Dos acontecimientos se cruzaron en abril de 2023 en el Juzgado de Instrucción 4 de La Laguna. A principios de mes, la magistrada titular, Ana Serrano-Jover, dictaba el primer auto de archivo del caso Reparos, su causa más mediática, que investigó a exalcaldes y altos cargos municipales por prorrogar centenares de contratos vencidos de servicios públicos obviando las advertencias de ilegalidad del interventor. Por esas mismas fechas, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) inició una inspección rutinaria que acabó destapando el descontrol en ese juzgado. Hasta 25 expedientes judiciales habían desaparecido y decenas de causas llevaban años paralizadas. En algún caso, más de once. 

Ese hallazgo derivó en un expediente disciplinario contra la magistrada. El órgano de gobierno de los jueces le impuso cinco meses de suspensión de funciones por una falta muy grave de desatención a sus competencias. Ana Serrano-Jover llevó esa decisión del Poder Judicial al Supremo. Y el alto tribunal, en una sentencia dictada el pasado marzo, dio firmeza a una sanción que todavía no ha cumplido. “Se está en trámite de dar ejecución al acuerdo”, han informado a este periódico fuentes oficiales del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que añaden que la jueza, que en la actualidad está destinada en el juzgado de primera instancia 7 de La Laguna, acaba de reincorporarse tras una baja. 

Ana Serrano-Jover ejerció en el Juzgado de Instrucción 4 de La Laguna desde noviembre de 2005 hasta septiembre de 2023. En la visita rutinaria cursada cinco meses antes de su marcha, los inspectores del CGPJ no lograron localizar 25 expedientes penales tras buscarlos en armarios, mesas, archivos y despachos. El sistema informático del juzgado dejó rastro expreso de que los documentos físicos estaban en poder de la magistrada, con anotaciones de funcionarios como “las tiene SSª” (su señoría). En algunas de esas causas con papeles extraviados, era la propia jueza quien había dictado providencias en las que ordenaba que las actuaciones quedaran sobre su mesa “a fin de resolver”. 

Al margen de esa “desaparición o falta de localización” de autos, la Unidad Inspectora Penal del Poder Judicial detallaba en su propuesta de sanción una minuciosa relación de las causas paralizadas en ese juzgado. En un número significativo de procedimientos no se había movido un papel en cinco años. En algunos casos, “incluso más de diez”. Entre esos procedimientos no se cita el caso Reparos. 

Una causa secreta paralizada tres años y medio

A modo de ejemplo, una causa secreta desde 2016 llevaba estancada desde noviembre de 2019, “tres años y medio sin control ni movimiento”. Los inspectores también encontraron un auto de archivo redactado en junio de 2016 que nunca había sido firmado ni notificado; una providencia convocando una rueda de reconocimiento paralizada casi ocho años, o un exhorto para que un médico forense evaluara la imputabilidad de un investigado que llevaba año y medio sin tramitarse. En una causa de 2012 sólo figuraba el auto inicial. En otra, la última actuación era un informe forense también de 2012, de hacía, por tanto, más de once años.

El CGPJ también detectó que un funcionario de tramitación guardaba un legajo con escritos e informes retenidos al margen desde 2018 y que había cinco causas pendientes de incoar. 

En total, ese juzgado sumaba más de treinta diligencias previas con paralizaciones superiores a un año; siete procedimientos abreviados (la fase previa a la apertura de juicio oral) con dilaciones “de varios años” y también “parones acumulados de varios años en un número significativo” de expedientes de delitos leves. 

La Comisión Disciplinaria del Poder Judicial le impuso la sanción el 15 de octubre de 2024 y el pleno rechazó su recurso de alzada el 23 de abril de 2025. 

La defensa de la magistrada: digitalización y alto rendimiento

En su escrito de oposición, firmado por el abogado Agustín Azparren, Ana Serrano-Jover alegó que llevaba más de veinte años ejerciendo como jueza, que había pasado varias inspecciones “sin ningún problema” y que la custodia de los autos no le correspondía. La magistrada sostenía también que no puede hablarse de extravío de expedientes judiciales cuando están “completamente digitalizados” y alegaba “falta de culpabilidad”, puesto que se le había impuesto la sanción “por el mero resultado” (por la parálisis de procedimientos y la falta de localización de documentos físicos) sin atender a su conducta o su responsabilidad. en esos hechos.

La jueza calificaba de “desproporcionada” la sanción de cinco meses de suspensión y precisaba que había cobrado complementos de productividad, lo que a su juicio demostraba su alto rendimiento. 

El Poder Judicial fija para cada juzgado el llamado módulo de entrada, la cifra de asuntos nuevos que puede asumir en un año con una carga de trabajo óptima. Si recibe más del 100%, está sobrecargado. Según el servicio de Inspección del órgano de gobierno de los jueces, el Juzgado de Instrucción 4 de La Laguna registró un 91% en 2021; un 96% en 2022 y un 94% en el primer semestre de 2023. Es decir, no estuvo desbordado en ese periodo. 

Además, existe un indicador que mide el rendimiento de los magistrados, el número de asuntos que deben resolver al año. Ana Serrano-Jover alegó que en 2021 resolvió el 127% de lo exigido; en 2022 el 108%, y en 2023 (el año de la inspección), el 90%. Con estos datos, la magistrada defendió que no hubo desidia en su trabajo durante ese periodo. 

La primera jueza instructora del caso Reparos sostenía, además, que el CGPJ carece de legitimidad para sancionar a los magistrados, porque sus vocales los elige el Parlamento y no los compañeros de carrera, y cuestionó la imparcialidad de un órgano en el que los miembros de la Comisión Disciplinaria forman parte también del pleno.

La Abogacía del Estado, que representó en este procedimiento al CGPJ, replicó que superar los módulos de rendimiento no exime a la jueza de su responsabilidad en “una situación de descontrol y abandono generalizado” en un órgano judicial donde se desatendían causas y se perdían autos.

En la resolución sancionadora, el Poder Judicial calificaba lo ocurrido de “descontrol, inhibición absoluta y desidia”. Incidía en que ese juzgado no soportaba una carga excepcional de asuntos y que tampoco había procedimientos de especial complejidad que dificultaran la tramitación.

Sentencia del Supremo: “Negligencia o voluntad consciente”

En una sentencia dictada el pasado 13 de marzo, el Supremo confirmó y dio firmeza a la sanción. El alto tribunal, con Carlos Lesmes (presidente del Poder Judicial entre 2013 y 2022) como ponente, remarca que la infracción no sólo se sustenta en la desaparición de expedientes que habían quedado a disposición de la propia magistrada para resolver “y cuya custodia tenía expresamente atribuida”, sino “también y principalmente en la falta generalizada de resolución y de impulso, con numerosas paralizaciones en un número muy importante de procedimientos”.

Según el Supremo, el alegato de la jueza sobre su falta de culpabilidad “no es sostenible”. “Como titular del órgano judicial conocía perfectamente las obligaciones de impulso y resolución de asuntos que sólo a ella le incumbían”. A juicio del alto tribunal, Serrano-Jover “necesariamente tenía conocimiento” de la situación de retraso injustificado en la resolución de numerosos expedientes “y por negligencia o voluntad consciente no adoptó las medidas que profesionalmente le eran exigibles” para evitarlo. Además, consideró proporcionada la sanción para una infracción muy grave que podría haber llegado, en su grado máximo, a los tres años de suspensión.

Por otro lado, la sentencia del Supremo tilda de “manifiestamente rechazable” el reproche de la magistrada sancionada sobre la elección de los vocales, puesto que el CGPJ no es un órgano judicial, “sino constitucional”. Y sobre la integración de miembros de la Comisión Disciplinaria en el pleno del Poder Judicial le recordó que esa cuestión ya había sido resuelta por la misma Sala en una sentencia de diciembre de 2024.

Además de rechazar el recurso y, por tanto, confirmar la firmeza de la sanción, el Supremo impuso a la magistrada suspendida el pago de 4.000 euros en costas procesales.

Las quejas por la inactividad del caso Reparos

Aunque el caso Reparos no figuraba expresamente en la nómina de expedientes desatendidos, la tramitación de esta causa, la de mayor repercusión de cuantas instruyó Serrano-Jover en ese juzgado, tampoco estuvo exenta de polémica ni de acusaciones de inactividad.

La jueza ahora sancionada abrió diligencias tras la denuncia que en enero de 2018 el entonces concejal de La Laguna Santiago Pérez dirigió, entre otros, contra el exalcalde Fernando Clavijo (Coalición Canaria), actual presidente del Gobierno de Canarias, por presunta prevaricación.

Un año y medio después, en junio de 2019, el denunciante solicitó por escrito la entrada de la Fiscalía Anticorrupción en la causa ante la inactividad tanto del fiscal adscrito a la causa como de la jueza instructora. Pérez alertaba en ese escrito de la falta de avances significativos en el procedimiento y solicitaba un impulso procesal.

Al mes siguiente, Serrano-Jover dictó una providencia en la que exigía al Ayuntamiento de La Laguna la entrega de todos los expedientes de contratación con reparos de la Intervención y las actas de los plenos municipales y ordenaba dar traslado de esa documentación a la Fiscalía Anticorrupción, además de citar a declarar en calidad de testigos a los interventores municipales.

La causa cobró impulso en marzo de 2020, cuando la entonces fiscal Anticorrupción María Farnés Martínez emitió un demoledor informe de 156 páginas acusando de prevaricación continuada, entre otros, a Fernando Clavijo y a su sucesor en la Alcaldía, José Alberto Díaz.

En diciembre de ese mismo año, la defensa de Clavijo pidió el archivo alegando “fraude procesal” por haberse superado con creces el plazo máximo de seis meses para finalizar la instrucción. La magistrada desestimó esta petición. Para ello, argumentó que los expedientes eran muy voluminosos y que el vencimiento del plazo no bastaba para sobreseer. En julio de 2021 amplió seis meses la investigación a petición de la Fiscalía.

Un año después, en junio de 2022, la jueza instructora elevó una exposición razonada al Supremo para que el alto tribunal investigara a Clavijo, que había sido elegido senador por la comunidad autónoma y, por tanto, se había aforado.

El Supremo acabaría acordando el archivo de la causa respecto a Clavijo a los nueve meses, en marzo de 2023, en un auto que reducía a irregularidades administrativas la actuación del actual presidente del Gobierno canario. A juicio de la Sala que presidía el canario Manuel Marchena, no hubo arbitrariedad en los decretos firmados durante su etapa en la Alcaldía y, por tanto, tampoco delito de prevaricación.

Bajo ese criterio del Supremo, la jueza Serrano-Jover dictó apenas un mes después, en abril de 2023, en víspera electoral y de forma simultánea a la inspección del CGPJ, el archivo provisional para el resto de cargos y concejales investigados.

Sin embargo, aquel primer sobreseimiento no puso fin al caso Reparos. En enero de 2024, la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife revocó el auto de la magistrada al entender que carecía de la motivación jurídica exigible y ordenó reabrir las actuaciones. Para entonces, Serrano-Jover ya había abandonado el Juzgado de Instrucción 4 de La Laguna.

Su sucesora volvió a archivar la causa en mayo de 2024 y, de nuevo, la Audiencia Provincial ordenó reabrirlo. En julio de este año, tras un tercer sobreseimiento de la instructora, el órgano provincial cerró el caso para ocho de los nueve investigados y dejó solo a José Alberto Díaz por la prórroga del contrato más voluminoso, el de limpieza. El denunciante del caso, que había recurrido los tres archivos, desistió entonces de continuar ejerciendo la acusación popular.

El magistrado Mariano López Molina, titular de la plaza número cuatro de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria, ha sido elegido por sus compañeros como nuevo presidente del Tribunal de Instancia del partido judicial capitalino.

López Molina accede al cargo que quedó vacante tras el nombramiento de su anterior titular, Juan Avello Formoso, como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

La elección se corresponde con la figura que, antes de la entrada en vigor de la Ley de Eficiencia, se conocía como magistrado juez decano, según ha explicado el TSJC este jueves.

El Tribunal Superior de Justicia ha indicado también que el magistrado era el único candidato a la Presidencia y que en la votación participaron 37 magistrados, de los que 27 respaldaron su candidatura, mientras que se registraron nueve votos en blanco y un voto nulo.

La asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha aclarado este miércoles que no suscribió el comunicado difundido por las secciones territoriales en Extremadura de las otras tres asociaciones judiciales (APM, AJFV y FJI) en apoyo a la magistrada Beatriz Biedma. La entidad argumenta que dicho pronunciamiento se fundamenta en “informaciones procedentes de una filtración, presuntamente ilícita, a determinados medios de comunicación”.

El comunicado conjunto firmado este martes por la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente manifestaba su “respaldo y solidaridad” con la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz ante las informaciones periodísticas que apuntaban a supuestas situaciones de hostigamiento y presiones en el marco del denominado 'caso Leire'.

Biedma, que dirigió la investigación sobre la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en la Diputación de Badajoz, está a la espera de que el magistrado Santiago Pedraz decida si le permite personarse como acusación particular en la causa en la que se investiga la trama vinculada a la exmilitante socialista Leire Díez.

Rechazo a dar crédito a filtraciones reservadas

Desde JJpD señalan que las informaciones publicadas en los últimos días recogen las supuestas declaraciones ante la Guardia Civil de un investigado por un delito contra la salud pública, quien atribuyó a Leire Díez el encargo de seguir y acosar a la jueza instructora. Para la asociación progresista, se trata de manifestaciones “cuya verosimilitud habrá de ser contrastada y valorada en el procedimiento judicial correspondiente”.

En este sentido, JJpD subraya que los integrantes de la carrera judicial están obligados a actuar de forma “ejemplar en la defensa de las garantías del proceso”, recordando que la filtración de actuaciones bajo reserva no solo vulnera los derechos de las partes y compromete el éxito de la investigación, sino que puede constituir un delito. “Por ello, las asociaciones judiciales no debemos dar pábulo a este tipo de filtraciones ni convertirlas en fundamento de nuestros pronunciamientos públicos”, afirman en una nota pública.

La entidad sostiene que esta postura no obedece a un cálculo coyuntural, sino a una línea de actuación coherente en el tiempo. Como precedentes, recuerdan que en enero de 2024 salieron en defensa del magistrado Manuel García-Castellón ante las críticas de la entonces vicepresidenta tercera del Gobierno, y que en junio de 2025 respaldaron a la propia Beatriz Biedma cuando las presiones denunciadas estaban “debidamente acreditadas”.

