Poco después de que Donald Trump afirmara esta semana que EEUU estaba inmerso en “intensas conversaciones” para poner fin a la guerra con Irán, Qatar dio un paso inusual y se distanció de las supuestas negociaciones diplomáticas.

Qatar no participó en ningún intento de mediación, afirmó el portavoz del Gobierno, Majed al-Ansari, en una rueda de prensa el martes por la noche, antes de añadir, en un comentario revelador: “Si es que existen”.

Esto supuso una notable ruptura con la posición histórica y recurrente de Qatar como principal mediador en los conflictos de Oriente Medio y de la región en general. Ya fuera en las negociaciones entre Israel y Hamás, en las conversaciones entre Estados Unidos y los talibanes o en los intentos de negociar acuerdos de paz en Líbano y Sudán, una de las piedras angulares de la influencia internacional de este pequeño Estado del Golfo ha sido el organizar cumbres diplomáticas.

Esta vez, durante las últimas tres semanas, Qatar y otros países del golfo Pérsico se han visto, sin embargo, en primera línea de la guerra, después de que EEUU acabase rechazando sus esfuerzos de mediación para intentar evitar el conflicto.

EEUU ha atacado Irán en dos ocasiones durante las negociaciones para detener el programa nuclear iraní, que fueron impulsadas y lideradas por Omán. Las conversaciones del pasado mes de junio se interrumpieron cuando EEUU e Israel lanzaron ataques contra las instalaciones nucleares de Irán. Cuando se reanudaron, este mes de febrero, también quedaron rápidamente en nada cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, comenzó a bombardear Teherán junto con Israel antes de la ronda final de reuniones.

El alto precio y la sospecha

Desde el comienzo de la guerra, los Estados del Golfo se han visto obligados a gastar miles de millones para repeler una avalancha diaria de misiles y drones iraníes, que ha supuesto un golpe a sus economías y soberanía cada vez más sustancial.

Los Estados del Golfo desempeñaban antes un papel mediador útil, hasta que se dieron cuenta de que todo era en vano

Bilal Saab — Director general sénior del grupo asesor Trends US

Los analistas afirman que la renuncia a apoyar los supuestos esfuerzos para un alto el fuego reflejan tanto el alto precio que siguen pagando por la guerra, como la sospecha persistente de que las conversaciones de paz de Trump pueden ser otra maniobra para la escalada, más que un intento verídico de atajar el conflicto.

“Han salido escaldados de su experiencia anterior”, dice Bilal Saab, director general sénior del grupo asesor Trends US y antiguo cargo del Pentágono en el primer Gobierno de Trump. “Antes pensaban que desempeñaban un papel mediador útil, hasta que se dieron cuenta de que todo era en vano. Por no mencionar que se han visto directamente implicados en la guerra y los iraníes los siguen atacando. Así que hay mucha frustración y decepción acumuladas que están afectando a su voluntad, y quizás incluso a su capacidad, para mediar en nada”.

La falta de claridad en torno a las supuestas negociaciones actuales entre EEUU e Irán, y la profunda desconfianza por el régimen de Trump, han hecho que los líderes del Golfo se muestren reacios a situarse en primera línea de las conversaciones por el momento, según los analistas.

Poca claridad

Aún no está claro exactamente con quién está hablando EEUU en Irán para presentar su propuesta de paz. Siguen sin resolverse cuestiones fundamentales sobre quién toma las decisiones en el régimen iraní, tras el asesinato de varias figuras de alto rango del régimen y habida cuenta de que el recién nombrado líder supremo Mojtaba Jamenei aún sigue oculto para el público.

El régimen iraní rechazó el miércoles el plan de 15 puntos de Trump para poner fin a la guerra presentado a Teherán a través de generales paquistaníes, que tildó de “extremadamente irrazonable” y al que replicó presentando su propia propuesta, notablemente diferente.

También es un problema regional la preocupación por dar legitimidad a unas conversaciones si, en última instancia, se convierten en una tapadera para la escalada, o incluso para el asesinato de más líderes iraníes. A pesar de que Trump insistió en que se estaban logrando avances en las negociaciones, también estaba desplegando miles de soldados estadounidenses en Oriente Medio, y sigue existiendo un fuerte temor entre los Estados del Golfo de ser utilizados como peones en el juego de Estados Unidos e Israel en Oriente Medio.

“Sigue existiendo una fuerte posibilidad de que esto sea una artimaña para preparar otra operación militar o de que EEUU quiera llevar a cabo negociaciones bajo la amenaza de una invasión terrestre”, advierte Saab.

Fuentes diplomáticas iraníes expresan temores similares. Una fuente afirma que “existe un alto grado de escepticismo” sobre el potencial de unas conversaciones de paz. “Como vimos en negociaciones anteriores que mantuvimos con EEUU, las utilizaron para atacar y asesinar a nuestros líderes. La desconfianza es muy alta”, dice.

¿Participar en las negociaciones?

Bader Al Saif, profesor de la Universidad de Kuwait y miembro del grupo de expertos Chatham House, dice que a los Estados del Golfo les resulta difícil ignorar que “cada vez que la Administración Trump utilizaba la palabra negociación” el resultado final es “la guerra”. “Trump tiene un concepto amplio y vago de lo que significa negociar”, dice. “En este momento, la situación sigue siendo muy volátil. Creo que los Estados del Golfo se sumarán a las negociaciones cuando sientan que hay algo real que pueden ofrecer”.

Sin embargo, destaca que la renuencia a verse envueltos en una posible farsa trumpiana se ve contrarrestada por la importancia crítica que tendría dar forma e influir en cualquier negociación de paz realista en la que se dirima el futuro del Golfo.

La situación sigue siendo muy volátil. Los Estados del Golfo se sumarán a las negociaciones cuando sientan que hay algo real que pueden ofrecer

Bader Al Saif — Profesor de la Universidad de Kuwait y miembro del grupo de expertos Chatham House

Situadas en algún caso a menos de 160 kilómetros de Irán, las capitales del Golfo ven como una amenaza existencial a sus ambiciones económicas de futuro que Trump pueda poner fin a la guerra sin que el régimen de Irán haya caído. Si sobrevive, es posible que lo haga con ansias de venganza y conociendo ya el daño que sus misiles y drones pueden causar a sus infraestructuras e industrias multimillonarias. Tampoco hay aún una solución clara sobre cómo evitar que Irán siga controlando el estrecho de Ormuz, a través del cual se exporta al mundo la mayor parte del petróleo y el gas del Golfo, lo que sigue siendo una espada de Damocles sobre la región.

Pero si la guerra de EEUU se prolonga, con el objetivo esquivo de un cambio de régimen, las economías del Golfo correrían peligro de desangrarse y poner en peligro sus infraestructuras vitales de suministro de energía y agua, lo que tendría un alto coste civil. También persistiría la posibilidad de que Teherán activara sus células durmientes y facciones armadas leales en países como Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar o Kuwait, que podrían desencadenar una desestabilizadora guerra proxy interna.

Al Saif afirma que no solo es vital que los Estados del Golfo estén presentes en cualquier mesa de negociaciones de paz si estas llegan a celebrarse, sino que insta a los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) —la agrupación política de los Estados del Golfo— a iniciar sus propias negociaciones por separado con Irán, para garantizar la protección de sus intereses a largo plazo.

“No deberían contar únicamente con EEUU para llevar a cabo la negociación”, afirma el profesor. “Deberían llegar a un acuerdo con Irán por su cuenta. Esta no era nuestra guerra, y si podemos protegernos de sufrir más repercusiones, deberíamos hacerlo para salvaguardar nuestros propios intereses nacionales”, plantea.

“A Trump no le importan demasiado los Estados del Golfo”

La sugerencia de Pakistán —un país musulmán que tiene un pacto de defensa con Arabia Saudí y estrechos vínculos con otros países del CCG— como sede más probable para acoger y orquestar las conversaciones de paz es relativamente favorable para los Estados del Golfo, sostiene Al Saif. Sin embargo, otros cuestionan que Islamabad tenga la misma influencia económica y peso sobre Irán que países del Golfo como Qatar y Emiratos Árabes Unidos, que guardan miles de millones de dólares de fondos iraníes en sus bancos.

Una vez que cesen los combates, los Estados del Golfo tendrán que decidir: '¿hay formas de empujar a este régimen en otra dirección?'

Alex Vatanka — Investigador principal del 'think tank' estadounidense Middle East Institute

Alex Vatanka, investigador principal del think tank estadounidense Middle East Institute, destaca que, más allá de garantizar el flujo comercial a través del estrecho de Ormuz y desmantelar el programa nuclear, no hay motivos para esperar que Trump dé prioridad a las necesidades del Golfo en una negociación con Irán, a pesar del acuerdo de seguridad que desde hace décadas tiene con los países de la región.

Es asimismo muy improbable que Irán acepte, a su vez, renunciar a los misiles que tanto daño han causado a los Estados del Golfo y que podrían resultar una herramienta eficaz para ejercer influencia más adelante.

“Trump podría volver a sacrificar fácilmente a los Estados del Golfo; no le importan demasiado más allá de que sean fuentes de oportunidades comerciales personales”, opina Vatanka.

Aunque destaca que se necesitarán hazañas diplomáticas de primera magnitud para reconstruir la confianza entre Irán y los Estados del Golfo, Vatanka espera en última instancia, que tracen su propio camino con Teherán, tal y como habían hecho antes de que estallara la guerra.

“Pase lo que pase, seguirán siendo Estados de primera línea. Irán está justo al otro lado del estrecho y ellos no son una fortaleza”, agrega. “Así que, una vez que cesen los combates, los Estados del Golfo tendrán que decidir: '¿Hay formas de empujar a este régimen en otra dirección?”.

La madrugada del 28 de febrero, Estados Unidos e Israel emprendieron una ofensiva ilegal contra Irán que continúa casi tres semanas después. Si bien algún actor de la región ha decidido sumarse al conflicto, interviniendo directamente a favor de uno de los dos bandos, otros intentan mantenerse al margen de una guerra que está escalando, sin un final a la vista, y que podría expandirse a todo el golfo Pérsico y Oriente Medio.

Los bombardeos estadounidenses e israelíes han descabezado al régimen iraní, con asesinatos selectivos de sus dirigentes más destacados: Irán ha lanzado andanadas de misiles y drones contra Israel, su principal objetivo, pero algunos proyectiles han llegado hasta Turquía. También los vecinos árabes de Irán han sido blanco de numerosos ataques, que el miércoles se ampliaron a sus instalaciones energéticas después de que Israel bombardeara un gran yacimiento de gas iraní. La última escalada amenaza con arrastrar a las monarquías del golfo Pérsico a una guerra que ya se libra en sus territorios.

Estos son los actores que se encuentran involucrados en el conflicto, de forma voluntaria o involuntaria:

Hizbulá, el principal aliado de Irán

El grupo chií Hizbulá fue el aliado de Irán que reaccionó más rápidamente al comienzo de la ofensiva de EEUU e Israel y, dos días más tarde, empezó a atacar el Estado hebreo para vengar a su mentor político y financiador. El lanzamiento de cohetes y drones desde Líbano contra Israel ha servido de detonante para una nueva ofensiva israelí a gran escala contra el país vecino, con intensos bombardeos y también operaciones terrestres.

El ejército israelí no había detenido sus ataques contra Líbano desde el alto el fuego con Hizbulá de noviembre de 2024 ni se había retirado por completo del sur del país, donde había advertido de que la milicia chií intentaba restablecer su presencia y sus capacidades militares. 

Hizbulá salió muy debilitado de la guerra de 2024 con Israel, la mayoría de sus altos mandos fueron asesinados en ataques selectivos israelíes y sus arsenales, destruidos; además, la caída del régimen de Bashar al Asad en Siria, en diciembre de 2024, cortó la conexión directa entre Irán y la milicia y una de sus principales vías de suministros.

Aun así, Hizbulá ha reaparecido con fuerza en este conflicto, convirtiendo a Líbano en uno de los principales escenarios de la guerra, en el que el ejército israelí está actuando por aire y tierra y matando a un elevado número de personas. Según las autoridades libanesas, más de 1.000 han fallecido por los ataques israelíes desde el 2 de marzo: el recuento no distingue entre milicianos y civiles, pero entre las víctimas hay unos 120 menores.

El líder de Hizbulá, Naim Qassem, ha afirmado que sus hombres buscan “defender Líbano” frente a Israel, acusando al Gobierno de Beirut de no haber protegido ni a los ciudadanos ni la soberanía del país. Hanin Ghaddar, analista del Washington Institute for Near East Policy experta en el grupo chií, ha escrito que el objetivo de Hizbulá es “arrastrar a Israel a una guerra en Líbano, con la esperanza de distraer a las Fuerzas de Defensa de Israel de [su ofensiva en] Irán, abriendo un segundo frente” de batalla. 

Las milicias proiraníes de Irak

Si bien las milicias proiraníes de Irak no son tan poderosas como Hizbulá, se han movilizado a favor de Irán cada vez que se ha visto amenazado o cada vez que EEUU e Israel han actuado en contra de sus intereses en la región. 

Desde el comienzo de la guerra, las milicias –mayoritariamente chiíes– han sido acusadas de atacar bases militares estadounidenses en Irak, su embajada en Bagdad y otras legaciones diplomáticas e instalaciones occidentales. También han alcanzado Jordania, Israel y otros países árabes del golfo Pérsico, aunque sin causar graves daños, ya que disponen de un armamento menos potente.

Uno de los principales objetivos en suelo iraquí ha sido la región autónoma del Kurdistán, en el noroeste del país, donde están desplegadas tropas internacionales en el marco de la lucha contra el grupo terrorista Estado Islámico. Un soldado francés murió y varios resultaron heridos por un ataque con dron en el Kurdistán iraquí, reivindicado por un grupúsculo armado. 

A su vez, las milicias iraquíes están siendo blanco de bombardeos de EEUU e Israel –e, incluso, de operaciones especiales sobre el terreno, según algunas fuentes–, y decenas de milicianos han muerto. 

Por su parte, el Gobierno iraquí ha pedido en varias ocasiones que su territorio no se convierta en un campo de batalla en este conflicto, tratando de mantener el difícil equilibrio entre sus buenas relaciones políticas, económicas y de seguridad con Irán y su alianza con EEUU.

Los países árabes del golfo Pérsico

Irán siempre ha tenido relaciones tensas con las monarquías árabes del golfo Pérsico –excepto con Qatar y Omán– y en el actual conflicto los seis países del Consejo de Cooperación del Golfo están siendo blanco de los ataques con drones y misiles de Teherán y sus aliados en represalia por los bombardeos de EEUU e Israel.

Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Qatar, Arabia Saudí, Kuwait y Omán son castigados por su alianza estratégica con EEUU y por la presencia de importantes bases militares de este país, que Irán considera “objetivos legítimos”. Además, Emiratos mantiene muy buenas relaciones con Israel y este podría ser uno de los motivos por los que está siendo blanco de la mayor parte de los ataques iraníes contra sus vecinos.

La cercanía geográfica ha convertido a estos pequeños países en el blanco más fácil, ya que Irán está reservando sus misiles de largo alcance para atacar Israel. En un primer momento, las monarquías del Golfo trataron de mantenerse al margen y prometieron que no se lanzarían ataques contra Irán desde sus territorios, pero a medida que el conflicto ha escalado, han sufrido más ataques y daños materiales, humanos y en su economía.

La semana pasada, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución que condena los ataques con misiles y drones lanzados por Irán contra Baréin, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Jordania. El texto fue impulsado por los países del Golfo y exige a Teherán que “cese inmediata e incondicionalmente cualquier provocación o amenaza contra los Estados vecinos”, sin embargo, no menciona los ataques de EEUU e Israel contra Irán.

Esta semana, los Gobiernos árabes del Golfo han subido el tono de sus declaraciones, después de que Irán haya atacado instalaciones energéticas en Qatar, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, en respuesta al bombardeo de Israel contra el yacimiento gasístico de Pars Sur el miércoles.

Haizam Amirah Fernández, director ejecutivo del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos (CEARC), ha afirmado a elDiario.es que “Israel está abiertamente queriendo arrastrar a las monarquías árabes del Golfo a su guerra”.

