El Pleno del Consejo General del Poder Judicial publica hoy en el Boletín Oficial del Estado la convocatoria de las presidencias del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y de la Sala de los Social tras haber caducado los mandatos de López del Moral y Mercedes Sancha.

La renovación de los nombres propios de la judicatura en Cantabria se producirá en breve, cuando se nombren a los elegidos entre los aspirantes a las plazas.

La salida de José Luis López del Moral se produce después de una década al frente del TSJ y abre la puerta a la renovación de la cúpula judicial en Cantabria tras la designación de una mujer, Esther Castanedo, al frente de la Sala de lo Contencioso Administrativo de Cantabria y el nombramiento hace un año del nuevo fiscal jefe Jesús Arteaga. Así como del protagonismo que ha cobrado el papel del primer fiscal de Memoria Democrática de la comunidad, quien ha atendido a los requerimientos de colectivos de la memoria y ha exigido al Ayuntamiento de Santander que cumpla los acuerdos del Pleno para eliminar los nombres con referencias franquistas del callejero.

El mandato de todavía presidente del TSJ finalizó en octubre aunque hasta ahora no se había convocado la plaza. De hecho, en el mes de mayo, ante su inminente relevo, López del Moral se había postulado ya para ocupar una plaza de magistrado en la Sala Quinta de lo Militar del Tribunal Supremo cuya adjudicación parece congelada desde entonces.

La biografía profesional de López del Moral se inició en 1983, cuando accedió a la carrera judicial en un pueblo de Lérida, y la mayor parte de su trayectoria ha transcurrido vinculada a Cantabria a donde llegó en el año 1989. Con algunos paréntesis para dar el salto a la política, cuando desempeñó el cargo de director general de Justicia en la Comunidad de Madrid con el Gobierno del Partido Popular. Una experiencia efímera que duró dos años y medio, entre 2001 y 2003.

Después de dejar la política regresó a la judicatura y pasó a presidir la Audiencia Provincial entre 2008 y 2015, hasta que en enero de 2015 se puso al frente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria sucediendo a César Tolosa, que pasó a ejercer de magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. En aquella primera ocasión compitió con los perfiles de Rubén López-Tamés entonces presidente de la Sala de lo Social del TSJC -que reunió 11 de los 21 favorables a López del Moral- y Rafael Losada, que también presidía la de lo Contencioso-Administrativo y que no recibió ningún apoyo.

Cuando tocó la renovación de su segundo mandato, en el verano de 2020, se encontró con la inesperada concurrencia del juez Acayro, a quien en una ocasión ya había declarado culpable de un asunto vinculado a un proceso de corrupción urbanística en Castro Urdiales que luego corrigió el Supremo absolviéndole de delito alguno. López del Moral revalidó el mandato, pero el magistrado Luis Acayro Sánchez recurrió el nombramiento porque consideró que sus méritos vinculados a la transformación digital, a los que la convocatoria del CGPJ consideraba importantes, no habían sido convenientemente reconocidos. Argumentó que había sido pionero en poner en marcha juicios telemáticos durante la pandemia.

Tampoco prosperó el recurso pero un mes después de haberle registrado, el propio López del Moral admitió a trámite la querella de un abogado y del Colegio de la Abogacía de Cantabria contra Acayro quien le recusó sin éxito, bajo el argumento de la disputa por la presidencia del TSJ. Un procedimiento que ha acabado por expulsarle de la carrera judicial y condenarle a diez años de inhabilitación profesional. Un asunto que el afectado ha llevado al Constitucional.

Después de haberse divulgado anticipadamente el fallo de la sentencia contra el fiscal general del Estado –iniciativa perturbadora en cuanto inusual en la práctica de nuestros juzgados y tribunales y en especial en la de la Sala Segunda del Tribunal Supremo actuando como órgano de instancia–, en el que se le condena por la comisión de un delito previsto y penado en el artículo 417.1 del Código Penal, me planteo hacer una reflexión sobre la imparcialidad del Tribunal vinculada a la composición de la Sala. Lo haré tras haber leído en este diario la exclusiva sobre la relación entre tres de los magistrados que integraban el tribunal y una de las partes acusadoras personadas en las actuaciones.

Siendo incapaz de hacer un ejercicio de anticipación a los razonamientos que pudieran conducir a la decisión mayoritaria de considerar probada la comisión de un delito por el fiscal general del Estado, entraré en el examen de la imparcialidad de al menos uno de los integrantes de la sala de enjuiciamiento, a la luz de las disposiciones que se contienen en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, recogidas por la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional, en cuanto que este Tribunal y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos son las instancias a las que podrá recurrir la defensa de Álvaro García Ortiz contra la sentencia del Tribunal Supremo.

El artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos bajo el título de Derecho a un proceso equitativo, establece en su artículo primero: “Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un Tribunal independiente e imparcial, establecido por ley, que decidirá los litigios sobre sus derechos y obligaciones de carácter civil o sobre el fundamento de cualquier acusación en materia penal dirigida contra ella. La sentencia debe ser pronunciada públicamente, pero el acceso a la sala de audiencia puede ser prohibido a la prensa y al público durante la totalidad o parte del proceso en interés de la moralidad, del orden público o de la seguridad nacional en una sociedad democrática, cuando los intereses de los menores o la protección de la vida privada de las partes en el proceso así lo exijan en la medida en que sea considerado estrictamente necesario por el tribunal, cuando en circunstancias especiales la publicidad pudiera ser perjudicial para los intereses de la justicia”.

Tal precepto da lugar a un abundante cuerpo de jurisprudencia acerca del alcance de la exigencia de imparcialidad del Tribunal. Valga como perfecto ejemplo la sentencia del TEDH de 15 de octubre de 2009 en el caso Micallef contra Malta. En una extensa resolución en la que se resuelven múltiples cuestiones jurídicas, nos interesa centrar la atención en los pronunciamientos del tribunal sobre el contenido y alcance del citado artículo. Establece dicha sentencia en uno de sus fundamentos principales, bajo el epígrafe 'La valoración del Tribunal':

“93.- La imparcialidad normalmente denota la ausencia de prejuicios o favoritismos y su existencia puede ser probada de diferentes formas. De acuerdo con la jurisprudencia constante del Tribunal, la existencia de imparcialidad en lo que se refiere al artículo 6.1 debe ser determinada de acuerdo a una valoración subjetiva donde se deben tener en cuenta la convicción personal y el comportamiento de un juez en particular, esto es, si el juez tiene algún prejuicio personal o favoritismo en algún caso dado; y también de acuerdo con una valoración objetiva, es decir asegurando si el tribunal en sí mismo y, entre otros aspectos, su composición, ofrece suficientes garantías para excluir cualquier duda legítima con respecto a su imparcialidad (ver, inter alia, Fey contra Austria, 24 de febrero de 1993, Series A núm. 255, ap. 27,28 y 30, y Wettstein contra Suiza, núm. 33958/96, ap. 42, TEDH 2000-XII)”.

“98.- A este respecto incluso las apariencias deben ser de una cierta importancia o, en otras palabras, ”la justicia no solo debe realizarse, también debe verse que se realiza“ (ver De Cubber, citado arriba, ap.26). Lo que está en juego es la confianza que debe inspirar en el público un tribunal en una sociedad democrática. Así, cualquier juez sobre el que recaiga una legítima razón para temer una falta de imparcialidad debe retirarse (ver Castillo Algar contra España, 28 de octubre de 1998, Informes 1998-VIII, ap.45).

“99.- Además, para que el Tribunal pueda inspirar públicamente la confianza indispensable, también se deben tener en cuenta cuestiones de organización interna (ver Piersack, citado arriba, ap.30 (d)). La existencia de procedimientos nacionales para asegurar la imparcialidad, principalmente normas que regulan la recusación de jueces, es un factor relevante. Tales normas manifiestan la preocupación del legislador nacional de apartar cualquier duda razonable sobre la imparcialidad de un juez o tribunal y constituyen un intento de garantizar la imparcialidad al eliminar las causas de esas preocupaciones. Además de garantizar la ausencia de preferencias reales, buscar eliminar cualquier apariencia de parcialidad y así sirven a promover la confianza que debe inspirar en el público un tribunal en una sociedad democrática (ver Mežnarić, citado arriba, ap. 27). El Tribunal tomará esas normas en cuenta cuando haga su propia valoración sobre si un tribunal es imparcial y, en particular, si los miedos del demandante pueden pasar por objetivamente justificados (ver, mutatis mutandis, Pescador Valero contra España, núm. 62435/00, ap.24-29, TEDH 2003-VII)”.

Si algo destaca en esta doctrina jurisprudencial es la alusión que en el parágrafo 98 se hace a la denominada apariencia de imparcialidad vinculada a la confianza que debe inspirar en el público un tribunal en una sociedad democrática, sin perjuicio de que en los restantes parágrafos se haga un completo compendio de la doctrina del Tribunal Europeo acerca de la imparcialidad judicial. En el parágrafo 99 se alude a la existencia de procedimientos nacionales para garantizar la imparcialidad y, por lo que al ordenamiento jurídico español se refiere, tales procedimientos están contenidos en los artículos 217 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial siendo el artículo 219 el que contiene las causas de abstención y recusación, entre las que se incluye tener amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de las partes.

En la causa contra el fiscal general del Estado se personó como acusación popular el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, que solicitaba una pena de prisión de cuatro años para el acusado. En la página web de dicha institución y dentro de su oferta formativa aparece el anuncio de este curso:

De esta relación entre los tres integrantes del tribunal sentenciador antes citados y una de las acusaciones populares personadas difícilmente podría predicarse un vínculo de amistad íntima en los términos exigidos por el artículo 219 de la Ley Orgánica. Sin embargo, la prudencia, la apariencia de imparcialidad y la confianza en la justicia a que alude la resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos hubiera reclamado que al menos el magistrado director del curso en el ilustre Colegio de Abogados, tarea sin duda generosamente remunerada, se hubiera apartado del conocimiento de la causa permitiendo que cualquier otro compañero o compañera –la Sala Segunda la integran catorce magistrados y magistradas– lo sustituyera en un juicio y una decisión de tanto eco público. Más aun cuando el citado magistrado, Antonio del Moral, se integra en la mayoría partidaria de condenar, bien que empezando la casa por el tejado, a Álvaro García Ortiz.

Es perfectamente predicable de la conducta del aludido magistrado que se ajuste a las exigencias acerca de los motivos de recusación y abstención de la LOPJ, del mismo modo que también lo es que, siendo perfecto conocedor de la doctrina emanada del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, hubiese sido deseable que se retirara del enjuiciamiento de los hechos y de la formación de la mayoría del Tribunal favorable a una condena por la comisión de un delito del artículo 417.1 del Código Penal. Siendo quien esto escribe perfecto conocedor de cómo se desarrollan las deliberaciones en un órgano colegiado, no es descartable que el magistrado en cuestión haya sido la voz principal para mover la convicción de sus compañeros al pronunciamiento condenatorio, hipótesis perfectamente aceptable y defendible después de ver la importancia que durante la causa y en el plenario han tenido las corazonadas, las deducciones sin sustento o las alusiones al color del cabello como fuente de conocimiento y regla de experiencia.

Acabo trasladando que la doctrina del TEDH sobre imparcialidad ha sido recogida por el Tribunal Constitucional en sus resoluciones, valga como perfecto ejemplo la STC 133/2014 en la que se alude la resolución del caso Micallef contra Malta, para concluir que existen motivos suficientes para que se recurra la sentencia del Tribunal Supremo condenando al Fiscal General del Estado tanto ante una como otra sede jurisdiccional por la infracción del derecho a un juez imparcial.

La muerte del magistrado Rafael Martín del Peso ha teñido de luto a la Judicatura asturiana. El prestigioso jurista que durante los últimos 20 años ha presidido la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Gijón, falleció este martes tras toda una vida dedicada al derecho y a su familia.

Hace tan solo 15 días, el presidente de la Sección Séptima, especializada en el área Civil, seguía trabajando con la misma dedicación que ha volcado en su profesión en los últimos 43 años.

Una sentencia pionera

El magistrado formó parte, junto a los magistrados Antonio Lanzos y José María Álvarez Seijo, del tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, con sede en Oviedo, que en febrero de 1990 dictó una sentencia pionera al reconocer la existencia de un caso de violación dentro del matrimonio.

En aquella fecha, los magistrados impusieron una condena de dos años y cuatro meses de prisión al marinero avilesino Luis S.G. por violar a su esposa. El acusado sostenía que el vínculo conyugal era razón suficiente para mantener relaciones sexuales con su mujer.

El “error de prohibición vencible”

El tribunal, por el contrario, exponía en la sentencia que existía “un deber de fidelidad conyugal que no significa que cualquiera de los miembros de la pareja pueda exigir con violencia y constriñendo su voluntad al otro al realizar en cualquier momento el acto carnal”.

La Sala utilizó la figura del “error de prohibición vencible” al entender que el acusado, dada la persistencia del vínculo conyugal, aún no disuelto con la víctima, pudiera realizar los hechos en la creencia de que no le podía negar el débito conyugal.

El débito conyugal

Los magistrados de la Sección Segunda declararon probado que el acusado violó a su mujer en la creencia de que, al persistir aún el vínculo conyugal y teniendo en cuenta sus connotaciones “personales, culturales y su mentalidad”, pudiera haber realizado los hechos convencido de que su mujer “no le podía negar el débito conyugal”.

El tribunal matizaba en la sentencia que “no pudo por menos que pensar que la persistente resistencia de aquella no le daba derecho en absoluto a forzarla sin que el consabido vínculo contractual matrimonial podría justificar tal extralimitación”.

Un precedente muy relevante

Este caso fue un precedente importante y aunque en aquel momento no se entendió en algunos círculos -sobre todo feministas- finalmente esta sentencia sirvió para que otras mujeres también denunciaran a sus maridos cuando las relaciones no eran consentidas.

Las asociaciones feministas y la defensa del marinero se revolvieron contra la sentencia y los propios magistrados se mostraron sorprendidos por la reacción que tuvo en la sociedad asturiana de entonces que se llevaran hasta una sala de vistas las denuncias de tres mujeres contra sus propios maridos por mantener relaciones sexuales no consentidas.

Solo en una ocasión una de las tres víctimas que denunciaron en los tribunales había iniciado los trámites de separación.

Honda conmoción

El magistrado Rafael Martín del Peso había nacido en San Esteban, Muros de Nalón, en 1958. Su muerte ha causado una honda conmoción en la administración de justicia asturiana, donde era muy apreciado.

Nada más conocer la noticia, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) emitió un comunicado donde lamentaba profundamente su muerte.

La Sala de Gobierno, con el presidente Jesús María Chamorro al frente, expresó su “profundo pesar por su pérdida”, al tiempo que trasladaba su pésame a su familia. Casado con Isabel Herrero Fernández, Rafael Martín del Peso tenía cuatro hijos: Eduardo, Cristina, Luis y Julia y un yerno, Xuan.

Una carrera profesional de 43 años

Durante su extensa carrera judicial a lo largo de los 43 años que ha estado dedicado al servicio de la justicia, el magistrado siempre se mostró cercano y afable tanto durante su etapa en la Sección Segunda, como cuando ejerció en las Secciones Primera y Séptima de la Audiencia.

Era académico de número de la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia. Ingresó en la carrera judicial en septiembre de 1982 y tuvo como primer destino el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Burgo de Osma.

Su llegada a Asturias

Más tarde desempeñó su trabajo en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Alcobendas, desde donde pasó al Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria y en el Mixto número 1 de Móstoles.

En Asturias ejerció en las Secciones Segunda y Primera de la Audiencia Provincial, con sede en Oviedo, y en febrero de 2005 fue elegido por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para presidir la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Oviedo con sede en Gijón, donde ha permanecido hasta última hora.

Un trabajador infatigable

El presidente del TSJA, el magistrado Jesús María Chamorro, definió a Rafael Martín del Peso como “un hombre joven, con muchas ganas de seguir trabajando por la justicia asturiana”.

“Hasta hace solo 15 días aún seguía, con un notable esfuerzo personal, a pleno rendimiento el devenir de la Sección Séptima que presidía, lo que da idea de que estuvo activo infatigablemente hasta que la dura enfermedad se lo permitió”, ha asegurado.

Una pérdida que “ha impactado”

Para Chamorro, su fallecimiento “es una grandísima pérdida que nos ha impactado, pero Martín del Peso siempre será recordado por ser un gran magistrado, comprometido siempre con la mejora de la justicia asturiana, un excelente compañero y una bellísima persona”.

Sus cenizas se recibirán mañana, miércoles, a la una de la tarde, en la Iglesia Parroquial de San Esteban, donde se celebrará el funeral y, acto seguido, recibirán cristiana sepultura en el cementerio municipal de Muros de Nalón.

El bloque progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) profundiza su ruptura. La presidenta Isabel Perelló, a la que se atribuyó una sensibilidad progresista cuando fue designada; y uno de los vocales elegidos a iniciativa de Sumar, Carlos Hugo Preciado, han votado en el pleno de este jueves junto al grupo conservador la nueva composición de las distintas comisiones en las que se organiza el trabajo del órgano. Los otros nueve vocales del sector progresista han acabado retirando su propuesta al constatar el fracaso de su iniciativa, indican distintas fuentes de la institución consultadas por elDiario.es. 

