El incendio de la Mezquita-Catedral de Córdoba el pasado mes de agosto, causado por el cortocircuito de la batería de una barredora eléctrica almacenada en el interior del templo, ha puesto en entredicho la gestión en solitario por parte de la Iglesia católica de un monumento declarado Patrimonio de la Humanidad por su enorme valor histórico como símbolo de la cultura islámica en España. 

Con Alfonso Alba, director de Cordópolis, nos preguntamos qué hace la Iglesia católica gestionando en solitario un templo que fue uno de los mayores centros de oración para el islam en Europa, y cómo ha ido borrando las huellas del pasado musulmán de este conjunto arquitectónico que lo hacen único en el mundo. 

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La Mezquita de Córdoba es el monumento europeo mejor valorado por quienes lo visitan, de acuerdo con los datos exhibidos hace poco por un conocido portal del sector turístico que se nutre de las opiniones de los usuarios. Pero también hemos sabido recientemente que esta joya de nuestro patrimonio cultural protagoniza uno de los capítulos del reporte de 2024 de la World Heritage Report, que informa a la Unesco sobre espacios en peligro, puesto que el Cabildo (obispado) que la “secuestra” se dedica a negar sistemáticamente, por medio del borrado de todo su pasado y elementos andalusíes, los valores artísticos, históricos y culturales con que los reconoció precisamente la entidad de Naciones Unidas. “La Unesco incluyó este monumento en la lista del Patrimonio de la Humanidad por ser un ejemplo de arquitectura islámica, no por su valor como catedral”, explicaba la autora del informe relativo a la Mezquita, Vanesa Menéndez Montero.  

En una ocasión el frenillo desenfrenado de Federico Jiménez Losantos se despachaba en su emisora con un tautológico parlamento, bien nutrido de exabruptos en su más fiel estilo, y en el que afirmaba que allí estaba bien visible la Iglesia de San Vicente mártir, supuesta basílica sobre la que se habría erigido la Mezquita y que brindaría cobertura histórica a la jerarquía católica para justificar su apropiación del monumento. El radiofónico viborilla reproducía la narrativa del obispado de la ciudad, que en su web describe el edificio como “Basílica Visigoda de San Vicente”.  

Y es que el hegemónico nacionalismo de Estado considera al reino visigodo como momento y entidad fundadores de España, y al islam, en tanto contraparte, como la anti-España (en realidad asimilar Al Ándalus con islam no deja de ser una simplificación, pero ese tema da para otro artículo). El resultado es una gran narrativa bajo el esquema clásico de unidad, pérdida, lucha y redención de acuerdo con las constantes de todo relato descubiertas por el lingüista Vladímir Propp, y tal como lo explica Miguel Anxo Murado en su libro La invención del pasado. Respectivamente, primero el reino visigodo, luego la presunta invasión programada musulmana, después «Reconquista» y por último toma de Granada. La sempiterna mención a la supuesta basílica bajo la Mezquita de Córdoba no es más que la obstinación historiográfica de un mito cuya difusión se mantiene de manera impenitente ante la total ausencia de evidencias, tal como repasa Fernando Arce Sáinz. A pesar de esta tozuda realidad, no dejaremos de encontrar en varios medios delirantes crónicas con titulares como “La basílica de San Vicente Mártir, la primacía de lo cristiano” y antetítulos igualmente fabuladores como “Restos visibles en la Catedral”. Ni siquiera Radio Clásica se sustrae al recurrente mito historiográfico cuando en un episodio del programa La música de las catedrales, dedicado a “La mezquita-catedral de Córdoba”, la introducción del locutor nos cuenta que “aquella gran joya de Al Ándalus seguiría creciendo vertiginosamente a partir de los cimientos posiblemente de un templo o un edificio cristiano visigótico dedicado a San Vicente”. 

Es una hipótesis a la medida del nacionalcatolicismo español cuya fórmula repite la jerarquía católica de manera sistemática allá donde se le presenta ocasión, como es el caso de Sevilla, cuya iglesia de El Salvador, como todo el mundo sabe, fue construida sobre la primera Mezquita Aljama o principal de la ciudad. A pesar de que el propio guía de las visitas organizadas que organiza el Cabildo Catedralicio de Sevilla reconoce que no hay la menor evidencia arqueológica o crónica que lo confirme, los detentadores de este edificio patrimonial no se arredran y al comienzo de uno de los carteles, titulado “Un espacio para invocar a Dios”, añaden que “La mezquita deriva en esencia de la basílica cristiana”, resaltado en color amarillo el sintagma que aquí marcamos en cursiva; imaginaria basílica que en la recurrente fabulación de los perpetradores de esta fake history habría sido “adaptada a las necesidades del rezo musulmán (con resalte similar para las cursivas).

Aderezado con este chascarrillo de barra de bar, el Jack Sparrow de la fachosfera mediática asimilaba el territorio llamado Hispania (península Ibérica) con el concepto España (actual realidad jurídico-política o Estado).

Este tipo de manipulaciones, naturalmente, no son exclusivas de Andalucía. El carlismo navarro estableció un vínculo entre los orígenes del reino de Pamplona y la conquista islámica, de tal manera que Navarra sería el resultado de la unión de vascones y visigodos en su lucha contra el enemigo común que, como ya se sabe, es el islam. Por ello se ha repetido hasta la saciedad la presencia de visigodos en Pamplona, que ha entrado a formar parte del imaginario colectivo navarro, “no tanto por lo consistente de su discurso” o la intervención de aliados inesperados del carlismo, como dijo el abulense Claudio Sánchez Albornoz (autodeclarado descendiente de navarros) “como por el hecho de que fue implantada a punta de pistola y golpe de cuneta a partir de 1936”. Sin embargo, ni los documentos ni los recientes descubrimientos arqueológicos han avalado la presencia de visigodos en Pamplona. A pesar de que la necrópolis de Argaray, descubierta en 1895, es en realidad un cementerio de francos, el mismísimo Gobierno de Navarra la describe como “necrópolis hispano-visigoda”. En 2004 se procedía a la rehabilitación de la casa del Condestable de Pamplona y más recientemente en una parcela contigua han aparecido nuevos enterramientos con características muy similares a los encontrados en Argaray y a los del yacimiento de Aldaieta, de 1987, con predominio de rasgos continentales sobre los peninsulares, elevada representación porcentual de placas merovingias y, sobre todo, notoria presencia de armamento, cuando es conocida la casi total ausencia de inhumaciones con armas entre los visigodos y la alta frecuencia entre los merovingios. Pues bien, sorteando todas las evidencias, Diario de Navarra empleó el titular “Pellejerías podría esconder parte de la necrópolis visigoda” (Diariodenavarra.es, 29/II/2016; p. 27 en la edición impresa).  

Una web de extrema derecha entrevistaba, por las mismas fechas de la deyección de Losantos, a José Javier Esparza, quien presentaba un libro justamente sobre los visigodos. “Si ellos crean un reino que se llama así, se llaman a sí mismos así, y además blasonan de ello, como Isidoro de Sevilla en su célebre Loa a Hispania, lo lógico es pensar que efectivamente eso es España. Lo raro es pensar que no, que eso era Noruega”. Aderezado con este chascarrillo de barra de bar, el Jack Sparrow de la fachosfera mediática asimilaba el territorio llamado Hispania (península Ibérica) con el concepto España (actual realidad jurídico-política o Estado).  

Justo al día siguiente, el mismo portal volvía a la carga, esta vez con una entrevista a Isabel San Sebastián. En ella encontramos nítidamente una mitificación del reino visigodo que resulta clave para dar sentido teleológico a la evolución de los distintos reinos de la Península en los siglos siguientes. Para poder reconquistar más tarde, primero es necesario haber perdido algo, y para obtener ese algo hay que encajar con calzador al reino visigodo como primera España. Los argumentos son los mismos: “Tenía todas las características de lo que hoy definiríamos como una nación. Todas. Tal es así que san Isidoro de Sevilla, en el siglo IV, cantó la belleza de Hispania. No dijo de Al Ándalus, ni de Sevilla, ni de la Bética… No, no; dijo de Hispania. España existía como realidad. España tenía una identidad”.  

Puede que una mentira repetida mil veces se convierta en una verdad, según la conocida máxima de Joseph Goebbels, pero también dijo José Martí que un principio justo, desde el fondo de una cueva, a la postre es más poderoso que un ejército

Es curioso que para sostener su castillo de naipes tanto Esparza como San Sebastián acudieran precisamente a ese texto que traducen de modo anacrónico como Loa a España, escrito por san Isidoro de Sevilla. Se trata de un prólogo a su Historia de los Reyes de los Godos, escrita en latín. El problema es que la oración con la que comienza dice exactamente que Hispania, o sea, la península Ibérica, es decir, un territorio, es “la más hermosa de todas las tierras” y la alaba como “madre de los príncipes y de las naciones”. Sustitúyase la traducción de “naciones” por ‘pueblos’, o ‘gentes’, si se prefiere, pero queda claro que una cosa es Hispania, el suelo, y otra las distintas colectividades de personas que habitan sus diferentes espacios, con sus respectivas y diferenciadas culturas.  

Pese a la evidencia, se ha puesto un extraordinario empeño en identificar un nombre, el de España, con un territorio, y “en esa ceremonia del desbarajuste se han instalado interesados fabuladores, afanados en convertir a Recaredo y al resto de reyes visigodos o al caudillo don Pelayo en unos «monarcas españoles»”, sentencia José Luis Corral en su obra Covadonga, la batalla que nunca fue. La ideología de la historia escolar trata a toda costa de convertir un territorio en una idea bajo el el firme convencimiento de que todo lo que hay entre una cordillera y un estrecho es un mismo pueblo, sin necesidad de demostración, por predestinación, y que ya desde que el ser humano vivía en cuevas España estaba en marcha y había españoles. Esta ideología oficial de Estado se contrae a temprana edad mediante la historia escolar. “Pero todo esto obviamente es falso. Ni siquiera hoy es cierto después de muchos siglos de intentarlo, por tanto menos aún en otras épocas”, como describe Alberto Arana. “Los godos solo fueron ocupantes, que se superpusieron a las distintas comunidades autóctonas de la Península, ya fueran organizadas o tribales”, apunta Rafael Sanmartín.  

