Desde que la Vuelta a España entró el domingo en Galicia, el PP gallego está haciendo causa contra las protestas de las entidades propalestinas que, este martes, lograron cortar la carrera a ocho kilómetros de su llegada. Esa situación provocó la queja del presidente de la Xunta en la red social X: “Las protestas siempre son legítimas cuando son pacíficas, no cuando ponen en riesgo la seguridad de los ciclistas y del público”. Un lamento al que se sumó el senador Manuel Baltar, condenado por el Tribunal Supremo por conducir a 215 kilómetros por hora: “El civismo debe ser siempre la bandera de Galícia en estos eventos y en toda ocasión. Las otras banderas...”. Con esos antecedentes, quedaba claro que los internautas no lo iban a dejar pasar así como así. “Su favorita es la bandera a cuadros de la Fórmula 1”.

“Estuvo usted rápido en su respuesta, pero no logró batir su récord personal”, reza el primer comentario. A partir de ahí, una larga cascada de reacciones que se pueden dividir en tres grandes grupos: los que ironizan con que un condenado por un delito contra la seguridad vial hable de “civismo” en la carretera, los que le echan en cara el genocidio impulsado por Israel y los que le recuerdan su pasado como heredero del clan Baltar y de sus prácticas de enchufismo en la Deputación de Ourense.

“Un kamikaze hablando de civismo”, “Baja marchas que vas muy acelerado, siempre por fuera de la ley”, “Civismo es respetar el código de circulación, Fitipaldi” o “Civismo es ir a 200 con el coche, Manoliño” son algunos de los ejemplos del primer grupo, en el que no faltan las alusiones a Dominic Toretto y Fast & Furious o, incluso, al bailarín Farruquito.

Otros usuarios de X le echan en cara que ignore el exterminio practicado por Israel en Gaza: “La bandera de un pueblo que está siendo vícitima de un genocidio es la bandera de la humanidad toda”; “Civismo ante un genocidio. Qué genialidad, a ver si te va a caer el pelo de tanto pensar” o le contestan con fotos de niños palestinos heridos con el texto: “El 'civismo' de callar ante esto”.

Y después, claro, están los que no olvidan el paso de los Baltar por la presidencia del partido y la Deputación en Ourense, un apellido que se convirtió en sinónimo de cacique —“pero cacique bueno”, que decía su padre— y de una forma de hacer política basada en el clientelismo y el enchufismo: “Mírame a ver si me puedes amañar un curre en la Diputación, Baltarín”; “Hombre, el pequeño de los Corleone” u “Hostia, vino el mafioso mayor del reino a hablar de civismo”, son otros ejemplos.

“Enhorabuena, Princesa Leonor por la Medalla de Galicia 2025. Gracias a Alfonso Rueda por su invitación para participar en este encuentro en el Hostal de los Reyes Católicos”. El senador Manuel Baltar, condenado en enero por un delito contra la seguridad vial tras ser cazado por un radar a 215 kilómetros por hora, compartía este lunes ese mensaje en la red social Instagram. Lo acompañaba una imagen en la que él mismo —junto a otros destacados militantes del PP ourensano— posaban rodeando a la heredera al trono y al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

La fotografía fue tomada en el interior del Hostal dos Reis Católicos —Baltar etiqueta a Paradores en su publicación—, de donde Leonor y Rueda salieron para dirigirse al Pazo de Raxoi. Alli se celebró el acto oficial de entrega de la máxima distinción que otorga la comunidad autónoma. De camino, la comitiva de autoridades atravesó una Praza do Obradoiro semivacía en la que era más visible el amplio dispositivo de seguridad que la presencia de público.

Junto a Rueda, la princesa de Asturias y Baltar comparten la primera fila, entre otros, el presidente del PP provincial y de la Deputación de Ourense, Luis Menor; el diputado en el Parlamento de Galicia y ex alcalde de O Carballiño, Argimiro Marnotes, además de las senadoras Carmen Leyte y Rosa Sánchez Gándara. Tras ellos, en un segundo plano, pueden verse el presidente de la Cámara autonómica, Miguel Santalices o el conselleiro de Emprego, José González.

El Tribunal Supremo ha acordado inadmitir la querella que presentó el senador del PP José Manuel Baltar contra la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por un presunto delito de injurias y calumnias.

El senador 'popular' emprendió acciones legales contra Díaz por decir que “conducía ebrio” a 220 kilómetros. Aunque el alto tribunal condenó a Baltar por un delito contra la seguridad vial en ningún momento acreditó que estuviese bajo los efectos de bebidas alcohólicas. Los magistrados consideran que aunque lo dicho por Díaz “no se ajustaba a la realidad”, ello “no priva de protección constitucional a la intervención en el curso de un genuino debate parlamentario”.

El Supremo explica que la querella no puede ser admitida pues choca con el óbice de la inviolabilidad parlamentaria de la querellada. Añade que aunque la declaración de Díaz se produjo en la radio, no puede aislarse de su previa intervención parlamentaria, apenas unos días antes, en la que cuestionó, dirigiendo una pregunta a otro parlamentario, que el ahora querellante mereciera el aforamiento procesal que la Constitución contempla para la persecución de delitos sin conexión alguna con la función parlamentaria.

César Blanco, ex dirigente del PP de Ourense y miembro de la junta directiva de CEOE cuyos contratos con esta entidad investiga la Agencia Tributaria, ha cobrado de la patronal al menos 2,7 millones de euros por cursos de formación pagados con dinero público, según una relación de facturas a la que ha tenido acceso elDiario.es.

Ex de la ejecutiva del polémico José Manuel Baltar en el PP de Ourense, Blanco se ha convertido en los últimos años en el campeón de las ayudas a la formación en España mientras tenía una empresa en el paraíso fiscal de Panamá que cerró tras destapar su existencia este medio.

elDiario.es ha accedido a 96 facturas emitidas a CEOE por G12 Grupo Empresarial de Servicios SL, una de las empresas de Blanco (la otra es Moba Skill) sobre las que la AEAT pide explicaciones a la patronal. Emitidas entre octubre de 2022 y el pasado 12 de febrero, suman 2.761.776,3 euros, exentos de IVA, en fondos públicos del plan de formación estatal gestionados por CEOE.

Junto a cursos de pequeño importe sobre “inteligencia emocional” (3.209.69 euros), “el papel de los recursos humanos” en la negociación colectiva (5.000 euros) o “prevención y actuación frente al acoso en el ámbito laboral” (11.475 euros), sobresalen tres facturas emitidas entre julio de 2023 y junio de 2024: 1.575.270,8 euros por una acción formativa sobre “Operaciones Auxiliares con Tecnologías Digitales” financiada con el Plan de Recuperación. El mayor pago, 657.927,04 euros por la “liquidación” de este servicio, es del pasado 4 de junio.

Sin transparencia

CEOE, que está sujeta a la Ley de Transparencia, no aclara cuántos contratos con fondos públicos ha adjudicado a Blanco. El importe recibido por G12 podría superar esos 2,7 millones, a tenor de una carta que la empresa remitió a CEOE en mayo de 2024 a petición de su auditora, Auren.

En ese escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, GDoce pidió a la patronal que confirmase “el saldo que presentaba su cuenta con nosotros al 31 de diciembre de 2023, que según nuestros libros era de 701.239,53 euros a nuestro favor. El volumen de operaciones realizado con ustedes ha ascendido a 1.438.383,21 euros”, frente a los 1.351.520,78 euros que suman 29 facturas emitidas en 2022 y 2023 en poder de este medio.

La parte mollar de esos 2,7 millones son por ese plan de formación en digitalización que la CEOE adjudicó a G12 en 2023. Un acta de la Comisión de Control Presupuestario y Financiero de la patronal señala que el contrato fue uno de los “conflictos de interés” que analizó ese órgano, presidido por Alejandra Kindelán, vicepresidenta de CEOE y presidenta de la patronal bancaria, en una reunión celebrada el 3 de mayo de 2023.

“En ninguno de los casos expuestos las personas que podrían tener un conflicto de interés han intervenido en la contratación”, dice el acta, que recoge que la patronal “debe impartir una formación que ha decidido dividir en 3 lotes diferentes para promover la competencia entre las empresas invitadas”: G12, Telefónica Educación Digital, QE Data, Método Consultores y Norwech Networks.

G12 presentó oferta para el lote 1, “la formación más básica de 30 horas con un máximo de 18.750 participantes. Tras la recepción de las ofertas, el Departamento de Formación ha propuesto adjudicárselo a G12 por el importe máximo de 1.834.587 €, si bien, en todo caso, la cantidad final a abonar dependerá del número de alumnos que finalmente formen”.

En presencia de Kindelán y los presidentes de Confemetal, José Miguel Guerrero, y la patronal de la construcción Seopan, Julián Núñez, y con José María Campos, responsable de Compliance de CEOE, como “invitado”, el secretario general, José Alberto González Ruiz, “informa de que D. César Blanco es miembro de la Junta directiva [de la patronal] y es presidente de Doce Blar SL, propietaria del 100% de GDoce”. Este hecho fue “informado por el Departamento de Formación tanto al Compliance Officer” como al secretario general.

Para darle su visto bueno, Kindelán pregunta “si se ha seguido el procedimiento interno de contratación y compras, de pública concurrencia, con la recepción de las diferentes ofertas, etc… así como si la persona que suscita el conflicto de interés se ha inhibido en esta cuestión”. 

Se concluye que se siguió “el procedimiento establecido” y se eligió a G12 conforme a un “criterio técnico”. Tenía “los medios técnicos y económicos necesarios para poder realizar esta formación” y “no ha contado con ninguna información privilegiada para poder presentar la oferta más competitiva”. En una convocatoria anterior, dice el acta, “se presentó para impartir formación” y “no se le adjudicó”.

CEOE ya advirtió de un “posible conflicto de interés” en otro plan de “capacitación para el desarrollo de las funciones relacionadas con el diálogo social y la negociación colectiva” financiado con fondos públicos y adjudicado a G12 en marzo de 2022. La memoria justificativa del contrato dice: “En esta subcontratación puede haber un posible conflicto de intereses que puede surgir del hecho de que D. Cesar Blanco Gómez es miembro de la Junta Directiva de CEOE y tiene participación en la empresa a subcontratar”.

La oferta de G12, de 477.270 euros, se impuso por poco a las de Foro Formación y Ediciones SL (478.065 euros) y Estudios Mega SL (478.635 euros). Esta última, domiciliada en Vigo (como muchas empresas de César Blanco), la fundó Giovanni Giardina, con quien el ourensano montó en 2012 la Fundación para la Competitividad (centrada en el mundo de la formación profesional) junto a otro empresario del sector en Galicia, Jorge Evaristo Cuntín Rey.

Los tres administran una empresa dedicada a educación “universitaria”, Galicia Open Univ, radicada en Vigo y aparentemente inactiva (sus últimas cuentas son de 2017). Cuntín preside Método Consultores, invitada a esa licitación de 2023. También tiene su propia empresa en Panamá, Método Consultores Panamá.

Un portavoz de Blanco señala que “en el sector de la formación hay cientos de concursos y licitaciones al año en toda España” y “es habitual presentarse en asociación con otras empresas del sector, con las que a veces se compite y otras veces se colabora”. “Ocurre también en otros sectores”.

Añade que “todos los servicios de formación realizados para la CEOE fueron adjudicados, como no puede ser de otra manera, observando escrupulosamente los procedimientos estipulados y cumpliendo los rigurosos controles internos de la CEOE y la normativa vigente. Estos concursos están guiados por criterios objetivos, de transparencia e idoneidad”.