“Estos países son conscientes de que están en una posición muy baja en las prioridades de EEUU y esto los ha llevado a un terreno peligrosísimo en el que no querían estar. EEUU les ha llevado la guerra a sus casas, la guerra ya no está en el vecindario”, añade.

Estos son los actores que han decidido no intervenir, pero podrían hacerlo o se podrían ver arrastrados:

Los hutíes de Yemen

El grupo chií de los hutíes en Yemen es otro de los aliados de Irán, del que dependía para abastecerse de armamento hasta el actual conflicto. La escasez de drones y misiles, que Irán necesita ahora para sí mismo, podría ser una de las razones por las que los hutíes no han entrado en el conflicto a favor de su principal patrocinador, así como el temor a ser blanco de más ataques que debiliten demasiado al grupo, que tiene otros frentes abiertos a nivel interno.   

Los hutíes no dudaron en involucrarse en un conflicto directo con Israel después de que el Gobierno de Benjamín Netanyahu lanzara su guerra genocida contra Gaza, atacando con drones y misiles el Estado hebreo y obstaculizando la navegación en el mar Rojo como forma de presión sobre la comunidad internacional.

Eso hizo que sufrieran repetidos bombardeos israelíes entre 2023 y 2025 (incluido un bombardeo que acabó con la mayoría del Gobierno de los hutíes en Saná); también EEUU y Reino Unido intervinieron en contra de los hutíes por sus ataques contra los barcos en el mar Rojo y, finalmente, forzaron un alto el fuego en 2025 para restablecer el tráfico marítimo por esa ruta comercial de gran importancia. Fuentes oficiales de Irán declaraban esta semana a elDiario.es que “quizá no ha llegado el momento para que se involucren” en la guerra, pero podría llegar.

Ahmed Nagi, analista experto en Yemen de International Crisis Group, ha señalado que la decisión de los líderes hutíes de distanciarse del conflicto es calculada y coordinada con sus aliados iraníes. “La decisión no se debe a la falta de voluntad para intervenir, sino al momento oportuno”, ha dicho Nagi a la agencia Associated Press, agregando que es probable que los hutíes intervengan si el conflicto se expande o si perciben una amenaza existencial para Irán como un deterioro significativo de sus capacidades militares.

Los hutíes se han declarado listos para intervenir y podrían hacerlo de diferentes maneras, desde atacar barcos en el mar Rojo –añadiendo inestabilidad al tráfico marítimo internacional, afectado por el bloqueo del estrecho de Ormuz– a atacar instalaciones energéticas en los países del golfo Pérsico, como ya han hecho en el pasado.

Turquía, escudo de la OTAN

Ankara se ha opuesto frontalmente a la guerra y ha denunciado la intervención de EEUU e Israel, pero no por cercanía o simpatía respecto a Irán, sino por miedo a una mayor desestabilización de la región, con una posible nueva crisis de refugiados. De hecho, Turquía ha sido uno de los países que ha visto con más recelos las ambiciones de Irán en Oriente Medio y su influencia en diferentes países a través de sus milicias aliadas.

En Siria, el ejército turco y los grupos armados locales respaldados por Ankara se han enfrentado a las milicias chiíes apoyadas por Irán y a las tropas de Bashar al Asad, asesoradas por Teherán. 

Desde el comienzo de la ofensiva conjunta de EEUU e Israel, las defensas antiaéreas de la OTAN en Turquía han interceptado varios misiles lanzados desde Irán, pero Ankara no quiere elevar la tensión con Teherán y verse arrastrada al conflicto por su pertenencia a la Alianza Atlántica. También teme una movilización de los kurdos de Irán y un futuro escenario en el que los kurdos –contra los que el Estado turco lleva décadas luchando– cobren protagonismo y fuerza más allá de las fronteras iraníes.

Otros países de la región, como Egipto, que no se han visto directamente afectados por el conflicto, han abogado por el fin de las hostilidades que amenazan con desestabilizar todavía más una región que ya estaba sacudida por la guerra de Gaza desde 2023 y otras crisis políticas y humanitarias. El Gobierno de El Cairo se ha solidarizado con Jordania y las monarquías suníes del Golfo que son sus aliadas.

Jordania ha sido atacada, sobre todo al principio de la guerra, por su alianza con EEUU y la presencia militar estadounidense en el reino. No es la primera vez que el pequeño país se ve en el fuego cruzado por su posición política y también geográfica, entre Israel, Siria, Irak y Arabia Saudí.

El aún frágil Gobierno de Siria también trata de mantenerse al margen, a pesar de estar en el fuego cruzado entre Irán e Israel. Fragmentos de proyectiles han caído en territorio sirio matando e hiriendo a varias personas, según la ONU. Además, la ofensiva de Israel contra Líbano afecta inevitablemente al país vecino, con unas 140.000 personas que han cruzado la frontera de Líbano con Siria para huir de los bombardeos (mayoritariamente, sirios que se habían refugiado en el país vecino durante la guerra civil siria).

Un silencio inquietante se cierne sobre el puerto industrial de Ras Al Jaimah. Habitualmente es un próspero centro marítimo de Emiratos Árabes Unidos (EAU), pero ahora los barcos permanecen atracados y en silencio. No muy lejos, en el horizonte brumoso, cientos de petroleros se han alineado en los últimos días, detenidos en una vía marítima plagada de peligros.

Cualquier embarcación que se dirija más allá de Ras Al Jaimah hacia el mar Arábigo debe atravesar la franja marítima más peligrosa del mundo para la navegación en estos momentos: el estrecho de Ormuz. A poco más de 20 millas náuticas de la localidad emiratí, dos petroleros que se dirigían al estrecho fueron atacados con misiles iraníes esta semana y uno de ellos se incendió.

Este sábado, Fuyairah, el principal puerto petrolero de EAU en la costa oriental del país, fue blanco de un ataque con drones y una densa columna de humo negro podía verse sobre su terminal.

Es una de las muchas consecuencias que afrontan los países del golfo Pérsico, que se han visto cada vez más involucrados en una guerra que no iniciaron y que intentaron evitar diplomáticamente en las semanas anteriores al ataque de Estados Unidos e Israel.

Trump desoyó a sus aliados del golfo

Durante décadas, Bahréin, Kuwait, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Omán han permitido la presencia de bases militares e infraestructuras estadounidenses en su territorio y se han situado entre los mayores compradores de armamento y tecnología de EEUU. A cambio, Estados Unidos se ha consolidado como el socio militar y protector más cercano e importante de estas monarquías petroleras.

Sin embargo, según analistas, los Estados del golfo muestran una creciente preocupación por esta relación, tras la decisión de Donald Trump de torpedear deliberadamente las negociaciones diplomáticas con Irán para iniciar una guerra en Oriente Medio.

“La amenaza que Irán representaba para el golfo solo se materializó cuando Estados Unidos declaró la guerra; Irán no disparó primero”, afirma Jaled Almezaini, profesor asociado de Política y Relaciones Internacionales en la Universidad Zayed de Abu Dabi (EAU). “Existe una fuerte condena hacia los iraníes, pero, al mismo tiempo, el mensaje para los estadounidenses e israelíes es claro: tenemos que encontrar una solución. Esta no es nuestra guerra”.

En las semanas previas a la ofensiva, los líderes árabes del golfo organizaron negociaciones e hicieron reiterados acercamientos al presidente estadounidense, trasladándole las graves consecuencias que tendría para la seguridad regional un ataque a Irán. Sin embargo, se cree que Trump optó por llevar a cabo los ataques sin consultar ni advertir a sus aliados del golfo.

Si bien esos países esperaban sufrir las consecuencias, la magnitud de la campaña de venganza de Irán ha dejado a muchos conmocionados. Los Gobiernos árabes habían asegurado a Teherán que ninguna de sus bases se utilizaría para ataques contra el país persa, pero esto no ha impedido que Irán lance miles de drones y misiles contra aeropuertos, bases militares, refinerías de petróleo, puertos, hoteles y edificios de oficinas.

El tráfico aéreo en la región se ha visto muy restringido y las aerolíneas están perdiendo miles de millones de dólares, siendo Dubái uno de los centros neurálgicos de la aviación internacional. Bahréin se enfrenta a una crisis económica, mientras que la reputación de EAU como paraíso para el turismo y la inversión occidental se ha visto seriamente afectada.

Los países están logrando repeler con éxito la mayoría de los misiles y drones iraníes, pero los interceptores y los sistemas de defensa aérea están costando a los Gobiernos como el emiratí más de 2.000 millones de dólares (unos 1.750 millones de euros).

El violento bloqueo iraní del estrecho de Ormuz —el único paso marítimo que conecta el golfo Pérsico con el Océano y por donde transita una quinta parte del suministro energético mundial— ha provocado una drástica reducción de las exportaciones de petróleo y gas, pilares de las economías de las monarquías árabes. Los expertos estiman que están perdiendo entre 700 millones y 1.200 millones de dólares (entre 600 y 1.050 millones de euros) diarios en exportaciones de petróleo.

“Emiratos Árabes Unidos y el Consejo de Cooperación del Golfo [integrado por Arabia Saudí, EAU, Bahréin, Kuwait, Qatar y Omán] intentaron impedir que EEUU declarara la guerra porque conocían las consecuencias”, afirma Almezaini. El experto recuerda las amenazas proferidas por el ministro de Asuntos Exteriores iraní apenas unos meses antes sobre el posible cierre del estrecho. “Ahora se está cumpliendo exactamente ese escenario”, admite.

Una alianza desfavorable

La asimetría de la alianza militar de los países del golfo con EEUU nunca ha sido tan evidente, afirma Allison Minor, directora del proyecto sobre integración en Oriente Medio del centro de análisis Atlantic Council. Cuando en septiembre pasado Israel llevó a cabo ataques aéreos contra Qatar, donde se encuentra la mayor base militar estadounidense de la región, Washington no respondió con ninguna acción sustancial, aparte de exigir al Gobierno israelí que se disculpara con el catarí.

“La cuestión fundamental tiene que ver con consultar”, apunta Minor. “¿Están los Estados del golfo logrando realmente el tipo de alianza y apoyo en materia de seguridad que sienten que necesitan si Estados Unidos va a intervenir militarmente en la región?”, se pregunta.

El jueves, el ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Badr bin Hamad al Busaidi –quien fue mediador en las conversaciones indirectas entre Irán y EEUU antes de que Trump lanzara su operación 'Furia Épica'–, realizó algunas de sus declaraciones más contundentes hasta la fecha sobre el conflicto: “La postura de Omán es que los ataques militares contra Irán por parte de Estados Unidos e Israel son ilegales y que, mientras continúen las hostilidades, los Estados que iniciaron esta guerra estarán violando el derecho internacional”.

Al Busaidi afirmó que la decisión de Washington de atacar Irán mientras las negociaciones pacíficas sobre el programa nuclear iraní avanzaban demostraba que el conflicto era únicamente un intento de reordenar Oriente Medio a favor de Israel.

Los analistas destacan que muchos países de la zona se encuentran en una posición conflictiva. Intentan reducir la tensión bélica, al tiempo que presionan a EEUU para que complete la intervención en Irán y evite el peor escenario posible para ellos: una República Islámica debilitada, herida e inestable a sus puertas.

“Esta es la peor pesadilla del golfo”, afirma Sanam Vakil, directora del programa de Oriente Medio y Norte de África de Chatham House. “Existe una profunda ira y frustración hacia Estados Unidos porque esta no es la guerra [de los países del golfo] y, sin embargo, son los que sufren las consecuencias”.

Vakil señala que los Gobiernos árabes de la región llevaban tiempo buscando una alianza de seguridad con Estados Unidos similar a la que tiene con Israel, pero ahora se han dado cuenta de que “quizás nunca se concrete”. Sin embargo, a pesar de reconocer la necesidad de diversificar sus socios en materia de seguridad, los países del golfo actualmente no tienen una alternativa a EEUU como protector, añade la experta.

“Los países del Golfo no van a actuar con rapidez, ni pueden hacerlo, para encontrar alternativas a Estados Unidos. Pero tampoco van a redoblar su apuesta por un socio poco fiable”, afirma. “Probablemente, avanzarán en la búsqueda de la autonomía estratégica, que ya se vislumbraba en el horizonte, quizás a un ritmo más acelerado”.

A pesar de todas las ramificaciones geopolíticas, los efectos económicos también se han extendido a la vida cotidiana. Sumon, de 27 años, empleado de una empresa de alquiler de barcos y motos acuáticas en el puerto deportivo junto a Ras Al Jaimah, comenta que el negocio se ha visto afectado porque la guardia costera no permite que ninguno de sus barcos salga a navegar.

“Durante muchos días, nuestros barcos y motos acuáticas no han podido salir debido a todos estos problemas y a los enfrentamientos con Irán en el mar”, explica. “Son muy malas noticias, no tenemos clientes y mi jefe no puede pagarme el sueldo”. Sumon señala el puerto al otro lado del deportivo: “Ya no hay barcos en movimiento. Nadie sabe cuándo terminará”.

Texto traducido y actualizado por Francesca Cicardi

Dos días después del inicio de la ofensiva de EEUU e Israel contra Irán, la tensión no deja de subir en la zona con numerosos ataques en las últimas horas en varios países de la región. La última ofensiva se ha producido durante la noche en Líbano, donde, tras el envío de proyectiles por parte de Hezbolá, Israel ha iniciado una nueva oleada de ataques.

Durante todo este domingo, EEUU e Israel han mantenido su ofensiva contra Irán pese a que ya se ha confirmado la caída del líder supremo, Ali Jamenei, y de numerosos dirigentes iraníes. Trump ha reconocido que la operación todavía se puede prolongar durante varias semanas, asumiendo que más soldados estadounidenses pueden morir en el proceso, además de un encarecimiento del petróleo y una muy posible sacudida en las bolsas este lunes. La popularidad del presidente está en mínimos, lo que se refleja en el mundo MAGA, donde se ha desatado una nueva guerra civil por estos ataques a Irán, dado que los ataques ya han dejado tres militares estadounidenses muertos y otros cinco heridos. “Otra estúpida y absurda guerra en el extranjero para cambiar un régimen en nombre de Israel”, tuiteó la excongresista Marjorie Taylor Greene, antaño fiel de Trump y hoy acérrima enemiga.

Los equipos de Formula 1 llevan desde la semana pasada entrenando y han corrido este domingo en Bahréin, donde ha arrancado la temporada 2023, sin tener en cuenta lo que ocurre en este país del Golfo Pérsico más allá del circuito, ubicado en el desierto de Sakhir. Han pasado casi dos décadas desde que tuvo lugar el primer Gran Premio de Bahréin, en 2004, y las carreras han seguido año tras año –excepto en 2011, por la Primavera Árabe– en medio del silencio impuesto por el régimen del rey Hamad Bin Isa Al Jalifa.

De hecho, desde el intento de revuelta de 2011, aplastado por las fuerzas de seguridad bahreiníes con la ayuda de las saudíes, los derechos y libertades se han visto recortadas año tras año, hasta culminar con la disolución de los dos principales partidos opositores, Al Wifaq, en 2016, y Waad, en 2017, además del cierre de los pocos medios de comunicación independientes.

Desde la revolución abortada, cientos de personas han sido encarceladas en Bahréin por su afiliación política o religiosa, o por expresar sus opiniones libremente e, incluso, a muchos disidentes (activistas, políticos, periodistas, clérigos, etc.) se les ha revocado la nacionalidad como castigo.

Este es el caso del activista Sayed Ahmed Alwadei, director del Instituto de Bahréin para los Derechos y la Democracia (BIRD), que reside en Reino Unido y lleva años trabajando para que la organización de la F1 cambie su política respecto a su país. “Ha llegado el momento de que la F1 aplique sus palabras sobre tener un ‘impacto positivo’ a la hora de tratar con algunos de los regímenes más represivos del planeta, como son Bahréin y Arabia Saudí”, donde se celebrará el segundo GP de la temporada, dentro de dos semanas.

