La riqueza financiera de las familias españolas, la diferencia entre ahorros y deudas, aumentó un 12,2% en el segundo trimestre del año en comparación con el mismo periodo de 2025, a pesar de la inflación, con lo que pulverizó un nuevo récord y llegó a 2,81 billones.

Según las Cuentas Financieras de la Economía Española publicadas este jueves por el Banco de España, la riqueza financiera se elevó a finales de junio de 2026 exactamente hasta 2,812 billones de euros, una cifra inédita en la serie histórica. Mientras que la deuda de las familias se moderó hasta el 41,9% del PIB, valor mínimo desde el tercer trimestre de 1999.

El avance de la riqueza se explica principalmente por las revalorizaciones de los activos, especialmente las participaciones en el capital y fondos de inversión.

Los activos financieros de los hogares (dinero en efectivo, acciones, depósitos y valores en renta) aumentaron un 10,46% frente a un año antes, hasta los 3,64 billones.

En relación con el producto interior bruto (PIB), los activos financieros netos representaron un 209,7% al cierre del segundo trimestre de 2026, y la riqueza financiera neta, una vez descontadas las deudas, supuso el 161,8%.

El grueso de los activos financieros de los hogares españoles estaba en participaciones en el capital, que sumaban el 32,8% del total; seguido de efectivo y depósitos (32%); fondos de inversión (17,5%), y seguros y fondos de pensiones (11,5%).

Se observa un ligero aumento de las participaciones en el capital y en los fondos de inversión, compensado con la evolución a la baja de efectivo y depósitos.

La deuda de familias y empresas  

La deuda consolidada de los hogares y las empresas ascendió a 1,805 billones de euros a finales del segundo trimestre de 2026, un 1,8% más que un año antes.

En el caso de los hogares, la deuda aumentó y pasó de 718.495 millones de junio de 2025 a casi 728.820 millones a cierre del segundo trimestre de 2026.

Respecto al PIB, sin embargo, la ratio de deuda de los hogares disminuyó hasta el 41,9%, el nivel más bajo desde el tercer trimestre de 1999.

Por su parte, la deuda consolidada de las empresas aumentó desde los 1,055 billones de junio de 2025 a los 1,077 billones de cierre del segundo trimestre de 2026, lo que supone, sin embargo, el 61,9% del PIB, el porcentaje más bajo desde el tercer trimestre de 2001.

La evolución de la deuda consolidada de las empresas se explica, principalmente, por la menor emisión de acciones no cotizadas y otras participaciones, que fue más que compensada con la evolución de las operaciones en el caso del resto de instrumentos.

En cuanto a las Administraciones Públicas, las operaciones consolidadas de los activos en el segundo trimestre de 2026 alcanzaron el 0,8 % del PIB, por debajo del promedio desde 2022, que se explica principalmente por las transacciones de efectivo y depósitos y de los otros activos.

Las operaciones por el lado del pasivo en las Administraciones Públicas se situaron en el 3,2 % del PIB, por debajo del promedio desde 2022, debido a los valores representativos de deuda y los préstamos, añade el Banco de España.

Imaginemos que el problema de la vivienda es una matrioska, una de esas muñecas rusas que contienen en su interior otras muñecas más pequeñas.

Lo que vemos en la primera matrioska resulta bastante obvio. Empezando por las cifras. En 2008, cuando estalló la gran crisis, se construyeron en España 615.072 viviendas. La burbuja de ladrillo, ¿recuerdan? En ese año, 2008, la población española ascendía a 46,2 millones de personas.

En 2025 se construyeron 94.791 viviendas. Con una población de 49,5 millones de personas. Comparen estas cifras con las del párrafo anterior. El problema salta a la vista.

Añadamos la especulación. Es cierto que los grandes inversores (eso que llamamos “fondos buitre”, una expresión tan poética como vaga) tienen una incidencia importante en el mercado del alquiler, especialmente en el centro de las grandes ciudades. También es cierto que la gran mayoría del mercado está en manos de pequeños propietarios a los que llamamos “rentistas”: sigamos, por qué no, con las expresiones poéticas.

Es posible (y necesario) aplicar medidas de protección social para quienes ya tienen alquilado un piso y sufren abusos del propietario. Pero, en último extremo, rigen las leyes del mercado. Hay poca oferta y mucha demanda. Y los precios de lo que se ofrece resultan inasumibles para la gran mayoría. Hablamos de la gran mayoría de quienes buscan alquilar, en general jóvenes. Porque más del 73% de la población vive en vivienda de propiedad: esa vivienda paterna de la que los jóvenes no pueden salir.

Conviene mencionar que la poca vivienda que se construye es cara ya de inicio, por la escasez de suelo, por cuestiones fiscales y burocráticas y por el encarecimiento de los materiales. Un piso nuevo que no sea un cajón, en una zona más o menos remota, difícilmente bajará de los 200.000 euros a precio de coste.

Es el momento de abrir esa muñeca de la vivienda y ver la otra muñeca que esconde en su interior: los salarios. Los sueldos en España son en general bajísimos, muy inferiores (en términos relativos, es decir, en capacidad adquisitiva) a los vigentes en 2008. Y muestran una estructura disfuncional. No es razonable que en una empresa los directivos ganen muchísimo más que el resto de los trabajadores. Tampoco es razonable que la pensión máxima supere los 45.000 euros anuales, mientras el sueldo medio apenas roza los 30.000. El sueldo medio está cada vez más cerca del salario mínimo: 17.000 euros. ¿Quién puede vivir con esos ingresos?

La explicación académica: los salarios son bajos porque la productividad es baja. Vale. Aceptemos que sectores en auge como el turismo y la hostelería son poco productivos. El caso es que las empresas del Ibex (las que cotizan en Bolsa) ganaron en 2025 más de 71.000 millones de euros. Incluso descontando que parte de esos beneficios provienen del exterior, algo no cuadra: o bien los empleados de las grandes empresas tienen una productividad que no se refleja en los salarios, o bien los directivos son auténticos magos y merecen los sueldazos que se adjudican a sí mismos.

(El turismo, además de ser poco productivo, contribuye a emponzoñar el mercado inmobiliario. No hace falta que abundemos en la desgracia de los pisos turísticos y los alquileres de duración breve. Agreguemos a esta desgracia, por ser prolijos, la de la “Golden visa” para extranjeros).

Vamos a por otra muñeca. Esta se llamaría “capital”. Las empresas españolas con más beneficios en 2025 fueron dos bancos: Santander y BBVA. Entre ambos ganaron casi 25.000 millones de euros.

Si les apetece, podemos recordar que el rescate bancario le ha costado al contribuyente más de 43.000 millones de euros. Y ni siquiera se plantea que la banca los devuelva. Si les apetece, podemos recordar que en España no existe (salvo pacto privado y excepcional) la dación en pago: cuando no se paga una hipoteca, el banco se queda con la vivienda y el hipotecado se queda con la deuda. Cierto, el alza continua de los precios suele permitir vender y saldar la hipoteca, aunque se pierda lo ya pagado. Pero ese es otro factor disfuncional.

Queda una última muñequita en la matrioska. La más pequeña. ¿Por qué un gobierno supuestamente progresista no ha resuelto, ni siquiera ha empezado a resolver, todos los problemas representados por las muñequitas anteriores? O no ha querido o no ha podido. Cabe suponer que no ha podido. El control por parte del PP de la gran mayoría de las comunidades autónomas podría ser una excusa si en las controladas por el PSOE, como Catalunya, las cosas fueran mucho mejor. Y no es así.

La explicación que me parece más razonable radica en la debilidad intrínseca de unos gobiernos, los de Pedro Sánchez, basados en una coalición de elementos incompatibles entre sí. Esa debilidad está relacionada con la pavorosa crisis política que afecta a toda Europa. Y así, me parece, están las cosas.

El 16 de octubre de 2025, InmoCaixa, inmobiliaria de la obra social de Fundación La Caixa, vendió a un fondo privado llamado Mosaic Propco tres bloques de viviendas, en Santander, en lote. Durante más de una década y hasta ese día, los 107 pisos habían sido de alquiler asequible con derecho a compra y los residentes iban renovando. Ese mismo mes, los inquilinos fueron notificados de la compraventa. La operación no afectaba solo a las viviendas de Santander, incluía bloques en Córdoba, Vicálvaro, Pinto, Vallecas, y Erandio.

La mayoría de inquilinos de los bloques de Santander contactó de inmediato a Inmocaixa, algunos estaban negociando la compra, pero la respuesta fue la misma: el dueño de sus pisos era ahora otro.

En febrero de 2026, Mosaic les contactó individualmente con Básico Living, su empresa de gestión de alquiler, para los pagos mientras los contratos estuviesen vigentes. En paralelo, en esas fechas, la empresa de desocupación Imass también les contactó. Las llamadas de presión de Imass empezaron a ser constantes: o pagaban a precio de mercado (alrededor de 250.000 euros) y se hacían propietarios o aceptaban una irrisoria indemnización y se iban. En abril de 2026, ya organizados como plataforma de afectados, decidieron visibilizar el primer caso masivo de afectados por futuros desahucios en Santander. La mayoría de vecinos no quería irse.

Hay que retrotraerse quince años para entender cómo se pasó de impulsar la vivienda con interés social a una presión inmobiliaria sin precedentes de fondos buitre por toda España. En la capital de Cantabria, la construcción de tres bloques de pisos en la calle Hermanos Calderón fue anunciada en 2011 por el Ayuntamiento de Santander (PP) en compañía de directivos de La Caixa. Sería un proyecto, en suelo privado, de viviendas de alquiler asequible en una zona residencial de nueva construcción, a las afueras de la ciudad, que hoy forma parte de la zona de expansión de la capital.

Dos años después, en 2013, los dos primeros bloques fueron terminados y los inquilinos, previo pago pagar del mes de alquiler, el mes de fianza y un depósito de 1500 euros, entraron a vivir en las 70 viviendas. Dos años después, en 2015, el mismo alcalde del PP, Íñigo de la Serna, anunció también con directivos de Caixabank, que las 37 viviendas restantes estaban listas. En total, 107 viviendas de alquiler asequible sorteadas entre solicitantes empadronados en Santander, a propuesta del Ayuntamiento.

