El Gobierno se reunirá mañana jueves con los agentes sociales, los líderes de los sindicatos y patronales mayoritarios, para seguir abordando las medidas para paliar el impacto de la guerra en Irán en empresas, familias y trabajadores, según ha desvelado este miércoles el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, en una entrevista en RNE recogida por Europa Press.

“Ayer a la tarde teníamos una reunión inicial con la vicepresidenta tercera y ayer se ha ampliado y tenemos mañana una reunión que presidirá, entiendo, la vicepresidenta primera y estarán varios ministerios”, ha explicado Garamendi.

El Ministerio de Trabajo ya se reunió la semana pasada con los agentes sociales, en un encuentro liderado por Díaz en el que se acordó crear una mesa para monitorizar el impacto del conflicto en Oriente Medio en la economía española.

Fuentes de CCOO y UGT confirman el encuentro de diálogo social a elDiario.es, que estará encabezado por las tres vicepresidentas del Gobierno, María Jesús Montero (Hacienda), Yolanda Díaz (Trabajo) y Sara Aagesen (Transición Ecológica y para el Reto Demográfico) y a la que se prevé que asistan también más ministros.

El Gobierno está trabajando en un plan “trasversal”, con medidas coyunturales y estratégicas, para afrontar el impacto del conflicto en Oriente Próximo, que ha disparado los precios energéticos, con el petróleo mostrando un comportamiento volátil y el gas, al alza.

El Ejecutivo ha recordado que tiene sobre la mesa todas las medidas que se adoptaron durante la guerra en Ucrania, incluida una posible bonificación al combustible, y que no descarta aplicarla, aunque quiere consultar con los agentes sociales y los sectores económicos más afectados por esta crisis, así como al resto de formaciones políticas, para lo que se hará una ronda de contactos con los grupos parlamentarios.

En este sentido, el presidente de la CEOE ha señalado que “son cosas a las que hay darle un poco más de tiempo” para saber exactamente hacia dónde se mueve el mayor impacto de la guerra en Irán.

Diferencias respecto a las bajadas de impuestos

En todo caso, Antonio Garamendi ha reiterado que, en el caso de que hubiera intervenir el precio de las gasolinas, la solución no es bonificar el combustible, sino aplicar rebajas en el IVA como piden los gasolineros.

Preguntado por si estaría a favor de rebajar el IVA de los alimentos al 0%, como ha sugerido el presidente de Mercadona, Juan Roig, Garamendi ha afirmado que “hoy por hoy no” y que sería, en todo caso, algo que habría que evaluar “en función también de cuáles son los ingresos”.

“También es verdad que lo que no puede pasar es que el Estado con esto gane más dinero”, ha reiterado el dirigente empresarial, que ha señalado que hay elementos que “sí pueden tocarse, aunque no vayan a cero” y que podría deflactarse el IRPF, como lleva pidiendo la CEOE desde hace tiempo.

Este martes, la vicepresidenta Yolanda Díaz rechazó aplciar bajas masivas de impuestos, como plantea también el Partido Popular. “Aquí no se lucra el Gobierno de España, lo que hace es tomar medidas para ayudar a las empresas, los trabajadores y los autónomos”, ha recordado Díaz. Ayudas con “un coste fiscal muy elevado” que requieren de “ingresos públicos”, destacó en una entrevista en Mañaneros (TVE).

Critica las propuestas de Sumar por “populistas”

En cuanto a las propuestas que ha hecho Sumar para paliar el impacto de la guerra en Irán, que pasan por intervenir los mercados de la vivienda, la alimentación y la energía, topar los precios del alquiler y el gas, grabar con un nuevo impuesto a las grandes empresas de distribución, recuperar el impuesto a las energéticas y bajar el IVA de los alimentos básicos, Antonio Garamendi ha criticado que son “populismo puro”.

“Es intervencionismo en estado puro, y realmente eso es la mayor maravilla para que nadie confiara en España”, ha denunciado el líder de la CEOE.

“¿Qué suele pasar con los populistas? Aprovecharse de las crisis para plantear estos temas, y me da igual los populistas de derechas, de izquierdas, es decir, realmente estas fórmulas ya se han utilizado en países de Iberoamérica o antes de la caída del muro. Sinceramente considero que intentar plantear un tema que va en contra de lo que es la economía”, ha sostenido el dirigente empresarial.

Garamendi ha afirmado que hay que cuidar de los ciudadanos, pero “eso no pasa por que alguien, que además, normalmente no sabe de qué va la economía, ni las empresas, ni nada, diga cómo se hacen las cosas”, ha subrayado.

Ayer, las patronales de empresarios anunciaron que no irán siquiera a negociar la propuesta de Trabajo que pretende ampliar la democracia en las empresas, por ejemplo, garantizando que los trabajadores tienen asientos en los consejos de administración de las compañías, como ocurre en muchos países europeos, como Alemania y Suecia. Ignorando esta extendida referencia comunitaria, CEOE y Cepyme también acusaron al departamento de Díaz de impulsar un modelo de “regímenes autoritarios del pasado”.

La Mesa del Tercer Sector de Castilla-La Mancha ha exigido “respeto institucional al consenso social y político construido en la región” en torno al nuevo Estatuto de Autonomía.

En un comunicado de prensa, los representantes del Tercer Sector han valorado el cambio de postura del Partido Popular sobre el texto, tras romper los 'populares' el acuerdo que tenían con el PSOE al presentar una enmienda para que no se incremente el número de diputados en el Parlamento de esta comunidad.

Así, la Mesa defiende que el acuerdo “alcanzado entre las fuerzas políticas y los agentes sociales debe ser respetado” en su tramitación en las Cortes Generales, “evitando pasos atrás que supongan un menosprecio al diálogo y al esfuerzo realizado durante meses”.

Del mismo modo que el tejido empresarial ha reclamado que “se respete” lo acordado, la Mesa del Tercer Sector ha exigido “respeto institucional al consenso social y político construido en la región”. “Instamos al Partido Popular a mantener la altura de miras demostrada en la fase de negociación y a seguir adelante con el texto pactado, sin utilizar ahora el número de diputados y diputadas como excusa para reabrir un debate que no está entre las prioridades reales de la ciudadanía más vulnerable”, ha expuesto.

“El foco debe seguir puesto en cómo garantizar derechos, reducir desigualdades y fortalecer el diálogo civil, no en alimentar controversias partidistas alejadas de las preocupaciones sociales de fondo”.

Por último, la Mesa explica que el nuevo Estatuto “no es un mero ajuste técnico; es una herramienta para blindar derechos, reforzar los sistemas públicos y garantizar la protección de las personas y familias más vulnerables en Castilla-La Mancha. Las propuestas canalizadas a través de la Mesa del Tercer Sector se orientan a asegurar una mayor estabilidad normativa para las políticas sociales, la accesibilidad universal y el reconocimiento del papel de las entidades sociales en la cohesión territorial”.

La Junta asegura que los agentes sociales se sienten “ofendidos”

Sobre este posicionamiento que ha hecho la Mesa del Tercer Sector y otros agentes sociales sobre el cambio de postura del PP en torno al nuevo Estatuto se ha pronunciado este jueves la portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla.

“En relación con el Estatuto y las peticiones de los agentes sociales, lo que se ha producido es una cascada, muy razonable, por otro lado, de posicionamientos por parte de empresarios, sindicatos, organizaciones agrarias como Asaja y UPA, la propia universidad, la Mesa del Tercer Sector o la EAPN.

Padilla ha asegurado que “todos ellos han trabajado muchas horas para alcanzar el acuerdo y el consenso logrados en Castilla-La Mancha”, y que están siendo “tan contundentes porque se sienten ofendidos”.

“Son entidades y representantes sociales habituados al diálogo con el Gobierno de Castilla-La Mancha, sabiendo que hay que hablar, acordar y cumplir. Cuando el Partido Popular rompe el acuerdo que ha sido ejemplo en toda España, es lógico que reaccionen como lo están haciendo”, ha zanjado Padilla.

El Gobierno de Castilla-La Mancha, junto a los sindicatos y la patronal, ha ratificado su alianza para que la comunidad autónoma sea una de las regiones que más crezca de cara al año 2030, un reto que se ha plasmado en la firma del pacto 'Castilla-La Mancha, Horizonte 2030', dotado con más de 15.800 millones de euros, 531 medidas y que implica a 158 entidades.

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha desgranado los pormenores del pacto, junto a la secretaria regional de UGT, Lola Alcónez; el secretario regional de CCOO, Javier Ortega; y el presidente de la patronal CECAM Ángel Nicolás, en un acto presidido por el presidente regional, Emiliano García-Page.

El principal objetivo del pacto es que Castilla-La Mancha sea una de las regiones que más crezca de cara al 2030, ha asegurado el presidente regional, con una “economía muy sana, muy compartida” y con “unos servicios públicos que están consolidados y una estrategia que realmente implica y convoca a todos”.

De este modo, ha destacado García-Page, “si algún empresario viene a la región y quiere ”preguntar si en Castilla-La Mancha hay estabilidad, diálogo, proyectos o estrategia“, tiene la respuesta en esta alianza compartida. ”Negro sobre blanco“, ha afirmado el presidente regional.

“Se trata de crecer para compartir, pactar es alejarnos de una dinámica perversa que es la de los ciclos”, ha aseverado García-Page.

Este no es un plan “gaseoso” o de cara “a la galería”, son 531 medidas que se va a poder “medir y seguir de cerca y con transparencia”, una a una, con comités de seguimiento, ha detallado el presidente regional.

García-Page ha señalado que Castilla-La Mancha es de las comunidades autónomas que más ha crecido en productividad. “No se trata sólo de los grandes números, se trata de decir que aquí se trabaja más y se produce mejor, que el rendimiento de la fuerza del trabajo y de la gestión empresarial rinde más que en otros sitios”, ha remarcado.