“Blanquear un historial horroroso”

Alwadei afirma a elDiario.es que la dirección de la F1 y de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) “tienen la responsabilidad de ejercer su influencia para mejorar la situación de los derechos humanos” en los países donde no se respetan. “Si no lo hacen, deberían marcharse [de esos países] como hicieron de Rusia [tras la invasión de Ucrania], aunque estamos viendo que en ese caso son dobles estándares hipócritas”, agrega.

El activista, que se vio forzado al exilio después de 2011, denuncia que “la presencia de la F1, en este contexto, solo ayuda a blanquear el historial horroroso de violaciones de los derechos en Bahréin y ofrece lo que se percibe como el beneplácito para encarcelar a los disidentes pacíficos y condenar a algunos de ellos a muerte por atreverse a pedir democracia”. Pero, después de tantos años de denuncias, llamamientos y cartas a la F1, la FIA y otras instituciones, Alwadei considera que este año “la presión está aumentando sobre la F1, no solo por parte de los grupos de derechos humanos y los parlamentarios británicos, sino por el que ha sido siete veces campeón del mundo de F1, Lewis Hamilton”.

El británico Hamilton, que corre con el equipo Mercedes, ha abanderado públicamente varias causas, incluida la antirracista Black lives matter, y aseguró que “es necesario hacer mucho más” respecto a los derechos humanos en los países en los que compiten para “concienciar y dejar un impacto positivo”, en la víspera del Gran Premio de Bahréin.

De hecho, Hamilton ha sido objeto de marcaje desde finales de 2022, cuando la FIA prohibió a los pilotos hacer “declaraciones personales, religiosas o políticas que violen el principio general de neutralidad” establecido en los estatutos de la Federación. Posteriormente, el ente que supervisa la F1 ha tenido que matizar esa directriz para acallar la polémica y las acusaciones de suprimir la libertad de expresión de los deportistas, y el propio Hamilton ha afirmado que no se callará.

Quizás, la estrella pueda marcar la diferencia, como indica a elDiario.es Alwadei, y servir de “ejemplo para otros pilotos”, ya que las ONG –como BIRD y muchas otras árabes e internacionales– no han logrado que la F1 se plantee no acudir al circuito de Bahrein y, de hecho, ha extendido su presencia a varios países del Golfo Pérsico en los últimos años: Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Arabia Saudí (el circuito de Yedda fue incorporado en 2021).

“Las dictaduras del Golfo continúan dirigiendo algunos de los regímenes más represivos y violentos del planeta, mientras mantienen los generosos contratos con la F1”, destacan 21 organizaciones, entre las que se encuentra BIRD y Human Rights Watch, en un comunicado publicado en vísperas del comienzo de los entrenamientos libres en el circuito de Bahréin. “Estamos gravemente preocupados por el continuo papel de la F1 en el sportswashing en medio del deterioro de la situación de los derechos humanos en Bahréin”, agregan.

“Bahréin no interesa a nadie”

Giuseppe Dentice, encargado de Oriente Medio del italiano Centro de Estudios Internacionales (CeSi), sostiene que en Bahréin no se puede hablar de sportswashing como tal. Cree, en cambio, que la F1 es un elemento de una política más amplia de “ocultación de la realidad”. En su opinión, el pequeño país del Golfo “no necesita tanto blanquear su imagen, como Arabia Saudí o Qatar” porque “Bahréin no es muy tenido en cuenta en las noticias y el discurso internacionales”.

El régimen de los Al Jalifa “tiene una política mucho menos ostentosa, menos atractiva, y también mucho más atenta a esconder algunos problemas que existen y, sobre todo, desde 2011, hacer olvidar la primavera bahreiní”, que estalló a mediados de febrero de ese año. “Bahréin, quizás también por el desconocimiento (acerca de este país), no interesa a nadie, pero es un ejemplo paradójico de lo que ha sido la política en Oriente Medio en la pasada década”, en la que la ha habido un retroceso progresivo en los derechos sociales, políticos y económicos de los pueblos de la región, explica Dentice.

Además, señala que la situación en el país de “los dos mares” (su nombre en árabe) está muy marcada por “la fuerte contraposición entre Arabia Saudí e Irán, que ha encontrado en Bahréin un campo de batalla” y esa batalla la está ganando Riad apoyando la monarquía suní, que gobierna una población mayoritariamente chií.

Dentice agrega que, aunque el deporte puede ser empleado para “esconder las cuestiones críticas del país” y “al mismo tiempo que esas cuestiones queden expuestas y se hable de ellas, la repercusión es muy diferente dependiendo del país” y Bahréin es una demostración de ello desde 2004. Cada año coincidiendo con el GP de F1, se han registrado protestas y arrestos e, incluso, la muerte de activistas que trataban de aprovechar el momento para llamar la atención de la comunidad internacional y dejar en evidencia al monarca.

El experto en Oriente Medio considera que, si bien el GP puede ser una oportunidad para hacerse oír, los que acuden a competir no son los destinatarios de esas reivindicaciones. “Los pilotos, en este caso, o los deportistas en general, no son los que deben tomar posiciones políticas. El deporte puede mandar mensajes, pero la política es la que tiene que ofrecer soluciones”. 

Cuatro detenidos

De hecho, cuatro personas han sido arrestadas este domingo, por protestar en las cercanías del circuito, coincidiendo con el Gran Premio. Según ha denunciado BIRD en un comunicado, entre los detenidos hay dos ex presas políticas, Hayer Mansoor y Nayah Yusuf, y dos familiares de presos: Ali Muhana, padre de un joven encarcelado, y Muneer Mushaima, hermano de un preso que fue ejecutado.

La ONG ha destacado que los arrestos tuvieron lugar a poca distancia de donde estaba teniendo lugar el evento deportivo internacional y que la protesta fue pacífica, con los cuatro manifestantes levantando carteles con sus reivindicaciones, como se puede ver en este vídeo:

Según un comunicado de BIRD difundido este lunes, han sido puestos en libertad después de ser interrogados y después de firmar un documento en el que han tenido que prometer que no volverán a protestar, aunque no se sabe si las autoridades presentarán cargos contra ellos.

Marko Štambuk se personó en la prisión de distrito de Belgrado un lunes por la mañana a finales de enero, y le comunicaron que su cliente ya no se encontraba en el centro penitenciario. “Inmediatamente supe que algo había pasado”, dice. Štambuk, abogado, había pasado el viernes anterior tratando de obtener desesperadamente un requerimiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para que las autoridades serbias paralizaran la extradición de su cliente, Ahmed Jaafar Mohamed Ali, disidente bahreiní.

El TEDH prohibió a las autoridades serbias extraditar a Ali hasta finales de febrero, y les advirtió que hacerlo constituiría una excepcional vulneración del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Tras una búsqueda frenética, Štambuk descubrió que dos policías serbios habían llevado a Ali desde la cárcel hasta el aeropuerto de Belgrado ese mismo día a las 4:00 horas de la madrugada, y lo habían entregado a las autoridades bahreiníes en una pista de aterrizaje. Poco después de las 5:00 horas, Ali fue trasladado directamente a la capital, Manama, en un vuelo chárter operado por Royal Jet, una aerolínea de lujo dirigida por un miembro de la familia gobernante de Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos) y que es propiedad en parte de Presidential Flight, la compañía encargada de transportar a los miembros del Gobierno de Abu Dhabi.

“Me quedé profundamente conmocionado”, dice Štambuk, sorprendido por la decisión de Serbia de seguir adelante con la extradición. “Lo han devuelto a Bahréin, no sé qué será de él. Si se le vuelve a condenar a cadena perpetua, no creo que sobreviva mucho tiempo”.

Bahréin consideraba a Ali un sospechoso de gran valor y lo condenó, en rebeldía, por tres cargos distintos de terrorismo en 2013 y 2015. En una carta dirigida a un tribunal serbio, Ali, un activista sindical, insistió en que era inocente y aseguró que podía demostrar que no estaba en Bahréin en el momento en que se cometieron los supuestos delitos. “No tengo ninguna relación [sic] con el caso”, alegó.

El papel incierto de Interpol

El caso de Ali muestra cómo los regímenes antidemocráticos son cada vez más capaces de atacar a los disidentes exiliados y de llevar a otros países la represión que ejercen en casa. Su extradición también abre interrogantes sobre el papel de Interpol, en medio de la creciente preocupación por el abuso del sistema de notificaciones rojas de la organización policial, destinado a localizar a los delincuentes en el extranjero (es una solicitud a fuerzas del orden de todo el mundo para encontrar y detener provisionalmente a una persona en espera de extradición, entrega o acción judicial similar). La extradición de Ali ha tenido una amplia cobertura mediática y es el primer caso de este tipo bajo la presidencia del general emiratí Ahmed Naser Al-Raisi, acusado de estar implicado en torturas a exdetenidos (en el cargo desde noviembre de 2021).

Interpol es una fuerza policial supranacional que brinda apoyo en materia de investigación a los países miembros, especialmente mediante el intercambio de información dentro de su sistema de notificaciones rojas. El Ministerio del Interior de Bahréin ha descrito la captura de Ali en Serbia como una “operación conjunta” con Interpol. Por su parte, la fiscAlia del país afirmó posteriormente que Ali fue “extraditado desde Serbia con la ayuda de Interpol”. Un portavoz de Interpol ha precisado que su secretaría general, con sede en Lyon, no fue informada de la extradición de Ali, y que la responsabilidad de la operación recayó en las Oficinas Centrales Nacionales de Interpol (OCN), el punto de contacto nacional de Interpol en cada país miembro.

“La devolución de fugitivos y personas buscadas es un asunto bilateral entre los países miembros y la secretaría general de Interpol no participa en este proceso”, dice el portavoz. “La secretaría general de Interpol no puede dar instrucciones a las OCN sobre si deben detener a una persona o abstenerse de hacerlo, si deben iniciar un procedimiento de extradición, etc. Tales decisiones quedan exclusivamente a la discreción de las autoridades nacionales competentes de los países miembros”.

El papel que ha desempeñado Interpol en la extradición de Ali sigue siendo incierto. “En un evidente intento de legitimar esta extradición ilegal, Bahréin la ha presentado como una operación de cooperación con Interpol. Se trata de una grave manipulación y abuso de la policía internacional, que ha destruido la vida de un disidente. Este caso es indicativo del carácter intrínsecamente defectuoso del sistema de notificaciones rojas de Interpol, que durante demasiado tiempo ha tenido fallos y se presta a abusos”, dice Sayed Alwadaei, del Instituto Bahreiní para los Derechos y la Democracia.

Sea cual sea el papel que Interpol haya desempeñado en la extradición de Ali, su detención en Belgrado el pasado mes de noviembre fue consecuencia directa de una notificación roja de Interpol contra él emitida en 2015. Ali pronto se vio inmerso en un viaje a través del sistema judicial serbio hacia la extradición a Bahréin, con poco margen para convencer a las autoridades serbias de los riesgos a los que se enfrentaba. “La notificación roja fue el punto de partida de su caso, de toda esta historia”, dice el abogado Štambuk. “En todos los casos en los que he trabajado, ya sea de asilo o de extradición, la notificación roja es siempre el punto de partida”.

Se calcula que Interpol emite anualmente unas 10.000 notificaciones rojas, según la organización de vigilancia de la justicia penal Fair Trials, que escribió a la secretaría general de Interpol en 2017 para advertir de que el uso por parte de Bahréin del sistema de notificaciones rojas para perseguir a los disidentes “podría suponer una violación de las normas estatutarias de Interpol sobre neutralidad política y derechos humanos”.

La notificación roja de Ali, publicada en 2015, probablemente se produjo hasta un año antes de que Interpol constituyera un grupo de trabajo especializado que examina las solicitudes de notificaciones rojas de los países miembros antes de que sean emitidas. El grupo de trabajo está formado por unas 40 personas, pero se sabe poco más sobre el proceso. Cuando los abogados de Ali se pusieron en contacto con la Comisión de Control de los Ficheros de Interpol (CCF) en 2019, un organismo independiente que revisa la información que figura en las notificaciones rojas, la CCF les dijo que “se pusieran en contacto con las autoridades nacionales competentes” en Bahréin si querían tener más información sobre las acusaciones contra Ali. 

“No dudamos de que los abusos en el sistema de notificaciones rojas son una minoría del total”, dice Bruno Min, de Fair Trials. “Pero si Interpol pudiera darnos una cifra de solicitudes de notificaciones rojas que desestima, podríamos tener más garantías de que filtran correctamente las peticiones. Hoy por hoy no nos facilitan esta información”.

Ali temía por su vida

Las autoridades bahreiníes acusan a Ali de múltiples cargos relacionados con terrorismo, como la fabricación de bombas y la complicidad en el asesinato de tres policías, uno de ellos de Emiratos Árabes Unidos. Las organizaciones de derechos humanos afirman que a menudo se formulan cargos similares contra los manifestantes que participaron en las protestas antigubernamentales de 2011, y muchos como Ali huyeron en los años posteriores. Otros tres hombres también acusados de asesinar a agentes de policía en el mismo caso fueron ejecutados en 2017, tras un juicio en el que observadores de la ONU acusaron a las autoridades bahreiníes de obtener confesiones falsas mediante tortura. Uno de ellos calificó posteriormente las ejecuciones de “ejecuciones extrajudiciales” basadas en un “juicio injusto y en pruebas poco sólidas”.

Mientras el caso de Ali avanzaba en el sistema judicial serbio, el hombre escribió tres cartas a los tribunales en un intento de convencerlos de los riesgos que corría si era extraditado. “Temo por mi vida y por el bienestar de mi familia”, escribió el pasado diciembre, explicando que había venido a Serbia a pedir asilo con la esperanza de que estuvieran a salvo. Era muy consciente de los riesgos, ya que había descrito a Human Rights Watch las torturas que había sufrido casi una década antes en Bahréin.

Pero la notificación roja no le permitió librarse de la acusación de ser un delincuente buscado. El 18 de enero, el Ministerio de Justicia de Serbia aprobó la orden de extradición de Ali al Estado del Golfo. Esta decisión se tomó después de un año de relaciones cada vez más cordiales entre los dos países, incluida la primera visita de Estado de un presidente serbio, cuando Aleksandar Vučić voló a Manama en marzo del año pasado y “se comprometió a seguir profundizando los lazos políticos y económicos entre Serbia y el Reino de Bahréin”.

“Estoy absolutamente convencida de que el Gobierno [serbio] resuelve los casos de extradición de diferentes maneras dependiendo de los países con los que trabaja, y sin pensar en la vida de la persona implicada”, dice Sonja Tošković, del Centro de Derechos Humanos de Belgrado. Subraya las múltiples convenciones internacionales que prohíben la extradición a países donde los detenidos corren el riesgo de sufrir abusos. “Se está jugando con la vida humana. Es devastador”.

The Guardian tiene conocimiento de que el juez que supervisaba el caso de Ali recibió una llamada del Ministerio del Interior serbio el día antes de su extradición. Un responsable del Ministerio del Interior le dijo al magistrado que Interpol sabía que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos había emitido una orden judicial temporal para detener la extradición de Ali hasta finales de febrero. El funcionario de Interior quería saber cómo proceder con el caso y si tenían permiso para sacar a Ali de la prisión de Belgrado.

El juez redactó un memorando para transferir la decisión sobre la extradición de Ali al Ministerio de Justicia, de acuerdo con el procedimiento. El factor tiempo era clave: el avión privado que iba a recoger a Ali había aterrizado en Belgrado siete minutos antes de que el juez recibiera la llamada, tras haber salido de Abu Dhabi con destino a Manama y haber volado a Belgrado el mismo día.

Las autoridades serbias se vieron obligadas más tarde a dar explicaciones al TEDH por qué decidieron saltarse la medida cautelar y vulnerar el convenio sobre derechos humanos. En un comunicado, afirmaron que la extradición se llevó a cabo debido al “poco tiempo transcurrido entre la emisión de la medida cautelar y el momento de la extradición del solicitante”.

“Con esta extradición ilegal, Serbia e Interpol han destruido la vida de Ahmed”, dice Alwadaei. “Han actuado en clara violación de las leyes internacionales. Serbia ha incumplido sus obligaciones internacionales. Una vez más, Interpol se ha dejado instrumentalizar por un régimen autoritario”.

