGT, CSIF y Satse— y que aprobó la semana pasada el Consejo de Ministros.

Según ha avanzado este viernes la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) en un breve comunicado, la decisión la tomaron durante la tarde del jueves los actuales integrantes del Comité de Huelga. La decisión se enmarca en la estrategia de paros que vienen realizando desde principios de año y que les llevó a protagonizar un paro semanal cada mes, de febrero a junio.

Aunque había dudas sobre la nueva convocatoria, tras los acuerdos alcanzados por los sindicatos en algunas comunidades, finalmente se ha convocado una huelga indefinida para el 28 de octubre, aunque “queda pendiente cerrar el calendario del resto de actuaciones que forman parte de la movilización frente al Estatuto Marco”, indican desde CESM.

En el Comité de Huelga están presentes CESM, el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya, la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), el Sindicato Médico de Euskadi y el de Facultativos de Galicia Independientes (O'mega).

Desde la Unión Médica y Facultativa, indican que “la movilización persigue que el Ministerio de Sanidad reconsidere su planteamiento y abra una negociación real que permita avanzar hacia un Estatuto Médico y Facultativo propio, capaz de reconocer las particularidades de la profesión y de garantizar unas condiciones de ejercicio acordes con su nivel de responsabilidad y formación”.

El conflicto, encallado durante meses, tiene su origen varias reivindicaciones de los profesionales médicos. Por un lado, exigen un Estatuto propio y un ámbito de negociación donde abordar sus condiciones laborales al margen del resto de trabajadores del sistema. Por otro, mejoras en esas condiciones, como la jornada semanal de 35 horas o que las horas de guardia se remunere por encima de la ordinaria, que se reduzcan y que sumen para adelantar la jubilación —en España, para este supuesto, se cotiza por día trabajado, no por cantidad de horas—.

El texto, pactado entre Sanidad y los sindicatos del ámbito, incluye algunas mejoras, como la reducción de las guardias obligatorias de 24 a 17 horas o la jornada laboral máxima de 45 horas semanales, insuficiente para las organizaciones sindicales médicas.

El argumento que esgrimen desde Sanidad para no atender a esas demandas es que muchas de ellas escapan de sus competencias y que, incluso, supondrían incumplir la ley. Por ejemplo, los cambios en la jubilación corresponderían al Ministerio de Seguridad Social —aunque desde el departamento que dirige Mónica García se habrían abierto a negociar para que se tuviera en cuenta la penosidad de las guardias en los coeficientes reductores— y el grueso de las competencias en sanidad son de las comunidades autónomas, que también han pedido que se reinicie la negociación.

En un mensaje publicado este viernes en la red social X, la ministra Mónica García ha defedido que llevar el Estatuto Marco al Congreso “no puede ser una ofensa para nadie, excepto para quienes quieren eludir sus responsabilidades o esconder sus competencias tras las del Ministerio”. En ese sentido, ha insistido en que “las competencias exclusivas en materia de planificación, ordenación y recursos humanos corresponde a las comunidades autónomas”.

Pese al malestar generado entre los médicos, desde el Ministerio nunca han dado muestras de plantearse retirar el texto, que enfila ya su trámite parlamentario. “Las leyes se aprueban, se rechazan o se enmiendan en el poder legislativo, no en un despacho”, ha escrito García. De hecho, desde CESM avisaban este miércoles de que la estrategia debía pasar también por un “conflicto permanente” y avanzaban su intención de realizar una ronda de contactos con los grupos parlamentarios que deben aprobar o tumbar esa medida.

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) ha anunciado este martes una nueva estrategia frente al Estatuto Marco, aprobado la semana pasada en Consejo de Ministros y que inicia ahora su trámite parlamentario. La organización ha planteado un escenario de “conflicto permanente” en los próximos meses, hasta que sus reivindicaciones se incorporen al texto que Sanidad pactó con los sindicatos del ámbito de negociación —donde los sindicatos médicos no están represetados— en diciembre.

El Comité de Huelga —donde están presentes otros sindicatos, como Metges de Catalunya, Amyts, el Sindicato Médico de Euskadi, el Andaluz y O'Mega— había amenazado antes del verano con un paro indefinido en septiembre, tras los semanales que habían sido convocados cada mes desde enero.

Cómo serán esos paros, no obstante, está todavía en el aire y será el Comité, quien “tomará sus decisiones sobre las próximas acciones por unanimidad, para recordar que un Estatuto Marco que afectará directamete al futuro profesional de casi 200.000 facultativos no puede aprobarse sin contar con el respaldo de la profesión médica y de las organizaciones que la representan”, indican la CESM en un comunicado, en el que apelan por la “unidad de acción”.

La Confederación ha avanzado también su intención de abrir una ronda de contactos con todos los partidos políticos con representación parlamentaria dentro de ese “conflicto permanente”, con el objetivo de que no apoyen la tramitación del Estatuto Marco. Pedirán, indica, “que presenten una enmienda a la totalidad que fuerce una devolución del proyecto al Ministerio y una nueva negociación real que tenga en cuenta las reivindicaciones del colectivo médicos”.

Esas reivindicaciones pasan por un ámbito de negociación específico, una jornada ordinaria real de 35 horas, el reconomiento y la compensación del exceso de jornada, una reforma del sistema de guardias y una clasificación profesional “acorde al nivel de formación”. El Estatuto Marco reduce las guardias obligatorias de 24 a 17 horas y la jornada laboral máxima a 45 horas semanales.