Dentro de esta alianza, ha puesto en valor el papel de Patricia Franco, de la que ha dicho que es “insuperable”, por su altura de miras y por su capacidad de sobreponerse a las dificultades. También ha alabado el papel de los dos líderes sindicales y del líder de la patronal, por tener predisposición para llegar a acuerdos, no para estar “en el ataque”.

Ocho ejes de actuación

Entre sus ocho ejes destacan 2.742 millones de euros para economía productiva; 2.065 millones de euros para las personas trabajadoras y capital humano y 1.326 millones de euros para la investigación e innovación.

A cohesión territorial, se destinan 761 millones de euros; a sostenibilidad y agua, 909 millones de euros; 3.950 millones de euros a agricultura, ganadería y desarrollo rural: 4.065 millones para la sociedad del bienestar y 20 millones de euros para la transición digital, tal y como ha detallado la consejera de Empleo.

El pacto en este mismo ámbito y que abarca el periodo 2021-2024, aún está en vigor hasta el 31 diciembre y ya se ha ejecutado hasta la fecha el 116% de sus medidas, con 8.700 millones de euros invertidos.

Por su lado, Patricia Franco ha señalado que el pacto que hoy se firma refleja un “compromiso conjunto y un claro reflejo” de que cuando “caminamos juntos no hay nada que impida conseguir aquello que queremos”, que se traduce en “una región más próspera, más igualitaria, más inclusiva, con mayor progreso y con mayor cuota de bienestar para nuestra ciudadanía”.

UGT: “Queda mucho por hacer”

La secretaria general de UGT Castilla-La Mancha, Lola Alcónez, ha apuntado que este plan es una herramienta “clave” para seguir avanzando en desarrollo, en cohesión social y en empleo de calidad para Castilla-La Mancha.

Un crecimiento que, según ha subrayado la líder sindical, debe llegar a toda la ciudadanía y en especial a quienes más lo necesitan. Dicho esto, ha admitido que la situación socioeconómica de la región “ha mejorado”, pero “sigue quedando mucho por hacer”.

Así, ha aprovechado para recordar que en la agenda de los sindicatos siguen siendo prioritarios avances claros en derechos como la reducción de la jornada laboral, la reforma del despido sin causa justificada, la mejora de los salarios a través de la negociación colectiva, la subida del salario mínimo interprofesional o la facilitación del acceso a la vivienda.

En definitiva, “impulsar a nuestra región para que siga siendo un lugar acogedor para vivir, un lugar en el que todas y todos tengamos y tengan las mismas oportunidades”, ha finalizado.

CCOO destaca propuestas de inserción para víctimas de violencia de género

El secretario regional de CCOO, Javier Ortega, ha celebrado el pacto firmado hoy, una “hoja de ruta” que “todos y todas nos damos para llevar a Castilla-La Mancha donde queremos que esté”: una comunidad moderna, con empleo inclusivo, estable y de calidad donde “se pueda alcanzar el bienestar laboral se viva donde se viva sin dejar de lado a ningún colectivo”.

Un pacto cuyo objetivo es ser “útil”, ha manifestado Ortega. No se trata de proponer medidas y presupuestarlas sino se trata de “suplir carencias” y de atender problemas, en definitiva, se trata de mejorar la vida de la gente que es “para lo que hacemos esa buena política desde el gobierno y en este caso desde los agentes sociales”.

Y una de las mejores formas es a través de un empleo digno, ha apostillado el líder sindical, quien ha espetado que el objetivo del pacto es fomentar y mejorar la empleabilidad con más y mejor empleo, con más y mejor formación y orientación, con una atención a los colectivos que necesitan esa atención especial, para eliminar las brechas salariales y de desempleo, jóvenes, mujeres, mayores de 50 años, personas paradas de larga duración, personas con discapacidad, migrantes o personas en riesgo de exclusión social.

Igualmente, ha recordado, este pacto también impulsa de manera importante la política de cuidados tan necesaria en estos tiempos. Y también contiene propuestas para la inserción laboral de mujeres víctimas de violencia de género, “una lacra que nos golpea diario”.

CECAM resalta el diálogo social en la comunidad

El presidente de Cecam, Ángel Nicolás, ha querido poner de relieve que “lo que aquí vemos como natural, en otras comunidades autónomas es impensable que ocurra”, en referencia al diálogo social existente en Castilla-La Mancha, algo que, según ha destacado, se ha conseguido “entre todos”.

Por lo tanto, se ha felicitado no solamente por el pacto tan importante que hoy se firma, sino por “el clima de concertación social, de tranquilidad, de previsibilidad y de estabilidad que tiene la región”, algo que ha agradecido a Emiliano García-Page.

Para el presidente de la patronal, el pacto 'Castilla-La Mancha, Horizonte 2030', “es la ejemplificación de cómo se puede avanzar con trabajo, desde la voluntad, el diálogo, la responsabilidad compartida, de consensos hacia un objetivo común que no es otro que la mejora del bienestar en Castilla-La Mancha”.

Un pacto, cuyas medidas, van a favorecer el desarrollo de las empresas y autónomos redundando en una mayor riqueza y creación de empleo para Castilla-La Mancha, se ha mostrado convencido Nicolás.

Cada día que pasa un nuevo vídeo que compromete las diferentes versiones del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, el día de la dana. En el último, hecho público esta tarde por Televisión Española, revela que el jefe del Consell era consciente de la peligrosa situación del barranco del Poyo a las 13.45, una hora antes de acudir a su larga comida en el restaurante El Ventorro con la periodista Maribel Vilaplana.

El vídeo fue grabado por un cámara de TVE antes de la reunión que Carlos Mazón tuvo con los sindicatos y la patronal el día de la dana. La reunión, convocada para hablar de los presupuestos, comenzó a las 13.45. A la entrada y tras ser preguntado por sus interlocutores, el jefe del Consell asegura que se ha lanzado “una primera alerta hidrológica”, a lo que una de las asistentes apunta que también en el barranco del Poyo.

Esta reunión fue muy cuestionada semanas después de la catástrofe, puesto que en ella se habló de los presupuestos y no se abordó el impacto de la dana que a esas horas ya estaba teniendo en polígonos industriales y trabajadores. De hecho, fue la reunión en la que el presidente de la Generalitat cuestionó a la Universitat de València por haber suspendido las clases, según explicaron varios testimonios.

Con este nuevo vídeo, vuelve a quedar en evidencia la actuación del jefe del Consell quien, pese a haber dos alertas hidrológicas, el máximo nivel de riesgo porque se prevén desbordamientos, se fue a comer durante más de tres horas y suspendió su agenda de la tarde. No acudió a la reunión clave del Centro de Coordinación de Emergencias hasta las 20.28, cuando ya se había precipitado todo.

El alcalde de Sevilla ha anunciado la ampliación del programa de agentes cívicos, conocidos popularmente como “serenos”, tras “el éxito del proyecto piloto” iniciado en diciembre de 2023 en 12 barrios del Casco Histórico. Durante un año, 18 agentes y dos coordinadores prestaron servicio en estos barrios, logrando, según la evaluación municipal, “mejor convivencia, más seguridad para los vecinos y mejores oportunidades laborales para las personas contratadas”.

Según ha informado en alcalde en una rueda de prensa, “la eficacia de estos agentes como primer frente de proximidad” se ha traducido en casi 500 avisos a la sala del Cecop por incidencias, que van desde puertas de comercios abiertas, problemas en el alumbrado, robos, incendios, emergencias médicas y acompañamientos nocturnos. Además, “han mediado en conflictos, asistido a la Policía Local en la atención a personas sin hogar y ofrecido protección preventiva en casos de acoso, reforzando así la percepción de seguridad y la respuesta municipal ante cualquier incidencia”, han detallado.

En la última Junta de Gobierno, el Ayuntamiento ha aprobado la nueva licitación del servicio, que duplicará la plantilla hasta los 36 agentes, manteniendo los dos coordinadores, y ampliará el ámbito de actuación a 26 zonas de la ciudad. A los barrios ya cubiertos (Feria, Encarnación-Regina, Alfalfa, San Bartolomé, San Vicente, Santa Catalina, San Julián, San Gil, San Lorenzo, Museo, Arenal y Santa Cruz) se suman La Florida, San José Obrero, Cruz Roja-Capuchinos, León XIII-Los Naranjos, San Roque, San Bernardo, La Calzada, Triana, Retiro Obrero, Huerta del Pilar, Los Remedios y tres zonas de Sevilla Este (Avenida Emilio Lemos, Avenida Luis Uruñuela y Avenida de las Ciencias).

Misiones: informar, mediar, acompañar

El horario de ronda también se amplía, cubriendo de 23:00 a 07:00 h los 365 días del año. El nuevo contrato, que cubrirá 110.960 horas de servicio entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026, cuenta con una inversión de 2,6 millones de euros, “muy superior a los 725.788 euros del programa anterior”. Esta partida incluye salarios, dispositivos de geolocalización y uniformes identificativos.

Los agentes cívicos tendrán la misión de informar a vecinos y visitantes, mediar en conflictos, acompañar a personas vulnerables, detectar incidencias en el mobiliario urbano y avisar al Cecop ante emergencias. Recibirán formación específica en protocolos de actuación, así como en prevención de violencia de género y LGTBfobia.

La contratación está reservada a personas desempleadas inscritas como demandantes de empleo, impulsando la inserción laboral. “Con esta licitación cumplimos nuestro compromiso de ampliar este servicio que la ciudadanía ha valorado muy positivamente y que encarna la Sevilla que queremos: una ciudad más segura, más amable y más solidaria, ahora abarcando más zonas de nuestra ciudad”, ha concluido el alcalde.

Hace cosa de dos años y medio, en el verano de 2022, me permití escribir un artículo que fue compartido y difundido gracias al Colegio. El mismo llevaba por título “La protección social como certeza frente a la incertidumbre del virus” y en él escribí lo siguiente a razón de la pérdida de un ser querido:

“Hoy, a más de dos años de aquellos tristes hechos, aún hay varios momentos durante el día en que la emoción me supera y alzo mi mirada hacia el cielo, en un gesto discreto e íntimo. Pero ahora he logrado mutar ese dolor en ilusión y fortaleza. Antes, en la oscuridad de mi duelo, era el deseo venganza el que exigía justicia. Ahora es la serenidad resultante del paso del tiempo, la que aboga por una sociedad más benefactora y más justa con los menos fuertes.”

