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Cinco exalcaldes de Córdoba piden la titularidad pública de la Mezquita-Catedral

En una declaración escrita, los alcaldes que ha tenido la ciudad en democracia salvo los dos regidores del PP solicitan que se restituya la titularidad pública de la Mezquita-Catedral.

Los exalcaldes Julio Anguita, Herminio Trigo, Manuel Pérez, Rosa Aguilar y Andrés Ocaña rechazan la inmatriculación del monumento por parte de la Iglesia ejecutada “a través de una ley de dudosa constitucionalidad”.

Asimismo, solicitan que se sepan todos los bienes inmatriculados en Córdoba por el Cabildo y que se restituya la titularidad pública de plazas y otros bienes.

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Cinco exalcaldes de Córdoba piden la titularidad pública para la Mezquita-Catedral.

Cinco de los siete alcaldes que en el período democrático ha tenido Córdoba han firmado una declaración pública en la que rechazan la inmatriculación que de la Mezquita-Catedral ha realizado la Iglesia apropiándose de la misma y piden que el monumento sea de titularidad pública.

La declaración pública, bajo el título “En defensa de la Mezquita-Catedral y el patrimonio histórico de Córdoba”, está firmada por Julio Anguita (alcalde entre 1979 y 1986), Herminio Trigo (1986-1995), Manuel Pérez (1995), Rosa Aguilar (1999-2009) y Andrés Ocaña (2009-2011), todos ellos regidores por Izquierda Unida aunque Trigo y Aguilar militan actualmente en el PSOE.

En la citada carta, a la que ha tenido acceso eldiario.es/andalucia, los alcaldes de Córdoba que la firman, “en virtud de la responsabilidad que como alcaldes/a hemos desempeñado”, rechazan la inmatriculación de la Mezquita-Catedral y la ocultación de la huella islámica que del monumento ha hecho el Cabildo en los últimos años, además de exigir que el Ayuntamiento vele por los intereses de los ciudadanos y defienda el patrimonio público además del monumento que, como plazas y otros bienes, creen que han sido “indebidamente inmatriculados” por la Iglesia.

Los alcaldes señalan en el escrito su “profunda preocupación por la inscripción a nombre de la Iglesia Católica de la Mezquita-Catedral, Patrimonio Mundial por la Unesco y bien de incalculable valor histórico y emocional para Córdoba”. En ese sentido, señalan la inmatriculación como un hecho “ejecutado a través de una ley de dudosa constitucionalidad” que a través de dos artículos de época franquista otorga a la Iglesia el privilegio de inmatricular edificios y fincas sin necesidad de acreditar título de propiedad, actuando como una administración pública y sus diocesanos como notarios.

“Reclamamos la restitución de la legalidad constitucional y la titularidad pública de la Mezquita-Catedral de Córdoba”, sobre la que también explican  su “preocupación por la actuación del Cabildo” en relación al monumento por “su decisión de omitir su esencia andalusí en los folletos, cartelería, tiques de entrada, web y material audiovisual. Se ha llegado hasta tal punto de intentar borrar su denominación de los mapas y registrar su marca comercial a nombre del Cabildo” denuncian en su escrito.

Piden la actuación del Ayuntamiento en defensa del patrimonio público

Por todo ello, los cinco alcaldes instan “a las administraciones competentes a que actúen con urgencia y determinación para impedir una gestión lesiva de los valores fundamentales de nuestro monumento más universal”.

En paralelo con la inmatriculación de la Mezquita-Catedral, los alcaldes denuncian asimismo la apropiación hecha por la Iglesia en Córdoba de “bienes del patrimonio histórico inmatriculados indebidamente por la Iglesia” –como plazas públicas y otros monumentos- sobre los que reclaman su “devolución al dominio común”.

Y sobre ello, solicitan también “que se difundan la totalidad de los bienes inscritos por la Iglesia, muchos de los cuales han sido construidos y sostenidos secularmente con fondos públicos y, por tanto, pertenecen a la ciudadanía”.

De igual manera, demandan al Ayuntamiento de Córdoba y al resto de administraciones “que velen por los intereses inalienables de la ciudad y que defiendan el patrimonio histórico a través de todos los instrumentos administrativos y legales de que dispongan”. Y en ese sentido recuerdan el caso del monumento del Triunfo de San Rafael y la plaza que lo alberga, inmatriculados por la Iglesia cuando “constaban como bien público y existe información histórica suficiente en los archivos municipales para que el Ayuntamiento reclame su titularidad e impida su apropiación por parte de la Iglesia”.

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