El alcalde afirmó entonces que el Ayuntamiento de Santander era la institución que “más” estaba trabajando por la vivienda social. Y el entonces director territorial de Caixabank dijo que el acceso a una vivienda digna era “la apuesta” del banco desde 2005, “en plena bonanza económica, un momento en el que los jóvenes y las personas mayores eran los colectivos con mayores dificultades en el acceso a una vivienda”.

Un año después, de La Serna se convirtió en ministro de Obras Públicas y la entonces concejala de Festejos, Gema Igual, pasó a ser alcaldesa. De ahí en adelante, mientras la lucha contra los desahucios copaba las calles de España, los inquilinos de Hermanos Calderón que pudieron comprar su piso, lo hicieron –hay casos de venta por 135.000 euros– y la mayoría siguió viviendo en alquiler a precio módico. Ese era el acuerdo hasta que a finales de 2025 estalló todo por los aires.

En Santander, fue el Partido Socialista el que hizo público en abril de 2026 el caso de la venta de los tres bloques a un fondo privado. Presentó una moción en el pleno sobre la situación de las 107 viviendas y condenó la actitud del Ayuntamiento: “Hemos pasado de un proyecto de alquiler asequible a una operación especulativa en manos de fondos”, dijo su portavoz Daniel Fernández.

Mientras, la plataforma de afectados se alió con el recién creado Sindicato de la Vivienda de Cantabria y empezó a reunirse con partidos de la oposición. Izquierda Unida denunció que estaban siendo sometidos a presiones. La plataforma fue estableciendo lazos con los inquilinos del resto de ciudades donde Fundación La Caixa había construido vivienda asequible. En junio salieron a protestar por la capital de Cantabria y exigieron a la alcaldesa Gema Igual que valorase comprar los pisos o, al menos, mediase por ellos, aprovechando un tenso turno de ruegos y preguntas de un pleno municipal. “Mientras los fondos buitre se adueñan de nuestra ciudad y convierten la vivienda en un negocio, ¿qué va a hacer este Ayuntamiento?”, le preguntó Clara Salas, uno de los rostros visibles del colectivo. La regidora les dijo que revisaría el caso.

El silencio fue absoluto durante dos meses hasta que, a finales de agosto, Igual accedió a reunirse con un pequeño grupo de la plataforma. No les prometió nada, el encuentro no fue publicitado, pero les avanzó que no compraría las viviendas que, como les recordó, están en suelo privado.

En este tiempo, las llamadas de la empresa de desocupación Imass para presionar a los inquilinos a comprar o marcharse se han mantenido, la empresa propietaria les ha privado de las bonificaciones de agua y alcantarillado y el primer contrato de una familia inquilina vence ya en noviembre. El resto de contratos de alquiler irá terminando entre 2027 y 2028.

El mediático caso de Maricarmen, la vecina octogenaria del barrio de Retiro, en Madrid, les ha llevado de nuevo a protestar a las calles de Santander el pasado viernes. Este martes, junto con afectados por Mosaic Propco de Vallecas, Pinto y Vicálvaro, los vecinos de Hermanos Calderón están en el Congreso de los Diputados, para hablar con partidos políticos, para buscar “una solución para toda España”. Su penúltimo gesto ha sido invitar a la ciudadanía a mandar una carta a la alcaldesa para que reconsidere la compra de sus pisos, la respuesta de Gema Igual ha sido que la compra, a su juicio, sería “ilegal”.

El Departamento de Vivienda del Gobierno de Navarra, la única consejería en manos de Contigo/Zurekin, se encuentra inmerso en una negociación con fondos buitre para recuperar unas 600 viviendas que han perdido recientemente la calificación de VPO de alquiler. Se trata de inmuebles construidos hace años con financiación pública y que, fruto de “la herencia recibida”, perdieron la protección y pasaron a manos de inversores. En Navarra ahora la calificación de las VPO, también en régimen de alquiler, es permanente.

Según ha avanzado la consejera del ramo, Begoña Alfaro, para la negociación de la compra de estas viviendas se va a disponer de 22 millones de euros de los presupuestos del 2027, así como “parte del superávit” del ejercicio anterior, que no ha concretado. Tal y como ha apuntado, Testa, filial del fondo Blackestone, se ha mostrado partidario de vender esas viviendas porque ya no les resulta “tan rentable” tener vivienda en Navarra por la declaración de zonas tensionadas que ha topado el precio de los alquileres en las principales localidades, como en Pamplona o Tudela.

“La declaración de vivienda protegida indefinida, tanto en compraventa como en alquiler, hace que para ellos Navarra ya no sea un territorio amable, sino que sea un territorio del que huir. Nosotras estaremos encantadas de que se vayan porque bastante daño han hecho ya”, ha aseverado.

Con todo, ha señalado que tratarán de adquirir las viviendas por el precio “más bajo posible” y que es precisamente esa, el precio, lo que está provocando que la negociación se alargue. “Por ahora no quiero dar más detalles porque detrás de esto hay muchas familias y no quiero generar falsas expectativas”, ha apostillado Alfaro.

También ha afirmado que le “repatea” tener que recurrir a esta situación que supondrá “pagar dos veces por el mismo bien”. “Vamos a recomprar con el dinero de todos los navarros y navarras unas viviendas que fueron construidas con el esfuerzo de todas y de todos. Pero esta es la situación que hemos heredado y la vamos a afrontar sin duda defendiendo las arcas públicas y a los cientos de familias afectadas”, ha asegurado.

Sobre los decretos ley de vivienda aprobados por el Gobierno central y que deberán ser refrendados por el Congreso el viernes, la consejera navarra ha celebrado que suponen “un avance” en esta materia y ha señalado que siguen “el camino por el que ya ha optado Navarra hace muchísimo tiempo”. Así, ha apelado a los grupos del Congreso para que los aprueben y se ha dirigido en concreto al diputado de UPN, Alberto Cataán, para preguntarle “con quién se va a alinear, si con los intereses económicos de fondos como Testa Blackstone o Catella o con los cientos de familias navarras que viven en la total incertidumbre por el afán especulativo de estos mismos fondos”. “Estaría bien saber si UPN está con el navarrismo folclórico o con el navarrismo de los derechos sociales que desde luego nosotras y nosotros sí que defendemos”, ha expuesto.

Hay un ecosistema de personas que lleva días explicando que Maricarmen tendría que haber invertido mejor, que después de tantos años ahorrando podría haberse comprado una vivienda, que ninguna pena, que hay que planificarse. Son los mismos que te aleccionaban sobre cómo, de haber invertido bien en ETFs, ahora estarías desayunando en la terraza de tu penthouse de Singapur. Son los que descubrieron hace tiempo (y lo repiten hasta la saciedad) que el principal obstáculo para comprarse un piso no es el precio de la vivienda, ni el volumen de pisos turísticos, ni los salarios, ni la precariedad, sino la cañita. El viajecito. La suscripción a Netflix. La clasecita de pilates. Pedir comida un jueves porque has llegado a casa a las diez de la noche y no te apetece hervir unas judías mientras reflexionas sobre la importancia del trading. Si eliminas todos esos pequeños vicios, te explican, alcanzarás tu financial freedom como ellos y podrás ser propietario. O incluso multi.  

Es gente cuya mirada siempre funciona hacia arriba y solo en esa dirección. Si miran al que tiene cien pisos en propiedad ven talento, visión empresarial, eficiencia, un ejemplo, algo profundamente aspiracional. El empresario con cien viviendas es su Messi, su ejemplo a seguir. Si miran hacia abajo, sin embargo, sienten incluso un poquito de asco. Serían capaces de “vender” a sus abuelas, decía, porque de lo único que saben hablar es de vender, invertir, rentabilizar, holdear y optimizar. Han aprendido a poner precio a casi todo y valor a casi nada.  

Por eso ante un desahucio cualquiera, sin importar la edad o la condición de salud de la persona en cuestión, pueden llegar a sentir una profunda empatía, pero no por la persona desahuciada, sino por el mercado. Al mercado hay que tranquilizarlo, protegerlo y darle seguridad jurídica. El mercado es amigo. Hablan de él con tal cariño que por momentos parece que el mercado los llame después cada par de días para saber cómo están. Como si el mercado les hiciese tuppers de lentejas o sentara a su lado para escucharlos cuando están jodidos. 

Los “mercadolibers” son los que llevan todo el fin de semana también llamando perezosos a quienes hemos salido a la calle para exigir una vivienda digna mientras defienden con fervor el rentismo, que es probablemente la forma más cómoda (más perezosa siguiendo su terminología) de existir en una economía. El suyo es un pensamiento profundamente individualista, pero si lo piensas también es muy cómodo porque permite contemplar el sufrimiento ajeno sin sentirse nunca interpelado. Todo se reduce al mantra de que si a alguien le va mal es porque ha tomado malas decisiones. Y ellos, por supuesto, están a salvo de cualquier vaivén del sistema. 

Lo verdaderamente curioso de esta gente, de estos defensores entusiastas del orden económico y del libre mercado, es que muchos de ellos no pertenecen precisamente a la élite que imaginan estar defendiendo. Probablemente muchos son pura clase obrera, aunque tengan la autoestima de un fondo de inversión, así que defienden con pasión los intereses de quien, llegado el momento, les tratará exactamente igual que a Maricarmen. Y desde esa identidad confusa miran a quien está debajo con desprecio, sin darse cuenta de que el suelo que pisan es igual de inestable. 

Cantabristas ha exigido que la Ley de Vivienda impida adquirir vivienda con fines especulativos a los fondos de inversión y grandes sociedades. Tras el “vergonzoso” desahucio de Maricarmen en Madrid, el partido cantabrista ha querido recordar los casos cántabros semejantes de las viviendas de Hermanos Calderón, adquiridas por el fondo Mosaic Propco; y de la Calle Santa Clara, adquiridas por el fondo inmobiliario Global Cuena.

El secretario general de Cantabristas, Paulu Lobete, -presente en la concentración de respulsa frente al desahucio de Maricarmen celebrada este viernes en Santander- ha instado al Consejo de Ministros para que introduzca en la Ley de Vivienda un escudo social frente a lo que considera un ataque sin precedentes: “La vivienda es un derecho imprescindible para poder vivir dignamente y los especuladores están arrebatándonoslo utilizándolo como un bien especulativo con el que hacer negocio. No podemos tolerar que hagan negocio con nuestras vidas. No podemos permitir situaciones tan vergonzantes e inhumanas como la que hemos visto ayer con el desahucio de Maricarmen en Madrid”.