En aquel momento intenté hacer una defensa de la protección social y de la dignidad de las víctimas desde el cajero de un supermercado dado que buenamente me ganaba la vida con ello. (Paréntesis: nunca olvidemos la esencialidad del personal del supermercado, generalmente siempre y particularmente, durante la pandemia.)

En la actualidad, pasados casi 5 años de aquellos tristes hechos, el deseo de venganza sigue siendo inexistente y la serenidad se conserva íntegra y perenne. Además, gracias a una llamada telefónica que recibí mientras ordenaba y abastecía los estantes de dulces, me gano la vida feliz y dulcemente ejerciendo el trabajo social en mi tierra que no es otra que Castilla-La Mancha.

He tenido en más de dos años la oportunidad, fruto de los vaivenes de la interinidad, de observar y participar en realidades sociales tan dispares como el despoblamiento rural, la “masificación” demográfica fronteriza con la Comunidad de Madrid, pasando por los sinsabores del trabajo administrativo y la dicha de trabajar en una residencia de mayores. Toda esta modesta experiencia me ha hecho experimentar muchas sensaciones y provocado muchas reflexiones que terminan por desembocar todas ellas en la misma conclusión; la importancia de una profesión como el trabajo social. Somos verdaderos agentes de cambio en la vida de muchas personas. Podemos y debemos serlo, estableciendo como único límite el principio de autonomía de la gente. Por supuesto. Aquí no estamos para organizarle la vida a nadie porque esa no es nuestra función.

Creo sinceramente que son tiempos de esperanza para nuestra profesión y que debemos de enfrentar estos tiempos con una convencida defensa de la dignidad de la misma, haciéndonos valer ante quienes nos posiciona en roles y estructuras subalternas, exigiendo simple y llanamente respeto e igualdad. Nuestra mirada (observación) y nuestra mano (nuestra acción) son las que salvaguardan la dignidad de “pequeñas” personas frente a grandes estructuras de poder, cuando sus derechos sociales no son reales y efectivos.

La capacidad de defensa de nuestra identidad y nuestra profesión también incluye la colegiación y la máxima participación posible en los procesos de construcción, porque la unidad está demostrado que es garantía de éxito y la crítica por la crítica no es procedente si no se participa activamente. No tenemos derecho a pensar que de nada sirve si al menos no lo hemos intentado.

Después de ocho años desde mi graduación, siento que el trabajo social merece la pena. Adelante compañeras y compañeros.

Los agentes sociales de Sevilla –patronal y sindicatos– han escrito su particular carta a los Reyes Magos con la lista de deseos para la provincia en este recién estrenado 2025, entre los que destacan el avance significativo en las infraestructuras “esenciales”, tales como la SE-40, el Metro o la conexión ferroviaria de Santa Justa al aeropuerto. A ello le unen el “blindaje” de los servicios públicos, la transformación digital de las empresas (especialmente en el ámbito de la Inteligencia Artificial) y la reindustrialización de Sevilla.

CCOO Sevilla destaca la “intensa agenda de negociación colectiva”, con convenios muy importantes que engloban a decenas de miles de trabajadores en la provincia. “Ahí los empresarios tienen que poner la responsabilidad por encima de todo y permitir un incremento salarial que permita a la gente vivir con dignidad. Y esa batalla es la que daremos, tanto en las mesas de negociación como en las calles si es necesario”, señalan fuentes del sindicato a Europa Press, y “también la daremos en la defensa de una sanidad, dependencia y educación públicas y de calidad”.

Para CCOO, “blindar los servicios públicos es una obligación de cualquier gobierno, y por eso continuaremos rechazando las privatizaciones que estamos sufriendo, y seguiremos reclamando una apuesta clara y financiación suficiente en estas materias”.

Infraestructuras pendientes

En el capítulo de infraestructuras, desde UGT Sevilla reiteran, un año más, la necesidad de acabar la SE-40 y las obras del puente del Centenario. Considera el sindicato que Sevilla requiere una apuesta “firme” con su área metropolitana, poniendo en marcha el tren de Cercanías que una Sevilla con la comarca del Aljarafe, y una mejor comunicación con su aeropuerto.

El sindicato se marca de nuevo, además, la meta de la siniestralidad cero, y en esa línea exige a la administración competente “medidas urgentes y realmente efectivas”. No en vano, el año cerró con un total de 19 siniestros mortales –cuatro de ellos in itinere–: “una situación insostenible”.

UGT Sevilla entiende al respecto que deberían destinarse mayores recursos para la Inspección de Trabajo y para la Fiscalía de Siniestralidad Laboral. Es la única manera, apunta, de reducir los tiempos de resolución de sentencias y para la creación de juzgados especializados.

Reivindicaciones de la patronal

La falta de equipamientos y la deficiencia de las conexiones ferroviarias y por carretera siguen siendo un obstáculo para el desarrollo del territorio y limita el acceso a oportunidades económicas en diversas áreas y sectores, tal como afirma el presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), Miguel Rus, en declaraciones a Europa Press. “No es casualidad que la capital tenga el triste dato de contar con seis de los 15 barrios más pobres de España, según el Instituto Nacional de Estadística. Sin estas infraestructuras, no hay progreso, y llevamos décadas a la cola de inversión por habitante en Sevilla”.

Para la patronal, los elevados costes laborales y la burocracia han creado “barreras significativas” para muchas empresas, especialmente para las pymes, “que son siempre las más vulnerables y que representan el 98% del tejido productivo”.

De cara a 2025, la prioridad –abunda Rus– debe ser consolidar los avances alcanzados y desarrollar soluciones a largo plazo para seguir fortaleciendo la economía. “Es esencial continuar con la transformación digital de las empresas, especialmente en el ámbito de la Inteligencia Artificial, que será clave para mejorar la eficiencia y mantener la competitividad”.

“La reindustrialización de Sevilla será otro pilar estratégico, promoviendo que todos los sectores de producción y toda la cadena de valor permanezcan en nuestra tierra. El objetivo es lograr que el 20% del Producto Interior Bruto (PIB) tenga base industrial. Esto implicará una política fiscal y normativa que fomente la inversión”, subraya Rus.

Balance de los agentes sociales de 2024

En el plano sociolaboral, CCOO Sevilla hace un balance positivo del 2024, ya que los acuerdos del diálogo social “siguen dando buenos resultados” en el mundo del trabajo en la provincia. En este sentido, la provincia ha terminado el año con 153.653 personas en paro, casi 13.000 menos que el año anterior, “la menor cifra de paro desde hace 16 años”.

Además, el sindicato celebra la tendencia a la estabilización de esos puestos de trabajo, ya que la contratación indefinida ha ido consolidándose a lo largo del año en el 40%, “completamente impensables hace no tanto”. “Esto permite a la gente trabajadora tener cierta seguridad y mejores expectativas vitales para las familias”.

Teniendo en cuenta que la inflación, aunque a menor medida, sigue creciendo, es fundamental para CCOO que en 2025 el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) vuelva a crecer para que las personas más precarias del colectivo laboral “continúen ganando poder adquisitivo”. Para el sindicato, es fundamental que la vivienda se entienda como un derecho de las personas “y no como un negocio para que unos pocos se lucren”.

Desigualdad entre hombres y mujeres

En este ámbito del mercado del trabajo, UGT defiende que la reforma laboral “está sirviendo para mejorar el empleo”, si bien matiza que la desigualdad entre hombres y mujeres “sigue siendo un dato alarmante, como indica el hecho de que el 61% de los desempleados sean mujeres”.

A juicio de la patronal, el año 2024 “ha sido testigo de la solidez y el dinamismo del tejido empresarial de Sevilla”, que se sigue consolidando como un referente en sectores estratégicos como la aeronáutica, la agroalimentación, las tecnologías de la información, las energías renovables y el turismo.

“A pesar de un contexto global complejo, las empresas sevillanas han demostrado una notable capacidad de adaptación y resiliencia, consolidándose en mercados internacionales. Este liderazgo ha sido posible gracias a una estrategia basada en la innovación, la digitalización y la profesionalización de los sectores económicos, acompañada por el incansable esfuerzo de los empresarios, que son los auténticos motores del progreso de nuestra tierra”, concluye Rus.

El Servicio de Relaciones Laborales de Castilla y León (SERLA) ha comenzado este viernes a desandar algunos de los pasos dados en los últimos dos años bajo la batuta del anterior consejero de Industria, Comercio y Empleo y representante de Vox, Mariano Veganzones, entre otros el del cambio de sede, ya que por el momento el organismo seguirá en la misma.

Fuentes de la reunión mantenida este viernes en la sede de la Fundación SERLA, en la calle Molinos de Valladolid, han explicado a EFE que han sido anulados los acuerdos adoptados por el Patronato del SERLA el pasado 30 de junio, aún con Veganzones al frente y que implicaron, entre otras medidas, la revocación de poderes del director del organismo, Julio Cordero, y la cesión de las instalaciones de la Oficina de Trabajo de Valladolid para albergar la sede.

Sobre este último punto, las mismas fuentes han descartado que ese sea un lugar adecuado para desarrollar las funciones de intermediación laboral del SERLA, para el que se buscará ahora un espacio adecuado de entre los disponibles por parte de la Administración autonómica.

Con los acuerdos adoptados este viernes también se frena el desahucio, según las mismas fuentes, que han valorado que el patronato haya vuelto al consenso para acordar el asunto de la sede, que de este modo cumplirá con el objetivo de aminorar costes, pero en un lugar que todos los integrantes del SERLA (Junta, sindicatos y patronal) vean adecuado.