Desde el Ministerio de Sanidad llevan meses insistiendo en que esas reivindicaciones corresponden a las comunidades autónomas, quienes tienen las competencias en este área. “Nosotros solo delimitamos el campo y las normas mínimas básicas y hemos puesto la pelota a jugar en la mejora de las condiciones laborales de los profesionales”, señalaba García en una reciente entrevista en elDiario.es.

De hecho, en los últimos meses los sindicatos médicos han ido alcanzando acuerdos con algunas consejerías en este sentido. Por ejemplo, en Andalucía, el Sindicato Médico Andaluz aseguró que el pacto con el Gobierno de Moreno Bonilla “ofrece respuesta a una de las principales demadas de movilización contra el Ministerio: la equiparación de la retribución de las guardias a la hora ordinaria y la revisión del modelo basado en su obligatoriedad”.

Ya entonces desde la organización andaluza consideraron que sería “difícilmente compatible” promover una huelga indefinida en Andalucía, pese al “conflicto abierto” con el Ministerio. De ahí esa llamada a la “unidad de acción” como “clave” por parte de CESM.

La CESM apunta que, además de con los grupos parlamentarios, buscará presionar en “todos aquellos ámbitos en los que exista capacidad de influencia y de decisión”, desde Europa hasta las comunidades autónomas, a quienes pedirán “pronunciamientos, resoluciones y compromisos jurídicos”. También explorarán la vía judicial para “denunciar aspectos del Estatuto Marco que vulneren la legislación nacional y europea”.

Primero va a ser Catalunya, con un día para empezar. Le seguirá Madrid, con fecha de principio, pero no de fin. Luego Andalucía, quizá la Comunitat Valenciana, Cantabria, Aragón... El curso educativo comienza esta semana en toda España exactamente como terminó el pasado: entre huelgas convocadas en algunas comunidades, protestas que podrían desembocar en más paros en otras y con un gran descontento generalizado entre los docentes. Mientras, el Ministerio de Educación trata de aprobar mejoras en sus condiciones laborales para que “la legislatura del profesorado”, como la han llamado las dos ministras que ha habido desde las últimas elecciones, sea algo más que un eslogan.

Los sindicatos educativos llevan meses, si no años, advirtiendo del deterioro de las condiciones en que se ejerce la docencia y el impacto que tiene en la salud mental del profesorado. El aumento de la diversidad en las aulas, derivado de la creciente presencia de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo —que a su vez se explica en parte por la mejora de los sistemas de detección y diagnóstico—, junto a una ley educativa, la Lomloe, que exige una atención personalizada —y su subsiguiente burocracia en forma de informes personales “en cada paso que das”, denuncian los docentes–, han formado un cóctel explosivo que ha llevado a los profesionales al límite.

En menos de 20 años (desde 2007 hasta 2025), el porcentaje de docentes que dice vivir su profesión con indiferencia ha pasado del 2 al 38%, según un estudio reciente de la Fundación SM. El profesorado siempre rehúye ese mantra de que haga falta vocación o vivir la docencia con pasión para ejercer y ser un buen profesional, pero el dato es indicativo de la degradación del sector en los últimos años.

Las ratios de alumnado por clase, los salarios, las horas lectivas, la falta de especialistas (profesorado de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje), el trato preferente en algunas comunidades que recibe la escuela concertada, la burocracia que aplasta... Las reivindicaciones, transversales a casi todas las comunidades, se agolpan. Y las comunidades siguen sin resolver la alta tasa de interinidad, situada de manera casi crónica entre el 25% y el 30%, según calculan algunos sindicatos, porque no existen datos oficiales.

Además de ver cómo no llegan los recursos que necesitan, los docentes no se sienten valorados ni respaldados por la sociedad, pese a que cada vez les toca asumir más tareas, desde controlar el uso de los móviles hasta vigilar las autolesiones o el acoso escolar. Lo resume Rosa Rocha, directora del IES Guadarrama, en Madrid: “Tienen que cuidarnos un poco más, especialmente algunas familias. A fin de cuentas estamos educando a sus niños, hacemos un muy buen trabajo para la sociedad”.

El aumento de la complejidad

CCOO trató de poner cifras a ese aumento de la diversidad: el conjunto del alumnado con necesidades educativas de algún tipo se ha incrementado por encima del 75% en seis años y ha pasado de suponer un 7,59% del total al 13%, según un cálculo conservador. CSIF estima que, en total, hay 1,2 millones de estos estudiantes, el triple que hace 15 años.

Y, mientras eso pasaba y las clases se complejizaban, la partida destinada a atender esta creciente diversidad subía un 31%. No hace falta ser matemático para observar que las cuentas no salen y el déficit lo paga el profesorado, vienen a explicar los responsables sindicales.

Los docentes exigen dinero, pero más para el sistema que para ellos mismos (que también). La mayoría de las reivindicaciones del curso anterior, como las de este, incluyen una mejora salarial, pero en Catalunya, donde las protestas se extendieron durante todo el año, los docentes rechazaron una subida de 600 euros mensuales en tres años porque no venía acompañada de otras medidas que alivien su carga y les permita trabajar mejor.

