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El PP dejó caducar la reclamación del Govern balear de izquierdas por el sobrecoste de las mascarillas

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, durante uno de los plenos del Parlament balear

Esther Ballesteros

Mallorca —

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Pese a los intentos del PP por atribuir al anterior Govern de Francina Armengol toda responsabilidad respecto a la infructuosidad de la reclamación de 2,6 millones de euros de sobrecoste (de un total de 3,7 millones) por la compra de mascarillas defectuosas a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, la responsabilidad de los populares no escapa a la deriva que finalmente tuvo la malograda solicitud. No en vano, fue ya bajo la presidencia de Marga Prohens cuando el expediente habría acabado caducando sin que los conservadores hicieran nada por evitarlo.

Así se infiere de uno de los autos dictados por el juez que instruye la causa en torno a la trama de presunta corrupción en la adquisición, por parte del Gobierno central, de Balears y de Canarias, de material de protección sanitaria en los peores meses de la pandemia de la COVID. La resolución recoge de forma pormenorizada el relato de la querella interpuesta por la Fiscalía Especial Contra la Corrupción por estos hechos y compendia las diligencias de investigación efectuadas por la unidad policial encargada de las pesquisas.  

Sobre la reclamación, el portavoz del PSIB en el Parlament balear, Iago Negueruela, ha manifestado este martes que el expediente “podría” haber caducado y que, de ser así, el Govern de Prohens debe dar explicaciones y decir quién se reunió con la empresa Soluciones de Gestión, clave en la presunta trama por la que la semana pasada fue detenido Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos. Negueruela ha recriminado, asimismo, que varios de los trabajadores que estaban en los equipos de la anterior Conselleria de Salud y que tramitaron el expediente “sabían que los plazos caducaban”. “Las personas ya estaban en los equipos anteriores y ahora el PP las ha ascendido”, ha apuntado.

En concreto, se ha referido a la actual directora general del Tesoro y jefa del servicio de proveedores y tesorería del anterior equipo del IB-Salut, Susana Pérez, quien era “perfectamente conocedora” del expediente. Además, ha añadido que el actual vicepresidente del Govern, Antoni Costa (PP), “tiene toda la información al respecto y está mintiendo”. También ha hecho referencia a la que fuese directora de Gestión y Presupuestos en el anterior equipo del organismo sanitario, Mar Rosselló, quien se reunió con el jefe de los servicios jurídicos actuales, Óscar González, y con la actual jefa de contratación, Laura Montserrat, para hacer el traspaso de la información con el cambio de Govern.

El portavoz socialista ha mencionado, asimismo, a Rafael Marcote como la persona que recepcionó el pedido de mascarillas y quien actualmente es el subdirector de Compras y Logística del IB-Salut.

Por el contrario, su homólogo del PP en la Cámara balear, Sebastià Sagreras, ha asegurado que el expediente de reclamación no ha caducado, puesto que se firmó en agosto de 2023 con el actual Govern. El PP asegura que el 20 de marzo -fecha en las que el PSIB sitúa el inicio de la reclamación, aunque precisa que el expediente se inicio “meses antes”- se realizaron oficios y comunicaciones que instaban a reclamar la devolución. Según Sagreras, no fue hasta el 24 de agosto que el Servicio Balear de Salud (IB-Salut) firmó el expediente. En ese caso, caducaría el próximo mes de abril, según han apuntado fuentes del Ejecutivo a elDiario.es.

Influencias de Koldo García

El auto del juez Ismael Moreno alude a los indicios que apuntan a la influencia que Koldo García habría ejercido en beneficio de Soluciones de Gestión con el objetivo de que la petición de devolución por parte del anterior Govern no prosperase y, de este modo, “favorecer a la mercantil y a su titular”.

