El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha donado a la ciudad de Barcelona el último retrato artístico en vida de Gabriel García Márquez. Lo ha hecho coincidiendo con su estancia en la ciudad y después de visitar la Biblioteca Gabriel García Márquez junto al alcalde Jaume Collboni.

Al descubrir la obra, Petro ha afirmado que Barcelona “ha sido y es revolucionaria”. Con la donación de la obra, han indicado desde el gobierno colombiano, Colombia proyecta su “memoria, su arte y su identidad más allá de sus fronteras” y fortalece los lazos con la capital catalana. Así, se quiere “honrar” la vida y obra de uno de los escritores más influyentes y queridos de la literatura universal.

Collboni ha agradecido la donación y ha afirmado que la ciudad tiene “muy presente” al emblemático escritor. También ha explicado que la biblioteca se encuentra en un barrio “muy popular” y ha puesto en valor la arquitectura del espacio.

Petro ha asegurado también que las palabras son superiores a las armas. “El mundo de hoy olvida que si las palabras se unen con las multitudes son más poderosas que las armas y el dinero”, ha señalado.

En el encuentro también ha estado presente el músico Joan Manuel Serrat. Petro ha afirmado que Serrat todavía le hace llorar con una canción, que es ‘Elegía’, de Miguel Hernández, “poeta que luchó por una España diferente”.

Donación del retrato de Gabo

El retrato donado —y transportado en el avión presidencial— muestra a García Márquez, Gabo, sonriendo con un ramo de rosas amarillas, que contrastan con el blanco y negro del resto de la imagen. La fotografía es obra del autor Mauricio Vélez y fue tomada en el año 2013. García Márquez murió precisamente un 17 de abril del año 2014, ahora hace doce años.

Además del retrato, Petro también ha firmado el libro de visitas correspondiente, donde ha escrito que Barcelona “es mágica como Colombia” y es capaz “de inventar”: “En la invención siempre habrá revoluciones”. El escrito concluye que Colombia y Barcelona viven entre una realidad que “a veces es terrible y fea, pero también viven en el sueño”. Además, el presidente colombiano ha firmado también el libro ‘Una vida, muchas vidas’, biografía de sí mismo. En la dedicatoria ha escrito: “Con amor para Barcelona, patria obrera y de poetas”.

Biblioteca cerrada

El encuentro entre Petro y Collboni ha provocado el cierre de la Biblioteca Gabriel García Márquez durante varias horas, desde las 11:45 h hasta las 16 h. De hecho, inicialmente estaba previsto que ambos dirigieran unas palabras a las 13:30, pero el encuentro comenzó con mucho retraso.

Collboni ha llegado a la biblioteca hacia las 14:15 y Petro poco después. No fue hasta pasadas las 15 h cuando se permitió a los medios entrar al espacio y, posteriormente, se mostró el obsequio del retrato de Gabo.

El Ayuntamiento de Barcelona ha creado el Premio Internacional Barcelona por la Paz, el primer galardón internacional de la capital catalana, que se enmarca en el 150 aniversario del nacimiento del músico Pau Casals.

Referente en la lucha por la cultura de paz, Casals pronunció un recordado discurso en la sede de la ONU en 1971, pocos años antes de morir, en el que pidió una “acción directa” contra la amenaza nuclear y contra el régimen de Franco. “Tenemos que recuperar ese espíritu y relanzar la idea de la paz desde Barcelona”, ha expresado el alcalde, Jaume Collboni.

“Cuando empezamos a idear este premio, hace dos años, nunca habríamos imaginado que estaríamos donde estamos ahora, en un momento en el que se extienden los conflictos y la amenaza”, ha seguido el primer edil. “No nos quedaremos impasibles ante las guerras”.

El galardón, que tendrá una recompensa de 300.000 euros -siendo así el segundo dedicado a la paz mejor dotado después del Nobel- estará destinado a proyectos “de especial impacto”, ya sean impulsados por la sociedad civil o por instituciones y el premio deberá ser destinado íntegramente a la iniciativa. Tendrá una rotación bianual y el primero de ellos será entregado a principios de 2027.

“Esta iniciativa nos parece muy importante porque se da en un momento que tiene que hacer de palanca para que la ciudadanía se reconozca en estos valores que defendía Pau Casals. De Barcelona al mundo”, ha añadido Jordi Pardo, presidente de la Fundació Pau Casals.

El premio, que es impulsado por el Ayuntamiento, cuenta también con la colaboración de la Diputación de Barcelona y el Govern de la Generalitat, además de la propia Fundació Pau Casals. “El primer premio de impacto global de la ciudad debía ser para la cultura de paz, porque cuando Barcelona habla, el mundo escucha”, ha añadido Collboni.

El alcalde ha recordado momentos en los que la capital catalana se ha “comprometido” con la paz, empezando por algunos más recientes, como las dos flotillas que han partido hacia Gaza desde Barcelona, hasta el proyecto del Distrito 11, impulsado por Maragall a raíz de la guerra de Bosnia y recuperado por Collboni para hermanar la ciudad con Gaza.

También ha tenido palabras para la masiva manifestación contra la guerra de Irak, en 2003, que unió a 1,3 millones de personas. “En ese día, el presidente George Bush dijo que él no se tenía que preocupar por lo que pasara en las calles de Barcelona. Eso significó que sí se preocupó”, ha añadido el alcalde.

Collboni ha insistido en la mirada internacional y pacifista de Barcelona y, por eso, ha diseñado un Consejo Asesor para este premio, que estará formado por distintas figuras de referencia de alrededor del mundo, entre las cuales destaca la senadora chilena Isabel Allende; la princesa de Jordania y presidenta de la Fundación Anna Lindh, Rym Ali; o el copresidente de Nihon Hidankyo, organización galardonada con el Nobel de la Paz en 2024, Shigemitsu Tanaka.

“Estamos en el momento de la historia con más conflictos bélicos que nunca. Sumamos más de 130”, ha apuntado Allende, durante su intervención en la presentación del galardón. “La paz no sólo se construye con acuerdos internacionales, sino que se fragua desde las sociedades. Por eso, este premio no es un gesto ingenuo: es una responsabilidad moral y política”, ha añadido.

ERC ha proclamado este sábado a su secretaria general y líder en Barcelona, Elisenda Alamany, como candidata a la alcaldía de la capital catalana tras ganar con un 72% de los votos las primaras en las que fue la única que se presentó. El partido pone así rumbo a las municipales de 2027 tras la crisis interna que vivíó en otoño.

En su discurso, Alamany ha criticado al actual gobierno del PSC y al alcalde, Jaume Collboni, por la “política de macroeventos” en una carrera con Madrid que, a su juicio, “deshumaniza y despersonaliza” la ciudad. Si logra ser alcaldesa, ha prometido suspender las licencias de comercios “de monocultivo turístico” como supermercados 24 horas, informa la Agència Catalana de Notícies (ACN).

La desaparición de comercios de barrio, ha lamentado Alamany, es “un goteo constante” y “una señal de la Barcelona que se está perdiendo”. Según Alamany, este fenómeno “es el verdadero reemplazo”, y no el que la extrema derecha achaca a la migración, ya que cuando cierra un local histórico, “abre un brunch, una tienda de uñas o de souvenirs”.

Alamany también ha apostado por destinar más recursos al comedor escolar de las familias de Barcelona y que lo paguen “los turistas”. Las elecciones municipales del próximo año, ha augurado, irán de ver “quién garantiza” que se pueda vivir en Barcelona y “quién preserva” lo que la ciudad ha sido.

La secretaria general de ERC ha avanzado que defenderán que Barcelona ejerza de capital, que mire al Mediterráneo y que sea “moderna, dinámica y competitiva”, pero “a la catalana”, donde se pueda “vivir plenamente en catalán” y al mismo tiempo permita “llegar a fin de mes” y encontrar un lugar para vivir.

Con la designación de Alamany, los partidos de izquierdas del consistorio ya tienen cabeza de cartel para 2027: en el PSC repetirá Collboni, mientras que en los Comuns el elegido ha sido Gerardo Pisarello. Más dudas existen en la derecha, en especial en Junts, que todavía no tiene candidato.

En su intervención, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha dicho que en Barcelona los republicanos “la ambición de que no ponen a los demás” y que la ciudad y el país son “inseparables”. También ha remarcado que ERC tiene “la suerte, el honor y el orgullo” de contar con Alamany al frente del proyecto municipal.