El magistrado Íñigo Herrero Elejalde, titular de la Plaza dos de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Puerto de la Cruz (en Tenerife), ha sido designado juez de enlace de España ante la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado.

El nombramiento, adoptado a propuesta del Consejo General del Poder Judicial y formalizado por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, reconoce su trayectoria y especialización en el ámbito de la cooperación judicial internacional. 

La figura del juez de enlace tiene como principal cometido reforzar la cooperación jurídica internacional, facilitando la coordinación entre autoridades judiciales de distintos países, la aplicación de convenios internacionales y la resolución de conflictos transfronterizos. 

La Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado es la principal organización intergubernamental responsable de la unificación de normas en esta materia, con especial relevancia en ámbitos como la protección de menores, el derecho de familia o la ejecución de resoluciones judiciales en el extranjero. 

Herrero Elejalde compatibilizará esta nueva responsabilidad internacional con el ejercicio de su función como magistrado en Puerto de la Cruz, reforzando así la proyección exterior de la justicia autonómica y su conexión con los principales foros jurídicos internacionales.  

Su nombramiento, junto al de la magistrada Ana del Ser (presidenta del TSJ de Castilla y León), tendrá una duración inicial de tres años, prorrogables, y surte efecto desde el día siguiente a su publicación en el BOE. 

Experiencia 

Íñigo Herrero es un magistrado con sólida experiencia jurisdiccional, especializado en cooperación jurídica internacional, Derecho de familia internacional y redes europeas. Acumula un conocimiento profundo de los mecanismos de la Conferencia de La Haya, amplia experiencia en auxilio judicial internacional y dominio avanzado de inglés, francés e italiano. 

Accedió a la carrera judicial en el año 2012 habiendo servido en Burgos, Miranda de Ebro y Puerto de la Cruz, interviniendo en comisión de servicio con relevación de funciones en las secciones 1ª, 3ª y 4ª (civiles) de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. 

Ha participado en congresos internacionales (Sevilla, Alicante, París) y es autor de publicaciones relacionadas con cooperación judicial internacional, menores y derechos humanos. 

El magistrado es docente desde el curso 2022-2023 en asignaturas del área de Derecho Internacional Privado del Departamento de Derecho Público, Privado y Especial de la empresa de la Universidad de La Laguna. 

Ha ejercido labores de coordinación técnica en redes judiciales europeas e internacionales, como experto designado por España en reuniones de Comitología de la Comisión Europea). 

Es miembro activo de la REJUE (2019–actualidad) e integrante de la Comisión de actualización del Prontuario Judicial de Cooperación Internacional (desde 2024). 

Desde 2024, es representante en el Grupo Focal de Eurojust sobre Migrant Smuggling, y ha participado en proyectos internacionales y cooperación al desarrollo como experto judicial de corta duración en Serbia, Turquía o Colombia. 

El nombramiento de Herrero refuerza la presencia de España en los organismos internacionales y contribuye al impulso de una justicia más coordinada, eficaz y adaptada a los nuevos desafíosglobales.

Los tres magistrados que aspiran a presidir el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) han expuesto este miércoles ante el Consejo General del Poder Judicial sus proyectos basados en disminuir la litigiosidad, en un nuevo modelo organizativo y en el apoyo a los jueces.

El juez decano del partido judicial de Las Palmas de Gran Canaria, Juan Avello Formoso, el magistrado de lo Contencioso-Administrativo, Jaime Borrás, y el actual presidente, Juan Luis Lorenzo Bragado, han expuesto sus proyectos ante el órgano que decidirá su elección.

Avello, la litigiosidad como principal problema de la justicia en Canarias

Juan Avello ha defendido un programa de actuación centrado en la mejora del servicio público de la justicia y la reducción de la litigiosidad en el archipiélago.

Según ha dicho, Canarias es la comunidad autónoma con mayor índice de litigiosidad, una situación que, según ha indicado, “afecta no solo a los derechos de los ciudadanos, sino también a la imagen misma de la justicia”.

Ha abogado por la elaboración de protocolos con los colegios de abogados para evitar suspensiones de juicios por coincidencia de señalamientos y, junto a la fiscalía y las audiencias provinciales, la creación de un grupo de trabajo para establecer buenas prácticas en las conformidades previas al juicio oral.

El candidato ha subrayado que “el correcto funcionamiento de la administración de justicia no es solo responsabilidad de los integrantes del poder judicial, sino de todos los operadores jurídicos”, y ha planteado medidas de sensibilización e implicación en este ámbito.

En relación con la organización, ha defendido reforzar la atención a jueces y ciudadanos mediante reuniones periódicas, visitas a los partidos judiciales y la mejora de los sistemas de atención, además de la extensión de protocolos ya existentes en determinados ámbitos.

Asimismo, se ha mostrado partidario de la incorporación de la perspectiva de género en todas las jurisdicciones al señalar que “no es una opción, es un mandato legal”.

Lorenzo reivindica su mandato y apuesta por la continuidad

Por su parte, el actual presidente del TSJC, Juan Luis Lorenzo, ha defendido ante el Consejo General del Poder Judicial la gestión realizada durante su mandato y ha apostado por la continuidad como “la opción más adecuada” para la gobernanza del sistema judicial en el archipiélago.

Lorenzo ha aseverado que los “setenta y tres compromisos” asumidos al inicio de su etapa “están cumplidos” y ha destacado el “óptimo funcionamiento de la sala de gobierno”, con reuniones periódicas, implicación de sus integrantes y más de “dos mil ochenta y cinco acuerdos”.

El candidato ha enumerado distintas actuaciones desarrolladas durante su mandato, como la reactivación de la comisión mixta, la renovación de las memorias anuales, la actualización de los portales de transparencia y la implantación del expediente judicial electrónico, así como iniciativas en materia de formación, igualdad y organización territorial.

Entre los logros, ha resaltado la puesta en marcha de los tribunales de instancia, la creación del juzgado de violencia sobre la infancia “pionero y referencia internacional” y la gestión de situaciones como la crisis migratoria, para la que se adoptaron medidas de refuerzo y un proyecto piloto de apoyo a la resolución mediante inteligencia artificial.

Ha planteado propuestas para el próximo mandato, entre ellas consolidar el nuevo modelo organizativo, poner en marcha la comisión autonómica de calidad del servicio público de justicia y promover medidas frente a la sobrecarga de trabajo.

También ha propuesto impulsar un centro permanente de estudios en materia de inmigración y continuar desarrollando la agenda estratégica con refuerzos en los medios personales y materiales.

“La continuidad es la opción más adecuada”, ha manifestado, al tiempo que ha opinado que quien “conoce el territorio” y “ha gestionado situaciones complejas” está “en mejor posición para acompañar el proceso de transformación del sistema judicial”.

Borrás: una presidencia basada en objetivos y apoyo a los jueces en Canarias

Por último, Jaime Borrás ha defendido ante el Consejo General del Poder Judicial un modelo de gestión basado en objetivos concretos, seguimiento de resultados y apoyo a los jueces.

Borrás ha comentado que la presidencia “no puede ser una instancia interpretativa”, sino que debe basarse en “datos concretos” como tiempos de resolución, señalamientos o ejecución, con el fin de detectar desviaciones y actuar sobre ellas.

En este sentido, ha planteado la necesidad de fijar objetivos y participar en la planificación del trabajo, así como en la resolución de conflictos, con una implicación activa de la presidencia en el funcionamiento de los órganos judiciales.

El candidato ha hecho hincapié también la importancia del apoyo a los jueces y al resto de operadores jurídicos, al indicar que cuando un profesional plantea problemas “hay que apoyarle” y trasladarle que cuenta con el respaldo de la presidencia.

Ha incidido en la necesidad de evitar diferencias relevantes en los tiempos de respuesta entre órganos judiciales y ha reclamado una mayor coherencia en la actuación jurisdiccional en el conjunto del archipiélago.

Asimismo, se ha referido a las particularidades territoriales de Canarias y a las diferencias de medios entre islas, al tiempo que apuntó a problemas organizativos y a la falta de herramientas tecnológicas adecuadas en algunos casos. 

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial publica hoy en el Boletín Oficial del Estado la convocatoria de las presidencias del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y de la Sala de los Social tras haber caducado los mandatos de López del Moral y Mercedes Sancha.

La renovación de los nombres propios de la judicatura en Cantabria se producirá en breve, cuando se nombren a los elegidos entre los aspirantes a las plazas.

La salida de José Luis López del Moral se produce después de una década al frente del TSJ y abre la puerta a la renovación de la cúpula judicial en Cantabria tras la designación de una mujer, Esther Castanedo, al frente de la Sala de lo Contencioso Administrativo de Cantabria y el nombramiento hace un año del nuevo fiscal jefe Jesús Arteaga. Así como del protagonismo que ha cobrado el papel del primer fiscal de Memoria Democrática de la comunidad, quien ha atendido a los requerimientos de colectivos de la memoria y ha exigido al Ayuntamiento de Santander que cumpla los acuerdos del Pleno para eliminar los nombres con referencias franquistas del callejero.

El mandato de todavía presidente del TSJ finalizó en octubre aunque hasta ahora no se había convocado la plaza. De hecho, en el mes de mayo, ante su inminente relevo, López del Moral se había postulado ya para ocupar una plaza de magistrado en la Sala Quinta de lo Militar del Tribunal Supremo cuya adjudicación parece congelada desde entonces.

La biografía profesional de López del Moral se inició en 1983, cuando accedió a la carrera judicial en un pueblo de Lérida, y la mayor parte de su trayectoria ha transcurrido vinculada a Cantabria a donde llegó en el año 1989. Con algunos paréntesis para dar el salto a la política, cuando desempeñó el cargo de director general de Justicia en la Comunidad de Madrid con el Gobierno del Partido Popular. Una experiencia efímera que duró dos años y medio, entre 2001 y 2003.

Después de dejar la política regresó a la judicatura y pasó a presidir la Audiencia Provincial entre 2008 y 2015, hasta que en enero de 2015 se puso al frente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria sucediendo a César Tolosa, que pasó a ejercer de magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. En aquella primera ocasión compitió con los perfiles de Rubén López-Tamés entonces presidente de la Sala de lo Social del TSJC -que reunió 11 de los 21 favorables a López del Moral- y Rafael Losada, que también presidía la de lo Contencioso-Administrativo y que no recibió ningún apoyo.

Cuando tocó la renovación de su segundo mandato, en el verano de 2020, se encontró con la inesperada concurrencia del juez Acayro, a quien en una ocasión ya había declarado culpable de un asunto vinculado a un proceso de corrupción urbanística en Castro Urdiales que luego corrigió el Supremo absolviéndole de delito alguno. López del Moral revalidó el mandato, pero el magistrado Luis Acayro Sánchez recurrió el nombramiento porque consideró que sus méritos vinculados a la transformación digital, a los que la convocatoria del CGPJ consideraba importantes, no habían sido convenientemente reconocidos. Argumentó que había sido pionero en poner en marcha juicios telemáticos durante la pandemia.

Tampoco prosperó el recurso pero un mes después de haberle registrado, el propio López del Moral admitió a trámite la querella de un abogado y del Colegio de la Abogacía de Cantabria contra Acayro quien le recusó sin éxito, bajo el argumento de la disputa por la presidencia del TSJ. Un procedimiento que ha acabado por expulsarle de la carrera judicial y condenarle a diez años de inhabilitación profesional. Un asunto que el afectado ha llevado al Constitucional.

Después de haberse divulgado anticipadamente el fallo de la sentencia contra el fiscal general del Estado –iniciativa perturbadora en cuanto inusual en la práctica de nuestros juzgados y tribunales y en especial en la de la Sala Segunda del Tribunal Supremo actuando como órgano de instancia–, en el que se le condena por la comisión de un delito previsto y penado en el artículo 417.1 del Código Penal, me planteo hacer una reflexión sobre la imparcialidad del Tribunal vinculada a la composición de la Sala. Lo haré tras haber leído en este diario la exclusiva sobre la relación entre tres de los magistrados que integraban el tribunal y una de las partes acusadoras personadas en las actuaciones.

Siendo incapaz de hacer un ejercicio de anticipación a los razonamientos que pudieran conducir a la decisión mayoritaria de considerar probada la comisión de un delito por el fiscal general del Estado, entraré en el examen de la imparcialidad de al menos uno de los integrantes de la sala de enjuiciamiento, a la luz de las disposiciones que se contienen en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, recogidas por la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional, en cuanto que este Tribunal y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos son las instancias a las que podrá recurrir la defensa de Álvaro García Ortiz contra la sentencia del Tribunal Supremo.

El artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos bajo el título de Derecho a un proceso equitativo, establece en su artículo primero: “Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un Tribunal independiente e imparcial, establecido por ley, que decidirá los litigios sobre sus derechos y obligaciones de carácter civil o sobre el fundamento de cualquier acusación en materia penal dirigida contra ella. La sentencia debe ser pronunciada públicamente, pero el acceso a la sala de audiencia puede ser prohibido a la prensa y al público durante la totalidad o parte del proceso en interés de la moralidad, del orden público o de la seguridad nacional en una sociedad democrática, cuando los intereses de los menores o la protección de la vida privada de las partes en el proceso así lo exijan en la medida en que sea considerado estrictamente necesario por el tribunal, cuando en circunstancias especiales la publicidad pudiera ser perjudicial para los intereses de la justicia”.

Tal precepto da lugar a un abundante cuerpo de jurisprudencia acerca del alcance de la exigencia de imparcialidad del Tribunal. Valga como perfecto ejemplo la sentencia del TEDH de 15 de octubre de 2009 en el caso Micallef contra Malta. En una extensa resolución en la que se resuelven múltiples cuestiones jurídicas, nos interesa centrar la atención en los pronunciamientos del tribunal sobre el contenido y alcance del citado artículo. Establece dicha sentencia en uno de sus fundamentos principales, bajo el epígrafe 'La valoración del Tribunal':

“93.- La imparcialidad normalmente denota la ausencia de prejuicios o favoritismos y su existencia puede ser probada de diferentes formas. De acuerdo con la jurisprudencia constante del Tribunal, la existencia de imparcialidad en lo que se refiere al artículo 6.1 debe ser determinada de acuerdo a una valoración subjetiva donde se deben tener en cuenta la convicción personal y el comportamiento de un juez en particular, esto es, si el juez tiene algún prejuicio personal o favoritismo en algún caso dado; y también de acuerdo con una valoración objetiva, es decir asegurando si el tribunal en sí mismo y, entre otros aspectos, su composición, ofrece suficientes garantías para excluir cualquier duda legítima con respecto a su imparcialidad (ver, inter alia, Fey contra Austria, 24 de febrero de 1993, Series A núm. 255, ap. 27,28 y 30, y Wettstein contra Suiza, núm. 33958/96, ap. 42, TEDH 2000-XII)”.

