Adif mejorará la protección de cinco pasos a nivel en la provincia de Badajoz con una inversión de 2,6 millones de euros, destinada a la instalación de sistemas de señalización luminosa y acústica automática que se activan con el paso de los trenes.

Según ha informado el administrador ferroviario en una nota de prensa, la actuación permitirá incrementar las condiciones de seguridad tanto para el tráfico ferroviario como para el viario. El proyecto, además, podrá ser cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Cuatro de los pasos a nivel se localizan en la línea Zafra–Jerez de los Caballeros, concretamente en los términos municipales de Puebla de Sancho Pérez, Alconera y Burguillos del Cerro, donde se actuará en dos de ellos. El quinto se encuentra en la línea Zafra–Huelva, en el municipio de Fuentes de León.

Estas intervenciones se enmarcan en el proceso de renovación que Adif está ejecutando en la línea Zafra–Huelva, con una inversión global que supera los 247 millones de euros. Los trabajos incluyen la renovación integral de la vía —carril, traviesas y balasto—, así como la reparación y refuerzo estructural de cinco puentes y mejoras en la protección de trincheras y estaciones.

Asimismo, los sistemas de señalización están siendo objeto de una profunda actualización, con la implantación de nuevos bloqueos automáticos en sustitución del bloqueo telefónico. También se está desplegando el sistema de radio móvil digital GSM-R, que permite mantener la comunicación constante entre los trenes y los Centros de Regulación de Circulación de Adif en las líneas Zafra–Huelva y Zafra–Jerez de los Caballeros.

Esta modernización tecnológica contribuirá, según Adif, a reforzar la fiabilidad de las infraestructuras y a mejorar la calidad del servicio ferroviario en la zona.

El Gobierno de Castilla-La Mancha plantea a la Unión Europea la reconfiguración de 75 millones del FEDER para la construcción de vivienda destinada a alquiler con precio por debajo de mercado. Así lo ha avanzado el consejero de Fomento, Nacho Hernando, que ha asegurado que el Gobierno regional está terminando de reprogramar 75 millones de fondos FEDER europeos “para adelantarnos a lo que tenga que ser; a los fondos que vengan más adelante ya que no podemos esperar y estos 75 millones de euros serán para obra nueva destinada a alquiler asequible en Castilla-La Mancha”.

Asimismo, Hernando ha destacado que “esto se suma al hecho de que, en los próximos días, se va a presentar una proposición de ley en las Cortes de Castilla-La Mancha que nos permita por fin desbloquear el mecanismo que hemos venido diseñando con las entidades financieras de nuestra región para poner en marcha los préstamos a tipo cero para ese 20% que el banco no nos presta para comprar una vivienda, que se ha aparejado a la ya publicación y entrada en vigor de la reducción del impuesto de transmisión patrimonial y del impuesto de actos jurídicos documentados”.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado que su Gobierno va a intentar “ayudar” a que prosperen las alegaciones de municipios como Valdepeñas, Alcázar de San Juan o Toledo tras quedarse fuera de los repartos para financiar la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL), amparados en los fondos europeos FEDER.

Así lo ha dado a conocer desde la inauguración de la feria internacional de artesanía (FARCAMA), en presencia del alcalde de Toledo, el 'popular' Carlos Velázquez, quien desde el pasado viernes lleva criticando a la delegada del Gobierno de España en la región, Milagros Tolón, a quien acusa de ser la “mano negra” detrás de la decisión de dejar fuera de este reparto a los proyectos presentados por su ayuntamiento.

“Me gustaría que se pudieran revisar tanto para Toledo como para Valdepeñas, como para Alcázar de San Juan, estas ayudas europeas. Que no se queden excluidos”, ha dicho García-Page. “Ayudaremos a que prosperen en la medida de lo posibles las alegaciones”, que están anunciando los ayuntamientos afectados.

Una vez concluido el acto de inauguración, y preguntado sobre si él también cree que hay una “mano negra” detrás de que Toledo se haya quedado sin ayudas EDIL y que está podría ser Tolón, García-Page ha apuntado que él no puede afirmar “ninguna cosa de ese estilo”.

“Quiero creer que, sinceramente, son los procedimientos que tiene la Administración del Estado”, ha incidido el presidente de Castilla-La Mancha, quien ha subrayado que como comunidad autónoma no tenían información al respecto.

Ha dicho desconocer cuáles son los procedimientos que tiene la Administración del Estado, aunque cree que “sería bueno también conocer cuáles son las valoraciones que se han hecho para tomar unas decisiones y otras”.

No obstante, ha manifestado que él no entra en “diatribas políticas”. “Para mí Toledo está por encima de los debates de partido como lo está Castilla-La Mancha”, ha enfatizado.

Así, ha vuelto a tender la mano a los municipios de la región que se han quedado fuera de los fondos EDIL para ayudarles en las alegaciones. “Nosotros vamos a asistir, no sé si nos harán o no caso, tengo muchos antecedentes de cosas en las que no me hacen caso, desde luego, pero la única batalla que no se gana es la que no se da”.

El alcalde de Toledo aboga por las reformas del Parque de la Vega

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha coincidido en el mismo acto con el presidente regional y ha reiterado la intención y el compromiso del ayuntamiento de presentar alegaciones para revertir una decisión que considera “muy injusta y difícil de entender”, al quedarse fuera del reparto de fondos europeos.

Velázquez mantiene que “no es lógico lo que ha pasado, es muy extraño” y ha agradecido el apoyo por parte de la Junta de Castilla-La Mancha, “que está con nosotros para apoyar todo aquello que sea bueno para la ciudad”.

Hay un plazo de diez días para presentar alegaciones y en este sentido el alcalde dice que “se ha actuado con rapidez desde el primer momento, el mismo viernes, en cuanto tuvimos conocimiento de la resolución pedimos las explicaciones oportunas y el detalle de las puntuaciones y la baremación de cada ciudad para poder preparar perfectamente ese recurso”.

También ha reiterado su llamamiento a la unidad política y, en especial, al PSOE local, para que respalde al Ayuntamiento en esta reivindicación. “Creo que es un momento para estar del lado de la ciudad, y hago un llamamiento a todos los miembros del Partido Socialista local de la ciudad para que no se queden al margen de esta pelea, que es legítima, que es justa, que es pelear por aquello que nos corresponde, y vamos a ver si recibimos una respuesta del Ministerio lo antes posible”.

El alcalde también se ha referido a las declaraciones de la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, recordándole su responsabilidad con Toledo. “Le pido que, como delegada del Gobierno y sobre todo como exalcaldesa, apoye a la ciudad, que se ponga del lado de Toledo, sobre todo, teniendo en cuenta que algunas de las inversiones excluidas, formaban parte de su propio programa electoral”. De no hacerlo, ha señalado Velázquez, “lo que estará haciendo es justificar lo injustificable, excluir a Toledo de una convocatoria importantísima”.

Tolón: “Está muy bien” el apoyo del Gobierno regional

La delegada del Gobierno, Milagros Tolón, ha opinado que está “muy bien” que el Gobierno regional intente ayudar a que prosperen las alegaciones de municipios como Valdepeñas, Alcázar de San Juan o Toledo tras quedarse fuera de los repartos de los fondos EDIL amparados en los fondos europeos Feder.

Se ha referido así al anuncio del presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page. “La Junta tiene recursos suficientes para apoyar a los ayuntamientos”, ha comentado Tolón, por lo que cree que puede ser “un complemento importante”.

“Yo creo que la colaboración entre administraciones es muy importante y aquí también la Junta de Comunidades tiene recursos económicos para ayudar a los proyectos que se han quedado fuera porque no han tenido la puntuación suficiente, como el caso de Toledo”, ha añadido.

Además, hoy ha insistido en que el alcalde de la capital regional, Carlos Velázquez, “ha mentido” con respecto a ella y ha recordado que quienes forman parte del comité de evaluación de estos proyectos son “trece técnicos de cinco ministerios, de la Unión Europea y también de comunidades autónomas”.

Un total de 16 proyectos de ayuntamientos y diputaciones provinciales de Castilla-La Mancha han sido seleccionados para recibir ayudas públicas con cargo a FEDER, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (2021-2027).

Sin embargo, hay otros 12 proyectos que se han quedado fuera, la mayor parte de ellos presentados por la Diputación de Toledo y otros tres, correspondientes a los ayuntamientos de Toledo, Alcázar de San Juan y Valdepeñas, que han quedado también relegados, aunque quedan “en reserva”, y no han sido definitivamente descartados.

Así se desprende de la resolución de la Dirección General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda. Se han asignado fondos destinados a planes de actuación integrados por parte de las entidades locales, como ayuntamientos y diputaciones provinciales, para potenciar el desarrollo urbano sostenible.

Castilla-La Mancha es la tercera comunidad autónoma más beneficiada, después de Andalucía y Galicia. Recibirá más de 142, 4 millones de euros para proyectos que se verán financiados por la Unión Europea con el 85% de su importe.

Guadalajara, Albacete, Ciudad Real y Talavera de la Reina recibirán en cada uno de los casos algo más de 12 millones de euros. El Ayuntamiento de Cuenca percibirá poco más de nueve millones. Son los montantes más abultados dentro del reparto global para la comunidad autónoma.

Toledo, la única capital de provincia sin fondos

Toledo es la única capital de Castilla-La Mancha que se queda sin fondos, al menos de manera provisional, y pierde así 20 millones de euros que se iban a destinar a un pabellón multiusos, a acondicionar el recinto ferial de La Peraleda, a recuperar el Circo Romano o a la transformación urbana de la TO-21, según informa Toledodiario.es

Otros de los ayuntamientos excluidos son los de Hellín (Albacete) y El Casar (Guadalajara). Además, no han sido seleccionados los proyectos presentados por la Diputación de Toledo para Sonseca, Quintanar de la Orden, Yuncos, Madridejos, Fuensalida, Yepes, Bargas y Torrijos.

En “reserva” se quedan además -excluidos de forma provisional- dos proyectos de los ayuntamientos de Alcázar de San Juan y Valdepeñas.

También se ha quedado sin fondos europeos, al no ser seleccionado, el proyecto presentado por la Diputación de Cuenca para Tarancón.

El alcalde de Toledo culpa a la delegada del Gobierno: “Nos tratan como si fuéramos Venezuela”

Nada más conocerse la resolución, el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha valorado la exclusión (provisional) de la última gran convocatoria de fondos europeos, con la que la ciudad aspiraba a conseguir hasta 20 millones de euros y lo considera una decisión “completamente arbitraria” y “grosera” que atribuye directamente a la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón.

“Es la responsable”, ha aseverado Velázquez. “Es dinero de Europa y lo que hace el gobierno es asignarlo. El problema es que aquí lo ha asignado como si fuéramos un país como Venezuela”, ha manifestado el alcalde, que afirma que la noticia ha generado una “sorpresa mayúscula” para el equipo de Gobierno.

La Diputación de Toledo presentará alegaciones

También desde la Diputación de Toledo se ha mostrado “indignación” ante la exclusión de la provincia de parte de los fondos europeos del Plan EDIL (Estrategia de Desarrollo Integrada Local), y exige explicaciones al Gobierno de España.

La portavoz del Gobierno, Soledad de Frutos, cree que se ha dejado a la provincia en “una situación de agravio comparativo” porque el proyecto “tumbado” por el Ministerio era un plan diseñado por la Diputación para toda la provincia de Toledo incluyendo las comarcas de la Sagra Alta, la Sagra Baja, Mancha Alta Occidental, Mancha Alta Oriental, Torrijos Sur, Torrijos Norte, Mesa de Ocaña, comarca de Talavera y Montes de Toledo.

Cada una de estas áreas habría recibido un tratamiento como “área urbana funcional”, explica, tras un análisis detallado de sus necesidades de desarrollo y potencial económico, social y medioambiental, y considerando las interrelaciones entre ellas.