Los bloques progresista y conservador del CGPJ —con diez vocales cada uno— han negociado durante el último mes la renovación de estas comisiones. La más relevante es la Permanente, una especie de núcleo duro donde se toman muchas decisiones relevantes. Con el nuevo reparto, en esa comisión seguirá conformada por cuatro vocales conservadores (Eduardo Martínez Mediavilla, Isabel Revuelta, Carlos Orga y Alejandro Abascal) y tres encuadrados en el bloque progresista (Carlos Hugo Fernández, Bernardo Fernández y Argelia Queralt), a los que se sumará Perelló, que ejerce la presidencia. 

La propuesta que los progresistas han acabado retirando y que no se ha llegado a votar suponía que este bloque, que hasta ahora estaba en minoría en la Permanente, pasara a tener mayoría, con cuatro vocales progresistas y tres conservadores. El nuevo reparto supone la entrada de Orga y la salida de Pilar Jiménez por parte del bloque conservador. En el lado progresista entra Queralt y sale Esther Erice. Esto es, se mantiene una correlación de fuerzas favorable a los conservadores y en la que será clave el posicionamiento de la presidenta Perelló, que tiene voto de calidad en caso de empate. 

De forma reciente, el voto de la presidenta ha permitido la apertura de expedientes disciplinarios a varios magistrados por sus exabruptos contra políticos, tal y como pretendían los progresistas. Pero Perelló también se ha puesto de perfil en otros asuntos de calado, como las propuestas sobre el sistema de elección de los vocales o las arduas negociaciones para las presidencias de las salas más sensibles del Supremo, donde acabaron siendo designados los candidatos aupados por la derecha. 

Vocales progresistas muestran este jueves un enorme malestar con Carlos Hugo Preciado, al que acusan de aliarse con los vocales de la derecha para mantenerse en los puestos clave del órgano. Con el nuevo reparto, siete de las otras diez comisiones que se han renovado tienen mayoría conservadora. Se trata de Disciplinaria, Calificación, Igualdad, Relaciones Internacionales, Carrera Judicial, Modernización y Relaciones Institucionales. Sólo en las comisiones de Asuntos Económicos, Escuela Judicial y Estudios e Informes tiene mayoría el sector progresista.

El vocal elegido a iniciativa de Sumar afirma, por su parte, que los nueve progresistas han renunciado a presentar propuesta alguna y defiende que él se ha limitado a presentar una propuesta que ha recibido el mayor número de votos. Su propuesta es idéntica a la del grupo conservador, lo que da pistas sobre la existencia de una negociación previa. 

Distintas fuentes del órgano dan cuenta de una reunión muy tensa, con evidentes choques entre vocales. La otra vocal elegida a iniciativa de Sumar, Inés Herreros, ha amenazado incluso con emprender acciones legales al constatar que se la había excluido de todas las comisiones en la propuesta presentada por Carlos Hugo Preciado, algo que en su entorno consideran una “represalia”. Finalmente, dos vocales del bloque conservador han advertido de que no se podía dar exclusión y Herreros finalmente formará parte de la comisión de Escuela Judicial.

Carlos Hugo Preciado, por su parte, afirma en una nota de prensa que “se han corregido determinadas disfunciones y se ha optado por perfiles progresistas independientes”. En ese mismo comunicado afirma que durante el primer año de mandato, “votó en contra en más de 20 ocasiones en materia de nombramientos de perfil conservador que, sin embargo, fueron apoyados por los otros nueve vocales progresistas”.

Y recuerda que, de forma reciente, se ha apartado del grupo progresista al respaldar que se le abriera expediente al juez que comparó una broma sobre el Valle de los Caídos con una amenaza de apedrear a homosexuales o al dar su apoyo a la rehabilitación del exjuez Baltasar Garzón. La petición de Garzón también tuvo el respaldo de Inés Herreros.

Por otro lado, el grupo conservador ha respaldado la propuesta de Carlos Hugo Preciado de crear un Grupo de Trabajo Permanente de Derechos Humanos. El resto del grupo progresista ha rechazado su creación con el argumento de que es un asunto que debería tener un mayor rango normativo, el de comisión.

Discret, reflexiu i de to serè, Gabriel Oliver Koppen (Palma, 1968) va prendre, el passat 17 de setembre, possessió del seu càrrec com a president de l'Audiència Provincial de les Balears després de més de tres dècades de carrera judicial i una reconeguda especialització en dret civil balear, camp en el qual ha contribuït a preservar la singularitat jurídica de l'arxipèlag. La seva trajectòria professional ha estat vinculada especialment a les Illes, territori del qual és originària la seva família i en el qual resideix des de la seva infància. L'òrgan que ara presideix és la destinació en la qual ha romàs durant més temps.

El 2022 va participar en l'elaboració de la Guia de Bones Pràctiques del Tribunal Superior de Justícia de les Balears (TSJIB), un document destinat a unificar criteris i facilitar la feina de jutges i advocats als tribunals, que ara aspira a aplicar en la seva nova etapa al capdavant de l'Audiència.

En una entrevista concedida a elDiario.es, Oliver, conscient de la sobrecàrrega que suporten els òrgans judicials -un de cada sis ciutadans a les illes espera una resolució, segons dades del TSJIB-, confia que la implantació dels jutjats d'instància i la digitalització del sistema contribueixin a alleujar els retards. Així mateix, defensa la necessitat d'incorporar la intel·ligència artificial com a eina de suport, no com a substitut del criteri humà “en els casos concrets que afecten ciutadans en particular”. El magistrat subratlla la importància de normalitzar l'ús del català a la Justícia i reivindica la plena vigència del dret civil balear en matèries com les successions i el règim econòmic matrimonial.

Sobre l'actuació dels jutges en les causes de més ressò mediàtic, assenyala que, “lògicament, les resolucions judicials estan subjectes a la crítica legítima”, encara que apel·la a “la independència i la imparcialitat” que els magistrats “intentem defensar cada dia amb la nostra actuació”.

El 2022 va participar en el grup que va elaborar la Guia de Bones Pràctiques del TSJIB. Quins són aquests exemples? Hi ha alguna cosa d'aquesta guia que pensi aplicar des del seu nou càrrec?

La Guia es va elaborar en col·laboració amb advocats, procuradors i altres professionals i la finalitat era unificar els criteris d'actuació als tribunals per la raó que una cosa és el que diu la llei i després estan les pràctiques diàries del tribunal. Buscàvem facilitar als professionals el poder treballar i que els jutjats poguessin fer-ho a través d'unes normes orientatives. La guia conté un elenc de recomanacions sobre, per exemple, l'extensió dels escrits, el tipus de lletra, la forma de presentació de les proves en els judicis i aquest tipus de qüestions diàries, a més d'altres que es poden dur a terme en els judicis per facilitar la tasca dels jutges. En les vistes, cada tribunal té instaurades unes pràctiques diferents.

En el seu discurs de presa de possessió va esmentar l'excessiva càrrega de feina que sostenen els tribunals, un fet que provoca, a més, que un de cada sis ciutadans a les Balears es trobi a l'espera d'una resolució judicial, tal com va donar a conèixer el passat mes de maig el president del TSJIB, Carlos Gómez. Quines mesures concretes considera més urgents per reduir els retards judicials?

És difícil parlar de mesures concretes perquè la realitat és que el retard en la tramitació i la falta de mitjans personals i materials és un tema recurrent en l'administració de Justícia. I és cert que hem arribat a un moment en què aquest retard és acusat en matèria civil pel cúmul d'assumptes que van arribant, amb recursos d'apel·lació que fan que les seccions civils estiguin tensionades. I en matèria penal, per la dificultat de senyalament dels judicis i per la complexitat dels casos degut al nombre de parts. Això ocupa temps en els tribunals. I no només l'Audiència, sinó també els Jutjats, estan saturats de feina. Llavors és una mica difícil. Fa un mes que sóc president de l'Audiència Provincial i el que estic fent és prendre consciència de quina és la situació per veure què és el que es pot fer.

El retard en la tramitació i la falta de mitjans personals i materials és un tema recurrent en l'administració de Justícia. Ha arribat un moment en què aquest retard és acusat en matèria civil pel cúmul d'assumptes que van arribant. Fa un mes que sóc president de l'Audiència Provincial i estic prenent consciència de la situació per veure què es pot fer

Seria viable ampliar plantilla judicial a les Balears?

A lo que estem ara assistint és al naixement dels tribunals d'instància, que a les Balears han començat a arrencar a Manacor i a partir de gener començaran a Palma, a Eivissa i a Menorca. I també afectarà l'Audiència Provincial. Potser aquesta sigui l'oportunitat, atès que es deslliga la creació d'una plaça judicial al fet de crear Jutjats, és a dir, assignar un nombre de funcionaris a la tramitació dels assumptes que porta un jutge. Potser això permeti ser més optimistes en la creació de places judicials.

Com influeix l'augment poblacional a les illes en aquesta càrrega de feina? S'han fet previsions per adaptar-se a aquests canvis demogràfics?

No hi ha un estudi concret sobre això, però sí que és una qüestió que crec que és rellevant. L'augment de la població a les Balears és important i això té un reflex en l'increment dels assumptes que arriben als Jutjats.

No hi ha un estudi concret sobre com influeix l'increment demogràfic en la nostra càrrega de feina, però sí que és una qüestió rellevant. L'augment de la població a les Balears és important i això té un reflex en l'increment dels assumptes que arriben als Jutjats

Quina paper creu que poden jugar la digitalització, l'eficiència processal i l'organització judicial per alleujar aquests dèficits? Hi ha projectes concrets en marxa?

La digitalització ja és un fet en els processos civils, on els Jutjats estan plenament digitalitzats, i crec que és una realitat a la qual la Justícia no pot ser aliena. No obstant això, en matèria penal és una mica més complexa l'ordenació, sobretot en instrucció, encara que crec que funciona d'una forma raonablement bé i els operadors jurídics hem hagut d'anar habituant-nos. Els advocats, per exemple, ja no presenten els seus escrits en paper. Als Jutjats, la tramitació ja és plenament digital.

El maig de 2024 va organitzar, juntament amb el president del TSJIB, la jornada 'Intel·ligència artificial i decisió judicial', en què es va abordar l'impacte de la IA en la funció jurisdiccional. Quins són els reptes que afronta la Justícia en aquest sentit?

El repte és que la Justícia no pot ser aliena a aquesta realitat. La intel·ligència artificial ja està sent utilitzada pels despatxos d'advocats i la Justícia també ha d'incorporar-se a aquesta modernització. La qüestió és que encara estem a l'inici de veure com pot afectar la nostra feina i com podem aprofitar aquest instrument, que certament tindrà un reflex en la tramitació, agilització i resolució dels procediments. Existeixen algunes experiències pilot a Espanya, però a les Balears encara no.

De quina forma podrà la Justícia aprofitar els recursos de la IA?

Jo crec que la intel·ligència artificial servirà, sobretot, per ajudar en la gestió documental, donat que ens ajudarà potser a resumir els textos i a trobar de forma més fàcil la legislació i la jurisprudència. Això pot ser útil. Sí que existeix en aquests moments la tramitació del procediment monitori per via electrònica i això agilitza i automatitza els tràmits.

Arribarà la IA a substituir determinats operadors jurídics?

Penso que no. La intel·ligència artificial l'hem de veure com un assistent, sense eliminar l'element personal, que és molt important sobretot en la Justícia, en què resolem casos concrets que afecten ciutadans en particular.

En matèria de drets lingüístics, quines millores considera necessàries perquè es garanteixi l'ús del català en jutjats i tribunals a les Balears, no només com a dret formal sinó efectiu?

Una de les propostes que hi ha, i crec que molt seriosa, és aconseguir que la tramitació pugui realitzar-se als Jutjats tant en castellà com en català, i per això és necessari un esforç i que les aplicacions que s'utilitzen per tramitar puguin permetre que els documents estiguin redactats en ambdós idiomes. Seria un element important per poder normalitzar l'ús del català a la Justícia. La realitat és que no ho està i això es veu en el dia a dia.

Una de les propostes que hi ha, i crec que molt seriosa, és aconseguir que la tramitació pugui realitzar-se als Jutjats tant en castellà com en català. Seria un element important per poder normalitzar l'ús del català a la Justícia. La realitat és que no ho està i això es veu en el dia a dia

Vostè està especialitzat en dret civil balear, ordenament jurídic propi que regula, entre altres, qüestions com els pactes successoris i les figures tradicionals de transmissió patrimonial. Creu que aquestes institucions segueixen tenint sentit en la realitat econòmica actual?

Jo crec que té un ple sentit ja que a les Balears, per exemple, regula una cosa tan important com el règim econòmic del matrimoni o les successions. De fet, té plena aplicació en aquestes últimes. Respecte al règim econòmic matrimonial hi ha menys supòsits.

Creu que podria ampliar-se a altres àmbits?

Aquesta és una decisió que hauran d'adoptar les persones a les quals els correspon. En altres Comunitats el dret civil propi ha tingut una visió més expansiva i aquí s'estan fent esforços per regular-lo i adaptar-lo a la realitat actual.

Tornant a la càrrega de feina que acumulen els òrgans judicials a les Balears, està previst que es revisin els procediments o temps per assegurar una resposta més ràpida i efectiva a les víctimes de violència masclista o abusos sexuals?

El que és cert és que tots aquests procediments tan importants també s'estan veient afectats per la situació de retard en els senyalaments. I és cert que haurem d'analitzar i buscar alguna solució per evitar aquests llargs retards en processos que afecten temes tan sensibles com aquests.

Tots aquests procediments tan importants [de violència masclista i abusos sexuals] també s'estan veient afectats per la situació de retard en els senyalaments. Haurem d'analitzar i buscar alguna solució per evitar aquests llargs retards en processos que afecten temes tan sensibles com aquests

Respecte a la vaga de jutges i fiscals contra la reforma del Govern d'Espanya en l'accés a ambdues carreres per l'accés a la carrera judicial i fiscal, creu que s'ha de modificar el model d'exàmens?

L'accés a la carrera judicial està basat en un sistema d'un examen purament memorístic. No és descartable que pugui revisar-se aquest model per adaptar-lo al que és una nova realitat, en què potser, amb els mitjans dels quals disposem, la memòria no té tanta importància en la formació que reben els alumnes de les facultats de Dret. Ara bé, també penso que és un material molt sensible que ha de ser objecte d'un estudi pormenoritzat.

Depenent del sentit de les seves resolucions, els partits polítics acusen els tribunals, de vegades fins i tot obertament, d'estar mediatitzats. Ho considera un exercici de democràcia, en tant que demostra el respecte a la llibertat d'expressió, o, per contra, creu que suposa un atac a la democràcia i a l'actuació dels jutges?

Si bé jo sempre defenso el caràcter institucional dels càrrecs, crec que lògicament les resolucions judicials estan subjectes a la crítica legítima. I això no s'ha de discutir, està clar. A les Balears, segons la memòria de l'any 2024, es van resoldre gairebé 200.000 assumptes. No sé quants d'ells són rellevants. Però penso que el que no pot posar-se en dubte és la independència i la imparcialitat dels jutges que intentem defensar cada dia amb la nostra actuació.

Si bé jo sempre defenso el caràcter institucional dels càrrecs, crec que lògicament les resolucions judicials estan subjectes a la crítica legítima. I això no s'ha de discutir, està clar. Però penso que el que no es posa en dubte és la independència i la imparcialitat dels jutges que intentem defensar cada dia amb la nostra actuació

A les Balears està garantida la independència judicial front a pressions externes polítiques o mediàtiques?

[Riure] Penso que sí.

Fa diversos anys l'allau de casos de corrupció era contínua a les illes, què ha canviat?

Jo no estic gaire en disposició de donar una contestació molt clara a aquesta pregunta. El cert és que ara existeixen menys casos de corrupció als Jutjats. Hi ha temporades cícliques, tant en matèria civil com en matèria penal. Hi va haver una època en què hi va haver una acumulació de casos de corrupció i ara hi ha un altre tipus de temàtiques. Potser l'experiència de l'etapa dels casos de corrupció ha ajudat a millorar la situació en aquest àmbit.

Ha de ser condemnat el president del Parlament, Gabriel Le Senne (Vox), per trencar la fotografia de tres víctimes del franquisme?

Comprendrà que aquesta pregunta no la puc respondre. És un cas el judici del qual està pendent de senyalament i la meva única funció com a president de l'Audiència serà posar-me a disposició de la Secció perquè disposi dels mitjans necessaris per celebrar aquest judici.

En una entrevista concedida a elDiario.es, el president del TSJIB, Carlos Gómez, va considerar que les Balears, amb la seva resposta judicial als nombrosos casos de corrupció destapats, han sabut posar de manifest que la Justícia “tracta igual les persones independentment de la seva condició”. Opina igual?

Jo ho crec així.

Discreto, reflexivo y de tono sereno, Gabriel Oliver Koppen (Palma, 1968) tomó, el pasado 17 de septiembre, posesión de su cargo como presidente de la Audiencia Provincial de Balears tras más de tres décadas de carrera judicial y una reconocida especialización en derecho civil balear, campo en el que ha contribuido a preservar la singularidad jurídica del archipiélago. Su trayectoria profesional ha estado vinculada especialmente a Balears, territorio del que es originaria su familia y en el que reside desde su infancia. El órgano que ahora preside es el destino en el que ha permanecido durante más tiempo. 