“98.- A este respecto incluso las apariencias deben ser de una cierta importancia o, en otras palabras, ”la justicia no solo debe realizarse, también debe verse que se realiza“ (ver De Cubber, citado arriba, ap.26). Lo que está en juego es la confianza que debe inspirar en el público un tribunal en una sociedad democrática. Así, cualquier juez sobre el que recaiga una legítima razón para temer una falta de imparcialidad debe retirarse (ver Castillo Algar contra España, 28 de octubre de 1998, Informes 1998-VIII, ap.45).

“99.- Además, para que el Tribunal pueda inspirar públicamente la confianza indispensable, también se deben tener en cuenta cuestiones de organización interna (ver Piersack, citado arriba, ap.30 (d)). La existencia de procedimientos nacionales para asegurar la imparcialidad, principalmente normas que regulan la recusación de jueces, es un factor relevante. Tales normas manifiestan la preocupación del legislador nacional de apartar cualquier duda razonable sobre la imparcialidad de un juez o tribunal y constituyen un intento de garantizar la imparcialidad al eliminar las causas de esas preocupaciones. Además de garantizar la ausencia de preferencias reales, buscar eliminar cualquier apariencia de parcialidad y así sirven a promover la confianza que debe inspirar en el público un tribunal en una sociedad democrática (ver Mežnarić, citado arriba, ap. 27). El Tribunal tomará esas normas en cuenta cuando haga su propia valoración sobre si un tribunal es imparcial y, en particular, si los miedos del demandante pueden pasar por objetivamente justificados (ver, mutatis mutandis, Pescador Valero contra España, núm. 62435/00, ap.24-29, TEDH 2003-VII)”.

Si algo destaca en esta doctrina jurisprudencial es la alusión que en el parágrafo 98 se hace a la denominada apariencia de imparcialidad vinculada a la confianza que debe inspirar en el público un tribunal en una sociedad democrática, sin perjuicio de que en los restantes parágrafos se haga un completo compendio de la doctrina del Tribunal Europeo acerca de la imparcialidad judicial. En el parágrafo 99 se alude a la existencia de procedimientos nacionales para garantizar la imparcialidad y, por lo que al ordenamiento jurídico español se refiere, tales procedimientos están contenidos en los artículos 217 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial siendo el artículo 219 el que contiene las causas de abstención y recusación, entre las que se incluye tener amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de las partes.

En la causa contra el fiscal general del Estado se personó como acusación popular el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, que solicitaba una pena de prisión de cuatro años para el acusado. En la página web de dicha institución y dentro de su oferta formativa aparece el anuncio de este curso:

De esta relación entre los tres integrantes del tribunal sentenciador antes citados y una de las acusaciones populares personadas difícilmente podría predicarse un vínculo de amistad íntima en los términos exigidos por el artículo 219 de la Ley Orgánica. Sin embargo, la prudencia, la apariencia de imparcialidad y la confianza en la justicia a que alude la resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos hubiera reclamado que al menos el magistrado director del curso en el ilustre Colegio de Abogados, tarea sin duda generosamente remunerada, se hubiera apartado del conocimiento de la causa permitiendo que cualquier otro compañero o compañera –la Sala Segunda la integran catorce magistrados y magistradas– lo sustituyera en un juicio y una decisión de tanto eco público. Más aun cuando el citado magistrado, Antonio del Moral, se integra en la mayoría partidaria de condenar, bien que empezando la casa por el tejado, a Álvaro García Ortiz.

Es perfectamente predicable de la conducta del aludido magistrado que se ajuste a las exigencias acerca de los motivos de recusación y abstención de la LOPJ, del mismo modo que también lo es que, siendo perfecto conocedor de la doctrina emanada del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, hubiese sido deseable que se retirara del enjuiciamiento de los hechos y de la formación de la mayoría del Tribunal favorable a una condena por la comisión de un delito del artículo 417.1 del Código Penal. Siendo quien esto escribe perfecto conocedor de cómo se desarrollan las deliberaciones en un órgano colegiado, no es descartable que el magistrado en cuestión haya sido la voz principal para mover la convicción de sus compañeros al pronunciamiento condenatorio, hipótesis perfectamente aceptable y defendible después de ver la importancia que durante la causa y en el plenario han tenido las corazonadas, las deducciones sin sustento o las alusiones al color del cabello como fuente de conocimiento y regla de experiencia.

Acabo trasladando que la doctrina del TEDH sobre imparcialidad ha sido recogida por el Tribunal Constitucional en sus resoluciones, valga como perfecto ejemplo la STC 133/2014 en la que se alude la resolución del caso Micallef contra Malta, para concluir que existen motivos suficientes para que se recurra la sentencia del Tribunal Supremo condenando al Fiscal General del Estado tanto ante una como otra sede jurisdiccional por la infracción del derecho a un juez imparcial.

La muerte del magistrado Rafael Martín del Peso ha teñido de luto a la Judicatura asturiana. El prestigioso jurista que durante los últimos 20 años ha presidido la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Gijón, falleció este martes tras toda una vida dedicada al derecho y a su familia.

Hace tan solo 15 días, el presidente de la Sección Séptima, especializada en el área Civil, seguía trabajando con la misma dedicación que ha volcado en su profesión en los últimos 43 años.

Una sentencia pionera

El magistrado formó parte, junto a los magistrados Antonio Lanzos y José María Álvarez Seijo, del tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, con sede en Oviedo, que en febrero de 1990 dictó una sentencia pionera al reconocer la existencia de un caso de violación dentro del matrimonio.

En aquella fecha, los magistrados impusieron una condena de dos años y cuatro meses de prisión al marinero avilesino Luis S.G. por violar a su esposa. El acusado sostenía que el vínculo conyugal era razón suficiente para mantener relaciones sexuales con su mujer.

El “error de prohibición vencible”

El tribunal, por el contrario, exponía en la sentencia que existía “un deber de fidelidad conyugal que no significa que cualquiera de los miembros de la pareja pueda exigir con violencia y constriñendo su voluntad al otro al realizar en cualquier momento el acto carnal”.

La Sala utilizó la figura del “error de prohibición vencible” al entender que el acusado, dada la persistencia del vínculo conyugal, aún no disuelto con la víctima, pudiera realizar los hechos en la creencia de que no le podía negar el débito conyugal.

El débito conyugal

Los magistrados de la Sección Segunda declararon probado que el acusado violó a su mujer en la creencia de que, al persistir aún el vínculo conyugal y teniendo en cuenta sus connotaciones “personales, culturales y su mentalidad”, pudiera haber realizado los hechos convencido de que su mujer “no le podía negar el débito conyugal”.

El tribunal matizaba en la sentencia que “no pudo por menos que pensar que la persistente resistencia de aquella no le daba derecho en absoluto a forzarla sin que el consabido vínculo contractual matrimonial podría justificar tal extralimitación”.

Un precedente muy relevante

Este caso fue un precedente importante y aunque en aquel momento no se entendió en algunos círculos -sobre todo feministas- finalmente esta sentencia sirvió para que otras mujeres también denunciaran a sus maridos cuando las relaciones no eran consentidas.

Las asociaciones feministas y la defensa del marinero se revolvieron contra la sentencia y los propios magistrados se mostraron sorprendidos por la reacción que tuvo en la sociedad asturiana de entonces que se llevaran hasta una sala de vistas las denuncias de tres mujeres contra sus propios maridos por mantener relaciones sexuales no consentidas.

Solo en una ocasión una de las tres víctimas que denunciaron en los tribunales había iniciado los trámites de separación.

Honda conmoción

El magistrado Rafael Martín del Peso había nacido en San Esteban, Muros de Nalón, en 1958. Su muerte ha causado una honda conmoción en la administración de justicia asturiana, donde era muy apreciado.

Nada más conocer la noticia, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) emitió un comunicado donde lamentaba profundamente su muerte.

La Sala de Gobierno, con el presidente Jesús María Chamorro al frente, expresó su “profundo pesar por su pérdida”, al tiempo que trasladaba su pésame a su familia. Casado con Isabel Herrero Fernández, Rafael Martín del Peso tenía cuatro hijos: Eduardo, Cristina, Luis y Julia y un yerno, Xuan.

Una carrera profesional de 43 años

Durante su extensa carrera judicial a lo largo de los 43 años que ha estado dedicado al servicio de la justicia, el magistrado siempre se mostró cercano y afable tanto durante su etapa en la Sección Segunda, como cuando ejerció en las Secciones Primera y Séptima de la Audiencia.

Era académico de número de la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia. Ingresó en la carrera judicial en septiembre de 1982 y tuvo como primer destino el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Burgo de Osma.

Su llegada a Asturias

Más tarde desempeñó su trabajo en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Alcobendas, desde donde pasó al Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria y en el Mixto número 1 de Móstoles.

En Asturias ejerció en las Secciones Segunda y Primera de la Audiencia Provincial, con sede en Oviedo, y en febrero de 2005 fue elegido por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para presidir la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Oviedo con sede en Gijón, donde ha permanecido hasta última hora.

Un trabajador infatigable

El presidente del TSJA, el magistrado Jesús María Chamorro, definió a Rafael Martín del Peso como “un hombre joven, con muchas ganas de seguir trabajando por la justicia asturiana”.

“Hasta hace solo 15 días aún seguía, con un notable esfuerzo personal, a pleno rendimiento el devenir de la Sección Séptima que presidía, lo que da idea de que estuvo activo infatigablemente hasta que la dura enfermedad se lo permitió”, ha asegurado.

Una pérdida que “ha impactado”

Para Chamorro, su fallecimiento “es una grandísima pérdida que nos ha impactado, pero Martín del Peso siempre será recordado por ser un gran magistrado, comprometido siempre con la mejora de la justicia asturiana, un excelente compañero y una bellísima persona”.

Sus cenizas se recibirán mañana, miércoles, a la una de la tarde, en la Iglesia Parroquial de San Esteban, donde se celebrará el funeral y, acto seguido, recibirán cristiana sepultura en el cementerio municipal de Muros de Nalón.

El bloque progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) profundiza su ruptura. La presidenta Isabel Perelló, a la que se atribuyó una sensibilidad progresista cuando fue designada; y uno de los vocales elegidos a iniciativa de Sumar, Carlos Hugo Preciado, han votado en el pleno de este jueves junto al grupo conservador la nueva composición de las distintas comisiones en las que se organiza el trabajo del órgano. Los otros nueve vocales del sector progresista han acabado retirando su propuesta al constatar el fracaso de su iniciativa, indican distintas fuentes de la institución consultadas por elDiario.es. 

Los bloques progresista y conservador del CGPJ —con diez vocales cada uno— han negociado durante el último mes la renovación de estas comisiones. La más relevante es la Permanente, una especie de núcleo duro donde se toman muchas decisiones relevantes. Con el nuevo reparto, en esa comisión seguirá conformada por cuatro vocales conservadores (Eduardo Martínez Mediavilla, Isabel Revuelta, Carlos Orga y Alejandro Abascal) y tres encuadrados en el bloque progresista (Carlos Hugo Fernández, Bernardo Fernández y Argelia Queralt), a los que se sumará Perelló, que ejerce la presidencia. 

La propuesta que los progresistas han acabado retirando y que no se ha llegado a votar suponía que este bloque, que hasta ahora estaba en minoría en la Permanente, pasara a tener mayoría, con cuatro vocales progresistas y tres conservadores. El nuevo reparto supone la entrada de Orga y la salida de Pilar Jiménez por parte del bloque conservador. En el lado progresista entra Queralt y sale Esther Erice. Esto es, se mantiene una correlación de fuerzas favorable a los conservadores y en la que será clave el posicionamiento de la presidenta Perelló, que tiene voto de calidad en caso de empate. 

De forma reciente, el voto de la presidenta ha permitido la apertura de expedientes disciplinarios a varios magistrados por sus exabruptos contra políticos, tal y como pretendían los progresistas. Pero Perelló también se ha puesto de perfil en otros asuntos de calado, como las propuestas sobre el sistema de elección de los vocales o las arduas negociaciones para las presidencias de las salas más sensibles del Supremo, donde acabaron siendo designados los candidatos aupados por la derecha. 

Vocales progresistas muestran este jueves un enorme malestar con Carlos Hugo Preciado, al que acusan de aliarse con los vocales de la derecha para mantenerse en los puestos clave del órgano. Con el nuevo reparto, siete de las otras diez comisiones que se han renovado tienen mayoría conservadora. Se trata de Disciplinaria, Calificación, Igualdad, Relaciones Internacionales, Carrera Judicial, Modernización y Relaciones Institucionales. Sólo en las comisiones de Asuntos Económicos, Escuela Judicial y Estudios e Informes tiene mayoría el sector progresista.

El vocal elegido a iniciativa de Sumar afirma, por su parte, que los nueve progresistas han renunciado a presentar propuesta alguna y defiende que él se ha limitado a presentar una propuesta que ha recibido el mayor número de votos. Su propuesta es idéntica a la del grupo conservador, lo que da pistas sobre la existencia de una negociación previa. 

Distintas fuentes del órgano dan cuenta de una reunión muy tensa, con evidentes choques entre vocales. La otra vocal elegida a iniciativa de Sumar, Inés Herreros, ha amenazado incluso con emprender acciones legales al constatar que se la había excluido de todas las comisiones en la propuesta presentada por Carlos Hugo Preciado, algo que en su entorno consideran una “represalia”. Finalmente, dos vocales del bloque conservador han advertido de que no se podía dar exclusión y Herreros finalmente formará parte de la comisión de Escuela Judicial.

Carlos Hugo Preciado, por su parte, afirma en una nota de prensa que “se han corregido determinadas disfunciones y se ha optado por perfiles progresistas independientes”. En ese mismo comunicado afirma que durante el primer año de mandato, “votó en contra en más de 20 ocasiones en materia de nombramientos de perfil conservador que, sin embargo, fueron apoyados por los otros nueve vocales progresistas”.

Y recuerda que, de forma reciente, se ha apartado del grupo progresista al respaldar que se le abriera expediente al juez que comparó una broma sobre el Valle de los Caídos con una amenaza de apedrear a homosexuales o al dar su apoyo a la rehabilitación del exjuez Baltasar Garzón. La petición de Garzón también tuvo el respaldo de Inés Herreros.

Por otro lado, el grupo conservador ha respaldado la propuesta de Carlos Hugo Preciado de crear un Grupo de Trabajo Permanente de Derechos Humanos. El resto del grupo progresista ha rechazado su creación con el argumento de que es un asunto que debería tener un mayor rango normativo, el de comisión.