Defiende que el proyecto de la Diputación incluía “un enfoque integrado para atender las necesidades identificadas y el potencial existente en cada comarca”, así como la participación ciudadana en la preparación y ejecución de la estrategia y que eso garantizaría “un modelo de desarrollo sostenible y colaborativo a nivel provincial”.

De los 204 municipios que conforman la provincia, solo siete han sido beneficiados con estos fondos, lo que supone que 197 localidades, es decir, el 96,5% del territorio, queden fuera de la convocatoria. En términos poblacionales, esto se traduce en que más de 720.000 toledanos se ven privados de “inversiones necesarias para impulsar el desarrollo de sus municipios y comarcas”, ha lamentado.

La portavoz ha calificado también como “injustificable e inadmisible” la exclusión de la ciudad de Toledo. Ha exigido a la delegada del Gobierno en la región que “dé explicaciones públicas sobre las razones de este fracaso, los pasos a seguir para corregirlo y las garantías de que no volverá a repetirse”.

Asimismo, la portavoz ha anunciado que la institución provincial acompañará a los ayuntamientos afectados en la presentación de alegaciones a la resolución provisional, “con el objetivo de demostrar la validez y solidez técnica de los proyectos presentados”.

Los ayuntamientos toledanos de Noblejas, Ocaña, Santa Cruz de la Zarza y Villarrubia de Santiago, han concurrido a la convocatoria de los fondos europeos FEDER con un ambicioso proyecto, valorado en 10 millones de euros.

Alineados en un Área Urbana Funcional (AUF), los cuatro municipios proponen mejorar la economía, la sostenibilidad, el cuidado del medio ambiente, y la movilidad entre ellos con el objetivo de influir de forma positiva en “la calidad de vida de sus vecinas y vecinos”. 

Dos proyectos y siete actuaciones, incluida una estación de autobuses comarcal

En concreto, se ha presentado un Plan de Actuación Integrado (PAI), con dos proyectos diferentes, para siete actuaciones u operaciones.

El primer proyecto presenta cuatro actuaciones que se habrían de realizar en el Edificio EDIL, a construir en Ocaña. Se trata de un nuevo edificio singular, que permitirá regenerar su entorno, y albergar una Estación de Autobuses Comarcal, una flota de autobuses eléctricos para organizar desde allí los traslados a los otros tres municipios, y a los lugares más importantes que utilizan los usuarios, como puede ser el Centro de Especialidades médicas, un Polo de Innovación Digital al servicio de comercios y empresas, así como recursos a la ciudadanía para cubrir la brecha digital y espacios de formación para la empleabilidad y el emprendimiento.  El edificio EDIL, la Estación de Autobuses y el Polo de Innovación, funcionará con energías renovables.

El segundo proyecto presenta tres actuaciones. Por un lado, un Servicio de Transporte Sensible a la Demanda, con el que las personas pasajeras, previa demanda, serán recogidos por vehículos con propulsión eléctrica para su traslado a cualquiera de los otros municipios. Además, se quiere poner en marcha una tarjeta ciudadana que facilitará el acceso de la ciudadanía de los cuatro municipios del área urbana funcional a cualquiera de los servicios ofertados: deportes, cultura, formación, etc.

Por otro lado, se impulsaría la creación de una Agencia de Desarrollo del Territorio conjunta “con el fin de ordenar adecuadamente el territorio de todos los municipios, desde el punto de vista medio ambiental y tecnológicamente avanzado, para atraer empresas de alta calidad”. Se pretende asegurar empleos de calidad organizando la formación adecuada.

Los proyectos forman una visión global e integradora de la comarca de Ocaña p“ara garantizar que ese territorio sea moderno y sostenible” con servicios adecuados para sus habitantes, teniendo en cuenta que convergen la cultura, la educación y la formación, la tecnología y el medio ambiente, para asegurar un desarrollo integral y duradero. 

Para sus responsables es una oportunidad “inmejorable” para iniciar un futuro de progreso conjunto creando infraestructuras adecuadas a las necesidades de los habitantes del área.

También sostienen, en un comunicado, que se trata de “una oportunidad histórica para que los cuatro municipios mejoren el presente y sientan las bases de un futuro próspero y sostenible”.

Es una apuesta por la modernización del conjunto, no excluyente, y que tiene como punto de trabajo en común la linealidad del trazado de la A-40 (y la N-400), como eje vertebrador de proyectos e infraestructuras en las que estos ayuntamientos también están trabajando. 

Los fondos europeos de cohesión, como los fondos FEDER, convirtieron a España en un país moderno. Gracias a ellos tenemos autovías y tren de alta velocidad, también programas de empleo joven o nuevos centros de salud. Pero a veces, aunque ese dinero llega y hace falta, no se usa. España es el país que menos fondos estructurales europeos ejecutó entre 2014 y 2020. Es decir, nuestros ayuntamientos y comunidades autónomas recibieron el dinero de Europa, pero el 30% de ese dinero no se usó, se quedó en la caja. 

Ahora hay abierto otro periodo de proyectos. Hasta 2027 España recibirá más de 36.000 millones de euros y estaría bien vigilar que no ocurra lo mismo. Hablamos con Antonio Vega, director de elDiario.es en Castilla y León, que nos cuenta lo que estos fondos de cohesión europeos han supuesto para la modernización de España y escuchamos casos en Palencia, Canarias o Andalucía donde el dinero europeo que llegó no se utilizó. 

El capítulo de hoy forma parte de un proyecto de divulgación ISPA Cohesión cofinanciado por la Unión Europea que no supone ninguna injerencia en el contenido.

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Las opiniones y puntos de vista expresados solo comprometen a su(s) autor(es) y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser considerados responsables de ellos.

Parques eólicos y fotovoltaicos en Canarias y Baleares para reducir la adicción de sus sistemas eléctricos al carbón y el fuel oil; plantas de autoconsumo fotovoltaico en edificios públicos de toda España, termosolar e hidrógeno verde en Sevilla, paneles solares flotantes en Madrid o plantas de biogás. Son algunos ejemplos prácticos de cómo están influyendo los fondos europeos de cohesión en el desarrollo de las energías renovables en España. 

La actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) remitido por el Gobierno a la Comisión Europea en septiembre promete que el 81% de la electricidad que consuma España en 2030 sea renovable. La meta es lograr que las fuentes limpias supongan un 48% de la energía total consumida, reducir un 32% de las emisiones respecto a los niveles de 1990 y recortar la dependencia energética hasta un 50%.

Para lograr esos ambiciosos objetivos, una importante palanca son los multimillonarios fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) que se aprobó tras la pandemia. Pero a ello también están contribuyendo los denominados fondos de cohesión para la convergencia y el desarrollo sostenible de las regiones europeas menos desarrolladas.

Esos instrumentos se crearon hace más de 30 años, con el Tratado de Maastrich, y solo hasta 2023 han destinado 179.000 millones de euros a esa tarea. España fue uno de los cuatro países que empezaron a beneficiarse de ellos en el periodo 1994-99, junto a Grecia, Irlanda y Portugal.

Los programas tienen carácter plurianual. En el anterior periodo, 2014-2020, a España le correspondieron, según el portal oficial que tiene la Comisión Europea para difundir estas ayudas, 1.206 millones en actuaciones de renovación para eficiencia energética en infraestructuras públicas o 661 millones para energía solar.

El actual (2021-2027) contempla el reparto de 37.300 millones en ayudas de la Política de Cohesión para acelerar en España la transición verde a una economía más eficiente, competitiva y neutra en emisiones. El Acuerdo de Asociación se cerró en plena crisis energética tras la invasión rusa de Ucrania, hace ahora dos años, en noviembre de 2022, con una inversión total superior a los 59.700 millones.

De ese plan plurianual en vigor, 3.336,5 millones serán ayudas para energías renovables del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder); y otros 1.838,9 millones para actuaciones de eficiencia energética. 

Estos fondos pertenecen al programa PO2 Greener Europe, del que España tiene asignados 9.400 millones, y cuyo reparto luego deciden el Estado y las comunidades autónomas. La Comisión Europea da las líneas generales para su entrega.

Bruselas tiene un portal, Kohesio, con la información de los proyectos subvencionados y datos básicos de cientos de iniciativas. Muchas están relacionadas con eficiencia energética, mejora y modernización de la movilidad (ampliación de líneas de metro, construcción de carriles bici o intercambiadores de transporte, renovación de flotas de autobuses, instalación de puntos de recarga eléctricos…), pero también con renovables y eficiencia. 

Esos datos hay que tomarlos con mucha cautela, porque esta web no está actualizada y recoge la ayuda inicialmente concedida, que luego suele reducirse en función de los planes de negocio de las empresas y otros condicionantes. Pero da una idea del esfuerzo y la amplitud de estos programas.

En el caso de España, en esa web hay varias iniciativas en las que las ayudas de la UE son de 10 millones de euros o más. Los porcentajes de subvención oscilan entre el 57% y el 80% en el caso de empresas y pueden ser del 100% para administraciones públicas.

Destacan los cerca de 130 millones que consigna ese portal para la bioclimatización fotovoltaica de cientos de centros educativos en colegios e institutos de Andalucía para reducir el consumo de energía procedente de fuentes renovables, incorporando sistemas de refrigeración de muy bajo consumo eléctrico. 

Solo en la provincia de Córdoba, este programa ha beneficiado a más de un centenar de centros docentes de 39 municipios, con una inversión de cerca de 27,5 millones y la instalación de plantas fotovoltaicas con una potencia de 15 kilovatios, según anunció la Junta de Andalucía el pasado verano: 33 de estos centros se localizan en Córdoba capital, ocho en Lucena, cinco en Puente Genil y tres en Aguilar de la Frontera, Cabra, Montoro y Rute, respectivamente. Se trata de las zonas de mayor severidad climática en verano en esa provincia.

Por parte estatal, una parte importante de estos fondos los gestiona el Ministerio para la Transición Ecológica a través del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE).

A finales de esta entidad seleccionó a finales de 2021 un total de 544 proyectos innovadores de energías renovables para generación eléctrica, en una convocatoria dotada con 177 millones de subvención y una inversión total de 560 millones. Entre los proyectos más destacados figura la planta termosolar de uso industrial más grande de Europa, con 30,38 megavatios (MW), que la francesa Engie construyó para la cervecera Heineken en Sevilla. 

La instalación, con una capacidad de almacenamiento de 68 MWh y 7 hectáreas de superficie, se diseñó para reducir más de un 60% el consumo de gas fósil de esta fábrica. La planta, inaugurada en octubre de 2023 por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se puso en marcha en un tiempo récord de 12 meses involucrando en su montaje a un 100% de empresas andaluzas. La inversión total fue de 20.476.668,52 euros, de los que Engie recibió 13.369.356 euros en ayudas Feder de la Unión Europea gestionadas por el IDAE.

En esa convocatoria, que también seleccionó por ejemplo una planta de producción de biogás de la cooperativa agroalimentaria Covap en Córdoba subvencionada con 4,5 millones, el autoconsumo en edificios públicos y administraciones locales representó más del 22% de las actuaciones elegidas. Entre ellas, figuraban desarrollos para abastecer a los servicios de salud de Castilla-La Mancha y Galicia, así como colegios públicos en Murcia o la Universidad de Vigo. 

También se seleccionaron proyectos fotovoltaicos en explotaciones ganaderas y agrícolas de Castilla y León, con 62 iniciativas, para atender a cultivos de regadío en Valladolid o explotaciones porcinas, vacunas y avícolas del resto de la comunidad.

En energía eólica, fueron escogidos 13 proyectos para abastecer los consumos de empresas o de centros públicos, como universidades o centros educativos de la Región de Murcia o Galicia; para la recarga de vehículos eléctricos en un grupo de empresas tecnológicas en Zaragoza; una instalación eólica de 18,8 MW para producir hidrógeno verde con 5 MW de electrólisis promovida por Capital Energy en Lebrija (Sevilla); y otra planta en Valdetorres (Badajoz) para producir esta molécula y transformar una antigua planta de biodiésel en una de producción de combustibles sintéticos. 