Las ONG exigen respuestas

Una coalición de organizaciones de derechos humanos ha escrito a Royal Jet para exigir respuestas sobre por qué había permitido que se utilizara la aerolínea para extraditar a un disidente. “Tememos que al utilizar los aviones de su compañía para llevar a cabo la extradición errónea del señor Ali, puede haber desempeñado un papel activo en la violación de las medidas provisionales del TEDH y del artículo 3 de la Convención de la ONU contra la Tortura”, dicen. El Ministerio de Justicia serbio, el Ministerio de Asuntos Exteriores de EAU y Royal Jet no han contestado a las preguntas de The Guardian.

Las autoridades bahreiníes ya habían declarado al medio británico que Ali no corría ningún riesgo de sufrir malos tratos en su país de origen, y remitieron otras preguntas a una declaración reciente de la Fiscalía. En ella se afirma que “la Fiscalía solicitó la pena de muerte para el acusado”, pero el tribunal mantuvo las tres cadenas perpetuas de Ali y añadió una cuarta.

Alwadaei y Min están entre los que piden que Interpol revise su gestión del caso de Ali para evitar que una situación como esta pueda repetirse en el futuro. A la pregunta de si el caso podría dar lugar a una investigación interna, un portavoz de Interpol asegura que la secretaría general “revisa, evalúa y actualiza constantemente sus procedimientos para garantizar el máximo nivel de integridad del sistema y la confianza en su trabajo”.

Traducido por Emma Reverter.

Mohamed Ramadan y Husain Moosa han pasado seis años de calvario y el resultado es el peor posible. Bahréin los condenó a muerte en octubre de 2014 y, tras años de lucha, su condena fue revocada en 2018 ante las evidencias de tortura. Pero eso no importó para que volviesen a ser condenados a muerte por segunda vez unos meses más tarde. Este lunes han agotado todos los recursos legales posibles: el máximo tribunal del país ha confirmado la ejecución. Solo un perdón del rey Hamad bin Isa Al Jalifa puede salvarles.

“El terror de saber que mi marido puede ser ejecutado por un pelotón de fusilamiento en cualquier momento sin aviso previo me está destrozando”, declaró Zainab Mohamed, esposa de Mohamed Ramadan, poco después de conocer el fallo definitivo. “No sé como seré capaz de contarle a mis tres hijos que su padre no va a volver nunca a casa”.

Desde el estallido de las protestas contra la monarquía autoritaria en Bahréin en febrero de 2011 en el marco de la Primavera Árabe, las manifestaciones se convirtieron en algo cotidiano durante años. Mohamed Ramadan y Husain Moosa participaron en ellas. El 14 de febrero de 2014, día en el que se celebraba el tercer aniversario de las manifestaciones, un policía falleció tras la detonación de un artefacto explosivo. Los dos hombres fueron acusados de terrorismo.

Mohamed Ramadan, de 37 años y padre de tres hijos, trabajaba como miembro de la seguridad del aeropuerto internacional de Bahréin, donde fue detenido el 18 de febrero de 2014. Husain Moosa, de 34 años, trabajaba como chófer en un hotel de la capital y fue detenido tres días después, el 21 de febrero, cuando estaba en casa de un amigo. “Los dos son prisioneros políticos. Mohammed era empleado del Ministeiro de Interior en el aeropuerto y su participación en las protestas contra el Gobierno era percibida como una traición. Husain era una persona buscada y seguía protestando”, señala a elDiario.es Sayed Alwadaei, director del Instituto de Bahréin por los derechos y la democracia (BIRD). Durante este periodo, Alwadaei ha estado en contacto con los dos condenados.

El propio Alwadaei ha sufrido la persecución del régimen. “En 2011 fui encarcelado y torturado por mi papel en las protestas y por pedir un cambio democrático. Aunque huí de Bahréin, mi familia y yo seguimos siendo atacados en lo que la ONU ha descrito como un caso de represalias”, señala el activista bahreiní –aunque el Gobierno le ha retirado la ciudadanía igual que ha hecho con aproximadamente un millar de personas a modo de castigo–. “A día de hoy mi cuñado sigue languideciendo entre rejas como represalia por mi activismo por los derechos humanos en Reino Unido”, añade.

El activista se queja de la complacencia internacional hacia la monarquía. “La familia gobernante depende de comerciar con riqueza e influencia con países ricos como España para mantenerse en el poder. Ya sea a través de inversiones deportivas como la compra del Córdoba CF o los 1,9 millones de dólares que regalaron al rey emérito, pido al pueblo español que no permita que el dinero manchado de sangre de Bahréin esconda la verdadera naturaleza del régimen”, afirma el activista Alwadaei.

Bahréin cuenta con muy buenas relaciones con países como EEUU y Reino Unido. “Bajo el Gobierno de Trump, cuya quinta flota tiene su base en Bahréin, y bajo el actual Gobierno de Reino Unido, que tiene una base naval en el país, los abusos de derechos humanos son objeto de una crítica silenciosa. Esta relación permite a Bahréin seguir cometiendo horribles abusos con impunidad”, concluye Alwadaei.

Torturas y primera condena a muerte

Ramadan ha denunciado que le taparon los ojos, le desnudaron y le metieron en una sala de congelación donde fue golpeado con puñetazos y patadas en varias ocasiones. También ha denunciado que le golpearon con tubos de plástico y que le amenazaron con violar a su mujer delante de él. Según recoge BIRD, el detenido acabó firmando un papel en el que confesaba su participación en una protesta, pero no dijo nada sobre la explosión. Mohammed cuenta que tres días después de ser detenido, los agentes le pasaron una llamada. La persona al otro lado de la línea le dijo que el Gobierno sabía que era inocente, pero que su acusación era un castigo por su “traición” al participar en las protestas.

Moosa asegura que también fue torturado. Según ha relatado, los agentes se turnaban para golpearle con la porra en la cara y la espalda. BIRD asegura que le agarraron de los testículos mientras le obligaban a permanecer sentado en una silla y amenazándole con violarle con un palo de madera. Moosa acabó 'confesando' el crimen, aunque luego en el juicio se retractó de la misma. Asegura que le obligaron a repetir la confesión bajo tortura delante del fiscal o volvería a ser golpeado. Cuando Moosa rechazó los cargos, cuenta que los agentes que le llevaron de vuelta al autobús le pegaron una paliza. Esto pasó en dos ocasiones. La tercera vez repitió la confesión delante del fiscal.

“Me pateaban en el órgano reproductivo continuamente hasta que no podía hablar del dolor”, contó Moosa a BIRD en un mensaje de voz grabado en diciembre de 2019. “Me decían que ya tenían la sentencia escrita y que simplemente dijese que Mohammed Ramadan fue el que me dio la bomba y así me cambiarían la pena por cadena perpetua. Decidí contarles lo que querían”.

El 29 de diciembre de 2014 fueron condenados a muerte por primera vez. Los recursos siguientes, en mayo y noviembre de 2015, confirmaron la ejecución. Ante las presiones internacionales de activistas, de la Unión Europea e incluso de la ONU exigiendo una investigación de las acusaciones de tortura, Bahréin accedió a revisar el caso.

Investigación y segunda condena a muerte

La Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía, un organismo creado en 2012 para investigar acusaciones de tortura y maltrato en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, se hizo cargo de la revisión. Las esperanzas no eran muy elevadas. En 2017, el Comité contra la Tortura de la ONU expresó públicamente su preocupación porque “estos organismos no son independientes, sus mandatos no son claros y no son efectivos dado que las denuncias pasan en última instancia por el Ministerio de Interior”. El informe también denunciaba que su efectividad ha sido “poca o ninguna”.

Sin embargo, un rayo de esperanza animó a Ramadan y Moosa tras el informe de la unidad, publicado el 18 de marzo de 2018 (llevaban cuatro años en el corredor de la muerte). El documento recomendaba reconsiderar la sentencia contra ambos tras detectar “heridas” y afirmar que “existe la sospecha de un delito de tortura llevado a cabo con la intención de forzarles a confesar el crimen del que se les acusaba”, según cita la ONG Human rights Watch, que tuvo acceso al informe. Sin embargo, los investigadores no fueron concluyentes sobre la existencia de la tortura.

En octubre de 2018, el Tribunal de Casación, la corte de mayor instancia del país, revocó la condena a muerte y envió de nuevo el caso a un tribunal de menor instancia. Ese tribunal volvió a imponer la pena de muerte para los dos el 8 de enero de 2020 y este lunes, de nuevo el Tribunal de Casación ha confirmado la ejecución. “Las heridas de los informes médicos no coinciden y no se ajustan a los procedimientos policiales o de la Fiscalía y no tuvieron ningún efecto en las confesiones que salieron de la voluntad propia y sin el uso de la fuerza contra los acusados”, afirmó el lunes la Fiscalía.

“Estamos muy preocupados por la decisión del tribunal de máxima instancia de Bahréin de mantener la condena a muerte contra dos hombres cuyas confesiones se obtuvieron supuestamente bajo tortura”, denunció este martes la portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Liz Throssell. En 2017, el Comité contra la Tortura de la ONU afirmó estar preocupado por las “numerosas y consistentes acusaciones de tortura” y por las informaciones sobre el “uso generalizado de las confesiones forzadas como prueba en los tribunales”.

En una carta enviada por el relator especial de la ONU en ejecuciones extrajudiciales, el relator especial en protección y promoción de los derechos humanos y libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo y el relator sobre tortura a la Casa Real de Bahréin, los expertos independientes de Naciones Unidas explican que las autoridades aseguran que la condena no se ha basado únicamente en las confesiones de los condenados, sino también “en muchas pruebas diferentes”. Sin embargo, el régimen “no ha dado ningún detalle a este respecto y por tanto parece que los dos casos están basados únicamente en las confesiones de los acusados”, denuncian los relatores.

Según informa la ONG BIRD, en los 60 años previos a 2017 Bahréin llevó a cabo 10 ejecuciones y entre 2010 y 2017 no se ejecutó a nadie. Entre 2017 y 2020, sin embargo, la monarquía de Oriente Medio ha matado a seis personas condenadas a muerte, cinco de ellas bajo acusaciones de tortura. Actualmente hay 26 personas en el corredor de la muerte en las cárceles del país. “El Gobierno ha aumentado el uso de la pena de muerte en los últimos tres años como una herramienta de represión política e intimidación contra disidentes y contra aquellos que han participado en las protestas antigubernamentales”, sostiene Alwadaei.

Una fundación en Bahamas, cuentas en Suiza, un gestor con experiencia en esconder dinero de dudosa procedencia, una antigua amante que decide tirar de la manta y ahora también un maletín repleto de billetes. Las revelaciones sobre la relación de Juan Carlos I con el dinero sitúan al ex jefe del Estado en el centro del imaginario de la corrupción, con los elementos propios de los grandes casos de corrupción que afloran en las investigaciones de los tribunales españoles.

Por el momento, los instrumentos y protagonistas del sistema de Juan Carlos I para esconder el dinero al fisco español son objeto de una causa secreta de la Fiscalía del Cantón de Ginebra donde hay al menos tres imputados: la empresaria alemana Corinna Larsen, expareja del rey y receptora de parte de sus fondos; el gestor financiero al que recurrió el monarca, Arturo Fasana; y el abogado que trabajaba con éste Dante Canónica.

En el marco de esa causa, Fasana declaró en octubre de 2018 al fiscal del caso, Yves Bertossa, que Juan Carlos I le llevó en un maletín a Ginebra 1,9 millones de dólares (1,7 millones de euros) en billetes para que los guardara. La Banca Mirabaud no tuvo problema en aceptar hacer el ingreso por la relación que tiene con el gestor financiero, según ha declarado también al fiscal su responsable de entonces. El contenido de estas declaraciones judiciales fueron adelantadas este viernes por El País.

Para poner en valor la escena hay que recordar que en ese momento, en el año 2010, Juan Carlos I era el rey de España y jefe del Estado. Los 1,7 millones de euros procedían de una supuesta donación que había hecho al monarca español el sultán de Bahréin, Hamad bin Isa al Jalifa. Según se desprende de la declaración de Fasana, que habla de una entrega en mano, Juan Carlos I tendría que haber aprovechado su condición de jefe de Estado para evitar los controles aduaneros y en los que un maletín con tantos billetes habría sido detectado.

“Juan Carlos I es una persona apreciada en los países del Golfo. Volvía de Abu Dabi y vino a mi casa a Ginebra. Quería almorzar conmigo. Me dijo que había recibido 1,9 millones [de dólares] del sultán de Bahréin, que le había ofrecido este dinero. Escribí un informe de visitas [trámite bancario para justificar un ingreso del cliente] y pedí al banco si podía entregar el dinero. Me dijeron que sí”. Fasana explicó en su declaración judicial que el rey emérito acudió a su domicilio particular con una maleta donde el entonces rey de España guardaba el dinero.

Arturo Fasana comenzó a ser conocido en España por su detención en el caso Gürtel cuando estalló en 2009. El juez Antonio Pedreira le tomó declaración y decretó su libertad. Ha estado diez años imputado, pero el mes pasado la causa contra él quedó archivada. En el auto que pone fin a la instrucción, el magistrado José de la Mata asegura que “no han quedado debidamente acreditados los delitos que se le atribuían” y que no hay “indicios bastantes” de que participara en las operativas de ocultación de fondos que se le atribuían.

Fuentes jurídicas vinculan el archivo de la causa contra Fasana en Gürtel a su colaboración con la justicia y a haber aportado documentación para sostener la acusación contra los dos cabecillas de la red, Francisco Correa y Pablo Crespo, y contra los empresarios Ramón Blanco Balín y Fernando Martín. Fue Blanco Balín, expresidente de Repsol y amigo personal de José María Aznar, quien presentó a Correa al gestor de fondos que también se encargaba del dinero del rey de España.

Precisamente, ese cliente de Fasana, Juan Carlos de Borbón, era la garantía que ofrecía el gestor suizo a sus clientes españoles para blindarles de posibles investigaciones. Según la confesión de Correa que eldiario.es reveló en noviembre de 2015, Blanco Balín le dijo: “La importancia de los clientes (de Fasana) y de uno en concreto hacía imposible cualquier problema judicial, me dice que me quedase muy tranquilo”. En el juicio de la pieza principal de Gürtel, celebrado hace casi cuatro años, Correa dijo sobre la identidad de esa relevante personalidad: “No lo digo porque si lo hago salgo esta tarde en todos los periódicos”.

Ya con decenas de años de condena a sus espaldas, el líder de la trama Gürtel se volvió a sentar el pasado marzo en el banquillo de la Audiencia Nacional por la pieza del viaje del Papa a Valencia y en su declaración del día 12 aseguró que en la cuenta Soleado del Credite Suisse de Ginebra, a nombre de una sociedad de Fasana llamada Rhone Gestion, estuvo su dinero como también han pasado por ella “las grandes fortunas del país, incluida la del rey de España”.

Correa declaró a eldiario.es que en uno de los viajes que realizó a Ginebra con Blanco Balín, Arturo Fasana, con quien había adquirido “cierta confianza”, le “acreditó visualmente la realidad” de lo que le había explicado el expresidente de Repsol sobre el blindaje que suponía tener en una misma cuenta a un cliente tan importante. De ser cierto, Fasana ha utilizado más de una entidad bancaria para esconder el dinero de Juan Carlos I de la Hacienda española ya que ha declarado que ingresó los 1,7 millones de euros del maletín en la Banca Mirabaud y no en el Credite Suisse.

Suiza informó de Granados por ser “persona expuesta”

A diferencia de lo ocurrido con acusados de corrupción en los tribunales españoles, a Juan Carlos I no le perjudicó ser una Persona Expuesta Políticamente (PEP), la denominación financiera que atribuyeron las autoridades suizas a Francisco Granados y el motivo por el que informó de una cuenta del político del PP en un banco del país. Lo peor que le ocurrió al rey emérito es que en 2012, tras el escándalo de Botswana, la banca privada Mirabaud le recomendó que retirara el dinero que había ingresado a nombre de la fundación Lucum en una cuenta abierta en 2008 procedente de Arabia Saudí, 100 millones de dólares.