Discret, reflexiu i de to serè, Gabriel Oliver Koppen (Palma, 1968) va prendre, el passat 17 de setembre, possessió del seu càrrec com a president de l'Audiència Provincial de les Balears després de més de tres dècades de carrera judicial i una reconeguda especialització en dret civil balear, camp en el qual ha contribuït a preservar la singularitat jurídica de l'arxipèlag. La seva trajectòria professional ha estat vinculada especialment a les Illes, territori del qual és originària la seva família i en el qual resideix des de la seva infància. L'òrgan que ara presideix és la destinació en la qual ha romàs durant més temps.

El 2022 va participar en l'elaboració de la Guia de Bones Pràctiques del Tribunal Superior de Justícia de les Balears (TSJIB), un document destinat a unificar criteris i facilitar la feina de jutges i advocats als tribunals, que ara aspira a aplicar en la seva nova etapa al capdavant de l'Audiència.

En una entrevista concedida a elDiario.es, Oliver, conscient de la sobrecàrrega que suporten els òrgans judicials -un de cada sis ciutadans a les illes espera una resolució, segons dades del TSJIB-, confia que la implantació dels jutjats d'instància i la digitalització del sistema contribueixin a alleujar els retards. Així mateix, defensa la necessitat d'incorporar la intel·ligència artificial com a eina de suport, no com a substitut del criteri humà “en els casos concrets que afecten ciutadans en particular”. El magistrat subratlla la importància de normalitzar l'ús del català a la Justícia i reivindica la plena vigència del dret civil balear en matèries com les successions i el règim econòmic matrimonial.

Sobre l'actuació dels jutges en les causes de més ressò mediàtic, assenyala que, “lògicament, les resolucions judicials estan subjectes a la crítica legítima”, encara que apel·la a “la independència i la imparcialitat” que els magistrats “intentem defensar cada dia amb la nostra actuació”.

El 2022 va participar en el grup que va elaborar la Guia de Bones Pràctiques del TSJIB. Quins són aquests exemples? Hi ha alguna cosa d'aquesta guia que pensi aplicar des del seu nou càrrec?

La Guia es va elaborar en col·laboració amb advocats, procuradors i altres professionals i la finalitat era unificar els criteris d'actuació als tribunals per la raó que una cosa és el que diu la llei i després estan les pràctiques diàries del tribunal. Buscàvem facilitar als professionals el poder treballar i que els jutjats poguessin fer-ho a través d'unes normes orientatives. La guia conté un elenc de recomanacions sobre, per exemple, l'extensió dels escrits, el tipus de lletra, la forma de presentació de les proves en els judicis i aquest tipus de qüestions diàries, a més d'altres que es poden dur a terme en els judicis per facilitar la tasca dels jutges. En les vistes, cada tribunal té instaurades unes pràctiques diferents.

En el seu discurs de presa de possessió va esmentar l'excessiva càrrega de feina que sostenen els tribunals, un fet que provoca, a més, que un de cada sis ciutadans a les Balears es trobi a l'espera d'una resolució judicial, tal com va donar a conèixer el passat mes de maig el president del TSJIB, Carlos Gómez. Quines mesures concretes considera més urgents per reduir els retards judicials?

És difícil parlar de mesures concretes perquè la realitat és que el retard en la tramitació i la falta de mitjans personals i materials és un tema recurrent en l'administració de Justícia. I és cert que hem arribat a un moment en què aquest retard és acusat en matèria civil pel cúmul d'assumptes que van arribant, amb recursos d'apel·lació que fan que les seccions civils estiguin tensionades. I en matèria penal, per la dificultat de senyalament dels judicis i per la complexitat dels casos degut al nombre de parts. Això ocupa temps en els tribunals. I no només l'Audiència, sinó també els Jutjats, estan saturats de feina. Llavors és una mica difícil. Fa un mes que sóc president de l'Audiència Provincial i el que estic fent és prendre consciència de quina és la situació per veure què és el que es pot fer.

El retard en la tramitació i la falta de mitjans personals i materials és un tema recurrent en l'administració de Justícia. Ha arribat un moment en què aquest retard és acusat en matèria civil pel cúmul d'assumptes que van arribant. Fa un mes que sóc president de l'Audiència Provincial i estic prenent consciència de la situació per veure què es pot fer

Seria viable ampliar plantilla judicial a les Balears?

A lo que estem ara assistint és al naixement dels tribunals d'instància, que a les Balears han començat a arrencar a Manacor i a partir de gener començaran a Palma, a Eivissa i a Menorca. I també afectarà l'Audiència Provincial. Potser aquesta sigui l'oportunitat, atès que es deslliga la creació d'una plaça judicial al fet de crear Jutjats, és a dir, assignar un nombre de funcionaris a la tramitació dels assumptes que porta un jutge. Potser això permeti ser més optimistes en la creació de places judicials.

Com influeix l'augment poblacional a les illes en aquesta càrrega de feina? S'han fet previsions per adaptar-se a aquests canvis demogràfics?

No hi ha un estudi concret sobre això, però sí que és una qüestió que crec que és rellevant. L'augment de la població a les Balears és important i això té un reflex en l'increment dels assumptes que arriben als Jutjats.

No hi ha un estudi concret sobre com influeix l'increment demogràfic en la nostra càrrega de feina, però sí que és una qüestió rellevant. L'augment de la població a les Balears és important i això té un reflex en l'increment dels assumptes que arriben als Jutjats

Quina paper creu que poden jugar la digitalització, l'eficiència processal i l'organització judicial per alleujar aquests dèficits? Hi ha projectes concrets en marxa?

La digitalització ja és un fet en els processos civils, on els Jutjats estan plenament digitalitzats, i crec que és una realitat a la qual la Justícia no pot ser aliena. No obstant això, en matèria penal és una mica més complexa l'ordenació, sobretot en instrucció, encara que crec que funciona d'una forma raonablement bé i els operadors jurídics hem hagut d'anar habituant-nos. Els advocats, per exemple, ja no presenten els seus escrits en paper. Als Jutjats, la tramitació ja és plenament digital.

El maig de 2024 va organitzar, juntament amb el president del TSJIB, la jornada 'Intel·ligència artificial i decisió judicial', en què es va abordar l'impacte de la IA en la funció jurisdiccional. Quins són els reptes que afronta la Justícia en aquest sentit?

El repte és que la Justícia no pot ser aliena a aquesta realitat. La intel·ligència artificial ja està sent utilitzada pels despatxos d'advocats i la Justícia també ha d'incorporar-se a aquesta modernització. La qüestió és que encara estem a l'inici de veure com pot afectar la nostra feina i com podem aprofitar aquest instrument, que certament tindrà un reflex en la tramitació, agilització i resolució dels procediments. Existeixen algunes experiències pilot a Espanya, però a les Balears encara no.

De quina forma podrà la Justícia aprofitar els recursos de la IA?

Jo crec que la intel·ligència artificial servirà, sobretot, per ajudar en la gestió documental, donat que ens ajudarà potser a resumir els textos i a trobar de forma més fàcil la legislació i la jurisprudència. Això pot ser útil. Sí que existeix en aquests moments la tramitació del procediment monitori per via electrònica i això agilitza i automatitza els tràmits.

Arribarà la IA a substituir determinats operadors jurídics?

Penso que no. La intel·ligència artificial l'hem de veure com un assistent, sense eliminar l'element personal, que és molt important sobretot en la Justícia, en què resolem casos concrets que afecten ciutadans en particular.

En matèria de drets lingüístics, quines millores considera necessàries perquè es garanteixi l'ús del català en jutjats i tribunals a les Balears, no només com a dret formal sinó efectiu?

Una de les propostes que hi ha, i crec que molt seriosa, és aconseguir que la tramitació pugui realitzar-se als Jutjats tant en castellà com en català, i per això és necessari un esforç i que les aplicacions que s'utilitzen per tramitar puguin permetre que els documents estiguin redactats en ambdós idiomes. Seria un element important per poder normalitzar l'ús del català a la Justícia. La realitat és que no ho està i això es veu en el dia a dia.

Una de les propostes que hi ha, i crec que molt seriosa, és aconseguir que la tramitació pugui realitzar-se als Jutjats tant en castellà com en català. Seria un element important per poder normalitzar l'ús del català a la Justícia. La realitat és que no ho està i això es veu en el dia a dia

Vostè està especialitzat en dret civil balear, ordenament jurídic propi que regula, entre altres, qüestions com els pactes successoris i les figures tradicionals de transmissió patrimonial. Creu que aquestes institucions segueixen tenint sentit en la realitat econòmica actual?

Jo crec que té un ple sentit ja que a les Balears, per exemple, regula una cosa tan important com el règim econòmic del matrimoni o les successions. De fet, té plena aplicació en aquestes últimes. Respecte al règim econòmic matrimonial hi ha menys supòsits.

Creu que podria ampliar-se a altres àmbits?

Aquesta és una decisió que hauran d'adoptar les persones a les quals els correspon. En altres Comunitats el dret civil propi ha tingut una visió més expansiva i aquí s'estan fent esforços per regular-lo i adaptar-lo a la realitat actual.

Tornant a la càrrega de feina que acumulen els òrgans judicials a les Balears, està previst que es revisin els procediments o temps per assegurar una resposta més ràpida i efectiva a les víctimes de violència masclista o abusos sexuals?

El que és cert és que tots aquests procediments tan importants també s'estan veient afectats per la situació de retard en els senyalaments. I és cert que haurem d'analitzar i buscar alguna solució per evitar aquests llargs retards en processos que afecten temes tan sensibles com aquests.

Tots aquests procediments tan importants [de violència masclista i abusos sexuals] també s'estan veient afectats per la situació de retard en els senyalaments. Haurem d'analitzar i buscar alguna solució per evitar aquests llargs retards en processos que afecten temes tan sensibles com aquests

Respecte a la vaga de jutges i fiscals contra la reforma del Govern d'Espanya en l'accés a ambdues carreres per l'accés a la carrera judicial i fiscal, creu que s'ha de modificar el model d'exàmens?

L'accés a la carrera judicial està basat en un sistema d'un examen purament memorístic. No és descartable que pugui revisar-se aquest model per adaptar-lo al que és una nova realitat, en què potser, amb els mitjans dels quals disposem, la memòria no té tanta importància en la formació que reben els alumnes de les facultats de Dret. Ara bé, també penso que és un material molt sensible que ha de ser objecte d'un estudi pormenoritzat.

Depenent del sentit de les seves resolucions, els partits polítics acusen els tribunals, de vegades fins i tot obertament, d'estar mediatitzats. Ho considera un exercici de democràcia, en tant que demostra el respecte a la llibertat d'expressió, o, per contra, creu que suposa un atac a la democràcia i a l'actuació dels jutges?

Si bé jo sempre defenso el caràcter institucional dels càrrecs, crec que lògicament les resolucions judicials estan subjectes a la crítica legítima. I això no s'ha de discutir, està clar. A les Balears, segons la memòria de l'any 2024, es van resoldre gairebé 200.000 assumptes. No sé quants d'ells són rellevants. Però penso que el que no pot posar-se en dubte és la independència i la imparcialitat dels jutges que intentem defensar cada dia amb la nostra actuació.

Si bé jo sempre defenso el caràcter institucional dels càrrecs, crec que lògicament les resolucions judicials estan subjectes a la crítica legítima. I això no s'ha de discutir, està clar. Però penso que el que no es posa en dubte és la independència i la imparcialitat dels jutges que intentem defensar cada dia amb la nostra actuació

A les Balears està garantida la independència judicial front a pressions externes polítiques o mediàtiques?

[Riure] Penso que sí.

Fa diversos anys l'allau de casos de corrupció era contínua a les illes, què ha canviat?

Jo no estic gaire en disposició de donar una contestació molt clara a aquesta pregunta. El cert és que ara existeixen menys casos de corrupció als Jutjats. Hi ha temporades cícliques, tant en matèria civil com en matèria penal. Hi va haver una època en què hi va haver una acumulació de casos de corrupció i ara hi ha un altre tipus de temàtiques. Potser l'experiència de l'etapa dels casos de corrupció ha ajudat a millorar la situació en aquest àmbit.

Ha de ser condemnat el president del Parlament, Gabriel Le Senne (Vox), per trencar la fotografia de tres víctimes del franquisme?

Comprendrà que aquesta pregunta no la puc respondre. És un cas el judici del qual està pendent de senyalament i la meva única funció com a president de l'Audiència serà posar-me a disposició de la Secció perquè disposi dels mitjans necessaris per celebrar aquest judici.

En una entrevista concedida a elDiario.es, el president del TSJIB, Carlos Gómez, va considerar que les Balears, amb la seva resposta judicial als nombrosos casos de corrupció destapats, han sabut posar de manifest que la Justícia “tracta igual les persones independentment de la seva condició”. Opina igual?

Jo ho crec així.

Discreto, reflexivo y de tono sereno, Gabriel Oliver Koppen (Palma, 1968) tomó, el pasado 17 de septiembre, posesión de su cargo como presidente de la Audiencia Provincial de Balears tras más de tres décadas de carrera judicial y una reconocida especialización en derecho civil balear, campo en el que ha contribuido a preservar la singularidad jurídica del archipiélago. Su trayectoria profesional ha estado vinculada especialmente a Balears, territorio del que es originaria su familia y en el que reside desde su infancia. El órgano que ahora preside es el destino en el que ha permanecido durante más tiempo. 

En 2022 participó en la elaboración de la Guía de Buenas Prácticas del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB), un documento destinado a unificar criterios y facilitar el trabajo de jueces y abogados en los tribunales, que ahora aspira a aplicar en su nueva etapa al frente de la Audiencia.

En una entrevista concedida a elDiario.es, Oliver, consciente de la sobrecarga que soportan los órganos judiciales -uno de cada seis ciudadanos en las islas espera una resolución, según datos del TSJIB-, confía en que la implantación de los juzgados de instancia y la digitalización del sistema contribuyan a aliviar los retrasos. Asimismo, defiende la necesidad de incorporar la inteligencia artificial como herramienta de apoyo, no como sustituto del criterio humano “en los casos concretos que afectan a ciudadanos en particular”. El magistrado subraya la importancia de normalizar el uso del catalán en la Justicia y reivindica la plena vigencia del derecho civil balear en materias como las sucesiones y el régimen económico matrimonial.

Sobre la actuación de los jueces en las causas de mayor eco mediático, señala que, “lógicamente, las resoluciones judiciales están sujetas a la crítica legítima”, aunque apela a “la independencia y la imparcialidad” que los magistrados “intentamos defender cada día con nuestra actuación”.