316 millones

El IDAE, que también recibe fondos de cohesión para comunicar la existencia de estas subvenciones europeas, explica en su web que ha destinado en total 316 millones en líneas de ayudas a la inversión en renovables, térmicas y eléctricas con fondos Feder. Canarias ha sido un destino prioritario de estas ayudas, por el fuerte peso que todavía tiene allí la generación eléctrica de origen fósil.

En este archipiélago destacan varios proyectos de Naturgy, que se adjudicó cerca de 6 millones en ayudas Feder para cuatro instalaciones: los parques eólicos Agüimes (10,75 MW) y Camino de la Madera (9,2 MW), en Gran Canaria, y las fotovoltaicas Las Salinetas (4,2 MW), en Telde (Gran Canaria) y Puerto del Rosario, en Fuerteventura (11,5 MW). Esta última se inauguró el pasado 7 de marzo y es anexa al mayor parque eólico del grupo en el archipiélago (29,2 MW).

También han puesto en marcha proyectos renovables en Canarias con estas ayudas Iberdrola (al 50% con empresarios locales), la petrolera local Disa, grupos canarios como Lopesan o Ecosos y la gallega Ecoener, entre otras.

En Baleares, destacan los cinco parques fotovoltaicos puestos en marcha en los últimos años por Endesa, filial de Enel, confinanciados con fondos Feder, con una potencia total de 56,6 MWp, tras una inversión total de 47 millones. Se trata de los proyectos sa Caseta (21,83 MW), Son Reus (12,53 MW), Biniatria (14,97 MW), Ca Na Lloreta (3,4 MW) y Son Orlandis (3,34 MW). Este último cuenta con un pionero sistema de almacenamiento de energía, Vanadium Redox Flow Battery.

En Madrid, la región más rica de España, los fondos de desarrollo regional también han contribuido a financiar varios proyectos del Canal de Isabel II. La mayor empresa pública madrileña, que poco a poco está construyendo una considerable bolsa de instalaciones de autoconsumo, prevé invertir 18,3 millones en una planta de hidrógeno verde en la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Arroyo Culebro Cuenca Alta en Pinto (Madrid). La instalación recibirá 7,3 millones en fondos del Programa Feder 2021-2027 de la Comunidad de Madrid. 

El Canal prevé una inversión de 12 millones en energías renovables en ese periodo, con 4,8 millones en subvenciones; y 11,67 millones para su Plan Solar, con 4,66 millones de fondos Feder.

Un ejemplo de proyectos que ya se han llevado a cabo con estos fondos de la UE es la minicentral del pantano de Valmayor, con una inversión de 6,5 millones de los que la mitad se financió con fondos Feder en la pasada década.

O, más recientemente, una instalación fotovoltaica flotante de 1,7 MW en Torrelaguna, como parte de su Plan Solar. La planta, estrenada hace algo más de un año, ha contado con una financiación del 100% de 2.289.491 euros de fondos Feder en el marco del programa React-EU, como respuesta de la UE a la pandemia de la COVID-19.

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La pantalla del móvil registra que la llamada en curso se dirige a Zakut Innovation Hub, pero la voz femenina de un contestador desvela al otro lado que el teléfono marcado ya no existe. La asociación proisraelí -que escogió a la Región de Murcia para instalar su primera aceleradora de empresas emergentes en España- percibió dos subvenciones en 2021 y 2022 del Gobierno de Murcia por un millón de euros según la Base de Datos Nacional de Subvenciones. Según publicaba el portal Murciastartup el 1 de noviembre de 2023, la aceleradora, “que ha apoyado a proyectos de la Región ayudándoles a conseguir mentorías, formación y financiación de la mano de expertos” ha decidido detener su actividad hasta que no finalice el conflicto. El portal Las Noticias RM, sin embargo, vincula la desaparición de Zakut en la Región con la publicación en prensa de la adjudicación exprés de las subvenciones. El pasado 9 de febrero la Fiscalía abrió diligencias tras recibir la denuncia del abogado José Luis Mazón. Y el pasado lunes la Fiscalía Europea seguía el camino abierto por su homóloga española.

El responsable de llevar el caso ante la Fiscalía Anticorrupción, el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía Europea ha sido el abogado José Luis Mazón, portavoz de la Asociación Preeminencia del Derecho. En su escrito, apunta a los funcionarios responsables de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM) por presunta malversación de fondos públicos por la supuesta concesión irregular de estas ayudas. La denuncia recoge detalles publicados el pasado mes de septiembre por el portal digital Las Noticias RM. “El presidente murciano, Fernando López Miras, es el máximo responsable de la Comunidad y, evidentemente, tuvo que autorizar esa operación de un millón de euros, de los cuales 800.000 son de fondos europeos”, precisa Mazón.

La Asociación Zakut, según se recoge en la denuncia, fue creada el 24 de abril de 2021 y 45 días después ya había recibido los primeros 500.000 euros. Transcurrido un año, alcanzaría el millón de euros en subvenciones al recibir otros 500.000. Los estatutos de la asociación están firmados por los hermanos David y Philip Hatchwell, “reconocidos empresarios internacionales con un gran aglomerado de empresas, fundaciones y asociaciones por todo el mundo”, recoge Mazón en su denuncia. David Hatchwell es el presidente de la Comunidad Judía en España, “y no esconde su simpatía por las políticas de derechas y conservadoras; es una persona muy cercana a Isabel Díaz Ayuso (presidenta de Madrid)”, aseguran fuentes cercanas a la investigación en curso.

La subvención, a fondo perdido y dentro de un programa de ayudas otorgadas por el Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO) para impulsar el emprendimiento, estaba cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Zakut, según la denuncia de Mazón, “obtuvo la peor puntuación en la valoración de entre las tres entidades subvencionadas”. El 22 de junio de 2022, la asociación de los hermanos Hatchwell volvió a postular satisfactoriamente para dicha subvención.

Primero la subvención, después los estatutos

Se da la “curiosa” circunstancia -sigue el abogado en su denuncia- de que los estatutos de la asociación se incorporaron al Registro de Asociaciones de la Región de Murcia “diez días después de recibir los primeros 500.000 euros, tal como acredita el sello de la Secretaría general de la Consejería de Presidencia”.

El Coordinador de Izquierda Unida-Verdes de la Región de Murcia, José Luis Álvarez-Castellanos, pone el acento en que la convocatoria para acceder a las subvenciones se regía por las bases reguladoras de la Orden de 26 de diciembre de 2017, que en su artículo 8.3 establece la obligatoriedad de acompañar a la solicitud la escritura de constitución, estatutos y sus modificaciones, entre otros documentos. Sin embargo, los estatutos no se registran hasta el 18 de junio de 2021 y el plazo de presentación de solicitudes era de un mes a contar desde el 9 de abril. “La solicitud se realizó el 6 de mayo, habiéndose creado la Asociación una semana antes, y según lo anterior, los estatutos, si se acompañaron a la solicitud, no estaban debidamente diligenciados, pues se registraron el 18 de junio”, según informa Las Noticias RM. 

En opinión de Álvarez-Castellanos, “la clave está en cuándo se aportaron. Si con la solicitud, si en el periodo de diez días extraordinario para completar documentación (10 al 21 de mayo) o ni siquiera se aportaron; pero, en cualquiera de los casos, no estarían diligenciados debidamente ni durante el plazo de presentación ni en el momento de la notificación de la concesión (8 de junio)”. Por lo que, “creemos que aquí radica la irregularidad, además de en una posible no justificación de la primera subvención, en cuyo caso no podría haber concurrido a la segunda de 2022”.

Tanto Podemos como PSOE han presentado sendos escritos en la Asamblea Regional para solicitar información y que el Gobierno de Murcia aclare “las presuntas irregularidades en la concesión de las subvenciones”. “De confirmarse, estaríamos hablando de hechos muy graves. No se pueden utilizar fondos públicos para enriquecer o beneficiar a nadie. Además, la gestión de éstos debe hacerse con la máxima transparencia y cumpliendo la ley”, ha dicho el diputado regional y presidente del PSOE en la Región de Murcia, Alfonso Martínez Baños, quien ha añadido que “en realidad, no nos sorprende. No sería la primera vez que, en estos cerca de 30 años de gobiernos del PP en la Región, se vea envuelto en un caso de corrupción”.

Actualmente, sin actividad

“Han saltado todas las alarmas porque, entre otras cosas, se han concedido subvenciones de hasta un millón de euros a esta entidad recién creada. De hecho, cuando la asociación recibió los primeros 500.000 euros ni siquiera había registrado sus estatutos, y actualmente no tiene actividad. Resulta, cuanto menos, sospechoso”, ha señalado el socialista.

Sin embargo, la asociación sigue operando en otras comunidades. De acuerdo con el diario Infolibre, Zakut también se habría beneficiado de otros gobiernos populares, al haber recibido subvenciones en Andalucía y la Comunidad de Madrid, donde han recibido 1,35 millones y 200.000 euros respectivamente.

Desde el PSOE recordaron este lunes que el Gobierno de López Miras subvencionó con más de 26.000 euros a la empresa de un corrupto, el expresidente Pedro Antonio Sánchez, cuando ya estaba investigado. “Concretamente, a una sociedad sin trabajadores y sin apenas actividad. Es importante recordar que estamos hablando del padre político de López Miras, el que lo eligió a dedo para sucederle y poder mantener la corrupción del PP en la Región, cuando se vio obligado a dimitir y huyó a Miami. Un expresidente regional que ha sido condenado a tres años de cárcel por un delito continuado de prevaricación en concurso con uno de falsedad”.

Cooperación con la Fundación Hispanojudía

Según recoge la denuncia de Mazón, la dirección de la Asociación Zakut “no le es ajena o desconocida al presidente de la Región de Murcia”. Y aporta el dato de que el Gobierno regional firmó en julio de 2020 un protocolo de cooperación con la Fundación Hispanojudía de la que es presidente Hatchwell, en la sinagoga de Lorca situada en el castillo de la localidad, según el cual ambas entidades estaban “interesadas en desarrollar conjuntamente programas y actividades que tengan como finalidad la difusión y puesta en valor del legado sefardí en España, tanto en el territorio nacional, como en el exterior con el fin de divulgar la historia y cultura hispanojudía”.

Según los estatutos, los fines de la asociación eran “la incubación de PYMES innovadoras, así como la promoción del emprendimiento y la innovación” a través de “actividades como jornadas, talleres, asesoramiento y mentoring, encuentro de networking, etc”; fomentando “proyectos de innovación y emprendimiento en el tejido empresarial regional, especialmente los que promuevan la participación en proyectos nacionales, europeos e internacionales”.

Además, señalaban que “se fomentará la tutela a los emprendedores” y promocionará puntos de encuentro que faciliten el contacto de los emprendedores con los inversores privados o business angel. Según la página web de la asociación, Zakut Innovation HUB “es un concentrador de Emprendimiento, Innovación y Tecnología ubicado en Murcia”.

“Trabajamos con el Technion [Instituto Tecnológico de Israel] que es bastante potente y prestigioso. Nos mentorizaban a la hora de hacer planes de negocio y búsqueda de inversión, y también en temas como el diseño o la presentación del pitch de un producto”, cuenta a elDiario.es una fuente que participó en un programa de la aceleradora de empresas. La formación tenía lugar en el edificio Plazarte, una torre de oficinas fácilmente reconocible en el skyline de Murcia.