Pero al fin y al cabo los visigodos tomaron la decisión de unificarla y lo hicieron, aducirán los defensores de la ancestral españolidad. Lo que pasa es que tampoco es cierto ni lo uno ni lo otro. En cuanto a lo primero, si fuera verdad que tenían la unificación de Iberia como objetivo final no se entiende, por ejemplo, la despreocupación de Recaredo a la hora de emprender campañas ofensivas, siendo uno de los monarcas más poderosos. En consecuencia, la persecución de la unidad de Hispania no supuso ya una prioridad, sino ni siquiera una parte integrante de su programa político, como se desprende también de los últimos años de reinado de Sisebuto, quien hubiera podido acabar con la dominación bizantina en la Península si hubiera querido. Lo que importaba era el botín de guerra en sí y para el prestigio de los monarcas, cuyo cargo era no hereditario sino electivo. Respecto a lo segundo, los pueblos norteños no fueron integrados en su reino en ningún momento de su historia, tal como delatan las contradicciones existentes entre las diversas crónicas. Hubo imposición visigoda sobre ellos, pero nada de conquista territorial plena, porque ni constan cecas permanentes ni una densa red diocesana radicada en aquellas zonas; de hecho, fuentes tardías como la Historia Wambae transmiten la idea de que la Cantabria constituía una parte ajena al reino (todo ello lo glosa Pablo Poveda Arias) Los propios visigodos tuvieron durante mucho tiempo su centro en el sur de Francia y llamaron a su monarquía regnum Tolosarum; o sea, ‘reino de Toulouse’, ciudad que se ubica en el territorio de lo que hoy conocemos como República francesa. En lo relativo a la religión, la adopción del catolicismo como religión oficial ocurrió el 589, cuando habían transcurrido casi dos tercios de la presencia goda en Iberia, según resume José Álvarez Junco.

Por ejemplo, un aristócrata describió en un artículo de temática cultural el siglo XIX como “posiblemente el más derrotado y vergonzante de nuestra historia patria desde que el reino visigótico sucumbió a los árabes en el 711”. Puede que una mentira repetida mil veces se convierta en una verdad, según la conocida máxima de Joseph Goebbels, pero también dijo José Martí que un principio justo, desde el fondo de una cueva, a la postre es más poderoso que un ejército. Al fin y al cabo, el famoso reino visigodo son los padres (y España, también).

El historiador cordobés Jesús Padilla ha llevado a cabo un estudio sobre la titularidad de la Mezquita-Catedral de Córdoba, de próxima publicación, en el que concluye que el anterior obispo de Córdoba y ahora arzobispo emérito de Sevilla, Juan José Asenjo, no debió inmatricular el monumento “como propiedad exclusiva de la Iglesia”, ya que también es propiedad de la Corona.

Según ha informado el propio historiador al difundir una síntesis de su obra, con la misma, La titularidad de la Mezquita-Catedral de Córdoba. Análisis documental y estudio histórico (siglos XIII-XVIII), que es fruto de dos años y medio de trabajo, ha intentado alejarse “de toda polémica”, y la ha escrito “desde la independencia intelectual, el rigor histórico y sin prejuicios preconcebidos de cualquier índole”, lo que plasma en sus “más de 500 páginas y 900 notas bibliográficas”, y cuya publicación, “en formato tradicional”, espera que pronto “pueda ver la luz”.

Entre tanto, ha querido dar a conocer los principales contenidos y conclusiones de su estudio, según el cual “en el siglo XVII, en tiempos de Felipe IV (1621-1665), al proyectarse la construcción de una tercera Capilla Real” en la Mezquita-Catedral, “encontramos documentos explícitos en los que se habla de la propiedad” del monumento, especialmente uno “que la Iglesia publica sesgadamente”, y que es “demostración del reconocimiento del monarca del derecho de propiedad que sobre el monumento posee”.

“No es la única propietaria”

Ello “evidencia”, a juicio de Padilla, que la Iglesia “no es la única propietaria, pues en dicho documento se expresa que el monarca era propietario de la Capilla Real y que, por lo tanto invalida la inmatriculación realizada por el obispo Juan José Asenjo Pelegrina en la que manifiesta que la Iglesia es la única propietaria del monumento”.

Pero hay que retrotraerse a la conquista de la ciudad de Córdoba por Fernando III el Santo en 1236 para entender cómo se ha llegado a la situación actual, ya que, según el estudio de Padilla, “la supuesta donación de la Mezquita-Catedral” por el entonces Rey a la Iglesia católica, y de la que no hay documento que la acredite, “se produjo en un contexto en el que no existía separación entre Iglesia y Estado, tal como hoy lo entendemos”, de modo que “lo que podríamos llamar Estado medieval cristiano no solo lo constituía la Institución de la Corona (el poder civil), sino también la Iglesia (el poder eclesiástico), y que tan público era uno como otro”.

Pues bien, aplicando esta “teoría de las Dos Espadas al objeto de estudio, la propiedad de la Mezquita-Catedral de Córdoba”, resulta que “ni la Iglesia, ni la Corona, una vez sacralizada la antigua mezquita aljama y convertida en iglesia y posteriormente en catedral, tenían individualmente el señorío del edificio; por el contrario, ambas instituciones compartían responsabilidades sobre el mismo, cada una según su ámbito de competencia”.

Prerrogativas para las dos partes

Es decir, “con su consagración, la Mezquita-Catedral se transformó en un bien que ya no era patrimonio privativo o exclusivo, ni individual ni institucional, de ninguno de los dos actores que venimos mencionado: Corona e Iglesia, aunque ambos conservaron prerrogativas, funciones y competencias complementarias sobre el mismo”.

De esta forma, “si los clérigos se convirtieron en administradores del templo, los monarcas cristianos mantuvieron, como misión de gobierno, la tutela y la protección del mismo, detentando el patronazgo sobre él y reservándose para sí una parte del templo: la Capilla Real, y que esto era regalía real y, que además, tendrían la jurisdicción suprema sobre el templo”.

En cualquier caso, “la creencia de que la Iglesia era 'propietaria' del templo aparece tardíamente, es decir, la manifestación de que fue donada por Fernando III nos aparece explícitamente a mediados del siglo XVI, en la oposición del Concejo de la ciudad a la construcción del gran crucero por el obispo Alonso de Manrique en 1523 sin que lo autorizara el monarca”, y será un siglo después, en tiempos de Felipe IV (1621-1665), cuando aparezca el documento ya mencionado al inicio, que reconoce el derecho de propiedad del monarca sobre la Mezquita-Catedral, al proyectarse la construcción de una tercera Capilla Real.

Privatización del templo

A pesar de ello, “los obispos en el siglo XVII realizan la 'venta' de espacios que aún quedaban libres” en el interior del monumento “a personas particulares, para entierros y labrar capillas”. De hecho, el estudio de Padilla alude especialmente a “la venta de parte del templo al Inca Garcilaso de la Vega, para la construcción de su capilla y entierro”.

Esas fueron “ventas puras y duras, no concesiones, que es lo que deberían haberse realizado, por lo que se produce una privatización del espacio sagrado, hechos que pueden ser cuestionados, pues los bienes otorgados por los reyes, según la legislación medieval, no podían enajenarse”.

En definitiva, “dejando a un lado las propiedades particulares que aún pudieran existir en la Mezquita-Catedral de aquellas ventas (operaciones de enajenación de espacio sagrado que pueden cuestionarse), si la Iglesia toma estos documentos como demostración de que es propietaria de la Mezquita-Catedral, no tiene más remedio que aceptar que la Corona también es propietaria de parte del templo”.

Eso significa, según concluye el estudio del historiador Jesús Padilla, que “la inmatriculación queda invalidada, pues si nos atenemos a esta documentación, que la Iglesia exhibe como validación de su propiedad sobre el edificio, reconocemos que también demuestra que no sería la única propietaria del templo”.

Una buena definición para el mejor alcalde que ha tenido Córdoba en la época contemporánea sería el de un gobernante al servicio de su pueblo y de lo público. En los últimos años Julio Anguita pidió incansablemente que se cumpliera la Declaración Universal de los Derechos Humanos así como la Carta Magna de nuestro país para poner fin, por ejemplo, al desmantelamiento de los pilares de nuestra sociedad: la educación y la sanidad.

A Julio también le importaba, y mucho, la historia de su tierra, de su pueblo; no en vano fue profesor en la materia. Desde un principio apostó por el reconocimiento del patrimonio de su ciudad, encabezado por la Mezquita de Córdoba, pidiendo formalmente a la UNESCO en 1982, en su condición de alcalde, la declaración del monumento como Patrimonio de la Humanidad. Dos años más tarde recibiría la contestación afirmativa. La prensa local, nacional e internacional se hacía eco de este gran acontecimiento para la ciudad de Córdoba. Julio se unía a través de la historia con otro gran defensor del monumento, el corregidor Luis de la Cerda, que encabezó las protestas del pueblo de Córdoba en el siglo XVI para la protección de la Mezquita.

Por aquellos años también tuvo algunos encontronazos con el obispo de Córdoba, José Antonio Infantes, a raíz de ciertos acontecimientos ligados con el monumento y con actos relacionados con la interreligiosidad y la interculturalidad. El primero tuvo lugar con motivo del I Encuentro de Amistad Hispano-Musulmán, celebrado a comienzos de 1982, en el que cien representantes de países islámicos aprovecharon la visita a la Mezquita-Catedral para orar ante el mihrab, lo que fue considerado por el obispo como “un atropello”. La organización del encuentro, como respuesta, recordaba que “no era la primera vez que los musulmanes habían orado ante el mihrab de la Mezquita de Córdoba”. Con anterioridad lo habían hecho bajo el episcopado de José María Cirarda Lachiondo, en 1974 y 1977.

El segundo desencuentro vino motivado por la pretensión del alcalde de entregar el abandonado y ruinoso convento de Santa Clara, antigua mezquita, a la comunidad musulmana de Córdoba, lo que no vio con buenos ojos el obispo. Anguita tuvo que recordarle en qué lugar estaba cada uno con una hoy célebre frase: “usted no es mi obispo, pero yo sí soy su alcalde”. En otras palabras, quien gobierna la ciudad en democracia es el alcalde y no la autoridad religiosa o cualquier otra.

Con motivo de los fastos programados para celebrar el XII Centenario de la Mezquita, el 29 de septiembre de 1984, la Casa Real aceptó la presidencia de dicha celebración. Julio Anguita quiso aprovechar la visita para la inauguración del nuevo Ayuntamiento, aledaño al Templo romano. Sin embargo, la Casa Real anunció que el rey vendría a Córdoba a inaugurar los actos de la Mezquita, pero no asistiría a la inauguración del Ayuntamiento. Ante este comunicado el alcalde manifestó que no estaría presente en los actos del XII Centenario del templo: “Esta alcaldía sabrá estar a la altura de la dignidad de la ciudad, pase lo que pase con quien sea. Somos representantes de los intereses políticos de la ciudad; los cordobeses no nos legaron con su voto sus creencias religiosas”. A los pocos días un mensaje de la Casa Real anunciaba sine die el aplazamiento de la visita de los reyes a Córdoba. Así era Julio, un alcalde entregado a su pueblo, no a obispos ni reyes.