Sin menciones explícitas a la negociación presupuestaria con el PSC en la Generalitat, que permanece encallada, Junqueras ha sostenido que so formación está “en el camino” de dotar a Catalunya de “recursos y competencias” para acercarla a la independencia.

Por su lado, el president de la Generaltiat, Salvador Illa, ha vuelto a tender la mano a ERC y ha mostrado su “máxima disponibilidad” para llegar a un acuerdo para aprobar los presupuestos. Illa ha asegurado que las cuentas presentadas este viernes plantean “escenarios muy importantes y de inversión récord que el país necesita”.

El ministro de Cultura y dirigente de los Comuns, Ernest Urtasun, ha pedido a ERC y al PSC que faciliten la aprobación de los presupuestos. “Hagamos posibles los presupuestos de las izquierdas por los que tanto hemos luchado los Comuns, con medidas concretas para mejorar la vida de los ciudadanos”, ha defendido. Urtasun ha calificado de “gran acuerdo” el pacto presupuestario alcanzado entre los Comuns y el Govern y ha reivindicado el papel de su espacio en la negociación de las cuentas.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha empezado a dibujar cómo será la ciudad una vez termine una de sus grandes obras pendientes: la de la estación de la Sagrera. Este núcleo ferroviario, que está llamado a ser un punto neurálgico del transporte en la capital catalana, lleva ya 15 años en obras. Todavía se espera que le queden otros siete y que no esté acabada hasta 2032.

Paralelamente a estas obras, también hay proyectado un plan urbanístico que, a su fin, dará como resultado un “nuevo barrio” en el que habrá 25.000 personas en 11.347 nuevas viviendas, de las cuales el 48,8% serán protegidas, tal y como establece la normativa municipal en lo referente a construcción de nuevas promociones. “Se trata de garantizar el derecho de la gente a quedarse en Barcelona. Y para ello construimos más vivienda, pero cambiando las reglas del juego”, ha apuntado el alcalde en la 43ª sesión de 'L'alcalde respon', un histórico encuentro entre el edil organizado por el Col·legi de Periodistes

En esta línea, ha recordado la eliminación de los pisos turísticos que, sumada a la construcción, al tope de precios del alquiler y a la prohibición de la compra especulativa de vivienda supone “la combinación perfecta para regular el mercado”. Estas regulaciones, según Collboni, son necesarias, pero deben suponer “cambios claros, pero no constantes, porque se tiene que mantener el equilibrio entre la función social de la vivienda y los intereses del mercado privado”, ha apuntado.

Collboni sostiene que ya hay promotoras y propietarios que “se están adaptando a las nuevas reglas” y, asegura, ya están negociando con privados que están dispuestos a invertir en vivienda social, “aunque esto suponga limitar sus beneficios”. Ahora bien, también hay otros que han comunicado al Ayuntamiento que no están de acuerdo con las nuevas normativas. “Hay fondos que se irán de Barcelona. Pues adiós”, ha zanjado.

“Somos partidarios de la intervención del mercado, siempre que se haga con sentido”, ha añadido Jaume Collboni, quien ha avanzado que la siguiente meta que se plantea el consistorio, de la mano de la Generalitat y el Gobierno, es la limitación de compra de vivienda para extranjeros no residentes. “No es de recibo que, con la crisis global que tenemos, haya quien tiene un piso en Barcelona sólo para pasar el fin de semana o las vacaciones”, ha apuntado.

El “nuevo barrio de la Sagrera”

El alcalde Collboni ha aprovechado su intervención inicial para presentar las grandes intervenciones urbanísticas que hay en marcha en Barcelona, con especial énfasis en la de la Sagrera. Cuando acabe, en 2032, se habrá cerrado una gran cicatriz que surca cinco barrios distintos desde hace años. Si bien las vías del tren seguirán separando la ciudad, el objetivo del Ayuntamiento es mejorar la conexión entre ambos lados de la vía y generar una serie de espacios públicos de los que ahora esta zona de Barcelona carece.

Ni el plan ni sus resultados han cambiado respecto a la planificación inicial. Lo que ha anunciado el alcalde es que, a diferencia de lo que estaba previsto inicialmente, las mejoras urbanísticas de la Sagrera no esperarán a que la estación esté acabada, sino que se empezarán a trabajarse el próximo 2027 para que todo el nuevo barrio esté finiquitado una vez se estrene la infraestructura.

Una de las más ambiciosas es el gran parque de 36 hectáreas y 4 km lineales que se convertirá en el mayor de la ciudad; dos veces mayor que el de la Ciutadella y 4 más que el de Les Glòries. “Será un parque de parques”, ha apuntado Collboni, en referencia a que estará formado por diversos núcleos verdes.

Algunos de ellos, como la Torre del Fang o el Parc de Sant Martí, ya existen actualmente y quedarán conectados con los nuevos corredores verdes por puentes que unirán ambos lados de la infraestructura ferroviaria. La idea del consistorio es empezar a plantar árboles a finales de 2027, una vez la infraestructura de la estación esté soterrada para así, cuando las obras estén terminadas del todo, se pueda abrir el parque ya con el arbolado enraizado.

Este parque es una de las patas de la reforma urbanística que el Ayuntamiento ha planteado para las inmediaciones de la Sagrera, que tendrá una inversión de 260 millones de euros hasta 2031. En el plan también se incluye la inauguración o reforma de diversos centros educativos, un Centro de Atención Primaria (CAP) y algunos equipamientos como polideportivos.

Collboni asegura que este nuevo trazado urbano se traducirá también en 10.000 lugares de trabajo, ya que también se destinará suelo a la creación de oficinas (250.000 m²), locales y bajos comerciales (105.000 m²) y hoteles (78.000 m²).

Ahora bien, ha recordado que todas estas intervenciones dependen de los presupuestos, tanto los del Ayuntamiento como los de la Generalitat. El alcalde ha pasado de puntillas sobre el hecho de que él todavía no ha sido capaz de aprobar con mayorías ninguna de sus cuentas y se ha centrado en los del Govern. Estos, asegura, son “imprescindibles” para Barcelona, puesto que muchas de las grandes reformas son cofinanciadas.

En este sentido, ha alertado que de las cuentas de la Generalitat dependen unos 250 millones para Barcelona. “Hemos pasado tres mandatos sin inversión y eso significa que hemos tenido que hacer vivienda pública sin un euro de la Generalitat”, ha espetado.

De manera indirecta, ha pedido responsabilidad a ERC, de quien dependen los presupuestos de la Generalitat, asegurando que “todas las administraciones deberían tener cuentas, dependa de quien dependa”. Pero también ha evitado tomar una postura clara: “No me corresponde entrar en los detalles de la negociación”, ha zanjado.

Tampoco ha querido opinar sobre las diferentes propuestas de unidad de las izquierdas; la última de ellas la planteó quien será candidato de los Comuns a la alcaldía de Barcelona, Gerardo Pisarello, quien apostó por un “frente amplio” en el que incluía también al PSC. “Eso forma parte de un debate electoral en el que no quiero entrar porque no me corresponde. Yo haré de alcalde hasta el último día y, entonces, me preocuparé por estas cuestiones”.

Así se ha expresado Collboni en la 43ª edición del 'Alcalde Respon', en la que ha debatido con Joan Maria Morros, presidente del Col·legi de Periodistes; Gabriel Figueredo, coordinador de informativos de Onda Cero; Matilde Pont, periodista de la Agencia EFE; Roger Torres, responsable de la información municipal de Betevé; y Natàlia Vida, periodista del Diari Ara.

El Tribunal Supremo ha avalado una de las medidas que más enfureció a los constructores durante el mandato de Ada Colau y que Jaume Collboni pretendía reformar, aunque no ha encontrado por ahora los apoyos para ello: la obligación a los promotores inmobiliarios de destinar el 30% de las nuevas edificaciones a vivienda protegida.

En una sentencia, adelantada por Nació Digital y a la que ha tenido acceso elDiario.es, el Alto Tribunal sigue el aval que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) dio a la medida y concluye que el Ayuntamiento “puede establecer reservas de techo para viviendas de protección pública en suelo urbano consolidado”.

El Alto Tribunal recuerda la jurisprudencia del Constitucional que ha establecido que ni de las normas urbanísticas ni de la Constitución “se deriva el derecho de un empresario a vetar el concreto uso de vivienda protegida”.