“Los estatutos y normas internas de la CEOE no impiden la contratación de servicios profesionales con empresas de sus miembros, unos procedimientos que en esos casos son reforzados, examinando en las comisiones correspondientes si hubiera algún tipo de conflicto de intereses. En ningún caso de los concursos adjudicados se detectó conflicto de interés”, asegura.

G12 afirma que “la adjudicación de concursos por parte de la CEOE es un reflejo de la alta calidad de los servicios prestados y la profesionalidad durante más de 30 años en el sector de la formación, donde somos referentes a nivel nacional, ofreciendo nuestros servicios a cientos de clientes públicos y privados”.

CEOE no comenta sus relaciones con el gallego, cercano al presidente, Antonio Garamendi, y miembro del comité ejecutivo de Cepyme. Blanco se alineó con la nueva presidenta de la patronal de las pymes, Ángela de Miguel, en la cruenta guerra electoral que el martes desbancó al hasta entonces presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, enfrentado a Garamendi.

Una guerra paralela a las pesquisas sobre empresas de Blanco de Hacienda, que en febrero solicitó a CEOE “información detallada y completa” sobre los servicios facturados en 2022 por sus sociedades Moba Skill Training SL y G12; “contratos, convenios o acuerdos en virtud de los cuales se prestaron”; relación de las facturas e “identificación de la/s persona/s física/s (personal de MOBA y G12) con la que se relacionaban, y origen de las relaciones con estas personas/empresas”.

Pastel multimillonario

Las ayudas a la formación son un negocio multimillonario, especialmente tras la pandemia y los fondos Next Generation. A las empresas de Blanco les toca un buen pico. Según datos del Ministerio de Hacienda, varias de sus sociedades copan el ranking de empresas con más ayudas públicas de España.

Firmas como G12, Moba Skill, Academia Postal 3 Vigo, Educatic Gap Pue o Clictic se han adjudicado en los últimos años unos 100 millones en subvenciones públicas y contratos. En paralelo a esta explosión de ayudas, Blanco reactivó en 2022 la firma panameña que creó en 2012 y administraba con sus hijos, disuelta en noviembre.

Presidente de la patronal de su “amada” Nogueira de Ramuin, donde fue concejal del PP (1999-2003), fue un fijo del Comité Ejecutivo Provincial del PP del anterior presidente de la Diputación de Ourense, José Manuel Baltar, hijo de José Luis Baltar, el autodenominado “cacique bueno”, y condenado en enero por el Tribunal Supremo por conducir a 215 kilómetros por hora.

En 2013 el BNG advirtió de una “posible trama” de alcaldes del PP en Ourense para adjudicar por vía urgente y a dedo la contratación de las brigadas municipales de extinción de incendios a empresas vinculadas al partido. Una de ellas era Monte Blanco Agraria Gallega SL, hoy Moba Skill.

A sus negocios con la formación o las agencias de colocación, Blanco suma amplia experiencia en el inmobiliario. Presidió la patronal del sector en Vigo, donde tiene una franquicia de Re/Max. Su hijo Brais, con el que comparte cargos y empresas, fue socio en una inmobiliaria (Torroña SL) junto al promotor Delio Santalices, hermano del presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices. La liquidaron en 2021.

Hace un año, una empresaria del ocio nocturno en Vigo los relacionó con una extraña operación inmobiliaria en la que perdió propiedades millonarias por no pagar una multa de 15.000 euros a la Xunta. “Se llevaron todas mis propiedades, valoradas en unos 3 millones, por cuatro duros los señores Delio Santalices Vieira, hermano del presidente del Parlamento gallego, Brais Blanco Rodicio y Alfonso Cid Rodríguez. Ahora tienen a la venta la finca del Niu Port en Sabarís en portales inmobiliarios por 1,2 millones”, contó a Faro de Vigo.

¡Buenos días!

¿Cómo llevas la semana? Nosotros estamos lamentando la pérdida de una persona ejemplar como José Mujica. Sus discursos sobre lo tóxico del materialismo capitalista, la lucha por la justicia social y el cuidado del medio ambiente deberían ser recordados y enseñados en las escuelas.

Mujica era un gran defensor de lo público. Las instituciones públicas son fundamentales para crear sociedades menos desiguales y menos precarias para los que menos tienen. Aquí juegan un papel fundamental los organismos reguladores, una salvaguarda para que las empresas no conviertan a la sociedad en el salvaje oeste donde siempre saldrían perjudicados los consumidores. Pero, ¿qué pasa si los reguladores no funcionan adecuadamente?

Pues que tenemos sistemas débiles que no protegen a los ciudadanos. A falta de saber cuáles han sido las causas del gran apagón, que llevo a al país al cero absoluto, lo que parece claro es que la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC), que debía velar por el buen funcionamiento del mercado, no ha hecho los deberes. 

De momento sabemos que la CNMC analiza desde 2021 cambiar una norma “obsoleta” para que las renovables den “estabilidad” a la red. Red Eléctrica lo pidió en 2021 y tras dos pruebas piloto que revelaron “fuertes impactos económicos” cerró en diciembre una consulta para actualizar un “servicio de control de tensión” en el sistema peninsular. En la búsqueda de una causa sobre el apagón se ha resaltado que las renovables no tengan sistemas de estabilidad de la red. Según la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, la UE les obligó a lanzar un “proyecto piloto”.

Por otro lado, Competencia reconoció en julio de 2022 “problemas continuos de control de tensión” en la red eléctrica peninsular. Lo hizo un año después de que REE le pidiera cambiar una norma para abordar este problema. 

Hay que recordar que la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, explicó que el comité que investiga las causas del histórico apagón del pasado 28 de abril analiza “desconexiones que pueden ser por sobretensión como elemento desencadenante de la caída en cascada”. Este miércoles en el Congreso, Aagesen ha argumentado que las pérdidas de generación previas al histórico apagón del pasado 28 de abril “empezaron en Granada, Badajoz y Sevilla”.

Hay que recordar que la CNMC ha estado en una situación de interinidad hasta hace relativamente poco. En enero por fin se llegó a un acuerdo en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital del Congreso por el que se conseguía la renovación del organismo regulador que tenía dos consejeros con el mandato vencido desde 2023 y había tres puestos vacantes.

Un organismo como la CNMC, que vela por la libre competencia y regula los mercados, especialmente uno tan complejo y con tantos intereses como el energético, no puede estar en una situación tan precaria durante tanto tiempo. Para que una sociedad sea libre es necesario que estas instituciones públicas sean sólidas y solventes para asegurar que se cumplen las reglas del juego en la economía de mercado. Si no mantenemos con salud a los reguladores, el sistema enfermará. El apagón es un síntoma. 

El dato

167.700 temporales y fijos discontinuos fraudulentos

se han convertido en indefinidos tras la intervención de la Inspección de Trabajo en el año 2024. Se trata de un 18% más que en 2023. Es parte de la estrategia que el Ministerio de Trabajo inició en 2018 con el envío masivo de cartas “informativas” a empresas, que ha intensificado en los últimos años con buenos resultados desde la primera fase. En 2022, primer año de aplicación de la reforma laboral y cuando empezó a desplomarse por primera vez el uso del contrato temporal, el dato fue mucho más elevado: 257.124 contratos convertidos en indefinidos. La Inspección de Trabajo acaba de lanzar una nueva campaña contra este fraude en la contratación, el primer Plan de Choque de 2025, que alcanza a más de 30.000 empresas y alrededor de 54.000 puestos de trabajo. En este enlace te explicamos que la Inspección de Trabajo convirtió en indefinidos a 167.700 temporales y fijos discontinuos fraudulentos en 2024.

El gráfico

 Se van dando pasos pero lentamente. Aquí tenemos una de las razones por las que es tan necesaria la Ley de la reducción de la jornada laboral. La norma contempla cambios en el registro horario con el objetivo de aumentar los controles y garantizar que se cumplen las jornadas de los trabajadores. Hay 2,6 millones de motivos, que son las horas extra no remuneradas a la semana. El fraude de las horas extraordinarias no pagadas alcanza a unas 400.000 empleados, sin que haya habido cambios en el número de los afectados en la última década. Aquí te contamos que pese a que las horas extra pagadas aumentan, el abuso de trabajar gratis afecta aún a 400.000 empleados.  

 Estas mejoras en el mercado de trabajo, tanto en la reducción del fraude de la temporalidad como el incremento de las horas extra pagadas tiene un impacto directo en el incremento de la renta real de las familias. No es que esté todo arreglado porque todavía se podría mejorar más el nivel salarial de los españoles, pero se están dando pasos. Los ingresos disponibles de los hogares de nuestro país, tras descontar la inflación y los impuestos, se han incrementado y superan en cinco puntos los niveles previos a la crisis de inflación. Alemania o en Francia han progresado menos de la mitad mientras que Italia se ha estancado. Aquí te explicamos cómo la OCDE constata una destacada recuperación de los ingresos de los hogares en España desde 2022 por el récord de creación de puestos de trabajo.  

Entrepreneur

Nuestro entrepreneur de la semana ya ha tenido cierto protagonismo en las informaciones de elDiario.es. Se trata de César Blanco, miembro de la junta directiva de la CEOE y ex dirigente del PP de Ourense del polémico José Manuel Baltar. Sus empresas se han adjudicado cerca de cien millones de euros en subvenciones públicas y contratos de diferentes Administraciones con una firma en Panamá. Este país está en la lista negra de guaridas fiscales de la UE. Ahora la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) investiga los contratos adjudicados por la patronal a dos sociedades del empresario gallego. Aquí te contamos cómo Hacienda ha puesto en su punto de mira los contratos de la CEOE con un miembro de su directiva y exdirigente del PP gallego.

Cada vez que habla sube el pan

La respuesta política más adecuada a los posibles riesgos para la estabilidad de precios derivados de la expansión fiscal y el proteccionismo es mantener la firmeza y los tipos de interés cerca de sus niveles actuales, es decir, firmemente en territorio neutral

Isabel Schnabel — Representante de Alemania en el BCE

Alemania sigue con su plan para seguir ahogando a las familias y las empresas con altos tipos de interés. Su responsable en el Banco Central Europeo (BCE), Isabel Schnable, es una de las halcones más duras que insiste en mantener una política monetaria restringida. De hecho, su posición sobre el territorio neutral de los tipos de interés choca con la posición de la presidenta del BCE. Mientas que Christine Lagarde sitúa este nivel de equilibrio entre el 1,75% y el 2,5%, Schnabel amplía el rango del 1,5% al 3%. La responsable de Alemania trata de evitar en cada reunión que se bajen los tipos, aunque la hoja de ruta del BCE incluye nuevas bajadas de los tipos hasta el 1,75% ante la expectativa de que la inflación caiga por debajo del objetivo teórico del 2% interanual en 2026. Aquí te explicamos cómo el BCE prepara dos recortes más de los tipos de interés este año hasta dejarlos por debajo del 2%.

Bien Público

En plena ola racista y xenófoba los datos defienden la necesidad de los inmigrantes para el crecimiento de las economías europeas. Por mucho que los ultras se empeñen los inmigrantes hacen falta como mano de obra en la Unión Europea. Un informe del Banco Central Europeo apunta que “el aumento de sus tasas de empleo [de los extranjeros], junto con el aumento de la migración, ha impulsado significativamente el PIB real” de los países europeos. La contribución de los inmigrantes al crecimiento del PIB es especialmente importante en España, la gran economía de la eurozona que más ha avanzado desde 2019 y donde el mercado laboral está estableciendo un récord tras otro de personas afiliadas a la Seguridad Social, hasta superar los 21,5 millones en abril. Es relevante ya que se vuelve a demostrar que la llegada de inmigrantes no se traduce en menos empleo, sino lo contrario. No roban puestos de trabajo, crean riqueza. Más información sobre cómo  la inmigración impulsa el crecimiento del PIB europeo, sobre todo en España, en este reportaje de Daniel Yebra. 