En los últimos años, un Julio ciudadano responsable y cordobés comprometido con su patrimonio participó en varias acciones encaminadas a denunciar la manipulación histórica de la Mezquita por parte del Cabildo y el Obispado y junto con otros ex alcaldes escribieron: “Queremos expresar nuestra profunda preocupación por la situación de la Mezquita de Córdoba, principal seña de identidad cultural de la ciudad y Patrimonio Mundial por la Unesco, cuya integridad sigue siendo injustamente lesionada con total impunidad por sus actuales administradores, que falsean intencionadamente su historia hasta el punto de eliminar su propio nombre que le da proyección universal”.

Asimismo lo hizo denunciando las inmatriculaciones realizadas por la jerarquía católica: “Expresamos nuestra profunda preocupación por la inscripción a nombre de la Iglesia Católica de la Mezquita-Catedral, Patrimonio Mundial por la Unesco y bien de incalculable valor histórico y emocional para Córdoba”. Haciéndolo extensible al resto del patrimonio: “Solicitamos que se difundan la totalidad de los bienes inscritos”, responsabilizando a las Administraciones Públicas de dichas arbitrariedades.

Ojalá, Julio, desde la otra orilla del río de la vida, nos ayude a cambiar el rumbo de la historia empezando por la ciudad en la que vivió y murió y por la que se lamentaba de esta forma: “Córdoba es una ciudad que no ha valorado nunca lo que tiene y nunca lo ha amado”.

La Plataforma y asociación Mezquita Catedral Patrimonio de Todos, que trabaja contra la apropiación del monumento Patrimonio de la Humanidad por parte del Cabildo de la Catedral y cuyo manifiesto fundacional fue respaldado en 2014 por más de 390.000 firmas, ha presentado una solicitud tanto a la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba como a la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, para que actúen ante la reiterada colocación de carteles publicitarios en los muros de la Mezquita Catedral, “muchos de ellos atornillados al lienzo por parte del Cabildo Catedralicio”.

La Plataforma viene denunciando esta práctica desde 2017 y vuelve a hacerlo ahora después de que tanto Ayuntamiento como Junta de Andalucía hayan actuado de inmediato la semana pasada para eliminar unas caras de arcillas que aparecieron pegadas en la muralla del casco histórico de la ciudad, un bien igualmente protegido. Por ello, pide por escrito a ambas administraciones que actúen “con el mismo celo y diligencia” que han mostrado en el caso de los relieves aparecidos en la Puerta de Almodóvar. Ambas instituciones examinaron in situ en la Puerta de Almodóvar los previsibles daños ocasionados a un bien del patrimonio histórico por una intervención realizada con barro. Posteriormente, la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía en Córdoba anunció públicamente que tomaría medidas inmediatas ante el ataque al patrimonio y presentaría una denuncia ante la Fiscalía. Pocos días después, los relieves fueron eliminados del monumento, que sólo causaron un leve daño por el adhesivo utilizado para pegarlos.

Historial de denuncias por atornillamiento

En este contexto y como contraposición, la plataforma recuerda que “tiene un largo historial de denuncias por el atornillamiento de carteles a los muros milenarios de la Mezquita Catedral que han sido sistemáticamente obviadas por ambas administraciones”. El 19 de junio de 2017 este colectivo presentó una denuncia ante el gerente de Urbanismo por la colocación de un cartel del Corpus Christi, presuntamente sin permiso municipal, sobre los paramentos de la Mezquita de Córdoba, bien del Patrimonio Mundial de la Unesco desde 1984, y pidió asimismo la licencia correspondiente y la adopción de medidas para evitar este tipo de atropellos culturales. Dos años después, la Gerencia de Urbanismo aún no ha contestado a su queja, explican.

Igualmente esta plataforma formuló una denuncia ante la Consejería de Cultura el 17 de mayo de 2017 en protesta por el uso abusivo que hacía el Cabildo Catedral del monumento, incluida la colocación reiterada de carteles sobre los muros de la Mezquita Catedral, algunos de ellos atornillados a la piedra. “Dos años después, la Consejería de Cultura no ha encontrado la oportunidad de contestar a nuestro escrito ni de tomar medidas al respecto”, señala.

Es más, denuncian cómo actualmente el Cabildo Catedral continúa fijando carteles publicitarios año tras año a un bien del Patrimonio Mundial “sin que las administraciones competentes tomen medidas para evitar lo que, a todas luces, representa un riesgo para su integridad física y un impacto visual evidente en perjuicio de sus valores intangibles”.

Por eso, el colectivo solicita a las dos administraciones públicas, basándose en la Ley 19/2013 de transparencia y buen gobierno, idéntica diligencia en la defensa del conjunto del patrimonio histórico andaluz, singularmente la Mezquita Catedral, que la mostrada en el caso de la Puerta de Almodóvar.

Más de cuarenta profesores de universidades de toda España, en su mayoría de Historia Medieval, han hecho público este sábado un manifiesto en el que muestran su desacuerdo con los argumentos de carácter histórico esgrimidos por la comisión de expertos encargada de realizar un informe sobre la propiedad de la Mezquita-Catedral y que señalaban que la titularidad del monumento nunca había sido de la Iglesia.

En el manifiesto firmado por académicos de Historia, catedráticos de Universidad, profesores titulares e investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de distintitas universidades -varios de ellos de la Córdoba- afirman que el informe encargado a varios expertos por el Ayuntamiento cordobés “carece del mínimo rigor exigible a supuestos expertos en estas materias”.

En ese sentido, señalan que “dar por buenas las afirmaciones de la comisión municipal tendría el efecto de convertir inmediatamente en falsos o extender la duda sobre múltiples hechos y procesos que positivamente conocemos de la historia medieval de Córdoba, también del resto de Andalucía y de otras zonas de España”, argumentan los firmantes en el manifiesto.

Cabe recordar que la pasada semana se conoció el informe de expertos encargado por el Ayuntamiento de Córdoba sobre la propiedad de la Mezquita-Catedral y que concluía que el monumento nunca había sido de la Iglesia, pese a que esta lo inmatriculó aduciendo lo contrario en 2006 a su nombre en el Registro de la Propiedad.

En su escrito, titulado La utilización de la historia por la comisión municipal de Córdoba sobre la Mezquita-Catedral de esa ciudadLa utilización de la historia por la comisión municipal de Córdoba sobre la Mezquita-Catedral, señalan que “forma parte de nuestra obligación como historiadores y de nuestra responsabilidad hacia la sociedad mostrar nuestro desacuerdo en primer lugar con los argumentos de carácter histórico que la Comisión expone, los cuales carecen del mínimo rigor exigible a supuestos expertos en estas materias. Pero además, hemos de denunciar también de forma pública la utilización que el informe pretende hacer de la Historia, aprovechándose del prestigio obtenido por los verdaderos cultivadores de nuestra disciplina, tanto de la Edad Media española como, muy especialmente en este caso, de la andaluza”.

“No queremos entrar de ningún modo en la polémica acerca de la modalidad más adecuada de gestión de lo que incontrovertiblemente ha sido un templo católico durante los últimos ochocientos años, sin contradicción de ninguna administración ni poder público. Pero como historiadores no podemos permitir que se afirme que el edificio no ha pertenecido o que ha dejado de pertenecer en algún momento a la Iglesia católica y, en concreto, al cabildo catedralicio de Córdoba desde el mismo momento de la conquista de la ciudad por Fernando III de Castilla y León en 1236. Tampoco es lícito afirmar, a la luz de los conocimientos admitidos hasta hoy por la comunidad científica, que en ese solar no estuvo, antes de su transformación en mezquita aljama de Córdoba a fines del siglo VIII, la sede catedralicia de la diócesis cordobesa, bajo la advocación de San Vicente”.

“La Historia no puede ser utilizada”

“Es imposible ahora y en un escrito de esta naturaleza exponer los innumerables estudios, fuentes y documentos que apoyan ambos convencimientos, pero individual y colectivamente estamos dispuestos a ponerlos de manifiesto cuando y donde se considere necesario. Dar por buenas las afirmaciones de la Comisión municipal tendría el inopinado efecto de convertir inmediatamente en meramente falsos o extender la duda sobre múltiples hechos y procesos que positivamente conocemos de la historia medieval de Córdoba, también del resto de Andalucía y de otras zonas de España en las que se reprodujeron con bastante similitud los mismos acontecimientos y de los que se derivaron muy semejantes consecuencias”.

Y añaden que “la Historia no puede ser utilizada de la manera en que la Comisión municipal ha pretendido servirse de ella para ofrecer cobertura a disputas ideológicas o de intereses. El daño que estas irresponsables maniobras provocan a nuestra disciplina, confundiendo a la opinión pública y desacreditándola ante las personas de criterio, es muy grande, y por ello nos vemos obligados a salir al paso de ellas públicamente y aun en medio de la polémica, para dejar clara nuestra opinión que es la de la inmensa mayoría de los estudiosos”.

Los profesores advierten que “no nos compete ni es nuestra misión intervenir en esta cuestión desde el ángulo jurídico, mucho menos desde el político, ni vamos a enjuiciar las motivaciones últimas de esta comisión municipal”, pero sí han querido mostrar su punto de vista como especialistas en historia.

Firmantes del manifiesto

Juan Abellán Pérez, catedrático de Historia Medieval de la U. de Cádiz, Cristina Álvarez Millán, profesora contratada Doctora de la UNED, Vicente A. Álvarez Palenzuela, catedrático de Historia Medieval de la U. Autónoma de Madrid, Ana Arranz Guzmán, profesora titular de la U. Complutense de Madrid, Eduardo Aznar Vallejo, catedrático de Historia Medieval de la U. de La Laguna, Isabel Beceiro Pita, científico titular del CSIC, M. Dolores Cabañas González, catedrática de Historia Medieval de la U. de Alcalá de Henares, Emilio Cabrera Muñoz, catedrático de Historia Medieval de la U. de Córdoba, Margarita Cabrera Sánchez, profesora titular de Historia Medieval de la U. de Córdoba, Enrique Cantera Montenegro, catedrático de Historia Medieval de la UNED, Margarita Cantera Montenegro, profesora titular de Hª Medieval la U. Complutense de Madrid, María Antonia Carmona Ruíz, profesora titular de Historia Medieval de la U. de Sevilla, Manuel Espinar Moreno, catedrático de Historia Medieval de la U. de Granada y Serafín Fanjul García, de la Real Academia de la Historia.

También firman Javier Fernández Conde, catedrático de Historia Medieval de la U. de Oviedo, Manuel García Fernández, catedrático de Historia Medieval de la U. de Sevilla, María del Mar García Guzmán, profesora titular de la U. de Cádiz, María del Carmen García Herrero, catedrática de Historia Medieval de la U. de Zaragoza, Luis A. García Moreno, de la Real Academia de la Historia, Manuel González Jiménez, catedrático de Historia Medieval de la U. de Sevilla, María del Mar Graña Cid, profesora Propia Adjunta de la U. Pontificia de Comillas, Miguel Ángel Ladero Quesada, de la Real Academia de la Historia, Gloria Lora Serrano, profesora titular de Historia Medieval de la U. de Sevilla, María Martínez Martínez, catedrática de Historia Medieval de la U. de Murcia, Pascual Martínez Sopena, catedrático de Historia Medieval de la U. de Valladolid, Ángel Luis Molina Molina, catedrático de Historia Medieval de la U. de Murcia, Isabel Montes Romero-Camacho, catedrática de Historia Medieval de la U. de Sevilla, César Olivera Serrano, científico titular del CSIC y Pablo Otero Piñeyro Maseda, científico titular del CSIC.