El dinero viajó entonces de Suiza a Bahamas, concretamente a una cuenta de Corinna Larsen en el país caribeño. En Bahamas también está el domicilio fiscal de la fundación Lucum, cuya legislación permite esconder a los titulares de las sociedades. El diario británico The Telegraph desveló el pasado 14 de marzo que el actual jefe del Estado español, Felipe VI, es el segundo beneficiario de los fondos de la fundación Lucum.

La noticia del rotativo londinense provocó que la Casa Real hiciera público un comunicado anunciando que Felipe VI renuncia a cualquier herencia de su padre y que le quita la asignación anual de casi 200.000 euros de dinero público. Zarzuela admitía que tomaba esa última decisión pese a que conocía desde hacía un año los hechos porque así le había informado un abogado de Corinna Larsen.

Felipe VI también es beneficiario de una segunda fundación, de nombre Zagatka y radicada en Leichenstein, al frente de la cual está Álvaro de Orléans, un primo de Juan Carlos I. Según expertos en Derecho Civil, la renuncia de Felipe VI es simbólica porque no se puede renunciar a la herencia de una persona que aún vive. El rey de España acudió a un notario para dejar por escrito la renuncia y después informó al Gobierno.

Las “ocho cajas negras” de Corinna

Juan Carlos I se enfrenta así a la documentación que guarda Corinna Larsen de la relación comercial que ambos tenían y que ella guarda en “ocho cajas negras”, según informó la empresaria alemana al juzgado de Madrid que resolverá la querella del exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán, contra el comisario encarcelado José Manuel Villarejo. Larsen también ha anunciado acciones legales contra Juan Carlos I en Reino Unido por la campaña de amenazas que asegura sufre desde que dejó la relación con él y que encabeza supuestamente Sanz Roldán.

La información que acumulan las antiguas amantes se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza para algunos investigados por corrupción. Es el caso del hijo mayor de Jordi Pujol con Victoria Álvarez, cuya declaración está en el inicio de la investigación de la Audiencia Nacional contra el empresario y otros miembros de la familia del expresident. Con una diferencia, Larsen está siendo investigada en la causa por blanqueo de capitales agravados del fiscal suizo Yves Bertossa.

La inviolabilidad del rey en el momento de los hechos dificulta la imputación de Juan Carlos I –ahora aforado ante el Tribunal Supremo– en Suiza y más aún en España, aunque expertos jurídicos ven posibilidades de investigar al rey emérito si el delito fiscal se ha prolongado más allá de su abdicación. Otros indican que la inviolabilidad que protege al monarca por hechos anteriores a 2014 no alcanza a la justicia de Reino Unido o Suiza.

El rey emérito Juan Carlos I llevó a Ginebra en 2010, cuando todavía era jefe del Estado español, un maletín repleto de billetes, en total 1,7 millones de euros que puso en manos de su gestor suizo Arturo Fasana. El dinero procedía de una entrega que había realizado el sultán de Bahréin al rey español, según desvela este viernes El País. Así lo aseguró Fasana en su declaración de octubre de 2018 ante el fiscal de Ginebra Yves Bertossa, quien dirige una investigación secreta sobre los fondos de procedencia dudosa que Juan Carlos I que pasaron por bancos de la capital suiza.

El fiscal Bertossa mantiene imputados a Corinna Larsen, el gestor Fasana y el abogado Dante Canónica, quien trabajó durante años en el despacho de éste último, por un delito de “blanqueo agravado de capitales”. Bertossa cree que los fondos transferidos por Juan Carlos I proceden de comisiones irregulares en países de Oriente Medio y que Fasana y Canónica actuaban de testaferros. Una de esas comisiones sería la citada entrega del sultán de Bahrein, Hamad bin Isa Al Jaifa, de 1.895,250 dólares (1,7 millones de euros).

La mayor de las comisiones descubiertas asciende a 100 millones de dólares que Juan Carlos I habría recibido en 2008 de Arabia Saudí por mediar en la construcción del AVE a La Meca con empresas españolas, según sospecha el fiscal suizo. El rey tuvo que cerrar una cuenta en 2012 de su fundación Lucum porque Suiza endureció su legislación y trasladó esos fondos a una sociedad en Bahamas de la que entonces era su pareja extramatrimonial, Corinna Larsen. En esa misma cuenta de la fundación Lucm es donde se ingresó la “donación” del sultán de Bahréin.

El fiscal Bertossa investiga una tercera entrega a Juan Carlos. Corinna Larsen ha declarado que pudo devolver al rey un préstamo de casi 5 millones en 2010 porque recibió a su vez 4,6 del Estado de Kuwait. La comisión rogatoria enviada por Suiza se detiene en este asunto y destaca que esa transferencia del país árabe a Corinna Larsen se produce pocos días después de una visita de Juan Carlos I al emir de Kuwait.

“Juan Carlos I es una persona apreciada en los países del Golfo. Volvía de Abud Dhabi y vino a mi casa de Ginebra. Quería almorzar conmigo. Me dijo que había recibido 1.9 millones del sultán de Bahréin, que le había ofrecido este dinero. Escribí un informe de visitas [trámite bancario para justificar el ingreso de un cliente y pedí al banco si podían entregar el dinero. Me dijeron que sí”, dijo Fasana en su declaración, que reproduce El País. El gestor añadió que Juan Carlos I le llevó el dinero en un maletín.

El fiscal ha interrogado en las últimas semanas a Yves de Mirabaud, presidente en aquellas fechas del banco donde se hizo el ingreso y éste afirmó que tenían una relación de confianza con Fasana y que por eso su departamento de Compliance aceptó los fondos.

El fiscal suizo remitió una comisión rogatoria a España en la que reclama a la Audiencia Nacional información sobre la pieza separada del caso Villarejo abierta a raíz de las afirmaciones que Corinna Larsen hizo al comisario encarcelado en 2015 y que éste grabó. De hecho, Bertossa abrió la investigación en Suiza a raíz de la publicación en España de aquella grabación en la que Larsen atribuía a Juan Carlos I varios hechos delictivos, entre ellos el blanqueo de capitales.

La Audiencia Nacional investigó en esa pieza separada presuntas corruptelas del rey, pero el anterior juez del caso Villarejo archivó provisionalmente la investigación por falta de indicios y porque los que había contra el rey correspondían a hechos cometidos mientras era jefe del Estado y, por tanto, inviolable de acuerdo a la Constitución. En la grabación del comisario a la empresaria alemana, ésta llegaba a decir de Juan Carlos I “no sabe distinguir lo legal de lo ilegal”.

Una vez cerrada aquella pieza del caso Villarejo, la Fiscalía Anticorrupción rescató algunos datos para abrir unas diligencias de investigación por un presunto delito de corrupción en las transacciones internacionales relacionado con la construcción del AVE a La Meca. Anticorrupción también ha reclamado información a Suiza sobre sus avances en una comisión rogatoria. Por otra parte, el juez del caso Villarejo, Manuel García-Castellón, ha realizado una consulta informal a Suiza al respecto.

Cuando llegue la información de Suiza, el juez García-Castellón debe decidir si reabre la pieza separada del caso Villarejo. En el caso de la Fiscalía Anticorrupción, ésta deberá decidir si ha reunido suficientes indicios como para elevar una exposición razonada contra Juan Carlos I ante el Tribuna Supremo, el órgano judicial ante el que está aforado el rey emérito desde que abdicara en 2014. En ese momento, Juan Carlos I dejó de ser inviolable.

El rey de España fue informado hace un año por los abogados de Corinna Larsen de que es el segundo beneficiario de la fundación Lucum en la que Juan Carlos I ingresó la donación de Arabia Saudí su situación y entonces, según la Casa Real, acudió al notario para renunciar a la herencia de su padre, si bien expertos en Derecho Civil destacan que se trata de un simple gesto porque no se puede renunciar a las herencias en vida del dueño del dinero.

Felipe VI informó al Gobierno de los hechos después de acudir al notario, según reveló eldiario.es. Los hechos trascendieron a la opinión pública, a través de una nota de Zarzuela, 24 horas después de que The Telegraph los revelara el pasado 14 de marzo.

Después de más de setenta planes e iniciativas de paz para poner fin al conflicto en Palestina (todos ellos fracasados), la confianza en una resolución justa, global y duradera es hoy escasa, como también lo es la capacidad para inventar una vía novedosa. Sin embargo, Jared Kushner, en nombre de la Administración Trump, se empeña desde hace tiempo en anunciar que su todavía desconocido plan es distinto a cualquier otro y que, además, será definitivo. Un mensaje que Washington refuerza ahora con ocasión de la reunión económica internacional que comienza este martes en Bahréin y que, salvo un milagro, parece condenada también al fracaso.

Para llegar a ese negativo augurio basta con tomar en consideración los siguientes puntos:

Si se da por hecho que todo eso debe saberlo también Washington, la organización de la reunión en Manama solo se explica por la elevada autoestima que caracteriza tanto a Trump como a Kushner, creyendo que su habilidad negociadora es infinita y que, combinando el palo y la zanahoria, lograrán vencer todos los obstáculos. La explicación alternativa no es menos tranquilizadora: se busca escenificar un rechazo frontal palestino para así justificar, por un lado, que no hay interlocutor para la paz y, por otro, que el Israel de Netanyahu se sienta más fortalecido para dar el siguiente paso, anexionando la parte de Cisjordania que considere necesaria. En esas estamos.

“Continuaremos el camino de reforma iniciado por nuestro rey, sin permitir que nadie altere nuestra estabilidad y seguridad. No perderemos el tiempo escuchando las palabras de un alto comisionado que no tiene relevancia ni poder alguno”. Así se refería Jalid al-Jalifa, ministro de exteriores de Bahréin, al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que celebra del 13 de junio al 1 de julio su sesión número 32.

El representante afrontaba así, en Twitter, las críticas a los abusos de su gobierno que lanzaron distintos países durante la sesión inaugural del CDH. En concreto las del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Zeid Ra'ad Al-Hussein, que criticó la represión del gobierno bahreiní contra sus ciudadanos.

El último detenido ha sido Nabeel Rajab, fundador del Centro de Bahréin por los Derechos Humanos y uno de los defensores más reconocidos del país. Su detención la madrugada del 13 de junio se enmarca en el recrudecimiento de la represión que lleva a cabo la monarquía de los Jalifa contra cualquier forma de oposición a sus políticas y que ha ido en aumento desde el inicio de las protestas ciudadanas de 2011.

La detención de activistas no es la única medida que ha tomado en los últimos días la monarquía Jalifa. El martes 14 de junio el ministro de justicia anunciaba el cierre de las oficinas del principal partido de oposición, la Sociedad Nacional Musulmana Wefaq. Las autoridades congelaron todas sus cuentas y detuvieron al líder del partido, acusado de “incitar la inestabilidad del país”.

No es casual que ese recrudecimiento ocurra justo ahora, coincidiendo con la celebración del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, un organismo gubernamental que cumple este año su décimo aniversario, y del Examen Periódico Universal (EPU, o UPR por sus siglas en inglés, de Universal Periodic Review), mecanismo que examina la situación de los derechos humanos en los estados miembros de la ONU y al que se enfrenta ahora Bahréin.

Esponja de petróleo y estado policial

“A Bahréin no le importa la ONU, y quiere dejar claro ante sus ciudadanos y ante el mundo que no se regirán por lo que este tipo de organismos les marquen”, afirma el bloguero bahreiní Mohammad Hasan en entrevista telefónica con Eldiario.

Bahréin no es el único en mostrar abiertamente su desprecio al sistema de Naciones Unidas, en un contexto de creciente debilidad de la ONU y de los mecanismos de protección de derechos humanos. Según Hasan, Bahréin sólo sigue la inercia de otros países realmente relevantes, como su aliado Arabia Saudí, que en 2011 entró en Manama con tanques a apoyar a la monarquía en su represión de manifestantes.

“Arabia Saudí muestra abiertamente su desprecio por el sistema de Naciones Unidas. Dejan claro que quieren exhibir la debilidad de estos organismos y reafirmarse en sus políticas tanto domésticas como de hegemonía en la región, sin que nadie pueda detenerlos”.

Bahréin, un país de sólo 500.000 habitantes, es una pequeña esponja de petróleo que se ha convertido en un estado policial en el que la minoría de confesión suní que ostenta el poder controla y discrimina a la mayoría chií. Entre sus hitos, destaca ser pionero en establecer sistemas de control por GPS de los movimientos de sus habitantes.

Según activistas de la oposición, desde el inicio de las protestas en 2011 no han cesado de aumentar las víctimas de los choques entre la policía y los manifestantes que protestaban contra el aumento de la represión contra la mayoría chiíta. Según el gobierno, “es Irán, en su intento de avanzar su hegemonía chiíta en la región, quien está detrás de la desestabilización del país”.

“Las tensiones en Bahréin no vienen dadas porque no sepamos convivir entre suníes y chiíes”, señalaba en entrevista con Eldiario la periodista Reem Khalifa. “Vienen dadas por la discriminación institucionalizada por parte de un grupo de población en el poder contra otros, llegando incluso a quitarles la nacionalidad, a dejarlos apátridas. De hecho, mi país es el país del Golfo con la mayor diversidad religiosa y la convivencia siempre ha sido ejemplar.”

Sin mecanismos de protección de civiles

La represión de gobiernos como el de Arabia Saudí, Bahréin, y de tantos otros de la región como los de Israel, Siria o Egipto contra la población civil en general y los defensores de derechos humanos en particular, también mencionados en el marco del CDH, pone de manifiesto el aumento de la impunidad y la práctica inexistencia de los mecanismos de protección de civiles.

“Las menciones en el Consejo y los procesos de Examen Periódico Universal son importantes, pero lo cierto es que no hay verdaderas medidas de control de los abusos de gobiernos como el de Bahréin”, señala Hasan. “Si esta represión ocurriese en otros países, veríamos sanciones de todo tipo. Con Bahréin y Arabia Saudí, como aliados ricos de occidente, no veremos más que retórica. Del mismo modo que hay empresas que generan tantos beneficios que se vuelven intocables, hay países que generan tantos intereses que se vuelven, también, intocables.”

El Gobierno británico ha sido acusado de promover una ofensiva confidencial con la intención de neutralizar en las críticas en la ONU a Bahréin por su historial de derechos humanos, incluido el uso de la tortura por sus fuerzas de seguridad. Documentos a los que ha tenido acceso The Observr demuestran que las críticas de la ONU al Estado del Golfo quedaron sustancialmente rebajadas por las presiones del Reino Unido y Arabia Saudí, un importante comprador de armas británicas y tecnología militar.

El resultado fue una victoria para Bahréin y Arabia Saudí, que envió tropas a Bahréin para acabar con las protestas durante la Primavera Árabe.

El papel británico ha causado preocupación en los grupos de derechos humanos. Según la ONG Reprieve, dos presos políticos en Bahréin podrían ser ejecutados muy pronto y varios más están siendo juzgados, fundamentalmente a causa de confesiones obtenidas bajo tortura.

La situación del reino fue puesta bajo vigilancia en septiembre, cuando el consejo de derechos humanos de la ONU se reunió para hacer pública una declaración que mostrara su preocupación ante esos posibles abusos. Antes de la reunión, el Reino Unido tuvo reuniones con representantes de un alto número de Estados miembro de la ONU, así como diplomáticos de Oriente Medio, representantes del departamento del comisionados de la ONU para los derechos humanos y grupos internacionales de activistas.

Según una fuente que conoce estas gestiones, Londres buscaba convencer a otros estados de que “la situación estaba mejorando” en Bahréin y les disuadió de la intención de difundir un comunicado de condena que pudiera perjudicar la reputación internacional del reino. Habitualmente, los comunicados de la ONU son redactados por Suiza y luego firmados por otros Estados miembro, que en esta ocasión quedaron convencidos por la información facilitada por británicos y saudíes.

El borrador original fue rebajado, según fuentes que conocían su contenido. “El primer borrador contenía muchas más partes condenatorias que el resultado final”, dijo una fuente. “Londres se ocupó de rebajar el contenido del texto”.

