Miguel Urbán (Madrid, 1980) es un veterano militante de la izquierda antististema. Curtido en el Movimiento Okupa y miembro histórico de Anticapitalistas estos días vuelve a ver su nombre en los titulares, algo a lo que había dejado de estar acostumbrado desde que su formación rompió con Podemos en 2020, en desacuerdo por su participación en el Gobierno. 

elDiario.es desveló el pasado sábado los detalles de una investigación secreta en 2016 de la Fiscalía Antidroga contra él, inducida por poderosos comisarios de la Policía, en la que se le trataba de involucrar falsamente en una supuesta operación de venta de cocaína venezolana destinada a financiar ilegalmente a Podemos. Urbán concede esta entrevista desde Sao Paulo, a donde ha viajado para presentar su libro ‘Trumpismos. Neoliberales y autoritarios’.

¿Por qué usted? ¿Qué objetivo tenía implicarle en el montaje de la droga y la financiación de Podemos?

No creo que tuvieran un especial interés en mi persona. Igual que no creo que tuvieran un especial interés en la persona de Iglesias. Lo que querían era destruir un colectivo y destruir unas ideas. Puede ser que yo fuera una de las figuras más reconocidas de Anticapitalistas y una de las figuras públicas más conocidas de Podemos. Investigarme a mí era una excusa para investigar al conjunto de Anticapitalistas y a Podemos. Yo creo que es absurdo pensar que me investigaban a mí como excusa para investigar a Pablo porque ya había otros casos sobre Pablo. 

¿Por qué en el primer semestre de 2016?

Es el momento clave de la política del cambio. Creo que ellos se llevan un susto en las elecciones europeas, pero el susto grande se lo llevan cuando de repente ganamos en Madrid, ganamos en Barcelona, en Zaragoza, en Cádiz, ganamos en Valencia, en Santiago de Compostela, ganamos en Oviedo y en A Coruña. Y piensan: ‘Esto puede ir en serio’. Ahí es donde yo creo que activan esta operación de locos. Coincide con las dos elecciones generales, las de diciembre de 2015 y las de junio de 2016, en donde podíamos haber dado el ‘sorpasso’ al Partido Socialista. De hecho, otras tramas también se construyen esos meses, como la cuenta en Granadinas o el supuesto informe PISA. Son unos meses frenéticos de las cloacas, de los aparatos del Estado, pero conectados también con el poder mediático y el económico para intentar evitar a toda costa que fuésemos la primera fuerza electoral del país. Ese era el elemento clave. 

¿Cómo se ha sentido al saberse objetivo de una investigación secreta tantos años después?

En un primer momento sentí una ansiedad fuerte. Lo primero que supe es que me situaban en un intercambio de drogas y que por eso habían entrado en las cuentas de Pablo Iglesias y demás. Pensé, '¿qué se han podido inventar?'. Cuando conoces más detalles, ves lo burdo, lo cómico, incluso algunos aspectos surrealistas… Entonces le quitas un poco de tensión. Pero te angustia más no conocer que lo que sabes.

Además, fue un momento muy complicado personalmente. Se estaba muriendo mi madre. Falleció dos semanas después de que yo tuviera la primera información sobre esto. Llevaba varias semanas pasándolo mal y se me mezclaban cosas. También sentí fragilidad. Dices: ‘estos me podrían haber jodido la vida’. Y luego está la impunidad que tienen: los autores no son unos cualquiera. En los aparatos de seguridad del Estado hay un montón de fascistas, pero estos no eran unos mindundis, eran los jefes, con lo que ello implica.

Quieren generar fragilidad, que no vuelvas a intentar nada, que no te muevas, que quieras que pase. Te crea un sentimiento encontrado. Por una parte piensas: ‘Bueno, pasó hace diez años. Vamos a dejarlo correr. No quiero remover más’. Porque al final te hace daño. Pero esto no se puede dejar pasar. Hay que levantar la voz, poner el dedo en la llaga de que tenemos un problema democrático en nuestro país. No estaban atacando a un grupo que estuviera planteando la toma del poder al asalto. Podemos era un partido que se estaba presentando a las elecciones. Entonces te cuestionas hasta dónde son capaces de llegar, hasta dónde hubieran sido capaces de llegar.

¿Va a emprender acciones legales?

Hay que valorarlo con los compañeros de Anticapitalistas. He hablado con Iglesias para contactar con los abogados de Podemos, ellos están personados en la causa de la Audiencia Nacional, y ver si entramos ahí. Pero hay que decidirlo colectivamente en Anticapitalistas. La política es un placer colectivo. Yo defenderé que actuemos. No se puede dejar pasar.

¿Algo así se puede volver a repetir?

Evidentemente. Los seis de Zaragoza llevan un año en prisión. Los chavales no han hecho nada. Son inocentes y están comiendo mako. Cuando ves que la Policía tenía una persona metida, infiltrada, en los movimientos sociales madrileños durante 20 años; cuando tienes a infiltrados en organizaciones ecologistas, en movimientos vecinales, contra la tala de árboles, en colectivos como Distrito 14, colectivos de barrio… No es que pueda pasar, es que está pasando.

El problema de las cloacas, el problema de los aparatos del Estado… las fallas democráticas siguen estando y se muestran las costuras del régimen del 78 y las costuras de nuestra democracia liberal, que nos dicen que es perfecta. Y no lo es. No se permiten todas las ideas. No se permite el derecho a la protesta, el derecho a la disidencia. Tenemos a las compañeras de CNT de Las Seis de la Suiza que van a entrar seguramente en la cárcel por su actividad sindical. Es una auténtica vergüenza. 

Pensar que esto no puede pasar es ingenuo, porque ya está pasando y eso es lo grave, y por eso no quiero dejarlo pasar. No iban contra mí, iban contra unas ideas. Y va a seguir si no hacemos nada.

El representante del Partido Popular en el debate a siete Pablo Casado ilustró su intervención sobre el mercado laboral con un gráfico que no refleja la evolución real del empleo. El gráfico del PP toma como referencia la Encuesta de Población Activa pero no especifica qué dato coge para hacer la comparación. 

Según la imagen enseñada por Casado, el número de ocupados sería ahora mayor que en 2009, incluso que en 2008. Sin embargo, fue en 2008 cuando España alcanzó su cifra récord de ocupación, con veinte millones y medio de personas con empleo. En 2019, el empleo comenzó la debacle pero aún se mantenía por encima de diecinueve millones de ocupados. Actualmente, sin embargo, la cifra es algo superior a los dieciocho millones de trabajadores.

Evolución trimestral del número de ocupados, según la EPA

Fuente: INE, EPA | gráfico: Raúl Sánchez

No solo eso, el gráfico utilizado por el PP da a entender que ahora hay un número de ocupados considerablemente mayor que a finales de 2011, cuando comenzó la legislatura. Los datos lo desmienten: ahora hay cerca de 120.000 ocupados menos que en el último trimestre de 2011.

Otra posibilidad es que los cálculos del partido de Mariano Rajoy se hayan hecho con la tasa de variación intertrimestral del empleo. Tampoco en ese caso el gráfico mostrado por el PP se corresponde con la curva que reflejan los datos de la EPA.

Tasa de variación intertimestral desestacionalizada de la población ocupada, según la EPA

Fuente: INE, EPA | gráfico: Raúl Sánchez

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca ha protestado este martes contra las políticas de vivienda del Gobierno del PP con un escrache contra Mariano Rajoy, durante un acto en el que el presidente del Gobierno en funciones participaba en Barcelona. Dos activistas han irrumpido mostrando las características camisetas verdes de la PAH y uno de ellos le ha preguntado: “¿Medio millón de desahucios es sensato?”.