Asimismo suman su apoyo Eduardo Pardo de Guevara y Valdés, director del Instituto de Estudios Gallegos del CSIC, Javier Pérez-Embid Wamba, catedrático de Historia Medieval de la U. de Huelva, José Augusto Pizarro Sottomayor, catedrático de Historia Medieval de la U. de Oporto, Pedro Andrés Porras Arboledas, catedrático de Historia del Derecho de la U. Complutense, José Ramírez del Río, profesor titular de Traducción (Estudios Árabes) de la U. de Córdoba, Daniel Rodríguez Blanco, profesor titular de Historia Medieval de la U. de Sevilla, Alejandro Rodríguez de la Peña, profesor titular de Historia Medieval de la U. San Pablo-CEU, Jaime Salazar Acha, de la Real Academia de la Historia, José Sánchez Herrero, catedrático de Historia Medieval de la U. de Sevilla, Rafael Sánchez Saus, catedrático de Historia Medieval de la U. de Cádiz, María Raquel Torres Jiménez , Prof. Contratado Doctor de la U. de Castilla- La Mancha, Magdalena Valor Piechotta, profesora titular de Historia Medieval de la U. de Sevilla, Francisco Veas Arteseros, profesor titular de Historia Medieval de la U. de Murcia y Javier Zabalo Zabalegui, profesor titular de Historia Medieval de la U. de Sevilla.

El pasado sábado 15 de Junio se presentó en Córdoba el Informe elaborado por la Comisión de Expertos nombrada por el Ayuntamiento de la ciudad para abordar el problema desencadenado a raíz de la inmatriculación de la Mezquita Catedral por el obispado cordobés en el año 2006. Desde ese momento, diversos medios han publicado informaciones dirigidas a desacreditar el Informe, del que he sido coautor, en particular por lo que se refiere a su parte histórica, en la que se aborda el tema crucial de la propiedad de la Mezquita a raíz de la conquista de la ciudad por el rey Fernando III en 1236.

Conviene, en primer lugar, reparar en la naturaleza profundamente contradictoria de las declaraciones de los portavoces del episcopado, eclesiásticos y académicos, durante los últimos tiempos. Por un lado, se ha repetido de manera insistente que la propiedad de la Mezquita está perfectamente acreditada desde 1236 a través de abundantes e incuestionables testimonios históricos bien conocidos por todos.

Sin embargo, lo cierto es que, hasta ahora, no se ha aportado testimonio documental alguno que avale la supuesta donación de la Mezquita por el rey Fernando a favor de la Iglesia. El argumento de que en la Edad Media no existía el registro de la propiedad tal y como hoy lo entendemos, parece bastante endeble, pues lo que sí existían entonces, como hoy, eran los archivos, y todos los historiadores sabemos que la Iglesia es la institución que posee la más prodigiosa memoria histórica, en particular a la hora de acreditar los muchos privilegios que se le han concedido a lo largo del tiempo. Los archivos de todas las catedrales peninsulares conservan numerosos documentos de donación realizados por los reyes a su favor.

A raíz de la publicación del Informe de la Comisión, sin embargo, los argumentos han vuelto a cambiar, pues, en sus últimas declaraciones, la iglesia cordobesa afirma que tales documentos están ‘bien guardaditos’ a la espera de ser entregados al juez que los requiera. Si realmente existiera esa documentación que acreditara de manera irrefutable la propiedad, parece lógico pensar que la Iglesia los hubiese mostrado hace tiempo. Ello, además, habría hecho totalmente innecesaria la inmatriculación del año 2006.

Frente a los vaivenes y elucubraciones de la Iglesia, la conclusión alcanzada por la Comisión de Expertos ha sido muy clara en un punto: las fuentes históricas existentes no permiten afirmar que la Mezquita de Córdoba fuese donada a la Iglesia por el rey Fernando III en 1236. Muy al contrario, lo que las evidencias indican es que, en realidad, dicha donación nunca existió, y que la Mezquita permaneció como propiedad de la Corona.

A la ya comentada ausencia de documentos se añade el testimonio de los textos narrativos. Existen dos crónicas coetáneas a la conquista de Córdoba por Fernando III, escritas por dos personajes muy importantes pertenecientes a la jerarquía eclesiástica de la época y que, por lo tanto, formaban parte del entorno directo del soberano. Estas dos crónicas son los testimonios fundamentales para conocer el reinado del ‘rey Santo’. Me refiero, por un lado, a Rodrigo Jiménez de Rada, conocido como El Toledano, autor de la obra Historia de los hechos de España, y por otro a Juan de Soria, obispo de Osma y canciller del rey Fernando III, con quien estuvo presente en la toma de Córdoba, siendo considerado autor de la obra anónima conocida como Crónica latina de los reyes de Castilla.

Ambos personajes hablan en sus respectivas crónicas de la conquista de Córdoba por Fernando III y dedican atención detallada a la Mezquita, prueba de la enorme importancia que, ya entonces, se daba a ese espacio singular. De hecho, Juan de Soria participó personalmente en la ceremonia de consagración. Sin embargo, ninguno de ellos menciona la donación de la Mezquita por parte del rey a la Iglesia. ¿Alguien puede creer seriamente que si un edificio tan extraordinario hubiese sido dado en propiedad a la Iglesia, dichos autores, miembros de la jerarquía eclesiástica y muy cercanos al rey, habrían pasado por alto semejante acontecimiento?

Lo que estos cronistas dicen, sencillamente, es que la Mezquita fue consagrada como iglesia y que el rey la dotó con bienes para su mantenimiento: 'y el rey Fernando otorgó a la nueva iglesia una dote adecuada', dice, textualmente, Jiménez de Rada. De donación, nada. Insisto en que se trata de personajes pertenecientes a la élite eclesiástica de la época y que se mueven en el entorno directo del rey. Resulta, por lo tanto, sencillamente descabellado pensar que la supuesta donación pudiera haberles pasado desapercibida.

Por último, vayamos a la legislación, que nos permite conocer las normas vigentes en la época de la conquista de Córdoba. A este respecto, el testimonio principal es el texto de las Siete Partidas, elaborado en época de Alfonso X, hijo y sucesor de Fernando III. La referencia a la propiedad de las mezquitas se encuentra en la última Partida, la séptima, en el título referido a los ‘moros’, y su tenor no puede ser más claro: ‘Y las mezquitas que tenían antiguamente deben ser del rey, y puédelas él dar a quien se quisiere’. El enorme peso de la tradición en las normas de la sociedad medieval nos permite asumir, sin mucho margen de error, que se trata de la puesta por escrito en época de Alfonso X de una norma legal bien asentada en la Corona de Castilla desde épocas anteriores.

En definitiva, ni los documentos, ni las crónicas ni los textos legales del siglo XIII acreditan que la Mezquita de Córdoba fuese donada por Fernando III a la Iglesia de Córdoba. Se trata de una conclusión bastante obvia a la luz de los testimonios históricos existentes y que contradice cualquier pretensión en contra por parte de la Iglesia y sus portavoces académicos.

“El análisis histórico realizado por esta comisión demuestra que la Iglesia Católica no tiene ni puede tener título de propiedad alguno sobre la Mezquita-Catedral de Córdoba”. Esta es la principal conclusión que se extrae del informe encargado a expertos por el Ayuntamiento de Córdoba acerca de la titularidad de la Mezquita y que, tras un análisis histórico y jurídico del monumento, concluye así que la Iglesia nunca ha tenido la propiedad del mismo.

El informe, al que ha tenido acceso este medio y se da a conocer este sábado en el Ayuntamiento de Córdoba, hace un relato de los hechos históricos y de la situación jurídica de la Mezquita-Catedral, con los que se describe, por un lado, que la propiedad del monumento ha sido históricamente pública -del Estado en sus diversas formas- y, por otro, el sentimiento y apego de los cordobeses por este bien de dominio público: “Dos características que persistirán por encima de todos los cambios políticos o religiosos”.

La Mezquita-Catedral fue inmatriculada por la Iglesia en 2006, inscribiéndola a su nombre como Santa Iglesia Catedral en el Registro de la Propiedad, con un gasto de 30 euros, gracias a la modificación realizada en 1998 (durante el Gobierno de Aznar) del artículo 206 de la Ley Hipotecaria, que recuperaba la consideración de fedatarios públicos que los obispos habían tenido en la ley hipotecaria franquista (1944) y les otorgaba capacidad de registrar bienes sin aportar títulos de propiedad.

“En la referida inmatriculación faltan los tres requisitos básicos exigibles a cualquier registro de un bien: prueba de la propiedad, descripción del bien y certificación de que se encuentra libre de cargas”, advierte el informe de los expertos, que señalan que la inmatriculación “no tiene validez jurídica”.

Propiedad del Estado

La inmatriculación ha sido denunciada públicamente en los últimos años por especialistas y por la Plataforma por una Mezquita-Catedral Patrimonio de Todos, que han argumentado la apropiación del monumento por parte de la Iglesia, borrando incluso el nombre de Mezquita en algunos momentos. A partir de ahí, el Ayuntamiento encargó este informe a un grupo de expertos para delimitar la titularidad de la Mezquita-Catedral y emprender basándose en ello las medidas oportunas. Entre esos expertos se encuentran el exdirector general de la Unesco Federico Mayor Zaragoza, los expertos en Historia Medieval Alejandro García Sanjuán y Juan B. Carpio Dueñas y –hasta que fue nombrada vicepresidenta del Gobierno-, Carmen Calvo, como especialista en Derecho Constitucional.

El informe que ahora se hace público aborda la historia del monumento, desde su edificación hasta nuestros días, para demostrar cómo su propiedad ha estado ligada siempre al Estado, más allá de que a partir de 1236, tras la conquista cristiana de Córdoba, en el edificio se haya practicado el culto católico. “A la luz de la documentación histórica conservada, podemos afirmar (…) que la Iglesia Católica no puede demostrar propiedad del edificio”, asevera el informe.

En el análisis histórico, se da cuenta de cómo “la información actualmente disponible respecto a la época andalusí (siglos VIII al XIII) permite establecer que la Mezquita de Córdoba carece de antecedentes cristianos documentados, que se origina como un proyecto arquitectónico directamente ligado a la dinastía Omeya y que, como tal, fue un edificio de propiedad estatal a lo largo de todos los siglos de al-Andalus”. Es esa propiedad estatal la que los expertos certifican a lo largo de la Historia, con datos que así lo demuestran desde la época de la conquista cristiana, con la titularidad en manos del Estado y la supervisión en manos del Concejo de Córdoba de la época, hasta el siglo XX: “Durante los siglos XIX y XX se mantiene tanto la vinculación del pueblo de Córdoba con su Mezquita como su carácter de edificio público, encargándose el Estado de su protección y conservación, siempre con el apoyo cercano y constante del Ayuntamiento de la ciudad”.