La comparación del segundo y del tercer y último borrador del texto hecho público el 14 de septiembre, y al que ha tenido acceso The Observer, muestra cambios significativos hechos para eliminar referencias críticas a Bahréin y sus fuerzas de seguridad. “Estamos preocupados por las informaciones sobre el uso excesivo de la fuerza por la policía antidisturbios”, decía el segundo borrador. Eso se cambió con este resultado: “Estamos preocupados por que no se haya rendido cuentas sobre las violaciones de derechos humanos”.

En otra parte clave del segundo borrador se decía: “Estamos preocupados por las denuncias de torturas y malos tratos a detenidos, incluidas represalias contra las víctimas que denuncian abusos”. Tras el cambio, se leía: “”Estamos preocupados por las informaciones sobre represalias contra las víctimas que denuncian abusos“.

“Es muy poco habitual que los estados inicien una ofensiva propagandística para apoyar a sus aliados en el consejo de derechos humanos”, dice Nicolas Agostini, representante de la Federación Internacional de Derechos Humanos ante la ONU. Lo que vimos en septiembre fue un intento británico de proteger a Bahréin de cualquier tipo de vigilancia internacional. Al mismo tiempo que Londres hacía campaña en favor del Gobierno de Bahréin, Arabia Saudí movilizaba a sus diplomáticos para presionar con el fin de que no apoyaran la declaración sobre Bahréin, que es muy sensible a la presión internacional y se preocupa por su imagen exterior. En ese sentido, conseguir una declaración conjunta sobre Bahréin era muy importante, a pesar de los esfuerzos británicos y saudíes para que no ocurriera“.

Maya Foa, directora del equipo de pena de muerte de Reprieve, dice que son muy preocupantes las denuncias sobre el intento británico de rebajar las críticas a Bahréin en la ONU: “Es correcto que el Gobierno británico trabaje para mejorar el historial de derechos humanos de otros países. Pero su trabajo con Bahréin parece haber superado lo aceptable”. “Esta conducta es especialmente preocupante a la luz de la posible reanudación de las ejecuciones en Bahréin y la importancia de las confesiones obtenidas bajo tortura en las sentencias a la pena de muerte en los tribunales del país”.

“Como en todas las negociaciones”, dijo un portavoz del Foreign Office, “debe conseguirse un equilibrio entre el contenido de una declaración y asegurarse de que reciba el mayor apoyo en la comunidad internacional. No nos contenemos a la hora de presentar nuestra preocupación sobre asuntos importantes, incluidos los derechos humanos, ante las autoridades de Bahréin”.

Los contribuyentes británicos están pagando millones para financiar una oficina policial de derechos humanos en Bahréin que no ha investigado las acusaciones de tortura en el caso de un hombre condenado a muerte. La oficina recibe la financiación como parte de un paquete de 2,1 millones de libras (unos 2,7 millones de euros) para mejorar el sistema de justicia penal en el país del Golfo, aliado clave de Reino Unido. “Animamos a todos los que tienen quejas sobre cómo son tratados en las detenciones a informar directamente a la oficina de derechos humanos”, manifestó el mes pasado el viceministro británico de Exteriores, Tobias Ellwood, en el Parlamento.

A pesar de la queja formal presentada por la familia de Mohamed Ramadán, vigilante aeroportuario de 32 años, la oficina no ha investigado su caso. La mujer de Ramadán, Zaynab Ebrahim, ha pedido a las autoridades británicas que utilicen su influencia para detener su ejecución y pedir un nuevo juicio. Ebrahim relata que “le ataron las manos por detrás y le golpearon con fuerza, con cables, puñetazos y patadas, de una forma constante para forzar su confesión”.

“(Los carceleros) también lo colocaron en una sala muy fría sin dejarle sentarse. Cada vez que intentaba sentarse le pegaban y le humillaban. Cuando les dijo que no puede aguantar mucho tiempo de pie por un problema de espalda, empezaron a presionarle más”, cuenta su mujer. Asegura que su procesamiento fue “una venganza contra él por sus actividades políticas y sociales pacíficas”.

Ramadán asegura que le tuvieron en aislamiento y le golpearon alrededor de los genitales, donde había sido operado. El antiguo vigilante de seguridad fue detenido –presuntamente sin orden judicial– en febrero de 2014. Después fue condenado por participar en un atentado que mató a un policía.

Ramadán no confesó bajo tortura, pero el tribunal aceptó la confesión de otro acusado, Husain Musa, que también fue sentenciado a muerte. Se dice que fue golpeado hasta que inculpó a otras personas. La sentencia de muerte de Ramadán fue ratificada el pasado noviembre por el tribunal de apelación de más alto rango en Bahréin. Las acusaciones de tortura parecen haber sido ignoradas por las autoridades del país.

El mes pasado, Human Rights Watch (HRW) manifestó que las acusaciones creíbles de tortura y maltrato a los detenidos en Bahréin ponen en cuestión las afirmaciones de que su sistema de justicia penal está mejorando. La organización afirmó que las nuevas instituciones no son más que “falsas reformas” y cuestionó cómo el Gobierno de Bahréin y Reino Unido pueden decir que están “protegiendo efectivamente a los detenidos de abusos durante los interrogatorios”.

El portavoz de Justicia del Partido Laborista, Andy Slaughter, cuyas campañas obligaron al Gobierno a dar un giro de 180 grados sobre la financiación británica de las reformas de prisiones saudíes, lamenta que “una vez más, vemos al Gobierno británico proporcionando ayuda y apoyo a un régimen con un historial abominable de derechos humanos”. “Las autoridades de Bahréin están acusadas de abusos del procedimiento legal, que incluyen confesiones forzadas y empleo de la tortura en el caso de Mohamed Ramadán y en muchos otros”, recuerda.

Bahréin proporciona a Reino Unido una base naval, su primera al este del canal de Suez desde 1971.

La semana pasada, el Parlamento Europeo aprobó una resolución que pide al rey de Bahréin, Hamad bin Isa Al Khalifa, que conceda el perdón real a Ramadán. Las autoridades del país afirman que no hay ningún registro de quejas ante la oficina de derechos humanos y que todas las acusaciones de “maltrato y tortura para extraer confesiones son falsas imputaciones del acusado, su familia y su representante legal”.

“Instituciones defectuosas, financiadas por los contribuyentes británicos”

Sayed Ahmed Alwadaei, directivo del Instituto de Bahréin para los Derechos y la Democracia, que trabaja con víctimas de violaciones de derechos humanos, señala que han pillado al país del Golfo utilizando “organismos defectuosos, financiados por los contribuyentes británicos, para intentar bloquear una resolución del Parlamento Europeo que condena la tortura y que pide la conmutación de la sentencia de muerte de una víctima de tortura. Reino Unido ha elogiado la oficina de derechos humanos a menudo en el pasado, y será una prueba de sus valores en ese ámbito si sigue haciendo lo mismo después de la defensa que ha hecho la oficina de la injusta sentencia de Mohamed Ramadán”.

El Gobierno se ha mostrado firme en su desmentido de las acusaciones de Ramadán. En agosto de 2014, cuando cinco expertos de derechos humanos de la ONU presentaron el caso del presunto maltrato a Ramadán, Bahréin les aseguró que las acusaciones no tenían “ni un ápice de verdad”. Hasta el momento, han impedido al relator especial de la ONU sobre la tortura que visite el país.

Desde la dura represión del Gobierno bahreiní a las protestas de la Primavera Árabe en 2011, las organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por el uso de la violencia y de la tortura por parte de los servicios de seguridad del país. También hay una división sectaria, con la familia real de los Al Khalifa, que pertenece a la rama suní del islam, gobernando un país de mayoría chií.

“Reino Unido se opone a la pena de muerte en cualquier circunstancia”, declara un portavoz del Ministerio británico de Exteriores. “Estamos preocupados por cualquier sentencia de muerte y seguiremos expresando nuestra oposición en público y en privado. Nuestro apoyo al programa de reformas de Bahréin es la manera más constructiva de conseguir un cambio”.

Una asesora del Gobierno bahreiní que no quiere ser identificada confirma que la oficina de derechos humanos ha investigado quejas relacionadas con el caso en al menos dos ocasiones, pero dice que “los datos registrados disponibles indican que las denuncias no estaban relacionadas con ninguna acusación de tortura o de abuso de ningún tipo”. “La unidad especial de investigación creada para investigar acusaciones de tortura o de cualquier mala conducta cometida por las fuerzas de seguridad no ha recibido hasta la fecha ninguna queja relacionada con este caso en concreto”, añade.

El parlamentario chií Nasser Al Qaseer opina que la resolución del Parlamento Europeo “es una interferencia en una decisión de una institución judicial independiente”. También la considera “una intromisión vergonzosa en los asuntos interiores de un país soberano e independiente”.

Traducido por: Jaime Sevilla

Reem Khalifa, cofundadora de Al-Wasat, considerado el único medio independiente de Bahréin, se inquieta cuando la presentan como activista. Insiste, durante la presentación del libro ¿Qué queda de las revueltas árabes?, y también durante la entrevista en un bar cercano a Casa Árabe, en que es periodista. Una labor, dice, peligrosa y muy importante en el contexto cada vez más polarizado de su país y en el resto de la región.

El periódico del que es cofundadora, Al-Wasat, ha sufrido constantes ataques desde 2011, por su cobertura de las movilizaciones populares en Bahréin. ¿Cómo trabaja una periodista en un entorno tan hostil?

Es muy duro, pero no sólo en Bahréin, sino en toda la región. Siria, sin ir más lejos, se describe como “un cementerio de periodistas”. Todo está controlado por las instituciones, los monopolios políticos y económicos, y el riesgo de dar una información rigurosa, sin una agenda partidista detrás, es muy alto. Al mismo tiempo ocurren tantas cosas que es cada vez más importante contar lo que ocurre en esta zona del mundo.

Otra de las dificultades, aparte de la censura, son los tabúes tan extendidos en nuestras sociedades. Tabúes religiosos, políticos... No estamos acostumbrados a expresarnos libremente, hay mucha desconfianza, mucha paranoia, y eso incluye a los periodistas. Décadas de autoritarismos, de falta de libertad de expresión y de prensa, nos han acostumbrado a que las cosas son blancas o negras, y es mejor no desarrollar un pensamiento matizado y crítico, no salirse de ese guión.

¿Cómo ha cambiado Bahréin desde 2011? ¿Qué queda de las revueltas?

El año 2011 supuso un antes y un después. Entramos en una nueva fase, se empezó a hablar de derechos civiles, que siempre han estado ahí pero no de un modo tan explícito, toda esa resistencia sigue ahí. En Bahréin hay desde hace décadas un movimiento izquierdista muy arraigado, mucha conciencia de resistencia social, con unos sindicatos muy fuertes. Los sindicatos han sido clave, junto con la movilización de los jóvenes y de las mujeres.

De hecho, Bahréin tiene el sindicato más antiguo del Golfo, y Túnez el más antiguo de toda la región. Y fíjate, Túnez fue el primer país en alzarse para reclamar sus derechos en 2011, luego Egipto, y el tercero fue Bahréin, aunque a muchos se les olvide. Bahréin es el gran olvidado, y cuando se cubre se suele hacer en términos sectarios.

Suele plantearse como un enfrentamiento entre suníes y chiíes.

Sí, es terrible que se plantee así, cuando en Bahréin, igual que en el resto de países de la región, uno de los lemas que más se repetía era “Todos somos humanos”. Se trata de movimientos por los derechos civiles. La libertad, la justicia, la igualdad de derechos, estaban en el centro de las reivindicaciones ciudadanas en 2011, y lo siguen estando, aunque las grandes potencias utilicen a nuestras sociedades para librar sus luchas geoestratégicas.

En esa resistencia, los jóvenes han sido clave, porque son ellos quienes sueñan con un futuro diferente y salieron a reclamarlo. También las mujeres, que trabajan mano a mano con los hombres por los derechos de todos. Algo muy característico de Bahréin es el alto porcentaje de mujeres con una educación superior, mi país está a la cabeza en este ámbito desde 1928.

Las tensiones en Bahréin no vienen dadas porque no sepamos convivir entre suníes y chiíes, vienen dadas por la discriminación institucionalizada por parte de un grupo de población en el poder contra otros, llegando incluso a quitarles la nacionalidad, a dejarlos apátridas. De hecho, mi país es el país del Golfo con la mayor diversidad religiosa y la convivencia siempre ha sido ejemplar.

Bahréin es una isla acostumbrada a la llegada continua de gente, iraníes, indios... comerciantes y visitantes de todo el mundo. En Bahréin hay también población judía, bahaí, hindú... y todos esos grupos participan en las tradiciones y celebraciones bahreiníes. Yo creo en el pluralismo, en que todos tengamos los mismos derechos y se respeten todas las voces por encima de las diferencias.

¿Qué mensaje enviaría a los españoles interesados por su libro?

Les diría que las penurias que sufren los árabes no está lejos de las que sufren las poblaciones de España, Portugal, los países del sur del Mediterráneo. Compartimos sueños, valores, experiencias de opresión y de resistencia. Que no se limiten a ver las luchas en Oriente Medio como luchas por el petróleo, que comprendan que, igual que los españoles en 2011, los bahreiníes y la ciudadanía de los países vecinos reclaman dignidad, justicia, derechos humanos.

Y que si entre todos no presionamos a Europa para que apoye los procesos democráticos y los derechos humanos dentro y fuera de sus fronteras, seguiremos viendo más sufrimiento, más gente huyendo, más refugiados. Seguiremos viendo el aumento del autoritarismo, de la represión y de la impunidad, y eso nos afecta a todos, en el sur y en el norte.

Mientras tanto en Ginebra, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas trabajaba arduamente examinando la situación de Bahrein, el país de origen del señor Al-Buainain. Son treinta y tres los países que, liderados por Suiza, presentaron una declaración condenando las violaciones a los derechos humanos cometidas en dicho país del Golfo Pérsico. Ahí, hombres y mujeres son encarcelados sólo por ejercer su derecho a la libre opinión y asociación, además de enfrentar abusos y torturas durante su detención.

Hubiera sido suficiente con que alguno de los representantes de los treinta y tres Estados hubiera viajado unas horas en tren para entregar personalmente su declaración al señor Al-Buainain, fiscal general de Bahrein y como tal uno de los principales responsables de que estos crímenes continúen cometiéndose. Pero hasta el día de hoy, este hombre tan honorable no ha tenido que enfrentarse a ninguna reacción negativa por parte de sus colegas.

Por si fuera poco, despues de que hace dos años un grupo de defensores de los derechos humanos en Irlanda intentara que la IAP expulsara a Al-Buainain, esta asociación no sólo no hizo nada, sino que incluso la semana pasada le eligió como vicepresidente de su comité ejecutivo.

Al igual que muchos países europeos, Suiza ha firmado la Convención contra la Tortura de la ONU, la cual obliga a dicho país a iniciar procedimientos penales en los casos de tortura, incluso si son cometidos en el extranjero, toda vez que el sospechoso se encuentre en territorio suizo.

Por eso, mi organización -el ECCHR-, junto con otras organizaciones de derechos humanos suizas, bahreiníes y británicas, hemos presentado una querella criminal alertando a las autoridades suizas sobre las acusaciones que pesan sobre Al-Buainain. La denuncia se centra principalmente en la historia del sobreviviente y torturado Jaafar Al-Hasabi, natural de Bahrein con ciudadanía británica, quien tras ser detenido en el año 2010 permaneció incomunicado y fue sometido a diversos métodos de tortura, incluyendo golpes de electricidad.

La tortura es uno de los crímenes más graves según nuestras legislaciones, pero los fiscales suizos, al igual que muchos otros, aún tienen problemas para lidiar con sospechosos como Al-Buainain. Si estuviéramos ante un líder del narcotráfico, las autoridades suizas lo habrían arrestado apenas pisara territorio nacional, aun cuando se tratara de una persona de menor notoriedad pública que el fiscal de Bahrein. Y la razón estaría clara: se trataría de alguien que cumple un rol clave en una organización criminal. Pero a pesar de que hace años existe información fidedigna sobre las prácticas de tortura en Bahrein, pareciera que aplicar este mismo criterio a las esferas estatales es todavía un salto demasiado grande, especialmente cuando se trata de un Estado aliado y económicamente poderoso.