Desde el Gobierno de la Región de Murcia han defendido que Zakut es “una empresa privada que se presentó a una convocatoria pública y, según criterios objetivos que cumplía, obtuvo la subvención del Instituto de Fomento”. Y han recordado que puede consultarse en la web del INFO la concesión “como todas y cada una de las subvenciones otorgadas”: “Todo se ha hecho bajo la normativa vigente y no se trata de una subvención directa, sino de una convocatoria de ayudas. Todo está hecho con criterios públicos incluidos en la convocatoria”, han zanjado.

“Total transparencia”

El INFO “dispone de toda la información para ponerla a disposición de la Fiscalía cuando así se le requiera”, han añadido desde el Gobierno regional, al tiempo que aseguran “plena colaboración y total transparencia” en lo que se refiere a los expedientes relacionados con las ayudas a las que se optaban por concurrencia competitiva y que se otorgaron a la empresa mencionada “que cumplía los requisitos objetivos de las convocatorias”. “Algo que, sin embargo, no ocurrió en la convocatoria de 2023, ayuda a la que también presentó solicitud y que, al no cumplir con algunos de los requisitos le fue denegada”, han reconocido desde el Ejecutivo.

elDiario.es Región de Murcia ha intentado ponerse en contacto con la organización de Zakut en repetidas ocasiones, sin haber obtenido respuesta. “El caso está en manos de las instancias correspondientes”, ha sido la única declaración de Constanza Mas, que aparece todavía como CEO de la asociación, aunque aseguró “no estar ya vinculada” con Zakut.

Para Mazón, “esta subvención a fondo perdido se dio en condiciones llamativas; no es nada habitual y no se ha explicado el sistema de control de la concesión”, señala el letrado, quien pone el acento en que “se hizo todo muy rápido y suelen tardar meses”. Para el abogado, fue un “regalo” y en su mayor parte, “europeo”.

El pasado 17 de enero el Tribunal de Cuentas abría diligencias también a petición de la Asociación Preeminencia del Derecho que preside Mazón por una denuncia contra el Gobierno de Madrid por la cesión de 13 viviendas a la Comunidad Judía de Madrid de la Agencia de Vivienda Social.

El Servicio Balear de Salud (IB-Salut), a través de la Abogacía de la Comunidad Autónoma, ha entregado a la Audiencia Nacional el expediente de descertificación del gasto de compra de mascarillas con el objetivo de “acreditar el perjuicio” de la Comunidad Autónoma y “continuar con la personación” del Govern como parte perjudicada en el caso que investiga la compra de mascarillas de protección por el valor de 3,7 millones de euros a través de la empresa Soluciones de Gestión. El Govern aclara que el hecho de que la adquisición fuese sufragada con fondos Feder no implica la devolución del importe ya cobrado a la Unión Europea, pero sí que se descuenten de futuros pagos.

Así lo ha anunciado este viernes el portavoz del Ejecutivo del PP, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, después de que el juez rechaza la personación del Ejecutivo balear en el caso Koldo al considerar que, como las mascarillas recibidas por Balears se pagaron con fondos europeos, no existe perjuicio para la administración autonómica.

Costa ha señalado que el Ejecutivo balear entiende que “hay elementos suficientes” para llevar a cabo la personación y reclamar el importe total del contrato de la compra de mascarillas. Así, se ha referido al trámite iniciado por su Conselleria -Economía, Hacienda e Innovación-, un expediente de descertificación de gasto que en la práctica implica renunciar a los fondos. El Ejecutivo justifica esta actuación en el cumplimiento de protocolos de lucha contra el fraude y normativa Feder.

Asimismo, ha explicado que la descertificación se ha hecho también para prevenir una potencial suspensión de fondos por parte de la UE. “Que espero que no pase”, ha remarcado Costa. “El perjuicio económico es evidente y, en consecuencia, pensamos que la Audiencia Nacional reconsiderará esta personación de la Comunidad Autónoma en este caso”, ha insistido.

“Demostramos que somos claramente parte perjudicada”, ha argumentado, considerando que “sería incoherente que el Juzgado no diera la razón” a la Comunidad Autónoma y que, confían, “tomará la decisión de que Baleares se pueda personar”.

El Govern “no descarta ninguna vía” para recuperar el dinero

El portavoz ha insistido en que el Govern “no descarta ninguna vía”, ni la administrativa ni la penal, para recuperar el gasto de la compra de las mascarillas.

En este sentido, ha asegurado que el procedimiento administrativo no ha caducado -a pesar de que varios informes de la Guardia Civil apuntan a que el procedimiento prescribió el pasado mes de enero- pero que tiene un “serio riesgo de fracaso” y “es difícil que pueda prosperar”, puesto que el IbSalut emitió un certificado avalando que el contrato fue satisfactorio. Fuentes próximas al caso señalan, sin embargo, que el certificado de solvencia era necesario para que la empresa pudiera presentarse a otras licitaciones con la Administración y, además, garantiza que la empresa realizó suministros por el importe de 3,7 millones de euros. 

Costa ha insistido en que dicha vía “ni está caducada ni está en absoluto descartada” y que se están analizando las “mejores posibilidades” para que se reembolse el dinero a la Comunidad Autónoma de Balears por parte de la empresa. La vía penal, por otro lado, es “la que tiene más posibilidad de éxito”. “Siempre que evidentemente, tras casi cuatro años, la empresa no se declare fallida, que es lo que suele suceder”, ha puntualizado.

La Comisión Europea (CE) ha desbloqueado el pago de 165,5 millones de euros a Extremadura del programa operativo Feder 2014-2020 tras aplicar una serie de medidas correctoras para evitar la pérdida de estos fondos, que estaban congelados desde el pasado mayo debido a la “dejadez absoluta” del anterior Gobierno socialista, según la consejera de Hacienda, Elena Manzano, que ha sido acusada de “mentir” por parte del PSOE.

La consejera ha comparecido para informar de la comunicación recibida el pasado 12 de febrero de la CE, en la que se informaba del cumplimiento de las condiciones para el levantamiento de esa suspensión de pago. Manzano ha expresado su satisfacción por esta decisión, pero también su indignación por un asunto que se remonta a 2022, cuando el Ejecutivo regional, entonces gobernado por los socialistas, recibió un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) advirtiendo en errores en la gestión de los fondos.

En concreto, según ha relatado, el 1 de marzo de ese año, la IGAE comunicó un porcentaje de error en el ejercicio contable de 2020-2021 de un 8,24 %, al que siguió otro en marzo de 2023 en el que se informaba también de otro error en el ejercicio 2021-2022, en este caso de un 12,65%. Ello derivó en correcciones financieras que supuso la pérdida de 38,4 millones de euros a la Comunidad Autónoma -22,75 correspondientes al primero de estos ejercicios y 15,75 al segundo- “que no vamos a recuperar”.

Además, y tras haber enviado una carta de advertencia a la Junta instándola a tomar medidas correctoras, la Comisión Europea interrumpió el pago de 165,5 millones de euros del programa Feder 2014-2020 el pasado 10 de mayo que, según ha indicado Manzano, estaban “en peligro” y que “que no sabíamos si íbamos a recibir”.

La consejera ha reconocido que el anterior gobierno elaboró dos planes de actuación para solucionar la situación, pero fueron desestimados por la IAGE, por lo que ha acusado al Ejecutivo saliente de “dejadez absoluta” en la gestión de estos fondos. También ha criticado que no fuera informada por sus antecesores de estos hechos cuando llegó al Ejecutivo y ha desgranado las medidas adoptadas por el nuevo Ejecutivo para revertir la situación, entre las que ha citado un refuerzo de personal en la Dirección General de Financiación Autonómica y Fondos Europeos.

Según ha apuntado, se ha ampliado la plantilla con tres economistas, un asesor jurídico y una jefatura de control de los fondos europeos, además de crearse equipos de trabajo para “poner en común” los problemas que surjan y avanzar en coordinación. Asimismo, se han revisado 73 contratos de emergencia por importe de 17 millones de euros correspondientes a los ejercicios 2020-2021, 2021-2022 y 2022-2023; y controlado la legalidad de 844 contratos mayores por 207 millones. Además, también referidos a esos ejercicios, se han realizado controles de calidad sobre 211 operaciones de verificaciones administrativas realizadas por empresas externas por importe de 2,9 millones; y se han verificado los requisitos medioambientales de 160 expedientes de gasto por valor de 48 millones y 41 convocatorias por importe de 53 millones.

Como consecuencia de estas medidas, la Autoridad de Gestión del Ministerio transmitió el pasado 22 de enero a la Comisión Europea que “lo hemos hecho bien” y le pidió que no continuara con el procedimiento de suspensión, algo que la institución comunitaria confirmó el pasado 12 de febrero. De este modo, ha valorado Manzano, se ha desbloqueado el pago de esos 165,5 millones de euros que ahora pasarán a la tesorería de la Administración autonómica, pues las acciones a los que estaban destinados -y que en principio iban a ser cofinanciados con estos fondos europeos- ya fueron sufragados por la Junta en solitario.

“Trabajen y no mientan”

El PSOE de Extremadura que Extremadura vaya a perder 38 millones de euros por correcciones financieras relacionada con la ejecución de fondos europeos como ha afirmado en rueda de prensa la consejera de Hacienda y Administración Pública.mnAdemás, sobre la suspensión de pago de 165,5 millones de euros del Programa Operativo de los Fondos FEDER, los socialistas aclaran que es un proceso habitual dentro de la gestión normal de este tipo de fondos y que el proceso de su desbloqueo se inició ya durante la pasada legislatura con el PSOE al frente de la Junta.

En este sentido, añade que no sucede solo en Extremadura, sino que ocurre en otras muchas comunidades autónomas ya que se debe a anomalías que se detectan en el proceso de ejecución y que se suelen solventar para desbloquear dichos fondos.

Los socialistas reiteran que el plan de acción para evitar esas anomalías se puso en marcha en la pasa legislatura, con los socialistas en el gobierno regional y ha sido ahora, en diciembre, cuando dichas acciones han dado resultado y se ha desbloqueado la suspensión de los fondos.

En cuanto a la “pérdida” de 38 millones de euros, el PSOE señala que es una cantidad que “si el gobierno de María Guardiola quiere”, se puede recuperar, máxime ahora que desde Europa se ha dado un año más de plazo para certificar estos fondos europeos.

Los socialistas consideran que el gobierno de María Guardiola debe dedicar “más tiempo a trabajar y menos a mentir, ya que no se van a perder fondos europeos” y añaden que solo una vez en la historia de la región se perdieron fondos por la mala ejecución de los mismos, 50 millones de euros, “y coincidió con la presidencia de José Antonio Monago y la propia Guardiola formando parte de ese gobierno regional”.

El PSOE reclama a María Guardiola que deje de utilizar la ejecución de los fondos europeos “para mentir, engañar e inculcar miedo a los extremeños y extremeñas” y recuerda que son una herramienta excepcional para potenciar el desarrollo, el crecimiento y el progreso de Extremadura “y no para embarrar y atemorizar” a los ciudadanos y ciudadanas.

La Junta de Extremadura invertirá 217 millones de euros en un plan de garantía y calidad del agua potable que beneficiará a 451.726 habitantes y ejecutará obras hasta 2026 para garantizar el suministro, mejorar el abastecimiento e impulsar la eficiencia energética de las instalaciones.

“Todas las comarcas de Extremadura se van a ver beneficiadas e incluidas en este plan para que los ciudadanos tengan garantizado un bien básico como es el agua”, ha afirmado la presidenta del Ejecutivo, María Guardiola, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, en la que ha dado a conocer este proyecto.

Guardiola ha insistido en que “cada gota cuenta” y que la política de su gobierno es anteponer el abastecimiento y el suministro a los ciudadanos “a esas políticas excesivamente ambientalistas por las que se han quedado atrás proyectos como puede ser el de la presa del Bujo”, sobre el río Ardila, que hubiera asegurado el agua a la zona de Tentudía y que carecía de informes medioambientales favorables, ha recordado.