Los servicios de seguridad han procedido a expulsar a los activistas de la sala del hotel en el que se celebraba el coloquio. Según han explicado posteriormente los miembros de la PAH a este diario, el objetivo era llamar la atención sobre los desahucios que se siguen produciendo, en el marco de las cinco demandas de la PAH a los partidos.

Posteriormente el presidente en funciones se ha referido a la política de vivienda, justificando que su gobierno haya recurrido la ley catalana contra los desahucios argumentando motivos competenciales. “Respetar la ley y las competencias es necesario para la convivencia”, ha asegurado Rajoy.

Después del escrache, Rajoy se ha referido a la PAH asegurando que “dentro de los desahucios yo he visto de todo”, poniendo el ejemplo de personas cuyo único ingreso es la renta que cobran por una casa que tienen alquilada a un tercero. “El problema es que haya personas que invadan inmuebles públicos o particulares. La propiedad privada es sagrada”, ha zanjado el candidato del PP.

Igual que hizo el 20D, en esta campaña la PAH ha interpelado a todos los partidos para que se comprometan con cinco medidas que la plataforma entiende “de mínimos” para garantizar el derecho a la vivienda: dación en pago retroactiva, alquiler asequible, stop desahucios, vivienda social y suministros básicos garantizados. Este sábado la PAH anunció “una campaña de presión y señalización al PP, de cara a las elecciones generales, en cualquier acto en el que esté”.

Precisamente el PP es el partido que menos se ha comprometido sus medidas, a juicio de la PAH. “No nos sorprende que el PP no incluya medidas para hacer frente a la emergencia habitacional, ya que su función ha sido la de mantener los desahucios. Votar al PP es votar por los desahucios”, valoraba el portavoz de la PAH, Carlos Macías, en un artículo de opinión en Catalunya Plural.

Este domingo otros dos activistas de la PAH interrumpieron el discurso del presidente en funciones en un acto de campaña en Lleida, a lo que Rajoy contestó: “Habrá que pedirle al señor Iglesias que no nos manden más manifestantes o que los manden un poco más tarde”.

Coalición Canaria ha denunciado a Sí se Puede ante la Junta Electoral por la “reiteración” de utilizar la sede del Ayuntamiento y sus medios públicos para un acto partidista de carácter electoral, pidiendo el voto junto a los concejales de Izquierda Unida.

El partido nacionalista pide que se instruya el correspondiente procedimiento por infracción electoral, de conformidad con lo establecido en el artículo 153, y se dé traslado al órgano jurisdiccional competente en caso de apreciarse indicios de un presunto delito electoral tipificado en el art. 144 de la LOREG.

A través de un comunidado, CC quiere salir al paso de las críticas vertidas por el concejal de Sí se Puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Arcila, en las que arremetía contra el alcalde de la ciudad y candidato nacionalista al Congreso de los Diputados, José Manuel Bermúdez.

Para CC, “la pataleta de Arcila no sólo es infantil, sino poco creíble”, y añade que “pocas lecciones de democracia puede dar quien está imputado por la presunta comisión de un delito electoral en las elecciones municipales de hace un año, cuyo procedimiento penal está abierto, por distribuir propaganda electoral y votos esa misma jornada y en las proximidades de un colegio”.

El partido nacionalista considera que Arcila ha sido “incapaz de contrarrestar los datos objetivos ofrecidos por el equipo de gobierno en cuanto la evolución de la ciudad”, prefiriendo “jugar una vez más a aprendiz de Torquemada, juzgando a los demás y repartiendo etiquetas de demócratas o no”.

A su vez, lamentan que el edil “se olvide de hacer estos juicios cuando se trata, como ocurrió en el último Pleno municipal, de defender la justicia, la democracia y la libertad del pueblo venezolano mediante una moción que debía tener el apoyo de todos los demócratas”.

Los nacionalistas afirman que Arcila, “consciente de lo irrelevante que resulta en estas elecciones, pretende hacerse ahora con la franquicia local de Pablo Iglesias, jugando a la confusión de nombres entre sus formaciones, pero traicionando una parte importante de los fundamentos de su propio partido, que se declara independentista, al mismo tiempo que Podemos se presenta con un concepto profundamente centralista”.

La aspiración de ERC de acercarse al primer puesto que todas las encuestas otorgan a En Comú Podem ha contado este sábado con una munición tradicional de los de Colau: la revindicación de su labor al frente de los ayuntamientos. Los de Oriol Junqueras han sacado a relucir el municipalismo 'a la republicana' en la mayor ciudad donde gobiernan, Sabadell, población del entorno industrial barcelonés. Un municipalismo cargado de valores republicanos: igualdad, lucha contra la contra la pobreza y el objetivo de la independencia para Catalunya.

El alcalde de Sabadell, Juli Fernàndez, que logró terminar con la etapa ensombrecida por la corrupción del socialista Manuel Bustos tras un pacto de gobierno con varias fuerzas de izquierda, ha ejercido de maestro de ceremonias y ha definido a Sabadell como “la capital del republicanismo catalán”.

Fernàndez ha pronunciado un discurso de marcado carácter progresista. Así, ha recordado que Sabadell “se ha puesto al frente” de los ayuntamientos catalanes a la hora de defender la ley antidesahucios catalana suspendida por el Constitucional y ha recordado que su consistorio ha sido pionero a la hora de multar a las eléctricas que cortan la luz a las familias sin cumplir con la ley.

“Queremos poner el bien común por encima de cualquier cosa y queremos el anhelo de libertad de nuestro país”, ha zanjado Fernàndez, que ha unido el objetivo de la independencia al de “conseguir un estado del bienestar mejor para nuestros hijos, padres y nietos”. La candidata republicana por Girona, Teresa Jordà, ha cogido el guante de Fernàndez y ha criticado al PP y al Constitucional por defender “a los bancos y a las eléctricas que cortan la luz a la gente”. “Trabajar y encender la calefacción en invierno no es un privilegio. ¡Es un derecho!”, ha proclamado Jordà.

Después de calentar el ambiente más republicano y de izquierdas ante las más de 800 personas (varias de pie) que llenaban la Rambla de Sabadell, el presidente de ERC y vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha reivindicado a ERC como la fuerza que une a más sensibilidades en Catalunya. “Somos la síntesis de este país”, ha añadido el candidato de ERC, Gabriel Rufián.

Junqueras y Rufián se referían a la variada representación de integrantes republicanos del Govern, de las listas para el 26J o del municipalismo republicano: la consellera de Treball, Dolors Bassa (antigua dirigente de la UGT), el candidato al Congreso, Joan Capdevila (ex de Unió Democràtica), o su compañera de listas, Ana Surra (que ha reivindicado su condición de refugiada de la dictadura uruguaya).

Todo ello se enmarca en la estrategia republicana de los últimos años de abrir la puerta a los independentistas desencantados del PSC o de ICV, que permitió a ERC conseguir el segundo puesto el pasado 20D con nueve escaños. Las encuestas señalan que este 26J repetiría resultado o bajaría un escaño, y, en clave catalana, que volverían a superar a Convergència en su competición por la hegemonía independentista.

En este cuadro faltaba la CUP, que no se presenta el 26J. El encargado de buscar los votos cupaires para que no se vayan a En Comú Podem ha sido Joan Tardà, representante del sector más progresista de ERC. Tardà ha pedido “ayuda” a los votantes de la CUP para que ERC gane las elecciones generales y el proceso soberanista salga reforzado. La independencia no quiere decir olvidar a los demás ciudadanos de fuera de Catalunya. “¡Viva los pueblos de Iberia!”, ha gritado Tardà, citando a un referente republicano, el presidente de la Generalitat durante la Segunda República, Francesc Macià.