Retomarlo donde se dejó en junio

Durante el pasado curso, al menos diez autonomías vivieron protestas docentes de diferente magnitud. En alguna, como la Comunitat Valenciana o Madrid, con una intensidad nunca antes vista.

Abrieron fuego en Madrid las educadoras de Infantil, que empezaron en abril una huelga indefinida que aún se mantiene. Estas docentes son las más precarias de toda la educación y además están en un sector atomizado, con realidades muy diferentes en función del tipo de escuela en el que se trabaje: las públicas ofrecen condiciones considerablemente mejores que las privadas, donde las nóminas apenas superan el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). A partir del 14 de octubre se les unen el resto de compañeros de la educación no universitaria: más de una docena de organizaciones, incluidos varios de los principales sindicatos y asambleas docentes y de estudiantes, han convocado un paro indefinido ante la degradación de la educación pública.

En la Comunitat Valenciana los docentes fueron el pasado curso a un paro indefinido que mantuvieron durante cinco semanas consecutivas. Llevaron al límite a la Generalitat, aunque la ruptura de la unidad sindical por parte de ANPE y CSIF fue un torpedo en la línea de flotación de la protesta, que entró en pausa hasta este curso.

El profesorado catalán también forzó el pasado curso a su Generalitat con varias jornadas de paro no consecutivas y, sobre todo, manifestaciones de dimensiones no registradas en muchos años en este sector. El Govern trató de negociar, pero sus propuestas fueron rechazadas por insuficientes y los docentes volverán a las calles de nuevo este mismo viernes 11 de septiembre.

A ellas se sumará Andalucía, donde ya se ha convocado un paro general para el próximo 11 de noviembre contra el “desmantelamiento” de la educación pública en la región. Cantabria, Aragón, Balears, Castilla y León y Navarra también tienen previsto algún tipo de protesta para arrancar el curso, que no se descarta que escale a huelga.

El sindicato CSIF, uno de los principales del sector, ha anunciado una campaña de movilizaciones durante el mes de septiembre por el “abandono que sufre la educación pública por parte del Gobierno y las comunidades autónomas”, que, advierte la organización, podría desembocar en convocatorias de huelga.

La vía del Congreso

Mientras los docentes expresan su frustración en la calle —dirigida contra sus gobiernos autonómicos, que tienen las competencias educativas—, el Ministerio de Educación, que dirige Milagros Tolón, intenta sacar adelante varias medidas destinadas a mejorar su situación y que, en conjunto, deberían formar algo parecido a un estatuto docente. Este elemento es una de las principales reivindicaciones de las organizaciones sindicales desde hace años: una norma que regule y organice la carrera docente desde la entrada (el sistema de oposiciones) hasta la jubilación, pasando por promociones, cuerpo profesional, condiciones laborales, como ratios y horas lectivas, etc.

Pero ante la previsible dificultad de sacar adelante una norma tan completa, el anterior equipo ministerial decidió afrontarlo por partes. Así, se han creado varios grupos de trabajo sobre diferentes aspectos que van avanzando en paralelo. Educación decidió empezar por las horas lectivas semanales—de clase efectiva en el aula— y las ratios, que deberían ser las primeras en aprobarse.

Parte de ese camino ya está andado. A partir de este mes de septiembre, informa EFE, el proyecto de ley que reducirá el número de alumnos por clase en primaria y secundaria —máximo 22 y 25, respectivamente, desde los actuales 25 y 30— y reducirá la jornada docente —topes de 23 horas y 18 horas, respectivamente, desde 25 y 20— retoma su tramitación para continuar con la presentación de enmiendas, debate y votación. Pero esta ley requiere de mayoría para ser aprobada tanto en el Congreso como en el Senado y el trámite podría complicarse en un año electoral.

Probablemente, antes de eso, el Ministerio va a acometer la rebaja de las ratios de Infantil y Bachillerato, etapas no obligatorias y que se regularán en un Real Decreto que no necesita pasar por el Congreso. Educación propone bajar las ratios de Infantil (cuatro bebés por educadora en aulas para menores de un año, seis bebés en clases de uno y dos años, ocho en las de dos y tres años y 22 de tres a seis años), de Bachillerato (a 30 alumnos por profesor, desde 35) y de FP básica (tope de 15 alumnos). También podría incluir que el alumnado con necesidades específicas cuente doble y un aumento de los recursos para la orientación y para el coordinador de bienestar.

Aplausos, emoción, y mucho “esto no se para”. Es el grito de unión y de lucha de las asambleas de trabajadores y trabajadoras de Airbus en España, donde pesan ya los 34 días de huelga, unas cinco semanas, pero que mantienen todavía un gran descontento con la multinacional y la “fuerza” para seguir intentando “una negociación y acuerdo justos”, dicen varios trabajadores. La empresa asegura su apertura al diálogo, pero cerró la mesa con el comité de huelga y trata de ubicar un acuerdo en otro foro con todos los sindicatos. Algo interpretado en los paros como “ilegal” y “mala fe” de la dirección.

Este jueves, en las asambleas de trabajadores de Airbus en Getafe (Madrid) y en San Pablo (Sevilla), los dos mayores centros de la multinacional en España, se agrupan varios cientos de empleados de muchos perfiles. Sobre todo, de oficinas, muchos ingenieros e ingenieras de distintas especialidades, los que iniciaron este conflicto, aunque también hay personal más técnico y de taller.