Además, Lobete ha explicado que, “aunque no haya una varita mágica para solucionar la crisis de vivienda”, sí que hay “herramientas para combatirla” que no se están utilizando: “Los dos puntos clave son detener de una vez por todas la utilización de la vivienda con fines especulativos y movilizar recursos para promover la vivienda pública”.

Así, el secretario general cantabrista ha urgido al Gobierno a la acción: “El desahucio de Maricarmen debe marcar un antes y un después. No podemos seguir permaneciendo indiferentes ante esta crisis”.

Pilar López té 40 anys cotitzats en el sector de l'hostaleria, però aquest estiu ha hagut de dormir al seu cotxe. Desnonada de l'habitatge on residia a Palma, amb una pensió de 480 euros i sense una alternativa habitacional, aquesta veïna ha pres aquest dijous la paraula en el ple de l'Ajuntament de la capital balear per relatar una situació que l'ha acabada desbordant. “Amb 40 anys cotitzats en hostaleria, he de viure al cotxe”, ha lamentat davant els representants polítics de la ciutat.

La seva veu ha irromput entre llàgrimes mentre la portaveu de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) Mallorca, Àngela Pons, intervenia en la sessió plenària per denunciar la situació d'emergència habitacional que travessa Palma i advertir que la dona desnonada aquest dimecres a Madrid, Maricarmen, no és un cas aïllat. “Hi ha moltes Maricarmen”, ha etzibat durant una intervenció marcada per moments de tensió, especialment quan el batle, Jaime Martínez (PP), l'ha emplaçada a guardar les formes i li ha advertit que no li permetria continuar si no respectava el reglament del ple. “Vostè treballa per als ciutadans, no a l'inrevés”, li ha etzibat Pons.

Pilar, per la seva banda, ha relatat que residia en un pis del carrer de Joan Crespí des de feia anys, fins que l'habitatge va ser venut pel banc a un fons d'inversió. La dona ha explicat que va rebre l'avís que havia d'abandonar l'immoble amb tot just 24 hores d'antelació i que va haver de deixar-lo el passat 2 de juny. Durant el procés, ha assegurat, li van arribar a oferir 60.000 euros per marxar i, posteriorment, 10.000.

Des d'aleshores, la seva vida ha transcorregut entre recursos assistencials i solucions provisionals. Primer va passar per un alberg, però va haver d'abandonar-lo. Després, va començar a dormir al seu vehicle, on ha passat bona part de l'estiu. “Faig des del juliol que dorm al carrer, em rent amb una gibrella al Mercadona i em dutx a Ciutat Jardí”, ha explicat, visiblement emocionada.

La precarietat també ha condicionat la seva alimentació. “No menj el que hauria de menjar i al vespre, una mica d'embotit i pa”, ha afegit. Actualment, ha relatat, s'allotja en un hostal al Secar de la Real, tot i que la seva situació continua sent incerta. La dona ha explicat que algunes persones li han recomanat traslladar-se a la Península, on podria trobar lloguers més econòmics. Però ha rebutjat aquesta possibilitat. “Som espanyola pels quatre costats. M'han dit que me'n vagi a la Península, que és més barat. Jo no me'n vaig d'aquesta illa. Som aquí des de l'any 1987 i som tan mallorquina com qualsevol mallorquí”, ha reivindicat.

El seu testimoni ha posat rostre a la magnitud de l'emergència habitacional que travessen Palma i el conjunt de les Balears: fins i tot els qui han treballat durant dècades es veuen expulsats del mercat de l'habitatge. Trobar una habitació a un preu assumible s'ha convertit en una cursa d'obstacles en una ciutat on els lloguers no deixen d'enfilar-se i cada vegada més famílies destinen la major part dels seus ingressos a pagar un sostre. Els residents de Palma han de dedicar gairebé el 70% del seu salari brut mensual al lloguer d'un habitatge mitjà de 90 metres quadrats, el preu del qual arriba als 1.767 euros mensuals, segons les darreres dades de pisos.com.

Amb els preus en màxims històrics i l'accés a un pis fora de l'abast d'àmplies capes de la població, centenars de persones s'han vist abocades a viure amuntegades en infravivendes , caravanes i edificis abandonats, com l'antiga presó de Palma . Una realitat que desborda les estadístiques i que aquest dijous ha irromput en el ple municipal a través de la veu de Pilar.

La portaveu de la PAH, al batle: “Vostè s'ha gastat 89.000 euros en mobles”

Abans havia intervingut Pons, que ha retret a l'equip de govern municipal que, malgrat les dificultats d'accés a l'habitatge, no estigui oferint respostes suficients a les persones que es queden sense llar. La portaveu de la PAH Mallorca ha recordat que els càrrecs públics estan al servei dels ciutadans i ha recriminat a Martínez que no s'hagin ofert alternatives habitacionals a les persones que es quedaran sense casa. També li ha retret que s'enfadi amb ella en lloc de respondre a les famílies afectades.

“Quina és la seva feina? M'ho pot explicar?”, ha insistit durant la seva intervenció, en què ha qüestionat les prioritats del govern municipal. “Senyor batle, aquí els únics que no fan la seva feina són vostès”, ha etzibat abans d'insistir que els representants municipals tenen l'obligació d'atendre la ciutadania.

Un dels retrets més durs ha arribat quan ha al·ludit als 89.000 euros que, segons ha denunciat i va publicar en el seu moment el Diario de Mallorca , s'han destinat a mobles de despatx. “Quant s'ha gastat vostè? 89.000 euros en mobles de despatx? I ho puc dir perquè jo li pag el sou”, ha afirmat, dirigint-se al batle. La portaveu ha contraposat aquesta despesa amb la situació de Pilar, que ha hagut de recórrer a la PAH després de mesos de gestions amb els serveis socials municipals sense aconseguir un habitatge. “Em posa dels nervis que no n'hi hagi per pagar un pis a Pilar”, ha lamentat.

Pons ha explicat que la veïna ha trucat a diferents portes, inclosos els serveis socials de l'Ajuntament, sense que aquests hagin pogut proporcionar-li una solució habitacional. Ha destacat la seva lluita per tirar endavant i ha criticat que hagi hagut de passar mesos al carrer fins a trobar allotjament al Secar de la Real. “Són vostès els qui haurien de donar una solució”, ha retret la portaveu, que ha vinculat la manca de resposta institucional amb una forma de “violència institucional” contra els qui es queden sense sostre i veuen compromès l'accés a drets bàsics, com la sanitat o l'educació.

Pons ha criticat també la política municipal d'habitatge i els preus de les promocions anunciades per les institucions. En aquest sentit, ha denunciat que els habitatges amb preus de lloguer d'entre 600 i 1.200 euros no són una alternativa real per a les persones que cobren pensions o prestacions reduïdes. “No són habitatges socials ni protegits”, ha advertit, tot criticant que els preus previstos quedin fora de l'abast dels qui més necessiten una llar.

En aquesta línia, ha al·ludit també al superàvit municipal de gairebé 80 milions d'euros amb què, segons ha assenyalat, l'equip de govern “presumeix” d'haver tancat l'any passat, per qüestionar que no es destinin més recursos a atendre l'emergència habitacional. La representant de la plataforma ha retret, a més, a l'Ajuntament que destini recursos a consultores i altres despeses mentre, al seu parer, no es mobilitzen prou habitatges per a les famílies que els necessiten. Per això, ha reclamat que es rehabilitin immobles municipals i es posin a disposició de les persones sense recursos.

La intervenció ha acabat amb una nova reivindicació de la PAH: que l'Ajuntament deixi d'anunciar mesures que no es tradueixen en solucions per als qui no poden pagar un lloguer i destini els seus recursos a garantir l'accés a un habitatge digne. El relat de Pilar ha traslladat aquesta reclamació al terreny concret. Una dona que ha treballat durant quatre dècades en l'hostaleria, que fa gairebé 40 anys que viu a Mallorca i que, amb els seus 480 euros mensuals, no troba un habitatge que es pugui permetre a l'illa on ha construït la seva vida.

La versió de l'Ajuntament

Fonts de l'Ajuntament de Palma han assegurat, per la seva banda, que Pilar López ha rebut atenció i suport dels Serveis Socials municipals des del 2019, encara que de manera intermitent i en diferents etapes, segons recull Europa Press.

Segons el consistori, actualment té un expedient obert, una treballadora social de referència i continua rebent atenció, que inclou suport econòmic per a l'allotjament, acompanyament social i ajuda en diferents tràmits. Les mateixes fonts han assenyalat que aquest dijous, coincidint amb la seva intervenció en el ple, ha tornat a ser atesa pels serveis municipals.

L'Ajuntament sosté que durant aquests anys ha fet un seguiment de la seva situació habitacional i social, amb assessorament tècnic i jurídic, suport en la renovació i negociació de contractes de lloguer social i elaboració d'informes de vulnerabilitat. Després que es fes efectiu el desnonament, el juny de 2026, els Serveis Socials van tramitar una ajuda econòmica per cobrir el seu allotjament en una pensió i la van derivar a l'Equip de Primera Atenció de Serveis Socials (EPASS).

Pilar López tiene 40 años cotizados en el sector de la hostelería, pero este verano ha tenido que dormir en su coche. Desahuciada de la vivienda en la que residía en Palma, con una pensión de 480 euros y sin una alternativa habitacional, esta vecina ha tomado este jueves la palabra en el pleno del Ayuntamiento de la capital balear para relatar una situación que ha acabado por desbordarla. “Con 40 años cotizados en hostelería tengo que vivir en el coche”, ha lamentado ante los representantes políticos de la ciudad.

Su voz ha irrumpido entre lágrimas mientras la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) Mallorca, Àngela Pons, intervenía en la sesión plenaria para denunciar la situación de emergencia habitacional que atraviesa Palma y para advertir de que la mujer desahuciada este miércoles en Madrid, Maricarmen, no es un caso aislado. “Hay muchas Maricarmen”, ha espetado durante una intervención marcada por momentos de tensión, especialmente cuando el alcalde, Jaime Martínez (PP), la ha emplazado a guardar las formas y le ha advertido de que no le permitiría continuar si no respetaba el reglamento del pleno. “Usted trabaja para los ciudadanos, no al revés”, le ha espetado Pons.