En 2022 participó en el grupo que elaboró la Guía de Buenas Prácticas del TSJIB. ¿Cuáles son esos ejemplos? ¿Hay algo de esa guía que piense aplicar desde su nuevo cargo?

La Guía se elaboró en colaboración con abogados, procuradores y otros profesionales y la finalidad era unificar los criterios de actuación en los tribunales por la razón de que una cosa es lo que dice la ley y luego están las prácticas diarias del tribunal. Buscábamos facilitar a los profesionales el poder trabajar y que los juzgados pudiesen hacerlo a través de unas normas orientativas. La guía contiene un elenco de recomendaciones sobre, por ejemplo, la extensión de los escritos, el tipo de letra, la forma de presentación de las pruebas en los juicios y este tipo de cuestiones diarias, además de otras que se pueden llevar a cabo en los juicios para facilitar la labor de los jueces. En las vistas, cada tribunal tiene instauradas unas prácticas distintas.

En su discurso de toma de posesión mencionó la excesiva carga de trabajo que sostienen los tribunales, un hecho que provoca, además, que uno de cada seis ciudadanos en Balears se encuentre a la espera de una resolución judicial, tal como dio a conocer el pasado mes de mayo el presidente del TSJIB, Carlos Gómez. ¿Qué medidas concretas considera más urgentes para reducir los retrasos judiciales? 

Es difícil hablar de medidas concretas porque la realidad es que el retraso en la tramitación y la falta de medios personales y materiales es un tema recurrente en la administración de Justicia. Y es cierto que hemos llegado a un momento en el que este retraso es acusado en materia civil por el cúmulo de asuntos que van llegando, con recursos de apelación que hacen que las secciones civiles estén tensionadas. Y en materia penal, por la dificultad de señalamiento de los juicios y por la complejidad de los casos debido al número de partes. Esto ocupa tiempo en los tribunales. Y no solo la Audiencia, sino también los Juzgados, están saturados de trabajo. Entonces es un poco difícil. Yo llevo un mes como presidente de la Audiencia Provincial y lo que estoy haciendo es tomar conciencia de cuál es la situación para ver qué es lo que se puede hacer.

El retraso en la tramitación y la falta de medios personales y materiales es un tema recurrente en la administración de Justicia. Ha llegado un momento en que este retraso es acusado en materia civil por el cúmulo de asuntos que van llegando. Llevo un mes como presidente de la Audiencia Provincial y estoy tomando conciencia de la situación para ver qué se puede hacer

¿Sería viable ampliar plantilla judicial en Balears? 

A lo que estamos ahora asistiendo es al nacimiento de los tribunales de instancia, que en Balears han comenzado a arrancar en Manacor y a partir de enero comenzarán en Palma, en Eivissa y en Menorca. Y también afectará a la Audiencia Provincial. Quizás esa sea la oportunidad, dado que se desliga la creación de una plaza judicial al hecho de crear Juzgados, es decir, asignar un número de funcionarios a la tramitación de los asuntos que lleva un juez. Quizás esto permita ser más optimistas en la creación de plazas judiciales.

¿Cómo influye el aumento poblacional en las islas en esta carga de trabajo? ¿Se han realizado previsiones para adaptarse a esos cambios demográficos?

No hay un estudio concreto sobre ello, pero sí es una cuestión que creo que es relevante. El aumento de la población en Balears es importante y eso tiene un reflejo en el incremento de los asuntos que llegan a los Juzgados.

No hay un estudio concreto sobre cómo influye el incremento demográfico en nuestra carga de trabajo, pero sí es una cuestión relevante. El aumento de la población en Balears es importante y eso tiene un reflejo en el incremento de los asuntos que llegan a los Juzgados

¿Qué papel cree que pueden jugar la digitalización, la eficiencia procesal y la organización judicial para aliviar estos déficits? ¿Hay proyectos concretos en marcha?

La digitalización ya es un hecho en los procesos civiles, donde los Juzgados están plenamente digitalizados, y creo que es una realidad a la que la Justicia no puede ser ajena. Sin embargo, en materia penal es algo más compleja la ordenación, sobre todo en instrucción, aunque creo que funciona de una forma razonablemente bien y los operadores jurídicos hemos tenido que ir habituándonos. Los abogados, por ejemplo, ya no presentan sus escritos en papel. En los Juzgados, la tramitación ya es plenamente digital.

En mayo de 2024 organizó, junto al presidente del TSJIB, la jornada 'Inteligencia artificial y decisión judicial', en la se abordó el impacto de la IA en la función jurisdiccional. ¿Cuáles son los desafíos que afronta la Justicia en este sentido?

El desafío es que la Justicia no puede ser ajena a esta realidad. La inteligencia artificial ya está siendo utilizada por los despachos de abogados y la Justicia también debe incorporarse a esta modernización. La cuestión es que todavía estamos en el inicio de ver cómo puede afectar a nuestro trabajo y cómo podemos aprovechar este instrumento, que ciertamente tendrá un reflejo en la tramitación, agilización y resolución de los procedimientos. Existen algunas experiencias piloto en España, pero en Balears todavía no.

¿De qué forma podrá la Justicia aprovechar los recursos de la IA?

Yo creo que la inteligencia artificial servirá, sobre todo, para ayudar en la gestión documental, pues nos ayudará quizás a resumir los textos y a encontrar de forma más fácil la legislación y la jurisprudencia. Esto puede ser útil. Sí que existe en estos momentos la tramitación del procedimiento monitorio por vía electrónica y eso agiliza y automatiza los trámites.

¿Llegará la IA a sustituir a determinados operadores jurídicos?

Pienso que no. La inteligencia artificial la tenemos que ver como un asistente, sin eliminar el elemento personal, que es muy importante sobre todo en la Justicia, en la que resolvemos casos concretos que afectan a ciudadanos en particular.

En materia de derechos lingüísticos, ¿qué mejoras considera necesarias para que se garantice el uso del catalán en juzgados y tribunales en Baleares, no solo como derecho formal sino efectivo?

Una de las propuestas que hay, y creo que muy seria, es conseguir que la tramitación pueda realizarse en los Juzgados tanto en castellano como en catalán, y para eso es necesario un esfuerzo y que las aplicaciones que se utilizan para tramitar puedan permitir que los documentos estén redactados en ambos idiomas. Sería un elemento importante para poder normalizar el uso del catalán en la Justicia. La realidad es que no lo está y eso se ve en el día a día.

Una de las propuestas que hay, y creo que muy seria, es conseguir que la tramitación pueda realizarse en los Juzgados tanto en castellano como en catalán. Sería un elemento importante para poder normalizar el uso del catalán en la Justicia. La realidad es que no lo está y eso se ve en el día a día

Usted está especializado en derecho civil balear, ordenamiento jurídico propio que regula, entre otras, cuestiones como los pactos sucesorios y las figuras tradicionales de transmisión patrimonial. ¿Cree que estas instituciones siguen teniendo sentido en la realidad económica actual?

Yo creo que tiene un pleno sentido ya que en Balears, por ejemplo, regula algo tan importante como el régimen económico del matrimonio o las sucesiones. De hecho, tiene plena aplicación en estas últimas. Respecto al régimen económico matrimonial hay menos supuestos.

¿Cree que podría ampliarse a otros ámbitos?

Esta es una decisión que tendrán que adoptar las personas que a las que les corresponde. En otras Comunidades el derecho civil propio ha tenido una visión más expansiva y aquí se están haciendo esfuerzos para regularlo y adaptarlo a la realidad actual.

Volviendo a la carga de trabajo que acumulan los órganos judiciales en Balears, ¿está previsto que se revisen los procedimientos o tiempos para asegurar una respuesta más rápida y efectiva a las víctimas de violencia machista o abusos sexuales?

Lo que es cierto es que todos estos procedimientos tan importantes también se están viendo afectados por la situación de retraso en los señalamientos. Y es cierto que tendremos que analizar y buscar alguna solución para evitar estos largos retrasos en procesos que afectan a temas tan sensibles como estos.

Todos estos procedimientos tan importantes [de violencia machista y abusos sexuales] también se están viendo afectados por la situación de retraso en los señalamientos. Tendremos que analizar y buscar alguna solución para evitar estos largos retrasos en procesos que afectan a temas tan sensibles como estos

Respecto a la huelga de jueces y fiscales contra la reforma del Gobierno en el acceso a ambas carreras por el acceso a la carrera judicial y fiscal, ¿cree que debe modificarse el modelo de exámenes?

El acceso a la carrera judicial está basado en un sistema de un examen puramente memorístico. No es algo descartable que pueda revisarse este modelo para adaptarlo a lo que es una nueva realidad, en la que quizá, con los medios de los que disponemos, la memoria no tiene tanta importancia en la formación que reciben los alumnos de las facultades de Derecho. Ahora bien, también pienso que es un material muy sensible que tiene que ser objeto de un estudio pormenorizado.

Dependiendo del sentido de sus resoluciones, los partidos políticos acusan a los tribunales, a veces incluso abiertamente, de estar mediatizados. ¿Lo considera un ejercicio de democracia, en tanto demuestra el respeto a la libertad de expresión, o, por el contrario, cree que supone un ataque a la democracia y a la actuación de los jueces?

Si bien yo siempre defiendo el carácter institucional de los cargos, creo que lógicamente las resoluciones judiciales están sujetas a la crítica legítima. Y esto no hay que discutirlo, está claro. En Balears, según la memoria del año 2024, se resolvieron casi 200.000 asuntos. No sé cuántos de ellos son relevantes. Pero pienso que lo que no puede ponerse en duda es la independencia y la imparcialidad de los jueces que intentamos defender cada día con nuestra actuación.

Si bien yo siempre defiendo el carácter institucional de los cargos, creo que lógicamente las resoluciones judiciales están sujetas a la crítica legítima. Y esto no hay que discutirlo, está claro. Pero pienso que lo que no se pone en duda es la independencia y la imparcialidad de los jueces que intentamos defender cada día con nuestra actuación

¿En Baleares está garantizada la independencia judicial frente a presiones externas políticas o mediáticas?

[Ríe] Pienso que sí.

Hace varios años la avalancha de casos de corrupción era continua en las islas, ¿qué ha cambiado?

Yo no estoy muy en disposición de dar una contestación muy clara a esta pregunta. Lo cierto es que ahora existen menos casos de corrupción en los Juzgados. Hay temporadas cíclicas, tanto en materia civil como en materia penal. Hubo una época en que hubo una acumulación de casos de corrupción y ahora hay otro tipo de temáticas. Quizá la experiencia de la etapa de los casos de corrupción ha ayudado a mejorar la situación en ese ámbito.

¿Debe ser condenado el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne (Vox), por romper la fotografía de tres víctimas del franquismo?

Comprenderá que esta pregunta no la puedo responder. Es un caso cuyo juicio está pendiente de señalamiento y mi única función como presidente de la Audiencia será ponerme a disposición de la Sección para que disponga de los medios necesarios para celebrar ese juicio.

En una entrevista concedida a elDiario.es, el presidente del TSJIB, Carlos Gómez, consideró que Balears, con su respuesta judicial a los numerosos casos de corrupción destapados, ha sabido poner de manifiesto que la Justicia “trata igual a las personas independientemente de su condición”. ¿Opina igual?

Yo lo creo así.

La Junta General de Jutges de Palma ha designat com a degà Alejandro González Mariscal de Gante, càrrec que li atorga una posició clau en la coordinació de l'activitat judicial de la capital balear. Portaveu de la conservadora i majoritària Associació Professional de la Magistratura (APM), González Mariscal compta amb un historial d'intervencions públiques no exemptes de controvèrsia: ha participat en actes del PP en què ha carregat contra l'amnistia catalana o la reforma 'Bolaños', i va signar la sentència que va anul·lar la gratuïtat del túnel de Sóller, la construcció del qual es va convertir en l'epicentre del primer gran cas de corrupció impulsat a Balears i va derivar als anys noranta en el primer gran cop judicial contra els populars a les illes.

El magistrat ha aconseguit 42 vots dels 57 possibles. En aquestes eleccions estaven cridats a votar tots els magistrats titulars dels òrgans unipersonals de la ciutat, així com els jutges d'adscripció territorial que es troben en funcions de substitució.

González Mariscal va ingressar a la carrera judicial el 2014 i va exercir la seva primera destinació al Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Palma, del qual continua sent titular. Va promocionar a la categoria de magistrat el novembre de l'any 2022. El seu nou nomenament ha de ser ratificat pel Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i publicat al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).

A nivell judicial, el portaveu de l'APM va avalar l'anul·lació del rescat del túnel de Sóller. El 2017, el Consell de Mallorca havia apel·lat a l'interès general per aconseguir l'explotació de la infraestructura previ pagament de 17,4 milions d'euros a la concessionària Globalvia, que en reclamava 31 milions. Era, segons la institució, “un acte de justícia, encara que tardà, amb els habitants de la Vall de Sóller”. La institució buscava així alliberar el túnel del peatge -un dels més cars d'Espanya- i garantir-ne la gratuïtat per a veïns i transportistes. Tot i això, el Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJIB) va tombar el 2021 aquella decisió. La nul·litat del rescat, confirmada pel Suprem, va reobrir el debat sobre fins a quin punt la justícia va actuar a favor o en contra de la ciutadania.

En una altra de les seves resolucions, González Mariscal va suspendre el 2017 l'acord de l'Ajuntament de Palma -governat llavors pel PSOE, Més i Podem- de licitar per via d'urgència les obres de demolició de sa Feixina, erigit pel franquisme el 1947 per glorificar els“herois”del Crucero Baleares, enfonsat el març de 1938 i responsable del bombardeig dut a terme un any abans contra la població civil que fugia de Màlaga a Almeria en plena ofensiva feixista –episodi històricament conegut com 'la Desbandà'–. Convertit en un dels símbols més controvertits del paisatge urbà de Palma, aquest vestigi de l'arquitectura feixista ha estat durant dècades focus de diversos intents de resignificació, campanyes en pro de la seva demolició i diverses batalles judicials. Finalment, el Consistori de la capital balear -actualment governat per PP i Vox- l'ha inclòs, amb la màxima protecció integral, al catàleg municipal de béns d'interès històric, artístic i arquitectònic.

El 2023, el mateix jutge va concloure en una sentència que els fills de les mares solteres no estan discriminats respecte als nascuts en una família de dos progenitors, motiu pel qual va rebutjar que una funcionària pogués gaudir de 32 setmanes de permís de maternitat, com va informar Diario de Mallorca.