En Sevilla, donde comienzan la asamblea al grito de “un aplauso a la resistencia”, se esperan máximas de 42 grados, así que los veladores colocados en la glorieta bajo el avión CN-235 no son mero decorado. Un camión pita para animar a los trabajadores, alimentando el estruendo de los altavoces que avivan el ambiente mientras que tres furgones de la Policía Nacional vigilan el acceso a la planta de San Pablo.

“Algunos peinamos canas, pero hay mucha gente joven y eso es novedoso”, explica un ingeniero de Getafe con larga trayectoria en la compañía, de los que mencionan a la anterior CASA (Construcciones Aeronáuticas S.A.). En Sevilla, para muchos jóvenes esta es la primera vez que se movilizan.

En un momento de beneficios récord de la multinacional –5.221 millones de euros el año pasado, un 23% más que en 2024–, y con el auge de ramas estratégicas de negocio como el área de Defensa, la plantilla reclama mejoras salariales que pongan fin a la pérdida continuada de poder adquisitivo de los últimos años, entre otras reivindicaciones.

Varios de esos trabajadores más jóvenes denuncian una empresa “poco flexible” y que no se adapta a las demandas de la plantilla. “Hay gente de subcontratas que está mejor en su empresa que en Airbus, porque le dejan teletrabajar más y con el mismo salario”, dice un ingeniero de hardware y software. También critica una reacción “autoritaria” por parte de la dirección ante las quejas de los trabajadores. “A compañeros les han dicho que, si no están contentos, que se larguen”, sostiene.

“Los compañeros de Madrid son los que han tirado. El precio de la vivienda es mucho más alto y las condiciones ya no son tan buenas como años atrás”, apunta Ramón (nombre ficticio) en Sevilla. Ese conato se contagió rápidamente a las plantas sevillanas, confiadas gracias a que cuentan con proyectos tecnológicos difíciles de reemplazar y reubicar. “Por un mismo trabajo están pagando un salario mucho más alto en Alemania, por ejemplo, cuando ya no hay tantas diferencias en los niveles de vida”, añade.

Fuentes de Airbus han insistido este jueves en que la multinacional “continuará trabajando para buscar una solución para todos los empleados, la empresa y el futuro de la compañía en España”. Tras desatarse en julio esta huelga masiva, la empresa de aviación se sentó a negociar con los sindicatos y ha planteado varias mejoras a las que se negaba solo hace unos meses (como volver a vincular las subidas salariales al IPC).

Sin embargo, en las últimas semanas Airbus ha endurecido el tono y exigido a la plantilla que levante los paros para cerrar un acuerdo. Sin éxito.

Los últimos movimientos de la multinacional están tratando de ubicar la negociación de un acuerdo fuera de la mesa con el comité de huelga (con los sindicatos minoritarios UGT, CGT y ÚTIL), en un foro más amplio con todos los sindicatos. La mayoría sindical de CCOO, ATP y SIPA no respalda la huelga indefinida iniciada en agosto. “Seguiremos trabajando para alcanzar una salida que mejore nuestro presente sin poner en riesgo nuestro futuro”, sostienen desde CCOO en un comunicado lanzado este jueves.

El despertar de una movilización y unidad “históricas”

En las asambleas de trabajadores explican la transversalidad del descontento de la plantilla con la dirección de Airbus, que ha derivado en esta prolongada huelga que tildan de “histórica”. Por el número de días, pero también por la unidad de los trabajadores entre departamentos, centros de trabajo e, incluso, a nivel generacional.

“Esto viene gestándose desde hace años”, sostiene una técnica de calidad de Getafe, que critica una devaluación de condiciones laborales en materia salarial y de derechos (como el comedor y el transporte colectivo), a la vez que han aumentado las decisiones unilaterales por parte de la multinacional. Como la reducción del teletrabajo, la “gota que colmó el vaso” e hizo estallar la movilización.

Alberto, con 43 años en Airbus en Sevilla, entró siendo apenas un chaval, con 14 años, impresionado por la magnitud y la envergadura de las aves metálicas. “Entrar aquí era un sueño. La gente tenía un sentimiento de pertenencia muy fuerte y, debido a que hay un producto tecnológicamente elevado y evidentemente caro, los sueldos y ese proceso de sindicalización iban acordes. Pero la política buscada por parte de la empresa es generar una individualización: aislar más para imponer sus políticas”.

La protesta ha derribado todas las barreras: generacionales, ideológicas, e incluso de puestos de mando, asegura Ramón.

“Hay un despertar de la gente más joven. Antes, había cierta sensación de los ingenieros como de clase superior, respecto por ejemplo al personal de taller, y eso no está en la gente más joven. Saben que son trabajadores y que tienen que pelear por lo suyo”, dice también otro ingeniero con más de dos décadas en la compañía en Getafe.

Por un lado, los trabajadores más experimentados y sénior, y por otro los más jóvenes, retratan como principal problema esa “pérdida de derechos” en medio de una sensación de injusticia. Porque su empresa no es que esté pasando apuros, es que le va mejor que nunca, advierten.

“En Airbus hemos estado en buena posición, había buenas condiciones, pero se han ido perdiendo. Poco a poco, jugando con que se está peor fuera, nos han ido devaluando salarios y derechos. Queremos que empresas que son buenas en España, como esta, no se pierdan”, dice un técnico aeronáutico del área de Defensa.