En suma, para el Supremo la normativa blinda la posibilidad de “validar la reserva” de vivienda protegida no solo en una gran transformación urbanística de un barrio, sino también en cualquier construcción de pisos nueva.

Además, el Alto Tribunal rechaza que la imposición del 30% comporte una “indemnización general” sobre los promotores inmobiliarios, tal y como reclamaba la constructora recurrente, JOSEL.

La reserva del 30% de vivienda social que aprobó Ada Colau para Barcelona va camino de convertirse en una piedra en el zapato de Jaume Collboni. La modificación de la norma que prometió el alcalde, alegando que no había funcionado, por ahora no se ha llevado a cabo.

Los constructores han ido con todo contra la medida. Primero en los tribunales, donde han perdido, pero también han querido presionar al alcalde con propuestas públicas como crear dos escaleras en un mismo edificio para pisos sociales y de mercado libre –sugerencia que luego rectificaron–.

Collboni intentó apaciguar los ánimos del sector con el archivo de cinco expedientes sancionadores a empresas con indicios de haber incumplido la obligación del 30%. Las cifras de Vivienda de Protección Oficial (VPO) generada por la medida de Colau, cerca de los 160 pisos, están muy lejos de lo que prometió el gobierno de Barcelona en Comú en su día.

Al mismo tiempo, la avalancha de licencias pedidas antes de su aprobación, la falta de suelo en la trama urbana de la ciudad y el rechazo del sector de la construcción han contribuido al poco recorrido de la que un día fue de las medidas estrella de Colau.

Pese a que el gobierno municipal pretendía rebajar el 30%, la primera teniente de alcalde, Laia Bonet, ha celebrado la sentencia del Supremo y la ha considerado “una medida más necesaria que nunca” en la actual crisis de vivienda. “La sentencia confirma la seguridad jurídica de esta herramienta para incrementar el parque asequible y que las administraciones podemos pedir corresponsabilidad a los promotores para garantizar el derecho a la vivienda”, ha agregado.

El Govern de Salvador Illa es amplio en número y estructura, pero cuenta con un núcleo reducido por el que pasan la mayoría de los temas importantes. Lo forman el propio president, su equipo más cercano y otras personas relevantes de Presidència, Territori, Economia e Interior. De todos ellos, Albert Dalmau se ha consolidado como el auténtico número dos de Illa, la persona a la que todos miran cuando el máximo jefe no está en la habitación. Ahora, mientras está convaleciente en el hospital, Dalmau ha asumido las funciones del president de la Generalitat, con solo 35 años.

“Estos días yo guardo la casa. En breve tenemos el president de vuelta”, describía el propio Dalmau una situación poco frecuente, la de alguien que ha de tomar las riendas de la presidencia por una enfermedad. Según se ha sabido este mismo lunes, Salvador Illa sufre una osteomielitis, una inflamación en la zona pélvica causada por una infección bacteriana. Tal como explicó el equipo médico del hospital Vall d'Hebron, se espera una convalecencia de al menos dos semanas. Después, se verá. Y durante el tiempo que haga falta, el conseller Dalmau estará al mando del despacho grande del Palau de la Generalitat.

Algunos de quienes lo conocen describen al conseller de la Presidència como “el cerebro del Govern, como ya lo fue del Ayuntamiento [de Barcelona]”. Percibido inicialmente como un perfil más gestor que político, su llegada a la Generalitat le ha colocado en un cargo de gran visibilidad, lo que le metería en cualquier quiniela electoral. También destacan de él que es una persona “que trabaja muchas horas y que espera que la gente de su equipo haga lo mismo” y como un hombre “acostumbrado a mandar y que sabe imponer su autoridad”.

Es el retrato de un conseller todoterreno que llegó al entorno de Illa como fichaje y apuesta personal. El president, predecible y poco dado a las aventuras, acostumbra a mantener sus equipos en el tiempo y, de hecho, su actual núcleo duro en el Govern es similar al que ya se forjó como jefe de la oposición durante tres años en el Parlament. Sin embargo, cuando necesitó componer todo un Gabinete, Illa optó por pescar a un hombre clave en el Ayuntamiento de Jaume Collboni y entregarle la siempre espinosa cartera de la Presidència.

Desde entonces, algunos de los encargos más complicados han sido para Dalmau. La reforma de la administración depende de él, también la nueva ley de ocupación pública. Dalmau, además, ha acompañado a las conselleras del ramo en la negociación de la financiación, en el traspaso de Rodalies o en el acuerdo para la ampliación del aeropuerto de El Prat. Y es una de las personas que mantiene mayor interlocución con los socios del Govern.

Un político con experiencia municipal

Dalmau se labró la fama de eficiente gestor desde los despachos del otro lado de la Plaza de Sant Jaume, a los que llegó con apenas 25 años para ejercer de jefe de gabinete de Collboni, que acababa de pactar con Ada Colau para entrar en su gobierno. Desde ese momento, en mayo de 2016, Dalmau se consolidó como uno de los hombres de confianza del líder socialista, ya fuera en el Gobierno municipal como en su etapa en la oposición.

Bien conectado con las fuerzas económicas de la capital catalana, en parte por haber trabajado anteriormente en el lobby empresarial Barcelona Global, Dalmau ganó pesó en la segunda legislatura de la alcaldesa Colau como gerente de Economía, Recursos y Promoción Económica, de nuevo bajo el ala del teniente de alcaldía Collboni. A él se le atribuye parte del mérito de haber logrado convencer a las distintas instituciones de apostar por ser la sede de la Copa América de Vela en 2024.

Su trayectoria ascendente siguió ya con Collboni de alcalde, en 2023, al alcanzar el cargo de gerente del Ayuntamiento. Fue el CEO de la maquinaria municipal más joven de la historia, al acceder al puesto con 32 años, y hay quien bromeaba de que lo llevaba en los genes: su padre, Joan Albert Dalmau, también fue gerente municipal de varios distritos y de Seguridad en la etapa de Pasqual Maragall y posteriores.

Dalmau asumió la gerencia con algunos encargos inmediatos, como la reforma de la estructura municipal para ganar eficiencia o el impulso del plan estrella de Collboni para arrancar el mandato: el Pla Endreça. El gerente coordinó las reuniones semanales de esta estrategia para mejorar la limpieza y el orden público en la ciudad. Pero su periplo en el consistorio finalizó cuando recibió la llamada de otro político que había trabajado años atrás para Collboni en el Ayuntamiento, Salvador Illa.

Aunque ninguno quería confrontar abiertamente con el otro, la diferencia de modelos es evidente. Los alcaldes de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y de Barcelona, Jaume Collboni, fueron invitados este miércoles a la comisión de vivienda del Senado para defender sus políticas en esta materia. Hubo algunas coincidencias, como la necesidad de aumentar la oferta a través de la construcción, incrementar el parque público o, incluso, ofrecer bonificaciones fiscales a los propietarios. Y una discrepancia palmaria: el impacto de la Ley de Vivienda, que interviene el mercado a través del control de precios.

“Negativo, muy negativo”, calificó Almeida el efecto de la legislación nacional en materia residencial. “En la ciudad de Madrid y en el conjunto del territorio nacional”, afirmó el alcalde madrileño, que se remontó a la llegada del presidente Pedro Sánchez a la Moncloa, en 2018: “Desde entonces, no ha hecho más que emborronar el acceso a la vivienda”. Sobre la Ley de Vivienda de 2023, el regidor aseguró que los “topes a los precios se han revelado como nefastos”. “Cuando se aprueba una legislación que hace que nunca haya sido tan caro y tan difícil acceder a la vivienda es que no es la solución”, consideró.

La gran contradicción de la intervención de Almeida es la que viene siendo habitual en mandatarios del Partido Popular, que se niegan a declarar zonas tensionadas. Esos topes a los precios que, según Almeida, se han revelado como “nefastos”, no se aplican en Madrid, ante la negativa tanto del alcalde como de la presidenta autonómica Isabel Díaz Ayuso, que tampoco lo permite en municipios gobernados por la izquierda que quieren poner en marcha esa medida.