En 2022 participó en la elaboración de la Guía de Buenas Prácticas del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB), un documento destinado a unificar criterios y facilitar el trabajo de jueces y abogados en los tribunales, que ahora aspira a aplicar en su nueva etapa al frente de la Audiencia.

En una entrevista concedida a elDiario.es, Oliver, consciente de la sobrecarga que soportan los órganos judiciales -uno de cada seis ciudadanos en las islas espera una resolución, según datos del TSJIB-, confía en que la implantación de los juzgados de instancia y la digitalización del sistema contribuyan a aliviar los retrasos. Asimismo, defiende la necesidad de incorporar la inteligencia artificial como herramienta de apoyo, no como sustituto del criterio humano “en los casos concretos que afectan a ciudadanos en particular”. El magistrado subraya la importancia de normalizar el uso del catalán en la Justicia y reivindica la plena vigencia del derecho civil balear en materias como las sucesiones y el régimen económico matrimonial.

Sobre la actuación de los jueces en las causas de mayor eco mediático, señala que, “lógicamente, las resoluciones judiciales están sujetas a la crítica legítima”, aunque apela a “la independencia y la imparcialidad” que los magistrados “intentamos defender cada día con nuestra actuación”.

En 2022 participó en el grupo que elaboró la Guía de Buenas Prácticas del TSJIB. ¿Cuáles son esos ejemplos? ¿Hay algo de esa guía que piense aplicar desde su nuevo cargo?

La Guía se elaboró en colaboración con abogados, procuradores y otros profesionales y la finalidad era unificar los criterios de actuación en los tribunales por la razón de que una cosa es lo que dice la ley y luego están las prácticas diarias del tribunal. Buscábamos facilitar a los profesionales el poder trabajar y que los juzgados pudiesen hacerlo a través de unas normas orientativas. La guía contiene un elenco de recomendaciones sobre, por ejemplo, la extensión de los escritos, el tipo de letra, la forma de presentación de las pruebas en los juicios y este tipo de cuestiones diarias, además de otras que se pueden llevar a cabo en los juicios para facilitar la labor de los jueces. En las vistas, cada tribunal tiene instauradas unas prácticas distintas.

En su discurso de toma de posesión mencionó la excesiva carga de trabajo que sostienen los tribunales, un hecho que provoca, además, que uno de cada seis ciudadanos en Balears se encuentre a la espera de una resolución judicial, tal como dio a conocer el pasado mes de mayo el presidente del TSJIB, Carlos Gómez. ¿Qué medidas concretas considera más urgentes para reducir los retrasos judiciales? 

Es difícil hablar de medidas concretas porque la realidad es que el retraso en la tramitación y la falta de medios personales y materiales es un tema recurrente en la administración de Justicia. Y es cierto que hemos llegado a un momento en el que este retraso es acusado en materia civil por el cúmulo de asuntos que van llegando, con recursos de apelación que hacen que las secciones civiles estén tensionadas. Y en materia penal, por la dificultad de señalamiento de los juicios y por la complejidad de los casos debido al número de partes. Esto ocupa tiempo en los tribunales. Y no solo la Audiencia, sino también los Juzgados, están saturados de trabajo. Entonces es un poco difícil. Yo llevo un mes como presidente de la Audiencia Provincial y lo que estoy haciendo es tomar conciencia de cuál es la situación para ver qué es lo que se puede hacer.

El retraso en la tramitación y la falta de medios personales y materiales es un tema recurrente en la administración de Justicia. Ha llegado un momento en que este retraso es acusado en materia civil por el cúmulo de asuntos que van llegando. Llevo un mes como presidente de la Audiencia Provincial y estoy tomando conciencia de la situación para ver qué se puede hacer

¿Sería viable ampliar plantilla judicial en Balears? 

A lo que estamos ahora asistiendo es al nacimiento de los tribunales de instancia, que en Balears han comenzado a arrancar en Manacor y a partir de enero comenzarán en Palma, en Eivissa y en Menorca. Y también afectará a la Audiencia Provincial. Quizás esa sea la oportunidad, dado que se desliga la creación de una plaza judicial al hecho de crear Juzgados, es decir, asignar un número de funcionarios a la tramitación de los asuntos que lleva un juez. Quizás esto permita ser más optimistas en la creación de plazas judiciales.

¿Cómo influye el aumento poblacional en las islas en esta carga de trabajo? ¿Se han realizado previsiones para adaptarse a esos cambios demográficos?

No hay un estudio concreto sobre ello, pero sí es una cuestión que creo que es relevante. El aumento de la población en Balears es importante y eso tiene un reflejo en el incremento de los asuntos que llegan a los Juzgados.

No hay un estudio concreto sobre cómo influye el incremento demográfico en nuestra carga de trabajo, pero sí es una cuestión relevante. El aumento de la población en Balears es importante y eso tiene un reflejo en el incremento de los asuntos que llegan a los Juzgados

¿Qué papel cree que pueden jugar la digitalización, la eficiencia procesal y la organización judicial para aliviar estos déficits? ¿Hay proyectos concretos en marcha?

La digitalización ya es un hecho en los procesos civiles, donde los Juzgados están plenamente digitalizados, y creo que es una realidad a la que la Justicia no puede ser ajena. Sin embargo, en materia penal es algo más compleja la ordenación, sobre todo en instrucción, aunque creo que funciona de una forma razonablemente bien y los operadores jurídicos hemos tenido que ir habituándonos. Los abogados, por ejemplo, ya no presentan sus escritos en papel. En los Juzgados, la tramitación ya es plenamente digital.

En mayo de 2024 organizó, junto al presidente del TSJIB, la jornada 'Inteligencia artificial y decisión judicial', en la se abordó el impacto de la IA en la función jurisdiccional. ¿Cuáles son los desafíos que afronta la Justicia en este sentido?

El desafío es que la Justicia no puede ser ajena a esta realidad. La inteligencia artificial ya está siendo utilizada por los despachos de abogados y la Justicia también debe incorporarse a esta modernización. La cuestión es que todavía estamos en el inicio de ver cómo puede afectar a nuestro trabajo y cómo podemos aprovechar este instrumento, que ciertamente tendrá un reflejo en la tramitación, agilización y resolución de los procedimientos. Existen algunas experiencias piloto en España, pero en Balears todavía no.

¿De qué forma podrá la Justicia aprovechar los recursos de la IA?

Yo creo que la inteligencia artificial servirá, sobre todo, para ayudar en la gestión documental, pues nos ayudará quizás a resumir los textos y a encontrar de forma más fácil la legislación y la jurisprudencia. Esto puede ser útil. Sí que existe en estos momentos la tramitación del procedimiento monitorio por vía electrónica y eso agiliza y automatiza los trámites.

¿Llegará la IA a sustituir a determinados operadores jurídicos?

Pienso que no. La inteligencia artificial la tenemos que ver como un asistente, sin eliminar el elemento personal, que es muy importante sobre todo en la Justicia, en la que resolvemos casos concretos que afectan a ciudadanos en particular.

En materia de derechos lingüísticos, ¿qué mejoras considera necesarias para que se garantice el uso del catalán en juzgados y tribunales en Baleares, no solo como derecho formal sino efectivo?

Una de las propuestas que hay, y creo que muy seria, es conseguir que la tramitación pueda realizarse en los Juzgados tanto en castellano como en catalán, y para eso es necesario un esfuerzo y que las aplicaciones que se utilizan para tramitar puedan permitir que los documentos estén redactados en ambos idiomas. Sería un elemento importante para poder normalizar el uso del catalán en la Justicia. La realidad es que no lo está y eso se ve en el día a día.

Una de las propuestas que hay, y creo que muy seria, es conseguir que la tramitación pueda realizarse en los Juzgados tanto en castellano como en catalán. Sería un elemento importante para poder normalizar el uso del catalán en la Justicia. La realidad es que no lo está y eso se ve en el día a día

Usted está especializado en derecho civil balear, ordenamiento jurídico propio que regula, entre otras, cuestiones como los pactos sucesorios y las figuras tradicionales de transmisión patrimonial. ¿Cree que estas instituciones siguen teniendo sentido en la realidad económica actual?

Yo creo que tiene un pleno sentido ya que en Balears, por ejemplo, regula algo tan importante como el régimen económico del matrimonio o las sucesiones. De hecho, tiene plena aplicación en estas últimas. Respecto al régimen económico matrimonial hay menos supuestos.

¿Cree que podría ampliarse a otros ámbitos?

Esta es una decisión que tendrán que adoptar las personas que a las que les corresponde. En otras Comunidades el derecho civil propio ha tenido una visión más expansiva y aquí se están haciendo esfuerzos para regularlo y adaptarlo a la realidad actual.

Volviendo a la carga de trabajo que acumulan los órganos judiciales en Balears, ¿está previsto que se revisen los procedimientos o tiempos para asegurar una respuesta más rápida y efectiva a las víctimas de violencia machista o abusos sexuales?

Lo que es cierto es que todos estos procedimientos tan importantes también se están viendo afectados por la situación de retraso en los señalamientos. Y es cierto que tendremos que analizar y buscar alguna solución para evitar estos largos retrasos en procesos que afectan a temas tan sensibles como estos.

Todos estos procedimientos tan importantes [de violencia machista y abusos sexuales] también se están viendo afectados por la situación de retraso en los señalamientos. Tendremos que analizar y buscar alguna solución para evitar estos largos retrasos en procesos que afectan a temas tan sensibles como estos

Respecto a la huelga de jueces y fiscales contra la reforma del Gobierno en el acceso a ambas carreras por el acceso a la carrera judicial y fiscal, ¿cree que debe modificarse el modelo de exámenes?

El acceso a la carrera judicial está basado en un sistema de un examen puramente memorístico. No es algo descartable que pueda revisarse este modelo para adaptarlo a lo que es una nueva realidad, en la que quizá, con los medios de los que disponemos, la memoria no tiene tanta importancia en la formación que reciben los alumnos de las facultades de Derecho. Ahora bien, también pienso que es un material muy sensible que tiene que ser objeto de un estudio pormenorizado.

Dependiendo del sentido de sus resoluciones, los partidos políticos acusan a los tribunales, a veces incluso abiertamente, de estar mediatizados. ¿Lo considera un ejercicio de democracia, en tanto demuestra el respeto a la libertad de expresión, o, por el contrario, cree que supone un ataque a la democracia y a la actuación de los jueces?

Si bien yo siempre defiendo el carácter institucional de los cargos, creo que lógicamente las resoluciones judiciales están sujetas a la crítica legítima. Y esto no hay que discutirlo, está claro. En Balears, según la memoria del año 2024, se resolvieron casi 200.000 asuntos. No sé cuántos de ellos son relevantes. Pero pienso que lo que no puede ponerse en duda es la independencia y la imparcialidad de los jueces que intentamos defender cada día con nuestra actuación.

Si bien yo siempre defiendo el carácter institucional de los cargos, creo que lógicamente las resoluciones judiciales están sujetas a la crítica legítima. Y esto no hay que discutirlo, está claro. Pero pienso que lo que no se pone en duda es la independencia y la imparcialidad de los jueces que intentamos defender cada día con nuestra actuación

¿En Baleares está garantizada la independencia judicial frente a presiones externas políticas o mediáticas?

[Ríe] Pienso que sí.

Hace varios años la avalancha de casos de corrupción era continua en las islas, ¿qué ha cambiado?

Yo no estoy muy en disposición de dar una contestación muy clara a esta pregunta. Lo cierto es que ahora existen menos casos de corrupción en los Juzgados. Hay temporadas cíclicas, tanto en materia civil como en materia penal. Hubo una época en que hubo una acumulación de casos de corrupción y ahora hay otro tipo de temáticas. Quizá la experiencia de la etapa de los casos de corrupción ha ayudado a mejorar la situación en ese ámbito.

¿Debe ser condenado el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne (Vox), por romper la fotografía de tres víctimas del franquismo?

Comprenderá que esta pregunta no la puedo responder. Es un caso cuyo juicio está pendiente de señalamiento y mi única función como presidente de la Audiencia será ponerme a disposición de la Sección para que disponga de los medios necesarios para celebrar ese juicio.

En una entrevista concedida a elDiario.es, el presidente del TSJIB, Carlos Gómez, consideró que Balears, con su respuesta judicial a los numerosos casos de corrupción destapados, ha sabido poner de manifiesto que la Justicia “trata igual a las personas independientemente de su condición”. ¿Opina igual?

Yo lo creo así.

La Junta General de Jutges de Palma ha designat com a degà Alejandro González Mariscal de Gante, càrrec que li atorga una posició clau en la coordinació de l'activitat judicial de la capital balear. Portaveu de la conservadora i majoritària Associació Professional de la Magistratura (APM), González Mariscal compta amb un historial d'intervencions públiques no exemptes de controvèrsia: ha participat en actes del PP en què ha carregat contra l'amnistia catalana o la reforma 'Bolaños', i va signar la sentència que va anul·lar la gratuïtat del túnel de Sóller, la construcció del qual es va convertir en l'epicentre del primer gran cas de corrupció impulsat a Balears i va derivar als anys noranta en el primer gran cop judicial contra els populars a les illes.

El magistrat ha aconseguit 42 vots dels 57 possibles. En aquestes eleccions estaven cridats a votar tots els magistrats titulars dels òrgans unipersonals de la ciutat, així com els jutges d'adscripció territorial que es troben en funcions de substitució.

González Mariscal va ingressar a la carrera judicial el 2014 i va exercir la seva primera destinació al Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Palma, del qual continua sent titular. Va promocionar a la categoria de magistrat el novembre de l'any 2022. El seu nou nomenament ha de ser ratificat pel Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i publicat al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).

A nivell judicial, el portaveu de l'APM va avalar l'anul·lació del rescat del túnel de Sóller. El 2017, el Consell de Mallorca havia apel·lat a l'interès general per aconseguir l'explotació de la infraestructura previ pagament de 17,4 milions d'euros a la concessionària Globalvia, que en reclamava 31 milions. Era, segons la institució, “un acte de justícia, encara que tardà, amb els habitants de la Vall de Sóller”. La institució buscava així alliberar el túnel del peatge -un dels més cars d'Espanya- i garantir-ne la gratuïtat per a veïns i transportistes. Tot i això, el Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJIB) va tombar el 2021 aquella decisió. La nul·litat del rescat, confirmada pel Suprem, va reobrir el debat sobre fins a quin punt la justícia va actuar a favor o en contra de la ciutadania.

En una altra de les seves resolucions, González Mariscal va suspendre el 2017 l'acord de l'Ajuntament de Palma -governat llavors pel PSOE, Més i Podem- de licitar per via d'urgència les obres de demolició de sa Feixina, erigit pel franquisme el 1947 per glorificar els“herois”del Crucero Baleares, enfonsat el març de 1938 i responsable del bombardeig dut a terme un any abans contra la població civil que fugia de Màlaga a Almeria en plena ofensiva feixista –episodi històricament conegut com 'la Desbandà'–. Convertit en un dels símbols més controvertits del paisatge urbà de Palma, aquest vestigi de l'arquitectura feixista ha estat durant dècades focus de diversos intents de resignificació, campanyes en pro de la seva demolició i diverses batalles judicials. Finalment, el Consistori de la capital balear -actualment governat per PP i Vox- l'ha inclòs, amb la màxima protecció integral, al catàleg municipal de béns d'interès històric, artístic i arquitectònic.

El 2023, el mateix jutge va concloure en una sentència que els fills de les mares solteres no estan discriminats respecte als nascuts en una família de dos progenitors, motiu pel qual va rebutjar que una funcionària pogués gaudir de 32 setmanes de permís de maternitat, com va informar Diario de Mallorca.

Al marge de la seva activitat als tribunals, les declaracions de González Mariscal contra les decisions del Govern de Pedro Sánchez són recurrents. Entre altres, s'ha pronunciat durament en contra de les reformes del ministre Félix Bolaños, sobretot per la inclusió d'una prova escrita a l'oposició que dóna accés a la carrera, fins ara únicament oral i memorística, i pel seu pla per regularitzar els jutges substituts —la majoria dones— que cobreixen baixes i tiren endavant jutjats en situacions precàries. Va ser, en aquest sentit, un dels promotors –entre les cinc associacions del centredreta judicial– que van anar a la vaga en protesta pels projectes amb què l'Executiu pretén modificar l'accés a la carrera i l'Estatut de la Fiscalia.

Així mateix, en una jornada del Grup Popular organitzada al Congrés el febrer del 2024, González Mariscal de Gante va qüestionar els principis que inspiren la Llei d'Amnistia, si bé va sostenir que els magistrats hauran d'aplicar-la encara que la considerin “materialment il·legítima” i impròpia d'un Estat de Dret. “Sempre complirem amb un Estat de Dret, amb una norma que pugui ser fins i tot contradictòria amb ell”, va incidir el jutge, per qui la normativa que el PSOE va pactar amb ERC i Junts posa en perill “les bases fonamentals de l'Estat de dret” perquè “implica privilegis” i acaba amb la igualtat.

També s'ha mostrat severament crític amb l'ús del concepte lawfare com un intent de desacreditar la judicatura. A parer seu, es tracta d'“un eufemisme preciós per no dir prevaricació”.