Jorge Cagiao y Conde, profesor titular de Derecho español en la Universidad François Rabelais de Tours, acaba de publicar un libro en el que coordina, junto a Gennaro Ferraiuolo, a media docena de juristas que exponen su visión sobre un posible referéndum en Cataluña amparado por la Constitución. Bajo el título de El encaje constitucional del derecho a decidir y un subtítulo que anuncia “un enfoque polémico”, los juristas defienden no solo que no haría falta cambiar la Constitución del 78 para celebrar un referéndum sino que exponen que en el debate público entre académicos se ha dado la sensación de que la carta magna no permite esta posibilidad bajo motivaciones políticas. 

La tesis central del libro es que el derecho a decidir al que invoca el soberanismo catalán cabe en el ordenamiento jurídico español. De entrada parece sorprendente.

Sorprendente… depende de cómo se mire. A mi me ha sorprendido mucho que precisamente la opinión publicada y la mayoría de la doctrina constitucionalista haya sido tan categórica al afirmar que el derecho a decidir no cabe en la Constitución española. En este libro defendemos que hay una posibilidad de encaje del derecho a decidir en la Constitución, pero cuando hablamos de encaje hablamos de una acción que lo encaje. Hace falta que alguien encaje ese derecho a decidir que a día de hoy no existe ni se recoge explícitamente en el ordenamiento legal.

Otra posibilidad es reformar la Constitución.

Sí, la Constitución prevé varias vías de reforma y una de ellas permite reformarlo todo, pero decir que el derecho a decidir se puede encajar reformando la Constitución es una evidencia. No hacía falta escribir un libro para decir esto. Lo importante es que no hace falta, sobre todo teniendo en cuenta que la reforma de la Constitución es tan complicada por la vía del 168 que muchos vemos que en la práctica es imposible.

El libro que coordinas lleva por subtítulo “un enfoque polémico”. ¿Por qué es tan polémico decir que el llamado derecho a decidir de los catalanes puede caber en el actual ordenamiento constitucional?

Lo que tratamos de explicar en el libro es que esta es una cuestión que se ha tratado de una manera muy ideológica. En mi capítulo hablo de los académicos, que han aparecido en los medios explicando las cosas del derecho al profano. El enfoque de este libro es polémico porque el cuadro que se presenta no es especialmente bello, es un cuadro en el que se ve cómo los diferentes actores, políticos, jueces, profesores de derecho, han manipulado, en el sentido de que han trabajado, la materia jurídica para llevarla a su terreno.

Esto no es nuevo. Lo que yo digo lo decía Hans Kelsen hace casi 100 años, cuando decía que hay muchos académicos que no hacen una descripción objetiva del derecho sino política jurídica. Es decir, tratar de influir no en los políticos, porque no lo necesitan, sino en la opinión pública.

¿Por qué cree que se ha hecho una interpretación sobre el derecho a decidir que no se corresponde con el texto jurídico?

Porque se ha tratado es de cerrar el debate político. El debate jurídico tiene unas pautas de rigor metodológicas, y ese trabajo de análisis científico lleva a unas conclusiones que no son opiniones. Yo he tenido la impresión de que se ha opinado demasiado, cuando hay cosas sobre las que no se pueden opinar. Uno no puede opinar sobre si existe la posibilidad de reformar la Constitución. Sabemos que existe. Pues lo mismo pasa con las vías posibles para el derecho a decidir. Existen.

Por tanto, ¿qué haría falta para un referéndum en Catalunya? ¿Voluntad del Gobierno, mayoría en el Parlament, otra interpretación del TC?

Lo más importante es la voluntad política por parte del Gobierno español, el actual o el próximo. Esto es lo primero que tiene que existir. Esta voluntad política puede optar por diferentes cauces, por ejemplo la vía ejecutiva. Si el próximo Gobierno quiere buscar una solución al problema territorial puede convocar un referéndum consultivo sobre el futuro de los catalanes, por la vía del artículo 92. Esta es una vía perfectamente practicable. Lo único que hace falta es que el Gobierno desee utilizar esta herramienta que la Constitución pone a su alcance y que haya una mayoría favorable en el Congreso, lo cuál no parece difícil si ya hay un Gobierno con esta voluntad.

Otra vía es la del artículo 150. Esta vía va destinada al legislativo, pero estamos en lo mismo, porque en España poder Ejecutivo y Legislativo están vinculados y son del mismo color político.

Si un Gobierno decidiera hacer un referéndum, el TC lo podría paralizar. El derecho a decidir se dirimiría mediante una interpretación del Constitucional.

El Constitucional no actúa de oficio. Por lo tanto es necesario que alguno de los órganos habilitados presente un recurso de inconstitucionalidad, por ejemplo contra una ley. Es lo que pasaría por ejemplo si el Gobierno con su mayoría parlamentaria decidiera aprobar una ley orgánica de delegación, por la vía artículo 150.2. La oposición ha presentado recursos de inconstitucionalidad muchas veces en los últimos años, y el Constitucional tendría que resolverlo.

Es importante indicar que para el TC sería un asunto nuevo, porque nunca se ha pronunciado sobre una ley de delegación o de transferencia sobre un objeto determinado como es el del referéndum consultivo sobre el futuro de los habitantes de una comunidad autónoma. Sería el primer caso, debería resolverlo, y para ello debería interpretar el texto constitucional.

Con la actual composición del TC sería difícil que interpretara su constitucional, ¿no?

Todo depende del grado de apoyo que pudiese tener esa decisión en el Congreso. No sabemos lo que va a salir de las próximas elecciones, pero entiendo que si el próximo Gobierno fuera, por ejemplo, del PP acompañado por Ciudadanos, y junto a la primera fuerza de la oposición deciden implementar esta transferencia, podría resultar un papelón para el Constitucional resolver una cuestión política con un amplio apoyo parlamentario. Pero este escenario, claro, es política ficción de la buena, por cómo se han mostrado los partidos hasta ahora.

Una de las cosas que se analizan en el libro es cómo el TC va haciendo una interpretación cada vez más restrictiva respecto al ámbito competencial de las comunidades, la más clara con el Estatut catalán. ¿Por qué ha pasado esto?

No es fácil, hay muchos factores. El clima político tras la sentencia 31/2010, la del Estatut catalán, junto a la crisis financiera desde 2008, ha sido favorable a un proceso de recentralización. El Estado central es solo uno de los actores que provoca la recentralización y tiene por encima a la Unión Europea, que ha presionado para que se reforme el 135 de la Constitución y se imponga el dogma de la austeridad, sobre todo en los servicios públicos, que en España son competencia de las CCAA. La austeridad impuesta por arriba ha provocado un peor autogobierno y una mayor dificultad para financiar el autogobierno. Por abajo también hay más factores que se podrían señalar.

Esta recentralización también ha tenido su reacción, bien movimiento independentistas o bien movimientos llamados “plurinacionales”, como el que impulsa Podemos. ¿Hay esperanza para el federalismo?

Creo que la dinámica es muy mala. No creo que el proyecto federal tenga mucho apoyo en España. Es algo histórico, no es que de la noche a la mañana la gente haya descubierto el federalismo. En España se viene hablando de federalismo desde hace muchísimo tiempo. Se podría decir que cada vez que se ha abierto un proceso de democratización (Sexenio Revolucionario, Primera República, Segunda República, 78) cada vez se ha hablado de utilizar instrumentos federales y la verdad es que nunca ha calado. Para mayor desgracia de los federalistas, una buena parte de federalistas históricos estaban en Catalunya y se han pasado al independentismo.

