El descuento a los carburantes es la medida más cara y la recaudación extra no cubre ni la mitad del gasto

Una gasolinera en Oviedo, en una fotografía de archivo.

Daniel Yebra


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Las críticas a la decisión del Gobierno de pagar un descuento generalizado de 20 céntimos al litro de carburante se multiplican desde todos los frentes. Desde que se anunció en marzo, distintos expertos advirtieron de que es una medida regresiva porque no se centra en los más vulnerables. Al contrario, la aprovechan más las familias con más renta, que tienen más vehículos, y más grandes y que los usan más. Según un informe de Esade, el 73% de los hogares más pobres no consumen carburantes. En los ricos, esta proporción es el 20%.

Con el paso de las semanas, se observó también que parte de esta bonificación, incluida en el primer Plan de Respuesta a la guerra y a la inflación desde abril y también en su renovación hasta diciembre, la absorben las petroleras. “En un mercado [el de los carburantes] con severos problemas de competencia en todos los eslabones de la cadena productiva y una demanda inelástica [que varía poco con los cambios de precio, como ocurre mayormente con el pan o con otros productos y servicios de primera necesidad], el establecimiento de un subsidio permite que los productores se apropien de una parte de este”, denunciaban los economistas Juan Luis Jiménez, Jordi Perdiguero y José Manuel Cazorla-Artiles en un artículo publicado en Nada es gratis.

Desde el punto visto ecológico, otras tantas voces lamentaron que fomenta el uso del coche, en plena crisis energética y de emergencia climática. “Las implicaciones ambientales son pésimas, por sus efectos directos y por el mensaje que se envía”, resumía recientemente Xavier Labandeira, catedrático de Economía en la Universidad de de Vigo.

Ahora, con los números más claros sobre el coste del descuento para el Estado, los expertos avisan de que fiscalmente es la medida más cara y menos autosuficiente. Exige cerca de 5.125 millones de euros, casi un 40% del esfuerzo total aprobado (13.000 millones) para sofocar la inflación. Un Plan de choque que, tras su renovación, se traducirá en un 1% más de déficit al cierre del año, según calcula la Autoridad independiente de responsabilidad fiscal (AIReF).



Además, es la medida menos autosuficiente porque, si el aumento general de la recaudación fiscal en 2022 hasta mayo cubre ya casi todo el coste de los dos decretos contra la inflación, en el caso de la recaudación extra por la subida de los precios de los carburantes apenas serviría para pagar de 7 céntimos a 4,5, según el mes, de los 20 céntimos de descuento por litro aprobados, según estiman los economistas José E. Boscá, José Cano y Javier Ferri en otro post de Nada es gratis.

La recaudación extraordinaria este ejercicio por la subida de los carburantes es de casi 2.200 millones, según calculan estos mismo expertos. El Estado paga 15 céntimos del descuento a BP, Repsol y Cepsa porque tienen operaciones de refino en España. Los 5 céntimos por litro que faltan, los financian estas petroleras. A las gasolineras se las subvenciona el descuento completo. Si se hubiera planteado un recorte de impuestos como se ha hecho con la electricidad, la rebaja fiscal tendría que ser equivalente a reducir en un 50% su IVA.



“La persistencia del shock también sugiere un cambio de paradigma de la política contra la inflación de los gobiernos. Hasta ahora, las principales medidas se justificaban por el carácter pasajero del encarecimiento de la energía. Las subvenciones generalizadas a los hidrocarburos que se han extendido a través del continente, o el recorte de IVA energético, se traducen en bajadas puntuales de IPC —como hemos visto en junio en Alemania—. Pero no podrán doblegar la tendencia ni ayudarán a reducir la dependencia energética. Se requieren, por tanto, medidas estructurales, como el estímulo al ahorro energético, el apoyo al transporte público, o la reforma del mercado eléctrico”, comenta Raymond Torres, director de coyuntura y análisis internacional del centro de análisis Funcas.



Lo cierto es que la medida del descuento perdió efectividad prácticamente desde sus inicios con la subida de los carburantes desde abril. Incrementos que diluyen la bonificación, incluida en el plan de respuesta del Ejecutivo al impacto de la invasión de Ucrania por Rusia en la economía, y concretamente a la subida en los mercados internacionales del propio petróleo, del gas y de otras materias primas básicas en la industria, la agricultura o la alimentación. Una perturbación que ha derivado en un escalada de la inflación que está dañando significativamente el poder adquisitivo de las familias, y también está elevando los costes de las empresas y frenando el crecimiento económico.

Más consumo de carburantes en vacaciones

El descuento encuentra más objeciones en el calendario. Los españoles llenan más veces el tanque de gasolina o diésel de sus coches en vacaciones (ver gráfico), según se observa en las estadísticas históricas de Cores (Corporación de reservas estratégicas de productos petrolíferos).



En el corto plazo, esta misma institución, tutelada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, recoge que en mayo de este 2022 –con el descuento del Gobierno aplicándose por segundo mes–, el consumo de combustibles de automoción prácticamente igualó al del mismo mes de 2019, antes de la pandemia.



La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) demostró en un informe publicado este lunes que los subsidios indiscriminados a los carburantes para limitar el impacto de las subidas de precios son un error en términos económicos y ecológicos que hay que corregir para dirigir las ayudas a las familias y empresas que están en dificultades y más las necesitan.

La OCDE señala que esos subsidios en la práctica estimulan la demanda de combustibles fósiles y desincentivan la limitación del consumo. “La crisis energética, con las preocupaciones sobre la seguridad por la guerra en Ucrania, subraya la necesidad de que los gobiernos adopten sinergias entre las políticas climáticas y las de seguridad energética”, apunta.

Es decir, que “acelerar la transición a la neutralidad en carbono ayudaría a proteger a los consumidores de los movimientos en el mercado y de los cambios geopolíticos, además de respaldar los objetivos climáticos internacionales”.

La organización hace notar que, si bien los subsidios a los carburantes son dispositivos muy fáciles de aplicar por su simplicidad, en la práctica pueden beneficiar de forma desproporcionada a los grandes consumidores de energía. Es decir, “a menudo a los que tienen ingresos más altos”. Además, recortar con dinero público los precios pueden limitar las señales que esos mismos precios dan para favorecer el ahorro de energía o para prescindir de los combustibles fósiles.

“En lo único en que creo que puede redistribuir es respecto a gente con pocos ingresos en el ámbito rural, donde el transporte público es muy escaso y el uso del coche privado está más extendido”, opina Alfredo del Río Casasola, profesor de Economía Mundial de la Universidad Complutense. De hecho, esta era otra de las razones que apuntaba la ministra Teresa Ribera para activar esta medida: “No solo va dirigida a los grupos más vulnerables. También debía penetrar en las clases medias. Y podía tener efectos regresivos trabajar en función de rentas sin considerar que las zonas rurales tienen menos transporte público que las urbanas”.

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