Respecte a la imputació del Fiscal General de l'Estat, Álvaro García Ortiz, per un presumpte delicte de revelació de secrets, Mariscal de Gante ha afirmat que la seva permanència en el càrrec causa “un greu dany a la imatge de la Fiscalia”, un pronunciament que va ser interpretat com a pressió pública en un moment políticament sensible.

La Junta General de Jueces de Palma ha designado como decano a Alejandro González Mariscal de Gante, cargo que le otorga una posición clave en la coordinación de la actividad judicial de la capital balear. Portavoz de la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), González Mariscal cuenta con un historial de intervenciones públicas no exentas de controversia: ha participado en actos del PP en los que ha arremetido contra la amnistía catalana o la reforma 'Bolaños', y firmó la sentencia que anuló la gratuidad del túnel de Sóller, cuya construcción se convirtió en el epicentro del primer gran caso de corrupción impulsado en Balears y derivó en los años noventa en el primer gran golpe judicial contra los populares en las islas. 

El magistrado ha conseguido 42 votos de los 57 posibles. En estas elecciones estaban llamados a votar todos los magistrados titulares de los órganos unipersonales de la ciudad, así como los jueces de adscripción territorial que se encuentran en funciones de sustitución.

González Mariscal ingresó en la carrera judicial en 2014 y desempeñó su primer destino en el Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de Palma, del que continúa siendo titular. Promocionó a la categoría de magistrado en noviembre del año 2022. Su nuevo nombramiento debe ser ratificado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

A nivel judicial, el portavoz de la APM avaló la anulación del rescate del túnel de Sóller. En 2017, el Consell de Mallorca apeló al interés general para hacerse con la explotación de la infraestructura previo pago de 17,4 millones de euros a la concesionaria Globalvia, que reclamaba 31 millones. Era, según la institución, “un acto de justicia, aunque tardío, con los habitantes de la Vall de Sóller”. La institución buscaba así liberar el túnel del peaje -uno de los más caros de España- y garantizar la gratuidad para vecinos y transportistas. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) tumbó en 2021 aquella decisión. La nulidad del rescate, confirmada por el Supremo, reabrió el debate sobre hasta qué punto la justicia actuó a favor o en contra de la ciudadanía.

En otra de sus resoluciones, González Mariscal suspendió en 2017 el acuerdo del Ayuntamiento de Palma -gobernado entonces por por el PSOE, Més y Podemos- de licitar por vía de urgencia las obras de demolición de sa Feixina, erigido por el franquismo en 1947 para glorificar a los “héroes” del Crucero Baleares, hundido en marzo de 1938 y responsable del bombardeo llevado a cabo un año antes contra la población civil que huía de Málaga a Almería en plena ofensiva fascista –episodio históricamente conocido como 'la Desbandá'–. Convertido en uno de los símbolos más controvertidos del paisaje urbano de Palma, este vestigio de la arquitectura fascista ha sido, durante décadas, foco de varios intentos de resignificación, campañas en pro de su demolición y distintas batallas judiciales. Finalmente, el Consistorio de la capital balear -en la actualidad gobernado por PP y Vox- lo ha incluido, con la máxima protección integral, en el catálogo municipal de bienes de interés histórico, artístico y arquitectónico.

En 2023, el mismo juez concluyó en una sentencia que los hijos de las madres solteras no están discriminados respecto a los nacidos en una familia de dos progenitores, motivo por el que rechazó que una funcionaria pudiera disfrutar de 32 semanas de permiso de maternidad, como informó Diario de Mallorca.

Al margen de su actividad en los tribunales, las declaraciones de González Mariscal contra las decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez son recurrentes. Entre otras, se ha pronunciado duramente en contra de las reformas del ministro Félix Bolaños, sobre todo por la inclusión de una prueba escrita en la oposición que da acceso a la carrera, hasta ahora únicamente oral y memorística, y por su plan para regularizar a los jueces sustitutos —la mayoría mujeres— que cubren bajas y sacan adelante juzgados en situaciones precarias. Fue, en este sentido, uno de los promotores -entre las cinco asociaciones del centroderecha judicial- que fueron a la huelga en protesta por los proyectos con los que el Ejecutivo pretende modificar el acceso a la carrera y el Estatuto de la Fiscalía.

Asimismo, en una jornada del Grupo Popular organizada en el Congreso en febrero de 2024, González Mariscal de Gante cuestionó los principios que inspiran la Ley de Amnistía, si bien sostuvo que los magistrados deberán aplicarla aunque la consideren “materialmente ilegítima” e impropia de un Estado de Derecho “moderno y razonable”. “Siempre vamos a cumplir con un Estado de Derecho, con una norma que pueda ser incluso contradictoria con él”, incidió el juez, para quien la normativa que el PSOE pactó con ERC y Junts pone en peligro “las bases fundamentales del Estado de derecho” porque “implica privilegios” y acaba con la igualdad.

También se ha mostrado severamente crítico con el uso del concepto lawfare como un intento de desacreditar a la judicatura. En su opinión, se trata de “un eufemismo precioso para no decir prevaricación”.

Respecto a la imputación del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos, Mariscal de Gante afirmó que su permanencia en el cargo causa “un grave daño a la imagen de la Fiscalía”: “¿Cómo se presenta mañana un fiscal a solicitar instrucción contra personas cuando la cúspide está imputada?”.

El Tribunal Constitucional ha rechazado este martes apartar a cuatro de sus magistrados de las deliberaciones sobre los recursos de amparo presentados por los líderes del 'procés', entre ellos el ex presidente catalán Carles Puigdemont y el que fuera su 'número dos', Oriol Junqueras, por la decisión del Tribunal Supremo de no amnistiarles la malversación del 1-O.

Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que el Pleno ha desestimado por unanimidad la recusación planteada por la Abogacía del Estado contra el magistrado conservador José aría Macías; la de Vox contra el presidente del Constitucional, el progresista Cándido Conde-Pumpido; y las dirigidas por el propio Puigdemont y el exconseller Antoni Comín contra Macías y los también magistrados conservadores Enrique Arnaldo y Concepción Espejel.

La Abogacía del Estado solicitó apartar a Macías de las deliberaciones sobre estos recursos de amparo por haberse pronunciado en contra de la ley de amnistía en textos oficiales cuando era vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Se trata del mismo argumento por el que fue apartado, a instancias de Fiscalía, de las discusiones sobre la ley de amnistía en los recursos y cuestiones de inconstitucionalidad registrados contra la misma, cuya primera sentencia se conoció el pasado junio para avalarla.

Las fuentes consultadas han explicado que en este caso las recusaciones contra Macías se han rechazado porque una cosa es el control abstracto sobre la constitucionalidad de la ley, que se hace a través de dichos recursos y cuestiones, y otra es su aplicación al caso concreto, que se estudia en los amparos.

Puigdemont y Comín recusaron a Macías por motivos similares a los esgrimidos por la Abogacía del Estado, mientras que a Arnaldo y Espejel les afearon su “estrecha relación con el PP”. Además, recriminaron a Arnaldo que en un reciente libro mostrara su “animadversión” hacia el ex presidente catalán y, a la magistrada, su voto particular contra la absolución en 2020 del mayor de los Mossos D'Equadra Josep Lluís Trapero por el 1-O.

Hacia la admisión y el rechazo de las cautelares

Estaba previsto que en el Pleno anterior, celebrado la semana pasada, los magistrados admitieran a trámite los recursos de amparo registrados por Puigdemont, Comín y el también ex consejero Lluís Puig.

Sin embargo, las recusaciones efectuadas por Puigdemont y Comín contra Macías, Arnaldo y Espejel obligaron a retrasar la admisión para ventilar antes las recusaciones, que finalmente se han acumulado todas en un mismo Pleno para poder avanzar en los procedimientos de amparo.

Los recursos de amparo presentados por Junqueras y los ex consejeros Raül Romeva y Dolors Bassa ya fueron admitidos a trámite el pasado febrero, mismo curso que siguió el del también ex consejero Jordi Turull en abril. Como medida cautelar, reclamaban que se les levantara la pena de inhabilitación que se les impuso por el 'procés'. En la misma línea, Puigdemont ha pedido que se le retire cautelarmente la orden de detención nacional que pesa en su contra.

Las citadas fuentes han señalado respecto a ambas peticiones cautelares que, aunque es frecuente que se soliciten, es “rarísimo” que se concedan y prevén que los casos de Junqueras y Puigdemont no serán una excepción, por lo que tendrán que esperar a la decisión de fondo sobre sus recursos de amparo.

Pleno al completo

En estas deliberaciones participará el Pleno al completo, con sus doce magistrados, a diferencia de lo que ocurrió con la primera sentencia sobre la amnistía, que contestó al recurso de inconstitucionalidad del PP.

Entonces, decidieron diez magistrados --seis progresistas y cuatro conservadores-- porque Macías quedó apartado y el progresista Juan Carlos Campo se abstuvo porque cuando era ministro de Justicia dijo en el informe a favor de indultar a los condenados del 'procés' que la amnistía era “claramente inconstitucional”.

Campo, abstenido para todos los recursos y cuestiones de inconstitucionalidad, no se ha apartado voluntariamente en los amparos por las mismas razones que aducirá el Pleno esta semana para rechazar las recusaciones contra Macías, diferenciando entre el análisis de constitucionalidad de la ley de amnistía y su aplicación a cada caso.

Así las cosas, los doce magistrados --con una mayoría progresista de siete magistrados frente a cinco-- intervendrán en los procedimientos de amparo.

Silvino González Fernández, de 62 años, entró este viernes en la Audiencia Provincial de Asturias, en Oviedo, con una petición de pena de las acusaciones de 14 años y 10 meses de prisión por su presunta autoria en el intento de asesinato de su mujer, en el domicilio familiar de la localidad de Grado, y abandonó la sede judicial con una condena en firme de nueve años de prisión.

Esa es la pena con la que su abogado defensor, Luis González, llegó a un acuerdo con la fiscal Rosa María Álvarez García y el abogado de la acusación particular, Francisco Pérez Platas, después de que Silvino González reconociera, de forma explícita, que el 7 de junio de 2024 asestó 21 puñaladas a su mujer cuando ella le comunicó que quería divorciarse.

El acusado: “No quería matarla”

Sin embargo, ha negado que actuara por celos y ha achacado su comportamiento a “la situación de estrés” que dice que padecía en aquella fecha.

“Tenía mucha tensión. No quería matarla. Nunca supe lo que hacía”, ha afirmado el acusado ante el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial.

A preguntas tanto de su defensa como de las acusaciones sobre si a la fecha actual está arrepentido, el procesado ha respondido de forma afirmativa: “Sí, mucho”, ha contestado.

“¿Y pide perdón a la víctima?”, ha sido la pregunta siguiente que le han formulado. Y él, de nuevo, ha respondido que “sí, pido perdón”.

Su escueta declaración, a la vista de que previamente había admitido su autoría en los hechos, le ha servido para rebajar sustancialmente la condena de los 14 años y 10 meses de prisión que solicitaban inicialmente la Fiscalía y la acusación particular a los nueve años de cárcel que ha sellado el acuerdo de conformidad.

Diez años de libertad vigilada

Un acuerdo que incluye, además otros diez años de libertad vigilada y otros diez años de cumplimiento de la orden de alejamiento a la víctima y de cualquier lugar que ésta frecuente.

Asimismo, el acusado se ha comprometido a abonarle una indemnización de 65.000 euros por los daños físicos y morales que le ha causado, así como a pagar las costas del juicio. Una indemnización que se podrá cobrar a la vista de que tiene patrimonio, según han confirmado fuentes jurídicas.

Previamente al acuerdo, la fiscal y el abogado Pérez Platas han solicitado al tribunal la adopción de medidas de protección para evitar el contacto visual entre agresor y víctima, por lo que ésta ha podido eludir cualquier encuentro casual con el acusado.

Las valoraciones

El abogado de la acusación ha asegurado que a la mujer aún le quedan secuelas que calcula que “se mantendrán durante bastante tiempo porque la realidad es que el ataque ha sido brutal con 21 puñaladas a una persona que se encontraba indefensa, sin capacidad alguna para poder oponerse a ese acometimiento y además con un tinte totalmente machista”.

Hoy lo que realmente se juzgaba es un ataque brutal por su condición de ser mujer, con un ánimo de posesión y de machismo puro y duro

Francisco Pérez Platas — Abogado de la acusación particular

La acusación particular ha mostrado su satisfacción, a pesar de la rebaja en la pena de prisión que ha supuesto en relación con su petición recogida en el escrito de conclusiones provisionales, al haber sido estimadas las circunstancias agravantes de parentesco, ensañamiento y haber actuado por motivo de género.

“Los acuerdos nunca son perfectos, pero la conformidad alcanzada es razonable. Hoy lo que realmente se juzgaba -ha comentado el letrado de la acusación- es un ataque brutal por su condición de ser mujer, con un ánimo de posesión y de machismo puro y duro”.

Estamos satisfechos porque el acuerdo es razonable, dadas las elevadas peticiones de pena iniciales

Luis González — Abogado de la defensa

Un acuerdo “razonable”

Por su parte, el abogado defensor, Luis González, se mostraba satisfecho por el resultado, al término de la vista oral.

En su opinión, el acuerdo alcanzado es “razonable” sobre todo teniendo en cuenta “las elevadas peticiones de pena que se solicitaban inicialmente”, ha concluido.

“Me llamo Francisca Javiera, y soy mujer”. De Francisca Javiera no había noticias hasta este jueves, cuando Francisco Javier Borrego, abogado del Estado de carrera desde hace medio siglo, exmagistrado del Tribunal Supremo y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, concluyó que identificarse durante unos segundos como mujer en el Congreso de los Diputados era un sólido argumento con el que rebatir los postulados de la “Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI”, generalmente conocida como “Ley Trans”.

Borrego había sido invitado al Congreso por el grupo parlamentario de Vox para hablar sobre ’Ideología de Género y denuncias falsas’. Presentes, un grupo de diputados de ultraderecha y otros afines a la causa. Y este jurista, nacido en Sevilla hace 75 años, decidió explayarse en un buen puñado de temas que a él le tienen en vilo y que guardan, más o menos, se supone, alguna relación con el título de las jornadas.

A saber: la ley trans, la inmigración, la relación entre Carles Puigdemont y Pedro Sánchez, el consentimiento en las relaciones sexuales. Todo, aderezado con supuesta ironía, “un poquito de humor”, según dijo la diputada Rocío Aguirre para explicar chascarrillos que banalizaban las agresiones sexuales, la identidad de género o el drama de la inmigración: “Hoy me siento mujer”; un “barco negrero” [Open Arms]; “Aquí todos somos adultos, y algunos hemos tenido relaciones sexuales: ¿cuándo es todo el tiempo de una relación sexual?”.  “Confieso que pertenezco a la manosfera”, remató.

Borrego es un jurista con amplio recorrido en órganos nacionales e internacionales devenido en esporádico comentarista político. Desde hace años, adoba sus charlas con una pretendida jocosidad con sello propio, que le sirve para barnizar la carga reaccionaria de sus parlamentos, ya sea una tertulia de Toro TV o unas jornadas jurídicas.

Muchas veces el resultado es desconcertante. En la Universidad de Cork (Irlanda), en 2011, comenzó así su ponencia sobre varias sentencias relativas al aborto dictadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH): “Good evening, I want to explain to you who [sic] I am speaking in the Spanish language: me gusta la fiesta de los toros, intento entender esa fiesta, pero nunca me atreveré a bajar a una plaza y encerrarme con un toro. Le tengo mucho respeto”.

Pedro Sánchez, “caudillo”

Últimamente, Borrego se prodiga en The Objetive, que le ha publicado ocho artículos en tres años, con los siguientes titulares: Ecologismo tramposo; La Policía Nacional no es racista; Fraude de ley escandaloso; El derecho como arma de guerra; No habrá impuesto de la renta el año próximo; La necia ministra y la espiral de Noelle-Neumann; ¿Colonización? No. Es saqueo; Elecciones generales: no es el cuándo, es el cómo“.

Sus enemigos en esos textos van de María Jesús Montero a George Soros, pasando por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien en 2023 definió como un “caudillo” que ha “colonizado una a una todas las instituciones” y “ha vendido España” para poder “seguir durmiendo en la Moncloa y usando el Falcon”.

Fue en un artículo publicado en Confilegal que comenzaba parafraseando el último parte de guerra de los golpistas tras la Guerra Civil: “En el día de hoy, cautivo y desarmado el Poder Judicial, YO he alcanzado y sometido mi penúltimo objetivo constitucional. La democracia ha terminado. El presidente de la República Plurinacional, Pedro Sánchez-Castejón”.

Del Colegio del Pilar al TEDH

Este desempeño como articulista ha completado en los últimos años una carrera como jurista que comenzó muy pronto y alcanzó altas cotas antes de desempeñarse como abogado en la firma de Miguel Durán, donde aún ejerce.

Según subraya en sus currículums oficiales, Borrego tenía 20 años cuando obtuvo la licenciatura de Derecho, en junio de 1970. Algo muy excepcional que consiguió tras examinarse por la Universidad Complutense de dos cursos en un solo año. Venía del Colegio del Pilar, por el que también pasaron en aquellos años José María Aznar, Alfredo Pérez Rubalcaba, Javier Solana, Juan Miguel Villar-Mir, Juan Abelló, Luis María Ansón o Juan Luis Cebrián, entre muchos otros.