Nos gusta la competencia

En esta sección te traemos una serie de artículos de otros medios que nos han parecido interesantes:

Llegamos al final del boletín. Nos vamos recordando las enseñanzas de José Mujica: “La economía globalizada no tiene otra conducción que el interés privado de muy pocos” o “hemos nacido sólo para consumir y consumir y cuando no podemos, cargamos con la frustración, la pobreza y hasta la autoexclusión”. Volveremos el próximo jueves con más noticias y análisis económicos. Hasta entonces tienes toda la información en elDiario.es y nos puedes escribir con tus propuestas o ideas a contraoferta@eldiario.es.

¡Buena semana!

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El Partido Popular mantiene a José Manuel Baltar como senador autonómico designado por el Parlamento de Galicia un mes después de que el Tribunal Supremo condenara al expresidente de la Diputación de Ourense tras ser cazado en abril de 2023 conduciendo a más de 200 kilómetros por hora por la autovía A-52, donde el límite es de 120, tal y como adelantó elDiario.es. La sentencia le impuso una multa de 1.800 euros y la retirada del carnet de conducir por un año.

A pesar de la condena, ni el presidente de la Xunta y del PP de Galicia, Alfonso Rueda, ni el líder estatal del partido, Alberto Núñez Feijóo, han solicitado su dimisión. En enero, el BNG sí presentó una proposición no de ley en el Parlamento de Galicia para reprobar al senador que no fue aprobada aunque sí contó con el apoyo del PSdeG y de Democracia Ourensana. Y el senador ha llegado a insinuar que su condena responde a una “persecución política”.

Los expertos apuntan a los múltiples riesgos de conducir a esa velocidad tanto para el infractor como para el resto de usuarios de la vía. El principal de ellos está relacionado con la gran energía que genera el movimiento a esa velocidad. Jesus Monclús, director de Prevención y Seguridad Vial de Fundación MAPFRE, explica que esta energía se convierte en deformaciones tanto en los vehículos como en los obstáculos con los que se impacta. “Un simple error de cálculo puede resultar en la pérdida total de control del automóvil”, afirma.

Monclús recuerda que la distancia de frenado a esas altas velocidades es considerablemente mayor. A 120 kilómetros por hora el vehículo necesita unos 100 metros para detenerse, lo que equivale a la longitud de un campo de fútbol. A 200, esa distancia aumenta a aproximadamente 250 metros. Y el experto señala que las probabilidades de supervivencia se reducen drásticamente: “Incluso una colisión con un objeto fijo o un vehículo detenido en el arcén es letal a esa velocidad”.

El director de seguridad vial de la mencionada aseguradora explica que a velocidades superiores a 200 kilómetros por hora el efecto túnel también se intensifica drásticamente, reduciendo la capacidad del conductor para percibir lo que sucede en los laterales de la vía. Esto no solo disminuye su margen de reacción ante imprevistos, sino que también “aumenta la sensación de falsa seguridad”, ya que el cerebro tiende a centrarse únicamente en el punto más lejano de la carretera. Monclús señala la capacidad de reacción humana tiene un límite fisiológico: “A esa velocidad, un segundo de distracción equivale a recorrer más de 55 metros sin control”. 

David Pérez, vicepresidente de Stop Accidentes, critica duramente que una persona condenada por conducción temeraria siga ocupando su cargo público: “Es absurdo que un representante político haya violado las normas de circulación y no se le haya reprochado ni sancionado adecuadamente”. Pérez remarca que este tipo de actitudes dan sensación de “impunidad” y pueden influir negativamente en la percepción de la seguridad vial.

En cuanto a la respuesta del PP gallego, que se negó a reprobar al senador por considerar que conducir a 200 kilómetros por hora es un “delito de peligro abstracto”, Pérez expresa su desacuerdo tajante. Para él no hay nada “abstracto” en los peligros que genera una conducción imprudente. El vicepresidente de Stop Accidentes recuerda que sus propios padres fueron víctimas de un accidente causado por alguien que circulaba a 140 kilómetros por hora en una zona limitada a 80 y que un exceso de ese calibre puede resultar fatal.

Las implicaciones legales

Según la Fiscalía de Seguridad Vial, el artículo 379.1 del Código Penal tipifica la conducción a velocidad excesiva como un delito cuando se supera en más de 80 kilómetros por hora el límite permitido en vías interurbanas. Las penas previstas incluyen multas, penas de prisión y, en todos los casos, la retirada del permiso de conducir de uno a cuatro años. Sin embargo, en el caso de Baltar el Tribunal Supremo optó por imponer una multa económica y la retirada del carnet de conducir por un año sin aplicar penas de prisión.

La Fiscalía también aclara que el Código Penal no contempla penas de inhabilitación específicas para cargos públicos en delitos de tráfico. En este caso, dado que Baltar no ha sido condenado a prisión, no se le puede imponer ningún tipo de inhabilitación para ejercer su cargo de senador.

En la primera actuación, los agentes de la Guardia Civil optaron por tratar el caso como una falta administrativa por tratarse de una infracción en un día festivo. La defensa argumentó que Baltar no podía ser juzgado penalmente, ya que había sido sancionado administrativamente por el mismo hecho.

Sin embargo, el Tribunal Supremo rechazó esta tesis, explicando que el procedimiento penal tiene preferencia por encima del administrativo y que la sanción de tráfico quedó en suspenso hasta la resolución judicial. En el auto de la sentencia judicial se concreta que Baltar no es condenado a una pena de prisión por no tener antecedentes penales.

Desde Stop Accidentes insisten en que la tipificación de este tipo de delitos debería ser mucho más severa, tanto en términos de sanciones económicas como de consecuencias políticas por tratarse de un comportamiento “grave” por parte de un representante de la ciudadanía.

Políticos que han dimitido por infracciones de tráfico

En otros países europeos, numerosos representantes políticos han dimitido por infracciones de tráfico. En 2012, el entonces ministro de Energía y Cambio Climático del Reino Unido, Chris Huhne, renunció a su cargo tras ser acusado de intentar eludir una multa por exceso de velocidad. Huhne persuadió a su esposa para que asumiera los puntos de penalización en su licencia de conducir. Ambos fueron condenados y el ministro dejó su cargo público.

En el Estado, en el año 2023, Asier Larrauri, recién elegido alcalde de Bermeo (Euskadi) por EH Bildu, dimitió de su cargo tras sufrir un accidente de tráfico a altas horas de la madrugada, conduciendo bajo los efectos del alcohol. Larrauri reconoció su error y en una carta enviada a su partido pidió disculpas a los bermeotarras y solicitó su dimisión para no dañar la imagen del municipio ni del partido.

Aun así, el caso de Baltar no es el primero en lo que se refiere a problemas legales por infracciones de tráfico en el PP. Uno reciente es el de Vicente Ferrer, fichado por Francisco José Gan Pampols, el nuevo vicepresidente para la Recuperación Económica de la Generalitat Valenciana. Ferrer fue condenado previamente a ocho meses sin permiso de conducir por un delito de conducción bajo los efectos del alcohol mientras ejercía como diputado en el Congreso por el PP.

El Partido Popular ha rechazado este miércoles con sus votos que la Cámara gallega repruebe al senador por designación autonómica, el popular José Manuel Baltar, y ha sostenido que, “sin ser ejemplar”, su conducta supone “un delito de peligro abstracto”, según recoge Europa Press.

En la sesión plenaria que el Pazo do Hórreo ha acogido este miércoles, la diputada del BNG, Noa Presas, ha defendido una proposición no de ley a través de la que se exigía la reprobación del senador después de que el Tribunal Supremo lo condenase como autor de un delito contra la seguridad vial por conducir a más de 200 kilómetros por hora (k/h) en la autovía A-52 en abril de 2023. En concreto, le impuso una multa de 1.800 euros y la retirada del carné de conducir durante un año y un día.

En la defensa de la iniciativa, que fue apoyada tanto por el PSdeG como por el diputado de Democracia Ourensana, la parlamentaria nacionalista ha subrayado que “cada minuto que el señor Baltar sigue representando” a la Cámara gallega “es una vergüenza colectiva”, por lo que ha considerado que debe dimitir.

“Reprobar y pedir la dimisión de Baltar Blanco es una obligación ética y democrática”, ha sostenido Noa Presas, que ha iniciado su intervención leyendo la definición de las palabras ejemplaridad, representatividad y legitimidad, cuestiones que, en su opinión, Baltar “no reúne ni por asomo”.

Apoyo del PSdeG y de Democracia Ourensana

La petición ha contado con el apoyo del PSdeG y de DO. Así, la parlamentaria socialista Carmen Rodríguez Dacosta ha asegurado asistir “abochornada” a la “pasividad” del PP con este caso que afecta a un cargo con una trayectoria política “contundentemente marcada por una conducta censurable, tanto desde el punto de vista de la ética como de la simple observación de los requisitos indispensables para un representante público”.

“En su paso por los distintos cargos que ocupó, dejó una estela llena de extravagancias y de corrupción que al final van cercando a un personaje tan lamentable como pernicioso”, ha afirmado.

Además, ha considerado que el hecho de que un senador por designación autonómica fuese condenado por un delito contra la seguridad viaria tiene “bastante importancia” como para que se tomen al respecto medidas y ha sostenido que “Rueda, con este asunto, convierte al Senado en un cobijo de un delincuente. ”Ni más ni menos“, ha subrayado.

Por su parte, el parlamentario de Democracia Ourensana, Armando Ojea, ha recordado la condena por parte del Tribunal Supremo y ha afirmado que el hecho es “totalmente reprobable”.

PPdeG: “No es ejemplar, pero...”

Enfrente, el diputado del Partido Popular Roberto Rodríguez ha acusado a la oposición de “predicar” con una cosa mientras hace “la contraria y se ha remitido a la recientemente cerrada comisión de investigación sobre los contratos de la Xunta para asegurar que el BNG predica ”unos estándares de calidad democrática“ que ellos mismos ”no son capaces de cumplir“.

Dicho esto, ha sostenido que de los hechos “no es necesario hablar” toda vez que “ya habló la justicia” y ha incidido en que la sentencia recoge que “el Ministerio fiscal solicitó la pena mínima” toda vez que no existió “situación de riesgo alguno”.

Tras preguntar al BNG y al PSdeG por qué no reprueban al exministro José Luis Ábalos, a la mujer del presidente del Gobierno Begoña Rodríguez, o al fiscal general Álvaro García Ortiz, ha afeado al Bloque que no pidiese la reprobación de la concejala del BNG de A Estrada que se mofó en redes del aborto de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y a los socialistas que no censurasen las palabras en las el presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, se refirió a la vestimenta de la popular Elena Candia.

“Un poco de coherencia”, ha reclamado el diputado del PP, que ha preguntado a la oposición si “estos hechos son menos merecedores de una reprobación por no implicar responsabilidades penales”. “Porque, sin ser una conducta ejemplar la que hoy debatimos, estamos ante un delito de peligro abstracto”, ha afirmado para asegurar, además, que “echa en falta” este “afán purificador de reprobación” por parte del BNG “en otros casos en los que también hubo condena”.