Hay quien sostiene que el Estado español ya es de facto federal.

Este es otro problema para el federalismo español. En la medida que se ha extendido que en España el sistema autonómico ya es un sistema federal, se cierra la posibilidad de que se introduzcan los cambios necesarios para que el Estado se convierta en realmente federal. Si a esto le sumamos esa huida de buena parte del catalanismo hacia el independentismo, el federalismo español se ha fragilizado aún más de lo que venía estándolo.

El propio “derecho a decidir” es una expresión abierta, que no está claro a qué hace referencia. ¿Hay literatura jurídica que permita homologarlo a un derecho?

Diría que hay un consenso bastante amplio entre los académicos para citar como referencia fundamental la sentencia del Tribunal Supremo de Canadá de 1998. Es verdad que la expresión como tal, “derecho a decidir”, no la utiliza, pero aquello a lo que remite el derecho a decidir, que es un concepto polisémico, se encuentra en aquel dictamen. Es una de las piezas jurídicas más importantes y más refinadas en cuanto a la argumentación jurídica de los últimos tiempos.

¿Quién tiene “derecho a decidir”, como se determina quién es el sujeto de derechos? Muchas veces para negarlo, se apela al derecho a decidir de L’Hospitalet.

En el libro se explica bien esta reducción al absurdo. Yo creo que hay que ser un poco serios. Cómo determinar el sujeto político es una cuestión compleja y controvertida. Hay diferentes posiciones. Hay quien recurre al hecho nacional, y dice que son las naciones las que pueden eventualmente ejercer ese derecho a decidir. Esta sería una corriente que remite al derecho de autodeterminación. Pero el derecho de autodeterminación es un concepto del derecho internacional público y con una definición bastante clara y compartida, en el sentido de decir que estos pueblos que pueden autodeterminarse son las antiguas colonias, pueblos subordinados.

Y aquí Catalunya no entra ni con calzador.

Claro. Por eso el derecho a decidir enfoca esto de otra forma. Somos algunos los académicos, bastantes me atrevería a decir, los que consideramos que este derecho a decidir no conecta con la nación sino con el principio democrático. De alguna manera, esto se puede asociar con las teorías plebiscitarias de la secesión, que dicen que en un Estado democrático cualquier comunidad de individuos territorializada y que comparte una serie de valores puede decidir su futuro político. Es muy importante, porque el problema de considerar que sólo las naciones o los pueblos puedan ejercer el derecho a decidir plantea una dificultad: antes de saber si ese pueblo puede decidir primero tenemos que ponernos de acuerdo sobre si es un pueblo.

¿Al principio democrático le es indiferente si quién decide es una nación?

Sí. El principio democrático tiene la enorme ventaja de que toma una comunidad de individuos, por ejemplo la catalana, y se plantea preguntarle sobre su futuro político. Le da igual si es o no una nación, que llevaría a una discusión inacabable. Lo que pretende no es dirimir esa cuestión sino que los ciudadanos digan qué quieren para sí mismos. Por tanto, unos catalanes van a ir a votar pensando que Catalunya es una nación, otros que no lo es, pero todos se van a expresar y van a decir que debe pasar en el futuro. Eso es a lo que anima el principio democrático.

El ministro de Exteriores en funciones, José Manuel García-Margallo, ha encendido la campaña electoral catalana con una alusión a la victoria electoral del dictador alemán Adolf Hitler cuando ha sido preguntado sobre la primera posición que todas las encuestas otorgan a En Comú Podem en Catalunya.

Margallo, en su intervención en el programa Al Rojo Vivo de La Sexta, se ha referido al debate soberanista catalán y a la posibilidad de celebrar un referéndum de autodeterminación. Ha valorado como “contrario a la razón” que una parte del territorio pueda separarse y ha recordado que “un estado nace cuando los demás dicen que eso es un estado”. También ha opinado que una Catalunya independiente quedaría fuera de la Unión Europea.

Ha sido en este momento cuando el presentador del programa, Antonio García Ferreras, le ha recordado que, según todas las encuestas, En Comú Podem, formación aliada de Unidos Podemos que defiende el derecho a decidir para Cataluya, volverá a ganar las elecciones del próximo 26J. “Yo que soy demócrata de siempre y que siempre he creído en el poder del voto hay veces que los votantes se equivocan. Quiero recordarle que don Adolfo Hitler llegó a ser canciller del Reich pasando de 12 a 107 escaños”, ha contestado Margallo.

La alcaldesa Ada Colau ha contestado rápidamente a Margallo en Twitter y ha asegurado que, con su comparación con Hitler, al ministro “se le han acabado los argumentos”.

Ciudadanos se comporta como la CUP. Así lo ha expresado el líder del PP catalán, Xavier García Albiol, un día después que el candidato de Ciudadanos a la presidencia, Albert Rivera, explicara que su partido no respaldará un Gobierno presidido por Mariano Rajoy y tampoco se abstendrá para facilitarlo. “Albert Rivera sólo ha tardado seis días en vetar al PP y me recuerda a Anna Gabriel de la CUP vetando a Mas”, le ha contestado García Albiol en un acto de campaña en Cornellà.

Albiol ha afirmado que las declaraciones de Rivera contra Rajoy le hicieron “retroceder en el tiempo” y que “vio a Anna Gabriel” en vez de al líder de los naranjas. Asimismo, ha considerado que Ciudadanos “tiene la misma actitud que la CUP, con la única obsesión de vetar a Mas”, en referencia al 'no' cupaire al expresident que finalmente se impuso en enero tras tres meses de negociaciones. 

El 'no' de Rivera a Rajoy llegaba después de una primera semana de campaña en la que el líder de C's se ha mostrado muy duro contra el presidente en funciones por la corrupción del PP. Rivera también ha afeado a Rajoy haber subido los impuestos en contra de lo prometido y los recortes acometidos durante su mandato.

Si alguien entrase hoy en un aula universitaria y preguntase a los presentes “¿Qué es el catalanismo?”, podría colegirse con un ínfimo margen de error que lo que se propone es un ejercicio de historia. El catalanismo en el pensamiento liberal del XIX. Citen dos de los padres del catalanismo. El catalanismo en la Transición. Escriban en ambas caras del folio y no olviden poner su nombre, etcétera. Pero si la misma persona entrase en la misma aula y preguntase “¿Qué es el catalanismo en 2016?”, la disciplina cambiaría sustancialmente, tornándose en materia de la epistemología, en parte de la medicina forense, quién sabe si de la alquimia política.

En todas esas disciplinas ha hurgado este martes Xavier Domènech para responder a la pregunta. El número uno de En Comú Podem al Congreso por Barcelona ha hecho un alto en la campaña para pronunciar una conferencia huidiza del tono mitinero que los partidos desplegarán durante las próximas dos semanas. Domènech, “un historiador que ha decidido hacer historia”, según le ha descrito Gemma Ubasart, ha contestado al complejo interrogante en el espacio Francesca Bonnemaison, con una larga exposición sobre el proyecto y el espacio político de los que su formación está poniendo los cimientos.

El diputado ha reivindicado a su formación heredera de “lo bueno y lo mejor” de una tradición catalanista popular que ha descrito como contrapuesta al “catalanismo monárquico patricio” y de la que, al fin y al cabo, se han reivindicado parte todos los proyectos de izquierdas en Catalunya. Una tradición que nace de Pi i Margall, toma su nombre por Almirall, se revuelve contra la Liga con Salvador Seguí y cae ante el fascismo en el cuerpo de Companys. El PSUC, el PSC, ERC, incluso el PSAN o la CUP, se han visto a sí mismos como parte de ese hilo histórico.