El uso no reconoce propiedad

Cuestión aparte es el uso de culto católico que desde entonces se le dio al edificio y que los expertos no entran a rebatir ni pretenden eliminar pero, advierten: “El uso religioso de una antigua mezquita no supone reconocimiento de propiedad por parte de la Iglesia, salvo que exista donación expresa. Y en el caso cordobés, no existe donación expresa”.

Llaman la atención también sobre cómo en el Archivo de la Catedral no consta documento que acredite la propiedad de la Mezquita: “Fue la Iglesia Católica la única institución suficientemente cuidadosa en la conservación de las pruebas documentales que certifican sus propiedades. En este contexto, resulta significativa la falta de referencia alguna en la documentación eclesiástica a la supuesta donación o a la propiedad de la Mezquita Catedral”.

Como final del documento, los expertos realizan una propuesta de actuación al Ayuntamiento para reclamar la titularidad de la Mezquita-Catedral. “El Ayuntamiento tiene legitimidad para actuar en contra de la inmatriculación en cumplimiento de su deber institucional de defensa de un bien público en el ámbito del municipio”, argumentan. Y, por ello, aconsejan que la herramienta más apropiada para ello “sería recabar los apoyos parlamentarios necesarios para el planteamiento de un Recurso de Inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional con el objetivo final de anular la inscripción” de la Mezquita-Catedral a nombre de la Iglesia en el Registro de la Propiedad.

La respuesta del Cabildo

El Cabildo Catedral de Córdoba ha emitido un comunicado en el que afirman que “numerosas instancias judiciales y de la Administración han reconocido que el Conjunto Monumental Mezquita Catedral es propiedad de la Iglesia desde 1236”.

Así lo ha indicado tras una “primera lectura” del informe elaborado por la Comisión de Expertos en un texto en el que apuntan también que “en 2014, la Dirección General de Patrimonio del Ministerio de Hacienda señaló en un informe que el Conjunto Monumental Mezquita Catedral de Córdoba no consta en el inventario de Bienes y Derechos del Estado”.

En ese sentido -agrega el Cabildo-, la Dirección General de Patrimonio recogió que “la Abogacía del Estado ya señala que nadie cuestiona que Fernando III el Santo, tras la conquista de Córdoba en el año 1236, decide que la Mezquita sea consagrada y convertida en Catedral de la ciudad, y desde entonces la Iglesia es quien gestiona la misma, si bien colaborando con la misma en su conservación y mantenimiento, ya en la época moderna tanto el Estado como otras administraciones públicas, y ello dada su condición de bien de patrimonio histórico”.

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maetzu, aboga por una gestión compartida en la Mezquita-Catedral entre la Administración pública y la Iglesia, defendiendo que esta se realice a través de un órgano civil para los usos que pueda albergar el monumento, aparte de la liturgia católica en la Catedral cuya gestión se dejaría en manos de la Iglesia.

Maeztu, que ha visitado este jueves la capital cordobesa, ha diferenciado entre la titularidad del monumento -sobre lo que el Defensor no se pronuncia- y la gestión pública del mismo, un asunto en el que la Plataforma por una Mezquita-Catedral de Todos le pidió su intervención y le hizo depositario de más de 100.000 firmas de apoyo. Sobre ello, Maeztu se ha mostrado dispuesto a mediar para tratar el asunto con el Ayuntamiento y la Iglesia.

Su propuesta pasa por que la gestión del uso de la Mezquita “estuviera residenciada en un órgano, en un patronato o una fundación, que pudiera regular los eventos que se producen ahí, con independencia del natural derecho de la liturgia por la Iglesia católica”. Para Maeztu, la Mezquita “tiene que tener un órgano de la sociedad civil para que su disfrute sea pacífico y redunde en beneficio de la ciudad”.

A su juicio, se trata de “dos templos importantísimos para Córdoba: uno tiene la liturgia de la Iglesia católica pero al otro (a la Mezquita), sería absurdo meterle esa misma liturgia y esa misma regulación”. “Sería absurdo porque son dos templos unidos pero con una proyección cultural muy distinta”, ha dicho y ha defendido el “respeto grande a la Iglesia católica en su justa visión en su liturgia y también a la cultura de lo que representa la Mezquita”.

El Defensor del Pueblo Andaluz ha puesto como ejemplo de monumentos gestionados desde un órgano público la Alhambra de Granada y ha dicho que es necesario “regular los eventos que se pueden producir en la Mezquita, con parámetros científicos, con respeto a su legado y su cultura”, independientemente del uso y la liturgia en la Catedral.

“En esa concordia creo que estaría de acuerdo mucha gente”, ha defendido Maeztu, quien ha recordado las muestras de algunos eventos que se han producido en la Mezquita como “una invasión que, a lo mejor, no serían propicios para la Mezquita”.

Sobre este asunto, ha recordado que ya habló con el anterior alcalde de la ciudad, José Antonio Nieto, y se ha mostrado dispuesto a hacerlo ahora con la alcaldesa, Isabel Ambrosio. “Lo veré con la alcaldesa”, ha dicho, para tratar sobre “estas dos regulaciones que tienen convivir juntas, tienen que respetarse, pero que no haya invasiones y conflictos”.

La Plataforma Mezquita Catedral de Córdoba Patrimonio de Tod@s ha presentado una denuncia acompañada de un informe ante Icomos (organismo asesor de la Unesco), la Junta de Andalucía y el Defensor del Pueblo Andaluz por la instalación de las estructuras metálicas y los palcos de la carrera oficial de Semana Santa sobre los muros del monumento protegido y Patrimonio de la Humanidad.

La colocación de las tribunas de pago en la carrera oficial de Semana Santa -que llevó a cabo la Agrupación de Hermandades y Cofradías de acuerdo con el Ayuntamiento- se efectuó “sin el proyecto municipal adecuado, los estudios de planimetría y la autorización preceptiva”, según alertó la propia Comisión Provincial de Patrimonio Histórico en un documento oficial. La plataforma considera que esta acción “representa un nuevo y grave ataque contra la integridad” de la Mezquita Catedral.

En el citado escrito de la Comisión Provincial de Patrimonio, fechado el 22 de marzo -día previo al Viernes de Dolores-, se asegura que el proyecto remitido por el Ayuntamiento sobre la carrera oficial “resulta del todo insuficiente” e impide que el órgano colegiado pueda emitir su dictamen preceptivo, aunque no vinculante. Este órgano vela por la protección y conservación del patrimonio de la provincia.

El proyecto enviado, además, “ocultaba la instalación de 64 módulos sobre los andenes del Conjunto Monumental Mezquita Catedral y el potencial riesgo para la seguridad del templo omeya. Fueron los mismos técnicos quienes días después tuvieron que certificar sobre el terreno la existencia de las tribunas metálicas, que, al parecer, no figuraban en el documento municipal”, aseguran.

La plataforma denuncia que la Comisión de Patrimonio Histórico tuvo conocimiento de las graves deficiencias del proyecto “desde, al menos, el 9 de marzo, según cita en su propio documento” y que “existió tiempo sobrado, por tanto, para ordenar la retirada de los palcos sin autorización sobre el Conjunto Monumental, cosa que finalmente no se produjo, pese a que la propia comisión recomendaba una distancia mínima de diez centímetros entre los paramentos de la Mezquita y cualquier instalación pesada”.

Solo después de pasada la Semana Santa, el delegado de Cultura de la Junta en Córdoba, Francisco Alcalde, reconocía que la instalación de los palcos de Semana Santa en la Mezquita Catedral había conllevado “riesgo para el patrimonio”.

Todas estas “irregularidades” han sido comunicadas por la plataforma a la dirección de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía en un informe detallado entregado este jueves en la Delegación de Cultura de Córdoba. En ese sentido, lamentan “esta nueva e injustificada agresión contra el Conjunto Monumental Mezquita Catedral, que vuelve a evidenciar la arbitrariedad y falta de respeto en la gestión del Cabildo, y la pasividad injustificable de las administraciones en su responsabilidad de protección y tutela del patrimonio histórico andaluz”, argumentan.

Además, denuncian que “es notorio, por la documentación que obra en poder de la Plataforma y ha sido difundida parcialmente por la prensa, que la propia administración se ha saltado la normativa vigente o, al menos, ha consentido que el Cabildo y la Agrupación de Cofradías coloquen palcos metálicos en un edificio protegido sin tener autorización para ello”.

En el informe que acompaña a la denuncia hecha por la Plataforma, se detallan las irregularidades y se incluye un dossier fotográfico, y se solicita a la Consejería de Cultura que abra de manera inmediata una investigación sobre los hechos y ponga en marcha un expediente sancionador si corresponde.

“Pese a la inexistencia del proyecto preceptivo y a las serias advertencias de la Comisión de Patrimonio Histórico vertidas en su escrito cuatro días antes de Semana Santa, el delegado de Cultura de la Junta, Francisco Alcalde, se atrevió dar luz verde a los palcos sobre la Mezquita y a ”garantizar“ la seguridad del monumental edificio. No es un dato irrelevante que el delegado de Cultura haya sido presidente de la Agrupación de Cofradías durante ocho años, lo que, en opinión de la Plataforma, compromete su credibilidad a la hora de tomar decisiones que afectan a las hermandades y ponen en riesgo el Conjunto Monumental Mezquita Catedral”, advierten.

La Plataforma considera que “este nuevo desatino” vuelve a poner de manifiesto la necesidad de una gestión profesional y compartida con la administración pública de la Mezquita Catedral.

Lograr la titularidad pública de la Mezquita-Catedral. Ese es el objetivo con el que nace la comisión de expertos creada por el Ayuntamiento de Córdoba para tal fin y que estará presidida por Federico Mayor Zaragoza, el que fuera director general de la Unesco cuando este organismo internacional protegió el emblemático monumento cordobés con el título de Patrimonio de la Humanidad.

La puesta en marcha de la comisión, que ha sido presentada este viernes por la alcaldesa de la ciudad, Isabel Ambrosio, junto al propio Mayor Zaragoza, se completará con el nombramiento de cuatro asesores más “de reconocido prestigio”, de ámbito nacional e internacional, que realizarán su labor de asesoramiento desde el punto de vista “jurídico, administrativo, patrimonial y cultural”.