El grupo del PSOE en el Senado y el BNG han reclamado al PP que tome medidas contra su senador José Manuel Baltar y han pedido su dimisión de un cargo que ocupa dentro de la cuota que designan las comunidades autónomas. Las dos formaciones reaccionan a la condena, conocida este lunes, por un delito contra la seguridad vial cometido por el entonces presidente de la Diputación de Ourense al conducir a 215 kilómetros por hora. La formación conservadora, sin embargo, no ha exigido responsabilidades políticas y el líder del PP en Galicia, Alfonso Rueda, ya ha avanzado que no tiene intención de hacer que Baltar deje su asiento en la Cámara Alta.

Los socialistas exigen al PP que le reclame a Baltar su acta. Rafael Rodríguez, senador socialista por Ourense, considera que “es el momento de la ejemplaridad”. El PP, manifestó, “ha reservado para Baltar el más alto honor al designarle senador autonómico”. Esta ocupaciones son “incompatibles” con la condena por un delito contra la seguridad vial, ya que no se puede “poner en riesgo la vida de los demás”, señala el socialista, que recuerda que la sentencia, que le retira el carnet un año y un día y le impone una multa de 1.800 euros, es firme.

Rodríguez le ha afeado a Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, que se haya “limitado a decir que Baltar cumplirá la sentencia”. Le parece insuficiente porque “un senador debe ser una persona que dé ejemplo a la ciudadanía, y no alguien que ponga en riesgo sus vidas”.

El BNG, por su parte, ha registrado de urgencia una iniciativa para reclamar al Parlamento gallego la reprobación de Baltar como condenado por un delito contra la seguridad vial y por su “falta de ejemplaridad”. La diputada ourensana Noa Presas señala que van a pedir a la Cámara autonómica que manifieste su “falta de adecuación” para el cargo, que considera que fue un premio del PP para el expresidente de la Diputación de Ourense cuando ya había trascendido que había sido cazado al volante de un coche del ente provincial a 215 kilómetros por hora.

Los hechos son, recalca el BNG, “gravísimos” y “contribuyen al cuestionamiento de la política y de su representación por parte de la sociedad. ”Es un escándalo porque esta persona mintió sobre la velocidad a la que viajaba y todavía hoy oculta detalles sobre el uso privado que se hacía de un recurso público“, critica Presas. Su mal ejemplo, continúa, ”no puede ser justificado bajo una equivocación“ porque el de la seguridad vial es ”un problema de enorme impacto social“.

Un pleno extraordinario del Parlamento de Galicia en julio de 2023 -tras las elecciones generales de aquel año- designó a José Manuel Baltar senador por la comunidad autónoma de Galicia. Por aquel entonces, el político del PP de Ourense acababa de anunciar que no optaría a presidir de nuevo la Diputación, tras semanas perseguido por su comportamiento temerario al volante de un coche del ente provincial, en el que la Guardia Civil lo detectó viajando a 215 kilómetros por hora. Tras conocerse que el Tribunal Supremo lo condena por aquellos hechos, el presidente de la Xunta y del PP gallego, Alfonso Rueda, confirma que no le va a reclamar su acta de senador.

En respuesta a varias preguntas sobre la situación de su compañero de partido, a quien el Supremo condena a un año y un día de retirada de carnet y le impone una multa de 1.800 euros como autor de un delito contra la seguridad vial, Rueda ha eludido pedirle responsabilidades políticas. “Mi intención no es pedírselo”, respondió sobre el asiento en el Senado.

Sobre las medidas internas que podría tomar el PP, Rueda recalcó que los estatutos del partido no implican que le tenga que exigir responsabilidades o imponer alguna sanción a Baltar. Ese documento recoge que una condena a un militante puede ser considerada una infracción muy grave, pero siempre que el delito sea, por su naturaleza o por las circunstancias en que se haya cometido, “incompatible con las obligaciones y deberes éticos establecidos” en los propios estatutos. Y esa valoración queda en manos del comité de derechos y garantías competente para el caso.

El “mensaje asociado” a lo ocurrido con Baltar es, para Rueda, que “tiene que cumplir la sentencia como cualquier persona que se somete a la acción de la Justicia”. El líder del PP gallego introdujo en su reacción una última apreciación dirigida a rebajar la gravedad de los hechos: “Simplemente recordar todo lo que se comentó sobre ese tema, en lo que se dijo que podían consistir las penas y, al final, lo que es la sentencia”.

Baltar, que era todavía presidente de la Diputación de Ourense cuando fue cazado a 215 kilómetros por hora en abril de 2023, se enfrentaba a la acusación de haber cometido un delito contra la seguridad vial, para el que se prevén penas de entre tres y seis meses de prisión o una multa de seis a 12 meses. La Fiscalía había pedido la pena mínima, que son los seis meses de multa que le ha impuesto el Supremo.

El Tribunal Supremo ha condenado al senador del PP, José Manuel Baltar, por conducir a 215 kilómetros por hora. El tribunal le considera autor de un delito contra la seguridad vial, le impone una multa de 1.800 euros y le retira el carnet de conducir durante un año y un día. Los jueces entienden que la acusación contra el expresidente de la Diputación de Ourense ha quedado probada “sin lugar a ninguna duda” y que la velocidad a la que iba, por encima de los 200 kilómetros por hora, es “una verdad incontestable”. Los guardias civiles, a los que su defensa acusó de diversas irregularidades, “actuaron siempre con diligencia” según el tribunal.

La Fiscalía había pedido que fuera condenado por un delito contra la seguridad vial a pagar una multa de 1.800 euros y que se le retirase el carnet de conducir durante un año, aunque se le descontara la sanción administrativa que ya pagó al momento cuando fue parado por la Guardia Civil. El Supremo explica que, en la fase posterior de ejecución de sentencia, “ineludiblemente” habrá que descontarle los 300 euros que ya pagó de multa.

El entonces presidente de la Diputación de Ourense y del PP provincial, tal y como reveló elDiario.es, fue cazado por un radar de la Guardia Civil el pasado mes de abril cuando conducía a 215 kilómetros por hora por un tramo de la A-52 a la altura de Zamora con un límite máximo de velocidad de 120 kilómetros por hora. El dirigente popular fue multado con 600 euros –abonó la mitad por pronto pago– y con la pérdida de seis puntos del carnet de conducir, pero el atestado fue puesto en manos de la Justicia por un posible delito contra la seguridad vial.

La defensa del hoy senador autonómico del PP por Galicia centró su estrategia durante el juicio en señalar los “errores” del atestado, algunos de ellos reconocidos por el propio fiscal, y también en deslizar que hubo una intención política detrás de su proceso penal. El letrado preguntó a varios guardias civiles implicados en el caso si tenían algún tipo de cercanía con cargos del socialismo gallego.

El Supremo, en sus hechos probados, explica que en un primer momento los agentes no tenían “los datos precisos sobre el margen de error del cinemómetro” que registró la velocidad de su coche, pero que dos días más tarde “se precisó” que el margen de error “era del 5%”, lo que ubicó a Baltar en los límites del Código Penal y no de una simple multa administrativa. Todos los guardias civiles tuvieron, a diferencia de lo que alegó Baltar en el juicio, “un comportamiento inobjetable desde el punto de vista de los derechos fundamentales”.

Los jueces explican que las penas de cárcel de este tipo de delitos están reservadas para casos excepcionales y especialmente graves, que no es el caso de Baltar. “Todavía más cuando no existen antecedentes penales en el sujeto infractor, se aplica con carácter general la pena de multa”, afirma la sentencia. La Sala de lo Penal dedica buena parte de la resolución a decidir si, como alegaba Baltar, no podía ser condenado si ya había sido multado: será en ejecución de sentencia cuando se decida si los 300 euros que pagó se le descuentan de la multa de 1.800 euros que acaban de imponerle.

El senador del PP José Manuel Baltar, presidente de la Diputación y del partido en Ourense durante más de una década, ha pedido la absolución en su juicio por conducir a 215 kilómetros por hora insinuando que el proceso penal contra él parte de una estrategia para sacarle de las instituciones. Su abogado, a lo largo del juicio celebrado este lunes en el Supremo, ha llegado a preguntar a los guardias civiles implicados si habían ascendido a instancias del PSOE. La Fiscalía ha pedido que sea multado y que se le retire el carnet de conducir durante un año.

Tal y como reveló elDiario.es el pasado mes de abril, un radar de la Guardia Civil detectó el coche que conducía José Manuel Baltar, entonces presidente de la Diputación de Ourense, a 215 kilómetros por hora en un tramo de la A-52, a la altura del municipio zamorano de Asturianos, en la que la velocidad estaba limitada a 120 kiómetros por hora. En un primer momento el caso se tramitó ante un juzgado de Zamora pero fue asumido por el Tribunal Supremo cuando Baltar abandonó la Diputación y fue designado senador autonómico por Galicia.

La velocidad a la que iba el vehículo justificó que Baltar fuera imputado por un delito contra la seguridad vial, pero también fue multado en ese momento por la Guardia Civil: una sanción administrativa de 600 euros que pagó y la retirada de seis puntos del carnet de conducir. A lo largo del proceso, la defensa de Baltar ha rechazado que se pueda someter al senador del PP en paralelo al proceso penal y a la sanción administrativa.

Ante los jueces y a preguntas de la Fiscalía, José Manuel Baltar ha negado que condujera a más de 200 kilómetros por hora. “Nunca superando los 200 kilómetros por ahora, el velocímetro del vehículo me lo advertiría, en ningún caso la aguja había superado los 200 kilómetros por hora”, ha afirmado. El político ha negado cuando el fiscal ha preguntado directamente si era posible que, en algún momento, “se le fue el pie” del acelerador.

El abogado de Baltar, a través de sus preguntas a varios testigos y al propio Baltar, ha intentado ligar el caso a una posible intencionalidad política de guardias civiles a los que vincula al PSOE en Galicia. Ha preguntando expresamente y en varias ocasiones a un Capitán de la Guardia Civil si fue ascendido en un proceso en que fue designado, precisamente, por la subdelegación del Gobierno, algo que él ha negado explicando que ascendió a través de un concurso de méritos.

Las preguntas del letrado han llevado a este mando policial a explicar que tuvo que pedir un traslado por la enfermedad que padecía uno de sus familiares: “No quería sacar el tema”, ha lamentado.

El abogado de Baltar también ha preguntado a buena parte de los guardias civiles que han testificado si ellos habían filtrado la información de su caso a los medios de comunicación o si sabían, al menos, quién había sido. Todos lo han negado. “Nadie bajo mi mando ha comunicado esto a nadie”, ha dicho uno de los mandos llamados a declarar por la defensa.

Ante la Sala de lo Penal, el fiscal del caso ha pedido que sea multado, que se le retire el carnet durante un año y que de ese dinero se descuente la multa que ya pagó en su momento de 600 euros. “Los guardias civiles han aclarado todos los puntos cuestionados”, ha dicho el representante del Ministerio Público poco antes de reconocer “los numerosos errores que contiene el asestado, nos sorprende que un atestado por un hecho tan simple contenga tantos errores”. Errores que, según la Fiscalía, no impiden condenar a Baltar. “Está acreditado con pruebas objetivas que conducía el vehiculo con un exceso de velocidad penalmente relevante”, ha concluido.

José Manuel Baltar se sentará en el banquillo del Supremo el próximo 13 de enero por un delito contra la seguridad vial. El tribunal ha fijado para ese día el juicio contra el senador del PP y expresidente de la Diputación de Ourense por conducir a 215 kilómetros por hora por una carretera en Zamora. La Fiscalía pide una multa de 1.800 euros para él además de un año de retirada del carnet de conducir. En el juicio, además del propio senador, tendrán que declarr los guardias civiles que realizaron el atestado.