A eso se añade el “tono” y “trato” de la dirección a la plantilla, una queja muy repetida entre los trabajadores en huelga. Especialmente, señalan a Recursos Humanos, departamento que indican que han ido ganando poder sobre los manager de los equipos, explican.

La bronca por la negociación: “Esto no se puede cerrar en falso”

El conflicto se encuentra ahora en un punto complejo. Adela, que prefiere mantener el anonimato, se compró un piso a principios de este año y está tirando de ahorros para pagar la hipoteca. El mes pasado cobró 700 euros. Aun así, confía en esta lucha: “Yo quiero entrar con la cabeza alta”, afirma esta trabajadora de oficina del centro de San Pablo (Sevilla).

Así, en la plantilla pesan los días de huelga e insisten en que quieren volver a trabajar, “pero no de cualquier manera”, sino tras una negociación “real” con los sindicatos del comité de huelga que pueda desembocar en un acuerdo.

Sin embargo, Airbus cerró la mediación con UGT, CGT y ÚTIL en el SIMA y pretendía negociar en una mesa paralela que creó con todos los sindicatos. Ante la negativa de los convocantes de la huelga a debatir en ese foro (respaldados por las asambleas de trabajadores), y también la retirada de SIPA de esta mesa, este jueves la multinacional ha comunicado que cerraba también este segundo espacio de mediación en el SIMA.

Con una desconfianza creciente entre las partes, la multinacional emplaza a negociar a “todos los sindicatos”, algo que en CGT creen que se ubicará en la mesa de negociación del convenio colectivo. Fuentes de CGT, UGT y ÚTIL explican que están valorando acciones legales contra Airbus por vulneración del derecho de huelga, al negarse a negociar con los convocantes del paro.

Varios trabajadores piden a la empresa evitar un “cierre en falso” con un acuerdo solo con la mayoría sindical, pero que mantenga vivo el descontento de gran parte de la plantilla. En ese caso, Adela tiene claro que votaría 'no' al texto pactado. “Lo que busca este marketing empresarial es decir que no ha pasado nada, por eso tiene que haber un número importante de ‘noes’ en la votación: que la empresa sepa que no hay paz social”. Un joven ingeniero en el centro madrileño afirma que buscaría otro trabajo. “Aunque fuera en Mercadona”, sostiene.

En Getafe, muchos advierten de que, aunque los paros se desactivaran por agotamiento y sin un acuerdo satisfactorio, la semilla de la movilización iniciada este verano en Airbus ya tiene raíces profundas, y perdurará. Los trabajadores señalan en concreto a las próximas elecciones sindicales de 2027 y a la negociación del próximo convenio colectivo.

“Ahora somos un volcán en erupción”, dice una trabajadora en Getafe a sus compañeros, a los que recuerda que los volcanes, aunque estén inactivos, “no significa que estén muertos”. “Llegará un momento en que recuperaremos toda la energía. Estemos dentro o fuera, seguimos activos”, sostiene entre aplausos.

El secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga, ha afirmado este martes que el Ministerio sigue con “preocupación” el conflicto laboral en Airbus, con una huelga indefinida desde el pasado 24 de agosto, tras casi un mes de huelga en julio, y que se ha tensado en la última semana. Asi, el Gobierno se prepara para intervenir en la mediación “en los próximos días” si no hay un acuerdo, ha afirmado.

“No podemos jugar con el pan de los próximos 30 años”, ha sostenido García Brustenga a las preguntas de los periodistas en Santander, donde participa en el Encuentro de la Economía Digital y de las Telecomunicaciones, organizado por Ametic.

García Brustenga ha explicado que el conflicto “preocupa” al Gobierno, porque el sector aeroespacial y de aviación, tanto civil como militar, “es un sector que va a crecer muchísimo los próximos años” y en el que España está “bien ubicada” como país, por lo que se ha de “aprovechar esta oportunidad”.

Así, el 'número dos' del ministro Jordi Hereu en Industria ha afirmado que “cuanto antes se pueda resolver” el conflicto, con un acuerdo entre las partes, “mejor”, “porque hay competencia de otros” actores.

Atención a “los próximos días”

El secretario de Estado de Industria ha afirmado que el Ministerio está “muy atento” a la reunión de negociación que se celebra este martes en el SIMA entre la dirección de Airbus y los sindicatos.

El encuentro tiene lugar después del ultimátum de Airbus a los trabajadores, en el que exigió que se desconvocara la huelga para seguir negociando un posible acuerdo de mejoras laborales. La multinacional también ha paralizado las contrataciones en España y ha advertido de posibles pérdidas de proyectos en el país.

Sin embargo, las asambleas de trabajadores respaldaron ayer lunes el mantenimiento del paro, con un 81% de apoyo. Desde la parte trabajadora reclaman a la multinacional que no negocie con “amenazas” y subrayan que “el tono” de la dirección está complicando la resolución del conflicto.

Al final de la mañana, se ha cerrado sin acuerdo la mesa de negociación del SIMA sobre la huelga, ante la negativa de Airbus a seguir negociando con los sindicatos convocantes sin la suspensión de los paros, indican fuentes sindicales.