La elección de Federico Mayor Zaragoza para guiar este trabajo viene apuntalada no solo por su conocimiento de la Unesco y de la propia Mezquita-Catedral cuyo título de Patrimonio de la Humanidad impulsó, sino por su postura en defensa de la titularidad pública del monumento desde que se conoció que la Mezquita fue inmatriculada por la Iglesia inscribiéndola a su nombre en el Registro de la Propiedad en 2006 sin tener título de dominio sobre ella. De hecho, Mayor Zaragoza fue una de las personalidades que firmaron un manifiesto reclamando que el monumento fuera público, promovido por la Plataforma por una Mezquita-Catedral Patrimonio de Todos.

“No ha asistido impasible a la privatización” del conjunto monumental ha dicho sobre ello la alcaldesa de Córdoba, en alusión a su idoneidad para presidir la comisión de trabajo que se constituirá formalmente el 20 de junio próximo y que se ha marcado como objetivo elaborar un informe completo para presentárselo al Ayuntamiento el próximo otoño. En base a ese documento, será el equipo municipal de gobierno quien deba decidir los pasos a dar desde la institución para reclamar la titularidad pública del monumento.

Sobre ello, la alcaldesa ha afirmado que “se tomarán las decisiones más rentables, eficientes y que permita con más garantías avanzar en la titularidad pública”, para lo cual espera tener el informe del grupo de expertos con “argumentos contundentes y establecer una estrategia para conseguir la titularidad”. En ese camino, Isabel Ambrosio no ha renunciado a que el Ayuntamiento pueda acudir a los tribunales. “No se descarta nada”.

La Mezquita como icono mundial

Federico Mayor Zaragoza ha advertido que la Unesco puede declarar el monumento como Patrimonio Mundial “en peligro” si no se cumplen los valores “excepcionales” de “convivencia” y respeto entre culturas por el que fue protegido por este organismo internacional. En ese sentido, ha destacado “su valor desde un punto de vista cultural pero también de civilización, de convivencia y fraternidad”.  “Es un icono a escala mundial de convivencia, fraternidad y solidaridad”, ha añadido sobre el principal atractivo turístico de la capital cordobesa, un monumento que define como símbolo entre culturas.

En ese sentido, desde el Ayuntamiento se ha defendido que “los motivos excepcionales por los que se le concedió el título de Patrimonio de la Humanidad tienen que ser respetados por todos”, en palabras de la alcaldesa. Una afirmación en alusión a la Iglesia que ha querido borrar el nombre de Mezquita de la nomenclatura del monumento y llamarlo solo como Catedral, hasta que rectificó el pasado año.

La Plataforma Mezquita Catedral Patrimonio de Tod@s lamenta “que la Iglesia use para fines espurios los millonarios fondos derivados de las entradas de un bien fundamental del patrimonio cultural andaluz” y exige a la Junta de Andalucía “que obligue al Cabildo a actuar con transparencia y rigor en su gestión económica, tal como la ley estipula para el resto de ciudadanos, según indica la plataforma en un comunicado.

El Cabildo Catedral destina el dinero que obtiene por la explotación comercial de la Mezquita Catedral de Córdoba a salvar multinacionales en quiebra afines ideológicamente, tal y como se hizo eco el otro día este periódico, incluido el rescate de la compañía eléctrica Abengoa, recuerda la plataforma.

La información filtrada por el diario económico Expansión pone sobre la mesa el “absoluto descontrol en las cuentas de la Mezquita Catedral, que, al menos, hasta diciembre pasado permanecían en la opacidad fiscal y no declaraban a Hacienda, como es preceptivo para cualquier contribuyente”. “Además, desmiente las reiteradas declaraciones efectuadas por el Cabildo Catedral acerca del uso de los beneficios en proyectos de conservación del inmueble y ayudas de naturaleza social y benefactora”.

“Es preciso recordar que el Estado, a través de sus diversas administraciones, ha sido el principal financiador de la rehabilitación y mantenimiento de la Mezquita Catedral y desde el siglo XIX ha librado de forma sistemática decenas de millones de euros en sus presupuestos para innumerables proyectos que han permitido que el monumento omeya llegue a nuestros días en óptimas condiciones. No es de recibo que la Iglesia, además de apropiarse de forma unilateral del edificio y quedarse en exclusiva con los beneficios de su explotación comercial, encima los destine a inversiones mercantiles que nada tienen que ver con el fin patrimonial del monumento”, añade.

La Plataforma Mezquita Catedral espera que la Junta de Andalucía, administración competente en la vigilancia y tutela del patrimonio histórico andaluz, cumpla con su obligación de garantizar la gestión transparente y responsable de un monumento histórico artístico de dimensión universal, en la misma medida que las leyes fiscalizan las cuentas de otros bienes culturales, como es el caso de la Alhambra.

El dinero que ha salvado a la compañía energética andaluza Abengoa de la quiebra y le ha permitido sobrevivir con un plan de reestructuración ha llegado de múltiples inversores de varios países, particulares y entidades. Y, entre ellos, llama la atención un inversor de la Iglesia católica española: el Cabildo Catedral de Córdoba, el órgano de la Iglesia que gestiona el principal monumento de la ciudad, la Mezquita-Catedral.

El nombre del total de los 350 inversores que han salvado a Abengoa se ha conocido tras comunicar su filial estadounidense, Atlantica Yield, el listado de los mismos al organismo de EEUU que regula los mercados financieros, la Securities Exchange Commission (SEC), listado donde aparece el Cabildo Catedral de Córdoba con 3.215 derechos sobre acciones de la compañía, según avanzó el periódico económico Expansión.

Según ha podido saber eldiario.es/andalucia, el Cabildo estaría entre los acreedores de Abengoa que, con el plan de reestructuración de la empresa, han realizado una inversión en la compañía energética con la que han obtenido unas prioridades de cobro de esa deuda en forma de los citados títulos de acciones. Es decir, las acciones no son actualmente propiedad del Cabildo sino que están pignoradas –puestas en garantía- y así, si el Cabildo no cobrara lo que le adeuda Abengoa, se le garantizaría su montante al disponer de los derechos sobre esas acciones.

Por su parte, consultado por este medio el Cabildo Catedral sobre la inversión realizada, éste se ha remitido a confirmar que es poseedor de dichos títulos, sin que se haya aclarado el motivo ni cuantía de dicha inversión, si la operación la realizó directamente este organismo de la Iglesia ni si lo que le adeuda a Abengoa se debe a la compra anterior de bonos, deuda o algún otro producto de la compañía.

Así las cosas, entre inversores de países como Rusia, Francia, EEUU, Italia, Alemania y España, entre otros, figura el nombre del Cabildo Catedral de Córdoba, junto a entidades como CaixaBank, JPMorgan o Unicredit. Un listado exhaustivo presentado ante la SEC de Estados Unidos donde se detallan los poseedores de los derechos de las acciones de la filial Atlantica Yield de Abengoa.

Cabe recordar que Abengoa estuvo al borde de la quiebra en 2015. El año pasado, sus responsables lograron salvar a la compañía gracias a su filial estadounidense, Atlantica Yield, que recibió una inyección de 1.200 millones de euros provenientes de inversores de todo el mundo.

La apertura de una nueva puerta en la Mezquita-Catedral llegará a los tribunales. El proyecto, a iniciativa del Cabildo para retirar unas celosías de madera diseñadas por Rafael de La-Hoz y que forman parte del monumento que fue distinguido como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, ha obtenido el visto bueno de la Junta de Andalucía previo informe de Icomos. Pero el dictamen el organismo de la Unesco dedicado al ámbito del patrimonio, según la familia de De La-Hoz, sólo tuvo en cuenta las alegaciones del Cabildo porque las suyas no fueron trasladadas por la Junta de Andalucía.

Según ha anunciado este viernes Rafael de La-Hoz, hijo del mismo nombre que el arquitecto que diseñó las celosías, llevarán a los tribunales la acción de la Junta al considerar que no preservó su “derecho a ser escuchado” por no dar traslado de las alegaciones de De La-Hoz al organismo de la Unesco para realizar su informe: “Por razones que no conozco, el dictamen de Icomos fue realizado sobre el proyecto con las alegaciones y razones del Cabildo pero no con las mías”.

En ese sentido, ha explicado que él mismo solicitó a la Junta de Andalucía que enviara sus alegaciones al organismo de la Unesco “para que se pronunciara con conocimiento de todas las partes. Desgraciadamente no fue así y solo envió las del Cabildo. Fui parte inaudita, no escuchada”, denuncia.

Cabe recordar que el proyecto presentado por el Cabildo de la catedral para abrir esta nueva puerta en la Mezquita-Catedral, tuvo luz verde de la Junta de Andalucía en diciembre pasado después de que ésta realizara su dictamen teniendo en cuenta el informe positivo de Icomos.

Para la familia del arquitecto que llevará ante el juez la acción de la Junta “lo razonable” es que “si se envían las alegaciones de una parte (el Cabildo), se envíen también los de la otra parte” al órgano de la Unesco que debía realizar un informe sobre el impacto que la retirada de la celosía conllevaría en el monumento declarado Patrimonio de la Humanidad. Sobre este hecho, De La-Hoz señala que, en este tiempo, “he preguntado a la Junta pero no he obtenido respuesta” sobre “por qué se envían unas alegaciones y otras no” a Icomos, un extremo que deberán ahora dilucidar los tribunales.

Licencia para el proyecto

Así, acerca de la retirada de la celosía, los familiares de Rafael de La-Hoz dan por hecho que se llevará a cabo. Y es que a la luz de los informes de la Junta e Icomos y con dicha documentación, ahora es la Gerencia Municipal de Urbanismo de Córdoba la que, técnicamente, debe dar el visto bueno para otorgar la licencia de obra al Cabildo, algo que previsiblemente ocurrirá la próxima semana. “La Gerencia dará licencia porque no cabe otra actuación. Me parece consecuente”, reconoce el arquitecto.

“Aquí termina el proceso administrativo. Hasta donde yo sé, la puerta se va abrir sin duda”, señala De La-Hoz al reconocer que la comisión de licencias de Urbanismo no puede frenar el proyecto que ya cuenta con los informes favorables de la Junta. Un final administrativo sobre el que el arquitecto se ha mostrado “moderadamente satisfecho” según ha explicado porque el proyecto inicial del Cabildo “consistía en derribar todas las celosías y reemplazarlas por puertas de acero. Al menos ahora todas las celosías menos una se van a preservar y esa se sustituye por una puerta”.

No obstante, ha pedido que la celosía de su padre que previsiblemente se retirará de la Mezquita-Catedral se conserve y se guarde en algún lugar apropiado. “Quizás generaciones venideras sepan apreciar su valor”.

La Coordinadora Estatal para la Recuperación del Patrimonio Inmatriculado por la Iglesia Católica, ‘Recuperando’, -que incluye a una veintena de colectivos de todo el país- pedirá en las próximas semanas al Congreso de los Diputados que actúe ante la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo que ha declarado nula una inmatriculación realizada por la Iglesia. Dicha sentencia ha condenado al Estado a pagar una indemnización de 600.000 euros al permitir –al amparo del artículo 206 de Ley Hipotecaria-que la Iglesia inmatriculara a su nombre en 1994 en el Registro de la Propiedad varios edificios que pertenecían a una finca de la empresa Sociedad Anónima Ucieza, en Palencia.