Pilar, por su parte, ha relatado que residía en un piso de la calle Joan Crespí desde hacía años hasta que la vivienda fue vendida por el banco a un fondo de inversión. La mujer ha explicado que recibió el aviso de que tenía que abandonar el inmueble con apenas 24 horas de antelación y que tuvo que dejarlo el pasado 2 de junio. Durante el proceso, ha asegurado, llegaron a ofrecerle 60.000 euros por marcharse y, posteriormente, 10.000.

Desde entonces, su vida ha transcurrido entre recursos asistenciales y soluciones provisionales. Primero pasó por un albergue, pero tuvo que abandonarlo. Después, comenzó a dormir en su vehículo, donde ha pasado buena parte del verano. “Llevo desde julio durmiendo en la calle, lavándome en Mercadona con una palangana y duchándome en Ciudad Jardín”, ha explicado, visiblemente emocionada.

La precarización también ha condicionado su alimentación. “No como lo que tengo que comer y por la noche un poco de embutido y pan”, ha añadido. Actualmente, ha relatado, se encuentra alojada en un hostal en el Secar de la Real, aunque su situación continúa siendo incierta. La mujer ha explicado que algunas personas le han recomendado trasladarse a la Península, donde podría encontrar alquileres más económicos. Pero ha rechazado esa posibilidad. “Soy española por los cuatro costados. Me han dicho que me vaya a la Península, que es más barato. Yo no me voy de esta isla. Llevo aquí desde el año 1987 y soy tan mallorquina como cualquier mallorquín”, ha reivindicado.

Su testimonio ha puesto rostro a la magnitud de la emergencia habitacional que atraviesan Palma y el conjunto de Balears: incluso quienes han trabajado durante décadas se ven expulsados del mercado de la vivienda. Encontrar una habitación a un precio asumible se ha convertido en una carrera de obstáculos en una ciudad donde los alquileres no dejan de escalar y cada vez más familias destinan la mayor parte de sus ingresos a pagar un techo. Los residentes de Palma deben dedicar casi el 70% de su salario bruto mensual al alquiler de una vivienda media de 90 metros cuadrados, cuyo precio alcanza los 1.767 euros mensuales, según los últimos datos de pisos.com.

Con los precios en máximos históricos y el acceso a un piso fuera del alcance de amplias capas de la población, centenares de personas se han visto abocadas a vivir hacinadas en infraviviendas, caravanas y edificios abandonados como la antigua prisión de Palma. Una realidad que desborda las estadísticas y que este jueves ha irrumpido en el pleno municipal a través de la voz de Pilar.

La portavoz de PAH, al alcalde: “Usted se ha gastado 89.000 euros en muebles”

Previamente había intervenido Pons, quien ha reprochado al equipo de gobierno municipal que, pese a las dificultades de acceso a la vivienda, no esté ofreciendo respuestas suficientes a las personas que se quedan sin hogar. La portavoz de PAH Mallorca ha recordado que los cargos públicos están al servicio de los ciudadanos y ha recriminado a Martínez que no se hayan ofrecido alternativas habitacionales a las personas que van a quedarse sin casa, al tiempo que le ha reprochado que se enfade con ella en lugar de responder a las familias afectadas.

“¿Cuál es su trabajo? ¿Me lo puede explicar?”, ha incidido durante su intervención, en la que ha cuestionado las prioridades del gobierno municipal. “Señor alcalde, aquí los únicos que no hacen su trabajo son ustedes”, ha espetado antes de insistir en que los representantes municipales tienen la obligación de atender a la ciudadanía.

Uno de los reproches más duros ha llegado cuando ha aludido a los 89.000 euros que, según ha denunciado y publicó en su momento Diario de Mallorca, se han destinado a muebles de despacho. “¿Cuánto se ha gastado usted, 89.000 euros en muebles de despacho? Y lo puedo decir porque yo le pago el sueldo”, ha afirmado, dirigiéndose al alcalde. La portavoz ha contrapuesto ese gasto con la situación de Pilar, que ha tenido que recurrir a la PAH después de meses de gestiones con los servicios sociales municipales sin conseguir una vivienda. “Me pone de los nervios que no haya para pagar un piso a Pilar”, ha lamentado.

Pons ha explicado que la vecina ha llamado a distintas puertas, incluidos los servicios sociales del Ayuntamiento, sin que estos hayan podido proporcionarle una solución habitacional. Ha destacado su lucha por salir adelante y ha criticado que haya tenido que pasar meses en la calle hasta encontrar alojamiento en el Secar de la Real. “Son ustedes los que tendrían que dar una solución”, ha venido a reprochar la portavoz, que ha vinculado la falta de respuesta institucional con una forma de “violencia institucional” contra quienes se quedan sin techo y ven comprometido su acceso a derechos básicos, como la sanidad o la educación.

Pons ha criticado también la política municipal de vivienda y los precios de las promociones anunciadas por las instituciones. En este sentido, ha denunciado que las viviendas con precios de alquiler de entre 600 y 1.200 euros no son una alternativa real para las personas que cobran pensiones o prestaciones reducidas. “No son viviendas sociales ni protegidas”, ha advertido durante su intervención, en la que ha criticado que los precios previstos queden fuera del alcance de quienes más necesitan un hogar.

En esta línea, ha aludido asimismo al superávit municipal de casi 80 millones de euros con los que, ha señalado, el equipo de gobierno “presume” de haber terminado el año pasado para pasar a cuestionar que no se destinen más recursos a atender la emergencia habitacional. La representante de la plataforma ha reprochado además al Ayuntamiento que destine recursos a consultoras y otros gastos mientras, a su juicio, no se movilizan suficientes viviendas para las familias que las necesitan. Por ello, ha reclamado que se rehabiliten inmuebles municipales y se pongan a disposición de las personas sin recursos.

La intervención ha terminado con una nueva reivindicación de la PAH: que el Ayuntamiento deje de anunciar medidas que no se traducen en soluciones para quienes no pueden pagar un alquiler y destine sus recursos a garantizar el acceso a una vivienda digna. El relato de Pilar ha trasladado esa reclamación al terreno de lo concreto. Una mujer que ha trabajado durante cuatro décadas en la hostelería, que lleva casi 40 años viviendo en Mallorca y que, a sus 480 euros mensuales, no encuentra una vivienda que pueda permitirse en la isla en la que ha construido su vida.

La versión del Ayuntamiento

Fuentes del Ayuntamiento de Palma han asegurado, por su parte, que Pilar López ha recibido atención y apoyo de los Servicios Sociales municipales desde 2019, aunque de forma intermitente y en diferentes etapas, según recoge Europa Press.

Según el Consistorio, actualmente tiene un expediente abierto, una trabajadora social de referencia y continúa recibiendo atención, que incluye apoyo económico para el alojamiento, acompañamiento social y ayuda en diferentes trámites. Las mismas fuentes han señalado que este jueves, coincidiendo con su intervención en el pleno, ha vuelto a ser atendida por los servicios municipales.

El Ayuntamiento sostiene que durante estos años ha realizado un seguimiento de su situación habitacional y social, con asesoramiento técnico y jurídico, apoyo en la renovación y negociación de contratos de alquiler social y elaboración de informes de vulnerabilidad. Tras hacerse efectivo el desahucio, el pasado junio de 2026, los Servicios Sociales tramitaron una ayuda económica para cubrir su alojamiento en una pensión y la derivaron al Equipo de Primera Atención de Servicios Sociales (EPASS).

Los inquilinos del edificio de Santander desalojados durante quince días por el Ayuntamiento no han podido volver a sus casas pasado ese plazo. Los dueños del inmueble, el fondo inmobiliario Global Cuena, les ha comunicado por correo y por teléfono que las dos semanas se van a convertir “como mínimo” en tres meses más.

Mientras tanto, tienen que seguir pagando sus alquileres. Global Cuena les ha ofrecido darles mil euros al mes para que se alquilen otro piso, pero con ese dinero ya resulta imposible alquilar un piso como el suyo en el centro de Santander, donde los precios están alrededor de 1.500 euros. “Lo más barato que hemos encontrado es un uno de tres habitaciones pero sin ascensor por 1.200 euros”, cuenta uno de los afectados por el desalojo.

Lo extraño, a su entender, es que el Ayuntamiento de Santander no les ha enviado ninguna comunicación oficial, cuando fue quien ordenó desalojarles cuando lo solicitó el propietario del edificio, que ya había empezado a hacer obras para reformar la propiedad, para evitar riesgos. Había tirado los tabiques de varias plantas, pisos ya que estaban vacíos. Una obra que se estaba haciendo con el resto de los inquilinos de renta antigua dentro.

El Ayuntamiento había dado un plazo de dos semanas a los propietarios para que reforzasen la estructura del edificio y no ha vuelto a dar explicaciones sobre el asunto a los afectados.

Todo empezó hace dos años, cuando el fondo inmobiliario Global Cuena compró el número 8 de la calle Santa Clara. Un edificio de siete plantas en el que vivían ocho inquilinos de renta antigua que pagaban entre 300 y 600 euros de alquiler. Hoy solo quedan tres y otros tantos negocios, dos de ellos -un supermercado y un bazar- en los bajos, y una peluquería en el primero.

Los nuevos propietarios intentaron echarles para convertir el edificio en pisos turísticos, pero ante las protestas en los medios de comunicación dieron marcha atrás. Según los vecinos, solo fue en apariencia. “Es un caso claro de acoso inmobiliario, llevan dos años y esto es el escalón final”, denuncia uno de los afectados.

La propiedad pidió al Ayuntamiento una licencia de obra mayor -que le fue concedida- y empezaron a tirar tabiques con los vecinos dentro. Hasta que el último viernes de agosto desde el Consistorio les comunicaron que tenían que abandonar el edificio para prevenir posibles riesgos derivadas de las obras. Les dieron de plazo hasta el domingo.

Para entonces ya llevaban meses sufriendo los ruidos, el polvo y los inconvenientes de una obra de tal envergadura. También se empezaron a producir frecuentes cortes de luz. A uno de los vecinos que tiene un juicio en octubre contra el fondo inmobiliario porque les quieren echar del piso, dejó de funcionarle al parecer sin solución el telefonillo del portal. “Solo el mío y jamás se arregló”, explica.

Al margen de otras presiones, a unas inquilinas mayores las convencieron para trasladarlas a un piso más bajo, para poder seguir con las obras que provocaron daños en algunas viviendas que, hasta la fecha, tampoco se han reparado. “Han sido dos años terroríficos”, musitan.