Tal y como reveló elDiario.es en exclusiva, un radar de la Guardia Civil cazó al entonces presidente de la Diputación y del PP ourensano cuando conducía su coche a 215 kilómetros por hora por la A-52 a la altura del municipio zamorano de Asturianos. El político, hoy senador autonómico del PP, pagó una multa pero además fue denunciado por lo penal al haber superado holgadamente el límite de velocidad de 120 kilómetros por hora de esa carretera.

A lo largo del procedimiento Baltar ha intentado evitar el banquillo poniendo en duda la medición del radar de la Guardia Civil y alegando, también, que no puede ser juzgado por lo penal si ya pagó una multa en un procedimiento administrativo. Por el momento los jueces han rechazado estas alegaciones pero volverán a ser estudiadas durante el juicio que arranca en enero y su estrategia de defensa se desarrollará con pruebas como la declaración de los guardias civiles, la documental sobre la inspección de la carretera, el análisis del radar y el boletín de denuncia por exceso de velocidad.

La magistrada Ana Ferrer procesó a Baltar el pasado mes de junio. Un auto en el que la jueza explicó que su conducta, conducir a casi el doble del máximo permitido, es una de las actitudes “estadísticamente más arriesgadas para la seguridad en el tráfico rodado”. Conducir a esa velocidad, reprochó también la jueza, “incrementa inadmisiblemente el riesgo de daños personales y materiales”.

El caso de Baltar llegó al Tribunal Supremo después de una primera fase de tramitación en los juzgados ordinarios de Zamora. Su nombramiento como senador del PP por Galicia, designado por el partido de Alfonso Rueda, provocó que las diligencias se trasladaran a la Sala de lo Penal por su aforamiento.

La sucesión de hechos, colocados uno detrás de otro y en el correspondiente contexto político e histórico, resulta explosiva. Son cuatro décadas de salvaje política clientelar, corruptelas que a menudo acabaron en los juzgados, cargos heredados y un árbol genealógico del enchufismo, aplastantes mayorías absolutas, medios de comunicación adocenados, una provincia a la cola en los índices socioeconómicos, guerras intestinas y, siempre finalmente, uno de los cimientos más sólidos de la hegemonía del Partido Popular en Galicia. José Luis Baltar Pumar y su hijo José Manuel Baltar Blanco convirtieron la Deputación de Ourense en su finca particular, el lugar desde el que hicieron y deshicieron y repartieron a cambio de votos y prebendas. Solo la temeridad al volante del vástago, O Fillo, cazado a 215 por hora en un coche del ente provincial el año pasado, clausuró la dinastía caciquil por excelencia de los conservadores gallegos. Os Baltar (Morgante, 2024) es el libro que los periodistas Cristina Huete y Primitivo Carbajo dedican a explorar y sintetizar esta historia que es también la historia de cómo la derecha ha dominado la comunidad.

“No hubo inversiones. Y los enchufados eran tantos que las academias de la ciudad de Ourense no preparaban oposiciones a la Diputación, los puestos estaban dados”, relata a elDiario.es Cristina Huete. Sus informaciones publicadas en Faro de Vigo, La Voz de Galicia y, sobre todo, en El País son la base sobre la que se levanta Os Baltar. Y que le valieron numerosísimas demandas e imputaciones, incluso por vía penal, procedentes de la familia “y sus esbirros”. La denunciaban por una cosa y por la otra: recuerda que acabó en el banquillo por mencionar un nombre en un reportaje sobre la colección de coches deportivos y de época que almacenó Baltar Pumar. Le pedía 20.000 euros de fianza. Salió absuelta. “Me señalaban en redes sociales, me amenazaban... En un sitio pequeño como Ourense no es cómodo”, dice, “pero estaba segura de que era lo que tenía que hacer”.

Con Primitivo Carbajo coincidió en la desaparecida edición gallega de El País. La mirada de este sobre lo que sucedía en Ourense, más exterior, presenta ángulos complementarios. “El gran peligro es que el baltarismo quede como algo pintoresco”, argumenta, “cuando en realidad condicionaba la política gallega y era la clave para que el PP mantuviese la Xunta”. Más allá de la cabalística obsesión de O Fillo por el número siete -“en su libro Falemos de ourensanía menciona que Galicia y Ourense tienen siete letras”, ríe Carbajo- o del trombón del padre -“si no eres del PP, jódete, jódete”, acompañaba con el instrumento en las otrora gloriosas noches electorales-, los Baltar establecieron un sistema de control político, demediaron los procedimientos democráticos, violentaron los mecanismos de acceso al trabajo público y obtuvieron poder y beneficios materiales a cambio. Y sostuvieron primero a Fraga Iribarne y después a Núñez Feijóo en el Gobierno gallego. Mientras, la provincia chapoteaba en los furgones de cola de casi todos los medidores económicos y sociales. “Boinas y birretes eran el mismo perro con distinto collar”, resume Huete. Se refiere a los dos bandos que, durante años, dividieron al PP gallego: el sector rural, celoso de cierta autonomía respecto de Madrid, caracterizado como un reino de caciques, y el urbanita, neocón primero, después neoliberal y ahora en parte seducido por el trumpismo, centralista y españolizado.

De Falange a Coalición Galega y la absorción por el PP

El caso es que el Partido Popular de Ourense tiene su propia trayectoria, al margen de Alianza Popular. La reconstruyen Huete y Carbajo. En el principio fueron Falange, de cuyo Frente de Juventudes fue miembro destacado Baltar Pumar -es una de las revelaciones del libro-, y Eulogio Gómez Franqueira, el creador de Coren, procurador por el Tercio Familiar en las Cortes franquistas. La conjunción de las granjas cooperativas avícolas, la financiación de Caixa Ourense y las sucesivas marcas partidarias más o menos centristas fundadas tras la caída de la dictadura formaron un ecosistema político único. Acción Política Orensana, la primera de todas ellas, sería uno de los afluentes gallegos de UCD. De su descomposición nació Centristas de Ourense, núcleo al poco tiempo de Coalición Galega, la más acabada expresión de un nacionalismo gallego conservador. El partido llegó a enviar un diputado al Congreso en 1986, el primero nacionalista de Galicia desde la II República, y 11 al Parlamento autonómico. En 1987, prácticamente de la noche a la mañana, se desintegró. Pero esa es otra historia, aunque relacionada.

Baltar Pumar sería uno de los supervivientes del naufragio, a bordo de Centristas de Galicia, la formación con la que Victorino Núñez recuperó el viejo proyecto de Franqueira. Se encontraba impedido tras sufrir un ictus y Núñez había alcanzado la presidencia de la Diputación. Baltar fue su vicepresidente. Este magma autodenominado centrista y con veleidades autonomistas acabó absorbido por el PP de Fraga Iribarne. Y facilitó su primera mayoría absoluta, la de 1989, fruto de lo que algunos han denominado pucherazo. En la circunscripción de Ourense, precisamente. Lo menciona Os Baltar, claro: 5.000 votos sin escrutar y unas misteriosas sacas halladas dos meses después en una oficina de Correos. Victorino Nuñez pasó a ocupar la presidencia del Parlamento de Galicia en 1990 y Baltar Pumar ascendió a la presidencia de la Diputación. Solo se bajaría en 2012, y para cederle el sillón a su hijo, O Fillo.

De Baltar Pumar a Baltar Blanco y final a 215 por hora

“En la diputación y sus organismos ya se sientan enchufados hijos de los enchufados”, explica Huete. El relato de como la tela de araña del PP baltarista se fue extendiendo por la provincia es el núcleo de Os Baltar. “Más del 40% de los presupuestos de la Diputación se destinaba a pagar los salarios de los enchufados”, añade. Eso y la proliferación de corruptelas de menor o mayor tamaño. Carbajo, en todo caso, ironiza sobre la materia. “Dentro de las ilegalidades y las alegalidades del funcionamiento del baltarismo”, relata entre risas, “por lo menos repartían entre muchos. Los birretes son otra cosa. Mire Feijóo, su hermana, su cuñado su prima, todo muy próximo”. En el hospital Santa María Nai, dependiente del ente provincial -hasta que Fraga lo integró en el Sergas en una batalla intestina perdida por el PP ourensano-, Baltar Pumar llegó a colocar a más de 300 vecinos de Esgos y Nogueira de Ramuín, los ayuntamientos donde respectivamente había nacido en 1940 y donde fue alcalde entre 1976 y 1995.

Pero Baltar O Fillo no es Baltar, como decía la versión que Ico, cantante de O Sonoro Maxín, hizo del Bailar pegados de Sergio Dalma y que Huete y Carbajo usan como estribillo en la segunda parte del libro. En 2012, Baltar Blanco sucedió a Baltar Pumar al frente de la Diputación de Ourense. La bonhomía saltarina con la que Baltar padre adornaba su voluntad irrefrenable de poder político y económico no la había heredado su vástago. De mirada fría y gesto adusto, Carbajo asegura que tiene “ideas absolutamente peregrinas”. Su obsesión por el número siete o “idioteces” como la idea de elecciones provinciales entre ellas. Cristina Huete coincide. Lo resume con las etiquetas que, durante años, sintetizaron la fractura que recorrería la derecha gallega: “Es un birrete nacido de un boina”. Que además dilapidó el legado político de su padre. En abril de 2023, la Guardia Civil cazó a José Manuel Baltar Blanco a 215 kilómetros por hora al volante de un coche oficial de la Diputación. Fue el principio del fin de la dinastía caciquil por excelencia del PP gallego.

Baltar Blanco es ahora senador y el Supremo le ha abierto juicio por su temeridad como conductor. Alfonso Rueda, birrete e indudable exponente del sector centralista de los conservadores, aprovechó la circunstancia y logró lo que Feijóo no había logrado -lo intentara en 2011 y fracasó: deshacerse de Os Baltar. Ahora gobierna la Diputación Luis Menor, birrete, también del PP, por supuesto. “El PP de Ourense tiene una estructura rural muy fuerte” sobre la que los dos Baltares cimentaron su dominación, dice Huete, “pero si no la cuidan acabará por desaparecer”. En cualquier caso, ni ella ni su colega Carbajo perciben diferencias de fondo entre los declinantes boinas y los triunfantes birretes: “Se retroalimentaron. Mantuvieron el caciquismo. Feijóo intentó apartarlo y perdió y ya nunca le volvió a chistar”. Huete concluye, en todo caso, con una tesis arriesgada: el verdadero heredero de Baltar es Gonzalo Pérez Jácome, alcalde de Ourense, populista de derechas, y que “se ha atrincherado para hacer lo que no hizo el hijo, trapichear con los votos”. La provincia, entre tanto, no sale de la depresión.

Más de 10 millones de euros en más de 210 adjudicaciones de distintas Administraciones desde 2018. Son los contratos públicos obtenidos por empresas del gallego César Blanco, dirigente de Cepyme que formó parte de la Ejecutiva del PP de Ourense del polémico José Manuel Baltar, presidente de la Diputación de esa provincia hasta julio de 2023.

Con una firma en Panamá, las sociedades en España de este empresario del negocio de la formación y las agencias de colocación han recibido desde 2020 más de 86 millones en subvenciones. Esto le sitúa a la cabeza en el ranking de ayudas públicas a empresas de formación, con varias de sus sociedades entre las más subvencionadas de España en 2023. A esa lluvia de subsidios se suman más de 10 millones en adjudicaciones. La cifra, una estimación conservadora, incluye un centenar de contratos menores y encargos a uniones temporales de empresas (UTE) formadas por sociedades de Blanco.

La más beneficiada, con al menos 3,6 millones en adjudicaciones desde 2018, es Academia Postal 3 Vigo, muy conocida en Galicia y que comparte al 50% con Francisco Nóvoa, fundador y cara visible del Grupo Academia Postal. Especializada en formación de opositores y con servicios de agencia de colocación, esta sociedad ha recibido subvenciones de 19,9 millones solo desde 2020.