En las próximas semanas – según confirman a eldiario.es/andalucia desde la coordinadora-, ‘Recuperando’ va a hacer uso del “derecho de petición” ante el Congreso y a través de su Registro va a solicitar que se estudie una fórmula para “restituir a legalidad conculcada” con las inmatriculaciones en todo el país, con el fin de evitar que cientos de casos puedan llevarse a los tribunales y deba entonces aplicarse la sentencia europea condenando sucesivamente al Estado al pago de indemnizaciones por permitir las inmatriculaciones.

“Si se llega a los tribunales, están obligados a aplicar la interpretación europea” advierten desde Recuperando, que quieren hacer ver el “principio de primacía del Derecho europeo”, por el que el Gobierno debería estar “obligado a buscar un procedimiento para restablecer la legalidad en todos los casos” de inmatriculaciones de bienes que no son de la Iglesia.

Así las cosas, la coordinadora de colectivos de todo el país busca en el Congreso que el Gobierno actúe de una manera similar a lo sucedido con las cláusulas suelo, donde se ha buscado un procedimiento general para restituir la legalidad –devolver el dinero cobrado indebidamente- cuando así lo ha dictado una sentencia de la justicia europea y evitar que se lleve a los tribunales caso por caso.

Ahora, después de que enero haya pasado como mes sin actividad parlamentaria en el Congreso de los Diputados, Recuperando llevará la sentencia de Estrasburgo sobre las inmatriculaciones al considerar que se debe dar una respuesta ante esta nueva situación. Según las fuentes consultadas, de no buscar un procedimiento general, se daría vía libre a que cada caso de un bien inmatriculado acabara en los tribunales, “que tendrán en última instancia que aplicar la sentencia de Estrasburgo y que dicta la indemnización del Estado al propietario usurpado”. Es decir, podrían darse cientos de indemnizaciones pagadas con recursos públicos “castigando al Estado por tolerar las inmatriculaciones”, sin que la Iglesia se viera perjudicada porque la causa no se abrió contra ella sino contra el Estado por permitirlo.

Con ello, la Coordinadora Estatal para la Recuperación del Patrimonio Inmatriculado por la Iglesia Católica busca que el Gobierno actúe ante el conjunto de inmatriculaciones realizadas en todo el país, que van desde cientos de bienes de todo tipo –terrenos, ermitas, trasteros, pisos, viñedos, etc- hallados por el primer colectivo que inició la tarea de identificar las inmatriculaciones en Navarra, hasta edificios tan singulares y emblemáticos como la Mezquita-Catedral de Córdoba –Patrimonio de la Humanidad- que fue inmatriculada por la Iglesia en 2006 pagando 30 euros en el Registro de la Propiedad.

El fallo del 20 de diciembre de 2016 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo condenó al Estado a indemnizar a la Sociedad Anónima Ucieza, firma que había adquirido en 1978 una finca que incluía un conjunto de edificios de carácter religioso pertenecientes a un antiguo monasterio desamortizado en el siglo XIX. En 1994, bajo el amparo de la antigua Ley Hipotecaria, la Iglesia inmatriculó varios de esos edificios –un templo, la sacristía y una sala capitular- sin aportar ningún título de dominio escrito y con la única certificación del obispo de Palencia.

I Encuentro Andaluz de Laicismo e Inmatriculaciones

Por otro lado, este próximo sábado 4 de febrero tendrá lugar en Jerez (Cádiz) el I Encuentro Andaluz de Laicismo e Inmatriculaciones, organizado por el Centro de Estudios Históricos de Andalucía (CEHA) y donde se analizará “la política de inmatriculaciones impulsadas por la Iglesia Católica, a partir de las competencias registrales que le fue concedida en su día por el Gobierno del PP presidido por Aznar”, según han informado en una nota.

Se trata del primer encuentro de estas características convocado en Andalucía y cuenta con el apoyo de la Coordinadora para la Recuperación del Patrimonio Inmatriculado por la Iglesia Católica (Recuperando) a través de la participación como ponente de su portavoz estatal, Antonio Manuel Rodríguez, profesor de Derecho Civil en la Universidad de Córdoba y Presidente de la Federación de Ateneos de Andalucía.

En esa cita se revisará la realidad de las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia Católica, “toda vez que el Gobierno del Partido Popular concedió a los obispos poderes cuasi notariales para registrar inmuebles de todo tipo a su nombre sin control alguno” y se pasará revista al estado de la cuestión en Andalucía y en otras comunidades autónomas. Asimismo, la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que condena al estado español por una inmatriculación será objeto de análisis, a la vez que se abordarán las estrategias y acciones futuras en relación a las inmatriculaciones.

Entre los ponentes del encuentro también estarán el abogado y vicepresidente del CEHA, Estanislao Naranjo Infante, nieto de Blas Infante, que en su intervención abordará “la trascendencia del Concordato Franquista en plena democracia y en un Estado aconfesional como marca la Carta Magna de 1978”. 

“Como seguramente su intención no es la de manipular y tergiversar la Historia para infravalorar la importancia de la Mezquita de Córdoba (aunque lo parezca y mucho). Y como manifiesta una ignorancia supina en materia cultural, pedimos que vuelva cursar los estudios de Educación Secundaria para así no avergonzar a los cordobeses y cordobesas”. Con esta argumentación se ha iniciado una petición ciudadana en la página web change.org tras las declaraciones del obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, que en una entrevista ha señalado que “la Mezquita de Córdoba es arte bizantino. Los moros solo pusieron el dinero”.

Estas afirmaciones las ha realizado el obispo en una entrevista realizada para la revista ‘17…Un análisis del estado de la cultura en Córdoba’, financiada por el Ayuntamiento de Córdoba y que recoge una panorámica del mundo cultural en la ciudad tras el año 2016 en el que quiso ser la capital europea de la cultura.

A lo largo de la entrevista, Demetrio Fernández expone la argumentación que la Iglesia ha defendido sobre el emblemático monumento cordobés, al que en un período de tiempo le llegó incluso a negar el nombre de Mezquita, eliminándolo de su nomenclatura en folletos y cartelería, donde sólo denominaba al edificio como Catedral.

El obispo viene a señalar que la Mezquita-Catedral es esencialmente cristiana,no por ser convertida a la confesión católica en 1239, sino por sus raíces arquitectónicas e históricas sobre las que abunda en estas declaraciones en las que deja el papel de los musulmanes que la edificaron como meros financiadores de la construcción.

El obispo describe que “en realidad, los Omeyas, los califas, no tenían arquitectos propios ni crearon un arte nuevo, no es arte musulmán. Fueron a por sus paisanos cristianos de Damasco y los trajeron a Córdoba. Pero el arte no es musulmán. Es bizantino”. Y apostilla: “Es cristiano bizantino. Los moros (sic) solo pusieron el dinero”.

Ante esta nueva declaración de Demetrio Fernández y la Diócesis de Córdoba negando las raíces de la Mezquita-Catedral de Córdoba, han sido diversas las manifestaciones que se han elevado para señalar el desconocimiento o tergiversación de la historia por parte del obispo, como ha sido el caso de la Plataforma por una Mezquita-Catedral Patrimonio de Todos –que lo ha calificado como “el último disparate del obispo sobre la Mezquita de Córdoba”-, expertos culturales de la ciudad y, ahora, con el formato irónico de esta petición en change.org, decenas de ciudadanos.

A partir del 1 de enero de este nuevo año, entrar a la Mezquita-Catedral de Córdoba cuesta un 25% más. Es la subida que ha decidido aplicar el Cabildo –el órgano de la Iglesia que gestiona el monumento- y que se traduce en que la entrada de acceso al mismo pasa de 8 a 10 euros, una cuantía que deberán abonar todos las personas que visiten el edificio a excepción de las empadronadas en Córdoba, que tienen pase gratuito.

Con esta subida, la Mezquita se convierte en la Catedral con la entrada turística más cara de toda Andalucía, ya que los 10 euros que cuesta a partir de ahora el ticket de acceso doblan el precio de entrada de la mayoría de las iglesias mayores de cada diócesis andaluza. Visitar, por ejemplo, las catedrales de Málaga, Jaén, Almería, Granada o Cádiz cuesta 5 euros, según las tarifas de precios consultadas por eldiario.es/andalucia.

En un extremo de estos casos, la Catedral de Huelva es la única de Andalucía cuya visita es gratuita totalmente, mientras que en la capital andaluza, la Catedral de Sevilla, que hasta ahora tenía un precio superior a la de Córdoba, baja al segundo puesto del ranking, con nueve euros como precio de su entrada, que incluye también la visita a la iglesia de El Salvador.

Todas estas catedrales ofrecen distintos tipos de descuentos para turistas pensionistas, jubilados, menores de 16 años y visitas en grupo, según establece la tarifa de cada monumento y, en una u otra medida, ofrecen acceso gratuito en horario de misa para los feligreses.

12 años con el precio “congelado”

El Cabildo de la Catedral de Córdoba defiende que la subida de un 25% del ticket del monumento se hace “tras 12 años de congelación de precios” y considera que los 10 euros que se pagan a partir de ahora suponen “un precio inferior al que tienen los principales sitios de interés turístico en España”. Cabe recordar que la última actualización de precios que llevó a cabo el Cabildo sobre la Mezquita se produjo en 2005, cuando se incrementó el importe de 6,5 euros a los 8 que se venían pagando hasta este año 2017.

La actualización del precio llevará acompañada, según ha anunciado el Cabildo, un proceso de modernización tecnológica en la adquisición de las entradas para poder abonarlas con tarjeta de crédito o débito, así como la adquisición de las entradas a través de internet a lo largo de este año 2017, facilitando así la planificación del viaje por parte de los turistas.

La subida del precio de la entrada del monumento cordobés ha sido criticada desde la Plataforma Mezquita-Catedral Patrimonio de Todos, que defiende que el monumento sea de titularidad pública y se deje sin efecto la inmatriculación que de él hizo la Iglesia en 2006 inscribiéndola en el Registro de la Propiedad a su nombre por 30 euros. Este colectivo ha calificado la subida como “desmedida” dado que considera como “un aumento muy notable” el precio que a partir de ahora tendrán los tickets turísticos de entrada al monumento.

El Cabildo Catedralicio de Córdoba – que gestiona la Mezquita Catedral- tiene preparado un proyecto por el cual trasladaría las taquillas de venta de entradas de la Mezquita-Catedral al Palacio Episcopal, sede del Obispado de Córdoba. De esa manera, el millón y medio de turistas que recibe el monumento cada año tendrían que pasar obligatoriamente para adquirir sus tickets de manera presencial por la sede eclesiástica, edificio situado en una de las calles que conforman el perímetro de la Mezquita-Catedral.