Al marge de la seva activitat als tribunals, les declaracions de González Mariscal contra les decisions del Govern de Pedro Sánchez són recurrents. Entre altres, s'ha pronunciat durament en contra de les reformes del ministre Félix Bolaños, sobretot per la inclusió d'una prova escrita a l'oposició que dóna accés a la carrera, fins ara únicament oral i memorística, i pel seu pla per regularitzar els jutges substituts —la majoria dones— que cobreixen baixes i tiren endavant jutjats en situacions precàries. Va ser, en aquest sentit, un dels promotors –entre les cinc associacions del centredreta judicial– que van anar a la vaga en protesta pels projectes amb què l'Executiu pretén modificar l'accés a la carrera i l'Estatut de la Fiscalia.

Així mateix, en una jornada del Grup Popular organitzada al Congrés el febrer del 2024, González Mariscal de Gante va qüestionar els principis que inspiren la Llei d'Amnistia, si bé va sostenir que els magistrats hauran d'aplicar-la encara que la considerin “materialment il·legítima” i impròpia d'un Estat de Dret. “Sempre complirem amb un Estat de Dret, amb una norma que pugui ser fins i tot contradictòria amb ell”, va incidir el jutge, per qui la normativa que el PSOE va pactar amb ERC i Junts posa en perill “les bases fonamentals de l'Estat de dret” perquè “implica privilegis” i acaba amb la igualtat.

També s'ha mostrat severament crític amb l'ús del concepte lawfare com un intent de desacreditar la judicatura. A parer seu, es tracta d'“un eufemisme preciós per no dir prevaricació”.

Respecte a la imputació del Fiscal General de l'Estat, Álvaro García Ortiz, per un presumpte delicte de revelació de secrets, Mariscal de Gante ha afirmat que la seva permanència en el càrrec causa “un greu dany a la imatge de la Fiscalia”, un pronunciament que va ser interpretat com a pressió pública en un moment políticament sensible.

La Junta General de Jueces de Palma ha designado como decano a Alejandro González Mariscal de Gante, cargo que le otorga una posición clave en la coordinación de la actividad judicial de la capital balear. Portavoz de la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), González Mariscal cuenta con un historial de intervenciones públicas no exentas de controversia: ha participado en actos del PP en los que ha arremetido contra la amnistía catalana o la reforma 'Bolaños', y firmó la sentencia que anuló la gratuidad del túnel de Sóller, cuya construcción se convirtió en el epicentro del primer gran caso de corrupción impulsado en Balears y derivó en los años noventa en el primer gran golpe judicial contra los populares en las islas. 

El magistrado ha conseguido 42 votos de los 57 posibles. En estas elecciones estaban llamados a votar todos los magistrados titulares de los órganos unipersonales de la ciudad, así como los jueces de adscripción territorial que se encuentran en funciones de sustitución.

González Mariscal ingresó en la carrera judicial en 2014 y desempeñó su primer destino en el Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de Palma, del que continúa siendo titular. Promocionó a la categoría de magistrado en noviembre del año 2022. Su nuevo nombramiento debe ser ratificado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

A nivel judicial, el portavoz de la APM avaló la anulación del rescate del túnel de Sóller. En 2017, el Consell de Mallorca apeló al interés general para hacerse con la explotación de la infraestructura previo pago de 17,4 millones de euros a la concesionaria Globalvia, que reclamaba 31 millones. Era, según la institución, “un acto de justicia, aunque tardío, con los habitantes de la Vall de Sóller”. La institución buscaba así liberar el túnel del peaje -uno de los más caros de España- y garantizar la gratuidad para vecinos y transportistas. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) tumbó en 2021 aquella decisión. La nulidad del rescate, confirmada por el Supremo, reabrió el debate sobre hasta qué punto la justicia actuó a favor o en contra de la ciudadanía.

En otra de sus resoluciones, González Mariscal suspendió en 2017 el acuerdo del Ayuntamiento de Palma -gobernado entonces por por el PSOE, Més y Podemos- de licitar por vía de urgencia las obras de demolición de sa Feixina, erigido por el franquismo en 1947 para glorificar a los “héroes” del Crucero Baleares, hundido en marzo de 1938 y responsable del bombardeo llevado a cabo un año antes contra la población civil que huía de Málaga a Almería en plena ofensiva fascista –episodio históricamente conocido como 'la Desbandá'–. Convertido en uno de los símbolos más controvertidos del paisaje urbano de Palma, este vestigio de la arquitectura fascista ha sido, durante décadas, foco de varios intentos de resignificación, campañas en pro de su demolición y distintas batallas judiciales. Finalmente, el Consistorio de la capital balear -en la actualidad gobernado por PP y Vox- lo ha incluido, con la máxima protección integral, en el catálogo municipal de bienes de interés histórico, artístico y arquitectónico.

En 2023, el mismo juez concluyó en una sentencia que los hijos de las madres solteras no están discriminados respecto a los nacidos en una familia de dos progenitores, motivo por el que rechazó que una funcionaria pudiera disfrutar de 32 semanas de permiso de maternidad, como informó Diario de Mallorca.

Al margen de su actividad en los tribunales, las declaraciones de González Mariscal contra las decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez son recurrentes. Entre otras, se ha pronunciado duramente en contra de las reformas del ministro Félix Bolaños, sobre todo por la inclusión de una prueba escrita en la oposición que da acceso a la carrera, hasta ahora únicamente oral y memorística, y por su plan para regularizar a los jueces sustitutos —la mayoría mujeres— que cubren bajas y sacan adelante juzgados en situaciones precarias. Fue, en este sentido, uno de los promotores -entre las cinco asociaciones del centroderecha judicial- que fueron a la huelga en protesta por los proyectos con los que el Ejecutivo pretende modificar el acceso a la carrera y el Estatuto de la Fiscalía.

Asimismo, en una jornada del Grupo Popular organizada en el Congreso en febrero de 2024, González Mariscal de Gante cuestionó los principios que inspiran la Ley de Amnistía, si bien sostuvo que los magistrados deberán aplicarla aunque la consideren “materialmente ilegítima” e impropia de un Estado de Derecho “moderno y razonable”. “Siempre vamos a cumplir con un Estado de Derecho, con una norma que pueda ser incluso contradictoria con él”, incidió el juez, para quien la normativa que el PSOE pactó con ERC y Junts pone en peligro “las bases fundamentales del Estado de derecho” porque “implica privilegios” y acaba con la igualdad.

También se ha mostrado severamente crítico con el uso del concepto lawfare como un intento de desacreditar a la judicatura. En su opinión, se trata de “un eufemismo precioso para no decir prevaricación”.

Respecto a la imputación del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos, Mariscal de Gante afirmó que su permanencia en el cargo causa “un grave daño a la imagen de la Fiscalía”: “¿Cómo se presenta mañana un fiscal a solicitar instrucción contra personas cuando la cúspide está imputada?”.

El Tribunal Constitucional ha rechazado este martes apartar a cuatro de sus magistrados de las deliberaciones sobre los recursos de amparo presentados por los líderes del 'procés', entre ellos el ex presidente catalán Carles Puigdemont y el que fuera su 'número dos', Oriol Junqueras, por la decisión del Tribunal Supremo de no amnistiarles la malversación del 1-O.

Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que el Pleno ha desestimado por unanimidad la recusación planteada por la Abogacía del Estado contra el magistrado conservador José aría Macías; la de Vox contra el presidente del Constitucional, el progresista Cándido Conde-Pumpido; y las dirigidas por el propio Puigdemont y el exconseller Antoni Comín contra Macías y los también magistrados conservadores Enrique Arnaldo y Concepción Espejel.

La Abogacía del Estado solicitó apartar a Macías de las deliberaciones sobre estos recursos de amparo por haberse pronunciado en contra de la ley de amnistía en textos oficiales cuando era vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Se trata del mismo argumento por el que fue apartado, a instancias de Fiscalía, de las discusiones sobre la ley de amnistía en los recursos y cuestiones de inconstitucionalidad registrados contra la misma, cuya primera sentencia se conoció el pasado junio para avalarla.

Las fuentes consultadas han explicado que en este caso las recusaciones contra Macías se han rechazado porque una cosa es el control abstracto sobre la constitucionalidad de la ley, que se hace a través de dichos recursos y cuestiones, y otra es su aplicación al caso concreto, que se estudia en los amparos.

Puigdemont y Comín recusaron a Macías por motivos similares a los esgrimidos por la Abogacía del Estado, mientras que a Arnaldo y Espejel les afearon su “estrecha relación con el PP”. Además, recriminaron a Arnaldo que en un reciente libro mostrara su “animadversión” hacia el ex presidente catalán y, a la magistrada, su voto particular contra la absolución en 2020 del mayor de los Mossos D'Equadra Josep Lluís Trapero por el 1-O.

Hacia la admisión y el rechazo de las cautelares

Estaba previsto que en el Pleno anterior, celebrado la semana pasada, los magistrados admitieran a trámite los recursos de amparo registrados por Puigdemont, Comín y el también ex consejero Lluís Puig.

Sin embargo, las recusaciones efectuadas por Puigdemont y Comín contra Macías, Arnaldo y Espejel obligaron a retrasar la admisión para ventilar antes las recusaciones, que finalmente se han acumulado todas en un mismo Pleno para poder avanzar en los procedimientos de amparo.

Los recursos de amparo presentados por Junqueras y los ex consejeros Raül Romeva y Dolors Bassa ya fueron admitidos a trámite el pasado febrero, mismo curso que siguió el del también ex consejero Jordi Turull en abril. Como medida cautelar, reclamaban que se les levantara la pena de inhabilitación que se les impuso por el 'procés'. En la misma línea, Puigdemont ha pedido que se le retire cautelarmente la orden de detención nacional que pesa en su contra.

Las citadas fuentes han señalado respecto a ambas peticiones cautelares que, aunque es frecuente que se soliciten, es “rarísimo” que se concedan y prevén que los casos de Junqueras y Puigdemont no serán una excepción, por lo que tendrán que esperar a la decisión de fondo sobre sus recursos de amparo.

Pleno al completo

En estas deliberaciones participará el Pleno al completo, con sus doce magistrados, a diferencia de lo que ocurrió con la primera sentencia sobre la amnistía, que contestó al recurso de inconstitucionalidad del PP.

Entonces, decidieron diez magistrados --seis progresistas y cuatro conservadores-- porque Macías quedó apartado y el progresista Juan Carlos Campo se abstuvo porque cuando era ministro de Justicia dijo en el informe a favor de indultar a los condenados del 'procés' que la amnistía era “claramente inconstitucional”.

Campo, abstenido para todos los recursos y cuestiones de inconstitucionalidad, no se ha apartado voluntariamente en los amparos por las mismas razones que aducirá el Pleno esta semana para rechazar las recusaciones contra Macías, diferenciando entre el análisis de constitucionalidad de la ley de amnistía y su aplicación a cada caso.

Así las cosas, los doce magistrados --con una mayoría progresista de siete magistrados frente a cinco-- intervendrán en los procedimientos de amparo.

Silvino González Fernández, de 62 años, entró este viernes en la Audiencia Provincial de Asturias, en Oviedo, con una petición de pena de las acusaciones de 14 años y 10 meses de prisión por su presunta autoria en el intento de asesinato de su mujer, en el domicilio familiar de la localidad de Grado, y abandonó la sede judicial con una condena en firme de nueve años de prisión.

Esa es la pena con la que su abogado defensor, Luis González, llegó a un acuerdo con la fiscal Rosa María Álvarez García y el abogado de la acusación particular, Francisco Pérez Platas, después de que Silvino González reconociera, de forma explícita, que el 7 de junio de 2024 asestó 21 puñaladas a su mujer cuando ella le comunicó que quería divorciarse.

El acusado: “No quería matarla”

Sin embargo, ha negado que actuara por celos y ha achacado su comportamiento a “la situación de estrés” que dice que padecía en aquella fecha.

“Tenía mucha tensión. No quería matarla. Nunca supe lo que hacía”, ha afirmado el acusado ante el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial.

A preguntas tanto de su defensa como de las acusaciones sobre si a la fecha actual está arrepentido, el procesado ha respondido de forma afirmativa: “Sí, mucho”, ha contestado.

“¿Y pide perdón a la víctima?”, ha sido la pregunta siguiente que le han formulado. Y él, de nuevo, ha respondido que “sí, pido perdón”.

Su escueta declaración, a la vista de que previamente había admitido su autoría en los hechos, le ha servido para rebajar sustancialmente la condena de los 14 años y 10 meses de prisión que solicitaban inicialmente la Fiscalía y la acusación particular a los nueve años de cárcel que ha sellado el acuerdo de conformidad.

Diez años de libertad vigilada

Un acuerdo que incluye, además otros diez años de libertad vigilada y otros diez años de cumplimiento de la orden de alejamiento a la víctima y de cualquier lugar que ésta frecuente.

Asimismo, el acusado se ha comprometido a abonarle una indemnización de 65.000 euros por los daños físicos y morales que le ha causado, así como a pagar las costas del juicio. Una indemnización que se podrá cobrar a la vista de que tiene patrimonio, según han confirmado fuentes jurídicas.

Previamente al acuerdo, la fiscal y el abogado Pérez Platas han solicitado al tribunal la adopción de medidas de protección para evitar el contacto visual entre agresor y víctima, por lo que ésta ha podido eludir cualquier encuentro casual con el acusado.

Las valoraciones

El abogado de la acusación ha asegurado que a la mujer aún le quedan secuelas que calcula que “se mantendrán durante bastante tiempo porque la realidad es que el ataque ha sido brutal con 21 puñaladas a una persona que se encontraba indefensa, sin capacidad alguna para poder oponerse a ese acometimiento y además con un tinte totalmente machista”.

Hoy lo que realmente se juzgaba es un ataque brutal por su condición de ser mujer, con un ánimo de posesión y de machismo puro y duro

Francisco Pérez Platas — Abogado de la acusación particular

La acusación particular ha mostrado su satisfacción, a pesar de la rebaja en la pena de prisión que ha supuesto en relación con su petición recogida en el escrito de conclusiones provisionales, al haber sido estimadas las circunstancias agravantes de parentesco, ensañamiento y haber actuado por motivo de género.

“Los acuerdos nunca son perfectos, pero la conformidad alcanzada es razonable. Hoy lo que realmente se juzgaba -ha comentado el letrado de la acusación- es un ataque brutal por su condición de ser mujer, con un ánimo de posesión y de machismo puro y duro”.