Pero, para 2016, todos ellos han renunciado a alguno de los pilares de aquel catalanismo, según observa Domènech. Todos menos el nuevo sujeto que emerge, el suyo, que en parte se funde con ellos y en parte les enmienda. El resto de actores han abandonado la idea de soberanía catalana, en el caso del PSC, o se han entregado a los brazos del independentismo, según Domènech, quien se ha mostrado “respetuoso” de la corriente secesionista aunque no ha dudado en tildarla de “excluyente”. De hecho se ha mostrado molesto con que, a ellos, que aspiran a reconstruir el espacio, con frecuencia se les considere “en transición”. “Nos dicen que ya vendremos, que ya nos daremos cuenta”, ha afirmado, en referencia a los independentistas que señalan que los comunes se harán partidarios de la secesión cuando miren a los ojos de esa supuesta España irreformable.

Un proyecto que “no viene a transitar”

Por eso, su apuesta por el referéndum es “estratégica, no táctica, no electoral”. La posición de los comunes sobre el referéndum se apoya en dos ideas. La primera es que consideran que pueden conseguirlo en base a unas alianzas (Podemos y las confluencias) capaces de vencer a las matemáticas que se dan hoy. La segunda es que nunca renunciarán al referéndum, pues lo necesitan para ganarlo en favor de la unidad de España y, a la vez, en favor del reconocimiento de la España plurinacional. Según ha fijado Domènech, el reconocimiento de la España plurinacional es un asunto previo y mucho más medular que el de la configuración del Estado.  

La apuesta del catalanismo por el independentismo ha sido “muy potente”, ha reconocido el de En Comú. “Pero ha dejado muchas cosas en el camino”, ha considerado. Tantas que, “en momentos de euforia ha proclamado que el catalanismo había muerto”. Nada de eso, según Domènech. “Se ha producido una confusión entre una práctica política, la del peix al cove, y una tradición política. Se ha entendido que el catalanismo no era otra cosa que el pujolismo”, ha asegurado.

Es este pujolismo, heredero de la tradición patricia, el que se habría convertido masivamente en independentismo. Pero, ¿dónde queda el resto?. “Nos han llamado PSC 2.0”, ha abierto el melón Domènech. “Pero nosotros no venimos a transitar por las ideas que defendemos, ni defendemos unas ideas que no nos sean propias”, ha defendido, buscando para su movimiento unas raíces centenarias.

Construir Catalunya para cambiar España

En este punto de la conferencia, Domènech dejaba atrás la historia y se centraba en aplicar fuego al alambique para obtener su esencia de catalanismo. “El procés ha dejado por hecha la existencia de la nación y, por eso, ha dejado de construirla para centrarse en construir el Estado”, ha considerado. “Pero la nación es una construcción constante. Durante el antifranquismo se da un debate interesantísimo sobre cómo la inmigración era un factor de construcción nacional o de disolución nacional”. Según él, la construcción del catalanismo popular es la construcción de una soberanía catalana que debe ser compartida con el resto de pueblos del Estado.

La idea impartida por Domènech es que el catalanismo muta porque el país muta, y que ese cambio en el catalanismo impulsa la mutación del proyecto nacional.

La transformación del Estado español mediante la construcción nacional catalana, en tanto que soberanista, surge así como el gran horizonte de los de Colau, que encuentran referentes en otras partes del territorio español. Debido a la crisis, a la incomprensión del Estado y a la de los poderes económicos encarnados en la UE, la agresión a las soberanías de los pueblos han venido “de abajo arriba y del centro hacia las periferias”. Por esto, según el candidato a ministro de la Plurinacionalidad, la reacción ha sido “un reclamo de democracia de abajo arriba y de las periferias hacia el centro”, es decir, “movimientos de dignidad nacional”.

“Hemos enviado a Artur Mas a la papelera de la historia”, proclamó a principios de enero el diputado de la CUP, Benet Salellas, el día después de que los anticapitalistas consiguieran el paso al lado del expresident. La frase ha hecho fortuna, pero Artur Mas se resiste al olvido seis meses después. El expresident tiene presencia diaria en la campaña electoral de Convergència pese a que, a diferencia del 20-D, ya no tiene una Generalitat que mantener. Despojado del aura institucional que le acompañó en los últimos años, Mas y el candidato de CDC a estas elecciones, Francesc Homs, han empezado la campaña con críticas contra sus teóricos aliados independentistas. El discurso potencia el lado más conservador de los convergentes, que se reivindican como el partido independentista de orden que nunca debería haber caído en la tentación revolucionaria de la CUP.

Pese a que no se presentan a las generales, los anticapitalistas ya fueron uno de los blancos de los ataques de Francesc Homs durante la campaña del pasado mes de diciembre. La rotura del pacto entre Junts pel Sí y la CUP tras el 'no' cupaire a los presupuestos ha elevado el tono de la vieja guardia convergente. “¿Tan difícil era que esta gente [en referencia a la CUP] hiciesen alguna cosita por el país, por su presente y su futuro? ¡Nos la han jugado!”, sentenció Mas en una bronca intervención de apertura de campaña el pasado jueves. Con mayor o menor intensidad, las críticas a la CUP se han sucedido en todos los actos. 

Homs ha ido más allá este lunes y ha cargado contra la Assemblea Nacional Catalana (ANC), algo insólito hasta ahora. “Cada vez hay más cosas de la ANC que me cuesta entender”, ha dicho Homs en referencia al referéndum unilateral de independencia propuesto por los cupaires para unir los puentes dinamitados con Puigdemont y que la ANC someterá a consulta de sus bases.

La compañera de la CUP en las críticas de Homs es ERC, el partido que pugna con Convergència por la hegemonía del independentismo. El líder convergente ha afeado a los republicanos su “condescendencia” con los anticapitalistas “para arañar unos cuantos votos” el 26J. Rufián (ERC) le ha replicado en tono conciliador: “Todo el mundo es imprescindible, sin lo que representa CDC o la CUP el proceso no se hará”.

Si se repiten los resultados del 20D, cuando ERC superó por 30.000 votos a CDC, la influencia de los republicanos en la nueva hoja de ruta soberanista una vez roto el pacto de enero con la CUP puede ser mayor. “Para mi la hoja de ruta como objetivo político continúa siendo vigente”, ha dicho Homs. Los planes de Puigdemont pasan por acercarse a los partidarios del derecho a decidir en la nueva etapa del proceso independentista abierta tras la rotura del pacto JxSí-CUP.

Después de criticar a la CUP, durante el fin de semana Mas apeló directamente al voto de “la buena gente de Unió Democràtica”, el partido conservador con el que los convergentes rompieron su histórica alianza precisamente porque los democristianos rechazaron la vía independentista. Cualquiera de los 64.726 votos de Unió el 20-D (las deudas les han impedido presentarse ahora) puede ayudar a romper los pronósticos de batacazo electoral convergente: el CIS daba a Convergència 6-7 escaños, uno o dos menos que en diciembre. Un sondeo este lunes de El Periódico hundía a los convergentes hasta los 5-6 diputados. En 2011 la CiU encabezada por Duran i Lleida logró 16.

Atacar por todos los frentes y marcar perfil por la derecha se ha convertido en la respuesta de Convergència a las malas encuestas. El partido está en plena refundación. Su rumbo ideológico se marcará en el decisivo congreso de julio, pero de momento su campaña del 26-J se caracteriza por su acento conservador, ante el atasco del carril izquierdo con En Comú Podem, ERC y PSC. En una comida en el Círculo Ecuestre, símbolo de la Barcelona de clase alta, Homs afeó la semana pasada al resto de partidos “estar más pendientes de los subsidios que de crear las condiciones favorables para crear puestos de trabajo”. 

