“Saber que mi marido puede ser fusilado en Bahréin en cualquier momento me está destrozando”

Mohamed Ramadan y Husain Moosa han pasado seis años de calvario y el resultado es el peor posible. Bahréin los condenó a muerte en octubre de 2014 y, tras años de lucha, su condena fue revocada en 2018 ante las evidencias de tortura. Pero eso no importó para que volviesen a ser condenados a muerte por segunda vez unos meses más tarde. Este lunes han agotado todos los recursos legales posibles: el máximo tribunal del país ha confirmado la ejecución. Solo un perdón del rey Hamad bin Isa Al Jalifa puede salvarles.

“El terror de saber que mi marido puede ser ejecutado por un pelotón de fusilamiento en cualquier momento sin aviso previo me está destrozando”, declaró Zainab Mohamed, esposa de Mohamed Ramadan, poco después de conocer el fallo definitivo. “No sé como seré capaz de contarle a mis tres hijos que su padre no va a volver nunca a casa”.

Desde el estallido de las protestas contra la monarquía autoritaria en Bahréin en febrero de 2011 en el marco de la Primavera Árabe, las manifestaciones se convirtieron en algo cotidiano durante años. Mohamed Ramadan y Husain Moosa participaron en ellas. El 14 de febrero de 2014, día en el que se celebraba el tercer aniversario de las manifestaciones, un policía falleció tras la detonación de un artefacto explosivo. Los dos hombres fueron acusados de terrorismo.

Mohamed Ramadan, de 37 años y padre de tres hijos, trabajaba como miembro de la seguridad del aeropuerto internacional de Bahréin, donde fue detenido el 18 de febrero de 2014. Husain Moosa, de 34 años, trabajaba como chófer en un hotel de la capital y fue detenido tres días después, el 21 de febrero, cuando estaba en casa de un amigo. “Los dos son prisioneros políticos. Mohammed era empleado del Ministeiro de Interior en el aeropuerto y su participación en las protestas contra el Gobierno era percibida como una traición. Husain era una persona buscada y seguía protestando”, señala a elDiario.es Sayed Alwadaei, director del Instituto de Bahréin por los derechos y la democracia (BIRD). Durante este periodo, Alwadaei ha estado en contacto con los dos condenados.

El propio Alwadaei ha sufrido la persecución del régimen. “En 2011 fui encarcelado y torturado por mi papel en las protestas y por pedir un cambio democrático. Aunque huí de Bahréin, mi familia y yo seguimos siendo atacados en lo que la ONU ha descrito como un caso de represalias”, señala el activista bahreiní –aunque el Gobierno le ha retirado la ciudadanía igual que ha hecho con aproximadamente un millar de personas a modo de castigo–. “A día de hoy mi cuñado sigue languideciendo entre rejas como represalia por mi activismo por los derechos humanos en Reino Unido”, añade.

El activista se queja de la complacencia internacional hacia la monarquía. “La familia gobernante depende de comerciar con riqueza e influencia con países ricos como España para mantenerse en el poder. Ya sea a través de inversiones deportivas como la compra del Córdoba CF o los 1,9 millones de dólares que regalaron al rey emérito, pido al pueblo español que no permita que el dinero manchado de sangre de Bahréin esconda la verdadera naturaleza del régimen”, afirma el activista Alwadaei.

Bahréin cuenta con muy buenas relaciones con países como EEUU y Reino Unido. “Bajo el Gobierno de Trump, cuya quinta flota tiene su base en Bahréin, y bajo el actual Gobierno de Reino Unido, que tiene una base naval en el país, los abusos de derechos humanos son objeto de una crítica silenciosa. Esta relación permite a Bahréin seguir cometiendo horribles abusos con impunidad”, concluye Alwadaei.

Torturas y primera condena a muerte

Ramadan ha denunciado que le taparon los ojos, le desnudaron y le metieron en una sala de congelación donde fue golpeado con puñetazos y patadas en varias ocasiones. También ha denunciado que le golpearon con tubos de plástico y que le amenazaron con violar a su mujer delante de él. Según recoge BIRD, el detenido acabó firmando un papel en el que confesaba su participación en una protesta, pero no dijo nada sobre la explosión. Mohammed cuenta que tres días después de ser detenido, los agentes le pasaron una llamada. La persona al otro lado de la línea le dijo que el Gobierno sabía que era inocente, pero que su acusación era un castigo por su “traición” al participar en las protestas.