Almeida retó a que le presentasen un solo caso en el que el control del mercado propiciase una bajada de los precios, sin provocar una reducción de la oferta. La respuesta llegó unos minutos después, de forma indirecta. “En la ciudad de Barcelona, desde la entrada en vigor de la regulación, los precios han bajado un 4,9%”, arrancó su intervención el alcalde Collboni, que estimó que una familia paga hoy unos 220 euros menos de alquiler de lo que habría pagado si se mantuviera la no intervención del mercado.

Según sus datos, el precio medio del alquiler en la ciudad habría sido de 1.357 euros al mes sin el tope, frente a los 1.135 actuales, que “sigue siendo mucho para mucha gente”, reconoció.

Esta bajada en los precios en Barcelona ha ocurrido, según el alcalde, sin una caída de la oferta. De hecho, según sus datos, desde que la Generalitat de Catalunya declaró este municipio zona tensionada, hay 1.551 contratos de alquiler más. “Otra cosa es que la oferta pase por los portales inmobiliarios que, efectivamente, ya no pasa”, reconoció Collboni, que celebró que “la rotación se reduce y el propietario tiene la vivienda vacía menos tiempo”, ante la falta de incentivos para cambiar de inquilinos con subidas de precios.

Mientras tanto, portales inmobiliarios como Idealista estiman que los precios del alquiler han subido en Madrid, sin zonas tensionadas declaradas, en torno al 10%. El propio Almeida ha reconocido en el Senado que, desde la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, en mayo de 2023, se ha expulsado del mercado al 45% de las viviendas y “los arrendamientos han subido una media del 40%”.

“Construir masivamente”

El alcalde de Madrid, que señaló que la propuesta del presidente del Gobierno de bonificar fiscalmente a los propietarios que no suban los alquileres va “en línea con lo que podría haber defendido”, centró buena parte de su intervención en la necesidad de construir. En este sentido, defendió que en los dos años y medio de legislatura se han habilitado 95 instrumentos urbanísticos para la construcción de más de 80.000 viviendas “en diferente desarrollo en este momento” en la ciudad, gracias a un “esfuerzo ingente desde el punto de vista de desbloqueo del suelo para construir masivamente”.

Collboni, por su parte, se marcó como objetivo que “el 15% del parque de vivienda en alquiler sea público, para dar cobertura a los sectores más vulnerables, las familias trabajadores y los jóvenes”.

Un porcentaje que, además, permitiría incidir en los precios del mercado libre. En ese sentido, se comprometió a pasar de 500 a 1.000 nuevas viviendas públicas al año para el final de la legislatura. “Hemos movilizado suelo disponible para construir 10.000 viviendas más en el próximo periodo, en un cómputo global de potencial crecimiento de 70.000 viviendas”. Ello, sin dejar de “favorecer la inversión privada” en vivienda.

Almeida presumió de que la Empresa Municipal de Vivienda de Madrid (EMVS) es “la mayor promotora de vivienda pública de España”, con “tres de cada 10”. Avanzó que el Consistorio está ejecutando 3.200 viviendas y empezará a ejecutar otras 2.500 a lo largo de 2026. La EMVS tiene una lista de espera de más de 50.000 demandantes. Madrid tiene 2,7 viviendas públicas por cada 100.000 habitantes, frente a las cinco de Barcelona, con un parque público de 12.000 casas.

El alcalde de Madrid, cordial con su homólogo barcelonés, no perdió ocasión de confrontar desde el Senado con el Gobierno, a cuenta de la presencia del presidente Sánchez el lunes en los terrenos de la Operación Campamento, donde comenzaron las obras de derribo. “El lunes le da a un botón para que la excavadora empiece a demoler y el miércoles esa excavadora está parada”, acusó. La ministra Isabel Rodríguez respondió con un vídeo en su cuenta de X en el que se ve maquinaria trabajando en “imágenes de hoy mismo”.

La otra gran diferencia entre los modelos de vivienda entre las ciudades de Madrid y Barcelona son los pisos turísticos. Mientras el consistorio catalán no concederá ni renovará más licencias de pisos turísticos, que caducarán definitivamente en 2028, el madrileño se ha resistido a sancionar unos 15.000 pisos turísticos ilegales que detectó el Ministerio de Consumo. Además, Almeida ha aprobado un plan que saca las viviendas turísticas particulares del centro de la ciudad, pero permite que estas ocupen bloques enteros tras expulsar a los vecinos.

Además, Catalunya estudia prohibir las compras especulativas de grandes fondos de inversión, que ya se han visto limitados por “la propia decisión de prohibir los pisos turísticos”. “Si a esto añadimos que tenemos la posibilidad de tanteo y retracto, que ejercemos con determinadas condiciones, se está desincentivando la compra especulativa de edificios en Barcelona”, explicó Collboni.

“Podemos hacernos trampas al solitario, pero no es una cuestión de fondos buitre. El 95% de las viviendas en España que pueden ser objeto de arrendamiento no están en manos de fondos de inversión, sino de propietarios que buscan una renta complementaria o principal y, por tanto, son personas que pretenden que haya un equilibrio entre las prestaciones del arrendador y el arrendatario y les permita sacar con seguridad jurídica sus viviendas al mercado y que tengan capacidad de obtener las rentas o recuperar el dinero”, contrapuso Almeida.

Según los datos que maneja el Ministerio de Consumo, la brecha de renta entre caseros e inquilinos es, actualmente, de 23.638 euros al año, siendo la de los propietarios un 82% superior, en buena parte por esa transferencia de renta.

Pese a las discrepancias, Almeida concluyó rompiendo una lanza a favor de la buena voluntad y la cordialidad entre administraciones: “No tengo la más mínima duda de que el alcalde Collboni con sus competencias, igual que yo con las mías, estamos haciendo lo mejor para tratar de solucionar el problema”.

Si hoy se celebraran unas elecciones en Barcelona, las ganaría el actual alcalde Jaume Collboni, pero nada le garantizaría revalidar la alcaldía. Así se desgrana de la intención de voto que recoge el Barómetro municipal y que muestra que la reelección del PSC se complicaría.

El encaje que necesitaron los socialistas para llegar a gobernar ya era de por sí difícil de repetirse (necesitó el apoyo del PP, que accedió para impedir que Junts gobernara, y de los Comuns, que ya han dejado claro que no volverán a pactar con Collboni), pero los resultados de la encuesta dejan un escenario todavía más frágil.

Si bien los socialistas suben ligeramente, pierden cuatro puntos respecto la última edición del barómetro. Por su parte, ERC gana casi un punto y se situaría como segunda fuerza. Y, cerrando el bloque de la izquierda, los Comuns consolidan su caída y perderían casi el 42% de sus apoyos si se compara la intención de voto y el resultado de los comicios.

Este dato se relaciona directamente con el 43% de los encuestados, que no tiene claro a día de hoy qué votaría en los comicios, la cifra más alta desde que hay registros y cinco veces mayor que en el último barómetro.

Por otro lado, quien también augura un resultado muy negativo es Junts, que perdería el 75% de los votos y cosecharía los peores números de su historia (contando tanto CiU como Junts). El descenso de este partido se ha sostenido en el tiempo desde las elecciones de 2023. De hecho, su popularidad -que ya estaba en horas bajas antes de los comicios- subió exponencialmente en el momento en que se supo que el exalcalde Trias se presentaría a la reelección y bajó de la misma manera después de que Collboni le arrebatara la alcaldía.

Según el barómetro, también descenderían el PP (3,5 puntos) y Vox (1,3). Estos votos fugados, sumados a algunos de los de Junts, son los que irían a parar a una Aliança Catalana que entraría por primera vez en el Ayuntamiento para ponerse en cuarta posición y convertirse en primera fuerza de la derecha.

“A nadie se le escapa que este aumento de voto hacia Aliança va en la línea de las encuestas de otras administraciones, y la extrema derecha no es nueva en la ciudad, porque ya tenemos dos concejales de Vox, pero nos preocupa mucho que el discurso del odio pueda ganar peso en Barcelona”, ha apuntado la primera teniente de Alcaldía, Laia Bonet.

A falta de ver qué acabará haciendo el 43% de incedisos y el 12,5 de los que abogan por la abstención, el resultado de las elecciones dejaría un pleno en el que sería muy difícil llegar a acuerdos de gobierno.