En Palencia, preguntada por la reunión del patronato, la consejera de Industria, Comercio y Empleo de Castilla y León, Leticia García, ha reiterado que el buen funcionamiento del Servicio de Relaciones Laborales de Castilla y León, SERLA, es una prioridad para su Consejería y que se le seguirá apoyando para que funcione de forma adecuada.

La consejera, que ha visitado este viernes la Feria de Artesanía de Palencia, ha asegurado en declaraciones a los periodistas que el SERLA es “una prioridad” para su Consejería.

García ha asegurado que el SERLA lleva a cabo importantes resoluciones y actuaciones en conflictos laborales, en mediación y arbitraje y que su Consejería seguirá trabajando para que el funcionamiento de este organismo sea el adecuado.

Precisamente esta mañana se ha reunido el nuevo Patronato del SERLA, en una de las “muchas reuniones” que se celebrarán para avanzar por el camino del consenso y el diálogo.

Al respecto García ha subrayado que la intención de la Consejería, ahora en manos del PP tras la salida de Vox del Gobierno de Castilla y León, es “llegar a acuerdos con el máximo consenso” porque el diálogo social es clave para el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco.

Por tanto, ha insistido en que los acuerdos que se tomen en el seno del SERLA van a ir siempre por la senda de la unanimidad y del máximo consenso de todos los miembros.

Por otra parte, ha dicho que la Ley de Fundaciones es buena para Castilla y León por lo que no hace falta entrar en el debate de una reforma. 

El desarrollo del Corredor Atlántico ferroviario y su conexión con la Zona de Actividades Logísticas e Industriales (ZALIA) que permitan convertir a Asturias en el gran polo logístico del Cantábrico son los ejes vertebradores del nuevo acuerdo de la Alianza por las Infraestructuras que este miércoles han suscrito Gobierno autonómico, partidos políticos agentes sociales y económicos.

“Estamos inaugurando una nueva era en las comunicaciones en Asturias”, ha afirmado tras la firma el presidente del Principado, Adrián Barbón, que ha advertido de que hay que olvidar los viejos tópicos de que la falta de comunicaciones lastra el despegue económico de la comunidad y que ve cómo el “complejo de aislamiento va quedando atrás”.

Siete años después de que se firmase el primer documento, el apoyo a la que será la hoja de ruta del Principado a la hora de exigir actuaciones al Gobierno central en materia de infraestructuras se ha visto incrementado con el apoyo de todos los grupos que forman parte del parlamento asturiano, incluido Vox.

Se trata de un documento de mínimos -no incluye por ejemplo la Ronda Norte de Oviedo porque no hubo el consenso necesario- que marca las prioridades de Asturias en infraestructuras ferroviarias, carreteras y movilidad sostenible para los próximos años y que, según el consejero de Fomento, Alejandro Calvo, permitirá mejorar la calidad de vida de los asturianos y sus perspectivas de futuro.

Suscrito por la patronal, los sindicatos UGT, CCOO, USO, CGT y varios ferroviarios, las cámaras de Comercio, PSOE, PP, IU, Vox, Foro y la diputada del Grupo Mixto, así como por varias asociaciones de transportistas y consumidores, el acuerdo es una “buena muestra de cuando se antepone el diálogo y el consenso a todo lo demás”, ha afirmado el jefe del Ejecutivo asturiano.

Continuar con la mejora del AVE, para aumentar velocidad, las plazas disponibles y las paradas; el impulso de las actuaciones programadas en el Corredor Atlántico; la integración ferroviaria de Gijón y Langreo; la apuesta por la supresión del peaje del Huerna; la mejora de la vertebración del Suroccidente con la conclusión de la A-63; un nuevo acceso al puerto de El Musel, o la mejora de movilidad en el área central y metropolitana son algunos de los retos que se marca este documento.

Una posición “incomprensible”, “lastrada ideológicamente”, que ha dejado “mucho que desear”, “claramente decepcionante” y “una especie de burla al diálogo social”. Tras más de seis meses de negociaciones para la reducción de la jornada laboral, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, se ha mostrado este lunes muy crítico con la postura de la patronal, a quien ha acusado de no presentar ninguna propuesta, más allá de “un claro cuestionamiento” de la medida. “Decir que no se puede hacer, negar el objetivo democrático que el Gobierno se ha dado con sus ciudadanos o no hacer ninguna propuesta, que yo ahora no pueda irme a mi casa a leerme ninguna propuesta de la patronal porque no existe tal papel, demuestra una falta de compromiso con el diálogo social”, ha lamentado el número 2 de la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz.

Pérez Rey ha recordado que “el Gobierno trabaja para reducir la jornada de las personas trabajadoras de este país” y que, en ese escenario, no contempla intercambiar jornada ordinaria por extraordinaria. “No caben medidas que constituyan una estafa, que reduzcan la jornada sin reducir. Esta es una negociación seria”, ha destacado para descartar “medidas maximalistas, inasumibles y que empeorarían el tiempo de trabajo”. “España tiene un grave problema con las horas extraordinarias. ¿Es serio pedir más horas extraordinarias?”, ha lanzado.

Así las cosas, y pese a que el ministerio deja la puerta abierta a que los empresarios “recapaciten”, Trabajo ha anunciado que seguirá “avanzando de la mano de las organizaciones sindicales para pulir un texto que, cuanto antes, pueda ser remitido a las cortes generales para su aprobación”. “Nos encaminamos a una negociación fallida por parte de las organizaciones patronales”, ha lamentado también el vicesecretario de política sindical de UGT, Fernando Luján, que ha indicado que ni CEOE ni Cepyme “han despejado la incógnita de si quieren aceptar los compromisos de Gobierno con la ciudadanía de reducir el tiempo de trabajo”.

“Nos hemos manifestado a favor de intentar, por todos los medios, que hubiera un acuerdo tripartito para la reducción de jornada”, ha señalado el adjunto a la Secretaría de Acción Sindical y Empleo de CCOO, Raúl Olmos, pero “las conclusiones de la reunión no apuntan a que vaya a ser posible”. “Estábamos en disposición de alcanzar algún acuerdo, dejándonos alguna pluma en la gatera si era necesario”, ha señalado, en relación a la posible transitoriedad que pedía la patronal en algunos sectores o empresas, pero el portavoz sindical ha lamentado las posturas “muy de máximos” escuchadas este lunes y la falta de un compromiso serio sobre lograr el objetivo final.

Aunque no han marcado una fecha, tanto el ministerio como los sindicatos han mostrado su intención de que el acuerdo, con o sin la patronal, se cierre cuanto antes. “Las organizaciones sindicales nos han trasladado que hay algunos elementos de corte técnico que tenemos que seguir avanzando”, ha indicado el secretario de Estado, que se ha mostrado optimista sobre un futuro trámite en el Congreso. “No solo cuenta con el apoyo masivo de la ciudadanía, como han puesto de manifiesto las encuestas demoscópicas, sino que la primera vez que esta medida se ha situado en el ámbito parlamentario ha contado con un respaldo espectacular, con la abstención del propio Partido Popular”.

En lugar de un texto con medidas concretas, para facilitar el tránsito de las empresas a esa nueva jornada laboral, la patronal presentó este lunes un informe sobre el impacto en las pequeñas y medianas empresas. Según los cálculos de Cepyme, supondría un coste directo de unos 11.800 millones de euros, además de uno asociado de 42.420 millones y otros 30.600 más por la pérdida de la productividad. Fuentes empresariales señalan que este indicador es “francamente mejorable” y que la jornada media ya está en algo más de 38 horas, gracias a la negociación colectiva.

Pérez Rey también ha respondido a estos argumentos. “Rebajar la jornada dos horas y media en cómputo semanal no puede ser un problema que lo va a destrozar todo. No es creíble”, ha considerado, a la vez que ha señalado que esta medida, que afectará a unos 13 millones de trabajadores, “no es elitista”: “El Gobierno trabaja para que las 37,5 horas las puedan disfrutar las camareras de pisos, quienes están en los supermercados atendiendo las cajas, para los camareros, quienes trabajan en los hoteles, de cara al público, en las agencias de viajes. ¿O es que las personas que trabajan en la hostelería no tienen derecho a una reducción de jornada?”

El Gobierno de coalición se había comprometido a reducir la jornada laboral semanal máxima de 40 a 38,5 horas para este año y a las 37,5 horas para el próximo. Con los trámites necesarios para un anteproyecto de ley y la negociación pendiente con los grupos parlamentarios, los plazos ya van justos para ese primer compromiso. “Tiene que salir este mes, con acuerdo de la patronal o sin acuerdo”, ha reivindicado Luján.

Los ánimos de cara a la reunión de esta tarde ya venían caldeados. Después de que la semana pasada el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, dijera que pediría que se revirtiera la medida si cambiaba el Gobierno, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, acusaba a la CEOE de estar “con la extrema derecha”. “Solamente Vox y un sector determinado de la patronal están diciendo que esto es muy negativo”, indicó la también ministra de trabajo, quien criticó que los empresarios no hayan presentado ningún texto en la mesa de negociación tripartita. “Hay que tener lealtad institucional y las meses tienen que ser respetadas”, reclamó.

Los líderes sindicales también se mostraron esta mañana pesimistas respecto a un posible acuerdo con la patronal. “No tiene pinta”, señaló el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, en una entrevista en TVE, donde reconoció que la negociación “no da mucho más de sí”, tras casi seis meses de conversaciones. “CEOE y Cepyme tendrían que dejar claro si están de acuerdo con la reducción de jornada o no y, a partir de ahí, podríamos establecer una negociación sobre algunos aspectos colaterales, pero muy importantes”, señaló Sordo.