Al menos 2,4 millones en contratos ha recibido G12 Grupo Empresarial, 100% de César Blanco y sus hijos y subvencionada con más de 29 millones desde 2020. Más de 688.000 en contratos ha cosechado desde 2018 Moba Skill Training SL, antes denominada Monte Blanco Agraria Gallega SL, subvencionada con más de 24 millones desde 2020.

Otra de sus empresas, Educatic Gap Pue SL, acumula más de 13 millones en ayudas públicas desde 2020 y más de 547.000 euros en contratos desde 2018. El resto son adjudicaciones para otra de sus mercantiles, Clictic, y para distintas UTEs, hasta llegar a esos más de 10 millones.

La cifra real adjudicada a las empresas de Blanco muy probablemente supere esa cantidad: parte de la información en la rudimentaria web del portal de contratación del Estado solo abarca hasta marzo de 2018. Y en algunos casos son acuerdos marco en los que se pacta el precio de los servicios que se prestarán, por lo que se desconoce el importe cobrado por cada empresa, ya que el criterio de adjudicación que se publica es el precio por hora de sus cursos.

Es el caso del acuerdo marco para impartir cursos de formación para el empleo mediante la modalidad de cheque formación, en la familia profesional de comercio y marketing, que adjudicó la Comunidad de Madrid en mayo de 2019. Academia Postal 3 Vigo estuvo entre las adjudicatarias de 8 de los 19 lotes. El concurso seleccionó a otras 36 empresas y entidades, y estaba valorado globalmente en casi 3 millones.

Esta cifra no se ha tenido en cuenta en esa estimación de 10 millones. Otros acuerdos marco en los que han sido adjudicatarias sus empresas son los del Cabildo de Lanzarote (valorado en 400.000 euros) o el Gobierno de Navarra.

El contrato de mayor importe, 2,29 millones, es un servicio de “alfabetización digital de personas trabajadoras contratadas en el marco del Plan de Fomento del Empleo Agrario y zonas deprimidas en Extremadura” que el Ministerio de Trabajo adjudicó a Academia Postal 3 Vigo en abril de 2022. A continuación figura una licitación ajena a las áreas en las que Blanco es especialista: un servicio de alquiler de licencias de software “para entornos Bigdata” con destino a la Agencia Tributaria.

El Ministerio de Hacienda lo adjudicó en octubre por 1,18 millones (más IVA) a una UTE formada por Clictic y G12, ambas de César Blanco, y una firma madrileña de software, Pue Data SL, sin aparente relación con él y contratista habitual de la Xunta de Galicia o la Comunidad de Madrid. El contrato se adjudicó por el procedimiento “restringido”, al que solo pueden acudir las firmas admitidas previamente. Fue la oferta “más ventajosa” de las tres que se presentaron. La identidad de sus competidoras es “confidencial”, según Hacienda. Pue Data SL no ha respondido a las preguntas de elDiario.es

Blanco ha utilizado varias UTEs para optar a contratos públicos. En 2022, G12, Academia Postal 3 Vigo, Educatic Gap Pue y Moba Skill Training se adjudicaron, en UTE o en solitario, un tercio de los lotes de un concurso para impartir cursos de formación en los centros de la Consellería de Emprego e Igualdade de la Xunta de Galicia por 1,357 millones. 

Lo hicieron en solitario (Academia Postal 3 Vigo, Educatic Gap Pue) o mediante UTEs que algunos casos formaban empresas de Blanco. En el lote que logró Educatic por 172.774,2 euros, competía con otra UTE formada por otra empresa del grupo Academia Postal (Academia Postal 6 La Coruña SLU). Otra UTE ganadora la formaban G12 y la Asociación Galega de Emprendedores (Agaemp), que junto a su homóloga de Castilla y León integra la Federación Española de Emprendedores (Fedemp), presidida, según su web, por César Blanco. La sede de Fedemp está en las oficinas en Madrid del Grupo Academia Postal.

En la primavera de 2021, en un concurso de la Diputación de Pontevedra, entonces presidida por la socialista Carmela Silva, para medidas de “inserción de las personas más vulnerables”, empresas de Blanco coparon seis de los catorce lotes. Recibieron contratos por 621.548 euros para ocuparse de gestionar llamadas de teleasistencia o de la atención sociosanitaria a personas dependientes en Vigo o Pontevedra, área que el empresario conoce bien como tesorero de Aspanaex, con larga tradición en la atención a discapacitados intelectuales allí y que ha recibido subvenciones millonarias. Otra adjudicataria fue la Confederación Provincial de Empresarios de Pontevedra, a la que Blanco lleva años vinculado.

El grueso de las contrataciones a empresas de este ex cargo del PP ourensano son cursos de lo más diverso, en gran parte con contratos menores. Cursos de idiomas, de cocina (para el Ayuntamiento de Madrid), igualdad de género (para la Diputación de Ourense), “Transparencia y buen gobierno” (para Hacienda), contratación pública (Comunidad de Madrid), “gestión de subvenciones” o “Ejecución del Gasto Público” para el Ministerio del Interior; “uso no sexista del lenguaje” para el Ministerio de Economía, mejora de la redacción de documentos administrativos (para la Diputación de Castellón)… 

Sus empresas pasaron de recibir 2,4 millones en ayudas públicas en 2020 a 38,5 millones en 2023. En paralelo a esta explosión de subsidios, Blanco reactivó en 2022 una sociedad en Panamá que administra desde 2012 con sus hijos. Actualmente participa en esas sociedades en España a través de una firma creada en Madrid en diciembre de 2021, Doce Blar SL, que a cierre de 2022 (último ejercicio del que presentó cuentas) tenía tres accionistas: él mismo (24,72%) y sus hijos Brais y Antía Blanco, con un 37,64% cada uno.

En ella César Blanco ejerce como presidente y consejero delegado y su hijo Brais Blanco es consejero y secretario. Este último fue socio en una inmobiliaria (Torroña SL) junto al promotor Delio Santalices, hermano del presidente del Parlamento de Galicia desde 2016, Miguel Santalices. Ambos liquidaron la empresa en 2021. Y en mayo de este año, una empresaria del ocio nocturno en Vigo relacionó a ambos con una extraña operación inmobiliaria en la que perdió propiedades millonarias por no pagar una multa de 15.000 euros a la Xunta.

“Se llevaron todas mis propiedades, valoradas en unos 3 millones, por cuatro duros los señores Delio Santalices Vieira, hermano del presidente del Parlamento gallego, Brais Blanco Rodicio y Alfonso Cid Rodríguez. Ahora tienen a la venta la finca del Niu Port en Sabarís en portales inmobiliarios por 1,2 millones”, contó esta empresaria a Faro de Vigo.

Reactivada

Poco después de crearse Doce Blar SL, en mayo de 2022, en Panamá se reactivó Blarsl Corp, constituida en 2012 y administrada desde entonces por César (presidente), Brais (tesorero) y Antía Blanco (Secretaria), los tres con domicilio en un chalé en Vigo. Cinco meses antes, la madrileña Doce Blar SL empezó a tomar el 100% de varias empresas de la familia en España. 

Entre ellas, un nombre destacado en el listado de sociedades subvencionadas con al menos 100.000 euros que publicó recientemente Hacienda para cumplir la Ley de Transparencia, Monte Blanco Agraria Gallega SL, actual Moba Skill. Esta firma se creó en 2004 en Nogueira de Ramuin (Ourense), en la Ribeira Sacra, y cuya patronal local, Aenor, preside César Blanco.

En 2013 el BNG advirtió de una “posible trama” de alcaldes del PP en Ourense para adjudicar a dedo la contratación de las brigadas municipales de extinción de incendios a empresas vinculadas al partido. Una de las elegidas era Monte Blanco Agraria Gallega SL, que César Blanco administra desde que la creó hace 20 años. 

El empresario se identifica en su perfil en LinkedIn como administrador en Academia Postal 3. Es diplomado en Empresariales, Informática de Gestión por la Universidad de Vigo, de cuyo Consejo Social es miembro desde 2012, primero a propuesta de la Xunta y desde 2021 a elección de las organizaciones empresariales.

A sus negocios con la formación o las agencias de colocación suma una amplia experiencia en el sector inmobiliario, con una franquicia de la cadena Re/Max en Vigo. De hecho Blanco presidió la patronal del sector en esa ciudad, Asemi. Miembro del comité Ejecutivo de la patronal Cepyme desde junio de 2014, es vicepresidente de la Confederación Empresarial de Ourense (CEO), que aspiró a presidir hace una década. 

Fue un fijo del Comité Ejecutivo Provincial del PP de Baltar en Ourense. Como secretario ejecutivo de Formación, puso en marcha en 2011 su escuela de verano. José Manuel Baltar heredó la presidencia de la diputación en 2012 de su padre, José Luis Baltar, el autodenominado “cacique bueno”, en una sucesión dinástica inédita en la España democrática. Sobre el todavía senador del PP, pendiente de juicio en el Tribunal Supremo por conducir a 215 kilómetros por hora, siempre planeó la sombra del nepotismo y las redes clientelares.

César Blanco no ha atendido las repetidas llamadas de este medio. Ocho días después de publicarse esta información, ha remitido una nota a esta redacción en la que indica: “Hemos sido adjudicatarios de contratos con las administraciones públicas en todos sus niveles en 10 comunidades autónomas, de todas las orientaciones políticas: PP, PSOE, Podemos, Sumar, BNG, PNV...también con organizaciones de todo tipo, como CCOO y UGT”.

Blanco subraya que su grupo empresarial “ha estado dedicado al ámbito de la formación durante más de 34 años. 2.000 contratos anuales que se ejecutan en los 28 centros formativos que tenemos en 10 comunidades autónomas (no solo en Galicia). Como dato destacable, la cifra de alumnos formados que han pasado por nuestras aulas ascendió a más de 70.000 solo en el año 2023”.

Blanco atribuye el incremento de sus cifras de negocio “al aumento exponencial de los fondos públicos en formación tras la pandemia Covid-19, y a la especialización en este tipo de formación. Por supuesto, también ha influido la profesionalidad de nuestros centros y profesores que hacen que seamos empresa de referencia en la formación”.

“El sector depende mayoritariamente de la colaboración con las Administraciones Públicas, que destinan varios miles de millones de euros al año a esta actividad. En el 2023, se formaron en España más de 5 millones de personas (en paro y con empleo)”.

Respecto a la empresa que mantiene activa en Panamá, “hemos trabajado en muchos proyectos de formación en varios países de América Latina a lo largo de muchos años; en Panamá intentamos abrir negocio, pero no fue posible. Reactivamos la compañía después tiempo inactiva por el simple hecho de poder cerrarla, en cuyo proceso estamos inmersos”. 

Más de 86 millones de euros en subvenciones públicas, una empresa en el paraíso fiscal de Panamá, cargos en diversas patronales y un puesto en la ejecutiva del PP del polémico José Manuel Baltar, presidente de la Diputación de Ourense de 2012 a 2023.

Es el perfil del gallego César Blanco Gómez, responsable Ejecutivo de Formación del PP ourensano en toda la época de Baltar al frente del partido, desde enero de 2010. Una etapa a la que no se ha dado carpetazo hasta el pasado julio, con la elección al frente del partido en la provincia de Luis Menor, sucesor de Baltar en la diputación tras 33 años del conocido como “baltarismo”.

Según datos del Ministerio de Hacienda, las empresas de César Blanco están a la cabeza en la recepción de ayudas públicas al sector de la formación en 2023 en España. Un análisis de elDiario.es refleja que más de la mitad de las mayores subvenciones concedidas el año pasado fueron para solo 100 empresas. Casi todas multinacionales, pero también alguna pyme, como las de César Blanco.