Preguntada también por la valoración de los líderes municipales, la ciudadanía de Barcelona da un aprobado a su alcalde con un 5,2, una nota que no se conseguía desde 2019, todavía bajo gobierno de Ada Colau. En esta encuesta, Collboni empata con el líder de Junts en Barcelona, Jordi Martí Galbís; y con la líder republicana, Elisenda Alamany, aunque hay que destacar que la mayoría de la población no les conoce: el 80% en el caso del primero y el 68% en el caso de la segunda). Por su parte, el resto de líderes suspenden.

La vivienda, la principal preocupación

El barómetro municipal también pregunta a la ciudadanía cuál es su principal preocupación y en esta edición la vivienda se consolida como el mayor dolor de cabeza de los barceloneses. Este asunto arrebató en junio de 2025 la primera posición a la inseguridad, que llevaba liderando el ránking desde 2018.

La crisis habitacional preocupa ahora al 32,8% de la ciudadanía (3 puntos más que en la última encuesta). La inseguridad, por su lado, aunque se mantiene en segunda posición, también aumenta y pasa del 23,1 al 25,2. En cambio, el tercer puesto pasa a ser para la limpieza, que se intercambia el quinto puesto con el turismo, que baja del 9.8% al 4,1%. En el cuarto puesto se mantiene la preocupación por “los problemas asociados a la migración”.

Con todo, también destacan las preguntas que ha hecho el Ayuntamiento relativas a diversas políticas públicas. Por un lado, destaca que el 90% de los barceloneses se muestra a favor de endurecer las sanciones a los comportamientos incívicos, una cifra que se mantiene estable desde antes de las elecciones de 2023. Las respuestas para la última edición de esta encuesta se recogieron entre el 17 y el 30 de noviembre de 2025, justo un mes antes de la aprobación definitiva de la nueva ordenanza de civismo, que incorpora multas más altas.

El barómetro recoge, en general, un apoyo de más del 60% a todas las políticas públicas sobre las que se ha preguntado (que no son todas las que se han llevado a cabo). Así, el 70% se muestra de acuerdo con conectar el Tramvia por la Diagonal, el 60% a reducir el número de cruceros con escala en Barcelona y el 61,7% con establecer cooperación solidaria con ciudades palestinas.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha perdido este miércoles la cuestión de confianza que vinculó a la aprobación de los presupuestos, después de no poder recabar los apoyos necesarios para sacarlos adelante por la vía ordinaria.

Collboni sólo ha cosechado la confianza del PSC y ERC, mientras que los Comuns se han abstenido y tanto PP, como Junts y Vox han votado en contra. Ahora bien, las cuentas podrán salir adelante y entrarán en vigor automáticamente el 1 de enero de 2026 siempre y cuando la oposición no se ponga de acuerdo para proponer un candidato alternativo y presente una moción de censura.

Esta es la segunda vez que Collboni tiene que echar mano de la cuestión de confianza para aprobar sus presupuestos. La primera fue durante el primer año de su mandato y esta será la última. Según el reglamento, esta herramienta sólo se puede usar dos veces en una misma legislatura y nunca en dos ejercicios seguidos.

El alcalde tuvo que recurrir a esta vía después de no poder cosechar los apoyos necesarios la pasada semana, cuando se discutieron los presupuestos en el pleno municipal. La aprobación dependía del 'sí' de los Comuns, que decidieron abstenerse al considerar que todavía quedaban flecos por negociar.

Collboni no quiso posponer la votación, tal como le solicitaron los de Janet Sanz, y decidió avanzar por la vía rápida para poder tener las cuentas aprobadas el 1 de enero. “La ciudad tendrá presupuestos, de más de 4.000 millones de euros y lo habremos conseguido sin subir impuestos a las familias ni a las pymes”, ha señalado el alcalde.

Ha asegurado que, si ha recurrido a la cuestión de confianza es justamente porque el gobierno tiene “plena confianza” en que las cuentas abordan las necesidades de la ciudadanía. “Es un paso importante para garantizar el derecho a quedarse en Barcelona”, ha añadido.

Collboni ha recordado que estos presupuestos son fruto de los acuerdos con ERC y las negociaciones con los Comuns, aunque, dice, no excluye al resto de grupos, a los que sí ha afeado la falta de diálogo. Con todo, el teniente de alcaldía de Economía, Jordi Valls, sí ha sido algo más duro con los Comuns y ha indicado que “hay que evitar el bloqueo a las instituciones”.

Desde los Comuns han querido dejar claro al alcalde que no cuenta con su “confianza” y se han mostrado “decepcionados con la inacción del gobierno ante una Barcelona que es el deseo de parásitos como los operadores turísticos, grandes franquicias y especuladores”. Así, han advertido a Collboni que tiene “el resto del mandato para virar a la izquierda”.

Jaume Collboni sigue sin poder aprobar unos presupuestos en Barcelona por mayoría en el pleno. El alcalde socialista ha visto este viernes como la oposición le tumbaba unas cuentas de 2026 para las que solo contaba con el apoyo de ERC, puesto que los Comuns anunciaron justo antes de empezar que no habían alcanzado ningún acuerdo con el Ejecutivo.

Como respuesta, Collboni ha anunciado que se activará una cuestión de confianza vinculada a los presupuestos, un mecanismo previsto para ejecutivos municipales en minoría para sacar adelante las cuentas si no se forma una mayoría de gobierno alternativa. “Barcelona tendrá los presupuestos que necesita”, ha proclamado al finalizar la votación.

No será la primera vez que recurra a esta vía. Ya lo hizo para aprobar los de 2024. En 2025, también sin los apoyos suficientes –e igualmente habiendo alcanzado un pacto con ERC pero no con los Comuns–, tuvo que prorrogarlos. 

La votación en el plenario de este viernes se ha saldado por lo tanto con 15 apoyos, los de PSC y ERC; nueve abstenciones, las de los Comuns, y 17 votos contrarios, los de Junts, PP y Vox.

“Tres intentos, certo acuerdos presupuestarios conseguidos”, le ha reprochado al Gobierno la portavoz de los Comuns, Gemma Tarafa, que estos días pedía aplazar la votación para encarrilar las negociaciones. El teniente de alcaldía de Economía, Jordi Valls, le ha respondido: “No ha sido falta de tiempo, es porque debemos salir de nuestras zonas de confort, es estéril dilatar una negociación si hay elementos que vemos difícil que puedan madurar”.

Los socialistas contaban ya con el sí de ERC, que como en los ejercicios anteriores llegó a un acuerdo con los de Collboni a cambio de varias medidas. Entre ellas, destinar más de un 30% de las partidas a vivienda (240 millones), aumentar las ayudas para promocionar el catalán o crear un fondo de compensación para los efectos del turismo. 

Sin embargo, con los Comuns las conversaciones han sido menos fluidas. Tarafa les ha criticado no solo la falta de tiempo, sino no haber aceptado varias de sus demandas, o a los sumo comprometerse a estudiarlas. Entre ellas estaban el compromiso de prohibir las compras especulativas de vivienda –no solo crear una comisión para evaluarlo–, poner fin a la promoción turística de Barcelona desde el consistorio o peatonalizar las calles de Sants o Passeig Maragall. 

Valls, por su parte, ha reiterado que algunas de estas propuestas, ya sean las peatonalizaciones o la prohibición de las compras de segundas o más viviendas, deben llevarse a cabo de forma “segura, solvente y con seguridad jurídica”, algo que asegura que con los tempos planteados por los Comuns no ocurriría.

Con todo, el alcalde ha querido dejar claro que mantendrán en el proyecto de Presupuestos algunas medidas que sí habían consensuado ya con los Comuns. Se trata de 100 millones para la compra de vivienda por tanteo y retracto, regular la limitación de compras especulativas –una vez se apruebe en el Parlament una iniciativa parecida–, o reforzar la atención al sinhogarismo con 12 nuevos profesionales.

La de Collboni con los presupuestos ha sido hasta ahora una historia de frustraciones o, según la oposición, de fracasos. La primera vez, con los de 2024, tuvo que someterse a una cuestión de confianza para sacarlos adelante, puesto que solo contaba con el sí de ERC. Y el año siguiente, para los actuales de 2025, los tuvo que prorrogar al tener de nuevo solo el apoyo republicano y no el de los Comuns. 

En el capítulo de las ordenanzas fiscales, por contra, el entendimiento sí ha sido posible con los Comuns. Y no solo este año, sino también en los ejercicios anteriores. De cara al plan fiscal de 2026, los socialistas, además de alcanzar un acuerdo con ERC, pactaron con ellos medidas como una subida del IBI a los hoteles o estudiar este mismo impuesto progresivo a los que tienen más de una vivienda. 