El nuevo plan serán financiado con fondos Feder e incluye algunas actuaciones del anterior que no se ejecutaron y que han supuesto la pérdida de 30 millones de euros de financiación europea, según ha apuntado la presidenta de la Junta.

Las actuaciones, que está previsto iniciar durante este año y los dos próximos, se han programado “con sensatez” para poder cumplir los plazos establecidos en un plan “que es creíble, que es real, y que va a solucionar un problema de abastecimiento que tenemos en muchas zonas de Extremadura”, ha expresado.

Entre las actuaciones previstas ha resaltado la construcción de balsas en Jerte y Cabezuela del Valle, dos municipios del norte extremeño que aumentan su población en verano y que con estos proyectos tendrán garantizado el suministro durante la época estival.

También ha destacado que se da respuesta a una demanda del municipio pacense de Valencia del Ventoso “que viene de lejos”, cuyos vecinos ha protagonizado acciones de protesta “totalmente justificadas” porque el agua que llega a sus hogares sale “turbia”. Según ha precisado, de “manera inminente” se va a firmar el contrato y van a comenzar las obras de la nueva conducción desde el depósito de Medina de las Torres para abastecer a Valencia del Ventoso con una inversión cercana a los dos millones de euros.

Según ha argumentado, Extremadura viene de un periodo de sequía muy largo y “somos muy conscientes de que este bien tenemos que cuidarlo y gestionarlo de la manera más eficiente posible”.

Asimismo, ha recordado que la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible sacó a licitación el pasado enero el contrato de asistencia técnica para la conservación y explotación de las 42 presas y embalses que tiene bajo su competencia por un importe de 3,5 millones de euros. En su conjunto, ha precisado, abastecen a 147 municipios y 168.000 habitantes censados, una cifra que en verano se duplica.

Respecto a las dificultades de suministro que sufre la comarca pacense de Tentudía, ha explicado que la competencia en esta materia es estatal y que se está trabajando “de la mano” de Confederación Hidrográfica del Guadiana para ofrecer una solución con el embalse de Villaba, “que entiendo que pondrán a disposición de todos los extremeños lo antes posible”.

La Consejería de Turismo, Cultura y Deporte ha aprobado una modificación presupuestaria para destinar, de manera nominativa, una suma superior a 200.000 euros para finalizar la ejecución del Centro de Interpretación Paco de Lucía de Algeciras a lo largo de 2024.

A juicio de Rocío Arrabal, parlamentaria socialista y portavoz municipal del PSOE en dicho Ayuntamiento, ello significaría que la Corporación da por imposible concluir las obras de construcción y los trabajos de musealización del edificio en la fecha en que vence la última prórroga concedida a este proyecto. Hasta ahora, se pensaba que era la del próximo 31 de diciembre pero según documentos consultados por Arrabal, el plazo finaliza este viernes día 15 de diciembre.

En este contexto, el PSOE no descarta que el gobierno municipal de Algeciras, con mayoría absoluta del Partido Popular, tenga que plantear un decreto de devolución de 1,2 millones de euros, ya ingresados en caja, y que se corresponden a dinero europeo previsto por la Iniciativa Territorial Integrada (ITI/FEDER), concedida en 2017, al mismo tiempo que se decidieron la de San Fernando, para el centro de Camarón de la Isla, y la de Chipiona, para el de Rocío Jurado, ambos ya operativos, aunque su presupuesto fue muy superior al destinado a Algeciras.

En los últimos días, se han intensificado las obras en la antigua jefatura de la Policía Local de Algeciras, al borde del Secano, la antigua carretera nacional 340 y no muy lejos de donde naciera, en la calle San Francisco, Francisco Sánchez Gomes: este sábado, habría cumplido 76 años si la muerte no se lo hubiera llevado por delante en Cancún, una década hará en febrero.

Una historia de retrasos

Desde que se concediera la ITI en 2017, bajo el mandato del PSOE al frente de la Junta de Andalucía, las obras se han ido retrasando por diversos motivos, dentro del ámbito de competencia municipal: desde la localización del emplazamiento a problemas de procedimiento administrativo con alguna licitación fallida y sucesivos hallazgos arqueológicos correspondientes a la etapa andalusí de Algeciras.

Tras diversos aplazamientos sobre la fecha prevista en la apertura del Centro –31 de diciembre de 2022 y 28 de febrero de 2023--, la delegada municipal de Cultura, Pilar Pintor, aseguró el pasado mes de agosto que las obras deberían concluirse a 31 de diciembre si el Ayuntamiento no quería perder la suma de 1,2 millones de euros, ya ingresada en las cuentas locales por parte de las instituciones europeas. La inflación ha disparado los costes y, presumiblemente, en la actualidad el presupuesto final se haya disparado.

El domingo 10, el Ayuntamiento emitió un comunicado público en el que reafirmaba la dotación de 1,2 millones de euros, aunque ya no se atribuían a la ITI europea, sino que se indicaba que un 20% de la cantidad estaba financiada a cargo de la Junta de Andalucía y el resto, según se considera ahora, “corre a cargo del Consistorio”, en contra de lo inicialmente previsto cuando la participación municipal era considerablemente inferior.

Sin fecha de inauguración

Este periódico ha intentado contactar repetidamente, aunque sin éxito, con Pilar Pintor, a la sazón parlamentaria andaluza, para consultar la actual situación del proyecto. La pasada semana, acompañó al alcalde, José Ignacio Landaluce, en una visita a lo que será el Centro y a la que se sumó Lucía Sánchez, hija del guitarrista algecireño y secretaria de la Fundación que lleva el nombre de su padre (la familia viene colaborando activamente en la futura dotación de elementos expositivos con los que contará este museo, que pretende conciliar su proyección cultural, educativa y turística).

En la visita, también estuvo presente la teniente de alcalde delegada de Urbanismo, Yéssica Rodríguez, y la delegada territorial de Salud, Eva Pajares, a la sazón algecireña, como representación de la Junta de Andalucía, cuya Consejería de Turismo, Cultura y Deportes se ha incorporado recientemente al Patronato de la Fundación. En la cita, no faltaron técnicos municipales y de la empresa adjudicataria de las obras. En un comunicado, el Ayuntamiento aseguraba que las mismas se encuentran en “su recta final”, pero no ha ofrecido plazo alguno para ello, ni tampoco se han anunciado fechas para su inauguración.

Por su parte, el alcalde puso en valor el papel de la familia en todo este proceso, y destacó la importancia de esta obra “y no solo por darle vida a uno de los edificios más representativo de Algeciras sino por hacer de él un gran centro dedicado a nuestro hijo más ilustre y genio de la guitarra Paco de Lucía. Vamos a darle el lugar que se merece”.

Landaluce, de hecho, explicó que “han sido muchos los trámites burocráticos y por fin entramos en la fase final de la obra que va a permitir dar un salto de gigante a la ciudad en materia cultural y de actividad gracias a un trabajo serio y coordinado con la Junta de Andalucía que nos apoya y entiende”.

“Desde la familia estamos muy satisfechos”

Por parte de la familia, Lucía Sánchez valoró muy positivamente el desarrollo de las obras y del futuro Centro de Interpretación que “va a convertirse en un referente en materia cultural tanto dentro como fuera de España”.

“Desde la familia estamos muy satisfechos y muy contentos con este proyecto y con el trabajo que está desarrollando el Ayuntamiento con el apoyo de la Junta; vamos en el camino correcto y muy pronto todos podremos disfrutarlo”, afirmó la hija del guitarrista algecireño.

Posteriormente, el Ayuntamiento mantuvo una reunión de trabajo con la familia para marcar las directrices de la futura gestión del centro. En su día, la propuesta museográfica fue asignada a la empresa Reina de Corazones, que no incluía en su licitación a asesores de contenidos. Sobre ello, trabajan ahora sus propios profesionales. El futuro centro, según han explicado, contará con seis espacios expositivos, una vez que se está finalizando el continente, que es de lo que se trata ahora. Bajo los epígrafes de El hijo de la portuguesa, El dueño de la guitarra, Genio del Flamenco, Algeciras es música, Guitarrista del mundo y Paco en imágenes, se intentará mostrar la geografía humana y musical del artista. El proyecto incluye también un auditorio, en un edificio anexo, cuyas obras llevan más retraso aunque, según reitera el Gobierno municipal, “avanzan progresivamente”.

“Reina de Corazones”, especializada en museología y comunicación, es una de las marcas registradas por Edwindo 4 Morcarlo S.L., una empresa que ya ha asumido otros proyectos similares al centro de interpretación Paco de Lucía de Algeciras, entre otros, el de Camarón de la Isla, en San Fernando; el del Castillo de Almansa, en Albacete; la dotación interpretativa de la Casa del Anfiteatro de Mérida o, también en el Campo de Gibraltar, la “Dotación interpretativa y ejecución del centro de interpretación de la Isla de Tarifa”. A su vez, cuenta con experiencia dilatada a nivel internacional, en países como Portugal o Perú. Y se ha hecho con otro proyecto de interés flamenco, el del Centro de Interpretación de Lola Flores, en Jerez de la Frontera.

Décimo aniversario

Tras la visita a las obras del Centro en Algeciras, el Ayuntamiento insistió en que el próximo año, con motivo de la conmemoración del décimo aniversario de la muerte de Paco de Lucía, la Junta de Andalucía ha mostrado su disposición a apoyar todas las actividades, encuentros y proyectos que vayan en la dirección de la promoción y el impulso del patrimonio cultural de Paco de Lucía. Del mismo modo, durante el mes de febrero, coincidiendo con el décimo aniversario de la muerte del guitarrista algecireño, se celebrará un amplio ciclo de actividades en Nueva York en torno a su figura. La universidad neoyorquina, por otra parte, celebrará un seminario también dedicado al creador de “Entre dos aguas” y se anuncian, junto a la publicación de dos nuevos libros biográficos, la publicación de una grabación inédita de Paco y de Pepe de Lucía, antes de sus discos como “Los chiquitos de Algeciras” y del concurso de cante jondo de Jerez de la Frontera, de 1962.

“Entramos en la fase final de la obra”, insiste Landaluce. Sólo que no se sabe cuánto durará esa fase.

No es la primera vez que Algeciras pierde fondos europeos

Si se pierde la subvención europea, afirma Rocío Arrabal, parlamentaria andaluza y portavoz del grupo municipal del PSOE en Algeciras, la devolución de los fondos será inevitable: “Los 1,2 millones de euros se ingresaron. Quizá pretendan acogerse a un programa nuevo, como solución, pero el dinero habría que devolverlo. Desde hace tiempo no pasan las certificaciones de obra del Centro de Interpretación, en la comisión municipal”.

La también secretaria general del PSOE de Algeciras ha afeado, por otra parte, al alcalde Landaluce que no haya tenido “reparo alguno” en “utilizar de manera tan descarada” a la familia del genial guitarrista algecireño para “montar un paripé e intentar tapar a estas alturas del proyecto, con una visita, unas fotos y una nota de prensa, las nefastas consecuencias de una mala gestión”.

“Ni la familia de Paco de Lucía es la responsable de los distintos retrasos que ha ido acumulando esta obra, obviamente, ni son ellos los que van a pagar las consecuencias de que haya que devolver 1,2 millones de euros si finalmente, tal y como parece, el centro no está abierto antes de que termine 2023”, ha advertido Arrabal, recordando que el cumplimiento de ese plazo era condición obligatoria para poder disponer el dinero de los fondos ITI-FEDER, que ya se ingressaron en las arcas municipales para financiar la mayor parte de este proyecto, y “sin el que podemos quedarnos en apenas veinte días, sólo porque el gobierno municipal del PP ha sido incapaz de hacer bien las cosas”.