Las organizaciones sindicales temen es que los empresarios estén esperando por si “se encalla un poco más la situación política” después del verano, ha verbalizado Sordo, conscientes de la necesidad de apoyos parlamentarios para sacar adelante la medida, con o sin el apoyo de los agentes sociales. En la misma línea, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, lamentó que la patronal esté “mirando por el rabillo del ojo, a ver si hay suerte y no concluye esta legislatura en la fecha prevista”, para evitar culminar con la reducción de la jornada. “Dice que no presenta propuestas porque ya está decidido. ¿Qué es lo que está decidido? ¿Para qué hemos estado todos estos meses sentados en una mesa de negociación? ¿Nos han tomado el pelo o nos ha estado entreteniendo durante este tiempo?”, se ha preguntado.

Con la negociación para la jornada laboral atascada, el Gobierno pretende avanzar en las próximas semanas en otro frente. Los agente sociales y el ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se han comprometido a intentar llegar a un acuerdo sobre los asuntos sobre la mesa del diálogo social en materia de pensiones. “Todas las partes tenemos puesto en el horizonte el 31 de julio, porque estos temas no pueden esperar más”, señaló al término de la reunión de este lunes la secretaria de política institucional y políticas territoriales de UGT, Cristina Estévez. “El compromiso es intentar que se puedan cerrar todas estas cuestiones a lo largo del mes”, ha coincidido el secretario de protección social y políticas públicas de Comisiones Obreras, Carlos Bravo.

Los temas sobre la mesa son cuatro, aunque no todos avanzan al mismo ritmo. Las organizaciones sindicales y el departamento que dirige Elma Saiz han logrado un mayor consenso en las conversaciones para regular la derivación de pacientes con bajas traumatológicas a las mutuas. “Hay avances significativos que todas las partes reconocen, a la espera de que el ministerio responsa a las aportaciones que se han hecho por parte de las organizaciones sindicales”, ha explicado Bravo. Según lo acordado hasta el momento, la derivación deberá contar siempre con el consentimiento previo del paciente y la tutela del procedimiento correrá a cargo del servicio público de salud, a través del médico de familia o el especialista.

Otro tema pendiente de resolver es el de los coeficientes reductores de la edad de jubilación. “Cuando en 2011 se estableció la nueva edad de jubilación a los 67 años, ya dijimos que había actividades en las que no se podía llegar ni tan siquiera a los 65”, ha recordado Estévez, con la vista puesta en aquellas actividades que “por su peligrosidad, pero sobre todo, hoy en día, por su penosidad, deben jubilarse mucho antes”. Es el caso de las profesionales de ayuda a la dependencia o las camareras del piso, a quienes algunos tribunales ya han reconocido un plus de peligrosidad.

Aquí la pelota está en el tejado de los sindicatos, que se han comprometido en esta reunión a presentar un texto en la mesa en los próximos días. “A partir de ahí, veremos si es posible terminar de avanzar en esta materia, donde ha habido avances significativos, pero también cuestiones aún pendientes de abordar, en relación con la definición de los procedimientos y, sobre todo, con la manera de adjetivar las situaciones de penosidad por razón de edad o impacto de género”, ha desarrollado Bravo.

Un punto prácticamente resuelto es en el coeficiente multiplicador del 1,5 en las cotizaciones de los fijos discontinuos, que las organizaciones sindicales han fiado a resolver “dudas a aclarar” sobre la redacción presentada por el Gobierno. “Tras el auge de esta modalidad contractual con la reforma laboral, tenemos que dar todavía más protección social y mejorar la cotización” de estos trabajadores, ha señalado Estévez, que ha calificado como “grave perjuicio” la desaparición del coeficiente global de parcialidad en la reforma de las pensiones que equiparaba los tiempos parciales con los completos y dejaba en el limbo a este grupo.

Según los datos de la Seguridad Social, el porcentaje de fijos discontinuos pasó del 2,8% en el primer semestre de 2021, antes de la reforma laboral, al 6,5% en el mismo periodo de 2024.

Donde los escollos son mayores es en la negociación de los cambios para la compatibilidad de empleo y pensión. Tras el nuevo modelo para incentivar el retraso de la edad de jubilación, que el ministerio presentó a los agente sociales el pasado lunes, desde CCOO han constatado esta semana “posiciones distanciadas”. El objetivo de los sindicatos es volver a la regulación que se cerró en 2011 y que fue modificada, recuerda Bravo, “de manera unilateral por el Gobierno del Partido Popular en 2013”. “Hoy en día, la propuesta que hay sobre la mesa deja algunas cuestiones en las que queremos incidir, precisamente para que no sea una modalidad de jubilación limitada prácticamente a los autónomos, que son quienes se acogen en el 90% de los casos, porque para los trabajadores por cuenta ajena no es atractivo”, ha explicado Estévez.

El plan del Gobierno pasa por escalonar el porcentaje de pensión que se cobra mientras se compatibiliza con el trabajo, hasta llegar al 100% a partir del sexto año tras la edad legal de jubilación; eliminar la incompatibilidad de la activa con el incentivo de demora; y que, a partir del segundo año, este empiece a sumar por cada semestre, en lugar de anualmente.

La próxima reunión de la mesa de diálogo social sobre Seguridad Social y pensiones se celebrará en dos semanas. Hasta entonces, las partes se han comprometido a intercambiar documentos, textos y borradores con la vista puesta en el 31 de julio.

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) impartirá el programa formativo Generación Digital Agentes del Cambio, dirigido tanto a personas desempleadas como a aquellas empleadas en pymes.

Este curso capacita a las personas desempleadas a liderar la transformación digital y brinda una formación con conocimientos necesarios para impulsar el crecimiento digital, facilitando el empleo como agentes de cambio.

Los participantes, a través de un proceso de mentorización y formación guiados, llevarán a cabo un Proyecto de transformación digital para una pyme, contribuyendo así a su digitalización.

Al superar este programa formativo de 150 horas (45 presenciales en diferentes sedes y 105 online), los participantes obtienen además el título propio universitario de la UCLM de Experto en Transformación Digital de 15 créditos.

Los primeros 15.000 contratados indefinidos titulados en Generación Digital Agentes del Cambio tienen la ventaja de que las pymes que los incluyan en sus equipos de trabajo a tiempo completo recibirán incentivos de hasta 20.000 euros.

Las personas interesadas pueden ampliar la información en la dirección web generaciond.uclm.es, además de poder contactar en el correo electrónico generaciond@uclm.es.

Este es un curso gratuito que está incluido en el Plan de Recuperación y Resiliencia del Gobierno de España, financiado por los fondos Next Generation EU de la Unión Europea.

Un programa de Activación por el Empleo de Castilla-La Mancha, que va a sustituir a los tradicionales planes de empleo; modelar un servicio público de empleo participado por agentes sociales y Gobierno regional; que el jurado arbitral pueda también atender cuestiones y problemas entre empresas y trabajadores o crear un Instituto de Seguridad y Salud para abordar la sangrante siniestralidad laboral en la región, son algunos de los retos que el Gobierno regional y los agentes sociales se han comprometido a afrontar en los próximos cuatro años.

Así lo han ratificado este jueves en el Palacio de Fuensalida, sede del Gobierno regional, el presidente regional, Emiliano García-Page, con el presidente de la patronal castellanomancehga, Ángel Nicolás, y los secretarios regionales de CCOO, Paco de la Rosa, y UGT, Luis Manuel Monforte, respectivamente.

Un arranque de curso político, ha defendido la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, en la rueda de prensa posterior a este encuentro, con el que el Gobierno regional ha querido revalidar su “compromiso con el diálogo y la concertación social” con los principales agentes económicos y sociales en la región.

En este primer encuentro, que da el pistoletazo de salida a la legislatura, Gobierno regional y agentes sociales se han comprometido, a través del Consejo de Diálogo Social, a seguir dando continuidad y a renovar el Pacto por la Reactivación Económica y el Empleo, vigente hasta el 2024.

Estrategia de Prevención de Riesgos Laborales

“Ya estamos trabajando en lo que van a ser las comisiones y las reuniones de seguimiento que se celebrarán el próximo mes de octubre”, ha avanzado la consejera, que ha destacado que, a fecha de junio del 2023, se habían ejecutado el 42,8% de las medidas contempladas en dicho pacto, -ya hay 438 en ejecución, 37 ejecutadas y 49 pendientes de inicio-. El presupuesto se encuentra ejecutado en un 62,3%, esto es, 4.678 millones de euros.

De igual modo, se han comprometido a revisar y redefinir la Estrategia de Prevención de Riesgos Laborales de Castilla-La Mancha, que está ahora mismo en ejecución pero que también llegará a su fin. “Nos plantearemos también el dar pasos juntos en la creación o en la fortaleza de herramientas que nos permitan avanzar tanto en el ámbito del empleo como en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo”.

Franco ha avanzado un nuevo programa de Activación por el Empleo de Castilla-La Mancha, que va a sustituir a los tradicionales planes de empleo. “En las próximas semanas llevaremos a cabo reuniones con los agentes sociales y con las cinco diputaciones provinciales y la FEMP, para plantear un nuevo escenario de políticas de empleo, en este caso de planes de empleo”.

Esta nueva herramienta, ha detallado, ha de incorporar en un mayor grado la formación de los trabajadores que se acogen a este tipo de políticas y, a su vez, también, especialmente en grandes municipios, dar participación al tejido empresarial local “para intentar avanzar hacia la estabilidad en el empleo de las personas que son beneficiarias de estos planes”.

La reedición del plan Adelante, en 2024, adaptándolo al contexto económico y a las necesidades del tejido productivo y a los avances del IV Plan de Formación Profesional, es otra de las tareas que tanto Gobierno como agentes sociales han marcado en su agenda a cuatro años.

“Un reto por delante”

“Castilla-La Mancha tiene un reto por delante, para los próximos cuatro años, y es ser un ejemplo de consenso, de diálogo, de acuerdo y de progreso en un escenario nacional donde, más allá de las controversias que puedan surgir en los diferentes territorios, los pactos y los acuerdos, Castilla-La Mancha tiene muy definida la estructura de diálogo social sobre la que ha basado sus políticas en los últimos años. Lo haremos sobre la base del Consejo de Diálogo Social”, ha terminado reafirmando Franco.