Las autoridades judiciales suizas tuvieron tiempo suficiente para iniciar acciones. Al dejar salir a Ali Bin Fadhul del país, dejaron escapar una oportunidad única de atender a la petición hecha por representantes de Suiza y otros treinta y dos países: llevar a la justicia a quienes torturan o a quienes aún permiten que se siga torturando en Bahrein.

“Mi nombre es el número 49 en esa lista, así que ahora soy oficialmente un sin país. Ni siquiera sé lo que significa”. Era la primera reacción de Ali Abdulemam, bloguero y activista por los derechos humanos, al conocer la lista de las 72 personas a las que el gobierno de Bahréin ha decidido revocar la nacionalidad. Una decisión que se anunciaba en la página del Ministerio de Interior el 31 de enero.

“El Ministerio es responsable de proteger la seguridad y estabilidad de Bahréin. Parte de esa responsabilidad es la lucha contra el terrorismo e identificar a quienes participan en esos actos”, señala la página, que a continuación ofrece la lista de personas afectadas.

Las acusaciones incluyen espionaje y reclutamiento de personas a través de redes sociales, financiación de grupos terroristas, y difamación de la imagen del régimen o de los de países hermanos. Según el documento, de hecho, la difamación contra la monarquía se coloca al mismo nivel que la lucha contra el contrabando de armas y milicianos embarcados en conflictos en países vecinos.

“Muchas de las personas en la lista son activistas pacíficos”, afirmaba Ali Abdulemam en una entrevista con eldiario.es. “La mayoría están ya fuera del país, pero algunos todavía viven en Bahréin. Para esos, la medida supone convertirse en indocumentados. No podrán moverse, viajar, controlar sus propiedades, perderán derecho a la seguridad social, a abrir una cuenta bancaria, comprar medicinas y casarse, entre otras cosas”, enumera el activista.

Un mensaje claro

El mensaje es claro no sólo para los 72 nombres de la lista, activistas conocidos por su implicación en las protestas contra la monarquía de los Jalifa, aliada estratégica de la monarquía saudí en la región. Es también disuasorio para quienes planeen actividades de cualquier tipo que pongan en cuestión al régimen en el país, y en los países vecinos.

Bahréin es el último país en sumarse a una medida que ya se ha llevado a cabo en otros países del Golfo, como Emiratos Árabes Unidos, que en 2011 revocó la nacionalidad a siete miembros del grupo islamista Al-Islah.

En Egipto, bajo el gobierno del general Sisi, que en los últimos meses ha recrudecido la persecución de toda forma de disidencia, se experimenta también con la nacionalidad como arma arrojadiza. El decreto presidencial aprobado en diciembre, en plena polémica por la condena de tres periodistas de Al Jazeera a siete años de prisión, empuja a personas de doble nacionalidad como Mohammed Fahmy a renunciar a la nacionalidad egipcia.

Respecto a la reacción internacional, no parece que estas últimas medidas vayan a alterar el funcionamiento de las relaciones estratégicas de Bahréin, Egipto, y otros países de la región con el resto del mundo. La acogida de la Conferencia de Desarrollo Económico que prepara Sisi para impulsar su gobierno, y la ausencia de condenas internacionales a Bahréin indican lo contrario. El propio secretario de Asuntos Exteriores británico alababa en enero la implementación de “reformas significativas” en Bahréin, días después de que Reino Unido firmase el establecimiento de una base militar permanente en el país.

El nombre de los Khawaja se ha convertido en sinónimo de resistencia, tanto en Bahréin como en el resto de la región. Abudlhadi al-Khawaja, fundador del Centro por los Derechos Humanos de Bahréin y una figura clave del levantamiento popular de 2011, fue condenado en junio de ese año a cadena perpetua por “incitar a la violencia”, tras décadas de activismo contra la corrupción, la discriminación y la represión de la población por parte de la monarquía de los Jalifa.

Su hija Zeinab ha seguido su ejemplo, plantando cara a las autoridades en protesta por la detención de su padre y su esposo, y la del resto de activistas por los derechos humanos en el país. Detenida de nuevo en octubre de 2014, en el octavo mes de su segundo embarazo, declaró, tras romper públicamente una foto del Rey, Hamad bin Isa Al Jalifa: “Soy la hija de un hombre libre. Mi madre me trajo a este mundo libre, y daré a luz a un bebé libre, aunque sea dentro de nuestras cárceles”.

Maryam Al Khawaja, codirectora del Centro por los Derechos Humanos del Golfo, es hija de Abdulhadi Al Khawaja y hermana de Zeinab. El parecido con ambos es innegable, tanto en los rasgos y en la expresión de sus grandes ojos negros como en su determinación. Tras la detención de Zeinab, Maryam se fotografió rompiendo una foto del monarca y la publicó en su cuenta de Twitter en solidaridad con su hermana y con todos los prisioneros de conciencia. Lamenta que las protestas de Bahréin no hayan tenido la repercusión internacional que las revueltas de otros países. “Creo que tiene mucho que ver con el papel de Bahréin y sus alianzas”, explica. Hace casi dos meses conocimos un nuevo acuerdo con el Gobierno de España para la importación y exportación de armas con su país.

¿Qué pedían los manifestantes en febrero de 2011 y qué piden hoy?

Aunque la población chií ha sido discriminada durante décadas, las proclamas en 2011 no consistían en reclamar más derechos para los chiíes. Se pedía que el rey –Hamad bin Isa Al Jalifa– cumpliese sus promesas. Cuando las autoridades dispararon contra manifestantes desarmados, comenzamos a pedir que fuese derrocado. En las calles había gente de todas las confesiones y de todas las comunidades. Hoy la demanda principal sigue siendo la misma: el derecho a la autodeterminación, que es universal, el de los pueblos de poder elegir a sus representantes.

¿Cree que las reivindicaciones bahreiníes no han sido presentadas así internacionalmente?

En absoluto. Por un lado, se destaca siempre el papel de Irán, como si la población de Bahréin no pudiese reaccionar por sí sola a las injusticias que sufre, como si estuviésemos al servicio de la agenda de Irán. Y, curiosamente, no se suele hablar del papel de Arabia Saudí, que ha sido clave en al apoyo a la monarquía de los Jalifa. En 2011, cientos de saudíes entraron en Bahréin para reprimir las manifestaciones, y eso apenas ha tenido eco.

Además, los medios internacionales plantean todo lo que ocurre en el país en base a filtros sectarios. Parecen incapaces de hablar de Bahréin, o de la región en general, sin etiquetar a la gente como sunnita o chiíta. Incluso a mí me etiquetan como “activista chiíta”, cosa que detesto, en vez de activista por los derechos humanos. Etiquetar a los manifestantes como chiíes o suníes ha afectado al contenido de las protestas, avivando un sectarismo que no existía en las manifestaciones iniciales. Una profecía autocumplida que los gobiernos de la región promueven, desde Bahréin hasta Siria.

Pero es cierto que la discriminación de los chiíes por parte de la monarquía de los Jalifa es un aspecto clave de las protestas.

Desde luego, pero no es una cuestión sectaria, sino de derechos humanos. En 2011, en reacción a las protestas, se despidió a cientos de personas de sus puestos de trabajo, se demolieron decenas de mezquitas chiítas, algunas históricas y patrimonio del país. La represión fue sectaria para contribuir a crear un discurso sectario. Se enviaba un mensaje claro a la minoría suní: “O estás con nosotros o con ellos”. Uno de los hijos del monarca llegó a decir: “Esta es una isla, no hay adónde huir, así que o estás con nosotros o te hundirás”.

Documentos filtrados sobre Bahréin demuestran que el gobierno lleva años creando células sectarias para aumentar las divisiones en el país. La unión del pueblo bahreiní contra el gobierno es un peligro para la monarquía, así que se fomenta la división. Divide y vencerás, es la estrategia consistente en la región, como lo vemos también por parte del régimen de Asad en Siria. Por desgracia, funciona.

¿Cómo se ha mantenido esta estructura de privilegiados y desfavorecidos durante años, con un porcentaje tan pequeño de la población imponiéndose sobre el resto?

Mediante una estrategia de segregación que ha ido en aumento. Últimamente se han puesto barreras entre ciudades, aislándolas para que suníes y chiíes no se comuniquen. Además, hay leyes no escritas que impiden el acceso de la mayoría a ciertos puestos de trabajo. Por llamarte Mehdi (nombre que se asocia con la confesión chií), por ejemplo, será difícil que te contraten para ciertos puestos. Es algo muy maquinado que se reforzó en 2011 para contrarrestar las protestas.

Al mismo tiempo, ha habido un proceso de naturalización con el objetivo de cambiar la distribución demográfica. Algo que pocos saben de Bahréin es que la mayor parte de miembros de la Policía y el Ejército del país no es bahreiní. En los últimos años, se ha otorgado la nacionalidad bahreiní a personas de confesión suní procedentes de países como Pakistán, Yemen, Jordania, Irak... a los que se les entrega la ciudadanía, un trabajo en el Ejército o la Policía, casa y coche al llegar al país. Sólo a suníes.

Así se busca que los chiíes se conviertan gradualmente en minoría. Además de cambiar la demografía del país, esto crea una brecha entre las autoridades y los manifestantes, que ni siquiera pueden comunicarse. Coreamos “selmia” (no violencia) en las protestas, y el policía que nos dispara no entiende lo que decimos.

En estos momentos está implicada en una campaña de concienciación por los detenidos en Bahréin. ¿Cree que lograrán avivar la solidaridad internacional?

Intentamos que estos abusos sean visibles para que no queden impunes. Las protestas de Bahréin no han tenido el eco que han recibido las de otros países. Creo que tiene mucho que ver con el papel de Bahréin y sus alianzas. No tanto por el petróleo como por pertenecer al Consejo de Cooperación del Golfo, junto con Catar, Arabia Saudí, etc. Esto lo coloca en un lugar económico y geoestratégico que ha hecho que muchas potencias se guarden sus críticas y ha acallado la solidaridad internacional.

¿Cree que liberarán pronto a Zeinab?

Espero que sí, y a mi padre. Quiero verlos, y también a Nabeel Rajab (director del Centro de Bahréin por los Derechos Humanos), y al resto de prisioneros políticos. Pero su liberación no es el único objetivo. Zeinab puede ser liberada mañana pero no hay garantías de que no vuelva a ser arrestada, como todos los demás. Lo que queremos es cambiar la estructura que permite estas detenciones, esta impunidad. En Bahréin hay que cambiar el sistema y poner en su lugar uno en el que se respete a las personas, y los derechos humanos.

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un acuerdo entre los gobiernos de España y Bahréin sobre “cooperación en el ámbito de la defensa” que permitirá la importación en un país caracterizado por falta de libertad de manifestación y la tortura ejercida sobre la disidencia, según denuncias de organizaciones internacionales como Amnistía España.

Según describe el Gobierno, el establecimiento de la “colaboración” entre ambos países “facilitará los intercambios comerciales de carácter bilateral, y favorecerá la presencia de la industria española de defensa en la región del Golfo Pérsico”. Además, asegura que, gracas al acuerdo, se cooperará en materia de “formación, la industria de la defensa, la importación y exportación de armamento, y las operaciones humanitarias y de mantenimiento de la paz”.

“El acuerdo tiene por objeto un amplio número de materias relativas a la defensa, cuyo posterior desarrollo y profundización podrá llevarse a cabo mediante la celebración de protocolos o acuerdos de carácter técnico o administrativo”, ha explicado el Gobierno español.

No ha efectuado referencia alguna, sin embargo, a las denuncias de organizaciones de derechos humanos sobre el recrudecimiento de la represión contra manifestantes y activistas. Desde febrero de 2011, miles de Bahréiníes se manifiestas contra el gobierno para pedir más reformas políticas. Decenas de manifestantes pacíficos han perdido la vida como consecuencia del uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad y el ejército Bahréiníes, según Amnistía Internacional. Además, cientos de personas han sido detenidas y muchas de ellas han sufrido tortura.

Una de las últimas polémicas se remonta a mediados de agosto con la detención de la destacada activista Mariam al Jawaya, uno de los rostros más visibles de las reivindicaciones de igualdad en Bahréin, a su llegada al aeropuerto de Manama.

Acudía al país para visitar a su padre, el disidente Abdulhadi Al Jawaya, condenado a cadena perpetua junto a otros 12 líderes de la oposición gubernamental, encausados por su participación en las protestas de 2011, durante la primavera árabe. Amnistía Internacional considera a todos ellos presos de conciencia. Durante su periodo de detención, ha sido sometido a torturas físicas y psicológicas, y ha tenido que ser operado de urgencia después de que los agentes le rompieran la mandíbula, según denuncias las organizaciones internacionales. Abdul-Hadi Al-Khawaja permaneció 110 días en huelga de hambre en protesta contra la discriminación que sufre en el país la mayoría de la población.

La familia Al-Khawaja es conocida en Bahréin por su activismo pro-democracia desde hace más de una década. En represalia por su activismo, distintos miembros de su familia han sufrido acoso, detención y tortura. Dos de sus yernos fueron detenidos y sometidos a graves torturas, su mujer, Khadija al-Mousawi, fue despedida de su trabajo, a su hija Batool se le ha denegado el permiso de trabajo en el sector médico y su hija Zainab Al-Khawaja, además de la última detención, fue arrestada en varias ocasiones, golpeada y recibió un disparo en la pierna.

En julio de 2013 Bahréin dio un paso más en la represión de la expresión ciudadana, añadiendo una serie de cambios a la Ley de Protección frente a Actos de Terrorismo. Entre las reformas están el aumento de los periodos de detención y la posibilidad de revocar la ciudadanía a cualquiera que se considere culpable “de incitar al terrorismo”. Además, proporcionan el marco legal para prohibir sentadas, marchas y reuniones en la capital, Manama. Ante estas restricciones, se ha manifestado el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que publicó el 6 de agosto un llamamiento al Gobierno de Bahréin instándole a respetar el derecho de libertad de expresión y asociación.

A través de estas reforma, el Gobierno ha justificado el recrudecimiento de la represión contra manifestantes y activistas. Una represión que va en aumento en el Gobierno de los al-Khalifa, conocido por la detención y tortura sistemática sobre los disidentes más destacados.

Imaginen la escena. Un político visita a otro político para presentarle a un empresario de su pueblo que aspira a contratos en el pueblo del político anfitrión. A esto lo conocemos como situación resbaladiza en la que sus protagonistas corren el peligro de caer en la sección de villanos de los periódicos. Imaginen ahora que el primer político es un rey español y el segundo, un rey árabe. A esto lo conocemos como diplomacia internacional en el Golfo Pérsico.

Esta semana el rey Juan Carlos acompañado de tres ministros está de viaje oficial en Baréin y Omán. A mediados de abril el rey encabezó otra delegación de un nutrido grupo de empresarios españoles a Emiratos Árabes Unidos y Kuwait. Mandatarios árabes y empresarios españoles se dedicaron a conocerse . Al parecer, ellos no se conocían pero el rey los conoce a todos. Fuentes diplomáticas aseguraron que el objetivo del viaje del rey era intentar dar un “empujón final” a los proyectos a los que optan varias compañías españolas (por cierto, esas fuentes diplomáticas deberían saber que poner en una misma frase 'rey' y 'empujón final' no es muy decoroso que se diga).

Una de las reglas de la diplomacia internacional sostiene que a la hora de entablar relaciones comerciales, y en nombre del pragmatismo, es poco aconsejable entrometerse en el sistema político del apetitoso país que se ambiciona. Y en el Golfo Pérsico no es que estén sobrados de democracia: entre los países de la tournée del rey hay varias monarquías absolutistas, emiratos y sultanatos hereditarios o constituciones que permiten elegir a algunos representantes. Y muchas denuncias por vulneraciones de los derechos humanos.

Cuantas menos preguntas, mejor.

Pero España, siempre dada a los excesos, en vez de limitarse a mirar a otro lado como hacen los demás, ha llevado, en ocasiones, esta regla no escrita a su máxima expresión, a aplaudir con alborozo los regímenes árabes más detestables. A entusiasmo no nos gana nadie. A vergüenza ajena tampoco.