Estamos satisfechos porque el acuerdo es razonable, dadas las elevadas peticiones de pena iniciales

Luis González — Abogado de la defensa

Un acuerdo “razonable”

Por su parte, el abogado defensor, Luis González, se mostraba satisfecho por el resultado, al término de la vista oral.

En su opinión, el acuerdo alcanzado es “razonable” sobre todo teniendo en cuenta “las elevadas peticiones de pena que se solicitaban inicialmente”, ha concluido.

“Me llamo Francisca Javiera, y soy mujer”. De Francisca Javiera no había noticias hasta este jueves, cuando Francisco Javier Borrego, abogado del Estado de carrera desde hace medio siglo, exmagistrado del Tribunal Supremo y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, concluyó que identificarse durante unos segundos como mujer en el Congreso de los Diputados era un sólido argumento con el que rebatir los postulados de la “Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI”, generalmente conocida como “Ley Trans”.

Borrego había sido invitado al Congreso por el grupo parlamentario de Vox para hablar sobre ’Ideología de Género y denuncias falsas’. Presentes, un grupo de diputados de ultraderecha y otros afines a la causa. Y este jurista, nacido en Sevilla hace 75 años, decidió explayarse en un buen puñado de temas que a él le tienen en vilo y que guardan, más o menos, se supone, alguna relación con el título de las jornadas.

A saber: la ley trans, la inmigración, la relación entre Carles Puigdemont y Pedro Sánchez, el consentimiento en las relaciones sexuales. Todo, aderezado con supuesta ironía, “un poquito de humor”, según dijo la diputada Rocío Aguirre para explicar chascarrillos que banalizaban las agresiones sexuales, la identidad de género o el drama de la inmigración: “Hoy me siento mujer”; un “barco negrero” [Open Arms]; “Aquí todos somos adultos, y algunos hemos tenido relaciones sexuales: ¿cuándo es todo el tiempo de una relación sexual?”.  “Confieso que pertenezco a la manosfera”, remató.

Borrego es un jurista con amplio recorrido en órganos nacionales e internacionales devenido en esporádico comentarista político. Desde hace años, adoba sus charlas con una pretendida jocosidad con sello propio, que le sirve para barnizar la carga reaccionaria de sus parlamentos, ya sea una tertulia de Toro TV o unas jornadas jurídicas.

Muchas veces el resultado es desconcertante. En la Universidad de Cork (Irlanda), en 2011, comenzó así su ponencia sobre varias sentencias relativas al aborto dictadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH): “Good evening, I want to explain to you who [sic] I am speaking in the Spanish language: me gusta la fiesta de los toros, intento entender esa fiesta, pero nunca me atreveré a bajar a una plaza y encerrarme con un toro. Le tengo mucho respeto”.

Pedro Sánchez, “caudillo”

Últimamente, Borrego se prodiga en The Objetive, que le ha publicado ocho artículos en tres años, con los siguientes titulares: Ecologismo tramposo; La Policía Nacional no es racista; Fraude de ley escandaloso; El derecho como arma de guerra; No habrá impuesto de la renta el año próximo; La necia ministra y la espiral de Noelle-Neumann; ¿Colonización? No. Es saqueo; Elecciones generales: no es el cuándo, es el cómo“.

Sus enemigos en esos textos van de María Jesús Montero a George Soros, pasando por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien en 2023 definió como un “caudillo” que ha “colonizado una a una todas las instituciones” y “ha vendido España” para poder “seguir durmiendo en la Moncloa y usando el Falcon”.

Fue en un artículo publicado en Confilegal que comenzaba parafraseando el último parte de guerra de los golpistas tras la Guerra Civil: “En el día de hoy, cautivo y desarmado el Poder Judicial, YO he alcanzado y sometido mi penúltimo objetivo constitucional. La democracia ha terminado. El presidente de la República Plurinacional, Pedro Sánchez-Castejón”.

Del Colegio del Pilar al TEDH

Este desempeño como articulista ha completado en los últimos años una carrera como jurista que comenzó muy pronto y alcanzó altas cotas antes de desempeñarse como abogado en la firma de Miguel Durán, donde aún ejerce.

Según subraya en sus currículums oficiales, Borrego tenía 20 años cuando obtuvo la licenciatura de Derecho, en junio de 1970. Algo muy excepcional que consiguió tras examinarse por la Universidad Complutense de dos cursos en un solo año. Venía del Colegio del Pilar, por el que también pasaron en aquellos años José María Aznar, Alfredo Pérez Rubalcaba, Javier Solana, Juan Miguel Villar-Mir, Juan Abelló, Luis María Ansón o Juan Luis Cebrián, entre muchos otros.

Tras obtener la licenciatura, aprobó la prestigiosa oposición a Abogado del Estado y fue escalando posiciones hasta hacerse con la jefatura del servicio ante la Comisión Europea y ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En 2003 obtuvo su primera designación a una labor jurisdiccional (sin ser juez de carrera): de la terna propuesta por el Gobierno de Aznar para juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se impuso con holgura en la votación de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Borrego sustituyó a una eminencia del derecho internacional público en España, José Antonio Pastor Ridruejo.

La tarea de un juez del TEDH supone valorar las posibles vulneraciones de los derechos humanos cometidas por países firmantes del Convenio Europeo de Derechos Humanos, manteniendo la independencia de su país de procedencia. De un día para otro, Borrego pasó de representar los intereses de España como abogado del Estado ante el TEDH a ser juez del TEDH. De parte a juez. “Era vox populi entre el resto de jueces que se dedicaba a defender al Estado en lugar de a las víctimas. Era un juez no apreciado”, recuerda una fuente con experiencia en el derecho internacional al más alto nivel.

En este sentido, es significativo un artículo en The Objective donde celebra la exoneración de España en un caso de presunto sesgo racial por parte de la Policía, y carga en abstracto contra el “litigio estratégico”, una herramienta a la que suelen recurrir ONGs para ampliar derechos consiguiendo reformas legales o interpretaciones extensivas de derechos (humanos, sociales, ambientales) a partir de casos escogidos capaces de sentar precedente.

Crítico con la jurisprudencia del TEDH

Borrego terminó su mandato en Estrasburgo en 2008, pero no perdió de vista lo que sucede en el TEDH, un escenario crucial donde se dirimen no sólo las vulneraciones y abusos de los Estados, sino el alcance en la interpretación de los derechos humanos, que destila las ideas dominantes de cada tiempo.

En 2009 publicó un artículo en El Mundo en el que arremetía contra la jurisprudencia del tribunal del que había formado parte, acusando a sus jueces (singularmente, a los que procedían de la academia) de producir “una especie de lecciones profesorales, que no sentencias” encaramados en su “torre de marfil”. El motivo de su embestida era la polémica sentencia Lautsi, que acababa de condenar a Italia por mantener el crucifijo en una escuela pública. La sentencia de condena en primera instancia (europea) fue adoptada por unanimidad de siete jueces de sala del TEDH, pero fue revocada por la Gran Sala dos años después, en 2011.

En 2016 volvió a la carga, acusando a sus antiguos compañeros del TEDH de “frivolidad” por, en su opinión, recurrir razonamientos “periféricos” (el derecho a la vida privada) para atacar indirectamente los valores cristianos en sus sentencias relativas al aborto, la muerte asistida y el matrimonio homosexual. Empezaba ese artículo asegurando que un magistrado del TEDH le había reprendido en 2006 por colgar del corcho de su despacho la ecografía donde se veía a su futuro nieto. Lo concluía citando el Evangelio.

Regreso a España: conflicto con el presidente de Sala en el Tribunal Supremo

En 2018 volvería a dar el salto a la más alta función jurisdiccional: fue aupado por la mayoría conservadora en el CGPJ a magistrado de la Sala Tercera (Contencioso-Administrativo) del Tribunal Supremo por el turno de “juristas de reconocido prestigio”.

Duró poco. Apenas dos años algo turbulentos, en los que el Consejo General del Poder Judicial le abrió un expediente disciplinario a instancias del presidente de su Sala, Luis María Díez-Picazo. Este último denunció que Borrego le había faltado al respeto y amenazado en su despacho tras una discusión a propósito del retraso con el que llevaba sus asuntos. Borrego contraatacó asegurando que Díez-Picazo le negó el saludo en un bar antes de mandarlo a paseo, según informó en su día El Independiente. Finalmente, el CGPJ archivó el expediente por no haber quedado acreditada la falta disciplinaria. Borrego abandonó el Tribunal Supremo en 2020, apenas dos años después de llegar, al cumplir los 70 años que marcan su jubilación ordinaria.

Desde entonces se desempeña como abogado. Entre otros casos, lleva la defensa del resort de lujo Isla de Valdecañas (Cáceres), sobre el que desde 2022 pesa sentencia (recurrida ante el Tribunal Constitucional) de sus excompañeros del Tribunal Supremo ordenando su demolición por invadir zona protegida. Y sigue interviniendo como opinador allá donde se le dé una oportunidad, aunque a veces sus causas parezcan de otro tiempo: por ejemplo, sigue clamando contra el redactado del Código Civil que dice que el matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos “cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo”. “Es decir, primero entre personas del mismo sexo, y luego el resto”, ha escrito él.

En los últimos años también ha formalizado su relación con la defensa de las causas ultra. Al menos hasta 2022 integraba el patronato de la fundación de Abogados Cristianos, según publicó elDiario.es. Es coherente con la visión del mundo de quien nunca ha ocultado que sus ideas jurídicas están marcadas por su misión como hidalgo de la tradición y las corrientes más rigoristas de la doctrina católica.

El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha enviado al Senado una carta en la que avisa de que en diciembre caducará su mandato y el de otros tres magistrados, por lo que la Cámara Alta deberá activar el proceso para designar a sus sustitutos.

Conde-Pumpido remitió el escrito al Senado la última semana de julio, según ha informado La Razón y han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press. Aunque el presidente de la corte de garantías suele avisar a la Cámara Alta con cuatro meses de antelación, este año se ha adelantado porque el plazo se cumple el 17 de agosto, fecha inhábil en el tribunal.

Los cuatro magistrados que verán caducar su mandato en diciembre son el propio Conde-Pumpido, la magistrada del bloque progresista María Luisa Balaguer y los magistrados del ala conservadora Ricardo Enríquez y José María Macías. Este último, sin embargo, podrá repetir y extender su mandato nueve años —si es propuesto por el Senado—, dado que tomó posesión del cargo hace un año, en sustitución del magistrado Alfredo Montoya, que renunció por motivos de salud en julio de 2022.

Así las cosas, la composición actual del tribunal —con siete progresistas y cinco conservadores— podría verse afectada, toda vez que abandonarán el Constitucional dos progresistas y dos conservadores y la corte de garantías deberá recomponerse con los cuatro nuevos magistrados que elija el Senado.

Esa elección debe acordarse por una mayoría de tres quintos (159 senadores). En la actualidad, el PP cuenta con una mayoría absoluta de 144 senadores que, en todo caso, le obliga a tener que llegar a un acuerdo con otros grupos parlamentarios. La última vez que entraron cuatro nuevos magistrados al Constitucional la antigua mayoría conservadora --de seis magistrados frente a cinco-- dio un vuelco a una holgada mayoría progresista —de siete contra cuatro—.

El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el rey. Cuatro de ellos son designados a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; otros cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Según establece la Constitución, el tribunal debe renovarse por tercios cada tres años y los magistrados designados en cada ocasión son elegidos para cumplir su mandato durante un plazo de nueve años.

Elección de un nuevo presidente

Aunque Conde-Pumpido, Balaguer, Enríquez y Montoya fueron propuestos por el PP y el PSOE en el Senado en marzo de 2017, sus mandatos vencen en diciembre de 2025 porque emprendieron su andadura en el Constitucional con tres meses de retraso, dado que tenían que haber sido elegidos en diciembre de 2016, cuando caducó el mandato de los magistrados salientes.

La renovación del Constitucional llevaría consigo la elección de un nuevo presidente del tribunal. Conde-Pumpido asumió el cargo en enero de 2023 tras obtener seis de los 11 votos que estaban en juego; la también progresista Inmaculada Montalbán fue elegida vicepresidenta. Estos nombramientos supusieron la ruptura de la norma no escrita que se había aplicado durante los últimos años, según la cual la Presidencia correspondía al sector mayoritario y la Vicepresidencia, al minoritario.

Algunos jueces no viven en urnas de cristal y uno de los ejemplos más claros es el magistrado-juez Rafael Abril Manso, titular del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Gijón, que acaba de conceder a Duro Felguera una segunda prórroga del preconcurso de acreedores, que se prolongará hasta el próximo 31 de julio.

La autorización responde al cumplimiento de los requisitos exigidos, pero también al componente social y, en este sentido, el magistrado-juez ha tenido en cuenta la “importancia estratégica” de la empresa y especialmente que da empleo a casi 1.500 personas.

La vertiente social

El auto, al que ha tenido acceso elDiario.es Asturias, no se limita a exponer los motivos aducidos por el grupo Duro Felguera y los artículos que debe cumplir para acogerse a esta segunda prórroga. En esta ocasión, el magistrado-juez va más allá y ahonda en la vertiente social.

“Este juzgador es permeable a la realidad social que rodea la aplicación de la norma y consciente, sin duda, de la importancia estratégica de la sociedad deudora en el tejido industrial español, tratándose de una mercantil que ha pasado por varios procesos de reconversión, evolucionando hacia la ingeniería y ejecución de proyectos industriales y energéticos, actuando en el mercado en la actualidad en cinco líneas de negocio: Energía Convencional, Plantas Industriales, Servicios, Energías Renovables y Sistemas Inteligentes”, explica en uno de sus párrafos.

El Grupo da empleo a casi 1.500 personas

“No debe olvidarse que esta empresa da empleo a casi 1500 personas, con una importante implantación a nivel internacional, nacional y, sobre todo, local, con una antigüedad de casi 200 años y cotizando en Bolsa desde hace más de 100 años. Su innegable importancia estratégica -añade- viene avalada, además, por la extraordinaria ayuda económica proporcionada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y por el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE)”.

Este juzgador es permeable a la realidad social que rodea la aplicación de la norma y consciente, sin duda, de la importancia estratégica de la sociedad deudora en el tejido industrial español, tratándose de una mercantil que ha pasado por varios procesos de reconversión, evolucionando hacia la ingeniería y ejecución de proyectos industriales y energéticos

Rafael Abril Manso — Magistrado-juez titular del Juzgado de lo Mercantil 3 de Gijón

El magistrado-juez ha valorado no solo la relevancia de la sociedad deudora sino también las posibles consecuencias que acarrearía la denegación de la segunda prórroga. En este tema concreto, ha acogido la argumentación de la empresa incluida en la solicitud donde advertía que en caso de no autorizarse “podría causar graves perjuicios y poner en riesgo todos los avances logrados hasta la fecha”.