Los Ayuntamientos de Barcelona y Ramala han firmado este miércoles un acuerdo de colaboración para ayudar a promover el desarrollo y recuperación urbana, de gestión del agua, promoción económica y actividades culturales de la ciudad palestina.

El pacto lo han rubricado los alcaldes de ambos municipios, Jaume Collboni y Issa Kassis. El barcelonés ha destacado que el acto, que estaba programado desde hacía semanas, tiene lugar justo después del alto al fuego y al principio de un acuerdo de paz. Por eso, ha insistido en que Barcelona también aportará “su granito de arena” a la espera de una paz “justa” y con un “horizonte de esperanza”.

El acuerdo dota al AMB y a técnicos del Ayuntamiento de un papel destacado para trabajar sobre la gestión del espacio público y las zonas verdes. También se echará mano de la empresa pública Barcelona Activa como intermediario para promover la actividad económica. También se creará un canal para que se puedan llevar a cabo actividades educativas, deportivas y culturales en la Franja.

Kassis ha celebrado que el convenio reforzará la presencia de los ciudadanos en su ciudad y servirá para “volverlos a arraigar a su tierra”, promoviendo las ganas de vivir. También ha agradecido a Barcelona haber “escuchado con todos sus sentidos, oídos, corazón y conciencia” a Gaza. Y ha destacado la “valentía” de los manifestantes que han secundado la huelga de este miércoles para pedir la paz en Oriente Medio.

Asimismo, Collboni ha parafraseado a Pedro Sánchez y ha insistido en que el presidente israelí, Benjamin Netanyahu, debe comparecer ante la justicia por los crímenes cometidos en Gaza: “La paz no puede significar impunidad”.

El encuentro se ha dado en el marco del proyecto Distrito 11 de la ciudad, un plan que ya ideó el exalcalde Pasqual Maragall con Sarajevo en los años 90. En esra ocasión el proyecto consistirá en reforzar la cooperación con distintas ciudades de Palestina, con un presupuesto de un millón de euros anuales.

Como símbolo de la unión y la paz, Collboni ha entregado a Kassis un olivo para que se plante en Ramala, un árbol que el alcale gazatí ha reivindicado como una representación de su pueblo: las hojas por la deseada paz y las raíces por la conexión con la tierra.

A su vez, Kassis ha entregado a Collboni un documento que certifica el bautizo de una de las principales calles de Ramala con el nombre de Barcelona. El cambio se quería presentar el pasado septiembre, pero tuvo que anularse después de que Israel vetara la entrada del alcalde catalán al país.

El gobierno de Jaume Collboni ha presentado este jueves su proyecto de presupuestos para 2026. Son unas cuentas récord con 4.180 millones de euros, un 8,5% más que los del ejercicio anterior, que finalmente no se llegaron a aprobar por falta de apoyos.

Uno de los puntos más significativos de la propuesta es que se incrementa un 33% la partida destinada a vivienda, llegando a los 239 millones, que se dedicarán a la promoción del parque público, la rehabilitación o una bolsa para poder ejercer el tanteo y retracto.

Con esta cifra, Collboni cumple con el requisito que la líder de ERC en Barcelona puso para sentarse a la mesa a negociar los presupuestos. Los republicanos dijeron que no se plantearían iniciar conversaciones a menos que las cuentas incrementaran un 30% lo destinado a vivienda. El PSC ha subido la apuesta al 33%.

Según el Ayuntamiento la de vivienda es una política “clave”. De esos 239 millones, se destinarán 84 para la promoción y gestión del parque público, 50 para la rehabilitación, 20 para el tanteo y retracto, 25 para liberar suelo para nuevas promociones en la zona de la Sagrera y 38 en ayudas o subvenciones. En este último punto destaca una línea para pagar el alquiler de familias monoparentales y mayores de 55 años.

El consistorio ha destacado que las cuentas de este año están muy centradas en la vivienda, pero también en “prestación de servicios, la lucha contra las desigualdades y la seguridad”. Respecto a esto último se dedicarán 430,6 millones de euros -casi el doble que a la vivienda- , con la previsión de incorporar 100 nuevos agentes de la Guàrdia Urbana e instalar más cámaras de videovigilancia en la ciudad.

También se prevé una partida de 266,9 millones para mantener las bonificaciones del transporte público, acabar la unificación del tranvía o ampliar el Bicing con un millar de nuevas bicicletas. Otra partida es la que apuesta por la descarbonización y la estrategia climática, con la promoción de más zonas verdes, recolectores de agua pluvial o espacios sombreados con 109,3 millones. Destaca también la partida destinada a las grandes obras, equipamientos o acciones de transformación urbana. Aquí irán a parar 861,8 millones de euros.

Igualmente, este jueves el alcalde Collboni también ha presentado su propuesta de ordenanzas fiscales, que se votan antes de los presupuestos y suelen ejercer como una especie de ensayo general que permiten ver al Ejecutivo si cuenta con apoyos suficientes para las cuentas.

Aun así, el pasado año no fue de esta manera, puesto que el Gobierno pudo aprobar las ordenanzas gracias a los votos de Comuns y ERC, pero perdió la votación de los presupuestos y tuvo que prorrogar los del año anterior (que ya tuvieron que ser aprobados mediante una cuestión de confianza).

La propuesta para las ordenanzas fiscales plantea congelar impuestos y tasas para familias y PYMEs. También propone aumentar un euro el recargo municipal a la tasa turística hasta los cinco euros. El objetivo es subir un euro cada año hasta llegar al máximo de ocho permitido por ley.

El recargo turístico ya se incrementó el año pasado como punto clave para pactar con ERC y Comuns las ordenanzas fiscales del 2025. Ahora bien, se trata de una cuestión que está condicionada a la convalidación en el Parlament de un decreto ley que todavía no ha salido adelante.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha reclamado a la Unión Europea regulación y “fondos extraordinarios” para que los ayuntamientos y los gobiernos regionales puedan promover o comprar vivienda y garantizar así el “derecho a quedarse” en la ciudad.

ElDiario.es organiza este lunes en Barcelona las jornadas ‘El dret a l’habitatge: reptes i solucions’, en la que representantes de instituciones públicas y expertos y expertas abordarán uno de los problemas más relevantes de España.

En el discurso que ha abierto las jornadas, Collboni ha celebrado que las regulaciones estatales en vivienda hayan permitido contener y bajar los precios del alquiler en Barcelona, y ha reivindicado la prohibición de los pisos turísticos que ha impulsado desde el consistorio.

Para Collboni hay que ir más allá y es necesaria la intervención de la Comisión Europea en materia de vivienda. Ha recordado Collboni el frente común de 17 alcaldes y alcaldesas de ciudades europeas donde el problema de vivienda es más acuciante, que han llevado ante la instituciones comunitarias la situación en sus municipios.

“Hemos conseguido situar la vivienda como prioridad en la agenda europea”, ha expresado Collboni, que ha recordado que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, advirtió de este problema en su discurso sobre el Estado de la Unión y presentará una estrategia de vivienda en los próximos meses.

“Nuestra petición es muy sencilla: regulación y fondos extraordinarios para comprar o construir”, ha planteado Collboni, que ha reclamado “muchos más recursos” para los ayuntamientos tanto de la Generalitat, el Estado y también de la UE. “Si se movilizaron recursos suficientes para la COVID, en estos momentos la gran pandemia interior es la vivienda”, ha agregado.

El alcalde ha admitido que la construcción de nuevas viviendas que impulsan distintas administraciones como el Ayuntamiento, Generalitat y el Área Metropolitana de Barcelona “tardará un tiempo” en materializarse, por lo que ha abogado por “coordinar esfuerzos” y “mantener” las políticas de vivienda actuales.

Collboni ha reivindicado que desde Barcelona “se están cambiando las reglas del juego” y ha puesto como ejemplo los fondos de inversión que han decidido irse de la ciudad al constatar que las regulaciones estatales y locales aminoran sus beneficios. “Si queremos que la vivienda no sea un bien sujeto a la especulación se tienen que cambiar las reglas”, ha apostillado.