A algunos vecinos lo que más le molesta es la actitud del Ayuntamiento de Santander, “que ordenen el desalojo en 48 horas con un informe de los propietarios totalmente tendencioso, sin mandar un técnico municipal que lo verifique y sin cuestionar la licencia que se dió para hacer obra mayor”. Habida cuenta de que la alcaldesa ha dicho que las obras “son totalmente legales” y que contaban “con un proyecto validado por el Ayuntamiento”.

A la vez, también rebaten que la alcaldesa ha dicho que no tenían quejas sobre el asunto y la situación del inmueble. “Es mentira, por lo menos se han presentado dos que he registrado yo mismo”, aduce uno de los inquilinos.

Rosario, Adela, Maria José y Paco hace mucho que son vecinos. Tanto, que entre todos suman 250 años viviendo en el mismo edificio de Cornellà de Llobregat (Barcelona). Su intención era quedarse para siempre, pero hace poco más de un lustro empezaron a ver peligrar esa expectativa.

Desde que la finca cambió de propietario, ahora en manos de un fondo de inversión, aseguran ser víctimas de mobbing. Acumulan diversas demandas por “okupación” y órdenes de desahucio pese a que todos siguen pagando sus alquileres y, además, tres de ellos tienen contratos indefinidos de renta antigua. También han recibido cobros “disparatados” de la comunidad en conceptos “nunca vistos”. Por eso, han decidido dar un paso al frente y denunciar a la empresa por acoso inmobiliario.

El edificio, situado en el centro de la ciudad, pasó a manos de Promontoria Coliseum en 2020, después de que el propietario original dejara de devolver un préstamo. Tras ello, el banco se adjudicó los pisos y, desde entonces, aseguran, viven sometidos a una presión continua. La mayoría de las demandas y cobros extra ya han sido desestimados por los tribunales, aunque aún siguen en situación de recurso.

Las sucesivas derrotas llevaron a la empresa a intentar otra estrategia: ofrecer pagos a estos cuatro vecinos para que accedieran a marcharse 'por las buenas'. Paco, nacido en Córdoba y arraigado en Catalunya desde hace más de 40 años, relata que un día llegó un intermediario a preguntarles qué cantidad querían. Él respondió: “480.000 euros entre cuatro. Le dije que no era para mí, que era también para mis vecinos. Le dije el número y se puso nervioso, perdió los papeles”, recuerda.

Estos vecinos están resueltos a quedarse y, cansados de los continuos ataques de la empresa, han decidido pasar a la ofensiva. Para ello, han contado con el asesoramiento del Sindicat de Llogateres. “Es muy relevante que ante este tipo de actuaciones los vecinos acudan a nosotros para plantar cara”, explica Enric Aragonès, portavoz de la entidad. Desde el sindicato remarcan la importancia de no ceder ante este tipo de actuaciones debido a que la razón legal está de parte de los inquilinos.

Han iniciado dos procesos: uno penal, con el que piden al juzgado que abra diligencias y depure responsabilidades; y otro administrativo para que el Ayuntamiento de Cornellà compruebe los hechos y abra un expediente sancionador al amparo de la ley catalana de vivienda. Este punto, sin embargo, parece más difícil de lograr, ya que en los dos años desde que se aprobó el régimen sancionador de la ley, la Agència Catalana de l’Habitatge sólo ha interpuesto seis multas.

Un fondo con más de 2.800 pisos en Catalunya

Promontoria Coliseum Residential es una filial de Cerberus, el segundo mayor propietario de viviendas en Catalunya con más de 2.800 pisos, solo por detrás de CaixaBank, que tiene 5.000, según datos del Incasòl. La gestión del edificio se ha canalizado a través de Solvia Servicios Inmobiliarios, que ha actuado en nombre de la propiedad en diversas ocasiones, ya que Promontoria evita interactuar directamente con los vecinos.

Las comunicaciones, denuncian los vecinos, llegan casi siempre a través de terceros no identificados o números ocultos, sin que la propiedad haya abierto nunca un canal formal de diálogo pese a los requerimientos. “Que nos dejen vivir tranquilos, que no nos agobien”, resume Rosario, que recientemente ha perdido a su marido y lleva 60 años en su casa.

Por su parte, Maria José, que ahora vive con su hijo, debe tomar ansiolíticos para poder descansar. Las denuncias aportan informes médicos que documentan insomnio, ansiedad y depresión compatibles con una situación de presión habitacional mantenida en el tiempo. “Siempre estoy esperando a que venga la cartera a traerme una mala noticia. Y eso no es vivir”, lamenta.

“Tengo que estar pendiente del banco cada día, porque no sé cuándo me pueden hacer un cargo y dejarme sin dinero en la cuenta”, cuenta Maria José. Entre 2021 y 2023, Promontoria cargó mensualmente unos 1.500 euros por vecino bajo conceptos sin base legal ni contractual. Además, según cuentan los vecinos, antes los recibos de la finca se desglosaban para mostrar cada gasto por separado, pero desde que cambió la propiedad todo se fundió en un único pago.

“Pagamos el alquiler, cumplimos con nuestras obligaciones y, aun así, nos han convertido la vida en una pesadilla. Solo queremos vivir tranquilos el tiempo que nos queda”, resumen los cuatro, que se reúnen cada día en uno de los pisos no solo para apoyarse, sino también para mantener los recuerdos que tanto tiempo llevan construyendo juntos.

Las sentencias avalan a los vecinos y coinciden en lo mismo: han pagado siempre a tiempo y tienen contratos vigentes y válidos que les dan derecho a mantenerse en su residencia actual. Las demandas de desahucio han ido cayendo una por una, excepto la de Adela. Hace unos meses, le interpusieron una fecha de lanzamiento que se terminó aplazando. Ahora esperan la resolución de su recurso para saber qué va a ocurrir con ella.

Viendo que sus vecinos se han salvado de la expulsión, el caso de Adela no tendría por qué ser distinto. Ahora bien, no puede evitar los nervios porque su situación es algo diferente. Ella es la única de estos cuatro inquilinos que no tiene un contrato indefinido de renta antigua y teme que eso pueda ser una puerta abierta para que la propiedad encuentre otras maneras para echarla.

Ella firmó su alquiler unos meses después de la fecha límite que permitía acogerse al régimen de los contratos de renta antigua. Era octubre de 1985, por lo que quedó fuera del régimen de prórroga forzosa establecido tras la reforma del Decreto Boyer, durante el Gobierno de Felipe González. Estos pocos meses la dejan más desprotegida.

Adela, además, tiene una situación de salud delicada, ya que está recién operada de la pierna, y narra cómo la presión sostenida le está dejando una huella física y mental importante. “En el último año, he perdido más de diez kilos”, explica. “Suerte que tengo el apoyo de mis vecinos. Si no, no podría tirar adelante”, reconoce.

Estos cuatro inquilinos no quieren dar su brazo a torcer y se mantienen firmes para poder cumplir, como sea, su deseo de acabar sus días en su casa, en la que han pasado la mayor parte de su vida.

Un fondo de inversión norteamericano, Franklin Templeton, ha comprado una participación mayoritaria en la sociedad que promueve en Cantabria el Campus Tecnológico Altamira. Una iniciativa que, por el momento, solo es un proyecto sobre el papel con el motor de un futuro centro de datos que no tiene acceso al suministro eléctrico que necesita para funcionar, por lo que está paralizado. Las obras tenían que haber empezado en enero de 2026.

La noticia del cambio de manos de la promotora -adelantada por El Diario Montañés, y anunciada por los nuevos propietarios en un comunicado - no informa de cuánto ha pagado por adquirir Stoneshield Capital.

Los nuevos propietarios entran como socios capitalistas pero la gestión seguirá en manos de Felipe Morenés, uno de los hijos de Ana Botín, y su soocio Juan Pepa, que conservan el 25% de la firma.

Por el momento no ha trascendido el importe económico de la operación.

La compra tampoco la realiza directamente el fondo de inversión, sino que lo ha hecho a través de su filial inmobiliaria, Clarion Capital, un objeto social que se distancia de la tecnología para centrarse en el mercado de compra venta y promoción de terrenos y propiedades.

La previsión es que la operación -en la que Stoneshield Capital ha estado asesorado por Goldman Sachs- se cierre en las próximas semanas, antes de que acabe el año.

La gestora de Juan Pepa y Felipe Morenés se fundó en 2018 y está especializada en el negocio de las residencias y alojamientos para estudiantes, infraestructura digital, hostelería e infraestructuras críticas. También posee participaciones en varias de las plataformas de activos reales, entre ellas MiCampus, Solaria, Exolum, Neinor Homes y Meliá Hotels International.

Centro de datos en Cantabria

En febrero de 2025, el Gobierno de Cantabria presentó públicamente a Stoneshield como la sociedad promotora del Proyecto Altamira, un macrocentro de datos de 500 megavatios con una inversión prevista de 3.600 millones que promete crear 1.500 empleos en la comunidad autónoma y que se ubicará en suelos de Villaescusa y Piélagos. Se anunció que estaría en marcha en 2032.

Sin embargo, esta iniciativa empresarial la gestiona otra sociedad que se creó cinco meses antes de anunciarse del proyecto con un capital social mínimo de 3.000 euros.

La promotora inicial ha tenido un efímero protagonismo real y enseguida pasó a un segundo plano. En apenas unos meses se han sucedido varios nombres: Stoneshield, una sociedad del holding; XDC Properties, su nueva filial de centros de datos que se estrena con su primer proyecto en Cantabria, y Tavira, que es la firma que lo desarrolla oficialmente, hasta que se cambió otra vez el nombre. El BORME del pasado 23 de junio certifica que ahora ha pasado a ser XDC North Coast S.L., una asesora y relaciones públicas de empresas constituida, como las dos anteriores, en septiembre del año pasado.

Compra de los terrenos

El único movimiento ha sido la compra de los terrenos. La promotora compró la mitad de las parcelas públicas donde se ubicará el futuro campus tecnológico tres meses antes de anunciarse el proyecto. Cuando el Gobierno del Partido Popular de Cantabria y el fondo de inversión Stoneshield presentaron la millonaria inversión ya se había tramitado la adquisición del suelo industrial e incluso estaba redactado el trámite urbanístico del PSIR para la primera fase de las tres en las que se desarrollará el proyecto.