El imaginario convergente del trabajo bien hecho y, en especial, en favor de Catalunya, ha vuelto con fuerza después de la operación de tinte socialdemocrática de Junts pel Sí. “Hay gente que sólo se queja y nosotros plantamos cara. Y es que los convergentes de les pedres en fem pans [expresión catalana similar a 'hacer de la necesidad virtud']”, dijo Homs el sábado. La exaltación de la obra de gobierno convergente, incluida la de Jordi Pujol, y de la consulta del 9-N son una constante en la campaña. Los fantasmas a los que también apelan Mas y Homs son viejos –el tripartit– y contemporáneos –la CUP–.

Los lemas convergente de campaña (“Hechos para Catalunya”; “Mucho por defender”) son clásicos y alejados de las ideas de cambio que venden los partidos de la izquierda. Lo había avisado el propio Homs en precampaña: “Será la campaña más convergente de la historia”.

El espacio Puigdemont

¿Dónde queda el president en esta campaña? En contraste con las formas duras de Mas, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, se colgó este viernes una guitarra eléctrica y tocó junto al popular grupo Sopa de Cabra en un auditorio ante más de 3.000 personas. El president marcará su propia hoja de ruta en la cuestión de confianza de septiembre: será su particular sesión de investidura, ya que cuando fue proclamado president en enero su programa de gobierno era el de Artur Mas.

Fuentes parlamentarias interpretan los distintos tonos y formas de Mas y Puigdemont dentro de la estrategia del segundo para “enriquecer” el proceso soberanista e intentar atraer a fuerzas como Catalunya Sí que es Pot o a los comuns de Ada Colau una vez roto el pacto con la CUP. Todo dependerá del resultado del 26-J y de las posibilidades que tenga Unidos Podemos de que el referéndum no se caiga de los pactos postelectorales.

Pocos esconden ya su predisposición a la Convergència que simboliza el exalcalde de Girona. “La Convergència que representa Puigdemont es diferente que la de Mas”, valoraba la diputada de la CUP, Eulàlia Reguant, en una entrevista con este diario. Y es que hay dudas de que un Mas enfurecido contra las fuerzas de izquierda, casi omnipresente en los medios, asqueado por la pérdida de la presidencia y con intenciones de mantener el control sobre Convergència sea el empujón que el independentismo necesita tras el resultado insuficiente del 27-S.

El ministro del Interior en funciones y candidato del PP por Barcelona a las elecciones generales, Jorge Fernández Díaz, ha mostrado este lunes su “preocupación” ante la “ambigüedad” de Unidos Podemos en lucha antiyihadista si esta coalición llegara a gobernar, y les ha instado a firmar el Pacto contra el terrorismo islámico.

Fernández ha recordado que Podemos está como “observador” en el Pacto Antiyihadista, mientras que IU “no solo no está como firmante u observador, sino que ha votado radicalmente en contra”, lo mismo que las “confluencias” de Podemos, ha dicho.

“A ver cómo caminas por Europa y por el mundo gobernando con fuerzas en contra de ese pacto. Hablamos de cosas demasiado serias como para hacer experimentos de laboratorio”, ha señalado el ministro. “Partidos que aspiran a gobernar España, en una cosa tan sensible como lucha antiterrorista, no pueden tener ambigüedades de esas características, deben decir claramente su posición”.

Así, se ha mostrado “preocupado” ante esta posibilidad, porque unas “fuerzas políticas que pretenden gobernar España no pueden ir en contra de una política común en el ámbito de comunidad internacional”, es “incomprensible”.

Aunque ha dejado claro que él “no duda” en ningún caso de que Podemos e IU “estén en contra” del yihadismo, ha opinado que “sería bueno que firmaran el Pacto de Estado contra el Terrorismo Yihadista, porque la unión hace la fuerza. No tiene sentido -ha añadido- que fuerzas que aspiran a gobernar no lo firmen”.

Algo que también ha trasladado a ERC y CDC, quienes ha rememorado que tampoco firmaron el Pacto Antiyihadista, y “sería bueno que dijeran por qué”.

Las Palmas de Gran Canaria ha amanecido este viernes con una imagen poco habitual para la mañana siguiente a la noche en la que tradicionalmente los partidos pegan su propaganda electoral, ya que solo Unidos Podemos salpica con unas decenas de carteles las principales calles del centro de la ciudad.

Los principales partidos políticos habían anunciado que pretendían encarar sus segundas elecciones generales en seis meses sin hacer demasiados alardes en publicidad, para no generar rechazo entre los ciudadanos y porque, en la mayoría de los casos, presentan a los mismos candidatos a los que postularon el 20 de diciembre.

En el caso de la provincia de Las Palmas, no es del todo así, porque los dos partidos a los que el Centro de Investigaciones Sociológicas atribuye la condición de preferidos del electorado en esta circunscripción, Podemos y PP, han cambiado de cabezas de lista, tras las retiradas de Victoria Rosell y José Manuel Soria.

Sin embargo, este viernes llamaba la atención la falta de propaganda electoral en Las Palmas de Gran Canaria, la mayor ciudad del Archipiélago, donde residen casi 400.000 personas.

La Agencia Efe ha hecho un recorrido a primera hora (entre las 9.00 y las 10.30) por algunas de sus calles principales: Venegas, Luis Doreste Silva, León y Castillo, Presidente Alvear y Mesa y López, una de las arterias comerciales del municipio.

En esos 8,5 kilómetros de vías públicas, solo se observaban medio centenar de carteles de pequeño tamaño de Unidos Podemos, repartidos por León y Castillo en un pequeño tramo: desde las oficinas del Ayuntamiento hasta la Delegación del Gobierno.

En cambio, el PP no ha colgado ningún cartel hasta el momento en esa céntrica zona de una ciudad que tradicionalmente ha sido uno de sus feudos en Canarias y donde ahora Podemos le disputa la hegemonía (el 20D los populares fueron la opción más votada y Podemos la segunda, pero el 26J podrían cambiar las tornas entre ambos, según el CIS).

Tampoco se aprecian este viernes en esas calles carteles del PSOE, que se presenta en coalición con Nueva Canarias, ni siquiera a las puertas de una de sus sedes, que está en León y Castillo, ante las oficinas principales del Ayuntamiento de la ciudad.

Lo mismo ocurre con Ciudadanos, partido que obtuvo en diciembre un diputado por la provincia de Las Palmas, Saúl Ramírez, que ahora repite como candidato al Congreso.

Coalición Canaria, que carece de representantes en esta provincia, tampoco ha colgado propaganda en esas calles, aunque los viandantes sí pueden ver la cara de su candidato al Congreso, Pablo Rodríguez, en el costado de las guaguas interurbanas.

El propio alcalde de la ciudad, Augusto Hidalgo (PSOE), reconocía este viernes por la mañana a la prensa que le había sorprendido la imagen de las calles sin apenas carteles, hasta el punto de que ha preguntado a sus colaboradores si había habido algún cambio de normativa.

Pero no. Ni el Ayuntamiento ha emitido ninguna restricción nueva al respecto, ni la Junta Electoral Provincial ha hecho cambio alguno en la forma de repartir los espacios para carteles en la ciudad.

Hidalgo apuesta, no obstante, a que la imagen que ofrecen las calles en el día 1 de campaña durará poco, porque está convencido de que la mayor parte de los partidos acabará colgando carteles.