“Estamos en un punto de inflexión”, ha ahondado el alcalde, que ha agradecido a movimientos sociales y sindicales “haber presionado” sobre la vivienda; a las fuerzas progresistas haber implantado las regulaciones sobre el tema; así como a los promotores públicos y privados que construyan más pisos protegidos. “Tenemos que movilizar todas las palancas a nuestro alcance”, ha añadido.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, se ha reunido este viernes en Estambul con activistas LGTBI y les ha trasladado su apoyo ante la “represión y la vulneración de derechos” que sufre el colectivo en el país.

Según informa el Ayuntamiento de Barcelona en un comunicado, el alcalde también ha podido conocer las dificultades con las que trabajan las entidades en defensa de la comunidad LGTBI, entre ellas, el Comité del Orgullo de Estambul o BATOÇA (Asociación para los Estudios Sociales de la Paz).

Turquía ocupa actualmente la posición número 47 de 49 países europeos en el Rainbow Map 2025 en cuanto a derechos del colectivo LGTBI, solo por delante de Rusia y Azerbaiyán. El Ayuntamiento de Barcelona recuerda en su comunicado que las marchas del Orgullo están prohibidas en Turquía desde 2015 y que los miembros de la comunidad son víctimas de acoso y detenciones por parte de la policía.

El pasado mes de junio, el alcalde ya participó en la Pride Freedom Celebration de Budapest, la manifestación en defensa de los derechos LGTBI, que este año cumple 30 años y que había sido prohibida por el gobierno del primer ministro húngaro Viktor Orbán.

Durante su visita, Collboni participó este jueves en los actos de apoyo al alcalde Ekrem Imamoglu, encarcelado por motivos políticos. Frente a la prisión de Silivri, Collboni defendió “la diplomacia de las ciudades”. “Unidos, podemos arrojar luz sobre los principios que defendemos y reforzar las instituciones. Continuaremos al lado de nuestro colega, su valentía nos inspira y nos compromete a seguir defendiendo la democracia”, señaló el alcalde.

En una visita al Ayuntamiento Metropolitano de Estambul (IMM) Collboni proclamó que las ciudades son el espacio donde la democracia se hace realidad. “Nos unimos en defensa de la democracia en estos tiempos difíciles”, añadió.

La Fundación Española de Abogados Cristianos ha denunciado al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, por el cartel de las fiestas de la Mercè. Los denunciantes atribuyen al alcalde un posible delito de escarnio, recogido en el artículo 525 del Código Penal, por considerarlo responsable último de la imagen.

Abogados Cristianos considera que el cartel, obra del director y guionista cinematográfico Lluís Danés, “mezcla el imaginario circense propio de un freak show con la iconografía religiosa”. En el anuncio del cartel aparece una figura femenina con corona sobre un retablo, que Abogados Cristianos sostiene que “evoca la simbología de la Virgen” de la Mercè y que, en el vídeo promocional que acompaña al cartel, se levanta la falda para bailar.

La organización asegura que no permitirán que gobernantes, a los que atribuyen “falta de ética” y “transparencia”, usen “lo público para humillar a los católicos y fomentar la confrontación social”.

La presidenta de la entidad, Polonia Castellanos, ha relacionado el cartel con los casos de corrupción que afectan al PSOE: “No es casualidad que este tipo de ataques a los símbolos religiosos coincida con la deriva moral de un PSOE envuelto en casos de corrupción y en políticas que menosprecian los derechos fundamentales de miles de ciudadanos”, ha apuntado en un comunicado.

Abogados Cristianos recuerda que algunos partidos han mostrado malestar con el cartel, así como el Arzobispado de Barcelona, que cree que ridiculiza la imagen de la Madre de Dios. Por su lado, el Ayuntamiento ha defendido la “libertad creativa” del autor y asegura que “en ningún caso” se ha inspirado en motivos o figuras religiosas.

La actriz Emma Vilarasau será la pregonera de las próximas fiestas de la Mercè de Barcelona, que se celebrarán en septiembre. Así lo ha anunciado este jueves el alcalde de la capital catalana, Jaume Collboni, durante la presentación del cartel y el programa de las fiestas.

El alcalde lo ha avanzado en un acto en el Saló de Cent del consistorio junto a la actriz, que ha asegurado que dudó antes de aceptar el reto. “Se me pasó el susto y ahora me hace mucha ilusión la propuesta, en un año en el que la fiesta está dedicada a las artes escénicas”, ha dicho Vilarasau durante el acto.

La actriz ha dicho ser consciente de la “gran responsabilidad” que tiene como pregonera y ha destacado la estima que le tiene a la ciudad y a su gente por el acompañamiento que le han brindado a lo largo de su carrera.

Emma Vilarasau recibió en febrero pasado el Premio Días de Cine a la mejor interpretación femenina por su papel en la película Casa en flames dirigida por Dani de la Orden y cointerpretada por Alberto Sanjuan, Macarena Garcia, Clara Segura y Enric Auquer entre otros actores y actrices.

Su discurso de agradecimiento por el premio fue uno de los más celebrados. “Envejecer no puede ser tan terrible, si el cine lo normalizara, mostrando una vejez luminosa, alegre, digna, tal vez las mujeres dejarían de agredir su cuerpo para retrasar esa vejez”, dijo entonces.

El concejal de Nou Barris del gobierno de Collboni, Xavier Marcé, se ha disculpado este martes después de haber tildado a las federaciones de fútbol de “banda de nazis”.

“Pido disculpas sinceras por estos comentarios inaceptables y fuera de lugar sobre las federaciones deportivas”, ha dicho en una comparecencia breve desde el Ayuntamiento de Barcelona al día siguiente de haber dicho en el plenario del distrito de Nou Barris que él se “cargaría” todas las federaciones de fútbol.

“Yo me cargaría todas las federaciones de fútbol, pero existen, son una banda de nazis”, dijo el lunes en el pleno del distrito ante la preocupación de vecinos y entidades por la posibilidad de que Europa juegue en el campo de Can Dragó.

“En ningún caso estas palabras representan ni reflejan el pensamiento del gobierno, de los grupos municipales, el Ayuntamiento ni siquiera las mías propias”, ha dicho Marcé, quien ha destacado que las federaciones hacen un trabajo “importante” de ciudad. También ha dicho que su comentario fue “absolutamente inapropiado e ”indeseable“ y ha explicado que ha llamado personalmente a la Unión de Federaciones Deportivas de Catalunya (UFEC) ya la Federación Deportiva de Fútbol para disculparse.

La UFEC pidió un “retractamiento público”

Las disculpas llegan después de que la UFEC pidiera en un comunicado este martes “el retractamiento público” del concejal. En el comunicado, critican la intervención de Marcé en el plenario del distrito y califican de “graves e inaceptables” las declaraciones que hizo el lunes. La UFEC expresa el rechazo “absoluto y contundente” a las palabras del concejal en el pleno y ve “inadmisible” e “irresponsable” que un cargo público como él se exprese “sembrando el odio y desacreditando injustamente al conjunto del sector federativo”.

Desde la unión también subrayan que las federaciones deportivas -que Marcé había calificado de 'partida de nazis'- son “herramientas esenciales de cohesión social, formación, promoción de los valores del deporte y vertebración del territorio”. “Sus funciones van mucho más allá del ámbito deportivo, siendo el reflejo del trabajo incansable de miles de profesionales y personas voluntarias que, día tras día, construyen país a través del deporte”, apuntan.

La UFEC también reitera su compromiso con la defensa del modelo federativo y los valores “del respeto, la paz, la convivencia y la responsabilidad y todas las entidades y personas que hacen posible el deporte catalán y barcelonés a diario”.

Críticas de varios partidos

Desde Junts por Barcelona, el presidente Jordi Martí había reclamado también disculpas de forma inmediata. En declaraciones al 'Tot Barcelona', Martí ha dicho que Marcé “perdió los papeles” y ha señalado que el concejal del PSC debía pedir disculpas, retirar sus afirmaciones, o plegar.

La presidenta de BComú en el consistorio, Janet Sanz, también ha cargado contra Marcé, que también es concejal de Cultura. “Aquí en plena acción en un Plenario de Distrito de Nou Barris banalizando el nazismo y atacando a las federaciones deportivas”, dijo compartiendo el vídeo del pleno del distrito y exigiendo a X una “rectificación inmediata o que se pliegue”.