Por su parte, el líder de la patronal se ha mostrado orgulloso de que el diálogo social sea el elemento que distingue a Castilla-La Mancha de otras comunidades, que se diferencia del resto “por la manera en la que está haciendo las cosas”. De ahí la necesidad de preservar ese consenso en el nuevo Estatuto de Autonomía que está por redactarse en la región.

Mientras, el líder regional de CCOO, que ha calificado de “simbólico” que la primera reunión de legislatura del presidente regional haya sido con los agentes sociales, ha celebrado que el Ejecutivo autonómico se haya avenido a que el jurado arbitral, además de resolver conflictos en el seno de las empresas, pueda también atender cuestiones y problemas entre empresas y trabajadores, algo que evitará la judicialización.

Por último, Monforte, que interpreta el encuentro de este jueves como “una muestra más de la apuesta que hay en Castilla-La Mancha por el diálogo social y por seguir avanzando”, ha celebrado, de igual modo, la voluntad del Ejecutivo regional de crear ese Instituto de Seguridad y Salud. “Es un paso más allá y poder atajar esa sinestralidad laboral en nuestra región”.

El Govern destinrá 14,5 millones de euros del presupuesto de 2023 a garantizar más plazas para la Formación Profesional (FP) en el próximo curso 2023-2024. Así lo ha anunciado este lunes el ejecutivo, tras un encuentro con el Consell del Diàleg Social (patronales Foment del Treball y Pimec, y los sindicatos CCOO y UGT).

Además, también se prevé destinar 4 millones de euros de ayudas para “intensificar el apoyo” a la internacionalización de las empresas catalanas. Igualmente, se ha formalizado el incremento del 8% del Indicador de la Renta de Suficiencia de Catalunya (IRSC) para 2023, de tal manera que pasará de los 569,12 euros mensuales a los 615.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha calificado el acuerdo de “histórico” y ha remarcado que es la primera vez que e incluye a los agentes sociales en la negociación de los presupuestos.

En plenas negociaciones con el PSC

Este acuerdo llega en medio del proceso de negociaciones por los presupuestos catalanes y horas después de que la portavoz del PSC, Alícia Romero, asegurara que ve “muy difícil” cerrar un acuerdo durante esta semana.

Las previsiones marcaban el Consejo Ejecutivo extraordinario de este miércoles como el momento en que se podrían aprobar los presupuestos, para que el Parlament pudiera hacer un debate de totalidad antes de Navidad y tenerlos aprovados para la segunda quincena de enero. Pero este escenario, tras las palabras de Romero, parece que se aleja, a pesar que la socialista ha asegurado que las negociaciones continúan en pie durante esta semana.

Romero, en una entrevista con la ACN, ha advertido al ejecutivo que si quiere el apoyo socialista, no puede presentar las cuentas hasta que “todo esté negociado y cerrado”. Siendo, además, que los presupuestos ya no podrán estar vigentes el 1 de enero y se requerirá de una prórroga técnica, los de Salvador Illa, que aseguran que no tienen prisa, apuntan que “ya no viene de 30, 40 o 45 días”.

Con todo, el PSC ha recordado que quieren un presupuesto negociado, “no de adhesión” y alertan que cualquier otro tipo de enfoque sería “de una cierta falta de respeto hacia el adversario”.

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, convocó este miércoles a los sindicatos mayoritarios y a los representantes de la patronal para reactivar las negociaciones sobre un pacto de rentas que reparta el daño de la inflación entre trabajadores y empresarios. Según explicó tras el encuentro, ha pedido a los agentes sociales un acuerdo a tres años de “moderación” de los beneficios empresariales y de los salarios.

La vicepresidenta económica recalcó que es “esencial” que “los márgenes de las compañías [la capacidad de obtener beneficios de las ventas, que se mantiene o aumenta si se repercuten las subidas de los costes (como la energía) a los precios finales] no crezcan” y dice que ve a sindicatos y patronal en disposición de alcanzar el pacto de rentas.

De parte del Gobierno, Calviño ha confirmado que se va a volver a subir el SMI en 2023 hasta alcanzar el objetivo de que suponga un 60% del salario medio, y que se continúa trabajando en aumentar el Impuesto de Sociedades al sector eléctrico. Sin embargo, tras la comparecencia de la vicepresidenta económica, los sindicatos han destacado que no hay hoja de ruta para el pacto de rentas, y que es importante también que se tomen “medidas fiscales”.

Tanto CCOO como UGT, los sindicatos mayoritarios presentes en la reunión, se han mostrado más pesimistas sobre la posibilidad de alcanzar el pacto de rentas. “Las posibilidades de un pacto de rentas siguen siendo las mismas que cuando se rompieron las negociaciones en mayo, hasta que no conozcamos qué entiende el Gobierno qué significa este acuerdo no podemos hacer ninguna valoración”, han defendido. Los representantes de la patronal no han comparecido.

La negociación colectiva vuelve a ser crucial para el Ejecutivo, ya que las medidas para contener los precios desbocados no están siendo lo suficientemente contundentes. El Gobierno defiende que han conseguido restar cerca de 3 puntos al IPC (Índice de precios de consumo), aunque, en junio, este indicador registró el avance récord de esta crisis, cuando alcanzó un 10,2% frente al mismo mes del año pasado según el dato adelantado por el INE, pese al tope al gas en la generación de electricidad, el descuento de 20 céntimos a los carburantes (cuya ineficiencia está quedando patente) o al resto del Plan de choque, que ha sido renovado recientemente hasta diciembre.

Según la teoría en la que se basa el Ejecutivo, este pacto de rentas debería buscar “un compromiso de las empresas para limitar sus márgenes de beneficio” y, al mismo tiempo, “incrementos de los sueldos plurianuales”, para compensar a medio plazo la pérdida de poder adquisitivo para las familias que supone la inflación, de la que se teme su persistencia por la amenaza de un corte del suministro del gas ruso de cara a otoño. Sobre todo en el caso de los hogares más pobres.

Sobre el SMI, los sindicatos han contestado que “con o sin pactos de rentas”, se debe aumentar este suelo mínimo para los sueldos según la ruta acordada previamente. “El Gobierno debería dar ya un paso con valentía sobre el SMI”, han incidido.

Preparación de la reunión

Este mismo miércoles, antes de encontrarse en la mesa de diálogo convocada por el Ministerio de Asuntos Económicos, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, y el de UGT, Pepe Álvarez, señalaron que las empresas “están repercutiendo el incremento de los costes de la energía” y les han recordado que “no pueden salvaguardar solo sus beneficios sin distribuir a sus trabajadores”, tras el fracaso del último intento de negociación colectiva.

También antes de la reunión, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha afirmado que su organización no se opone a subir los salarios, sino a que éstos se indexen a la inflación, pues ello provocaría efectos de segunda ronda (una espiral de precios y salarios que según ciertos expertos reotralimentaría la inflación) que harían que España perdiera competitividad y las empresas, productividad.

Lo cierto es que la recuperación económica ha sufrido ya un frenazo, aunque numerosos economistas argumentan que la prioridad ahora es proteger la capacidad de gasto de las familias, sobre todo de las más vulnerables, mientras que el turismo puede ser diferencial para nuestro país respecto a otros países comparables de la eurozona.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tampoco quiso perder la oportunidad de calentar la reunión e hizo “un llamamiento claro” a la subida salarial como respuesta al impacto de la inflación.

Díaz, que se reunió este miércoles en Roma con su homólogo italiano, Andrea Orlando, y con el comisario europeo de Empleo y Derechos Sociales, Nicolas Smchmit, respaldó las reivindicaciones salariales de los sindicatos españoles y recordó que el Banco Central Europeo (BCE) también ha recomendado subir los sueldos.

Por su parte, en Palma, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, admitió este que hay “una aminoración” del crecimiento económico en España, pero remarcó que “en ningún caso” el Gobierno de España prevé una recesión.

El nuevo plan de empleo joven de Extremadura pretende llegar a 20.000 personas y estará dotado con 80 millones de euros, el mayor presupuesto hasta la fecha, según ha anunciado este jueves la consejera de Educación y Empleo, Esther Gutirérrez, en una comparecencia a petición propia en la Asamblea.

El plan será aprobado en próximas fechas, pero la consejera se ha mostrado abierta al acuerdo con los grupos políticos y con los agentes sociales y económicos.

Según ha explicado, contará con tres ejes -orientación específica, formación y oportunidad laboral- y aprovechará la experiencia y buenas prácticas de los planes anteriores. Entre las novedades, se creará una red de puntos de orientación y prospección, la escuela de segunda oportunidad que ya funciona en algunas regiones españolas y una nueva línea de contratación de jóvenes para que los autónomos amplíen su negocios. Y continúan iniciativas como el programa Ítaca para jóvenes sin formación y las Lanzaderas de Empleo por sus buenos resultados.

Gutiérrez ha señalado que en 2020 los parados jóvenes han bajado en 5.300 personas, lo que hace que Extremadura haya sido la región donde más ha descendido, mientras que a nivel nacional han crecido un 24 %. Sin embargo, a pesar de este mejor comportamiento en Extremadura, el impacto de la crisis sanitaria ha sido “muy fuerte”, ha reconocido.

La oposición reclama nuevas políticas

La diputada de Unidas por Extremadura Lorena Rodríguez ha considerado que las “cifras alarmantes” de empleo juvenil deberían dar “vergüenza” al Ejecutivo regional. A su juicio, año tras año se repiten políticas que demuestran que “algo está fallando” y no se aprovechan las oportunidades de Extremadura para crear riqueza.

Rodríguez, que ha invitado a la Junta a aprovechar los fondos europeos para la recuperación, ha criticado que se apueste por trabajos de baja cualificación y precarios, en vez de empleos de calidad y con futuro que den estabilidad.

El portavoz de Ciudadanos David Salazar ha acusado a la consejera de comparecer para “interpretar” los datos de empleo y ofrecer una solución que es “más de los mismo”: un plan de empleo joven de dos años y con más dinero. Salazar, que ha subrayado que Extremadura es el sitio de Europa donde más difícil lo tienen los jóvenes porque falta trabajo, ha señalado que si algo no funciona hay que cambiar de política.