De momento, el cartel de mayor tamaño en toda esa zona del centro de la ciudad lo protagoniza una fuerza política sin representación parlamentaria: el Partido Comunista de los Pueblos de Canarias, que ha pegado delante de la Delegación del Gobierno una pancarta artesanal con el lema “Tu voto, para la clase obrera”

En Comú Podem, la coalición que agrupa a Barcelona en Comú, Podem e ICV-EUiA, ganaría las elecciones generales en Catalunya del próximo 26 de junio ampliando la victoria que consiguió el pasado 20D. Según el sondeo preelectoral del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) presentado este jueves, los de Ada Colau obtendrían entre 14 y 15 escaños, hasta tres más que los conseguidos las últimas generales. 

Las fuerzas independentistas verían mantener o disminuir sus apoyos, según el CIS. Así, ERC igualaría el 26J los nueve escaños de diciembre, su mejor resultado histórico en unas generales, o perdería un escaño. Por su lado, Convergència retrocedería uno o dos escaños respecto los ocho que logró en diciembre.

El PSC de Meritxell Batet obtendría 8 diputados en el Congreso, igualando así a los escaños logrados por Carme Chacón en diciembre en el que fue el peor resultado del PSC en unas generales. Ciudadanos también se quedaría igual que en diciembre, con cinco escaños, mientras que el PP perdería un diputado o mantendría los 5 que obtuvo el 20D.

Convergència ha sacado a relucir su versión más dialogante a menos de 20 días para las elecciones generales. El candidato nacionalista, Francesc Homs, ha propuesto una comisión en el Congreso la próxima legislatura para “debatir la cuestión catalana”. La número uno del PSC, Meritxell Batet, no ha visto con malos ojos la comisión y ha defendido la propuesta socialista de un referéndum “para poder votar sí un acuerdo de todos”, aunque ha rechazo de plano una consulta binaria sobre la independencia. El resto de partidos que han participado en el debate organizado por la Cadena SER este martes se han mostrado escépticos sobre la medida por diferentes motivos.

Pese a ser su impulsor, Homs se ha mantenido ambiguo sobre cuál debería ser el resultado de dicha comisión. Así, el convergente ha dicho que su formación está convencida de que de la comisión puede salir un referéndum de autodeterminación que encaje en el marco constitucional, aunque ha matizado que Convergència “está abierta a la formulación de la pregunta y a los cuórums”. “Tenemos que encontrar el diálogo”, ha añadido Homs.

Tras el fracaso de la marca Democràcia y Llibertat, Convergència se presenta por primera vez en solitario y con sus siglas originales a unas elecciones generales. La apuesta convergente por el soberanismo provó la ruptura de su histórica federación con Unió Democràtica. El exlíder de Unió, Josep Antoni Duran i Lleida, que se quedó sin escaño el 20D, siempre se ha mostrado partidario de una salida dialogada para la cuestión catalana al estilo de la propuesta lanzada Homs.

“Proponemos crear una comisión de trabajo sobre la cuestión catalana que sirva, por ejemplo, para hacer un diagnóstico y articular la posibilidad de votar”, ha aseverado Homs.

Reacción dispar

La reacción de los partidos a la idea convergente ha sido dispar. Desde el PSC, Meritxell Batet ha valorado que la comisión puede ser una buena idea siempre que sea para “renovar el contrato para seguir juntos” mediante una consulta “para poder votar sí un acuerdo de todos”. No obstante, Batet (que fue número dos de Pedro Sánchez el 20D), ha rechazado que de la comisión de trabajo salga un referéndum de autodeterminación para Catalunya.

Los socialistas ya propusieron hace dos años una subcomisión en el Congreso sobre la renovación del modelo territorial que se encontró con el rechazo del PP. Batet ha dicho que ambas comisiones “tienen muchísimo que ver”. Igual que entonces, la popular Dolors Montserrat se ha mostrado este martes en contra de la idea de Homs, que ha definido como “una comisión para romper España”. Asimismo, ha atacado al PSOE por su “equidistancia con nacionalistas e independentistas”.

En Comú Podem y ERC, que quedaron en primer y segundo puesto en Catalunya el pasado 20D, se han mostrado escépticos con la propuesta de comisión de Convergència. “Es una acto de fe”, ha zanjado el candidato republicano, Gabriel Rufián, que, con todo, se ha mostrado abierto al diálogo siempre que el resultado sea un referéndum de autodeterminación.

También el líder de En Comú, Xavier Domènech, se ha reafirmado en su propuesta de referéndum y ha afeado a Batet que los referéndums “son para poder votar todas las opciones, no sólo para votar que sí como pide el PSOE”.

Por su lado, el candidato de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, ha vinculado la idea de Homs con la pérdida de apoyos al proceso soberanista. “El proceso ha ido menguando, menguando, menguando. Y cada vez han ido perdiendo votos”, ha valorado.

Los partidos políticos tienen hasta este lunes a medianoche para presentar sus candidaturas al Congreso y al Senado ante las juntas electorales provinciales; unas listas con pocos pero llamativos cambios respecto a las del 20D, que el PP ha hecho sobre sobre todo en Canarias, el PSOE en Madrid y Podemos en Andalucía.

Nombres como el del dimitido ministro de Industria José Manuel Soria, que renunció el pasado 12 de abril a su carrera política por su aparición en los papeles de Panamá, la exministra socialista Carmen Chacón, la exdiputada de UPyD fichada por el PSOE Irene Lozano y la jueza de Podemos Victoria Rosell desaparecen en la nueva cita electoral, al mismo tiempo que irrumpen nuevos 'fichajes' como el de la magistrada del Supremo Margarita Robles, número dos del PSOE por Madrid, y el del actor y presentador de televisión Félix Álvarez “Felisuco”, número uno de Ciudadanos por Cantabria.

Otras incorporaciones son las del histórico comunista Manolo Monereo y la del líder del Sindicato Andaluz de los Trabajadores (SAT), Diego Cañamero, como cabezas de lista de Unidos Podemos (POdemos-IU-Equo) por Córdoba y Jaén.

El PP mantiene todos los cabezas de lista del 20 de diciembre a excepción de los de Las Palmas, Tenerife, Baleares y Málaga.

En Las Palmas, la exdelegada del Gobierno María del Carmen Hernández Bento sustituye a José Manuel Soria, quien renunció a su cartera y a su escaño tras las informaciones publicadas sobre su aparición en los Papeles de Panamá y su vinculación en paraísos fiscales.  También cambia la cabecera de Tenerife, en la que Pablo Matos ha sido relevado por Ana Zurita, consejera del PP en el cabildo tinerfeño.

Mientras, la que fuera el 20D número tres por Málaga, Carolina España, es ahora la número uno en el puesto del alcalde de Estepona, José María García Urbano, que renunció hace semanas a su escaño después de que la Comisión del Estatuto de los Diputados del Congreso le advirtiera de una posible incompatibilidad entre su cargo político y su profesión como registrador de la propiedad.

Quien renunció asimismo a encabezar la lista por Baleares fue Mateo Isern, al que sustituirá la delegada del Gobierno en esta Comunidad, Teresa Palmer.

En el PSOE, las cuatro cabeceras de lista que cambian son las de Barcelona, donde la que fuera número dos por Madrid el 20D, Meritxell Batet, releva a Carme Chacón, que renunció sin explicar los motivos; la de Baleares, donde Pere Joan Pons sustituye a Ramón Socías; Badajoz, lista que encabeza Marisol Pérez en lugar de Patricia Sierra y Guadalajara, donde Pablo Bellido ha desplazado a la exsecretaria de Estado de Empleo Luz Rodríguez, tras archivarse la causa que le apartó de las listas el 20D.