Finalmente, adquirió 636.432 metros cuadrados de suelo industrial, sin actividad desde hace casi veinte años, en el polígono de VIPAR, una sociedad mercantil pública creada en 2008 participada en un 85% por la empresa pública SEPIDES (Gobierno de España) y en un 15% por SICAN (Gobierno de Cantabria) en los términos municipales de Piélagos y Villaescusa. Desembolsó por el ellos más de nueve millones de euros.

Documento censurado

Como publicó elDiario.es, el proyecto estrella del Ejecutivo cántabro del PP, una inversión millonaria, se avaló con un dosier de 15 páginas que llegó censurado al Parlamento autonómico y que, por tanto, los diputados cántabros no conocen. El promotor privado ha pedido que no trascienda la información más sustancial: las características técnicas, el impacto económico y la viabilidad económico-financiera.

Con este documento el Gobierno de Cantabria ha aprobado su catalogación como primer proyecto empresarial estratégico de la comunidad.

La alcaldesa de Santander, gema Igual (PP) descarta comprar las 107 viviendas de alquiler asequible, ubicadas en la calle Hermanos Calderón, en el barrio de Peñacastillo, que han sido vendidas por la Fundación La Caixa al fondo de inversión Mosaic Propco. Así se lo ha trasladado a los vecinos afectados, cuyos contratos empiezan a vencer en 2027, en una reunión reciente en el Ayuntamiento.

Los vecinos le preguntaron “qué iba a hacer” el Ayuntamiento “para defender el derecho a seguir viviendo aquí” y si el Ayuntamiento compraría las viviendas. Tras esto, la alcaldesa les respondió “literalmente, que no, que no es posible”. Según explican, les argumentó que “no tienen dinero para poder realizar esa compraventa” y por otro lado, porque desde el consistorio “entienden que no son los responsables de lo que nos pueda pasar”.

A cambio, la alcaldesa se comprometió, según los vecinos, a “abrir la puerta” a una negociación a tres bandas con Mosaic. “El Ayuntamiento, nos consta, ha requerido información sobre lo que está ocurriendo con las viviendas a Mosaic y no les ha contestado”, han explicado a elDiario.es los vecinos. “Entendemos que Mosaic no va a tener ningún interés en intentar cualquier tipo de negociación”, asumen.

Consultado sobre la reunión, desde el Ayuntamiento confirma a elDiario.es que no contemplan la compra por presupuesto y que la opción queda descartada.

El 19 de junio, la alcaldesa de Santander se comprometió públicamente a tener una reunión con los vecinos. Para ese momento, en el que la regidora hacía balance de legislatura, habían pasado dos meses desde que el caso de expulsión colectiva se había hecho público. Y es que la nueva empresa propietaria rechazaba renovar contratos de alquiler y solo ofrecía venta a precios no asequibles.

El 26 de junio, los vecinos acudieron al pleno municipal para, aprovechando el turno de preguntas, consultar públicamente a la alcaldesa qué iba a hacer por ellos. La alcaldesa, cortante, les dijo que si su petición era que el Ayuntamiento de Santander comprase sus pisos y tras la confirmación de los vecinos, les dijo que estudiaría su propuesta.

El 10 de julio, salía a la venta uno de los pisos de Hermanos Calderón, con inquilinos dentro. Y era ya el segundo caso. La empresa les ha dado dos opciones: comprar o marcharse, según venza el contrato, aunque la mayoría está pidiendo una prórroga del contrato de alquiler asequible.

Tres meses después de que el centenar de vecinos denunciaran su situación, el encuentro se produjo el 17 de julio, entre los residentes y representantes del Sindicato de la Vivienda de Cantabria en el Ayuntamiento. La cita no fue publicitada y, valoran los inquilinos de Hermanos Calderón, se dio en “un tono más cordial” por parte de Gema Igual. A medio año de que los contratos empiecen a vencer, los vecinos de las 107 viviendas continúan en un limbo sobre su futuro residencial.

El nuevo decreto de vivienda elaborado por el Gobierno sigue vivo y debe sufrir cambios hasta que el martes lo apruebe el Consejo de Ministros, como se espera. El PSOE y Sumar aún deben convencer a Podemos, PNV y Junts para que voten a favor después de sus críticas al borrador que circuló este miércoles, al que elDiario.es ha tenido acceso.

Uno de los principales puntos de este decreto es el de incluir el alquiler de habitaciones y de temporada en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Los contratos de temporada tendrán un máximo de 12 meses y deberán firmarse con una justificación de la temporalidad del inquilino. A la que pasen de ese marco temporal, serán considerados como vivienda habitual.

En cuanto a los contratos de habitaciones, que a día de hoy no se consideran vivienda habitual y dejaban en manos de los firmantes sus condiciones, con el nuevo decreto sí que se encuadrarán en esta categoría y estarán amparados por la LAU. Eso significa que los contratos serán de cinco años, siete si es con empresas, y estarán acogidos a las mismas prórrogas y condiciones. Por ejemplo, el casero no podrá aparecer en casa del inquilino sin avisar.

El nuevo decreto también establece que la suma de los alquileres de habitaciones no puede ser mayor al precio total de la vivienda, pero esto podría tener solo validez en las Comunidades Autónomas o ciudades donde hay control de precios.

Los inquilinos quedan también más protegidos con el nuevo decreto ante los caseros en cuanto a la devolución de fianzas y las reparaciones. Por ejemplo, para que se descuenten cuantías deberán firmar tanto casero e inquilino un documento de conformidad de que ha habido daños.

Las pequeñas reparaciones producidas por el desgaste de uso correrán a partir de ahora a cargo del casero, si se aprueba el decreto. Y los inquilinos tendrán derecho a presentar un presupuesto para reformas de mayor calado que, de no ser aprobado por el propietario en unos días, podrán tirar adelante y descontarse después el coste de las rentas. Además, las reparaciones de vivienda habitual estarán exentas de IVA.

En cuanto a los desahucios, las Comunidades Autónomas deberán ofrecer vivienda alternativa a las familias que sufran un lanzamiento, ya sea de alquiler o de compra. Si no lo hacen, este quedará suspendido. Y, durante la suspensión, si el casero no es un gran tenedor, la Comunidad Autónoma deberá cubrir los impagos del inquilino y pagar el alquiler al casero. Para que eso sea posible, se modificará la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Una prórroga más amplia

La prórroga de los contratos de alquiler es una de las grandes novedades de más rápido efecto del nuevo decreto. Además de garantizar que todas las extensiones solicitadas durante el periodo de vigencia de la ley se cumplan, se tendrán que otorgar ampliaciones obligatorias a todos los inquilinos cuyo contrato finalice antes de junio de 2028. Esto protegerá a miles de inquilinos de subidas de precios del alquiler o expulsiones, a no ser que el propietario necesite irse a vivir a esa casa.

Si el nuevo texto sale adelante, no se podrán repercutir gastos extra a los inquilinos en los mercados tensionados para aumentar el precio topado del alquiler.

Tampoco las viviendas de alquiler asequible o protegido podrán tener gastos extras que aumenten el precio por encima del 30% de la renta del inquilino, como está sucediendo en el Plan Vive de Madrid.

Otra situación que podría afectar al Plan Vive es que los inquilinos siempre tendrán derecho preferente de compra en las viviendas que se vendan, incluso en casos en que se vendan en paquetes o en bloque. En esos supuestos, el precio individualizado de la vivienda ha de estar prefijado y los inquilinos tendrán compra preferente, derecho que Avalon ha negado recientemente de manera expresa a sus inquilinos.

Además, el Estado también podrá ejercer a través de la empresa pública Casa 47 derecho a tanteo y retracto en la venta de viviendas y más concretamente en los paquetes. De esta forma, podría tener una vía rápida a la compra de casas en pack de grandes fondos como sucedió con las 5.000 de Blackstone, que finalmente compró otro fondo, el canadiense Brookfield.

Casa 47 se dota así de una herramienta para adquirir más vivienda pública que la que pueda construir, que se sumará además a las miles procedentes de la Sareb. Pero no es la única: también absorberá casas de otros entes estatales como Adif, la Seguridad Social, el Instituto de Vivienda de Defensa (Invied) o Muface.

Nuevos impuestos a las socimis

Las socimis (sociedades cotizadas inmobiliarias), que hoy en día no pagan impuesto de sociedades, pasarán a pagar un gravamen especial de entre el 15 y el 25% por su actividad, que se verá bonificado si ponen gran parte de su vivienda en alquiler social.

El texto incluye también algunas medidas fiscales como que los pisos turísticos tengan IVA o la bonificación en el IRPF a caseros que alquilen a gente joven, a precio asequible o que bajen el alquiler y también a inquilinos jóvenes. Este ha sido uno de los puntos que ha dejado insatisfecho a Junts, que esperaba bonificaciones a hipotecados y a inquilinos en general, así como medidas antiokupación.

El decreto autoriza al Ministerio a poner en marcha una línea de avales con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) de 2.000 millones para financiar vivienda social y 280 millones para construcción industrializada.

El Gobierno obligará también a poner el precio del índice de referencia en los anuncios de pisos en alquiler, incluso cuando no estén en zonas tensionadas.

Y promociona el ahorro de familias con los Seguros Individuales a Largo Plazo (SIALP) y las cuentas de inversión a los jóvenes mediante los planes Financia Europa.

Por último, el punto que más ha inquietado a Podemos es la modificación de la Ley del Suelo con este decreto, que cree que podría legalizar proyectos ilegales de manera retroactiva y reducir controles sobre proyectos futuros. El texto agiliza los planes urbanísticos con tal que defectos menores no paralicen desarrollos completos y establece silencios administrativos positivos para edificar en zonas rurales. Además, elimina el derecho de reversión para antiguos propietarios si en los terrenos adquiridos se hace vivienda protegida.

En julio de 2018, el fondo Hipgnosis sale a la Bolsa de Londres con 202 millones de libras y una tesis de inversión inédita: las canciones generan ingresos tan previsibles que funcionan como activo financiero; su fundador, Merck Mercuriadis, llega a compararlas con el oro y el petróleo. Ese mismo año, Spotify empieza a mostrar los créditos de cada tema: quién compuso, quién produjo. La canción se revaloriza como activo justo cuando la autoría se convierte en información pública: dos hechos que han cambiado la manera de escribir canciones de pop, del encargo al trabajo colaborativo.