Al igual que Rodríguez, ha hecho hincapié en el mayor desempleo juvenil entre las mujeres porque hay problemas para la conciliación familiar, y ha abogado por formar a los jóvenes en las profesiones del futuro.

El diputado del PP Javier Cienfuegos también ha considerado que si se apuesta por las mismas políticas de nada va a servir el nuevo plan, ya que son seis años de destrucción de empleo y el problema es anterior a la pandemia.

Cienfuegos ha considerado que pueden compartir las líneas generales del plan vigente, pero no pueden apoyar sus resultados, y ha hecho hincapié en el problema de la marcha de los jóvenes a otras regiones y de la mujer, como ha comentado los anteriores parlamentarios. A su juicio, los jóvenes no quieren empleos de tres o seis meses, ya que ese “no es el futuro”.

El diputado socialista Felipe Redondo ha criticado el discurso “catastrofista y pesimista” de la oposición, y frente a ello ha destacado el nuevo plan, dotado con 80 millones.

La consejera ha aclarado que en su intervención ha ofrecido datos positivos, negativos y que ha hecho “autocrítica” de su gestión. A su juicio, la marcha de los jóvenes es “pura propaganda”, ya que el hecho de que haya movilidad no quiere decir que sea un “éxodo”.

La Estrategia Logística de Extremadura persigue mejorar la competitividad de las empresas extremeñas mediante la habilitación de 400 hectáreas de suelo logístico, lo que representa una inversión neta de 700 millones de euros y la previsión de generar unos 12.000 puestos de trabajo.

Un impacto en el Producto Interior Bruto (PIB) de 3,3 puntos y una minoración de la emisión de CO2 de 160.000 toneladas al año son otros de los objetivos que marca esta estrategia, con horizonte en 2050, y que han sido detallados en rueda de prensa por el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, con motivo de la firma del acuerdo con los agentes sociales.

En la presentación se ha destacado que, en un escenario de comercio internacional, la logística es esencial para el crecimiento de las empresas con el consecuente desarrollo de la economía y creación de empleo, y para lo que se precisa de la mejora de las infraestructuras terrestres (tren/carretera), el impulso de la intermodalidad y la digitalización de los procesos.

Empleos especializados y salarios adecuados

En su intervención, Vara ha subrayado el “simbolismo” de este pacto, porque supone estar pensando en el presente y en el futuro, situar a Extremadura en el “entramado logístico” y apostar por “nuevos empleos” en esta tierra, “más especializados”, con “salarios adecuados”, en torno a una actividad que genere valor añadido.

“Todo se puede comprar y vender desde cualquier lugar, todo depende de la logística”, donde “entra de lleno” este acuerdo fruto de la concertación social, con el que se pretende promover la “competitividad” del tejido empresarial extremeño y facilitar “el comercio nacional e internacional de nuestros productos”.

En este contexto, Vara ha remarcado la posición estratégica de Extremadura en el suroeste ibérico, fronteriza con Portugal y encuadrada en el Corredor Atlántico. La región forma parte del eje Madrid-Lisboa y resalta su potencial respecto a conexión con los puertos de Sines, Setúbal y Lisboa, o los del mediterráneo como Huelva y Sevilla.

La estrategia, ha explicado, define la configuración e impulso de la red de áreas logísticas, donde destacan la Plataforma Logística del Suroeste Europeo y las áreas de Expaciomérida y Expacionavalmoral, entre otras; y el concepto de intermodalidad, donde juega un papel importante la alta velocidad.

“No solo intentar que los ciudadanos lleguemos un poco antes a los sitios, sino también acercarnos a puertos nacionales e internacionales, acercarnos a Europa y el mundo”, ha manifestado el jefe del Ejecutivo extremeño, para quien también es fundamental promover en este ámbito “la colaboración público-privada”, la inversión en I+D+i y la “cooperación entre operadores”.

Sindicatos y patronal

Para la secretaria regional de UGT, Patrocinio Sánchez, la logística se ha convertido en “uno de los principales motores de desarrollo económico, con una enorme influencia en la eficiencia y competitividad de sistema productivo”.

Ha recordado que “parte de la incomunicación existente en la región afecta de manera determinante” a la competitividad de las empresas, “en cuanto a la entrada y salida de sus productos”, con lo que resulta fundamental mejorar las infraestructuras logísticas y a disponer de un “sistema de transporte intermodal”.

Además, considera que la estrategia contribuye al necesario cambio de modelo productivo en la región, en el que la industria debe tener un “papel preponderante” y que ha de posibilitar la creación de un empleo de calidad.

La secretaria regional de CCOO, Encarna Chacón, también ha valorado este pacto por cuanto garantiza una mayor competitividad de las empresas, la cual -ha dicho- “no está en la reducción de las condiciones laborales y de los salarios, sino en un desarrollo mucho más armonizado”, con “empleos de calidad” y que abogue por la I+D+i y por la formación.

Igualmente, ha añadido, la actividad logística tiene que ser “sostenible, eficiente, respetuosa con el medio ambiente” y se constituye en un destacado elemento en la mejora de sectores como el “comercio y el turismo”, así como para incentivar que la “industria sea una realidad en región”.

Por su parte, el secretario general de la Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX), Javier Peinado, ha remarcado que la logística, “más allá de ser una necesidad para el desarrollo de nuestro sector industrial principalmente, también es una oportunidad como nicho de mercado en el sector terciario”, no solo “en transporte sino en actuaciones vinculadas al empaquetado y etiquetado”, o referidas a la industria 4.0.

Peinado ha puesto en valor la colaboración pública, “dotando de las infraestructuras necesarias para que este ecosistema sea un éxito”, y la privada, encargada de “acometer el reto de aprovecharlas y gestionarlas” desde el punto de vista productivo.

En esta línea, ha lamentado que en materia de infraestructuras ferroviarias queda “mucho camino por recorrer” y las que “van con más retraso” son precisamente las encaminadas a permitir la intermodalidad para que la Plataforma Logística de Badajoz “tenga esa capacidad de atraer negocios”.

La vicepresidenta económica Nadia Calviño ha explicado este viernes que el Ejecutivo está ultimando dos paquetes de reformas, en materia laboral y de pensiones, que pretende enviar a Bruselas “cuanto antes”, pero de los que apenas ha ofrecido detalles. Ni a los líderes de los agentes sociales, con los que ha celebrado una reunión de alto nivel esta mañana en la que han participado otros seis ministros, ni a la prensa en la rueda posterior al encuentro. El ministro Escrivá ha deslizado las líneas generales de su prometida reforma de pensiones, según fuentes de la reunión, pero no se ha referido a los planes de ampliar el periodo de cálculo de la pensión hasta los 35 años cotizados. Según explican fuentes del Ejecutivo a elDiario.es, esta extensión del plazo para calcular la pensión está incluida en el borrador que el Gobierno prepara para enviar a Bruselas.

Calviño ha comparecido ante los medios tras los líderes sindicales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, y de la patronal Cepyme, Gerardo Cuerva. Los sindicatos han criticado que el Ejecutivo no les haya facilitado por escrito las propuestas que el Gobierno mandará a la Comisión, por lo que han insistido en pedir la documentación. Sordo y Álvarez han subrayado la necesidad de transparencia para conocer exactamente en qué términos se compromete España con la UE en este esquema de reformas ligadas a los fondos europeos para la recuperación. Ambos han reclamado que los textos no restrinjan el diálogo social, que no dejen “sin oxígeno a las mesas” de negociación, ha enfatizado Unai Sordo. “Si no hay margen de diálogo, que no cuenten con nosotros”, ha insistido Pepe Álvarez.

Los dirigentes sindicales, así como el presidente de la patronal de pequeñas y medianas empresas (Cepyme), han reconocido que los ministros apenas han concretado las reformas que el Gobierno va a llevar a Bruselas, más allá de enumerar algunas líneas temáticas generales. En el terreno laboral, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha mencionado reformas para “modernizar la negociación colectiva”, para reducir las modalidades de contratos y la temporalidad en el mercado de trabajo, así como para transformar las políticas activas de empleo, entre otras. Díaz ya se había reunido esta semana con los líderes de los agentes sociales para presentarles su hoja de ruta.

Sobre pensiones, el ministro José Luis Escrivá ha expuesto ante los agentes sociales las líneas generales de su prometida reforma, con medidas como la restricción de las jubilaciones anticipadas y el impulso de la prolongación de la vida laboral más allá de la edad de retiro. Estas propuestas ya han sido difundidas por Escrivá en numerosas ocasiones y presentadas formalmente por la Seguridad Social en la mesa de diálogo sobre pensiones que existe con los sindicatos y los empresarios.

Sin embargo, el ministro no se ha referido a otra medida que centra todas las miradas: los planes de ampliar el periodo de cálculo de la pensión a los 35 años de cotización, ya publicados por numerosos medios desde mediados de diciembre y que confirman de nuevo este viernes fuentes del Ejecutivo a elDiario.es. En el borrador de reforma de pensiones que prepara el Gobierno para Bruselas está presente esta medida, explican estas fuentes. El cambio supone un salto de diez años en el periodo que se tiene en cuenta para el cómputo de la pensión y que, de media, supone una reducción de las pensiones futuras (con algunas excepciones). De aplicarse finalmente, habrá que ver si se complementa la posibilidad de los mejores años, como ha recomendado explorar el Pacto de Toledo en algunas situaciones.

Calviño: Las reformas “no están cerradas”

El ministro no se ha referido a esta medida ante los agentes sociales, aunque fuentes de la reunión apuntan que Escrivá ha mencionado que, tras las medidas ya anunciadas y más inmediatas, habrá “un segundo paquete de medidas que la Seguridad Social está valorando”, pero que no ha detallado. En la Seguridad Social recuerdan que toda reforma en el sistema de pensiones pasará por el diálogo social, que en estos momentos se encuentra evaluando varias propuestas legislativas que el Ministerio tiene avanzadas. Por ejemplo, la nueva fórmula de revalorización de las pensiones, aún objeto de debate.