La interpretación “flexible” y “adaptada” de la norma

Por ello, al estimar “la dimensión tan importante que tiene esta empresa en el tejido industrial nacional y asturiano y los graves perjuicios que la situación concursal traería para el Grupo Duro Felguera”, Rafael Abril ha optado por la interpretación de la norma “con la flexibilidad que el Texto Refundido de la Ley Concursal permite y atendidas las circunstancias que el caso concreto requiere”.

En el auto se posiciona a favor de esta prórroga teniendo en cuenta todos estos parámetros: “En esta línea interpretativa, flexible y adaptada, la respuesta judicial a la segunda prórroga solicitada ha de ser positiva”, ratifica.

El apoyo del pasivo

El juzgado había concedido la primera prórroga a través de un auto, fechado el pasado 12 de marzo, a las mercantiles “Duro Felguera S.A.”, “Duro Felguera Investment S.A.U.”, “Duro Felguera Calderería Pesada S.A.U.”, “Duro Felguera Green Tech S.A.U.”, “D.F. Mompresa S.A.U.”, “D.F. Operaciones y Montajes S.A.U.”, “DFOM Biomasa Huelva S.L.U.”, “Duro Felguera Energy Storage S.A.U.”, “Duro Felguera Oil & Gas S.A.U” y “Duro Felguera Intelligent Systems S.A.U. con un plazo de tres meses más, sucesivos a contar desde la fecha de finalización de la comunicación de apertura de negociaciones con los acreedores.

El grupo de empresas presentó un escrito el pasado 11 de junio mediante el que solicitó una segunda prórroga de los efectos de la comunicación de apertura de negociaciones, dado que “dichas sociedades cuentan con el apoyo del pasivo necesario”, e interesó que, de forma extraordinaria, se extendieran todos los efectos de la comunicación de apertura de negociaciones y, en concreto, que se extendiera la prórroga hasta el 31 de julio.

Los acreedores financieros Banco Sabadell, S.A., Banco Santander, S.A., y Unicaja Banco, S.A. han prestado su consentimiento, representando los créditos que titulan un 63,69 por ciento del total que pueden resultar afectados por la reestructuración en el momento de la solicitud de la prórroga

Una declaración responsable

Estas diez sociedades que integran el Grupo Duro Felguera aportaban junto a su solicitud la declaración responsable suscrita por sus respectivos representantes legales, de conformidad con lo establecido en el artículo 607.2 del Texto Refundido de la Ley Concursal.

En esta declaración hacían constar que se había recabado y obtenido la conformidad de los acreedores necesarios para instar la prórroga, siendo en concreto los acreedores financieros Banco Sabadell, S.A., Banco Santander, S.A., y Unicaja Banco, S.A., quienes han prestado su consentimiento, representando los créditos que titulan un 63,69 por ciento del total que pueden resultar afectados por la reestructuración en el momento de la solicitud de la prórroga.

La Directiva europea

Rafael Abril sostiene en este auto que, de este modo, cumplían los requisitos formales exigidos en los apartados 1 y 2 del artículo 607 del Texto Refundido de la Ley Concursal, esto es, “solicitud del deudor, declaración responsable de que ha obtenido la conformidad de acreedores que representen más del 50 por ciento del pasivo que pueda resultar afectado por el plan de reestructuración y acta firmada por los acreedores recogiendo documentalmente su conformidad”.

El juzgado hace referencia a la directiva europea de procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas que reconoce la necesidad de que los estados y sus autoridades garanticen “la máxima flexibilidad para permitir la reestructuración de deudores viables”.

La viabilidad

El magistrado entiende que ello “refuerza la legitimidad de optar por una solución que favorezca la viabilidad” del grupo de ingeniería y bienes de equipo, “el mantenimiento del empleo y la satisfacción de los créditos en el medio plazo”, pese a que vaya a excederse el límite ordinario de tres meses previsto en la norma nacional.

En este sentido, recuerda que la Directiva europea establece unos plazos orientativos y máximos, pero no prohíbe expresamente su ampliación cuando concurran razones excepcionales y debidamente motivadas, sin necesidad de agotar el plazo máximo de tres meses que se prevé expresamente para la primera prórroga.

Un experto en reestructuración

Esta resolución que concede la prórroga solicitada es susceptible de ser impugnada mediante un recurso de reposición, dentro del plazo de cinco días contados desde el día siguiente de la notificación de aquélla, ante el mismo juzgado que es competente para su tramitación y resolución.

El titular del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Gijón ha dictado un segundo auto en el que resuelve la petición de la compañía de designar un experto en reestructuración y por el que se nombra a la firma Lexaudit Concursal.

Una solución amistosa con Argelia

Un mes después de la primera prórroga, Duro Felguera y Sonelgaz Production d'Electricité (SPE) firmaron un memorándum de entendimiento para la solución amistosa del litigio millonario que mantenían por la suspensión del proyecto de la central térmica de ciclo combinado de Djelfa, en Argelia, por el que la empresa argelina reclamaba 413 millones de euros, un acuerdo que, no obstante, aún está pendiente de concreción.

Además, tras la primera prórroga del concurso de acreedores Indra también dio a conocer su intención de comprar a Duro Felguera una factoría en Gijón, conocida como 'El Tallerón', para destinarlo a la construcción de vehículos militares, y recientemente le hizo llegar una oferta vinculante.

Conversaciones con la SEPI

El grupo de ingeniería y bienes de equipo también mantiene conversaciones con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que dispone de dos de los nueve puestos del consejo de administración de Duro Felguera a raíz del rescate público de 120 millones de euros del que fue objeto la empresa en el año 2021.

La empresa, controlada desde febrero de 2024 por los grupos mexicanos Prodi y Mota-Engil, cuenta con una plantilla cercana a los 1.500 trabajadores; uno de los aspectos que ha tenido en cuenta el magistrado-juez Rafael Abril a la hora de valorar y conceder la segunda prórroga del preconcurso de acreedores al Grupo Duro Felguera.

Los órganos judiciales asturianos se renuevan con nuevos nombramientos y caras muy conocidas para ocupar los cargos de responsabilidad en la Audiencia Provincial de Asturias y el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha designado este martes al fiscal avilesino Alejandro Cabaleiro, que ha asumido causas muy mediáticas como el “caso Koldo”, el “caso Púnica” o el “caso Niemeyer”, entre otros, como nuevo magistrado del TSJA por el turno autonómico.

La plaza que dejó vacante el magistrado José Antonio Soto-Jove en la presidencia de la Audiencia Provincial para incorporarse a la Sala de lo Civil y Penal del alto tribunal asturiano será ocupada por el magistrado Antonio Lorenzo Álvarez, hasta ahora adscrito al tribunal de la Sección Sexta.

Alejandro Cabaleiro, al TSJA

El máximo órgano de decisión de los jueces ha anunciado este martes el nombramiento del fiscal avilesino Alejandro Cabaleiro como nuevo magistrado del alto tribunal asturiano por el turno autonómico.

Pasará a formar parte del tribunal de la Sala de lo Civil y Penal del TSJA que está integrada por los magistrados Jesús María Chamorro -presidente del TSJA- y José Antonio Soto-Jove.

Una terna muy potente

Alejandro Cabaleiro se ha impuesto finalmente a otros dos candidatos muy potentes para este puesto. Junto a él optaban al cargo la ex fiscal superior de Asturias, María Esther Fernández, y el catedrático de Derecho Penal y actual decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo Javier Fernández Teruelo.

Estos tres juristas de reconocido prestigio habían sido propuestos por los grupos parlamentarios del PSOE y PP para optar a la plaza del turno autonómico de la Sala de lo Civil y Penal del TSJA.

Esta plaza estaba vacante desde el mes de septiembre de 2019, cuando se jubiló el magistrado Ángel Aznárez.

De fiscal a magistrado del alto tribunal

Alejandro Cabaleiro es hijo del abogado y exdirector general de Justicia socialista Manuel Cabaleiro. El nuevo magistrado entró en la carrera fiscal en 2008 y ha llevado varias especialidades en la Fiscalía: Menores, Antidroga, Medio Ambiente y Urbanismo y Delitos Económicos.

En 2018 se trasladó a Madrid a la Fiscalía Anticorrupción donde intervino en casos muy mediáticos, entre otros, en la investigación del espionaje corporativo por parte del BBVA, del “caso Koldo”, del “caso Púnica” o el “caso Niemeyer”.

Del 'caso Koldo al Niemeyer'

Cabaleiro fue el fiscal que actuó en el caso de la investigación del espionaje corporativo por parte del BBVA con la ayuda del comisario Villarejo y también llevó otras causas como las del “caso Koldo”, el “caso Púnica” o la investigación a Esperanza Aguirre por ganar las elecciones autonómicas de 2007 y 2011 haciendo trampas, entre otras informaciones desveladas y recogidas en elDiario.es.

En Asturias, el fiscal Cabaleiro estuvo al frente del denominado “caso Niemeyer” por el que fueron condenados Natalio Grueso, ex director general de la Fundación Niemeyer, el abogado José Luis Rebollo, ex secretario general, y José María Vigil, exempleado de Viajes El Corte Inglés (VECI).

Las penas ratificadas por el Supremo

En abril de 2023, el Tribunal Supremo confirmó los ocho años de cárcel para Natalio Grueso por utilizar los fondos de la Fundación Niemeyer de Avilés durante los seis años que duró su relación laboral como director general, entre 2006 y 2012, para su propio beneficio y el de su entorno, tanto personal como familiar y de amistades.

El abogado José Luis Rebollo, ex secretario general de la Fundación Niemeyer, que se defendió a sí mismo en la vista oral del juicio, vio ratificada su pena de dos años de prisión, si bien la Audiencia Provincial de Asturias acordó suspender durante tres años la ejecución de la sentencia.

De la condena a la fuga

El TS solo rebajó la condena a José María Vigil, quien vio reducida su pena de los siete años y medio que le impuso la Audiencia de Asturias inicialmente a los seis años de cárcel en que se fijó definitivamente.

Actualmente Natalio Grueso se encuentra en paradero desconocido y la Audiencia Provincial de Asturias mantiene vigente la orden internacional de busca y captura para su detención e ingreso en prision para el cumplimiento de la condena.

La presidencia de la Audiencia

Otro nombramiento muy esperado ha sido el del presidente de la Audiencia Provincial de Asturias. Habia nada menos que cinco candidaturas para ocupar la vacante que había dejado el magistrado José Antonio Soto-Jove, quien renunció al cargo el pasado mes de octubre para optar a la plaza que desempeñó en la Sala de lo Civil y Penal del TSJA el magistrado Ignacio Vidau hasta su jubilación.

Soto-Jove ostentaba la presidencia desde 2013 y tenía preferencia durante los dos años siguientes al cese “a cualquier plaza de su categoría de las que deben proveerse por el concurso voluntario y para la que no se reconozca especial preferencia o reserva a especialista”, según recogía el Boletín Oficial del Estado (BOE). Apenas tres meses después, en enero de este año, se hacía público su nombramiento tras obtener la plaza en el alto tribunal asturiano.

La Audiencia Provincial y el Supremo

Cinco candidatos aspiraban a sustituir en el cargo al magistrado José Antonio Soto-Jove en la Audiencia Provincial.

Además de Antonio Lorenzo Álvarez, que finalmente asumirá este cargo, optaban a la plaza Rafael Abril Manso, titular del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Oviedo; Elena Fernández González, magistrada de la Sección Octava de la Audiencia Provincial; José Manuel Raposo Fernández, magistrado adscrito a la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial y María Carolina Serrano Gómez, titular del Juzgado de Primera Instancia número 10 de Oviedo.

Antonio Lorenzo Álvarez era hasta ahora magistrado de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial y miembro de la Sala de Gobierno del TSJA.

Por otro lado, la magistrada Raquel Blázquez, que hasta ahora formaba parte del tribunal de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial, ha sido designada para ocupar una plaza en la Sección Primera de lo Civil del Tribunal Supremo (TS).

El punto fuerte del sistema judicial es justo el que no se ve: el procedimiento de decisión. Por eso, Miguel Pasquau Liaño (Úbeda, 1959) está convencido de que al ámbito jurídico le falta abrir sus puertas, rasgarse el velo y dotarse de mayor transparencia. “El problema es que la Justicia tiene un efecto cónclave, sacraliza y provoca la desconfianza”, porque “cuando algo entra en un juzgado nadie sabe qué pasa”, afirma.

Con una mirada crítica, el magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, reflexiona sobre esta y otras cuestiones en su nuevo libro “El oficio de decidir. Dudas y certezas de un juez en activo” (Debate, 2025) que ha presentado este jueves en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB). 

Su objetivo con el libro es claro: “Buscar otra manera diferente de suscitar algo de confianza en el sistema judicial”. Pasquau pretende contar y provocar una conversación sobre un conjunto de temáticas de las que normalmente no se hablan, pero que son importantes para la ciudadanía. En el ámbito jurídico “se debe abandonar el efecto corporativo”, insiste.

Durante su obra y en un intento de abrir ese “cónclave”, el jurista también trata de identificar los defectos y vicios propios, como un ejercicio de introspección dentro del oficio y análisis del mismo. “Es imprescindible también saber qué riesgos dependen de nosotros”, destaca. 

Después de más de dos décadas como profesional de la justicia, Pasquau relata los entresijos de un oficio en el que cualquier equivocación puede llegar al punto de arruinar vidas y que de cuyos aciertos depende que se imparta o no justicia, se reparte una herida o empeoren las que ya están hechas. 

En cuanto a las malas praxis que existen en el procedimiento judicial, el autor destaca que “el sistema será fiable si sigue cumpliendo su función pese a que haya malos jueces. Si no sobrevive, no es un buen sistema”, alegando que las buenas prácticas deben ser las mayoritarias. 

Además, Miguel Pasquau aborda en el libro temas que generan polémica y se posiciona de forma muy clara; como el papel de los medios de comunicación, las presiones de los jueces o la relación de la figura del juez con los demás poderes y esferas del Estado.

Pasquau también es catedrático de Derecho Civil en la Universidad de Granada y tiene una gran afición literaria que ha desarrollado a lo largo de su vida. Tanto es así que el magistrado cuenta con cuatro novelas publicadas: se estrenó como escritor con la obra “Recuerda que yo no existo” (Almuzara, 2014) y la última, “Aunque todo se acabe” (Ediciones Miguel Sánchez), la publicó en 2021.