La investigación constata que, a cuenta de esta reclamación de Balears, se produjeron varios encuentros entre Koldo García y Juan Carlos Cueto, a quien la resolución judicial señala como “la persona que realmente controla” Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, integrada en el grupo Cueto, si bien figura como propiedad de Íñigo Rotaeche. “Se han observado indicios que apuntan a la influencia que Koldo ha ejercido en beneficio de Soluciones de Gestión en el contexto de la reclamación dimanante de la administración balear, a fin de que ésta no prosperara y de este modo favorecer a la mercantil y a su titular”, abunda el auto.

En este sentido, la resolución menciona comunicaciones entre Cueto, Rotaeche y una tercera persona de las que se colige que, si la Administración balear, en el plazo de tres meses (con fecha límite el 18 de enero de 2024) no se pronunciaba expresamente sobre el expediente de reclamación, se produciría la caducidad del procedimiento administrativo y, por ende, la reclamación de los casi tres millones de euros. El magistrado extiende así los hechos más allá de la legislatura de Armengol, abarcando los meses en los que el PP ya se había hecho con el poder en el Ejecutivo autonómico.

A este respecto, el juez subraya que pocos días antes de la fecha límite dejaron de observarse comunicaciones que abordasen este asunto, de lo que se infiere que “podría haberse producido la caducidad de la reclamación a Soluciones de Gestión” y cómo, por tanto, el ejercicio de la influencia por parte de Koldo había “surtido efecto”.

El PSIB defiende la actuación del Govern de Armengol

Hasta el momento, el PSIB-PSOE ha defendido tajante la actuación del anterior Govern y asegura que la tramitación del expediente de compra siguió los cauces previstos, según informó la Intervención de la Comunidad Autónoma en agosto de 2022. “No hay irregularidades en el proceso y el PP lo sabe porque ha sido fiscalizado. Lo saben, mienten y calumnian”, manifestó la semana pasada el portavoz de la formación en el Parlament, Iago Negueruela.

Negueruela acusa al PP de mentir al asegurar que la reclamación se hizo coincidir con el cambio de gobierno, subrayando que los populares tenían toda la información porque subdirector encargado de las compras continúa en el mismo puesto. Además, ha asegurado que en el traspaso de funciones entre los responsables del Servicio de Salud se facilitó toda la información sobre este expediente. “Lo sabían. No dicen que ya se les dijo”, asevera.

“Las víctimas han sido el anterior Govern y el actual y si se investiga a una persona exigimos que se actúe con la máxima contundencia”, ha indicado. En esta línea, Negueruela ha efectuado una férrea defensa de la gestión que el Pacte hizo de la pandemia: “Fuimos los que más vidas salvamos y podemos mirar a los ojos a cualquiera y decir que hicimos las cosas bien”.

En cuanto al procedimiento de reclamación a la empresa tras detectar que las mascarillas recibidas por la comunidad no eran FPP2, el socialista incide en que “fue el anterior Govern el que lo inició”. “Esto parece que se ha convertido en una cuestión de plazos, en la que todo el mundo quiere saber por que éste procedimiento se inició en el mes de marzo de 2023 y no antes; cuando lo importante es que se hizo dentro de la legalidad”, asevera, recordando, como apunta el auto del juez, que la posibilidad de reclamar prescribía en 2024 y gracias a la actuación del Ejecutivo de Armengol el plazo fue ampliado.

Por ello, subraya que a los socialistas les “gustaría saber cómo el PP ha continuado con esta reclamación”, instando a los populares a que “lo enseñen” dado que, ha añadido este martes, la directora de Gestión y Presupuestos del IB-Salut saliente informó del procedimiento de reclamación a los actuales jefe de Servicios Jurídicos y de Contratación del Servicio de Salud en el traspaso de carteras.

En concreto, en 2020, el Ejecutivo liderado entonces por Armengol adquirió mascarillas por un valor de 3.701.500 euros, tal como consta en la documentación del expediente consultada por este medio. Se trataba de un precio muy superior al tipo de cubrebocas que finalmente llegaron a las islas, motivo por el que, meses antes de finalizar la legislatura, el IB-Salut inició el expediente para reclamar la devolución de los 2,6 millones de euros que se habían pagado de más.

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