La vicepresidenta económica por su parte no ha aclarado en la rueda de prensa posterior al encuentro si la ampliación del periodo de cálculo está presente en el borrador del Gobierno y ha repetido que el documento no está cerrado aún. “No estamos en una fase en la que se haya tomado una decisión final sobre los distintos elementos”, ha afirmado, aunque ha reconocido que el Ejecutivo ultima los trabajos para enviar las reformas “cuanto antes”.

Los documentos se enviarán a Bruselas en breve, puede que incluso la semana que viene indican desde el Ejecutivo y, por tanto, antes de que concluya el diálogo social sobre pensiones, pero Calviño ha insistido en que la primera línea de actuación no limita la segunda. La vicepresidenta ha explicado que lo que se mandará a la Comisión son los elementos que después se van a discutir con sindicatos y empresarios y ha reiterado la importancia del diálogo social en la legislación sobre pensiones, para que los cambios perduren en el tiempo. La reforma de pensiones de 2013, aprobada de manera unilateral por el PP, es un ejemplo de lo contrario: el propio Gobierno de Rajoy fue el que empezó a suspenderla y no se está aplicando en la práctica.

Nadia Calviño se ha limitado a afirmar que “lo que sí está claro” son “las prioridades de nuestro gobierno en el ámbito de las pensiones: garantizar el poder adquisitivo de las pensiones y la sostenibilidad del sistema, tanto a corto, como medio y largo plazo”. Estas prioridades están “absolutamente alineados con las recomendaciones del pacto de Toledo”, ha precisado la vicepresidenta. Los sindicatos recuerdan que el Pacto de Toledo no contempla en sus recomendaciones la ampliación del periodo de cómputo de la pensión.

Tensión interna y externa en la reforma de pensiones

El Gobierno por tanto cerrará “cuanto antes” estos dos paquetes de reformas, aunque fuentes del Ejecutivo sitúan los principales conflictos en el que se refiere a las pensiones. Pese a los roces internos que ha habido en el Ejecutivo sobre el desmontaje de la reforma laboral, las diferentes “almas” de la coalición han alcanzado un acuerdo sobre el texto que mandarán a Bruselas sobre las reformas del mercado de trabajo.

El texto se expresa en términos bastante amplios con un enfoque hacia la “modernización” de la legislación laboral, por ejemplo en materias como la negociación colectiva y la reducción de la precariedad y temporalidad, en el que las partes entienden que se respeta el acuerdo de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos.

Pero la reforma de las pensiones es otro cantar. Fuentes gubernamentales confirman que la ampliación del periodo de cómputo está presente en el documento que maneja el Gobierno a día de hoy, pese al rechazo rotundo de los ministros de Unidas Podemos. La formación que dirige Pablo Iglesias ya ha anunciado que no apoyará la medida en el trámite parlamentario y la ministra Yolanda Díaz reiteró esta semana que los ministros 'morados' “no acompañarán” este cambio, que consideran “un recorte” en las pensiones.

Los sindicatos tampoco comparten la medida y aseguran que no la aceptarán en la mesa de diálogo, aunque aún no ha sido presentada. Como alternativa, proponen centrar las modificaciones en iniciativas que incrementen los ingresos de la Seguridad Social, que equilibren el aumento del gasto en pensiones de los próximos años en los que se jubila la generación del 'baby-boom' y se pretende recuperar la revalorización de las pensiones según el IPC. Los “recortes”, insisten CCOO y UGT, no son las únicas soluciones para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones.

La ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha ceñido la derogación de la reforma laboral a la que se han comprometido los partidos del Ejecutivo a la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajodores, que ha apuntado que es una labor “a medio plazo”. “La acción de Gobierno de la derogación de la reforma laboral se llama nuevo Estatuto de los Trabajadores”, ha insistido en dos ocasiones. Montero ha afirmado que “la derogación de la reforma laboral es un concepto político” y ha defendido la unidad de los miembros del Gobierno pese a las “diferentes sensibilidades”.

La portavoz del Ejecutivo de coalición ha respondido así en la rueda posterior al Consejo de Ministros a las numerosas preguntas de los periodistas sobre cómo se concretará finalmente la derogación de la reforma laboral del PP en 2012 que pactaron PSOE y Unidas Podemos con EH Bildu el pasado miércoles después de las diferencias mostradas públicamente entre varios miembros del Gobierno, como los vicepresidentes Pablo Iglesias y Nadia Calviño.

En el documento que suscribieron PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu el miércoles figura el compromiso de derogar “de manera íntegra” la reforma laboral antes de que concluyeran las “medidas extraordinarias” adoptadas en materia económica y laboral debido a la pandemia del coronavirus.

Sin embargo, el PSOE se desdijo del pacto a las pocas horas, para ceñirlo al acuerdo programático de diciembre entre PSOE y Unidas Podemos, que no menciona una derogación “integral”. Además, los socialistas concretaban en su corrección solo tres cuestiones para una derogación urgente: el despido por bajas médicas (ya anulado), la primacía del convenio de empresa sobre el sectorial y el límite a la ultraactividad de los convenios colectivos (su prórroga una vez caduca su vigencia sin que se haya pactado uno nuevo).

Por otro lado, el vicepresidente Pablo Iglesias y otros miembros de Unidas Podemos defendieron con claridad el jueves que el acuerdo con la formación vasca se refiere a la derogación integral de la reforma laboral.

María Jesús Montero ha tenido que responder sobre cuál es entonces la posición del Gobierno al respecto. La ministra ha insistido en que “las formaciones que componen este Gobierno han pedido un cambio de esa legislación (reforma laboral) y ese cambio se hace a través de la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores”, ha señalado.

Ese nuevo estatuto “se trata de un trabajo en el medio plazo”, ha afirmado Montero sobre los tiempos para aprobar esta normativa, que recogerá un “nuevo paradigma de las relaciones que permitan abordar los retos que tenemos para el siglo XXI”.

Fuentes del Ministerio de Trabajo afirman a eldiario.es que el marco que sigue vigente es el acuerdo programático de diciembre, en el que se recoge el compromiso a derogar la reforma laboral sin apellidos (no se menciona que sea parcial ni integral) y que precisa varias cuestiones para su eliminación prioritaria, como la primacía del convenio de empresa sobre el sectorial. “No hay cambios, el acuerdo sigue vigente”, indican en Trabajo.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha defendido en el cargo que no es posible derogar de golpe toda la reforma laboral. El plan de la ministra hasta el momento ha sido una derogación en varias fases: dos iniciales en las que se derogaran algunos aspectos más urgentes, los prioritarios y otros también que requerían cierta celeridad, y otra fase de largo recorrido en la que se elaborara el nuevo Estatuto de los Trabajadores, con una revisión en profundidad de la normativa laboral.

Todo se negociará con la patronal y sindicatos

Montero ha pretendido reforzar un mensaje en sus respuestas: todo cambio en las relaciones laborales y de la legislación laboral, como este nuevo Estatuto de los Trabajadores, se llevarán a la mesa de diálogo social con los sindicatos y la patronal. “El diálogo con empresarios y sindicatos es más importante que nunca”, ha sostenido la ministra portavoz.

Sobre la suspensión del diálogo por parte de las patronales de empresarios, debido al acuerdo con Bildu, María Jesús Montero ha expresado su confianza en que la CEOE y Cepyme regresen a la mesa de negociación ya que “sin ellos es imposible” llevar a cabo la reconstrucción económica motivada por la COVID-19.

Montero ha elogiado la figura del líder de la CEOE, Antonio Garamendi: “Confiamos en su persona”. “Conozco particularmente el sentido de Estado del señor Garamendi, no es un patriota de boquilla. Estoy convencida de que sabe que en el marco del diálogo social nos van a encontrar”, ha insistido la ministra portavoz.

El presidente del Gobierno ha citado a las patronales de empresarios y los sindicatos mayoritarios este jueves por la mañana en una primera reunión para alcanzar el llamado pacto de reconstrucción por la crisis del coronavirus. Así lo ha anunciado este martes la ministra portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, que ha destacado el papel “fundamental” de los agentes sociales en este acuerdo a nivel nacional, también político y territorial, para abordar la salida de la pandemia.

María Jesús Montero ha afirmado que el presidente del Gobierno ya ha convocado la mesa del diálogo social, con los líderes de CEOE, Cepyme, CCOO y UGT, para este jueves 23 de abril a las 11 de la mañana.

“No ha habido ninguna transformación importante en nuestro país, de calado, que no haya ido de la mano de los empresarios y los sindicatos. Su participación es necesaria, es obligada y es la que realmente puede enriquecer” estos pactos de reconstrucción en la parte social y económica, ha afirmado la ministra.

“Sin ellos, va a ser imposible sentar las bases para la recuperación”, ha añadido Montero, que ha añadido que el Ejecutivo está a la espera de que la Mesa del Congreso de los Diputados le informe sobre cuándo podrá empezar a reunirse la comisión parlamentaria con el resto de grupos políticos en esta materia.

Dada la relevancia de los agentes sociales, ha justificado Montero, el Ejecutivo quería “comenzar con ellos” ya la tarea “cuando antes”. Su presencia es “imprescindible para la reconstrucción del tejido productivo y para que ninguna persona vulnerable se quede sin protección”, ha afirmado la ministra, que ha apuntado que se coordinarán los encuentros en este nivel con las negociaciones políticas y de las distintas administraciones territoriales.

Más allá de este anuncio, el Gobierno ha aprobado este martes nuevas medidas en materia laboral, como reconocer el derecho al paro para despedidos en periodo de prueba, una prórroga de dos meses a la prioridad del teletrabajo y la posibilidad de aplicar ERTE en empresas de servicios esenciales, para la parte no esencial de su actividad.