Tras obtener la licenciatura, aprobó la prestigiosa oposición a Abogado del Estado y fue escalando posiciones hasta hacerse con la jefatura del servicio ante la Comisión Europea y ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En 2003 obtuvo su primera designación a una labor jurisdiccional (sin ser juez de carrera): de la terna propuesta por el Gobierno de Aznar para juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se impuso con holgura en la votación de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Borrego sustituyó a una eminencia del derecho internacional público en España, José Antonio Pastor Ridruejo.

La tarea de un juez del TEDH supone valorar las posibles vulneraciones de los derechos humanos cometidas por países firmantes del Convenio Europeo de Derechos Humanos, manteniendo la independencia de su país de procedencia. De un día para otro, Borrego pasó de representar los intereses de España como abogado del Estado ante el TEDH a ser juez del TEDH. De parte a juez. “Era vox populi entre el resto de jueces que se dedicaba a defender al Estado en lugar de a las víctimas. Era un juez no apreciado”, recuerda una fuente con experiencia en el derecho internacional al más alto nivel.

En este sentido, es significativo un artículo en The Objective donde celebra la exoneración de España en un caso de presunto sesgo racial por parte de la Policía, y carga en abstracto contra el “litigio estratégico”, una herramienta a la que suelen recurrir ONGs para ampliar derechos consiguiendo reformas legales o interpretaciones extensivas de derechos (humanos, sociales, ambientales) a partir de casos escogidos capaces de sentar precedente.

Crítico con la jurisprudencia del TEDH

Borrego terminó su mandato en Estrasburgo en 2008, pero no perdió de vista lo que sucede en el TEDH, un escenario crucial donde se dirimen no sólo las vulneraciones y abusos de los Estados, sino el alcance en la interpretación de los derechos humanos, que destila las ideas dominantes de cada tiempo.

En 2009 publicó un artículo en El Mundo en el que arremetía contra la jurisprudencia del tribunal del que había formado parte, acusando a sus jueces (singularmente, a los que procedían de la academia) de producir “una especie de lecciones profesorales, que no sentencias” encaramados en su “torre de marfil”. El motivo de su embestida era la polémica sentencia Lautsi, que acababa de condenar a Italia por mantener el crucifijo en una escuela pública. La sentencia de condena en primera instancia (europea) fue adoptada por unanimidad de siete jueces de sala del TEDH, pero fue revocada por la Gran Sala dos años después, en 2011.

En 2016 volvió a la carga, acusando a sus antiguos compañeros del TEDH de “frivolidad” por, en su opinión, recurrir razonamientos “periféricos” (el derecho a la vida privada) para atacar indirectamente los valores cristianos en sus sentencias relativas al aborto, la muerte asistida y el matrimonio homosexual. Empezaba ese artículo asegurando que un magistrado del TEDH le había reprendido en 2006 por colgar del corcho de su despacho la ecografía donde se veía a su futuro nieto. Lo concluía citando el Evangelio.

Regreso a España: conflicto con el presidente de Sala en el Tribunal Supremo

En 2018 volvería a dar el salto a la más alta función jurisdiccional: fue aupado por la mayoría conservadora en el CGPJ a magistrado de la Sala Tercera (Contencioso-Administrativo) del Tribunal Supremo por el turno de “juristas de reconocido prestigio”.

Duró poco. Apenas dos años algo turbulentos, en los que el Consejo General del Poder Judicial le abrió un expediente disciplinario a instancias del presidente de su Sala, Luis María Díez-Picazo. Este último denunció que Borrego le había faltado al respeto y amenazado en su despacho tras una discusión a propósito del retraso con el que llevaba sus asuntos. Borrego contraatacó asegurando que Díez-Picazo le negó el saludo en un bar antes de mandarlo a paseo, según informó en su día El Independiente. Finalmente, el CGPJ archivó el expediente por no haber quedado acreditada la falta disciplinaria. Borrego abandonó el Tribunal Supremo en 2020, apenas dos años después de llegar, al cumplir los 70 años que marcan su jubilación ordinaria.

Desde entonces se desempeña como abogado. Entre otros casos, lleva la defensa del resort de lujo Isla de Valdecañas (Cáceres), sobre el que desde 2022 pesa sentencia (recurrida ante el Tribunal Constitucional) de sus excompañeros del Tribunal Supremo ordenando su demolición por invadir zona protegida. Y sigue interviniendo como opinador allá donde se le dé una oportunidad, aunque a veces sus causas parezcan de otro tiempo: por ejemplo, sigue clamando contra el redactado del Código Civil que dice que el matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos “cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo”. “Es decir, primero entre personas del mismo sexo, y luego el resto”, ha escrito él.

En los últimos años también ha formalizado su relación con la defensa de las causas ultra. Al menos hasta 2022 integraba el patronato de la fundación de Abogados Cristianos, según publicó elDiario.es. Es coherente con la visión del mundo de quien nunca ha ocultado que sus ideas jurídicas están marcadas por su misión como hidalgo de la tradición y las corrientes más rigoristas de la doctrina católica.

El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha enviado al Senado una carta en la que avisa de que en diciembre caducará su mandato y el de otros tres magistrados, por lo que la Cámara Alta deberá activar el proceso para designar a sus sustitutos.

Conde-Pumpido remitió el escrito al Senado la última semana de julio, según ha informado La Razón y han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press. Aunque el presidente de la corte de garantías suele avisar a la Cámara Alta con cuatro meses de antelación, este año se ha adelantado porque el plazo se cumple el 17 de agosto, fecha inhábil en el tribunal.

Los cuatro magistrados que verán caducar su mandato en diciembre son el propio Conde-Pumpido, la magistrada del bloque progresista María Luisa Balaguer y los magistrados del ala conservadora Ricardo Enríquez y José María Macías. Este último, sin embargo, podrá repetir y extender su mandato nueve años —si es propuesto por el Senado—, dado que tomó posesión del cargo hace un año, en sustitución del magistrado Alfredo Montoya, que renunció por motivos de salud en julio de 2022.

Así las cosas, la composición actual del tribunal —con siete progresistas y cinco conservadores— podría verse afectada, toda vez que abandonarán el Constitucional dos progresistas y dos conservadores y la corte de garantías deberá recomponerse con los cuatro nuevos magistrados que elija el Senado.

Esa elección debe acordarse por una mayoría de tres quintos (159 senadores). En la actualidad, el PP cuenta con una mayoría absoluta de 144 senadores que, en todo caso, le obliga a tener que llegar a un acuerdo con otros grupos parlamentarios. La última vez que entraron cuatro nuevos magistrados al Constitucional la antigua mayoría conservadora --de seis magistrados frente a cinco-- dio un vuelco a una holgada mayoría progresista —de siete contra cuatro—.

El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el rey. Cuatro de ellos son designados a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; otros cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Según establece la Constitución, el tribunal debe renovarse por tercios cada tres años y los magistrados designados en cada ocasión son elegidos para cumplir su mandato durante un plazo de nueve años.

Elección de un nuevo presidente

Aunque Conde-Pumpido, Balaguer, Enríquez y Montoya fueron propuestos por el PP y el PSOE en el Senado en marzo de 2017, sus mandatos vencen en diciembre de 2025 porque emprendieron su andadura en el Constitucional con tres meses de retraso, dado que tenían que haber sido elegidos en diciembre de 2016, cuando caducó el mandato de los magistrados salientes.

La renovación del Constitucional llevaría consigo la elección de un nuevo presidente del tribunal. Conde-Pumpido asumió el cargo en enero de 2023 tras obtener seis de los 11 votos que estaban en juego; la también progresista Inmaculada Montalbán fue elegida vicepresidenta. Estos nombramientos supusieron la ruptura de la norma no escrita que se había aplicado durante los últimos años, según la cual la Presidencia correspondía al sector mayoritario y la Vicepresidencia, al minoritario.

Algunos jueces no viven en urnas de cristal y uno de los ejemplos más claros es el magistrado-juez Rafael Abril Manso, titular del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Gijón, que acaba de conceder a Duro Felguera una segunda prórroga del preconcurso de acreedores, que se prolongará hasta el próximo 31 de julio.

La autorización responde al cumplimiento de los requisitos exigidos, pero también al componente social y, en este sentido, el magistrado-juez ha tenido en cuenta la “importancia estratégica” de la empresa y especialmente que da empleo a casi 1.500 personas.

La vertiente social

El auto, al que ha tenido acceso elDiario.es Asturias, no se limita a exponer los motivos aducidos por el grupo Duro Felguera y los artículos que debe cumplir para acogerse a esta segunda prórroga. En esta ocasión, el magistrado-juez va más allá y ahonda en la vertiente social.

“Este juzgador es permeable a la realidad social que rodea la aplicación de la norma y consciente, sin duda, de la importancia estratégica de la sociedad deudora en el tejido industrial español, tratándose de una mercantil que ha pasado por varios procesos de reconversión, evolucionando hacia la ingeniería y ejecución de proyectos industriales y energéticos, actuando en el mercado en la actualidad en cinco líneas de negocio: Energía Convencional, Plantas Industriales, Servicios, Energías Renovables y Sistemas Inteligentes”, explica en uno de sus párrafos.

El Grupo da empleo a casi 1.500 personas

“No debe olvidarse que esta empresa da empleo a casi 1500 personas, con una importante implantación a nivel internacional, nacional y, sobre todo, local, con una antigüedad de casi 200 años y cotizando en Bolsa desde hace más de 100 años. Su innegable importancia estratégica -añade- viene avalada, además, por la extraordinaria ayuda económica proporcionada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y por el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE)”.

Este juzgador es permeable a la realidad social que rodea la aplicación de la norma y consciente, sin duda, de la importancia estratégica de la sociedad deudora en el tejido industrial español, tratándose de una mercantil que ha pasado por varios procesos de reconversión, evolucionando hacia la ingeniería y ejecución de proyectos industriales y energéticos

Rafael Abril Manso — Magistrado-juez titular del Juzgado de lo Mercantil 3 de Gijón

El magistrado-juez ha valorado no solo la relevancia de la sociedad deudora sino también las posibles consecuencias que acarrearía la denegación de la segunda prórroga. En este tema concreto, ha acogido la argumentación de la empresa incluida en la solicitud donde advertía que en caso de no autorizarse “podría causar graves perjuicios y poner en riesgo todos los avances logrados hasta la fecha”.

La interpretación “flexible” y “adaptada” de la norma

Por ello, al estimar “la dimensión tan importante que tiene esta empresa en el tejido industrial nacional y asturiano y los graves perjuicios que la situación concursal traería para el Grupo Duro Felguera”, Rafael Abril ha optado por la interpretación de la norma “con la flexibilidad que el Texto Refundido de la Ley Concursal permite y atendidas las circunstancias que el caso concreto requiere”.

En el auto se posiciona a favor de esta prórroga teniendo en cuenta todos estos parámetros: “En esta línea interpretativa, flexible y adaptada, la respuesta judicial a la segunda prórroga solicitada ha de ser positiva”, ratifica.

El apoyo del pasivo

El juzgado había concedido la primera prórroga a través de un auto, fechado el pasado 12 de marzo, a las mercantiles “Duro Felguera S.A.”, “Duro Felguera Investment S.A.U.”, “Duro Felguera Calderería Pesada S.A.U.”, “Duro Felguera Green Tech S.A.U.”, “D.F. Mompresa S.A.U.”, “D.F. Operaciones y Montajes S.A.U.”, “DFOM Biomasa Huelva S.L.U.”, “Duro Felguera Energy Storage S.A.U.”, “Duro Felguera Oil & Gas S.A.U” y “Duro Felguera Intelligent Systems S.A.U. con un plazo de tres meses más, sucesivos a contar desde la fecha de finalización de la comunicación de apertura de negociaciones con los acreedores.

El grupo de empresas presentó un escrito el pasado 11 de junio mediante el que solicitó una segunda prórroga de los efectos de la comunicación de apertura de negociaciones, dado que “dichas sociedades cuentan con el apoyo del pasivo necesario”, e interesó que, de forma extraordinaria, se extendieran todos los efectos de la comunicación de apertura de negociaciones y, en concreto, que se extendiera la prórroga hasta el 31 de julio.

Los acreedores financieros Banco Sabadell, S.A., Banco Santander, S.A., y Unicaja Banco, S.A. han prestado su consentimiento, representando los créditos que titulan un 63,69 por ciento del total que pueden resultar afectados por la reestructuración en el momento de la solicitud de la prórroga

Una declaración responsable

Estas diez sociedades que integran el Grupo Duro Felguera aportaban junto a su solicitud la declaración responsable suscrita por sus respectivos representantes legales, de conformidad con lo establecido en el artículo 607.2 del Texto Refundido de la Ley Concursal.

En esta declaración hacían constar que se había recabado y obtenido la conformidad de los acreedores necesarios para instar la prórroga, siendo en concreto los acreedores financieros Banco Sabadell, S.A., Banco Santander, S.A., y Unicaja Banco, S.A., quienes han prestado su consentimiento, representando los créditos que titulan un 63,69 por ciento del total que pueden resultar afectados por la reestructuración en el momento de la solicitud de la prórroga.

La Directiva europea

Rafael Abril sostiene en este auto que, de este modo, cumplían los requisitos formales exigidos en los apartados 1 y 2 del artículo 607 del Texto Refundido de la Ley Concursal, esto es, “solicitud del deudor, declaración responsable de que ha obtenido la conformidad de acreedores que representen más del 50 por ciento del pasivo que pueda resultar afectado por el plan de reestructuración y acta firmada por los acreedores recogiendo documentalmente su conformidad”.

El juzgado hace referencia a la directiva europea de procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas que reconoce la necesidad de que los estados y sus autoridades garanticen “la máxima flexibilidad para permitir la reestructuración de deudores viables”.

La viabilidad

El magistrado entiende que ello “refuerza la legitimidad de optar por una solución que favorezca la viabilidad” del grupo de ingeniería y bienes de equipo, “el mantenimiento del empleo y la satisfacción de los créditos en el medio plazo”, pese a que vaya a excederse el límite ordinario de tres meses previsto en la norma nacional.

En este sentido, recuerda que la Directiva europea establece unos plazos orientativos y máximos, pero no prohíbe expresamente su ampliación cuando concurran razones excepcionales y debidamente motivadas, sin necesidad de agotar el plazo máximo de tres meses que se prevé expresamente para la primera prórroga.

Un experto en reestructuración

Esta resolución que concede la prórroga solicitada es susceptible de ser impugnada mediante un recurso de reposición, dentro del plazo de cinco días contados desde el día siguiente de la notificación de aquélla, ante el mismo juzgado que es competente para su tramitación y resolución.

El titular del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Gijón ha dictado un segundo auto en el que resuelve la petición de la compañía de designar un experto en reestructuración y por el que se nombra a la firma Lexaudit Concursal.

Una solución amistosa con Argelia

Un mes después de la primera prórroga, Duro Felguera y Sonelgaz Production d'Electricité (SPE) firmaron un memorándum de entendimiento para la solución amistosa del litigio millonario que mantenían por la suspensión del proyecto de la central térmica de ciclo combinado de Djelfa, en Argelia, por el que la empresa argelina reclamaba 413 millones de euros, un acuerdo que, no obstante, aún está pendiente de concreción.

Además, tras la primera prórroga del concurso de acreedores Indra también dio a conocer su intención de comprar a Duro Felguera una factoría en Gijón, conocida como 'El Tallerón', para destinarlo a la construcción de vehículos militares, y recientemente le hizo llegar una oferta vinculante.

Conversaciones con la SEPI

El grupo de ingeniería y bienes de equipo también mantiene conversaciones con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que dispone de dos de los nueve puestos del consejo de administración de Duro Felguera a raíz del rescate público de 120 millones de euros del que fue objeto la empresa en el año 2021.

La empresa, controlada desde febrero de 2024 por los grupos mexicanos Prodi y Mota-Engil, cuenta con una plantilla cercana a los 1.500 trabajadores; uno de los aspectos que ha tenido en cuenta el magistrado-juez Rafael Abril a la hora de valorar y conceder la segunda prórroga del preconcurso de acreedores al Grupo Duro Felguera.

Los órganos judiciales asturianos se renuevan con nuevos nombramientos y caras muy conocidas para ocupar los cargos de responsabilidad en la Audiencia Provincial de Asturias y el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha designado este martes al fiscal avilesino Alejandro Cabaleiro, que ha asumido causas muy mediáticas como el “caso Koldo”, el “caso Púnica” o el “caso Niemeyer”, entre otros, como nuevo magistrado del TSJA por el turno autonómico.

La plaza que dejó vacante el magistrado José Antonio Soto-Jove en la presidencia de la Audiencia Provincial para incorporarse a la Sala de lo Civil y Penal del alto tribunal asturiano será ocupada por el magistrado Antonio Lorenzo Álvarez, hasta ahora adscrito al tribunal de la Sección Sexta.

Alejandro Cabaleiro, al TSJA

El máximo órgano de decisión de los jueces ha anunciado este martes el nombramiento del fiscal avilesino Alejandro Cabaleiro como nuevo magistrado del alto tribunal asturiano por el turno autonómico.

Pasará a formar parte del tribunal de la Sala de lo Civil y Penal del TSJA que está integrada por los magistrados Jesús María Chamorro -presidente del TSJA- y José Antonio Soto-Jove.