Entre 2020 y 2024 se venden los catálogos de Bob Dylan (Universal, entre 300 y 400 millones de dólares), Bruce Springsteen (Sony, unos 550), David Bowie, Sting, Justin Bieber (Hipgnosis, unos 200) y Queen, cuyo traspaso a Sony por unos 1.270 millones marca el récord histórico. Los compradores pagan en torno a 20 veces los ingresos anuales de cada catálogo, y eso, por supuesto, también cambia la forma de hacer música: “Hace veinte o treinta años muchos artistas pensaban únicamente en vender discos o hacer conciertos. Hoy saben que una canción puede generar ingresos durante décadas a través del streaming, las plataformas digitales, el cine, las series o la publicidad”, explica Luis Gómez Tamayo (Barcelona, 1971), director de Socios de la SGAE.

Más autores por canción

Por un lado, los catálogos van cambiando de mano en mano. Por otro, las canciones acumulan cada vez más autores: un éxito del Top 100 británico llevaba de media 1,7 autores en los años setenta, 2,6 en los noventa y 4,6 en la década de 2010, según la distribuidora iMusician. En España no existe estadística equivalente, pero la SGAE confirma esa orientación, cada vez más creciente, hacia la co-autoría. “Antes era muy habitual que una canción naciera de una sola persona o, como mucho, de un tándem muy clásico: el compositor y el letrista. Hoy el proceso creativo es mucho más abierto y colaborativo”, describe Gómez Tamayo. “No significa que haya desaparecido el autor individual, pero cada vez vemos más obras registradas con cuatro, cinco, seis o incluso más autores”.

El goteo de firmas es consecuencia, por otro lado, de la menor diversificación dentro del proceso creativo: la canción ya no se escribe primero para grabarse después, sino que nace dentro del estudio, siendo muchas veces compuesta y producida al mismo tiempo. “Hace años una canción podía escribirse perfectamente en el salón de una casa con una guitarra. Hoy muchas canciones nacen directamente en un estudio, donde la base rítmica, la producción, los sonidos, las melodías y la interpretación se construyen casi al mismo tiempo”, señala Gómez Tamayo.

Ese cambio no reparte igual el protagonismo en todos los géneros. En la música urbana, el pop o el hip hop, donde la producción es la columna vertebral del tema, el productor pasa a firmar como autor: “Ya no se limita a dar forma al sonido; forma parte de la composición desde el primer momento”, señala Gómez Tamayo. En el cantautor, el rock o la música de raíz, su papel sigue más cerca del arreglo y la grabación, y la autoría se queda en quien escribe la canción. Pero allí donde la producción manda, “la canción deja de ser el resultado de una sola inspiración para convertirse en el resultado de un proceso creativo colectivo”.

La fábrica de canciones reabre como campamento

El campamento de composición es la consecuencia tangible de ese cambio de modelo: un encuentro, que puede durar de tres días a una semana, en un estudio con varias salas, una residencia o un hotel, donde decenas de compositores, productores y artistas rotan por equipos para escribir canciones en serie. “Un camp es un campamento literal que se organiza para componer para equis artista, o un camp rotativo en el que la gente que participa va turnándose para hacer sesiones tanto para otros como para ti misma”, explica la cantante y productora María Blaya (Murcia, 1996), que escribe canciones bajo el nombre artístico de BLAYA, con camps en España y Estocolmo a sus espaldas.

Aunque en España pueda resultar novedoso, la coautoría en serie se remonta a más de un siglo. Entre 1900 y 1970, la industria estadounidense concentró la escritura de canciones en oficinas: primero en el Tin Pan Alley neoyorquino, la calle de las editoriales que despachaban éxitos por encargo; luego en el entorno del Brill Building de Manhattan, donde parejas de autores componían en cubículos con piano; después en Motown, el sello de Detroit que aplicó al soul la cadena de montaje de sus fábricas de coches. El formato se moderniza en los estudios suecos de los años noventa y se populariza a finales de la década de 2000. El caso más citado es el de Rihanna: para Rated R (2009), el sello Def Jam alquiló estudios en Manhattan y reunió a decenas de productores y topliners —los especialistas en melodía vocal y letra— para fabricar el disco en pocos días. El modelo se extiende a los álbumes de Madonna, Taylor Swift o Dua Lipa, y de ahí al K-Pop, que compra canciones nacidas en camps suecos.

“Hasta hace relativamente pocos años, los camps eran algo que aquí veíamos por la prensa”, reconoce Rubén Gutiérrez (Madrid, 1972), director de la Fundación SGAE. Uno de los primeros ensayos en España salió desde su institución: desde 2012, la Fundación organiza laboratorios de creación que reúnen durante varios días a autores emergentes con tutores consolidados. Allí descubren que “el contacto entre los distintos participantes” vale tanto o más que la tutoría, recuerda Gutiérrez, y aquellos laboratorios acabaron funcionando como prototipo local del camp profesional.

Como un sastre

Luis Gómez-Escolar (León, 1949) firma desde los años setenta parte del cancionero popular en español: Fiesta de Raffaella Carrà, Amor de hombre de Mocedades, Maldita primavera, Bailar pegados, María y La copa de la vida de Ricky Martin, versiones para Roxette o Bocelli. “Casi siempre he trabajado por encargo, como un sastre, y he compuesto los temas a medida, procurando conocer previamente al intérprete, charlar con él sobre su vida, sus preocupaciones y esperanzas. Y, por supuesto, intentando ponerme en el papel de su público, que es quien realmente manda”, cuenta. El oficio exigía disciplina: “Supone desprenderse de uno mismo y practicar un constante travestismo de género, nacionalidad, lenguaje e ideología”.

Un camp es un campamento literal que se organiza para componer para un artista, o un camp rotativo en el que la gente que participa va turnándose para hacer sesiones para otros

Gómez-Escolar fecha la transición del modelo a finales de los noventa, trabajando con Draco Rosa para Ricky Martin: recuerda pocos autores por canción en A medio vivir (1995) y en el siguiente disco, “ya éramos tres autores y, en algún caso, cuatro… luego cinco”. El contexto lo explica él mismo: “Era esa la época en la que la piratería y la difusión gratuita de música por la red empezaron a erosionar los pilares tradicionales de la industria”. Los directores artísticos fueron sustituidos por directivos con másteres en marketing y “eso creó un nuevo patrón de composición, más orientado a la música de consumo y evasión social”. Al resultado lo bautiza “la macedonia de autores”.

Autoría, autenticidad y patrimonio

El interés creciente de los intérpretes por figurar entre los autores responde a dos lógicas simultáneas. La cultural: “El artista de hoy quiere sentirse parte de la creación. El público también demanda autenticidad y valora que quien interpreta una canción haya participado en ella”, apunta Gómez Tamayo. Y la económica, que él mismo se niega a esconder: “Hoy vemos operaciones de cientos de millones de euros y eso ha contribuido a que muchos artistas entiendan que sus canciones también forman parte de su patrimonio. Los autores preguntan más, quieren entender mejor qué firman, qué porcentaje les corresponde”. Los créditos visibles en Spotify convierten esa autoría en información comprobable por cualquiera.

En 2021, compositores estadounidenses firmaron The Pact, un manifiesto contra las estrellas que exigen entre el 20% y el 35% de canciones que no han escrito. En los camps, la frontera se negocia caso a caso. Blaya aplica un criterio artesanal: acreditar toda huella real, incluso la guitarra descartada de la primera sesión, pero con un límite: “No vale con estar en la sesión, escuchar y dar opinión, porque eso lo hacemos todas en todo momento, hasta desayunando. Hay que acreditar bien, siendo humanos y sin egos”. La SGAE marca la misma línea roja: “La autoría debe responder a una aportación creativa real. Los derechos de autor protegen precisamente la creatividad”, insiste Gómez Tamayo.

El caso español

#FollowTheSong, el camp de Sony Music Publishing dentro de Primavera Pro, reunió en su primera edición a más de 200 creadores de 18 países, que compusieron más de 175 canciones; Warner organiza el suyo en Madrid con artistas de su plantilla y productores del pop latino. Gutiérrez ve en los camps “una formalización de esas ganas de hacer cosas juntos” de una generación que colabora en lugar de competir. El efecto llega a los premios: M.A.P.S., de Amaia —disco escrito con Irenegarry, Jimena Amarillo o La Bien Querida—, compitió como Canción del Año contra La Perla de Rosalía, firmada con Ryan Tedder, habitual del circuito internacional de campamentos.

Blaya defiende el formato frente a la sospecha de cadena de montaje: “Verdaderamente son espacios muy creativos”, y la industrialización solo aparece “cuando te sientes obligada y empiezas a hacer cosas que no van contigo”. La lectura larga la ofrece Gómez-Escolar, medio siglo de oficio a cuestas: “No es que haya cambiado el mundo de la música… es que ha cambiado el mundo y, naturalmente, con él ha cambiado la música. El compositor de piano, papel y lápiz ha quedado, de momento, para el Museo de Cera”.

Uno de los 107 pisos de alquiler asequible, en la calle Hermanos Calderón de Santander, que fueron propiedad de Fundación La Caixa hasta que los vendió en 2025 al fondo privado Mosaic Propco, ha sido puesto este viernes a la venta por la inmobiliaria que gestiona la cartera ahora, aunque el contrato de arrendamiento vence el 31 de marzo de 2029.

Es decir, el piso ha sido puesto a la venta con el inquilino dentro aunque su contrato finaliza dentro de tres años. Así lo ha denunciado la plataforma vecinal de afectados.

En el enlace, se hace expresa referencia tanto a la fecha de finalización de contrato, que es dentro de tres años, como a la renta actual del alquiler mensual (482,35 euros), de un piso a la venta por 214.900 euros. También se indica que el precio del piso, de tres habitaciones y dos baños, incluye plaza de garaje y trastero. De la vivienda se muestran 23 fotografías, pero corresponden a una “vivienda tipo”, “ideal inversor”, con “gran proyección de rentabilidad” porque es una “vivienda alquilada”, “con inquilinos”, según reconoce el anuncio.

Es la segunda ocasión que los vecinos detectan esta situación con las 107 viviendas: en el anterior caso, el piso a la venta vencía el contrato en 2027. La plataforma vecinal lleva desde mayo de 2026 denunciando “las presiones” para o bien comprar a precio de mercado a la inmobiliaria o bien salir de sus viviendas, cuyos contratos empiezan a vencer en 2027, en algunos casos.