No obstante, se mantiene la negociación en la mesa paralela que se creó a petición de Airbus con toda la representación sindical, que aborda el convenio colectivo. Esta otra mesa, se reúne esta misma tarde para seguir negociando un posible acuerdo, indican estas fuentes.

“Somos optimistas en el sentido de que son responsables, tanto los sindicatos como la empresa, pero seguramente tendremos que entrar en algún momento”, ha afirmado García Brustenga, que ha emplazado a ver qué sucede “en los próximos días”. La decisión, en cualquier caso, será del ministro Hereu, ha apuntado su 'número dos'.

Trabajadores de Bilbobus —el servicio autobuses urbanos de Bilbao— han denunciado ante Inspección de Trabajo que la maquinaria de lavado de los autobuses “presenta deficiencias graves, desprendiendo vapores gaseosos y aerosoles con fuerte olor a descomposición orgánica que provocan de forma inmediata irritación severa en ojos, fosas nasales y garganta a los operarios expuestos”.

En un escrito presentado el pasado 20 de agosto, los trabajadores han exigido “la intervención urgente de la Inspección de Trabajo en el centro de trabajo de Bilbobus para constatar los hechos descritos”. “Asimismo, se solicita que se requiera formalmente a la empresa la paralización cautelar de la maquinaria de lavado en modo aerosol hasta que aporte los boletines oficiales de laboratorio que certifiquen de forma fehaciente que el agua se encuentra libre de Legionella y otros agentes patógenos”, apunta el documento al que ha tenido acceso elDiario.es/Euskadi.

Según manifiestan a este periódico, a raíz de la denuncia, la empresa reconoció “la existencia de anomalías graves y una manipulación irregular de la bomba del lavadero”, por ello, el 19 de agosto el proveedor técnico, la empresa Istobal, realizó una revisión integral de la máquina de lavado y del sistema de cloración de las aguas de lavado. Tras dicha intervención, la empresa insiste en que “el sistema se encuentra plenamente operativo”. Sin embargo, los trabajadores critican que se les oculten “los parámetros físico-químicos del agua y los boletines de las analíticas microbiológicas urgentes obligatorias por ley”.

“La falta absoluta de transparencia y el hecho de no disponer de ninguna prueba documental que acredite las actuaciones realizadas ni los resultados microbiológicos, está generando una grave situación de inseguridad y miedo entre los trabajadores expuestos ante un posible contagio por Legionella y la vulneración flagrante del Artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales”, denuncian los trabajadores afectados.

Desde el Departamento de Movilidad del Ayuntamiento de Bilbao sostienen que “tras la anomalía detectada en el lavadero el pasado 18 de agosto, la empresa actuó de manera inmediata procediendo a la paralización preventiva de la instalación y avisando de inmediato al servicio técnico especializado para su revisión y reparación. Una vez resuelta la causa que originó el problema y tras verificar el correcto funcionamiento del sistema, se procedió al restablecimiento y puesta en marcha del lavadero con totales garantías”, defienden desde el Departamento de Movilidad, quienes insisten en que “existe un mantenimiento concertado y análisis periódicos en cumplimiento de la norma”.

A pesar de ello, los trabajadores confirman a este periódico que los olores y picores en garganta y ojos siguen produciéndose durante los días posteriores a la revisión de la empresa y lamentan que la empresa les “obligue a trabajar” en esas circunstancias.

El Estatuto Marco continúa su travesía, pese a las adversidades. El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros el texto que Sanidad pactó con los sindicatos del ámbito —UGT, CCOO, CSIF y Satse— en diciembre y que ha provocado un conflicto entre el Ministerio que dirige Mónica García y las organizaciones sindicales médicas, que han amenazado con una huelga indefinida este mes de septiembre.

La advertencia de los sindicatos del ramo llegó en junio. Tras meses de paros semanales, y en un clima de máxima tensión, el Comité de Huelga avanzó que habría una huelga indefinida en septiembre si no se cumplían sus demandas, ante el “nulo avance en el conflicto” y el “empeño de Sanidad de seguir adelante con la tramitación del texto”.

Tras la aprobación del Estatuto Médico en esta segunda vuelta en Consejo de Ministros, desde el Comité de Huelga han lamentado la “cerrazón” del Ministerio. “Resulta incomprensible que, después de un conflicto de esta magnitud, Sanidad haya dejado transcurrir el verano sin realizar un verdadero intento de acercamiento y pretenda ahora continuar la reforma prácticamente desde el mismo punto”, han indicado en un comunicado.

La ministra, que llegó a acusar a los sindicatos médicos de deslealtad en la negociación, ha defendido en todo momento la tramitación del texto. Con su aprobación este martes en Consejo de Ministros, el siguiente paso es el salto al Congreso, donde “los partidos políticos tendrán oportunidad de posicionarse”, ha expresado la Ministra portavoz, Elma Saiz, sobre un texto que “supone una mejora sustancial de las condiciones básicas para todos los profesionales”.

Los sindicatos médicos, que pidieron la dimisión de García y reclamaron al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que interviniese para desbloquear el conflicto, exigen a Sanidad un Estatuto y un ámbito de negociación propios, una clasificación profesional diferenciada y una jornada laboral “justa”, que incluya la implantación de las 35 horas semanales.