La magistrada del Tribunal Supremo Margarita Robles ocupa el hueco de Batet como número dos por Madrid, mientras que la activista feminista Ángeles Álvarez vuelve al cuarto puesto por la renuncia de Irene Lozano y Eduardo Madina se mantiene en el siete.

Además, la lista del PSOE al Senado por Madrid la encabeza en esta ocasión el alcalde de Móstoles, David Lucas, en sustitución de la concejala Carlota Merchán, vinculada a Tomás Gómez.

En las candidaturas de Podemos, que esta vez concurre con IU en la coalición Unidos Podemos, no repiten dos de sus tres fichajes estrella: Victoria Rosell, que encabezó en diciembre la lista de Las Palmas y ahora ha renunciado por la querella que ha presentó contra ella el exministro Soria. La jueza adoptó esta decisión en cumplimiento del código ético del partido y para defender su “inocencia y honorabilidad” en los tribunales ante “las trampas políticas” que le han tendido. Por lo tanto, aún falta por despejar la incógnita de quién encabezará la lista de la coalición por Las Palmas. 

Tampoco estará presente Juan Pablo Wert, hermano del exministro de Educación que fue el 20D el número uno por Ciudad Real.

El acuerdo entre Podemos e IU otorga a estos últimos las cabeceras al Congreso por Palencia, Ciudad Real, Teruel y Córdoba, donde destaca la incorporación del politólogo e histórico dirigente comunista Manuel Monereo, mientras que la anunciada presencia de Julio Anguita cerrando la lista como símbolo de apoyo ha sido desmentida por él mismo, aunque la dirección de Podemos no renuncia a convencerle en las horas que quedan.

La número dos por Córdoba será Antonia Parrado -exmujer de Anguita y madre del periodista fallecido en Irak Julio Anguita Parrado-, quien fue cabeza de lista de IU en las pasadas elecciones.

Otras novedades son la incorporación del líder del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) Diego Cañamero como número uno por Jaén y la del exjefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad) José Julio Rodríguez, encabezando la de Almería, al no haber conseguido escaño el 20D como número dos por Zaragoza.

En cuanto a la candidatura por Madrid, entre los primeros nombres destaca la incorporación de representantes de IU como su líder, Alberto Garzón, en el número cinco, la activista y militante de Attac Sol Sánchez en el nueve y del abogado del caso Bankia Enrique Santiago en el once.

Respecto a Ciudadanos, el actor Toni Cantó encabezará la lista por Valencia al 26J, tras haber ocupado el número dos el 20D; cambio que se ha producido a petición de quien iba en el primer lugar el 20D, Vicente Ten, que se intercambia ahora el puesto con Cantó.

El también actor y presentador de televisión Félix Álvarez, “Felisuco”, que se hizo popular por sus apariciones en programas como El Informal, encabezará la lista por Cantabria.

Otros cambios en C's son que Diego Garzón será el cabeza de lista por Ávila, que David Salazar liderará la lista por Badajoz, que María del Socorro Cuesta Rodríguez hará lo propio por Segovia, que Jorge Capella será el número uno por Huesca y que Alberto Joaquim Carril liderará la de Vizcaya.

Los partidos que no tienen representación parlamentaria deben presentar un 0,1 por ciento de firmas del censo por la circunscripción por la que aspiran a concurrir, algo que está intentando UPyD, que se quedó fuera del Congreso el 20D.

La confluencia entre IUC y Podemos de cara a las próxima elecciones de junio se marca el objetivo de llegar como mínimo a los cinco escaños en Canarias, el número que hubieran logrado en los comicios de diciembre de haber ido juntos. De cumplirse estas expectativas, tanto el número tres del PP por la provincia de Las Palmas, Guillermo Mariscal como la número uno por Santa Cruz de Tenerife, Melisa Rodríguez, se encuentran en riesgo de perder su representación en la Cámara baja.

Si aplicamos el sistema D'Hont, la suma de los 30.933 votos que obtuvo UP-IUC en el Archipiélago (15.235 en la provincia de Las Palmas y 15.698 en Santa Cruz de Tenerife) y los 231.063 de la formación morada habría dado a esta coalición cinco diputados, dos más de los que logró en las Islas la formación de Pablo Iglesias en solitario.

De repetirse estos resultados el próximo 26 de junio, Unidos Podemos, la marca con la que se ha ratificado esta alianza, arrebataría un diputado al PP en Las Palmas (el número tres) y otro a Ciudadanos en Santa Cruz de Tenerife (el único que consiguió). Y es que, la confluencia obtendría en la provincia oriental el 30% de los votos (151.513 votos) frente al 28% que lograrían los populares (145.240). Mientras que, en la occidental, la suma de Podemos y UP-IUC conforma, con los datos del mes de diciembre, un total de 110.482 votos, es decir, el 23% de los sufragios. Se trata de un porcentaje con el que superarían al PSOE como segunda fuerza, se quedarían a 27.589 votos del PP y empatarían con ambos en número de diputados (dos cada partido). El séptimo escaño sería para la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas.

Las encuestas, que pronostican una variación mínima con respecto al mes de diciembre, prevén además que el PP sea el partido más afectado por esta coalición no sólo en Canarias, sino en el resto de comunidades autónomas. Concretamente, hace tambalear hasta 14 escaños de los populares.

En el Archipiélago, el partido de Mariano Rajoy se enfrenta además a unos comicios sin el que hasta el 12 de abril había sido su líder, José Manuel Soria, después de que renunciara a sus cargos políticos tras aparecer su nombre en los papeles de Panamá y vinculado a diferentes paraísos fiscales.

PP y Ciudadanos, optimistas de cara al 26J

Este escenario se presenta así siempre y cuando la tendencia de voto sea la misma. Algo con lo que no está de acuerdo la diputada de Ciudadanos Melisa Rodríguez, quien ha asegurado a Canarias Ahora que, desde su punto de vista, no todos los votantes de Podemos están de acuerdo con la confluencia que este partido ha cerrado con IUC, ya que “se definía como un partido transversal”, pero ahora “se ha situado en la extrema izquierda”. Además, indicó que en política suponer que “uno más uno son dos es demasiado”.

Por su parte, la decisión del PP de repetir como número tres en su lista al Congreso de los diputados a Guillermo Mariscal se conocía este martes y su secretario general en Canarias, Asier Antona declaraba que no se sienten preocupados con la coalición de Unidos Podemos, pues sostiene que a quien tiene que preocuparle “es al PSOE, que sabe muy bien qué es lo que pretenden”, subrayó.

Antona se ha mostrado muy optimista en relación a los próximos comicios, pues augura al PP mejores resultados que en diciembre. En esta misma línea se mostró Melisa Rodríguez este miércoles, “estamos seguros de que Canarias gana con Ciudadanos en el Congreso”, indicó, para añadir que este es el mensaje que quieren transmitir a la ciudadanía.

Rodríguez señala que las encuestas indican una tendencia de voto, pero el panorama político está en continuo cambio y se mantiene convencida de que, de cara al mes de junio, podrán “demostrar” a los ciudadanos que con su formación en la Cámara baja se han desbloqueado muchos temas que afectaban al Archipiélago, como las desaladoras que funcionan en régimen de autoconsumo. La actual diputada de Ciudadanos subraya que afrontará la campaña con “dedicación, trabajo y satisfecha de haber trabajado hasta el último minuto por Canarias”.

En este punto, cabe recordar que la formación naranja en las elecciones autonómicas se quedó sin representación en el Parlamento de Canarias, muy afectados por el sistema electoral. Sin embargo, en los comicios de diciembre lograron doblar sus votos con respecto a junio y obtuvieron así un diputado por cada provincia, Melisa Rodríguez y Saúl Ramírez por Las Palmas.