Desde ERC, el portavoz Jordi Castellana ha señalado que sus explicaciones son “totalmente insuficientes”. “Un concejal no puede banalizar al nazismo y después simplemente pedir disculpas. El alcalde debe tomar decisiones sobre su equipo. Es la segunda vez en una semana que un concejal sale a pedir a disculpas sin consecuencias”, indicó.

A su vez, el presidente del PP en el Ayuntamiento, Daniel Sirera, ha afirmado que no es suficiente con pedir disculpas y ha pedido a Collboni que cese el concejal de Nou Barris.

Quien también ha sido crítico con Marcé ha sido Carles Puigdemont, que lo ha hecho a través de un mensaje a X. “Entre la manifiesta incompetencia del Gobierno de Cataluña en Educación que estamos viendo estos días y las salidas de tono de sus representantes en Barcelona, a los socialistas les está quedando una 'normalidad' perfectamente descriptible”, indicó Puigdemont.

El Ayuntamiento de Barcelona ha estrenado este miércoles una galería con los retratos oficiales de los exalcaldes Narcís Serra, Pasqual Maragall, Joan Clos, Jordi Hereu, Xavier Trias y la exalcaldesa Ada Colau.

El alcalde, Jaume Collboni, ha inaugurado la galería en presencia de Serra, Clos, Hereu, Trias y Colau y de las dos hijas de Maragall en representación de su padre.

Los retratos oficiales se han colocado frente a la Sala del Bon Govern, uno de los espacios del edificio histórico del Ayuntamiento. En la inauguración, Collboni ha destacado que la iniciativa busca reivindicar a quienes han contribuido al “progreso de la ciudad” y la continuidad democrática de la institución.

Los exediles habían participado antes en un almuerzo y durante el acto han compartido anécdotas e imágenes como la de la conversación entre Trias y Colau, dos de los que probablemente mantuvieron más diferencias en el pasado.

Además, el Ayuntamiento ha entregado la Medalla de Oro a Clos, Hereu, Trias y Colau. En el caso de Serra y Maragall ya la habían recibido en el pasado. Todos han firmado también en el libro de honor del consistorio.

El Ayuntamiento de Barcelona ha pactado con ERC un paquete de inversión para realizar 58 medidas de mejora en los barrios de Barcelona. Estas acciones se ejecutarán durante lo que queda de 2025 y dan cumplimiento en el acuerdo al que el PSC llegó con los republicanos en el marco de la negociación presupuestaria. Era uno de los requisitos que pusieron los de Alamany para votar a favor de las cuentas, aunque finalmente estas cayeron por el voto en contra de los Comuns y Collboni se vio obligado a prorrogarlas.

Aun así, el Gobierno municipal ha seguido adelante con el pacto con ERC y ha dotado con 19,72 millones la prórroga para ejecutar “actuaciones prioritarias” que “dan respuesta a las principales demandas de la ciudadanía”, tal como expresan desde el consistorio.

La inversión se repartirá equitativamente entre los 10 distritos de Barcelona e incluye desde proyectos de “gran envergadura” hasta pequeñas obras de mejora. El punto en común de todos ellos es que han sido acordados con ERC a propuesta de entidades vecinales.

El paquete de medidas incluye remodelaciones del espacio urbano como la plaza del Poeta Boscà, en Ciutat Vella, donde se mejorará la zona de juego infantil y se habilitará un espacio deportivo; o la reforma de la plaza de la Caba, en Les Corts.

También se habilitarán carriles bici en Nou Barris, Horta Guinardó y Sarrià-Sant Gervasi. Igualmente, se abrirán procesos participativos para decidir los usos de nuevos equipamientos municipales como el que habrá en la calle Diputació, en Sants Monjuïc, o se urbanizarán nuevas zonas verdes como la de Via Barcino en Sant Andreu.

El paquete también incuye medidas para garantizar la accesibilidad en ciertas avenidas, como la Rambla Prim de Sant Martí, donde se corregirán irregularidades en el pavimento. Incluso se plantean algunas expropiaciones, como la que se ha proyectado en la rambla de Prat, en Gràcia, para alargar la avenida, ampliar la plaza de Anna Frank y construir vivienda pública.

Barcelona en Comú celebra este fin de semana su primer congreso, justo cuando se cumplen 11 años desde que se presentó públicamente como partido y quince desde que se empezó a idear la formación. Años después y habiendo dejado atrás la época en la que gobernaban el Ayuntamiento y el liderazgo de Ada Colau, se han propuesto refundar su ponencia política.

Una de las decisiones de los Comuns ha sido dar carpetazo a su relación con el PSC y este fin de semana han rubricado la ruptura con el partido con el que gobernaron durante casi dos legislaturas completas. “El funcionamiento de los grandes lobbies económicos en Barcelona encuentran en el gobierno municipal del PSC un perfecto aliado”.

Esta declaración forma parte de una ponencia política que ha presentado la líder de los Comuns en la ciudad, Janet Sanz durante el congreso y que ha sido aprobada por 142 votos a favor, 0 en contra y 2 en blanco.

La formación se ha planteado este primer congreso como “un cruce estratégico” para que “el despacho de la alcaldía no siga siendo una alfombra roja para los especuladores”. Por ello, apuestan por construir un “frente de izquierdas amplio”, sin dar nombres de ninguna formación, pero excluyendo explícitamente a los socialistas.

De esta manera, los Comuns destierran al PSC del “pacto de gobierno progresista” que habían intentado conseguir también con los republicanos desde las elecciones. Este gesto es el colofón de meses de reproches cruzados entre ambas formaciones.

Es una declaración de intenciones que sigue la línea del últimatum que lanzó el partido a Collboni después del intento de desalojo de dos edificios ocupados en Vallcarca, en los que viven 40 personas, 13 de las cuales menores. “Si no se para el macrodesahucio, no hablaremos de la modificación de crédito, ni de las ordenanzas fiscales ni de los presupuestos, como tampoco de planes urbanísticos”, aseguró Janet Sanz, pocas horas después de que el desalojo fuera suspendido y de que el consistorio comunicara que pediría una orden judicial para vaciar las fincas.

Los Comuns, pues, pretenden afianzar así una dinámica del ‘no a todo’ en esta legislatura que, en su primera mitad, ha estado caracterizada por enfrentamientos entre ambas formaciones, pero también por pactos significativos. Los Comuns facilitaron la aprobación de las ordenanzas fiscales -no así de los presupuestos, que están prorrogados-, pacto que se tradujo en un acuerdo en el Parlament para modificar, entre otras cosas, la tasa turística. También acordaron reducir dos terminales de cruceros -para enmendar la ampliación de dos terminales que se firmó bajo el último gobierno de Colau- y una regulación del alquiler de temporada en la ciudad a través del planteamiento urbanístico.

De hecho, fue la negociación de los presupuestos la que hizo saltar todo por los aires y lo que acabó de dinamitar cualquier posibilidad de entendimiento. Desde entonces, todo han sido reproches. Sobre todo, centrados en las políticas de vivienda y de control del turismo del consistorio barcelonés.

La voluntad de Collboni de reformar el 30% -una de las normas que, aunque no llegó a funcionar nunca del todo fue insignia del gobierno de Colau- o lo que los comuns describen como “excesiva permisividad y complicidad” con Airbnb son los dos principales campos de batalla entre ambos.

“Es una política que, ante una grave crisis de inflación y vivienda regala el centro de la ciudad a la Formula 1, que perdona sanciones a Airbnb y quiere ampliar el aeropuerto en plena emergencia climática”, ha sentenciado Sanz. “Llevamos dos años perdidos para la gente, pero muy útiles para los lobbies”.

Igual de contundentes se han mostrado los Comuns con el PSOE, partido con quien mantienen un pacto de gobierno a través de Sumar. “Los casos de corrupción que les salpican vuelven a poner en evidencia la corrupción estructural del bipartidismo”, ha afirmado Sanz. “La corrupción es una subversión del sistema democrático, que pone intereses privados por encima del interés general y permite a los poderosos perpetuar el statu quo y los sistemas de impunidad”, ha remachado.

Estas afirmaciones se dan apenas tres días después de la reunión que mantuvieron Sumar y el PSOE tras el estallido del escándalo del ex secretario de organización socialista Santos Cerdán. A pesar de que los de Yolanda Díaz aseguraron que no se habían producido avances, también mostraron la voluntad de no romper la coalición y conseguir que la legislatura llegara a su fin, en 2027.