Solo desde 2020, sus empresas de formación han recibido al menos 86,3 millones en ayudas: 61 millones del Estado y el resto de varios gobiernos autonómicos, entre los que destacan Xunta de Galicia (14,6 millones) y Comunidad de Madrid (8,17 millones). Cuatro de sus empresas pasaron de recibir 2,4 millones en subvenciones en 2020 a 38,5 millones en 2023. En paralelo a esta explosión de subsidios, el empresario reactivó en 2022 una sociedad en Panamá que administra desde 2012 con sus hijos. César Blanco, que es miembro del comité Ejecutivo de la patronal Cepyme desde junio de 2014, ha declinado atender a elDiario.es. Sus empresas también han rechazado hacer comentarios.

Blanco participa actualmente en esas sociedades a través de una firma creada en Madrid en diciembre de 2021, Doce Blar SL, que a cierre de 2022 (último ejercicio del que presentó cuentas) tenía tres accionistas: él mismo (24,72%) y sus hijos Brais y Antía Blanco, con un 37,64% cada uno.

En ella César Blanco ejerce como presidente y consejero delegado y Brais Blanco es consejero y secretario. Su actividad es la de “actividades de Intermediación en operaciones con valores y otros activos”. En sus últimas cuentas, de 2022, declaró activos de 8,5 millones, cero empleados y una facturación de algo menos de 175.000 euros. 

Poco después de crearse Doce Blar SL, en mayo de 2022, se reactivó en Panamá la firma Blarsl Corp, constituida en 2012 y administrada desde entonces por César Blanco (presidente), Brais Blanco (tesorero) y Antía Blanco (Secretaria), los tres con domicilio en un chalé en Vigo. Blarsl Corp estuvo años aparentemente inactiva: en 2017 el Gobierno panameño la inhabilitó (lo que implicó suspenderla y prohibirle inscribir ningún acto corporativo) junto a más de 10.000 sociedades morosas por no pagar durante tres años las tasas que abonan las sociedades inscritas allí.

Le pasó lo mismo que a Insumos Médicos del Pacífico, firma panameña que administró hasta 2022 Alberto González Amador y que creó un directivo del grupo sanitario Quirón clave en el pelotazo que la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid dio por intermediar en la venta de mascarillas a una empresa gallega. Tras años suspendida, Blarsl Corp se reactivó el 6 de mayo de 2022, un día después de que sucediera lo mismo con la sociedad que la pareja de Ayuso administró en Panamá mientras defraudaba a Hacienda.

Cinco meses antes de reactivarse esa empresa panameña administrada por César Blanco, la madrileña Doce Blar SL empezó a tomar el 100% de varias de sus empresas. Entre ellas, un nombre destacado en el listado de sociedades subvencionadas con al menos 100.000 euros que publicó recientemente Hacienda para cumplir la Ley de Transparencia, Monte Blanco Agraria Gallega SL.

Rebautizada como Moba Skill Training, esta firma ha recibido desde 2020 más de 24 millones en ayudas públicas para formación, según datos de Hacienda. La empresa figura en los listados de especialidades formativas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) con cursos de Excel Avanzado, Ofimática o Habilidades Directivas y Gestión de Equipos, entre otros. Su web promociona cursos de gestión de crisis alimentarias, farmacología básica o mantenimiento eléctrico. Se presenta como “el centro líder de formación subvencionada por diferentes administraciones públicas”.

“En nuestro portal podrás encontrar un amplio catálogo de cursos online gratis de distintos sectores laborales para trabajadores, autónomos y desempleados que deseen mejorar o actualizar su perfil profesional. Todos nuestros cursos son 100% gratuitos, con diploma acreditativo y flexibilidad horaria”.

Esa web recoge testimonios de ex alumnos de sus programas. Un tal Pedro Sánchez afirma: “Antes de inscribirme en el curso de Transporte y Logística, me sentía estancado en mi carrera”. El teléfono de contacto de la web de Moba Skill coincide con el del Instituto Culinario Galego, escuela de cocina en Vigo cuya marca tiene registrada. La empresa facturó en 2021, último año en el que presentó cuentas, menos de 395.000 euros. Sin empleados, sus activos se triplicaron ese año, hasta 4,8 millones.

Moba Skill, antes Monte Blanco Agraria Gallega SL, se creó en 2004 en Nogueira de Ramuin (Ourense), municipio de la Ribeira Sacra cuya patronal local, Aenor, preside César Blanco. En 2013 el BNG advirtió de una “posible trama” de alcaldes del PP en Ourense para adjudicar por vía urgente y mediante el procedimiento negociado sin publicidad la contratación de las brigadas municipales de extinción de incendios a empresas vinculadas al partido. Una de ellas era Monte Blanco Agraria Gallega SL, de César Blanco, su administrador único desde que la creó hace 20 años. 

“Soluciones innovadoras”

También pertenece a Doce Blar la firma G12 Grupo Empresarial de Servicios SL, que solo en 2023 recibió 10,3 millones en ayudas públicas y se ha embolsado 29,26 millones en subvenciones entre 2020 y 2024. La mayor parte, 17,8 millones, del Estado, mas otros 6,95 millones de la Xunta, 2,14 millones de la Comunidad de Madrid o 1,4 millones de la Comunitat Valenciana.

En su web, G12 se define como “grupo empresarial de servicios” como consultoría o “agencia de colocación”. “Una entidad especializada en la prestación de servicios orientados al desarrollo del capital humano en las organizaciones, tanto para el sector público como privado, ofreciendo soluciones innovadoras y de calidad, y apostando por un uso intensivo de las nuevas tecnologías como eje principal de nuestra política de gestión y prestación de servicio”. Su teléfono de contacto es el mismo que el de Moba Skill y esa escuela de cocina en Vigo, la ciudad donde está domiciliada.

G12 multiplicó en 2023 sus activos. Pasaron de 6,8 millones a 22,63 millones, según sus últimas cuentas, accesibles a través de Insight View. Sin empleados, pasó de facturar 3,72 millones a 6,91 millones, con un beneficio de 800.623 euros. Y, como Moba Skill, en enero de 2022 pasó a tener como dueño a Doce Blar SL.

Academia Postal

Esta empresa también participa en el grupo Academia Postal, muy conocido en Galicia y miembro de la Asociación Estatal de Grandes Empresas de Formación (AEGEF). Doce Blar tiene el 50% de Academia Postal 3 Vigo, SL. Especializada en la formación de opositores, con más de 23.000 alumnos aprobados, según su web, y también con servicios de agencia de colocación, ha recibido 19,9 millones en subvenciones desde 2020, según Hacienda. En 2023 facturó un récord de 3,56 millones, un 117% más. Con 86 empleados, sus activos pasaron de 3,69 millones a 9,35 millones. Academia Postal tampoco ha querido atender a este medio.

César Blanco ejerce en Academia Postal 3 Vigo SL como administrador mancomunado junto a Brais Blanco y al dueño del restante 50%, el conocido empresario gallego de la formación Francisco Nóvoa. Ya octogenario, Nóvoa fundó Academia Postal en 1968. Siendo funcionario en Correos, donde llegó a ser jefe provincial, empezó a preparar opositores en casa de una de sus alumnas. Su nombre se dio por seguro en 2014 como candidato del PP a la alcaldía de su Maceda natal (Ourense), donde es hijo predilecto. Finalmente el elegido fue Rubén Maceda, alcalde hasta 2023.

Nóvoa y Doce Blar SL también comparten al 50% Educatic Gap Pue SL, que en su web se anuncia como una escuela superior informática en Vigo sin aparente relación con Academia Postal. Desde 2020 ha recibido casi 14,4 millones en subvenciones procedentes en su mayoría del Estado, la Comunidad de Madrid y la Xunta.

Otra participada de Doce Blar es Atlántica Inversiones Universitarias, dedicada a “educación universitaria” y en la que no constan subvenciones. En esta empresa también son accionistas dos de las sociedades que más subvenciones a la formación reciben en España: la también gallega Grupo Método y la malagueña Coremsa. El representante de Doce Blar en Atlántica es el hijo de César Blanco. Brais Blanco, que tampoco ha querido atender a elDiario.es, fue socio en una inmobiliaria (Torroña SL) junto al promotor Delio Santalices, hermano del presidente del Parlamento de Galicia desde 2016, Miguel Santalices. Ambos liquidaron la empresa en 2021.

César Blanco se identifica en su perfil en LinkedIn como administrador en Academia Postal 3. Es diplomado en Empresariales, Informática de Gestión por la Universidad de Vigo, de cuyo Consejo Social es miembro desde 2012, primero a propuesta de la Xunta y desde 2021 a elección de las organizaciones empresariales.

El empresario fue un fijo del Comité Ejecutivo Provincial del PP de Baltar en Ourense. Como secretario de Formación, puso en marcha en 2011 su escuela de verano. José Manuel Baltar heredó en 2012 de su padre, José Luis Baltar, el autodenominado “cacique bueno”, la presidencia de la diputación, en una sucesión dinástica inédita en la España democrática. Sobre el todavía senador del PP, pendiente de juicio en el Tribunal Supremo por conducir a 215 kilómetros por hora, siempre planeó la sombra del nepotismo y las redes clientelares.

A sus negocios con la formación o las agencias de colocación César Blanco suma una amplia experiencia en el sector inmobiliario, con una franquicia de la cadena Re/Max en Vigo. También ejerce como tesorero en Aspanaex, asociación viguesa que, según su web, funciona “desde 1963 para mejorar la calidad de Vida de las Personas con Discapacidad Intelectual y de sus familias”, con un centro de educación concertado, otro de día y otro ocupacional. Según Hacienda, Aspanaex ha recibido 2,36 millones en subvenciones de la Xunta, la Diputación de Pontevedra y el Ayuntamiento de Vigo desde 2020. 

26 días después de publicarse esta información, César Blanco ha remitido una nota a esta redacción en la que indica que su grupo empresarial “ha estado dedicado al ámbito de la formación durante más de 34 años. 2.000 contratos anuales que se ejecutan en los 28 centros formativos que tenemos en 10 comunidades autónomas (no solo en Galicia). Como dato destacable, la cifra de alumnos formados que han pasado por nuestras aulas ascendió a más de 70.000 solo en el año 2023”.

Blanco atribuye el incremento de sus cifras de negocio “al aumento exponencial de los fondos públicos en formación tras la pandemia Covid-19, y a la especialización en este tipo de formación. Por supuesto, también ha influido la profesionalidad de nuestros centros y profesores que hacen que seamos empresa de referencia en la formación”.

“El sector depende mayoritariamente de la colaboración con las Administraciones Públicas, que destinan varios miles de millones de euros al año a esta actividad. En el 2023, se formaron en España más de 5 millones de personas (en paro y con empleo)”.

Respecto a la empresa que mantiene activa en Panamá, “hemos trabajado en muchos proyectos de formación en varios países de América Latina a lo largo de muchos años; en Panamá intentamos abrir negocio, pero no fue posible. Reactivamos la compañía después tiempo inactiva por el simple hecho de poder cerrarla, en cuyo proceso estamos inmersos”. 

El presidente popular de Galicia, Alfonso Rueda, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han arropado este sábado al expresidente provincial y actual senador, José Manuel Baltar, después de que el Tribunal Supremo abriera hace unos días un juicio oral contra él por conducir a 215 kilómetros por hora. La Fiscalía le atribuye un delito contra la seguridad vial y pide para él una multa y la retirada del carnet durante un año.