La portavoz socialista ha instado a Landaluce a dejarse de “palabras rimbombantes” y a explicar con claridad qué va a pasar con ese dinero, cómo se va a pagar el 75 por ciento de la obra, que actualmente asciende ya a 1,6 millones de euros, si se cumplen los peores pronósticos y hay que devolver la mencionada subvención. “Que se deje de contar películas ahora sobre el apoyo de la Junta, porque ese apoyo se supone que existe desde 2017, y que cuente de dónde va a salir realmente el dinero que nos va a costar a los algecireños todo este desaguisado”, ha añadido Arrabal, recordando que la resolución y abono del 75% de la subvención concedida al Ayuntamiento de Algeciras para la construcción de este centro de interpretación (el 100% de lo solicitado) data del 17 de diciembre de 2018.

No sería la primera vez que Algeciras pierde fondos comunitarios: “Va a acabar –dice Arrabal-- pasando lo mismo que con el Barrio de la Caridad, un proyecto del que también se perdió dinero de fondos europeos, en ese caso 8 millones de euros, y por lo mismo, por no haber estado invertidos a 31 de diciembre”. Por no hablar del ambicioso proyecto de Lago Marítimo de la ciudad, ahora paralizado tras una sentencia del TSJA tras una denuncia por defectos en su tramitación legal.

José Luis Álvarez-Castellanos, coordinador regional de IU-Verdes ha dado a conocer la denuncia realizada esta semana ante la Comisión Europea de lo que consideran “un uso inadecuado de los Fondos Europeos FEDER” (3,64 millones de un total de 5,2 millones, el 70%) que se invirtieron en la modernización de regadíos de en 500 hectáreas de la Comunidad de Regantes de Puerto Lumbreras. Después de concluida y puesta en funcionamiento dicha modernización del regadío, ahora la empresa Desarrollos Fotovoltáicos Carril 400 S.L. pretende, según ha explicado el dirigente con el apoyo del Ayuntamiento y “utilizando prácticas de presión a los propietarios de los terrenos”, construir una macroplanta solar que ocuparía casi la mitad de dichos terrenos y, “de facto, inutilizaría la actividad agrícola de toda la zona”. La denuncia ha sido realizada a través de la eurodiputada y portavoz federal de Izquierda Unida, Sira Rego.

En concreto, la instalación de la macro planta fotovoltaica conllevaría la ocupación de unas 200 hectáreas de superficie regable de la Comunidad de Regantes de Puerto Lumbreras. Esta ocupación afectaría a todas las instalaciones en su conjunto que comunican con el regadío (desde conducciones e hidrantes de riego, hasta las comunicaciones con los embalses cercanos).

Álvarez-Castellanos, ha resaltado que “es necesario apostar por un modelo de transición energética que rompa con la tradición de oligopolio y de dominio de las grandes empresas, que democratice la producción energética y sea compatible con la conservación medioambiental y de actividades económicas como la agricultura, sin pérdida de recursos tan importantes como el suelo fértil,” haciendo hincapié en que “con más razón, si cabe, cuando este ha sido objeto de importantes inversiones públicas como es el caso de la modernización de regadíos.”

Desde la formación de izquierda, han instado tanto al gobierno regional como al ayuntamiento de Puerto Lumbreras, a no autorizar la construcción de dicha macroplanta a costa de la eliminación de la actividad agrícola en este municipio, actividad que como han indicado tiene un papel muy relevante en el empleo de la localidad: un 55% del mismo corresponde a la agricultura y ganadería local, y aporta más del 70% de sus ingresos totales, por lo que la disminución de manera significativa del terreno fértil cultivable cercenaría el crecimiento de la agricultura y comprometería gravemente el progreso del municipio.

La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude ha abierto una investigación para esclarecer las posibles irregularidades en las subvenciones de fondos FEDER con las que se ha financiado el alumbrado público en Villarrobledo. Así ha contestado el organismo al grupo municipal Se Puede Villarrobledo, que también ha informado de la situación ante el Tribunal de Cuentas y a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Mario de la Ossa, concejal de SPV, ha explicado que las presuntas irregularidades llegan a alrededor de 300.000 euros, de un contrato de más de seis millones de euros, formalizado en mayo de 2021. Desde la oficina europea han pedido al grupo información sobre el dictamen de la Fiscalía provincial albaceteña.

De la Ossa ha explicado a este medio que se presentaron dos ofertas para el contrato mixto de servicios y suministro de los servicios del alumbrado de la localidad, que estaba cofinanciado con fondos europeos por más de dos millones de euros de un total que supera los seis millones. En concreto, señala que la oferta que finalmente recibió la adjudicación había asegurado que no se subcontrataría ninguno de los servicios, que finalmente sí se habrían subcontratado a la empresa Imagelighting, de la que es gerente el antiguo presidente del PP en la localidad, Antonio Rojas.

En abril de 2021, el Ayuntamiento informó de que se renovaría todo el alumbrado público de la ciudad, y que la empresa adjudicataría no sólo se haría cargo de dicha tarea, sino también de gestionar los servicios energéticos del Ayuntamiento por un periodo de 20 años.

Denuncia ante el Tribunal de Cuentas

Se Puede Villarrobledo presentó en 2021 también una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Albacete por dicha subcontratación que, afirman, “no siguió los cauces” que debe seguir un contrato público. “La ciudadanía recordará cómo Amalia Gutiérrez [concejala del PP] llevaba a Pleno una parte del escrito de la Fiscalía en el que desestimaba nuestra denuncia ya que no era un caso penal pero, lo que no leyó, es que la Fiscalía nos advertía que el caso tenía recorrido en lo Administrativo”, señala la agrupación. Fue precisamente tras esta respuesta que se envió el dictamen a la Oficina Antifraude europea.

El grupo afirma que “no se confirma” la solvencia de la empresa para llevar a cabo el contrato, entre otras irregularidades. Este martes 2 de mayo, señala de la Ossa, se cumple el plazo para recibir explicaciones por parte del alcalde, el 'popular' Valentín Bueno, en relación a esta situación, de la que han informado también a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Se Puede Villarrobledo ha explicado que la Junta Central de Contratación ha “estimado” las dudas presentadas por el grupo municipal. Desde la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas aclaran que la respuesta planteada al servicio de Asesoramiento, orientación y apoyo especializado en materia de contratación tiene “mero carácter informativo” y “no es vinculante”.

Debido a que no se ha recibido respuesta por parte del edil, el grupo municipal ha decidido interponer contra el Ayuntamiento una denuncia ante el Tribunal de Cuentas por presunto “menoscabo de los caudales públicos en Villarrobledo”. El grupo municipal ha señalado que quieren esclarecer “por qué se ha beneficiado a una empresa vinculada al PP de Villarrobledo, si esto debe tener consecuencias económicas e impedir que esto vuelva a ocurrir en el futuro”.

Este medio ha pedido la valoración del Ayuntamiento de Villarrobledo ante las acusaciones, sin recibir todavía respuesta. Por su parte, el gerente comercial de Imagelighting, Antonio Rojas, ha asegurado que prepara ya una demanda por difamación contra el grupo municipal Se Puede Villarrobledo.

La Unión Europea inyectará 724 millones de euros a Castilla-La Macha dentro del Fondo Europeo de Desarrollo regional (FEDER) para el periodo 2021-2027, un 20 por ciento más que en el anterior, y que junto a la aportación del Gobierno regional alcanzarán un total de 851,6 millones de euros.

Esta cantidad se complementa con otros 941 millones de euros en ayudas europeas que recibirá la Comunidad Autónoma, por lo que en su conjunto serán un total de 1.665 millones de euros, lo que supone un 25 por ciento más que en el periodo 2014-2020.

Así se ha puesto de manifiesto durante el acto de lanzamiento del Programa 'FEDER Castilla-La Mancha 2021-2027', en el que ha participado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el presidente regional, Emiliano García-Page, el director de Crecimiento Inteligente y Sostenible en la Dirección General de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea, Nicola de Michelis, y el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina.

El consejero de Hacienda castellanomanchego se ha mostrado “muy orgulloso” de que el Gobierno regional haya sido capaz de ejecutar casi el cien por cien de la anterior periodo de los fondos FEDER con fórmulas “muy novedosas” como las expresiones de interés.

Respecto al programa 2021-2027, ha indicado que se trata de una nueva etapa que mira al futuro con tres objetivos principales a llevar a cabo entre la UE, España y el Gobierno regional, tales como la transición energética, la transformación digital y promover el estado del bienestar.

A ello, ha sumado el titular de la Hacienda castellanomanchega los pilares con los que nace este programa y que pasan por la propia sociedad civil al recoger sus aportaciones, así como las actuaciones diseñadas con los agentes sociales para poner en marcha estos fondos.

De Michelis ha querido lanzar, en primer lugar, un mensaje de agradecimiento por el trabajo realizado con estos fondos europeos. “El programa establece prioridades comunes de Castilla-La Mancha, España y la Unión Europea y se compromete a realizar inversiones de forma coherente con los valores europeos, siendo posibles gracias a la gran experiencia que tiene España”.

A ello ha añadido la “alta responsabilidad” que han asumido quienes van a participar en la gestión de este programa. “Responsabilidad con el territorio para hacer inversiones de calado, la más importante llevar a cabo la transición climática y energética”.

Finalmente, se ha referido a la necesidad coordinar este fondo con el resto de la Unión Europea. “Hay que poner en marcha cuanto antes los programas haciendo convocatorias, haciendo lo que saben hacer puesto que Castilla-La Mancha ha gestionado ya 12.000 millones de euros de la Unión Europea y España 170.000 millones”, ha concluido, deseando mucho éxito a las administraciones.

Por su parte, la ministra de Hacienda ha destacado que hoy se han conseguido presentar una serie de iniciativas públicas que “parecían imposibles” el año pasado y se ha alegrado de que finalmente hayan visto la luz. Así, ha dicho que este programa es “muy importante” para que Castilla-La Mancha emprenda los proyectos de modernización que quiere llevar a cabo.

También ha destacado que junto con los fondos Next Generation permitirán una inversión total de más de 1.500 millones de euros y que, bajo su punto de vista, son “imprescindibles” para que Castilla-La Mancha siga progresando.

Por último, el presidente regional, que ha calificado la noticia de la llegada de estos fondos a la región como “muy radiante” y “potente”.

“Son muchos cientos de miles de millones de euros que van a repercutir en nuestras posibilidades de crecimiento, empleo y cohesión”, ha indicado, para agregar que para llegar a esta cifra, “que puede parecer fría, esto es consecuencia de muchas cosas”.

En este punto, el presidente castellanomanchego ha afirmado que Europa sigue siendo “la solución”, destacando que está respondiendo “mejor” a la misma pregunta que hace “unos años respondió mal, con recortes”.

Es por ello por lo que ha destacado que Castilla-La Mancha está “en el puesto de cabeza” de la gestión de los fondos europeos. “Hemos gestionado bien y esta oleada tenemos que gestionar también bien, nos jugamos mucho”, ha concluido.

El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha afirmado que Extremadura no puede fallar a la UE porque, por primera vez en sus cuarenta años de autonomía, “una parte importante del futuro de Europa va a depender del futuro de Extremadura”.

“Se ha hecho una apuesta de Europa por nosotros y no le podemos fallar”, ha manifestado este miércoles en Mérida durante el acto de presentación pública de los programas operativos FEDER y FSE+ de Extremadura 2021-2027.

Un total de 1.344 millones de euros de ambos serán gestionados directamente por la Administración autonómica en este nuevo marco financiero, una suma a la que hay que añadir los 1.381 millones que administrará el Estado a través de planes específicos para la comunidad autónoma.

En su intervención, el jefe del Ejecutivo ha señalado que el caso extremeño se ha seguido de cerca por autoridades europeas como el vicepresidente primero de la Comisión Europea, Frans Timmermans, por tratarse de una región que, siendo Objetivo 1, ha logrado situarse en un “escenario de oportunidades” utilizando, entre otros instrumentos, los fondos europeos.