Una terna muy potente

Alejandro Cabaleiro se ha impuesto finalmente a otros dos candidatos muy potentes para este puesto. Junto a él optaban al cargo la ex fiscal superior de Asturias, María Esther Fernández, y el catedrático de Derecho Penal y actual decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo Javier Fernández Teruelo.

Estos tres juristas de reconocido prestigio habían sido propuestos por los grupos parlamentarios del PSOE y PP para optar a la plaza del turno autonómico de la Sala de lo Civil y Penal del TSJA.

Esta plaza estaba vacante desde el mes de septiembre de 2019, cuando se jubiló el magistrado Ángel Aznárez.

De fiscal a magistrado del alto tribunal

Alejandro Cabaleiro es hijo del abogado y exdirector general de Justicia socialista Manuel Cabaleiro. El nuevo magistrado entró en la carrera fiscal en 2008 y ha llevado varias especialidades en la Fiscalía: Menores, Antidroga, Medio Ambiente y Urbanismo y Delitos Económicos.

En 2018 se trasladó a Madrid a la Fiscalía Anticorrupción donde intervino en casos muy mediáticos, entre otros, en la investigación del espionaje corporativo por parte del BBVA, del “caso Koldo”, del “caso Púnica” o el “caso Niemeyer”.

Del 'caso Koldo al Niemeyer'

Cabaleiro fue el fiscal que actuó en el caso de la investigación del espionaje corporativo por parte del BBVA con la ayuda del comisario Villarejo y también llevó otras causas como las del “caso Koldo”, el “caso Púnica” o la investigación a Esperanza Aguirre por ganar las elecciones autonómicas de 2007 y 2011 haciendo trampas, entre otras informaciones desveladas y recogidas en elDiario.es.

En Asturias, el fiscal Cabaleiro estuvo al frente del denominado “caso Niemeyer” por el que fueron condenados Natalio Grueso, ex director general de la Fundación Niemeyer, el abogado José Luis Rebollo, ex secretario general, y José María Vigil, exempleado de Viajes El Corte Inglés (VECI).

Las penas ratificadas por el Supremo

En abril de 2023, el Tribunal Supremo confirmó los ocho años de cárcel para Natalio Grueso por utilizar los fondos de la Fundación Niemeyer de Avilés durante los seis años que duró su relación laboral como director general, entre 2006 y 2012, para su propio beneficio y el de su entorno, tanto personal como familiar y de amistades.

El abogado José Luis Rebollo, ex secretario general de la Fundación Niemeyer, que se defendió a sí mismo en la vista oral del juicio, vio ratificada su pena de dos años de prisión, si bien la Audiencia Provincial de Asturias acordó suspender durante tres años la ejecución de la sentencia.

De la condena a la fuga

El TS solo rebajó la condena a José María Vigil, quien vio reducida su pena de los siete años y medio que le impuso la Audiencia de Asturias inicialmente a los seis años de cárcel en que se fijó definitivamente.

Actualmente Natalio Grueso se encuentra en paradero desconocido y la Audiencia Provincial de Asturias mantiene vigente la orden internacional de busca y captura para su detención e ingreso en prision para el cumplimiento de la condena.

La presidencia de la Audiencia

Otro nombramiento muy esperado ha sido el del presidente de la Audiencia Provincial de Asturias. Habia nada menos que cinco candidaturas para ocupar la vacante que había dejado el magistrado José Antonio Soto-Jove, quien renunció al cargo el pasado mes de octubre para optar a la plaza que desempeñó en la Sala de lo Civil y Penal del TSJA el magistrado Ignacio Vidau hasta su jubilación.

Soto-Jove ostentaba la presidencia desde 2013 y tenía preferencia durante los dos años siguientes al cese “a cualquier plaza de su categoría de las que deben proveerse por el concurso voluntario y para la que no se reconozca especial preferencia o reserva a especialista”, según recogía el Boletín Oficial del Estado (BOE). Apenas tres meses después, en enero de este año, se hacía público su nombramiento tras obtener la plaza en el alto tribunal asturiano.

La Audiencia Provincial y el Supremo

Cinco candidatos aspiraban a sustituir en el cargo al magistrado José Antonio Soto-Jove en la Audiencia Provincial.

Además de Antonio Lorenzo Álvarez, que finalmente asumirá este cargo, optaban a la plaza Rafael Abril Manso, titular del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Oviedo; Elena Fernández González, magistrada de la Sección Octava de la Audiencia Provincial; José Manuel Raposo Fernández, magistrado adscrito a la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial y María Carolina Serrano Gómez, titular del Juzgado de Primera Instancia número 10 de Oviedo.

Antonio Lorenzo Álvarez era hasta ahora magistrado de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial y miembro de la Sala de Gobierno del TSJA.

Por otro lado, la magistrada Raquel Blázquez, que hasta ahora formaba parte del tribunal de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial, ha sido designada para ocupar una plaza en la Sección Primera de lo Civil del Tribunal Supremo (TS).

El punto fuerte del sistema judicial es justo el que no se ve: el procedimiento de decisión. Por eso, Miguel Pasquau Liaño (Úbeda, 1959) está convencido de que al ámbito jurídico le falta abrir sus puertas, rasgarse el velo y dotarse de mayor transparencia. “El problema es que la Justicia tiene un efecto cónclave, sacraliza y provoca la desconfianza”, porque “cuando algo entra en un juzgado nadie sabe qué pasa”, afirma.

Con una mirada crítica, el magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, reflexiona sobre esta y otras cuestiones en su nuevo libro “El oficio de decidir. Dudas y certezas de un juez en activo” (Debate, 2025) que ha presentado este jueves en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB). 

Su objetivo con el libro es claro: “Buscar otra manera diferente de suscitar algo de confianza en el sistema judicial”. Pasquau pretende contar y provocar una conversación sobre un conjunto de temáticas de las que normalmente no se hablan, pero que son importantes para la ciudadanía. En el ámbito jurídico “se debe abandonar el efecto corporativo”, insiste.

Durante su obra y en un intento de abrir ese “cónclave”, el jurista también trata de identificar los defectos y vicios propios, como un ejercicio de introspección dentro del oficio y análisis del mismo. “Es imprescindible también saber qué riesgos dependen de nosotros”, destaca. 

Después de más de dos décadas como profesional de la justicia, Pasquau relata los entresijos de un oficio en el que cualquier equivocación puede llegar al punto de arruinar vidas y que de cuyos aciertos depende que se imparta o no justicia, se reparte una herida o empeoren las que ya están hechas. 

En cuanto a las malas praxis que existen en el procedimiento judicial, el autor destaca que “el sistema será fiable si sigue cumpliendo su función pese a que haya malos jueces. Si no sobrevive, no es un buen sistema”, alegando que las buenas prácticas deben ser las mayoritarias. 

Además, Miguel Pasquau aborda en el libro temas que generan polémica y se posiciona de forma muy clara; como el papel de los medios de comunicación, las presiones de los jueces o la relación de la figura del juez con los demás poderes y esferas del Estado.

Pasquau también es catedrático de Derecho Civil en la Universidad de Granada y tiene una gran afición literaria que ha desarrollado a lo largo de su vida. Tanto es así que el magistrado cuenta con cuatro novelas publicadas: se estrenó como escritor con la obra “Recuerda que yo no existo” (Almuzara, 2014) y la última, “Aunque todo se acabe” (Ediciones Miguel Sánchez), la publicó en 2021.  

La magistrada-jueza Ana López Pandiella, que investiga si la simulación de una procesión con una imagen de la Virgen de Covadonga 'queer' durante la manifestación del pasado 8M en Gijón es un delito de discriminación, enmarcó dentro de la libertad de expresión el procedimiento seguido en 2018 por los ataques a la sede de Podemos Gijón/Xixón con carteles y pasquines a favor del dictador Francisco Franco y del Valle de los Caídos.

Precisamente a la libertad de expresión alude la Agrupación Moza d'Asturies (AMA), organizadora de la simulación, para justificar la performance que sus integrantes hicieron de la Virgen de Covadonga a la que denominaron como“Queervadonga”.

Igualdad, antifascismo y derechos de personas LGTBIQ+

Lejos de retractarse, AMA ha anunciado que seguirá movilizándose en la calle con la figura de la Santina que las representa todas las veces que consideren necesario.

Sus portavoces, Raquel Díaz y Alba Cideres, suscribieron un comunicado donde se reafirmaban en la necesidad de seguir reivindicando los derechos de las mujeres y especialmente en un día como el 8M.

Para el colectivo juvenil, no solo no cometieron delito alguno, sino que se ratifican en que se trataba de un “gesto bonito que la Santina de 'Queervadonga' se apareciese por algo tan justo como es la igualdad entre hombres y mujeres, el antifascismo y los derechos de las personas LGTBIQ+”.

Denuncia por “escarnio y odio”

La Fundación Española Abogados Cristianos denunció a las integrantes de AMA por procesionar con una imagen de la Virgen de Covadonga 'queer' durante la manifestación del 8M en Gijón por un delito de “escarnio y odio”.

La denuncia recayó en el Juzgado de Instrucción número 4 de Gijón y su titular, Ana López Pandiella, ha ordenado incoar diligencias de investigación para dirimir si hay o no responsabilidad penal en los hechos denunciados.

Su denuncia no ha sido la única, ya que la cofradía religiosa La Hermandad de los Estudiantes de Oviedo también ha puesto los hechos en conocimiento de la Fiscalía de Asturias, que la ha admitido a trámite, por un delito de odio.

El oficio a la Policía

A juicio de la magistrada-jueza, los hechos denunciados por Abogados Cristianos presentan características que “hacen presumir la posible existencia de un delito de discriminación”, como consta en el auto al que ha tenido acceso elDiario.es Asturias.

Admite la personación de Abogados Cristianos en el procedimiento para ejercer la acusación particular y solicita que se oficie a la Comisaría de Policía para que se practiquen gestiones encaminadas a identificar completamente a las denunciadas y a averiguar si “dichas personas denunciadas presentan características o circunstancias indicativas de la existencia de un móvil de odio”, expone.

Causas de calado político

A lo largo de su trayectoria profesional, la magistrada-jueza ha instruido varios procedimientos de gran calado político.

En abril de 2009 dejó el juzgado número 5 de Avilés que llevaba las causas de violencia de género para hacerse cargo del juzgado en Gijón que asumía esos procedimientos y desde su llegada a la villa de Jovellanos algunas de sus resoluciones judiciales han sido muy controvertidas y criticadas en numerosas ocasiones desde la izquierda asturiana.

El archivo de la denuncia de Podemos Xixón

Durante la etapa en la que ejercía como titular del juzgado de instrucción número 2 dictó el sobreseimiento y archivo de la denuncia interpuesta por Podemos Xixón cuando su sede apareció empapelada, el 18 de julio de 2018, con pasquines que aludían al dictador Francisco Franco.

La formación morada entendía que ese acto suponía “una agresión fascista” y, en aquella fecha, el entonces secretario general de Podemos Xixón, Mario Suárez del Fueyo, consideraba que el sobreseimiento y archivo de las diligencias “dan alas a la extrema derecha en nuestra ciudad”.

En aquella ocasión, la magistrada-jueza circunscribió la aparición de carteles en la sede de Podemos Xixón dentro de “la libertad de expresión que nuestra norma fundamental ampara y garantiza a todo ciudadano”.

Las críticas de la formación morada

Las valoraciones de la formación morada no se hicieron esperar. Censuró abiertamente que se utilizara el término de libertad de expresión para amparar a personas que, según explicó, “únicamente destilan odio hacia el progreso y una mirada retrógrada no contribuye a construir sociedad, ni ciudad”.

Fue un precedente que se vinculó al hecho de que poco después de que sobreseyera y archivara la denuncia de la formación morada, el 2 de agosto de 2018, la sede volviera a aparecer llena de carteles con alusiones al Valle de los Caídos y donde se acusaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ser “un profanador de tumbas”.

El precedente de otro ataque

Los ataques no fueron un hecho aislado, como recogía elDiario.es en su edición del 3 de abril de 2021. Ese día la sede de Podemos Gijón apareció cubierta de carteles con insultos y amenazas como “corruptos”, “violentos”, “asesinos” o “pederastas”.

Otro ataque que llevó a la portavoz municipal de Podemos Xixón, Alejandra Tejón, a denunciar los hechos en la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía y a ponerlos en conocimiento de la opinión pública a través de la red social en aquella fecha denominada Twitter -actualmente X- y cuyos comentarios reproducimos a continuación.

La magistrada-jueza también ha participado en la instrucción de otras causas que han tenido una gran repercusión mediática en Asturias.

La instrucción del 'Caso Marea'

Así, por ejemplo, fue la instructora del denominado “caso Marea”, también conocido como “caso Renedo”, la mayor trama de corrupción registrada en la administración del Principado durante la etapa de gobierno del socialista Vicente Álvarez Areces.

La investigación policial y judicial derivó en la condena del entonces consejero de Educación del Principado José Luis Iglesias Riopedre; de su número 2, la directora general de Planificación, Centros e Infraestructuras y jefa de compras de la Consejería, María Jesús Otero Rebollada; de la funcionaria Marta Renedo -que dio nombre también a la causa- y de los empresarios Alfonso Carlos Sánchez Sánchez, de Almacenes Pumarín, y Víctor Manuel Muñiz Menéndez, de Igrafo.

La polémica por la competencia y la inhibición

El juzgado de Gijón inició la instrucción del procedimiento, pero no pudo concluirlo al ordenar la Audiencia Provincial de Asturias, en abril de 2011, a la magistrada-jueza que se inhibiera a favor de un juzgado de Oviedo.

Ana López Pandiella defendió que la competencia debía continuar en su juzgado, pero los magistrados de la Sección Octava fallaron a favor de los de la capital asturiana, tras estimar los cinco recursos presentados por los abogados y la Fiscalía.

Entre las razones que más peso tuvieron para fallar a favor de que la competencia en la instrucción fuera de la capital asturiana estaban las siguientes: al ser el territorio donde se produjo el delito de malversación de caudales públicos que era el que conllevaba la pena de cárcel mayor -ocho años-; además de ser el lugar donde tiene su sede la administración defraudada, el Principado, y donde se cometieron la mayor parte de los delitos. 

Asimismo, destacaba que en Oviedo era la ciudad donde desempeñaban su trabajo tres de los principales acusados: José Luis Iglesias Riopedre, María Jesús Otero y Marta Renedo.

La querella contra un edil del PP

Un mes después, en mayo de 2011, Ana López Pandiella dictaba otro auto que resultaba polémico para los socialistas gijoneses por el que sobreseía la querella por injurias y calumnias presentada contra el entonces edil gijonés del PP Manuel Pecharromán por el concejal y secretario general del PSOE, José Manuel Sariego, y su esposa.

Los términos en los que se expresaba el auto provocaron la inmediata réplica de la entonces alcaldesa de Gijón, la socialista Paz Fernández Felgueroso, abogada de profesión.

La réplica de Fernández Felgueroso

Para Fernández Felgueroso, la magistrada-jueza había vertido en su auto una afirmación “improcedente, infundada e injusta” al exponer que se habían realizado contratos en el Ayuntamiento de Gijón que “han beneficiado a miembros del Consistorio, familiares y amigos”, y planteaba que una resolución judicial no era el “lugar adecuado para hacer juicios morales o lanzar insinuaciones contra quien no tiene la oportunidad de defenderse o explicarse”.

El auto reflejaba que no resultaba injurioso sospechar, como hizo y publicitó Pecharromán, que hubiese una relación de beneficio para concejales del PSOE en las contrataciones municipales a la empresa Almacenes Pumarín, investigada en el “caso Renedo”.

También sostenía que era “de muy dudosa moralidad pública” la reiterada adjudicación de contratos a una firma en la que trabajaban familiares de concejales, ya que la esposa de Sariego era comercial de Almacenes Pumarín. 

La desvinculación del Consistorio

“El auto de la juez Pandiella, pretendiéndolo o no, irrumpe como una bomba de relojería en la campaña electoral”, aseveraba Fernández Felgueroso.

“Nos sorprende que se insinúe, aunque sea de modo indirecto, que la ”operación Marea“ pueda afectar a la actividad administrativa del Ayuntamiento de Gijón, a sus concejales o empleados”, indicaba la entonces alcaldesa según se recoge en la hemeroteca periodística.

Además, recordaba que no había persona alguna vinculada al Ayuntamiento de Gijón que hubiera sido imputada o llamada a declarar en ese caso y que desde el juzgado mientras instruyó la causa tampoco se solicitó información al Consistorio.

El papa Francisco separó del estado clerical al 'Padre Chus' tras las primeras acusaciones de abusos de menores. La Audiencia Provincial condenó al exsacerdote a diez años de cárcel por proponer sexo a tres menores a cambio de dinero y droga en su domicilio de Gijón

El caso del 'Padre Chus'

En noviembre de 2021, siendo titular del juzgado de Primera Instancia Instrucción número 4 de Gijón, también dictó un auto por el que ratificó la prisión provisional del exsacerdote Jesús María Menéndez Suárez, conocido como el “Padre Chus”, tras su detención en su piso de Donato Argüelles. 

Su juzgado abrió diligencias por delitos de corrupción de menores y contra la salud pública. En julio de 2024, la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Gijón, condenó al “Padre Chus”, de 72 años, a una pena de diez años de cárcel por proponer sexo a tres menores a cambio de dinero y droga en su domicilio de Gijón.