Moosa asegura que también fue torturado. Según ha relatado, los agentes se turnaban para golpearle con la porra en la cara y la espalda. BIRD asegura que le agarraron de los testículos mientras le obligaban a permanecer sentado en una silla y amenazándole con violarle con un palo de madera. Moosa acabó 'confesando' el crimen, aunque luego en el juicio se retractó de la misma. Asegura que le obligaron a repetir la confesión bajo tortura delante del fiscal o volvería a ser golpeado. Cuando Moosa rechazó los cargos, cuenta que los agentes que le llevaron de vuelta al autobús le pegaron una paliza. Esto pasó en dos ocasiones. La tercera vez repitió la confesión delante del fiscal.

“Me pateaban en el órgano reproductivo continuamente hasta que no podía hablar del dolor”, contó Moosa a BIRD en un mensaje de voz grabado en diciembre de 2019. “Me decían que ya tenían la sentencia escrita y que simplemente dijese que Mohammed Ramadan fue el que me dio la bomba y así me cambiarían la pena por cadena perpetua. Decidí contarles lo que querían”.

El 29 de diciembre de 2014 fueron condenados a muerte por primera vez. Los recursos siguientes, en mayo y noviembre de 2015, confirmaron la ejecución. Ante las presiones internacionales de activistas, de la Unión Europea e incluso de la ONU exigiendo una investigación de las acusaciones de tortura, Bahréin accedió a revisar el caso.

Investigación y segunda condena a muerte

La Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía, un organismo creado en 2012 para investigar acusaciones de tortura y maltrato en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, se hizo cargo de la revisión. Las esperanzas no eran muy elevadas. En 2017, el Comité contra la Tortura de la ONU expresó públicamente su preocupación porque “estos organismos no son independientes, sus mandatos no son claros y no son efectivos dado que las denuncias pasan en última instancia por el Ministerio de Interior”. El informe también denunciaba que su efectividad ha sido “poca o ninguna”.

Sin embargo, un rayo de esperanza animó a Ramadan y Moosa tras el informe de la unidad, publicado el 18 de marzo de 2018 (llevaban cuatro años en el corredor de la muerte). El documento recomendaba reconsiderar la sentencia contra ambos tras detectar “heridas” y afirmar que “existe la sospecha de un delito de tortura llevado a cabo con la intención de forzarles a confesar el crimen del que se les acusaba”, según cita la ONG Human rights Watch, que tuvo acceso al informe. Sin embargo, los investigadores no fueron concluyentes sobre la existencia de la tortura.

En octubre de 2018, el Tribunal de Casación, la corte de mayor instancia del país, revocó la condena a muerte y envió de nuevo el caso a un tribunal de menor instancia. Ese tribunal volvió a imponer la pena de muerte para los dos el 8 de enero de 2020 y este lunes, de nuevo el Tribunal de Casación ha confirmado la ejecución. “Las heridas de los informes médicos no coinciden y no se ajustan a los procedimientos policiales o de la Fiscalía y no tuvieron ningún efecto en las confesiones que salieron de la voluntad propia y sin el uso de la fuerza contra los acusados”, afirmó el lunes la Fiscalía.

“Estamos muy preocupados por la decisión del tribunal de máxima instancia de Bahréin de mantener la condena a muerte contra dos hombres cuyas confesiones se obtuvieron supuestamente bajo tortura”, denunció este martes la portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Liz Throssell. En 2017, el Comité contra la Tortura de la ONU afirmó estar preocupado por las “numerosas y consistentes acusaciones de tortura” y por las informaciones sobre el “uso generalizado de las confesiones forzadas como prueba en los tribunales”.

En una carta enviada por el relator especial de la ONU en ejecuciones extrajudiciales, el relator especial en protección y promoción de los derechos humanos y libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo y el relator sobre tortura a la Casa Real de Bahréin, los expertos independientes de Naciones Unidas explican que las autoridades aseguran que la condena no se ha basado únicamente en las confesiones de los condenados, sino también “en muchas pruebas diferentes”. Sin embargo, el régimen “no ha dado ningún detalle a este respecto y por tanto parece que los dos casos están basados únicamente en las confesiones de los acusados”, denuncian los relatores.

Según informa la ONG BIRD, en los 60 años previos a 2017 Bahréin llevó a cabo 10 ejecuciones y entre 2010 y 2017 no se ejecutó a nadie. Entre 2017 y 2020, sin embargo, la monarquía de Oriente Medio ha matado a seis personas condenadas a muerte, cinco de ellas bajo acusaciones de tortura. Actualmente hay 26 personas en el corredor de la muerte en las cárceles del país. “El Gobierno ha aumentado el uso de la pena de muerte en los últimos tres años como una herramienta de represión política e intimidación contra disidentes y contra aquellos que han participado en las protestas antigubernamentales”, sostiene Alwadaei.