Pese al conflicto abierto, en los últimos dos meses no se ha producido ningún acercamiento entre el Ministerio y los sindicatos médicos. “Ningún contacto”, confirman fuentes sindicales. Mientras, desde el departamento que dirige García insisten en señalar a las comunidades autónomas, que son quienes tienen las competencias en este ámbito.

“Nosotros solo delimitamos el campo y las normas mínimas básicas y hemos puesto la pelota a jugar en la mejora de las condiciones laborales de los profesionales”, señalaba García este fin de semana en una entrevista en elDiario.es. Entre las nuevas reglas de juego que marca el Estatuto Marco están el fin de las guardias obligatorias de 24 horas —que pasarán a ser de 17—, la convocatoria de oposiciones cada dos años y la reducción de la jornada laboral máxima a 45 horas semanales.

“En los últimos meses, los sindicatos médicos han estado negociando con las comunidades, porque se han dado cuenta de que el Estatuto Marco tiene los límites legales y competenciales que tiene. La solución a sus condiciones laborales está en el tejado de las comunidades autónomas, la mayoría del Partido Popular”, afirmaba García.

Acuerdos con las comunidades

En los últimos meses, los sindicatos médicos han ido arrancando acuerdos en diferentes comunidades autónomas, como Euskadi, Valencia, Galicia y Asturias. En Andalucía, la más reciente en avenirse a un pacto, se ha acordado la creación de mesas de trabajo, que se reunirán con carácter previo a la mesa sectorial y mejoras en materia de conciliación, entre otras.

No solo eso. Según el Sindicato Médico Andaluz (SMA), este acuerdo con la Junta de Andalucía, “ofrece respuesta a una de las principales demandas de la movilización contra el Ministerio: la equiparación de la retribución de las guardias a la hora ordinaria y la revisión del modelo basado en su obligatoriedad”.

“Cuando existe voluntad política para negociar con los médicos, hay acuerdo. Donde no la ha habido ha sido en el Ministerio de Sanidad, que, conviene recordar, establece el marco regulatorio que es el permite una jornada discriminatoria sólo para médicos y facultativos”, consieran desde el Comité de Huelga.

Pero este argumento refuerza a Sanidad, que lleva meses insistiendo en que la pelota está en el tejado de los gobiernos autonómicos. “Lo que pedían era de las comunidades y el ejemplo cunde”, trasladan fuentes de Sanidad, que confían en que estos pactos rebajen la tensión en este inicio de curso.

Según indicaba a finales de julio el presidente del Sindicato Médico Andaluz (SMA), Rafael Ojeda, este acuerdo con la Junta, que abre un “espacio de diálogo”, hace “difícilmente compatible” promover una huelga indefinida en Andalucía, pese al “conflicto abierto” con el Ministerio.

La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) evaluará la propuesta de huelga en la Ejecutiva prevista para el próximo viernes. “Espero que se pueda adoptar alguna medida”, señalan fuentes consultadas, que circunscriben los acuerdos con las comunidades a “cuestiones propias”, al margen de las reivindicaciones a Sanidad.

El siguiente paso del Estatuto Marco será su trámite parlamentario, donde la aritmética hace al Ejecutivo negociar cada ley. Y esta, concretamente, no ha estado exenta de polémica, con un frente único de todas las comunidades autónomas —también las del PSOE— pidiéndole a la ministra que tire abajo el acuerdo con los sindicatos del ámbito y “reinicie la negociación”.

“Los partidos de la oposición han manifestado su rechazo a la reforma y existen también posiciones críticas entre formaciones cuyos votos son relevantes para las iniciativas legislativas del Gobierno”, calibran los sindicatos.

“Las comunidades están en contra del Estatuto Marco, por lo contrario, que los sindicatos”, acusaba el sábado García, que defendía la marcha de la norma: “Si hubiera pasado por el Ministerio sin intentar cambiar el marco normativo que regula las condiciones laborales de mis compañeros y las mías propias, sería un fracaso y una traición. Otra cosa es lo que haya intentado vender la derecha, pero es indudable que es la primera vez que un gobierno de España se pone a trabajar en mejorar las condiciones laborales de los profesionales, sabiendo que las competencias no son nuestras”.

“Gaur eszenatokiak hutsik. Bilboko Konpartsak teknikariekin bat” (“Hoy los escenarios vacíos. Bilboko Konpartsak con los técnicos”) es el cartel que se encontraba en las diferentes txosnas de Aste Nagusia ubicadas en el Arenal este miércoles 26 de agosto durante la cuarta jornada de huelga de los técnicos de espectáculos y eventos de Euskadi que llevan desde el pasado 15 de mayo con paros y movilizaciones ante el “bloqueo” por parte de la patronal a la hora de negociar un nuevo convenio que mejore sus condiciones laborales. La de este miércoles ha sido una huelga que ha vaciado los principales escenarios de Bilbao, con cerca de 50 espectáculos cancelados y un mayor seguimiento que las jornadas de paros anteriores, el 5 de agosto en Vitoria, el 14 de agosto en Donostia y el 15 de mayo en todo el territorio convocadas por Teknikariok, ESK, LAB, UGT, ELA, CCOO y CNT.