Fernández Vara ha tildado de “excelente” el programa operativo anterior, de 2014 a 2021, y de “muy importante para el futuro” su sucesor porque va a traer a Extremadura recursos para poder desarrollar las políticas que en estos momentos son prioritarias. En concreto, se ha referido a las vinculadas a la calidad en el empleo y el estado del bienestar, que “todavía necesita muchos impulsos de futuro desde la innovación, la sostenibilidad y desde los procesos digitales”.

El presidente de la Junta ha considerado además que este nuevo programa operativo es fruto de un “buen acuerdo” entre la UE y España, tras los “temores” provocados por la salida del Reino Unido de la Unión, la pandemia y la guerra en Ucrania con sus consecuencias energéticas, industriales y agrarias. Según sus palabras, permitirá seguir trabajando en las líneas trazadas por el anterior, un programa “muy rupturista” que apostó por las estrategias inteligentes, la I+D+i, la transición verde y la digital, “que son hoy los puntales de lo que representan las políticas europeas”.

Europa anima a tener más ambición

Por su parte, la directora general de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión Europea, Andriana Sukova, ha afirmado, a través de un mensaje grabado, que las políticas de cohesión de la UE son “un instrumento clave para el impulso económico y social”, muy especialmente en un contexto de pospandemia.

“Los fondos europeos llegan en un momento clave” tanto para el desarrollo de muchos sectores productivos y sociales como para los objetivos de “una economía verde y digital”. No obstante, según ha animado, “hay que ser más ambiciosos” en el desarrollo de los diversos planes que canalizan las ayudas.

Presente en el acto también ha estado el coordinador para España en la Dirección General de Política Regional de la Comisión Europea, Marian Raduta, quien ha expuesto que en estos tiempos de incertidumbre, “las inversiones dirigidas al futuro son más importantes que nunca”. A su juicio, la identificación de las oportunidades debe ser acompañada de proyectos transformadores que incidan en la innovación, el medioambiente y el desarrollo social.

En términos similares se ha pronunciado la vicepresidenta primera de la Junta de Extremadura, Pilar Blanco-Morales, para quien el fin debe ser “dejar de ser Objetivo 1”, no solo con estos fondos, sino también con los del Mecanismo de Recuperación y las políticas diseñadas “para situarnos en la cabeza de la reindustrialización de Europa, España y Extremadura”. “Tenemos una oportunidad y estos fondos vienen a ayudarnos”, ha manifestado en declaraciones a los medios.

Extremadura recibirá 1.845 millones de euros del Fondo Feder correspondiente al marco financiero 2021-2027, de los que el 21 por ciento se destinarán al tejido empresarial para fomentar su sostenibilidad y competitividad, así como para orientar sus modelos de negocio hacia sectores estratégicos.

“A partir de ahora está en manos de los extremeños lograr el despliegue de todas las potencialidades” de este montante, ha subrayado este jueves la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, en el pleno de la Asamblea, en el que ha comparecido a petición propia para informar sobre el Programa Extremadura FEDER 2021-2027.

Tras destacar que Extremadura ha reducido, entre 2000 y 2019, la distancia respecto al PIB per cápita medio de la UE un 7,6 % y un 10,5 % respecto a la media española, ha reconocido que la convergencia es “una tarea inacaba aún”.

Para avanzar hacia ella, ha apuntado que Extremadura recibirá 1.845 millones de euros del nuevo fondo Feder, 935 de ellos gestionados por el Estado y el resto por la Comunidad Autónoma.

Esta suma forma parte de los 3.597 millones de euros asignados a Extremadura en el Marco Financiero Plurianual 2021-2027, procedentes de los fondos FEDER, FSE+ y FEADER, de los que 2.216 serán gestionados por la Comunidad Autónoma, lo que supone un incremento del 20% respecto al periodo anterior, 592 millones de euros más.

En el caso del Feder ha detallado que el programa impulsará inversiones en cuatro de los cinco objetivos de la política de cohesión -una Europa más inteligente, más ecológica, más conectada y más social e integradora- con seis prioridades: la transición digital e inteligente, la conectividad digital, la transición verde, la movilidad, la transformación social y la cultura y el turismo.

En lo que se refiere al primer objetivo, la vicepresidenta primera ha puesto el énfasis en que el 21 % de los recursos se destinen directamente al tejido empresarial y, respecto al segundo, ha apuntado que contará con 328 millones de euros para maximizar la consecución de los objetivos del Plan Extremeño Integrado de Energía y Clima para 2030.

Desarrollar y potenciar una movilidad sostenible, inteligente e intermodal será la principal prioridad del tercer eje, para lo que se contempla el despliegue de la Estrategia Logística de Extremadura, el desarrollo del Plan Extremeño de Movilidad Sostenible y la implementación de acciones en materia de seguridad vial.

En el apartado de una Europa más social e integradora, Blanco-Morales ha apuntado tres áreas de actuación: la mejora del acceso igualitario a servicios educativos y de formación, la garantía de la igualdad de acceso a la asistencia sanitaria y el refuerzo del papel de la cultura y el turismo sostenible en el desarrollo económico, la inclusión y la innovación social.

Estos fondos, que podrán ser ejecutados hasta 2029, contarán con más recursos y se ejecutarán con las lecciones aprendidas de los marcos de programación previos adaptando sus perfiles a las peculiaridades y necesidades de la región, ha señalado Blanco-Morales, quien ha instado “a dar los mejor de nosotros mismos para que las expectativas no se defrauden”.

Los tres grupos de la oposición -PP, Cs y Unidas por Extremadura- han coincidido en exigir al Gobierno una mayor ejecución de los fondos concedidos pues, según ha apuntado el diputado popular Luis Alfonso Hernández Carrón, de los 1.025 millones de euros asignados en el periodo anterior (2014-2020), solo se han empleado 584 y de aquí a final de año “se tiene que gastar el resto, 441 millones, o se perderán”.

Ha afirmado que “los extremeños están saturados de anuncios y quieren ver realidades”, por lo que ha emplazado a no perder la “grandísima oportunidad” que representan estos fondos.

En términos similares se ha pronunciado el diputado de Cs José María Casares al señalar que Extremadura no se puede permitir un grado de ejecución “tan lento” y reclamar “responsabilidad” al Ejecutivo porque “necesitamos una gestión rápida y eficaz”.

Ha pedido además que “no se saque pecho” por recibir más dinero que en otros programas operativos porque ello significa que se está “lejos” de alcanzar la convergencia con el resto de la Unión.

Por Unidas por Extremadura, el parlamentario Álvaro Jaén ha recalcado que “sigue habiendo mucho trabajo por hacer”, que “cuesta entender” que queden muchas partidas del anterior programa por materializar y que Extremadura “no se puede permitir ni un solo euro sin ejecutar” sin quiere dejar de ser región Objetivo 1.

El diputado socialista Rafael Lemus, por su parte, ha matizado que si Extremadura aún se encuentra en esta situación es porque fue la región “olvidada” en inversiones durante el régimen franquista.

Al margen de ello, ha considerado que la Comunidad Autónoma ha sido “modélica” en la ejecución de los fondos europeos con una apuesta por el desarrollo rural, la modernización agraria y la colaboración transfronteriza con Portugal.

Los fondos europeos Leader, financiados por el Feader de la Unión Europea (90%) y la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía (10%), están dirigidos a apoyar a las personas que quieran emprender en el medio rural, entidades públicas y asociaciones privadas, pero también a aquellas pymes y autónomos que tengan que realizar una inversión para modernizar sus negocios.

Una de las peculiaridades de estas ayudas es que están muy apegadas al territorio y se convocan teniendo en cuenta las necesidades de cada lugar. Son, además, las únicas subvenciones que apoyan cualquier tipo de actividad económica en el medio rural.

Es la cuarta y última convocatoria de la medida 19 Leader del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2022. Explicamos cuáles son los tres pasos para conseguir un incentivo de este tipo.

Primer paso: Estudio de viabilidad del proyecto

Cuando el interesado tenga clara su idea, puede acercarse hasta el GDR (Grupo de Desarrollo Rural) más cercano [en el mapa que ilustra este artículo se orienta sobre ello] para más información. Estos son unos fondos europeos hechos a medida para el territorio. Los proyectos que se subvencionan se integran en el plan estratégico que previamente el GDR ha consensuado con los agentes públicos y privados de su territorio. Un equipo técnico le atenderá para escucharle y estudiar la propuesta. Si es viable, se entraría en la segunda fase. 

Segundo paso: Solicitud de ayuda

El GDR le acompañará y orientará en todo el proceso. Dispondrá de un equipo de profesionales con amplios conocimientos del territorio y experiencia en la gestión de fondos europeos. Los GDR, además, son unas entidades fiables y de confianza, con más de 30 años de experiencia, que trabajan en y para el territorio. Hay 47 GDR en Andalucía, que dan cobertura a casi 700 municipios. Ellos tienen toda la información para que el proceso sea un éxito. De hecho, el medio rural y sus habitantes son los que deciden su modelo de desarrollo a través de un programa participativo como es este.

Tercer paso: Resolución y pago

Hay concurrencia competitiva. Es decir, los proyectos de mayor calidad serán los que tengan más posibilidades de ser aprobados. Hay que tener en cuenta que son ayudas a fondo perdido no reintegrables y de cuantía variable sobre el total de la inversión subvencionable del proyecto. Esta convocatoria cuenta con 64 millones de euros de presupuesto para los 51 territorios rurales de Andalucía. Los Leader son ayudas a fondo perdido. El programa Leader es uno de los más veteranos que despliega la UE en el medio rural. Es, además, una de las políticas más rentables que hay: por cada euro público, la iniciativa privada invierte más de 2,5. Es importante recordar que, a menudo, este tipo de programas suelen ser muy impersonales, ya que todo se realiza con trámites digitales y ventanillas automatizadas. Con Leader es diferente: detrás hay técnicos que guían a todos los interesados. No solo tramitan el proyecto, sino que asesoran, acompañan e informan, incluso una vez que se ha logrado la subvención. En definitiva, el interesado tiene siempre personas a las que recurrir. Se puede obtener más información en este enlace.

El Plan de Recuperación de España tiene un perfil propio en la red social Twitter. Aunque apenas reúne a 7.000 seguidores, también lo tiene el programa Kit digital, uno de los proyectos del Plan financiado por los fondos europeos, que no llega a una comunidad de 1.500 followers. Menos, unos 300, consigue el Perte (Proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica) de Nueva economía de la lengua, una de las últimas convocatorias relacionadas con los Next Generation de la Unión Europea en España.

Esta sobreexposición del Plan de Recuperación en Twitter demuestra el esfuerzo del Gobierno por “llegar a todo el tejido productivo”, según defienden fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que enumeran las campañas de comunicación, las reuniones con empresas, con sectores...

La cuestión es si el Gobierno realmente está despertando el interés que se le atribuye al Plan de Recuperación, diseñado y defendido como el mecanismo que debe transformar y modernizar la economía española. Y financiado, “por primera vez, de forma conjunta, lo que demuestra un nivel de compromiso colectivo histórico en la Unión Europea”, según recalcó Mercedes Caballero, secretaria general de fondos europeos del Ministerio de Hacienda y Función Pública, el pasado jueves, en una jornada organizada por el centro de análisis Funcas.

La última encuesta de actividad empresarial del Banco de España (la Ebae del segundo trimestre) desvela un panorama de cierto desapego: solo el 13% de las empresas tiene previsto acudir a una convocatoria del Plan de Recuperación en los próximos seis meses (ver gráfico). Este porcentaje se ha reducido en los últimos trimestres. En el tercero de 2021 llegaba al 25%, en el cuarto del año pasado era del 23% y en el primer trimestre de este 2022 ya había caído al 17%.

En términos absolutos, el 13% se corresponde con 440.000 empresas, según el censo de casi 3,4 millones del INE (Instituto Nacional de Estadística). Y el Banco de España detalla que el porcentaje de interesadas en los fondos europeos asciende al 18,7% entre las empresas de 50 a 250 trabajadores, lo que implicaría a algo más de 3.700 compañías. Mientras, desciende al 10% entre las empresas más pequeñas (la mayoría) y también entre las más grandes (menos de 500).