Sin entrar en aspectos personales (¿cómo es posible que el rey tenga tantos amigos íntimos que son capaces de encarcelar a gente por hacer públicas sus críticas?) parece conveniente preguntarse si todo vale en la voraz carrera por cazar contratos. O siendo mucho menos exigente: ¿Por qué apenas se ha hablado de la represión que ejercen los países del Golfo Pérsico a los que abrimos la puerta del coche y encendemos cigarrillos con sonrisa bobalicona? ¿Es inevitable un velo de dólares que nos tape los ojos? ¿Se puede interceder para mejorar la vida en esos países y no sólo para que nuestras empresas hagan su agosto en las rebajas del desierto?

¿Por qué no se habla de la contradicción de la Casa Real en mandar al príncipe a celebrar la Constitución de quienes expulsaron a un dictador en Túnez y poco después enviar al rey a propiciar negocios con quienes han reprimido a sangre y fuego las mismas revueltas en Baréin?

Tras Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Omán y Baréin, la excursión por la península arábiga recalará en mayo en Arabia Saudí, y más adelante en Catar. Una gira que ni los Rolling Stones, y con mucho dinero en juego: en el Golfo Pérsico se construye como cuando las playas en España dejaban de ser vírgenes. Y la mano de obra está de saldo. A las constructoras españolas se les ha puesto cuerpo de perro de Pavlov.

Pero, ¿con quién estamos haciendo negocios?

Las mujeres en Arabia Saudí

Las mujeres en Arabia SaudíComo el rey de la canción de Celtas Cortos –que tenía tres hijas, las metió en tres botijas y las tapo con pez– Abdalá, el rey de Arabia Saudí, ha escrito su propio relato medieval y tiene encerradas en palacio a cuatro de sus hijas desde 2001. La madre de las princesas recluidas –Sahar, Hala, Maha y Jawaher– cree que es un castigo del rey, despechado porque ella no regresó al hogar cuando el monarca se lo pidió. Sahar, con la que ha hablado la periodista Ángeles Espinosa, cuenta que el infierno se desencadenó cuando su hermana Hala descubrió que ingresaban a presos políticos en el área de psiquiatría del Hospital Militar, “donde les administraban alucinógenos”.

Las princesas no pueden abandonar el palacio más que para comprar algunos alimentos cada dos meses. Viven en unas instalaciones destartaladas del palacio de Al Murjan, en Yeddah. Cocinan su propia comida y limpian la casa. Maha y Hala podrían sufrir graves problemas de salud. Es lo más parecido a una prisión de alta seguridad para los miembros de una familia real criada en el lujo y los petrodólares.

Según los ancestrales códigos que rigen las monarquías de todo el mundo, lo que ocurre dentro de palacio, se queda dentro de palacio, salvo que la prensa ponga sobre aviso, pero ni siquiera en este caso ha servido para algo. La madre y las hijas denunciaron el encierro en la prensa británica el pasado mes de marzo y su situación no ha variado.

Nuestros queridos amigos de Arabia Saudí han permitido que las mujeres voten pero, todavía hoy, no pueden estudiar o trabajar sin el permiso de sus maridos, padres o hermanos. No pueden operarse de urgencia sin la aprobación de un hombre. Ni conducir. “Si una mujer comete un crimen y al terminar su sentencia su guardián legal no se presenta a recogerla, ésta es inmediatamente conducida a un centro de detención semejante a la misma cárcel”, denuncia Aziza Yousef, activista de derechos humanos.

Arabia Saudí es uno de los principales exportadores de petróleo del mundo y un estado policial alimentado por los arrumacos de la sociedad internacional. España es uno de sus principales agentes de peloteo. El precio: las obras de infraestructuras en las que las empresas españolas luchan por conseguir contratos. En eso consisten básicamente las visitas a Arabia Saudí y al Golfo Pérsico en general. En cerrar los ojos, nosotros, y en esperar a que echen la mano a la cartera, ellos.

El rey –el nuestro– siempre ha hecho buenas migas con la monarquía saudí, en especial con Salman Bin Abdulaziz Al-Saud, heredero del actual rey Abdalá, al que ya le han buscado un viceheredero. El tal Salman tiene 78 años y no ha podido heredar el trono (los nervios del príncipe Felipe son comprensibles), y cuentan que cuando fondeaba su yate frente a Puerto Banús recibía la visita de Juan Carlos.

En Marbella el heredero de Arabia Saudí desayuna zumo con churros. Es un detalle que no tiene ninguna relevancia, pero es más fácil que te enteres de esto leyendo la prensa española que de todo lo que hemos comentado hasta ahora.

Baréin o la Primavera Árabe que no importa

Baréin o la Primavera Árabe que no importaEn marzo de 2011, una delegación del Senado español viajó a Arabia Saudí con el objetivo, entre otros, de defender la propuesta española para construir el AVE entre Medina Y La Meca (al final, las empresas españolas consiguieron el contrato y ya está en obras).

Los políticos españoles llegaron al país apenas una semana después de que Arabia Saudí enviara 1.200 militares a Baréin para sofocar las protestas sociales que reclamaban pan y libertad (Emiratos Árabes Unidos mandó 500 policías). Pese a la sangrienta represión que se vivía en Baréin con la ayuda de agentes saudís, la delegación española –formada por senadores de PSOE, PP y CIU– evitó aplazar la cita. El entonces presidente del Senado, Javier Rojo, declaró desde el Golfo que “España y Arabia Saudí comparten posiciones en los aspectos fundamentales de emplear el diálogo para solventar conflictos y es fundamental la defensa de los ciudadanos frente a la violencia”.

Cuando los políticos españoles subrayaban las maravillas dialogantes de Arabia Saudí frente a la violencia, era público que militares de Arabia Saudí estaban ayudando a Baréin a aplastar con violencia su Primavera Árabe. Las organizaciones de derechos humanos denunciaron arrestos ilegales, desapariciones, muertes y torturas.

En febrero de 2011, Ayat al-Qarmezi fue detenido por leer un poema en la plaza de la Perla de Manama (“Somos el pueblo que acabará con la humillación y aniquilará la miseria. ¿No oye su llanto? ¿No oye sus gritos?”). Según el relato recogido por Olga Rodríguez en su libro ‘Yo muero hoy’, Ayat recibió palizas, descargas eléctricas y amenazas de violación. Fadhila Mubarak fue sacada a golpes de su coche por escuchar música que “llamaba a la caída del régimen”. Más palizas. Fatima Hajji, reumatóloga de treinta y tres años, fue detenida por atender a manifestantes heridos. También fue torturada. Hay decenas y decenas de testimonios parecidos. Cárcel, muerte y represión.

Las protestas continúan en Baréin. Los premios de Fórmula 1 se siguen celebrando.

Y, de propina, el Gobierno de Rajoy aprobó el viernes la firma de un acuerdo sobre defensa con Baréin porque “el establecimiento de un marco de relación más amplio entre ambos países facilitará los intercambios comerciales de carácter bilateral”.

Catar y la esclavitud moderna

Catar y la esclavitud moderna¿Cómo es la esclavitud en el siglo XXI? Probablemente como lo es en Catar para los trabajadores extranjeros que están levantando el país y las infraestructuras para la Copa del Mundo de fútbol de 2022: al 90 por ciento de ellos (más de un millón de personas) les retienen sus pasaportes y más de la mitad no disponen de tarjeta sanitaria. En muchos casos, trabajan siete días a la semana en jornadas de 10 horas o más. Algunos mendigan cuando, con la obra ya terminada, los empresarios los dejan tirados sin el sueldo prometido. Los que protestan corren el riesgo de ser maltratados.

Los trabajadores extranjeros no pueden abandonar el país sin permiso de sus empleadores. “Para mí, éste es el peor momento de mi vida. Mi padre falleció mientras yo pasaba apuros aquí; no pude salir para ir a verle por última vez, aunque lloré y se lo supliqué de rodillas (al Ministerio del Interior)”, relata un trabajador indio de 31 años.

Según datos oficiales ya han muerto 500 trabajadores indios desde 2012 y otros 400 nepalíes desde que Catar consiguió la sede del Mundial. Cerca de 4.000 trabajadores podrían morir de aquí a que se lance el primer córner de la competición, avisa la Confederación Sindical Internacional.

La FIFA se preocupa lo justo para no preocuparse demasiado y tira del argumento de cualquier concejal de Urbanismo que tiene a trabajadores explotados en sus subcontratas: “Tenemos alguna responsabilidad pero no podemos interferir en los derechos de los trabajadores”.

Amnistía Internacional ha investigado las deplorables condiciones en las que viven los trabajadores de PCSI, una subcontrata de la constructora española OHL (la del 'imputado' Villar Mir) en las obras del Centro Médico e Investigación Sidra. La empresa española mostró su preocupación y contestó a Amnistía Internacional que no pudieron acceder a los campos de trabajo de PCSI porque su relación con la subcontrata había vencido. Sobre sus propios campos, OHR afirma que cumplen con las leyes y que las condiciones de vida de sus trabajadores son “adecuadas”.

Detalle: los campos de trabajo donde viven los trabajadores los levantan las propias empresas y, por lo visto, ellas deciden quién puede entrar y quién no.

La venta de armas es otro gran negocio

La venta de armas es otro gran negocioSi en algo puede estar España en la Champions de la economía (Zapatero dixit) es en la venta de armas. Según los últimos datos de los que se disponen, las exportaciones de armamento español crecieron un ¡194%! en los primeros seis meses del pasado año.

En estas cifras aparece otro de nuestros queridos amigos del Golfo: Emiratos Árabes Unidos, el segundo mejor cliente de la industria militar española con 426 millones de euros (le hemos vendido seis aviones de reabastecimiento en vuelo). El tercero en la lista es Arabia Saudí que se llevó en la cesta de la compra dos aviones y munición de artillería, entre otros productos. También aparecen Baréin y Omán, los dos países que visita el rey esta semana.

Por armas no será. Y si hace falta, Corinna echa una mano.

Varias ONGs, entre ellas Amnistía Internacional e Intermón Oxfam, denunciaron en su día que España siguió vendiendo a armas a Baréin y Arabia Saudí en plena represión de las revueltas de 2011. Moraleja: que la vulneración de derechos humanos no te chafe una buena operación comercial de venta de armas. Ni una gira, como la de estos días, por el Golfo Pérsico.

Si 2011 fue el año de las protestas ciudadanas, 2013 bien podría terminar siendo el año de las leyes antiprotesta ciudadanas. La dirección autoritaria que han tomado en este ámbito países como España, Reino Unido y Canadá amenaza la democracia, según el diario The Guardian. Estas nuevas leyes, que criminalizan las iniciativas de protesta que se desmarcan de las oficiales, coinciden en el tiempo y en buena parte de su contenido con leyes similares en países abiertamente represivos, como Egipto o Bahréin.

Leyes que amenazan la democracia

Del mismo modo en que las movilizaciones en Oriente Medio y Norte de África sirvieron de inspiración a buena parte de la ciudadanía de países como España o Estados Unidos, las medidas de corte autoritario que limitan los movimientos ciudadanos también parecen replicarse entre Gobiernos de corte democrático y dictatorial. Salvando todas las distancias necesarias, es innegable que la tendencia a restringir los movimientos de la ciudadanía es global y apunta a un alarmante triunfo del autoritarismo en la relación entre gobernantes y gobernados.

El anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana anunciado en noviembre por el Ministerio de Interior español, que recoge como “falta muy grave” los escraches y las concentraciones no comunicados, ha sido definido por el Consejo de Europa como “muy problemático”. Así lo ha manifestado el comisario europeo de derechos humanos, Nils Muiznieks, que duda de la “necesidad de las restricciones planteadas en una sociedad democrática”. Según Amnistía Internacional, la ley “ampliaría aún más los poderes discrecionales de la policía”.

Igualmente antidemocrática resulta la Ley 78 de la Asamblea Nacional de Quebec, que, acogiéndose al estado de emergencia, restringe el derecho de manifestación en entornos cercanos a las universidades. La ley ha sido condenada por la Asociación de Derechos Humanos de Quebec y calificada por la Asociación Canadiense de Profesores Universitarios como “un acto de represión masiva” y una violación fundamental de la libertad de asociación, reunión, y expresión“.

En Reino Unido, una nueva regulación del uso del espacio público también podría conllevar en la práctica la restricción de las protestas. La Ley Gubernamental Contra el Comportamiento AntiSocial, que ha sido presentada ante el Parlamento, permitiría a los ayuntamientos, en consulta con la policía, restringir “cualquier actividad perjudicial para la calidad de vida de los habitantes de la localidad”. Para grupos de derechos humanos como el Manifesto Club, “la ley es tan abierta e imprecisa que podría permitir a los ayuntamientos prohibir protestas, reuniones en los espacios públicos e incluso actividades juveniles como el skate.

Egipto, Bahréin, México: las últimas incorporaciones

Aunque el historial de violaciones de los derechos humanos de Bahréin es de sobra conocido, la monarquía de los al-Khalifa dio en julio de 2013 un paso más en la represión de la expresión ciudadana. Anticipándose a las movilizaciones organizadas para el 14 de agosto, el régimen implementó unas semanas antes cambios en la Ley de Protección frente a Actos de Terrorismo.

Entre las reformas están el aumento de los periodos de detención y la posibilidad de revocar la ciudadanía a cualquiera que se considere culpable “de incitar al terrorismo”. Además, proporcionan el marco legal para prohibir sentadas, marchas y reuniones en la capital, Manama. Ante estas restricciones, se ha manifestado el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que publicó el 6 de agosto un llamamiento al Gobierno de Bahréin instándole a respetar el derecho de libertad de expresión y asociación.

Bajo este paraguas, se ha justificado en los últimos meses el recrudecimiento de la represión contra manifestantes y activistas. Una represión que va en aumento en el Gobierno de los al-Khalifa, conocido por la detención y tortura sistemática de disidentes como los reconocidos Abdulhadi al-Khawaja y Nabeel Rajab.

Tampoco sorprenden las medidas dirigidas a silenciar las expresiones de descontento en Egipto, donde el Gobierno del coronel Abdul Fatah al-Sisi, que accedió al poder mediante un golpe de estado en julio de 2013, se esfuerza en legitimarse reprimiendo cualquier forma de oposición. El 24 de noviembre, el presidente interino Adli Mansour ratificó un texto que obliga a los organizadores de cualquier manifestación a notificar el itinerario, duración y propósito de la protesta con 24 horas de antelación. En función de estos datos, el Ministerio de Interior decidirá si concede o deniega el permiso. Al-Sisi blinda así su Gobierno con nuevas restricciones de las expresiones de protesta, lo que para muchos activistas egipcios representa una nueva manifestación del autoritarismo contra el que tomaron las plazas y calles del país en enero de 2011.

Siguiendo la línea de los países anteriores, en México se aprobó en diciembre una ley que permitirá restringir las protestas en la capital del país. Según Amnistía Internacional (AI), la ley establece un marco legal que no garantiza el derecho a la protesta pacífica. Más de 70 organizaciones, incluida la propia AI, protestaron contra esta nueva regulación, asegurando que viola la Constitución mexicana, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En todos los países donde se han anunciado nuevas restricciones a la libertad de expresión y asociación, la reacción popular ha sido masiva, demostrando una vez más que la represión difícilmente podrá controlar las expresiones de descontento de la ciudadanía. Unas expresiones que probablemente irán en aumento cuanto mayores sean los intentos de silenciarlas.

Es obvio que las repercusiones de la desobediencia civil son muy distintas en países como España, México o Bahréin, y es importante incidir en ello, pero también es necesario plantearse qué mensaje envían leyes como la española de Seguridad Ciudadana o la Ley 78 de Quebec a Gobiernos que violan sistemáticamente los derechos humanos.

El hecho de que países con un historial democrático como Canadá, Estados Unidos o Reino Unido promuevan recortes en derechos y libertades fundamentales, sólo puede servir para dar alas a quienes nunca han mostrado respeto por esos mismos derechos y libertades. No parece lógico esperar que estos emprendan el camino contrario, mientras la libertad de expresión y asociación pierde terreno globalmente.