El Papa Francisco le había expulsado del estado clerical en 2015 por su presunta implicación en varios casos de abuso de menores, cargos de los que el excura siempre se ha declarado inocente en unas declaraciones a las que los tribunales de justicia no han dado credibilidad alguna.

Una de las últimas causas que han llegado al juzgado ha sido caso de la muerte de Luis María J.C., cuyo cadáver fue hallado hace diez años por unos montañeros en una cuneta, en pleno parque natural de Somiedo. Dos hermanos de la víctima están siendo investigados por los delitos de homicidio por omisión, prestaciones a la Seguridad Social en un supuesto agravado por haber cobrado indebidamente alrededor de 300.000 euros de su pensión a lo largo de una década, falsedad documental y estafa

El misterio desvelado del cadáver hallado en Somiedo

Una de las últimas causas que han llegado al juzgado que instruye la magistrada-jueza Ana López Pandiella es el caso de la muerte de Luis María J.C., conocido como Luisín, cuyo cadáver fue hallado el 11 de enero de 2015 por unos montañeros en una cuneta junto al mirador de los Rebecos, en pleno parque natural del concejo asturiano de Somiedo.

El cuerpo presentaba grandes deformidades y se desconocía cualquier detalle de quién era y cómo había llegado su cuerpo sin vida a esa zona, sin que nadie lo hubiera reclamado.

Ahora, una década después del hallazgo del cadáver, se ha desvelado el misterio: las pruebas de huellas dactilares obtenidas en su día han ofrecido una “identificación positiva” de su filiación.

La fuga y la declaración

Los dos hermanos de Luisín, Enrique y Enriqueta, fueron detenidos en el País Vasco, adonde habrían huido al conocer que eran buscados por no haberse presentado ante los reiterados requerimientos remitidos a su domicilio para que comparecieran junto a Luisín para que los servicios sociales valoraran su estado y estar ilocalizables.

Eldiario.es Asturias publicaba, en su edición del pasado 12 de febrero, cómo ambos hermanos pasaban a disposición judicial y comparecían en el juzgado de instrucción número 4 de Gijón.

Actualmente el juzgado de la magistrada-jueza Ana López Pandiella les investiga por un delito de homicidio por omisión, otro delito de prestaciones a la Seguridad Social en un supuesto agravado por haber cobrado indebidamente alrededor de 300.000 euros de la pensión de su hermano a lo largo de estos diez años, y les imputa sendos delitos de falsedad documental y estafa.

La ex fiscal superior de Asturias, Esther Fernández, el fiscal avilesino Alejandro Cabaleiro y el catedrático de Derecho Penal y actual decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo Javier Fernández Teruelo son los tres juristas de reconocido prestigio que han sido propuestos por los grupos parlamentarios del PSOE y PP para optar a la plaza del turno autonómico de la Sala de lo Civil y Penal del TSJA.

La plaza está vacante desde el mes de septiembre de 2019, cuando se jubiló el magistrado Ángel Aznárez.

El pasado 12 de febrero, la Junta de Portavoces de la Cámara aprobó las normas complementarias de procedimiento para la designación de la terna.

La Mesa calificó y admitió a trámite hoy, martes, las candidaturas presentadas en el procedimiento para el nombramiento de un magistrado para el alto tribunal asturiano. Este viernes, día 28, concluye el plazo para la subsanación de posibles errores y a partir de ahí se activa el proceso.

Del parlamento asturiano al CGPJ

La terna será votada en una sesión plenaria del Parlamento asturiano que tendrá lugar el próximo 5 de marzo. Tras una revisión formal de la propuesta, se convocará a los candidatos que serán entrevistados durante diez minutos ante la Junta de Calificación.

Una vez emitido su informe, se trasladará al pleno del máximo órgano de decisión de los jueces que tendrá la última palabra sobre la candidatura mas idónea para ocupar la plaza del turno autonómico.

Los candidatos

La persona que sea elegida de esa terna pasará a formar parte del tribunal de la Sala de lo Civil y Penal del TSJA que está integrada por los magistrados Jesús María Chamorro y José Antonio Soto-Jove.

El fiscal avilesino Alejandro Cabaleiro Armesto entró en la carrera fiscal en 2008 y ha llevado varias especialidades en la Fiscalía: Menores, Antidroga, Medio Ambiente y Urbanismo y Delitos Económicos.

En 2018 se trasladó a Madrid a la Fiscalía Anticorrupción donde intervino en casos muy mediáticos.

Del 'caso Koldo' al 'caso Niemeyer'

Cabaleiro fue el fiscal que actuó en el caso de la investigación del espionaje corporativo por parte del BBVA con la ayuda del comisario Villarejo y también llevó otras causas como las del “caso Koldo”, el “caso Púnica” o la investigación a Esperanza Aguirre por ganar las elecciones autonómicas de 2007 y 2011 haciendo trampas, entre otras informaciones desveladas y recogidas en elDiario.es.

En Asturias, el fiscal Cabaleiro estuvo al frente del denominado “caso NIemeyer” por el que fueron condenados Natalio Grueso, ex director general de la Fundación Niemeyer, el abogado José Luis Rebollo, ex secretario general, y José María Vigil, exempleado de Viajes El Corte Inglés (VECI).

Las penas ratificadas por el Supremo

En abril de 2023, el Tribunal Supremo confirmó los ocho años de cárcel para Natalio Grueso por utilizar los fondos de la Fundación Niemeyer de Avilés durante los seis años que duró su relación laboral como director general, entre 2006 y 2012, para su propio beneficio y el de su entorno, tanto personal como familiar y de amistades.

El abogado José Luis Rebollo, ex secretario general de la Fundación Niemeyer, que se defendió a sí mismo en la vista oral del juicio, vio ratificada su pena de dos años de prisión, si bien la Audiencia Provincial de Asturias acordó suspender durante tres años la ejecución de la sentencia.

De la condena a la fuga

El TS solo rebajó la condena a José María Vigil, quien vio reducida su pena de los siete años y medio que le impuso la Audiencia de Asturias inicialmente a los seis años de cárcel en que se fijó definitivamente.

Actualmente Natalio Grueso se encuentra en paradero desconocido y la Audiencia Provincial de Asturias mantiene vigente la orden internacional de busca y captura para su detención e ingreso en prision para el cumplimiento de la condena.

El decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo, Javier Fernández Teruelo, es un experto en Derecho Penal y ha sido magistrado suplente. Ha intervenido en un millar de resoluciones, en 300 de ellas como ponente, en las tres secciones penales de la Audiencia Provincial de Asturias.

Ha sido condecorado con la Cruz Distinguida de Primera Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort en reconocimiento a una dedicación de más de 30 años en el ámbito del Derecho Penal y Criminología, en particular en materia de prevención frente a la violencia de género junto a otros como la cibercriminalidad o fraudes económicos.

El reconocimiento

Un galardón concedido igualmente por los resultados obtenidos como vicepresidente (2021-2023) y presidente de la Conferencia de Decanos, cargo que ostenta desde marzo de 2023, por elección del resto de decanas y decanos de casi 80 facultades de Derecho españolas.

También ha sido reconocida su labor con una mención especial en los premios Meninas en su edición de 2023.

Los méritos

Estos premios están promovidos por la Delegación del Gobierno para la lucha contra la Violencia de Género y se entregan en todas las comunidades autónomas con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se conmemora todos los 25 de noviembre.

Entre los principales méritos que reunió para este reconocimiento se destacaba el haber centrado su desarrollo profesional en analizar cómo el género se asocia a movimientos que facilitan la exclusión de las mujeres: mujeres con cargos públicos, mujeres presas, con discapacidad, víctimas de violencia de género o mujeres con cáncer o con trastornos de la alimentación.

María Esther Fernández García (Avilés, 1959), accedió al cargo de fiscal superior de Asturias en junio de 2013. Ingresó en la carrera fiscal el 31 de mayo de 1985 y fue destinada en la entonces denominada Fiscalía de la Audiencia Territorial de Galicia con sede en A Coruña, donde tomó posesión el 25 de junio de ese año.

En julio de 2024 fue relevada por María Eugenia Prendes, actual fiscal superior, que hasta entonces desempeñaba la delegación de la Fiscalía en materia de Violencia de Género y Doméstica de Asturias.

Su compromiso

María Esther Fernández ha reivindicado en numerosas ocasiones, especialmente en sus comparecencias en el Parlamento asturiano, la necesidad de incrementar los medios humanos y materiales de la Fiscalía y ha sido una gran defensora de las especializaciones de los integrantes de la Fiscalía.

Unas reivindicaciones que ha reiterado en las presentaciones de las memorias de actividades de la Fiscalía asturiana que realizaba anualmente desde que accedió al cargo.

El magistrado de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Asturias, Francisco Javier Rodríguez Luengos, falleció en la tarde de ayer, a los 59 años, a consecuencia de una grave enfermedad que le mantuvo alejado de la actividad judicial durante un año. Su muerte ha causado una gran conmoción en la Judicatura asturiana.

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), su presidente Jesús María Chamorro, la Fiscalía del Principado y la fiscal superior, María Eugenia Prendes, han mostrado su consternación por el fallecimiento del magistrado.

Solo la enfermedad que padecía le ha podido apartar de la actividad profesional a la que llevaba dedicado desde hace 33 años en órganos jurisdiccionales del Principado.

Las causas más relevantes

El magistrado Rodríguez Luengos estaba adscrito a la Sección Tercera de la Audiencia Provincial; una Sala que ha llevado causas muy importantes en Asturias, entre otros los denominados Caso Marea o Caso Renedo, caso Niemeyer o el juicio al exlíder sindical minero José Ángel Fernández Villa.

En el denominado Caso Marea o caso Renedo, se juzgó y condenó al exconsejero de Educación del Principado, José Luis Iglesias Riopedre durante la etapa del expresidente del Ejecutivo regional ya fallecido Tini Areces, a la directora general de Planificación, Centros e Infraestructuras, María Jesús Otero, a la funcionaria Marta Renedo y a los empresarios Alfonso Carlos Sánchez y Víctor Manuel Muñiz por delitos de malversación de fondos públicos y pago y cobro de comisiones ilegales para la adjudicación de contratos en la Administración regional.

También el tribunal asumió la vista oral del juicio contra el exdirector general del Centro Internacional Óscar Niemeyer, Natalio Grueso, condenado a ocho años de cárcel por las irregularidades detectadas durante su gestión al frente del complejo cultural, ubicado en la localidad asturiana de Avilés, por delitos continuados de malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil y societario.

Actualmente Natalio Grueso sigue fugado y se ha dictado una orden internacional de detencion contra él.

El magistrado Rodríguez Luengos también intervino en la resolución de los recursos planteados por algunos de los condenados en el denominado Caso Niemeyer, como ocurrió con el planteado por el exsecretario general de la Fundación Niemeyer, el abogado José Luis Rebollo.

Otro de los casos más mediáticos en los que intervino fue el juicio al exlíder sindical del SOMA-UGT, José Ángel Fernández Villa, por el desvío de dinero del sindicato a su patrimonio personal.

Gran consternación

Solo la enfermedad que padecía desde hacía un año impidió al magistrado Rodríguez Luengos formar parte del tribunal que a lo largo de este mes de enero juzgó como presunto autor de un delito continuado de apropiación indebida al exvicepresidente del Gobierno central durante la etapa de José María Aznar, expresidente del Principado de Asturias y expresidente y fundador de Foro Asturias Ciudadanos (FAC), Francisco Álvarez-Cascos.

A pesar de que era conocido que padecía una grave enfermedad, la muerte del magistrado ha causado una gran consternación de la que han dejado constancia la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) y especialmente su presidente, Jesús María Chamorro, al que le unía una gran amistad.

Un magistrado muy afable

Rodríguez Luengos era una persona muy afable y muy apreciada en el ambiente jurídico y judicial. Ingresó en la carrera judicial en 1992 y eligió como primer destino el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Siero.

Desde febrero de 1998 hasta abril de 2002 fue magistrado titular en el Juzgado de lo Social número 1 de Gijón, y posteriormente se incorporó al Juzgado de Instrucción número 1 de Oviedo, donde permaneció hasta que el 15 de abril de 2015 tomó posesión como magistrado de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Asturias, en Oviedo, donde continuaba actualmente.

El pésame de la Sala de Gobierno

Al tener conocimiento de su fallecimiento, la Sala de Gobierno del TSJA emitió un comunicado oficial con el que quiere transmitar su “profundo pesar por la muerte de su compañero magistrado, así como trasladar su más sentido pésame a sus familiares más directos, su mujer, sus dos hijos y su madre, especialmente”.

El órgano de gobierno de los jueces ha destacado las “indudables” virtudes del magistrado, “no solo como excelente profesional de la judicatura sino también como un inmejorable compañero que ha dejado profunda huella de su bonhomía y buen hacer en todos sus destinos durante sus casi 33 años de servicio a la justicia asturiana”.

Chamorro: “Tenía aún mucho que aportar”

Especialmente consternado se encontraba este viernes el presidente del TSJA, Jesús María Chamorro, a quien le unía una gran amistad y cercanía personal.

Sus primeras palabras han sido para destacar la gran personalidad y bonhomía del magistrado fallecido.

“Javier ha sido un compañero inmejorable, un magistrado responsable, un trabajador infatigable y, por encima de todo, una muy buena persona”.

Para el magistrdado Chamorro, “su buen hacer y su presencia, siempre cálida y caracterizada por una simpatía innata, serán recordados para siempre por todos sus compañeros que, aun sabiendo de su grave enfermedad, estamos muy impresionados por este desenlace, a los 59 años, y, por tanto, con mucho que aportar aún a la justicia asturiana y a quienes le apreciábamos”.

Prendes: “Destacaban su calidad humana, cercanía y calidez”

El mismo sentimiento mostraba la fiscal superior de Asturias, María Eugenia Prendes, que ha lamentado “profundamente” el fallecimiento del magistrado, cuya pérdida “deja un gran vacío entre todos los profesionales de la Administración de Justicia y, sobre todo, una honda tristeza”.

María Eugenia Prendes ha resaltado la “indudable valía profesional” del magistrado fallecido y, tanto en su nombre como en el de todos los fiscales y funcionarios de Asturias, ha señalado que destacaba por “su calidad humana, cercanía, simpatía y calidez”; unas virtudes a las que se añadía la “excelente relación que mantenía con todos los miembros de la Fiscalía y de gran amistad con muchos de ellos”.

El funeral

La fiscal superior ha trasladado en su nombre y el de la Fiscalía el pésame a todos los familiares, compañeros y amigos del magistrado.

Francisco Javier Rodríguez Luengos estaba casado con Idoia Lignac Calderón y tenía dos hijos Nicolás y Mateo.

Su funeral se celebrará mañana, sábado, día 1 de febrero, a la una de la tarde, en la iglesia parroquial de San Francisco Javier de la Tenderina, en Oviedo.

La semana pasada te hablé de la acusación popular y de Benito Pérez Galdós. A cuenta de esa carta, un buen amigo me apuntó otra cita de este mismo escritor. Es un texto que sigue en pleno vigor. 

El párrafo aparece en uno de los Episodios Nacionales; en el séptimo volumen de esta excepcional obra de Benito Pérez Galdós en la que narra como nadie la historia del siglo XIX español. El libro en concreto se llama El terror de 1824 y en él Galdós describe la brutal represión que puso en marcha Fernando VII durante la restauración absolutista, tras el trienio liberal. Este rey especialmente nefasto fue también el más hipócrita. Primero juró la ‘Pepa’, la Constitución de 1812 de las Cortes de Cádiz: “Marchemos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional”. En cuanto pudo, la anuló, traicionando a todo el pueblo español. Con la ayuda de un ejército extranjero enviado desde Francia –los cien mil hijos de San Luis–, Fernando VII recuperó todo el poder y puso en marcha una sangrienta persecución contra todos los protagonistas del primer intento democratizador que tuvo España. Los más afortunados acabaron en el exilio. El resto fueron encarcelados, torturados o asesinados, empezando por el general Rafael del Riego, ahorcado en la Plaza de la Cebada de Madrid, en una cruel ejecución pública.

“El infierno de aquella época era el más infernal que puede imaginar la humana fantasía espoleada por el terror”, escribió también Galdós. Que en esa novela explica otra verdad universal. Todo poder establecido, incluso el más abyecto, da a sus crímenes un barniz de supuesta legalidad y siempre encuentra para ello la necesaria complicidad. En el terror de 1824 también ocurrió así. Empezando por la ejecución de Rafael del Riego, tras un simulacro de juicio donde se le negó cualquier defensa. El juez instructor llegó a pedir que su cuerpo fuera descuartizado y que los trozos se repartieran después por toda España, para dar ejemplo. Era una sádica idea para agradar a Fernando VII y a los partidarios de la monarquía absoluta –muy católicos ellos– a los que hacía especial gracia que la cabeza de Rafael del Riego acabara en una pica en Las Cabezas de San Juan, en Sevilla, donde el general lideró el pronunciamiento que permitió el trienio liberal. Fue en ese alzamiento militar para restablecer la Constitución de Cádiz cuando también se compuso el Himno de Riego, que después se convirtió en el himno del primer intento de una monarquía constitucional –la que traicionó Fernando VII– y más tarde en uno de los himnos de la Primera y de la Segunda República. 