Las razones de este desinterés creciente por el Plan de Recuperación responde a distintas razones, que dependen desde del propio tamaño de las empresas hasta del impacto de la invasión rusa de Ucrania.

“Por un lado, ante la expectativas generadas con los Next Generation EU y la lentitud con la que se están implantando, muchas empresas han bajado la tensión y seguimiento de estos fondos”, reflexiona Francisco J. Delgado, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Oviedo. “Las de cierto tamaño siguen teniendo personal propio de seguimiento, o bien contratado servicio de consultoría, para seguir atentos, pero las más pequeñas, quitando el conocido Kit Digital, pueden estar desconectando hasta que haya más oportunidades reales. El riesgo aquí para ellas es la desinformación”, continúa.

Esta “lentitud” a la que hace referencia el profesor también la cita el Banco de España. La institución sitúa “la ejecución e impacto macroeconómico de los fondos europeos” como una de las principales fuentes de incertidumbre para sus últimas perspectivas de crecimiento económico, publicadas el pasado viernes 10 de junio.

“La escasa información disponible sugiere la posibilidad de que se produzca un cierto retraso en la ejecución del gasto con respecto al calendario considerado en las proyecciones”, continúa el Banco de España, que añade que, “además, la incertidumbre existente acerca del despliegue efectivo de los proyectos ligados al programa Next Generation podría comportar retrasos en algunas decisiones de inversión privada, como sugiere la información cualitativa recibida por el Banco de España a partir de sus contactos telefónicos con un conjunto de empresas no financieras de nuestro país”.

Un día antes, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, señaló en la Comisión mixta (Congreso y Senado) para la Unión Europea que los obligaciones reconocidas sobre las inversiones del Plan de Recuperación apenas alcanzan los 3.000 millones de euros, mientras que se han autorizado proyectos por casi 12.000 millones. En 2021 se reconocieron 21.000 millones en total, y el Banco de España señala que solo se ejecutaron cerca de 6.000 millones.

El impacto de la guerra

Por otro lado, “la situación económica actual —previsión de que hasta 2024 no se recupere el nivel de PIB pre pandemia [según la OCDE], la inflación y la guerra…— seguramente está provocando que las empresas fijen su atención más en el negocio, en el día a día, que otros asuntos, por muy relevantes que sean”, considera el profesor Francisco J. Delgado.

“Finalmente, una vez que se van conociendo los detalles de las convocatorias, con intensidades de ayuda, combinaciones de préstamos y subvenciones, y demás, puede estar ahuyentando a algunas empresas que esperaban otro escenario más favorable para sus intereses”, concluye.

“Realmente el efecto anticíclico [el efecto de contrarrestar un golpe en la economías como el de la guerra] es limitado y los tiempos de implementación son complicados”, reconoce, por su parte, Carlos Ocaña, director general de Funcas, quien insiste en que “lo importante es en qué medida los fondos son capaces de favorecer la transformación que la economía de España necesita [son claves los Perte del vehículo eléctrico, el de los chips y el de la transición ecológica]”.

El efecto de los fondos europeos en el crecimiento económico de España en 2021 fue prácticamente imperceptible. Para 2022, se estima que acelere en 1,5 puntos porcentuales la actividad. El mayor impacto será en 2023, de hasta dos puntos, según las expectativas del Banco de España.

La propia Calviño ha confirmado que el Gobierno presentará a finales de este mes una adenda a la Comisión Europea para ampliar la cantidad que le corresponde a España de los fondos europeos, cerca de 140.000 millones de euros, 70.000 millones en ayudas y la misma cantidad en préstamos.

El pasado viernes empezaron a venderse las entradas para un nuevo festival de música en Málaga. El Andalucía Big Festival by Mad Cool, como otros, pretende ser apoteósico: cuenta con Muse, Rage Against the Machine y Jamiroquai como cabezas de cartel. Pero a diferencia de los demás, este cuenta con un generoso patrocinio público de 4,3 millones de euros (IVA incluido), concedidos por una empresa pública dependiente de la Consejería de Turismo. El 80% se carga a fondos europeos. El desembolso ha generado malestar en parte del sector y las sospechas de la oposición.

Este festival está concebido como “el evento cultural más grande del sur”, según el vídeo promocional que se mostró el día de su presentación, el pasado 7 de abril. Esta tuvo lugar cinco meses antes de su celebración, un plazo inusualmente corto para este tipo de acontecimientos que pretenden una proyección internacional. Hasta ese día casi todo era misterio en torno a este evento. No se sabían ni las fechas, ni las bandas ni la ciudad elegida, a pesar de que se había preguntado por él en el Parlamento Andaluz.

Ahora ya se conocen fechas (del 8 al 10 de septiembre), precios (125 euros el abono + 12 euros de gastos de distribución) y ubicación (la playa de Sacaba, en Málaga). Si se cumple el compromiso de ofrecer 51 artistas, faltan casi la mitad, aunque la intención era anunciar el cartel completo en abril. El Andalucía Big Festival irá acompañado de un encuentro para profesionales de la industria y conciertos en las restantes capitales de provincia andaluzas, fundamentalmente de bandas locales.

Pero sigue sin saberse por qué la Junta de Andalucía eligió un festival de nueva creación para un proyecto con el que se pretende situar Andalucía en el circuito internacional de festivales, según sus responsables. También, por qué se cuantificó en 3,5 millones de euros más IVA el patrocinio público del festival. Una cuantía que multiplica por mucho el total que han recibido eventos similares en los últimos años.

Este medio ha preguntado todo esto y algunas cosas más a la Consejería de Turismo, que se remite a un informe técnico. Fue publicado en Transparencia, igual que los “pliegos, justo después de recibir la consulta. Los documentos solo especifican que 2.905.000 euros corresponden a ”costes directos“ y 595.000 a ”costes indirectos“.

La promotora Mad Cool no ha respondido al intento por intentar recabar su valoración.

80% financiado con fondos FEDER

La empresa pública para la gestión del turismo y del deporte de Andalucía, S.A., dependiente de la Consejería de Turismo, firmó el 20 de enero el contrato de patrocinio con Andalucía Big Festival, S.L., una empresa constituida el mes de agosto anterior por los responsables del festival Mad Cool, que se celebra en Madrid. Había sido adjudicado un mes antes, el 27 de diciembre.

El contrato, negociado y sin publicidad, obliga a la promotora a contratar con al menos dos cabezas de cartel y a realizar una serie de acciones de patrocinio que potencien la presencia de la marca Andalucía. El más notable, incluir la palabra en la denominación del festival. Pero también se incluye el envío de newsletters, la difusión de la imagen de Andalucía como destino turístico (sin especificar cómo), la emisión de un spot de Andalucía en las pantallas del festival en 20 pases, o la instalación de un mural. Debe reservar 200 abonos generales, 100 abonos VIP y 50 abonos premium para la Junta de Andalucía.

A cambio, la empresa recibe 3,5 millones de euros más IVA. El 80% de esta cantidad está financiada con cargo a Fondos FEDER (Programa Operativo Integrado de Andalucía 2014-2020 “Andalucía se Mueve con Europa”). Ninguno de los objetivos temáticos de este programa operativo parece encajar muy bien en un festival, si bien los fondos FEDER se pueden aplicar al “desarrollo de productos de alto valor añadido relacionados con nichos de mercado”, como el turismo cultural, según esta guía del Parlamento Europeo. En su día, Marín dijo que se puede financiar con fondos europeos porque “tiene una proyección internacional de la marca Turismo Andaluz”.

Siete veces lo asignado a todos los demás festivales

Lo que más sorpresa ha provocado es la asignación económica. De la magnitud de la cuantía da idea lo que reciben otros festivales en Andalucía, si es que reciben algo. Según la página de Transparencia, en 2022 la empresa pública Turismo y Deporte de Andalucía patrocina tres festivales de música: 350.000 euros al Cabaret Music Festival, 150.000 al Starlite y 3,5 millones de euros al Andalucía Big Fest. En 2021 fueron 165.289,25 al Cabaret y 124.000 al Starlite. Todos ellos sin contar el IVA.

Otra comparación: el Periódico de España publicó recientemente lo que le cuesta al Ayuntamiento de Madrid el Mad Cool, un festival organizado por los mismos promotores, con algunas bandas en común, pero más nutrido: mientras que en Málaga serán 52 bandas, por el Mad Cool de Madrid (que se celebra en julio) pasarán alrededor de 120, con Muse, Metallica, Placebo, The Killers, Queens of the Stone Age, Pixies o Florence + the Machine como platos fuertes. A Madrid le costará 1,4 millones, que se abonan en concepto de subvenciones. Un 40% de lo que cuesta en Andalucía.

Francisco Conejo, parlamentario socialista, preguntó en el Parlamento: “¿Cómo se explica que una empresa creada tres meses antes de la adjudicación reciba más de 4 millones, cuando la Junta de Andalucía destinó en 2021 apenas 300.000 euros para festivales consolidados y con una importante repercusión pública como el Starlite de Marbella o el Festival de Chiclana? Esto huele muy mal, Sr. Marín”.

“¿Me está diciendo que estoy prevaricando?”, repreguntó Marín, retando a Conejo a acudir a los tribunales si sospechaba que se trata de una subvención encubierta. También alegó que “hay una exclusividad de todas las bandas que vienen a tocar”. Es cierto en el caso de Jamiroquai (actuó en Marbella en 2011 y 2018, y ahora será su único concierto en Europa), pero no en el del resto de artistas.

Una carta abierta de diez festivales

La promoción pública de este festival y las declaraciones de Marín no han gustado a parte del sector. Los responsables de una decena de festivales (entre otros el Dreambeach, el Weekend Beach o el Primavera Trompetera) escribieron una carta abierta para mostrar su “malestar y descontento ante el desconocimiento por parte de nuestro vicepresidente del tejido y la industria de la música en vivo en nuestra región”. Afean a Marín que glosase las bondades del nuevo festival, olvidando el recorrido de otros más veteranos.

En Andalucía se celebran decenas de festivales cada año, sobre todo en verano. 118 en 2020, según Statista. “La mayoría de estos festivales, además y desgraciadamente, están apoyados con subvenciones irrisorias. O en algunos casos, ni siquiera cuentan con subvención alguna. Menos aún con contratos de patrocinio con instituciones públicas como su Consejería”, lamenta la carta.

Este año viene especialmente cargado en la provincia de Málaga: Oh See! Málaga (20-22 de mayo), Ojeando (1 y 2 de julio), Brisa Festival (1-4 de julio), Weekend Beach (6-10 de julio), Canela Party (24-28 de agosto), Starlite (todo el verano) o Cala Mijas Festival (1-3 de septiembre), una competencia directa por fechas y perfil. Casi todos cuentan con algún tipo de apoyo público de administraciones locales.

Para Marín, la fecha es idónea por la oportunidad de “desestacionalizar” el turismo y “estirar” julio y agosto situando un festival con gancho internacional el segundo fin de semana de septiembre. Dijo que acudirán 120.000 personas los tres días de festival, cifra que los promotores (Farruco Castromán y Javier Arnáiz) rebajaron luego a 100.000, con un 30% de público internacional “de 43 países”. El impacto económico previsto es de 25 millones de euros. “Queremos que sea el referente de los festivales de Europa. Que Málaga entre en ese circuito y sea considerado el gran festival del sur de Europa”, dijo Javier Arnáiz, uno de los responsables de Mad Cool.

Suele ser difícil saber cómo se llega a este tipo de previsiones. Castromán dijo que se basaba en experiencias anteriores. 43 países es exactamente la mitad de los 86 países de procedencia del público de Mad Cool Madrid, según el informe técnico.