Según consta en el documento, el proyecto también prevé la construcción de un Centro de Interpretación del monumento en el propio Palacio Episcopal, pendiente de una remodelación que llevará a la instalación de este centro dentro del Obispado, como paso previo a la visita turística al monumento propiamente dicho.

El proyecto, que ya cuenta con el visto bueno de los técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Córdoba y de la Delegación Provincial de Cultura, debe ahora pasar a la Comisión Provincial de Patrimonio de la Junta de Andalucía, que será la encargada de otorgarle la aprobación definitiva para que el Obispado pueda iniciar las obras oportunas.

Así, las taquillas para la venta de las entradas de la Mezquita-catedral quedarán enmarcadas dentro del Palacio Episcopal, desapareciendo de su ubicación actual, el Patio de los Naranjos del emblemático monumento que actualmente goza de acceso libre para cualquier persona, estando la entrada restringida sólo para la visita al interior del edificio.

Ingresos íntegros

Las entradas para acceder a la Mezquita-Catedral tanto en horario diurno como nocturno –de un lado- y a la Torre Campanario (antiguo alminar) –por otro- han sido objeto de polémica ya que sus ingresos íntegros van a parar a manos de la Iglesia. El dinero de los tickets ni se declara ni se tributa al estar exenta la Iglesia de publicarlos oficialmente y del abono de impuestos, algo que ha sido criticado por la Plataforma Mezquita-Catedral Patrimonio de Todos y Córdoba Laica, entre otros. Los cálculos –ya que el Cabildo no ofrece información pública sobre dichos ingresos- estiman que anualmente la Iglesia ingresa alrededor de 13 millones de euros por las visitas de turistas al monumento.

Cabe recordar que la apropiación de la Mezquita-Catedral por parte de la Iglesia se inició con su inmatriculación en el Registro de la Propiedad en el año 2006, por un coste de 30 euros, sin tener título de dominio sobre el monumento y gracias a un artículo de época franquista que mantenía la antigua Ley Hipotecaria reformada por el expresidente del Gobierno José María Aznar.

A partir de ese momento, la Iglesia inició un proceso por el que hizo desaparecer del nombre del monumento el término Mezquita y solamente lo denominaba Catedral, nomenclatura que aparecía en cuantos carteles, documentos y folletos turísticos emitía el Cabildo –incluso llegó a desaparecer de Google Maps-, pese a que el nombre oficial del monumento según aprobó el Ayuntamiento de la ciudad era Mezquita-Catedral. No ha sido hasta este mismo año 2016 cuando la Iglesia ha recuperado ambos términos y desde hace unos meses denomina oficialmente al edificio como Conjunto Monumental Mezquita-Catedral de Córdoba.

Era la primera vez que la Iglesia y la plataforma por una Mezquita-Catedral Patrimonio de todos se sentaban cara a cara a exponer sus razones para defender la propiedad del monumento, unos como propia de la Diócesis de Córdoba y otros como bien público. Dos abogados, Manuel Espejo como asesor jurídico de la Diócesis cordobesa y Rafael Mir como integrante de la plataforma pro Mezquita pública, han sido los encargados de defender por primera vez en un acto conjunto las posiciones de ambas partes.  Un acto organizado por el Aula de Debate de la Universidad de Córdoba y con la participación de seis estudiantes para debatir sobre este asunto, donde los dos juristas han expuesto frente a frente sus posiciones antagónicas. O no tanto, porque el representante de la Diócesis de Córdoba ha admitido que la inmatriculación por la que la Iglesia inscribió la Mezquita-Catedral a su nombre en 2006 no le otorga la propiedad de la misma, como igualmente ha defendido siempre la plataforma que defiende su titularidad pública.

“La inmatriculación no da la propiedad. Inscribir un bien en el Registro de la Propiedad no otorga la propiedad”, ha argumentado el abogado de la Diócesis, quien ha defendido que la Iglesia es “el legítimo propietario” de la Mezquita-Catedral porque “la adquirió en 1236 mediante donación de Fernando III El Santo”. Y, sobre ello, ha explicado que las donaciones del rey “podían ser con carta o sin carta –con o sin documento de por medio- y tendría valor”.

Ese es el principal argumento que esgrime la Iglesia para decirse propietaria de la Mezquita-Catedral, la donación ‘verbal’ del templo por parte del rey, “poseyéndola desde entonces como propietario”. “No hay ningún argumento para poner en duda la propiedad de la Diócesis” sobre el monumento.

Pero, a ojos de la plataforma por una Mezquita-Catedral Patrimonio de Todos, sí que los hay. El abogado Rafael Mir ha tratado de desmontar precisamente los argumentos de la Iglesia, recordando que en la época de Fernando III El Santo, las donaciones de bienes cuyo valor superaran las 500 monedas –como el caso de la Mezquita con creces- debían hacerse por escrito. Y por escrito no la donó el rey a la Iglesia: “No la dio por escrito porque sólo la cedió a la Iglesia como usuaria”, defiende y recuerda que en el Archivo Municipal constan los documentos de los edificios que efectivamente donó el rey y donde no aparece la Mezquita.

“Según la Iglesia, adquirió la Mezquita con la ceremonia de la ceniza sobre el suelo” que se narra en la hoja de inscripción del monumento en el Registro de la Propiedad, una ceremonia “inadmisible como forma de adquirir el dominio” sobre el edificio, para Rafael Mir. De hecho, al realizar esa inscripción, la Iglesia admite no tener título de dominio sobre el monumento y así consta en el registro.

“La inmatriculación no concede el derecho de adquisición” ha reafirmado también el abogado de la plataforma por una Mezquita pública, que ha recordado cómo a lo largo de la historia “la Iglesia nunca se comportó como propietario” del monumento, haciéndose cargo de las obras y conservación del mismo a lo largo de los siglos distintas administraciones: el Estado e incluso el Ayuntamiento de Córdoba.

Los argumentos de ambas partes están puestos sobre la mesa. “Sobre este tema hay mucha pasión”, admite el abogado de la Diócesis, quien pide que se mire estrictamente a la ley para debatir sobre la propiedad. Y echa un órdago a las administraciones: “Es el momento de que los responsables públicos dejen de hacer declaraciones y pasen a la acción. Si tienen informes que cuestionen la propiedad de la Diócesis sobre la Mezquita, que acudan a los tribunales. Pero si esos informes no la cuestionan, que dejen de alimentar debates estériles”. Habrá que esperar para ver si éste dará o no frutos.

Julio Anguita, Herminio Trigo, Manuel Pérez y Andrés Ocaña fueron alcaldes de Córdoba bajo las siglas de IU, formación política por la que también alcanzó la alcaldía Rosa Aguilar, actual consejera de Cultura de la Junta de Andalucía. Este martes, los cuatro primeros han dirigido una carta a Aguilar recordando su compromiso por la titularidad pública de la Mezquita-Catedral y apremiándola a actuar desde el cargo que ocupa actualmente en la administración autonómica.

Anguita, Trigo, Pérez y Ocaña se dirigen en su misiva –a la que ha tenido acceso eldiario.es/andalucia- a Rosa Aguilar: “Como regidora que fuiste de esta ciudad y actual consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, te pedimos que pongas en marcha sin demora medidas en la línea del compromiso público que firmamos cinco alcaldes de Córdoba el 16 de febrero de 2015”.

Y es que la propia consejera de Cultura, como exalcaldesa de Córdoba, firmó en esa fecha junto a Anguita, Trigo, Pérez y Ocaña un documento titulado ‘En defensa de la Mezquita-Catedral y el patrimonio histórico de Córdoba’ que denunciaba la apropiación del monumento por parte del Cabildo, reclamaba su titularidad pública, instaba a la difusión de todos los bienes inmatriculados por la Iglesia y exigía la urgente intervención de la administración competente en este asunto.

Los cuatro exalcaldes firmantes de la misiva expresan su “profunda preocupación” por “la situación de la Mezquita de Córdoba, principal seña de identidad cultural e histórica de la ciudad y Patrimonio Mundial por la Unesco, cuya integridad, como sabes, sigue siendo injustamente lesionada con total impunidad por sus actuales administradores, que falsean intencionadamente su historia hasta el punto de eliminar su propio nombre que le da proyección universal”.

Y en ese sentido, apremian a la Junta de Andalucía y a su consejera de Cultura a actuar en el asunto. “Nos preocupa particularmente la pasividad de la Junta de Andalucía, administración competente en la tutela y vigilancia del patrimonio histórico andaluz, que tras dos años de intensa movilización ciudadana, con enorme repercusión internacional, no haya tomado ni una sola decisión concreta en relación con la salvaguarda y protección de tan sensible monumento de nuestro acervo cultural”.

Anguita, Trigo, Pérez y Ocaña denuncian en su carta que el Gobierno andaluz “no haya emprendido ni una sola iniciativa para devolver al dominio público un bien que representa nada menos que 1231 años de la historia de Córdoba, construido, sostenido y rehabilitado por numerosos actores sociales, especialmente el Estado, y que, como bien conoces, fue inmatriculado unilateralmente por el Obispado al amparo de una triquiñuela legal que le otorgaba un privilegio medieval y claramente inconstitucional”.

Decepción por la actitud de la Junta

Los cuatro exalcaldes recuerdan que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha expresado verbalmente “que la Mezquita de Córdoba debe permanecer bajo titularidad pública” en reiteradas ocasiones. Sin embargo, señalan “la decepción que nos ha producido la actitud adoptada recientemente por el Gobierno andaluz de no apoyar la proposición no de ley presentada en el Parlamento autonómico, que pretendía dar un impulso político a las acciones que hay que llevar a cabo para recuperar el carácter público de la Mezquita”.

A su juicio, “se ha perdido la ocasión de dar una respuesta positiva a la intensa movilización ciudadana que, tras una larga espera, aún no ha visto resultado alguno por parte de la Junta de Andalucía, más allá de declaraciones públicas que no se traducen después en la necesaria acción política”. Y, en ese sentido, creen que “el tiempo de los titulares de prensa ya ha pasado y que es hora de tomar decisiones tangibles”. 

Para actuar en este asunto, los cuatro exalcaldes creen que la administración andaluza tiene “margen sobrado para actuar en el marco de la ley, tanto en el jurídico como en el administrativo, para recuperar el monumento y desarrollar una normativa que evite atropellos contra la identidad de uno de los principales valores del patrimonio histórico andaluz y universal”. 

Y dirigiéndose expresamente a la actuación de Rosa Aguilar como consejera, terminan su misiva expresando su deseo de que ésta actúe desde el Gobierno andaluz: “Estamos seguros de que, tras nueve meses como máxima responsable del cuidado y conservación del patrimonio cultural andaluz, acometerás tus compromisos con la defensa de este excepcional tesoro arquitectónico andalusí llamado Mezquita de Córdoba”.