El espectáculo más esperado anunciado para el miércoles era el del grupo alavés En Tol Sarmiento (ETS) que “por el respeto y solidaridad con los trabajadores” optó por adelantar un día su concierto. Algo que despertó las críticas de los trabajadores en huelga. “Desconocemos quién ha decidido adelantarlo ni las cláusulas del contrato que tiene el grupo, pero este cambio demuestra justo lo que estamos reivindicando. Nos avisan cinco días antes de que tenemos que trabajar el martes y no el miércoles. Independientemente de la huelga es algo que ocurre de forma habitual. Muchas veces no sabemos nuestros horarios hasta última hora y tenemos que tener disponibilidad absoluta”, aseguraron los trabajadores a este periódico.

El cambio de fecha ha hecho que este miércoles por la noche no haya ningún concierto en el Parque Europa. Tampoco ha actuado ningún artista de la programación de las txosnas, organizada por Bilboko Konpartsak, ni tampoco han tenido lugar los pases de las 20.00 horas y de las 23.00 horas de la verbena Laprast Erromeria que se iban a celebrar en la Plaza Circular. Por su parte, la sesión de bertsolaris de la Plaza Santiago a las 13.00 horas se ha llevado a cabo sin técnicos de sonido, con el objetivo de que se vea el trabajo que realizan y lo que supone para el propio espectáculo. En cuanto al Teatro Arriaga, no ha ofrecido su función de 'La Cubana: la cuisine de ma cuisine', una obra de teatro disponible hasta el 13 de septiembre que el próximo miércoles queda cancelada por la huelga. En total, han sido más de 47 los eventos cancelados.

En cuanto a los espectáculos que sí que han tenido lugar, los trabajadores han llevado piquetes a la Pérgola por la mañana, donde se han celebrado las Bilbainadas y se han vivido momentos de tensión entre los huelguistas y los técnicos que se encontraban trabajando en el evento. “Hoy, durante la jornada de huelga, los piquetes informativos se han desplazado a la Pérgola, donde se han vivido algunos momentos de tensión por parte del personal técnico. Queremos dejar claro que nuestra lucha no es contra el público ni contra los artistas. Nuestras reivindicaciones buscan mejorar las condiciones laborales de todo el personal del sector del espectáculo. Nuestra lucha es por el gremio y por unas condiciones laborales dignas”, han argumentado los trabajadores en huelga tras el suceso.

Por la tarde ha tenido lugar una concentración en el Arriaga, en la que un grupo de representantes de los trabajadores ha explicado que con estos paros se ha “cubierto una etapa” y, que a partir de ahora, estudiarán si el siguiente paso es interponer denuncias para “sacar a flote las irregularidades en las empresas que les contratan, que se llevan repitiendo durante décadas”. Como ejemplo, han citado que empresas grandes en Euskadi “no tengan empleados o tengan muy pocos para el volumen de trabajo que manejan, y que ganan licitaciones públicas”.

Tras la concentración los trabajadores se han trasladado al Palacio Euskalduna donde han realizado piquetes informativos a los eventos 'Operación maletero: Kastañuela Western', 'Menú Cerrado', 'Z.U.K.U.A.', 'El amor no se reproduce en cautividad', y 'Cabaret el musical en KitKat Club'. Mientras que, por la noche han irrumpido en la 'Noche de boleros: Pan con chile' de la Pérgola, en el Parque de Doña Casilda, en Abandoibarra durante el concierto de Urtz con la Bilboko Orkestra Sinfonikoa (BOS) y en el Muelle Evaristo Churruca, durante el concierto de Karmento.

En el caso del concierto de Urtz con la BOS, los trabajadores irrumpieron en el inicio de la actuación al grito de 'Borroka da bide bakarra' y pitidos y un cartel en el que se leía 'Teknikariok borrokan'. A los pocos minutos, los músicos de la BOS abandonaron el escenario. Finalmente, una hora después, los músicos regresaron tras la marcha de los piquetes y el evento se produjo.

Los trabajadores han asegurado que confían en que la patronal se “dé cuenta de la fuerza que pueden tener los trabajadores y trabajadoras cuando están unidos”, y que pueden parar el evento “más grande que había en Aste Nagusia”. “No entendemos la huelga como un fin, sino como una herramienta para llegar a acuerdos entre la patronal y la parte social”, han concluido.

A pesar de que la jornada de huelga en Bilbao ha tenido una mayor repercusión en cuanto a cancelaciones de eventos, en las fiestas de La Blanca de Vitoria, el día 5 de agosto se anularon los conciertos que estaban previstos en las txosnas de Chocolate Remix, Arranbe y Maruxak, además de las sesiones de DJ Izenordainak, DJ Radio Patio y DJ 3katu, y los espectáculos de cada agrupación, en solidaridad con los huelguistas. Además, La Txama canceló su concierto en la plaza del Machete, y la actuación de Mariachi Imperial Guanajuato, en la plaza de la Provincia, y se suspendió la función de teatro 'La pasión infinita', con Pepón Nieto, en apoyo a la huelga.

Mientras que en Aste Nagusia de Donostia, durante la jornada del 14 de agosto se suspendieron todos los conciertos que estaban programados por el colectivo Donostiako Piratak lo que dejó fuera de la programación la actuación en La Flamenka del grupo de ska y reggae Skabidean, así como al programa de actividades de la Plaza de la Trinidad. Además, se canceló por la huelga el espectáculo de danza ‘PICASSa’, que iba a representarse en dos sesiones dentro del ciclo Tabakalera Dantzan de la Quincena Musical.