Nuestra Justicia poco o nada tiene que ver con aquella del siglo XIX. No hay pena de muerte, para empezar. Pero hay algo de lo que denunciaba Galdós que sigue siendo igual. Esa “hirviente palabrería”; esa incomprensible manera de redactar sus escritos, muchas veces trufados de errores gramaticales y ortográficos que avergonzarían a un colegial. El trabajo de los jueces consiste, en gran medida, en redactar: su principal herramienta es la palabra escrita. Sin embargo, los jueces en España no pasan ni una sola prueba en las oposiciones donde se evalúe esa aptitud. Ni una sola. Y así nos va.

España mantiene un sistema de acceso a la carrera judicial y fiscal anómalo en Europa, completamente anticuado, inoperante, y que genera enormes sesgos en un poder del Estado que se supone “emana del pueblo”, como dice la Constitución. La principal dificultad de las oposiciones españolas a jueces y fiscales consiste, básicamente, en que hay que memorizar cual papagayo el texto literal. El temario es enorme y las pruebas son tres: dos exámenes orales y otro tipo test. No hay en ellos ni un solo ejercicio de redacción. Hay que empollar y después “cantar” –así lo llaman– ante un tribunal. Es sagrado, por ejemplo, recordar cada número de cada artículo de cada ley en vigor: un esfuerzo tan agotador como absurdo, pues esos números cambian con cada reforma legal.

La prueba evalúa una competencia inútil. ¿De qué sirve memorizar, palabra por palabra, coma por coma, tres mil páginas del temario entre derecho civil, penal, mercantil, procesal, constitucional…? No es que sea un sinsentido en la era de Internet: es que tampoco servía de mucho desde que se inventó la imprenta. Un juez debe ser alguien capaz de interpretar la ley, no de memorizarla; de aplicarla con rigor sin olvidar nunca su función pública, mucho más importante que su papel como autoridad. Debe ser alguien que también sepa redactar con claridad, que no solo aplique una lógica predecible, sino que la sepa exponer; que sepa explicar sus decisiones en el mismo idioma que usamos los demás, que no es el ‘abogadés’.

El sistema de oposición con pruebas memorísticas tuvo su razón de ser: en su momento sirvió para evitar la arbitrariedad con la que los distintos gobernantes colocaban a sus fieles. La idea de un acceso igualitario al empleo público aparece por primera vez en España con la ‘Pepa’, en esa Constitución de Cádiz que Fernando VII pisoteó. Pero la ardua exigencia memorística en las pruebas llegó después. Cada vez que a Cánovas o a Sagasta les tocaba mandar, con ellos entraban y salían de la administración ejércitos de funcionarios de cada uno de los partidos. Y cuando tocó establecer un cuerpo de funcionarios permanente, que no dependiera de cada Gobierno –se dieron distintos pasos entre finales del XIX y principios del XX–, fue necesario crear una prueba objetiva, que redujera la arbitrariedad. Así se consolida el puesto de funcionario vitalicio y el tipo de oposición memorística que aún hoy tenemos, que nació con los mandarines de la China imperial, trajo Francia a Europa y después España adoptó. Que pudo tener sentido en esos años, cuando además los candidatos no pasaban por una educación universitaria tan exigente como la actual. Pero que hoy se ha convertido en un modelo de selección de personal tan anacrónico como un reloj de arena en una central nuclear.

El actual modelo de oposición no solo no evalúa las aptitudes objetivas más necesarias para ese puesto de trabajo –la prueba más obvia es que no hay una sola empresa privada en el mundo que utilice un método de selección de personal ni siquiera lejanamente similar–. Es que además genera efectos perversos, limitando el acceso a la carrera judicial a aquellas familias que se lo pueden permitir. El tiempo necesario para memorizar el extenuante temario es, de media, cinco años. Y por eso el 98,71% de los jueces de la última promoción –según los datos del propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)– contaron con el apoyo económico de sus familias. El 64,5% tampoco tuvo antes ningún trabajo previo.

La pregunta es obvia. ¿Qué tipo de familias se pueden permitir mantener a sus hijos ya universitarios otros cinco años más sin trabajar? El sistema de oposiciones memorísticas –que el dictador Franco después consolidó, tras purgar a los funcionarios no afines– sirvió para generar un filtro de clase en aquellos empleos públicos más importantes y mejor pagados. En España, la primera barrera que tienen que sobrepasar los aspirantes a estas oposiciones no depende ni de su inteligencia ni de su esfuerzo ni de su expediente académico: depende de si se pueden permitir un lustro sin trabajar, dedicado a una actividad alienante que ni siquiera sirve para su formación real; cinco años de su vida que tirarán a la basura si no consiguen aprobar. 

Al coste de no trabajar un lustro hay que sumar otra cantidad: el precio del preparador. La gran mayoría de los opositores contratan a otros jueces para que les ayuden con la oposición; es aún más difícil aprobar sin ellos. Es un dinero que, en demasiadas ocasiones, no se declara ante Hacienda –como saben perfectamente todos los jueces, también aquellos que se indignan ante esta afirmación–. El primer contacto directo con la Justicia que tienen muchos opositores consiste en entregar un sobre con billetes en negro a un juez. Una persona que, con esta base tan poco edificante, se convierte en su principal mentor. 

Esta semana ha pasado relativamente desapercibida una importante reforma planteada por el Gobierno sobre el acceso a la carrera judicial. El ruido y la furia en el Parlamento –con las derechas pegándole una patada a Pedro Sánchez en el culo de millones de españoles– ha opacado todo lo demás. Pero conviene revisar la propuesta planteada. De aprobarse, es una de las reformas más importantes que se darán en esta legislatura y, a largo plazo, puede ayudar mucho a mejorar este país.

La propuesta de reforma blinda las becas para los opositores en la propia ley. Ya no podrá pasar tan fácilmente lo que ocurrió cuando Zapatero perdió el Gobierno y Rajoy se cargó el programa de becas anterior. Las nuevas becas doblan el importe actual, que ya había subido: será el equivalente al Salario Mínimo Interprofesional, ahora mismo 15.876 euros al año. Y estarán garantizadas en una ley orgánica: si un futuro Gobierno las quiere recortar, tendrá que volver a pasar por el Parlamento. 

La nueva ley también plantea crear un centro público para preparar las oposiciones judiciales –algo que en Francia, de donde copiamos este modelo, existe desde hace 70 años–. Estará en Madrid, pero contará con sedes en el resto de las provincias, lo que ayudará a eliminar otro sesgo, además del económico, que tiene que ver con dónde vive cada opositor. También establece la creación de un registro público de todos los jueces que preparan a opositores. Hasta ahora solo es obligatorio pedir la compatibilidad para la docencia cuando se superan las 75 horas anuales. En la práctica, hay jueces que superan este límite pero no declaran esta actividad porque es casi imposible saber cuántas clases dan. Con la nueva ley, cualquier juez o fiscal que quiera dedicarse a la docencia tendrá que aparecer en un registro, lo que evitará buena parte del fraude que existe hoy. Será un registro público; Hacienda también lo podrá mirar.

En 2022, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, intentó crear un registro equivalente de preparadores de opositores en la Fiscalía. Esta necesaria medida provocó un enorme revuelo contra él, y la oposición frontal de las asociaciones de fiscales conservadoras. ¿Transparencia? Para los demás. 

La reforma que plantea el Gobierno también acabaría con la trampa que la derecha judicial lleva décadas aplicando para boicotear el cuarto turno. Un tema que requiere de algo de explicación.

En 1985, el Parlamento puso en marcha una vía alternativa a las oposiciones para entrar en la carrera judicial: el cuarto turno. No es una rareza española: en muchos países a los jueces se les nombra así. Consiste en un puente para que juristas ya en activo y con más de diez años de experiencia profesional –académicos, abogados…– se puedan convertir en jueces por medio de un concurso de méritos, más parecido al que aplica cualquier empresa, y donde no se mide su capacidad para recitar de memoria el Código Penal. Se llama “cuarto turno” porque se suponía que sería una cuarta parte de las plazas: el 25%. La realidad es que solo el 9,33% de los jueces en activo ha entrado así; y eso que ya han pasado cuarenta años. ¿La razón? El boicot permanente de la derecha a esta ley, a través los distintos presidentes del CGPJ nombrados por el PP –la gran mayoría, gracias a los sucesivos bloqueos a la renovación de este órgano tan importante–. Con todo tipo de excusas, retrasaron las convocatorias de estas plazas todo lo posible, impidiendo así su aplicación. Si la nueva ley se aprueba, no lo podrán hacer más: la reforma obligará al CGPJ a convocar todas las plazas para nuevos jueces a la vez; las oposiciones y el cuarto turno. Con la proporción del 25% que marca la ley desde hace cuarenta años (y que durante cuatro décadas se incumplió).

Las pruebas para entrar en este cuarto turno tendrán, en primer lugar, un examen escrito que será eliminatorio: quienes no pasen esa primera prueba se quedarán fuera del proceso de selección. Y esa prueba escrita será anónima, para garantizar que no influyan los apellidos del candidato. 

¿Y las oposiciones ordinarias? También cambiarán: habrá igualmente una prueba escrita donde los candidatos tendrán que demostrar que saben escribir correctamente, hilar conceptos y desarrollar con un mínimo rigor esa habilidad que luego concentrará la mayor parte de su trabajo cuando sean jueces. Esa prueba escrita conlleva también que se reduzca el temario a memorizar. Y el Gobierno calcula que, con esos cambios, el tiempo medio para aprobar la oposición también se reducirá: de cinco a cuatro años. 

Ojalá la reforma pudiera llegar más allá: que rebajara aún más la carga memorística de la oposición, que seguirá siendo excesiva. Pero espero que salga adelante y que el resto de los partidos que participarán en el trámite parlamentario sean conscientes de su importancia a largo plazo. Porque buena parte de la anómala situación que vive España en los últimos años, con una judicatura que se ha extralimitado, que está asumiendo funciones que no le corresponden y que está vulnerando la separación de poderes, se debe, precisamente, a la historia de nuestro Poder Judicial. A los abusos del PP para secuestrar el CGPJ por encima de la soberanía popular, con los permanentes bloqueos a su renovación. A la forma de ascender dentro de la carrera judicial, que durante décadas ha manejado la derecha. Y a los sesgos conservadores que introduce el sistema de acceso a este poder del Estado. 

Han sido bastante decepcionantes las palabras que la nueva presidenta del Consejo General del Poder Judicial, la supuestamente progresista Isabel Perelló, dedicó a esta propuesta de reforma en la entrega de despachos a los nuevos jueces. En un discurso netamente corporativista, Perelló criticó la nueva ley al asegurar que el actual sistema ya garantiza que cualquier persona “de cualquier procedencia, origen social o ideología pueda competir en igualdad de condiciones apoyada exclusivamente en su esfuerzo”. Y no sé qué es peor: que lo afirme sin creérselo o que se lo crea de verdad. 

No niego en absoluto el esfuerzo de esa oposición, que es común en todos los que la superan. Es de una dureza tan enorme como estéril. Este sistema de evaluación obliga a los futuros jueces y fiscales a sacrificar absurdamente varios de los mejores años de su vida para superar esta prueba irracional; un lustro que estaría mejor empleado en otro tipo de formación. Algunos de quienes aprueban la oposición –no todos– después defienden que no se afloje jamás, que siga siendo igual de dura, igual de absurda, para que el siguiente que llegue sufra igual. 

No niego tampoco la importancia de una prueba que sirva para elegir a los mejores en igualdad de condiciones. Pero ¿existe esa igualdad cuando hay una barrera económica tan obvia de por medio? Sí, hay algunos ejemplos de jueces en España que aprueban la oposición empezando desde entornos muy precarios, sin ningún apoyo. Pero ¿alguien cree que estos jueces se esforzaron lo mismo que quienes pueden opositar sin prisa por trabajar y además pagarse un preparador?

Y la gran pregunta: ¿de verdad la actual oposición sirve para elegir a los mejores? ¿Tan difícil resulta compaginar una selección exigente y objetiva con un examen que evalúe las aptitudes y conocimientos que estos jueces y fiscales realmente necesitarán? ¿Acaso no resulta evidente el requisito de que al menos se examine su capacidad para redactar?

Estoy convencido, y es solo una opinión, de que si esa nueva prueba escrita hubiera existido hace diez años y un joven opositor hubiera argumentado entonces que el ánimo de lucro existe incluso cuando no hay enriquecimiento personal ni lucro o beneficio se habría llevado un rotundo suspenso de casi cualquier tribunal. Esa estrambótica interpretación –un enriquecimiento sin riqueza– es la que empleó la Sala de lo Penal del Supremo para rebelarse contra la ley de la amnistía y no aplicarla, como te conté en un boletín anterior. 

Estoy también convencido de que, más tarde o más temprano, el Constitucional, la Justicia europea o ambas instancias corregirán esa exótica interpretación del ánimo de lucro del Tribunal Supremo, que no es solo contraria a la letra de la ley sino a las reglas más básicas de la lengua española. Unas normas que tantas veces se ignoran con “hirviente palabrería”, que diría don Benito Pérez Galdós. 

Lo dejo aquí por hoy. Espero que tengas una buena semana. Gracias por leerme. Gracias por tu apoyo a elDiario.es

P.D. Releyendo la ‘Pepa’ me he encontrado que en esa pionera constitución –artículo 5– se consideraba como español no solo a los nacidos en España sino también a “los extranjeros que lleven diez años de vecindad en cualquier pueblo”. Es una política de inmigración más generosa que la actual; hay millones de personas que pagan impuestos en España desde hace más de una década y siguen siendo ciudadanos de segunda; nunca tendrán derecho a votar. En estos tiempos oscuros y racistas, hay quien despreciaría a las Cortes de Cádiz como otra “izquierda woke”. Son los falsos patriotas de siempre. Los que entonces jaleaban a Fernando VII, al grito de “¡vivan las cadenas!”, hoy apoyarían a Donald Trump. 

Un juzgado de Avilés ha dejado en libertad a R.D.A., de 60 años, tras mostrar su arrepentimiento por haber sustraído el cadáver de su madre, fallecida en Nochebuena, y trasladarlo a su domicilio en su coche particular para “comprobar si había muerto de verdad”. El hombre se ha comprometido a “no volver a hacerlo” y no se le han impuesto medidas cautelares, aunque será investigado por un delito de violación de sepulcro.

Hoy, lunes, el hombre ha justificado su sorprendente acción en que “él es el único que ha estado con ella toda la vida y había que saberlo todo”.

Su madre, una mujer nonagenaria, había sido enterrada en el cementerio parroquial de San Cristóbal de Entreviñas, en Avilés, pero su hijo no acababa de asimilarlo. Por eso, no lo dudó dos veces y sobre las cuatro de la tarde del pasado 28 de diciembre acudió al camposanto, retiró la lápida situada en un tercer nivel de nichos, bajó el féretro, cogió el cadáver y lo introdujo en el maletero de su coche.

Seguidamente, se trasladó hasta su domicilio, en el barrio de La Folleca, situado a tres kilómetros de distancia, y al llegar a su casa lo colocó en una silla.

Tras dejar el cadáver en su domicilio, regresó al cementerio donde saludó a las personas que estaban en ese momento y volvió a poner la lápida en su sitio, colocó flores frescas y tiró otras.

Una sepultura “movida” y todo “tirado y roto”

Una hora después, una feligresa muy alterada buscó al párroco Francisco Javier Panizo, que se disponía a oficiar una misa, y le comentó que “habían movido una sepultura, que estaba todo tirado y roto” y además faltaba una persona “recién enterrada”.

El párroco ha reconocido ante los medios de comunicación que el hijo tuvo que realizar una fuerza “descomunal” porque extrajo el féretro de un tercer nivel de nichos, rompió la estructura de la bovedilla, que es de ladrillo, sacó el ataúd, lo bajó y lo arrastró por el cementerio hasta llegar a su coche particular.

Una noche en los calabozos

Tras ser detenido, R.A.D. pasó la noche en los calabozos de la Comisaría de la Policía Nacional en Avilés. Ayer, domingo, el magistrado titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Avilés, en funciones de guardia, ordenó la identificación, reseña y foto del cadáver, que había sido trasladado a las dependencias de La Carriona por la Policía Científica, según confirmó a elDiario.es Asturias un portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).

Simultáneamente, R.D.A. era trasladado al departamento de Psiquiatría del Hospital de San Agustín, en Avilés, para ser evaluado.

Los facultativos que le atendieron consideraron que “no era necesario su ingreso”, así que de nuevo pasó a disposición de la Policia Nacional en calidad de detenido.

Unas horas más tarde, el magistrado acordaba su puesta en libertad y la apertura de diligencias por su presunta autoría en un delito de violación de sepulcro.

Alegó que estaba “muy afectado”

El hombre declaró que “lo había hecho para comprobar que había muerto de verdad, porque su muerte había sido repentina y él se encontraba muy afectado por el acontecimiento”. Además, se comprometió ante el magistrado a no volver a “hacer nada en la tumba”.

No se le impuso medida restrictiva alguna y, por ello, puede seguir visitando la tumba. No obstante, según las mismas fuentes, en el caso de que “realice cualquier otra acción contra el sepulcro, se adoptarían otras medidas”.

Una vez que el hombre mostró su arrepentimiento, abandonó la sede judicial sin medidas cautelares y la madre pudo ser enterrada de nuevo, por segunda vez, en cinco días.