“Errores tenemos todos y los aciertos no son tan fáciles”, ha expresado públicamente Rueda durante el Congreso provincial del PP ourensano. Los populares celebraban la proclamación de Luis Menor, hasta ahora alcalde de Pereiro de Aguiar, como nuevo presidente de la Deputación de Ourense. Menor sustituye así a Baltar en el cargo a criterio de Rueda y Feijóo, que impusieron la decisión a principios de mes. Ambos dirigentes se han fundido en un abrazo con Baltar y han tenido palabras de agradecimiento par él durante sus intervenciones desde el atril.

“Quiero hacer un reconocimiento muy especial, porque lo merece, para el trabajo que hizo José Manuel Baltar durante tantos años”, ha aseverado el dirigente gallego. Baltar se ha levantado de su asiento para mostrar su agradecimiento y recibir el aplauso de parte del público asistente.

Ana Ferrer, magistrada del Tribunal Supremo, dictó el auto de apertura de juicio oral a Baltar por un delito contra la seguridad vial: conducía a 215 kilómetros por hora en la autovía A-52 en un tramo en el que la velocidad máxima era 120 de kilómetros por hora. Fue multado en el momento y, además, el atestado provocó la apertura de un proceso penal. Ferrer, que ha investigado el caso, no tiene dudas de que el senador del PP debe sentarse en el banquillo. Su conducta, si se declara probada en una sentencia, es una de las “estadísticamente más arriesgadas para la seguridad en el tráfico rodado”. Actitudes como la de Baltar, conduciendo a casi 100 kilómetros por hora por encima de lo permitido en este tramo, “incrementa inadmisiblemente el riesgo de daños personales y materiales”. 

Feijóo ha reconocido también el trabajo de la dirección saliente “por gestionar el partido con acierto” y entregar el relevo “con una enorme generosidad para que Ourense siga siendo el principal partido de la provincia”. “Gracias, senador Baltar, a todo el equipo que ha traído al partido hasta aquí”, ha subrayado el líder del PP nacional.

La Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo que multe con 1.800 euros al Senador del PP, José Manuel Baltar, y que le quite el carnet de conducir durante un año tras ser cazado por un radar de la Guardia Civil a 215 kilómetros por hora. El Ministerio Público solicita para él una condena similar a la que ya pidió cuando, antes de estar aforado, el caso contra el expresidente de la Diputación de Ourense se tramitaba en un juzgado de Zamora. Le atribuyen un delito contra la seguridad vial.

Tal y como reveló elDiario.es, un radar de la Guardia Civil pilló a José Manuel Baltar conduciendo un coche de la Diputación de Ourense que entonces presidía a 215 kilómetros por hora en un tramo de la A-52 en Zamora por el que, como máximo, se podía circular a 120 kilómetros por hora. Fue multado en el momento y, además, el atestado provocó la apertura de un proceso penal.

El caso empezó a tramitarse en un juzgado de Zamora pero fue enviado al Tribunal Supremo después de que Baltar fuese nombrado Senador a propuesta del Parlamento de Galicia. Una vez ante la Sala de lo Penal, usó sin éxito dos argumentos para evitar el juicio: que ya había sido multado y eso impedía condenarle también por lo penal, y además que la Guardia Civil no había podido acreditar a qué velocidad iba.

El Supremo, por el momento, no ha estimado esos argumentos y este jueves anunció la apertura de juicio oral contra él. Un movimiento que llegaba después de que la Fiscalía pidiera sentarle en el banquillo por un delito contra la seguridad vial.

El escrito de acusación del Ministerio Público declara probado que sí iba a esa velocidad y que el margen de error del 5% que suele aplicarse a ese tipo de radares tampoco le salva del banquillo. Pide que sea multado con 1.800 euros, aunque también permite que se le descuente la multa de 600 euros que ya pagó por la vía administrativa.

También solicita que se le retire el carnet de conducir durante un año y un día. Su procedimiento sancionador, explica la Fiscalía, está “suspendido a la espera de que concluya el proceso penal” que tramita el Supremo.

El Tribunal Supremo ha anunciado la apertura de juicio oral contra José Manuel Baltar, senador y expresidente de la Diputación de Ourense por el PP, por conducir a 215 kilómetros por hora. Los jueces explican que, además, la Fiscalía ha pedido que sea condenado al atribuirle un delito contra la seguridad vial, como ya hizo cuando el caso se tramitaba ante un juzgado de Zamora.

Tal y como reveló elDiario.es, el todavía entonces presidente de la Diputación de Ourense fue cazado por la Guardia Civil en abril del año pasado cuando circulaba a casi el doble de la velocidad permitida en la A-52 a la altura del municipio zamorano de Asturianos. La Guardia Civil le impuso una sanción administrativa que pagó, pero los tribunales también abrieron un proceso penal contra él por un posible delito contra la seguridad vial por conducir a 215 kilómetros por hora en un tramo con una velocidad máxima permitida de 120.

El caso empezó a tramitarse en un juzgado de instrucción de Zamora pero saltó al Tribunal Supremo cuando Baltar, tras dejar la Diputación que presidía desde 2011, fue elegido senador por el PP a propuesta del Parlamento de Galicia, donde el partido ostenta mayoría absoluta. Una vez en el Supremo, Baltar intentó sin éxito evitar el juicio alegando que la causa penal era incompatible con la multa que ya había pagado y cuestionando que el radar le hubiera cazado efectivamente a 215 kilómetros por hora.

La Fiscalía ha pedido que sea condenado, aunque por el momento no ha anunciado a qué cantidad de multa y con qué perdida de carnet de conducir para el hoy senador. Fue cazado por un cinemómetro de la Guardia Civil “circulando a la velocidad de 215 kilómetros por hora, siendo la máxima permitida en este punto de 120 km/h”, explica la Fiscalía. Incluso aplicando un margen de error del 5%, sigue estando por encima de los límites legales.

Fuentes del caso explican a este periódico que la defensa de Baltar que el senador ha rechazado la apertura de juicio oral alegando algunos argumentos que ya ha puesto encima de la mesa a lo largo del proceso: que el asunto ya quedó resuelto con la multa que pagó por la vía administrativa y que, además, las pruebas del caso no demuestran que efectivamente fuera a 215 kilómetros por hora en ese momento.

El actual presidente de la gestora del PP en la provincia de Ourense, Luis Menor, ha presentado este miércoles 1.583 avales en apoyo a su candidatura a continuar al frente de la formación en el próximo congreso provincial extraordinario, que se celebrará el próximo 13 de julio.

La candidatura del también presidente de la Diputación de Ourense y alcalde de Pereiro de Aguiar será la única en el congreso provincial que certificará el cierre definitivo de la era de los Baltar.

El plazo para presentar los avales necesarios cerraba este jueves, justo el día en el cual ha trascendido que la juez del Tribunal Supremo propone juzgar al ahora senador del PP José Manuel Baltar, expresidente de la Diputación de Ourense y del partido en esta provincia, por un delito contra la seguridad vial por supuestamente conducir un coche a 215 kilómetros por hora en la autovía A-52 en 2023.

Tras hacer entrega de los avales a la comisión organizadora del Congreso, Menor ha querido expresar su agradecimiento a todos los afiliados que, con su firma, confían en su propuesta para “llevar al Partido Popular de Ourense a lo más alto” y “a consolidarse como una alternativa política útil y de gobierno serio y responsable para Ourense”.

“Una transición modélica”

En este sentido, Menor ha hecho un recorrido por su trayectoria a lo largo de los siete meses desde que aceptó la responsabilidad de dirigir el partido, en un período de transición tras la salida de José Manuel Baltar, presidiendo una gestora que, ha dicho, “con las limitaciones propias de un órgano provisional” logró “dos importantes triunfos electorales y movilizar masivamente a militantes y simpatizantes”.

Es por ello que ha ensalzado que la victoria en las urnas, así como la respuesta de los populares ourensanos a sus propuestas, han sido “una motivación extra para dar el paso” y presentarse a la presidencia de un partido en el que “se ve ilusión, dosis de entusiasmo y ganas de colaboración y trabajo”.

El congreso, que se celebrará el próximo 13 de julio en el Pazo dos Deportes Paco Paz, en la capital ourensana, cierra, en palabras de Luis Menor, “una transición modélica en el Partido Popular de Ourense”, con la puesta en marcha de un equipo de dirección “legitimado por los afiliados” y “dispuesto a demostrar que, lo que verdaderamente le importa a esta formación es Ourense”.

El plazo para presentar candidaturas terminaba a las 14.00 horas y la de Luis Menor ha sido la única, por lo que a falta de la ratificación en el próximo congreso provincial, Menor se convertirá en el presidente del Partido Popular ourensano, aunque la campaña electoral interna la realizará igualmente entre el 22 de junio y el 3 de julio.

El Tribunal Supremo ha dejado a José Manuel Baltar, senador del PP y expresidente de la Diputación de Ourense, a un paso del banquillo por conducir a 215 kilómetros por hora. La magistrada que ha investigado el caso ha decidido procesar al político por un delito contra la seguridad vial y ha preguntado a la Fiscalía si debe abrir juicio oral contra él. El Ministerio Público ya pidió su condena cuando el caso se tramitó ante un juzgado de Zamora, antes de que fuera elegido senador y quedara aforado ante el Tribunal Supremo.

Tal y como reveló elDiario.es, agentes de la Guardia Civil pararon el coche de la Diputación de Ourense que conducía Baltar en abril de 2023 a 215 kilómetros por hora. Una velocidad que casi duplicaba el máximo permitido de 120 kilómetros por hora en ese tramo de la A-52 en la provincia de Zamora en sentido Madrid. Fue sancionado pero, además, los agentes abrieron un atestado por un presunto delito contra la seguridad vial.

Baltar pagó la multa y además se enfrentó a un proceso penal que arrancó en un juzgado de la localidad zamorana de Puebla de Sanabria, diligencias que fueron enviadas a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo cuando Baltar dejó la Diputación y fue elegido senador con el Partido Popular. Un proceso judicial en el que Baltar, sin éxito, ha intentado evitar el banquillo con dos argumentos: que si fue multado por la vía administrativa ya no puede ser condenado por lo penal, y cuestionando también que realmente condujese a 215 kilómetros por hora.

Sus argumentos no evitaron que la magistrada instructora, Ana Ferrer, abriera una causa contra él y pidiera el suplicatorio a la cámara baja para poder juzgarle. Tampoco han evitado que, una vez concedido el permiso por parte del Senado con el voto de su propio partido, haya puesto en marcha los trámites para que se siente en el banquillo: procesado por un delito contra la seguridad vial, el paso previo a la apertura de juicio oral y la celebración del propio juicio.

El primer paso será que la Fiscalía explique si cree que Baltar debe ser juzgado y condenado, algo que ya ha expuesto en el pasado. Cuando el caso se tramitó ante un juzgado de Zamora, el Ministerio Público llegó a pedir que fuera multado y que se quedara un año sin carnet de conducir, calificación que ahora debe confirmar la Fiscalía del Tribunal Supremo.

La magistrada Ana Ferrer, que ha investigado el caso, no tiene dudas de que el senador del PP debe sentarse en el banquillo. Su conducta, si se declara probada en una sentencia, es una de las “estadísticamente más arriesgadas para la seguridad en el tráfico rodado”. Actitudes como la de Baltar, conduciendo a casi 100 kilómetros por hora por encima de lo permitido en este tramo, “incrementa inadmisiblemente el riesgo de daños personales y materiales”. Las pruebas contra él, dice la instructora, no dejan margen para no llevar el caso a juicio: el atestado, los resultados del radar y todas las ampliaciones de la documentación le señalan.