Los tres bloques de viviendas de alquiler asequible de la calle Hermanos Calderón, en el barrio de Peñacastillo, fueron construidas sobre suelo privado, implicaban un precio de renta asumible en medio de la crisis económica iniciada en 2008. A partir de 2013 empezaron a residir algunos vecinos y luego los contratos de alquiler fueron renovándose durante años hasta que en 2025 los inquilinos recibieron la notificación a través de la inmobiliaria de que ahora eran pisos propiedad de un fondo de inversión.

A partir de 2026, los vecinos empezaron a organizarse y trasladaron su caso a varios partidos políticos. También se comunicaron con el Ayuntamiento de Santander (PP) para pedir ayuda, pero solo una vecina logró una reunión con el responsable de la Sociedad de la Vivienda municipal (SVS). Después, crearon una plataforma vecinal y empezaron a participar activamente en actividades, como la manifestación en defensa de la vivienda digna y un intento de desahucio, entre otras.

En el último pleno municipal, en junio, utilizaron el turno de ruegos y preguntas, al final, para pedirle a la alcaldesa expresamente que se involucrase, a lo que la alcaldesa respondió, en doce segundos, que estudiaría la propuesta de buscarles una solución y les convocaría para hablar a lo largo de julio, pero aún no han tenido respuesta.

El oro ha dejado de responder a los cánones del mercado. Durante décadas, el metal precioso ha ocupado un lugar casi místico en la praxis bursátil. Cuando la inflación repunta, las tensiones geopolíticas aumentan o la confianza en las divisas se resquebraja, el manual clásico recomienda adquirir sus onzas. Sin apenas límites de gasto en las carteras de capital. Sin embargo, 2026 está desmontando buena parte de ese relato.

El contexto es sumamente contradictorio y complica cualquier justificación que trate de analizar los cinco meses que el oro lleva a la deriva, en los que su cotización se ha dejado un 28% de su registro histórico de enero, cuando el valor de su onza tocó los 5.600 dólares. Después de un 2025 de bonanza excepcional, esta semana se ha acomodado por debajo de los 4.000 dólares.

No son pocas las causas que explican este fenómeno paranormal. Pero, entre todas ellas, resalta una. La corrección, de especial calibre, comparable a la de 2013, se produce cuando la inflación americana vuelve a máximos de tres años y supera el 4%, señal de corrección en Wall Street que, sin embargo, aún no se ha consumado.

Esta paradoja esconde un cambio estructural sobre la fijación de los precios de los activos y de los tipos de interés en unos mercados que navegan al son de la inteligencia artificial (IA) y su narrativa de inversiones billonarias para ganar productividad y llegar al final de la carrera competitiva global con el cetro de la hegemonía monetaria y económica.

En 2013, se adujeron motivos que, en la actualidad, pueden parecer peregrinos. Al menos, varios de ellos. Entonces, el nada articulado consenso del mercado hablaba de que la inflación, después del colapso crediticio de 2008 y de la crisis de la deuda europea de 2012, había muerto y que los bancos centrales, con tipos próximos a cero, imprimían dinero a mansalva, lo que generaría una inevitable escalada de precios. Otros expertos achacaron su reajuste al fin del pánico financiero que siguió a la quiebra de Lehman Brothers y, en consecuencia, al abandono inversor del metal precioso como valor refugio.

La ristra de causas asumió teorías manidas como la de una “normal” recogida de beneficios, una supuesta fragilidad de la economía china, que perdió lustre, pero que seguía con un dinamismo trimestral del 7,7% e incluso, tesis conspiranoicas que apuntaban al epitafio de la era del oro por el fulgurante despegue del PIB americano y de su dólar. Aunque, por encima de todas, destacó el factor bitcoin, la divisa digital a la que se le empezó a colgar el cartel del oro cripto.

Múltiples causas, ninguna de especial calado

Ninguna de estas valoraciones explicó, por sí misma, su debacle. Ahora, tampoco sobresale un argumentario fundamentado. Salvo ciertos vestigios de que ha perdido su oráculo geopolítico. Ya no parece que esté a expensas de la evolución del dólar o de la política monetaria de una Fed que —como admite su ya expresidente, Jerome Powell— está sometida a una “prueba de estrés” por la injerencia de la Administración Trump en su soberanía.

Por si fuera poco, tampoco sigue la estela del petróleo, el otro patrón que explicaba —al menos, hasta ahora— su comportamiento bursátil. Así lo admite Deutsche Bank: “La correlación entre el oro amarillo y el oro negro se ha difuminado”. Y de esta forma igual de elocuente, lo sintetiza Nikolaos Panigirtzoglou, estratega de JPMorgan, al valorar su desacoplamiento del bitcoin, su alma gemela en el negocio cripto. “No observamos un quebranto total entre ambos, pero sí el desmantelamiento simultáneo de la misma narrativa de inversión”, aclara.

Los inversores, en paralelo, están retirándose del llamado debasement trade, y ese repliegue “se ha acelerado especialmente con la caída flotante del bitcoin”, que ha firmado su peor mes, este pasado junio, desde la quiebra de la plataforma de negocio de criptodivisas FTX en 2022, con un retroceso del 20% en su valor. Por el empeoramiento del sentimiento inversor, la salida masiva de fondos desde Wall Street y las expectativas alcistas de los tipos de interés en EEUU.

El concepto debasement trade describe una estrategia de inversión basada en la idea de que los gobiernos, enfrentados a descomunales deudas y déficits, recurrirán a unas tácticas monetarias expansivas y tolerarán umbrales de inflación por encima de los estipulados en los estatutos de sus bancos centrales. Bajo este escenario, en el que también juega el actual baile de divisas, los inversores escogen activos escasos o no ligados a monedas, como el oro, la plata o el bitcoin.

Ahora, esta tendencia, ha saltado en pedazos. En especial por parte de la versión Trump 2.0 y su nuevo emisario en la Fed, Kevin Warsh, símbolo de la pérdida de soberanía monetaria.

Pero el oro posee un ADN más complejo: “No es un hedge (riesgo) automático contra la inflación, sino contra la pérdida de credibilidad de la política económica y monetaria de EEUU”, dice Mark Fandetti, de Armstrong Advisory Group. “Su cotización sube cuando la inflación es demasiado alta y las autoridades monetarias son pasivas, y deja de hacerlo cuando reaccionan con rapidez”.

Según Panigirtzoglou, el bienio trumpista actual ha situado a ciertos activos bajo unos relatos similares de protección frente a pérdidas de riqueza derivadas del ajuste de divisas —sobre todo, del dólar— y el aumento de la deuda soberana. Sin embargo, todo ha cambiado tras el giro de la Fed hacia posiciones restrictivas para frenar el shock de la energía por la guerra en Irán.

“El resultado es una fuga coordinada de capitales de ETF —vehículos de inversión a caballo entre fondos y acciones— respaldados por el oro y criptoactivos como bitcoin”, aclara Panigirtzoglou. Para Nicky Shiels de MKS PAMP, “la historia del mercado ha virado 180 grados”, ya que el dinero “ha dejado de perseguir la protección del metal precioso frente a la depreciación de monedas” y ahora se mueve “por criterios de IA y salidas a bolsa como las de SpaceX, Anthropic u OpenAI”. El relato debasement trade “ha perdido fuerza”, precisa. Así lo revela la corrección del oro en el segundo trimestre de 2026, en el que las hostilidades en Oriente Próximo han impulsado los IPC en todo el mundo. Pese a lo cual, la onza cedió un 14% desde abril, su peor caída trimestral.

Orden de prioridades: los tipos de interés de Warsh

Aunque también contribuye a su retroceso otro factor catalizador, la designación de Warsh. Tom Price, de Panmure Liberum, cree que el mercado ha asumido que la prioridad de la Fed vuelve a ser la derrota de la inflación, perspectiva que eleva el rendimiento de la deuda y los costes de poseer un activo que, como el metal precioso, no genera intereses.

El oro, pues, ha perdido varias de sus brújulas. Entre otras, su capacidad de amortiguación frente a riesgos geopolíticos o los impulsos del dólar. En Deutsche Bank ven un giro de prioridades. En esta renovada jerarquía de factores, el mercado “ha reordenado sus urgencias”. La geopolítica se ha vuelto secundaria y los tipos en EEUU, en la gran preocupación inversora. “Si el mercado descuenta un endurecimiento monetario futuro, el resto de factores se neutraliza”. El oro, al fin y al cabo, también compite contra el bono americano. Especialmente, el de 10 años, que rinde en torno al 4,5%. Es decir, rivaliza con un activo que ofrece beneficios.

Y Warsh, bien sea por quitarse el cartel de marioneta de Trump o por combatir una inflación que se traslada al bolsillo de unos consumidores que votarán en las midterm de noviembre, parece dispuesto a mover ficha al alza.

Goldman Sachs vislumbra escenarios diferenciados. Si la Fed mantiene tipos, el oro recuperará el nivel de los 4.800; si se materializa un ciclo de tres o cuatro subidas, su valor se hundirá hacia los 3.800 dólares.

Pero tampoco hay que desdeñar la resaca de una “exuberancia irracional” del mercado. Con un dólar que ha recuperado parte de su valor perdido en 2025 por el impulso que le otorgan siempre las tensiones geopolíticas como la guerra en Irán, el colapso de Ormuz y la escalada del petróleo. “Las bolsas llevan semanas corrigiendo estos excesos” dice Chris Beauchamp, de IG Markets: “es como si el valor de la onza sufriera la resaca de su propia efervescencia”, tras su escalada vertical de 2025, con la revitalización del dólar y las subidas de tipos como “detonantes de sus ventas”.

En esta reconfiguración ocupa otro lugar destacado el excepcionalismo estadounidense, suerte de principio sacrosanto en Wall Street que confiere mayores rentabilidades a activos americanos en el subconsciente inversor frente a cualquier valor foráneo. Es en este punto en el que juegan un papel protagonista las acciones vinculadas a la IA y su presunta burbuja especulativa. La bolsa surcoreana —y su índice Kospi, tecnológico— ha constatado varias caídas que apuntan a que los activos con sello algorítmico podrían haber ido demasiado lejos y que han personificado firmas de chips y de alta tecnología.

Fiebre amarilla en los bancos centrales

Aunque también surgen otros dos factores: el acopio de oro por parte de los bancos centrales y la especulación. Las autoridades monetarias están repatriando lingotes desde la invasión rusa de Ucrania de manera excepcional. Aducen que ya no se identifica el metal precioso como activo financiero, sino como un plácet de seguridad nacional en una era de fragmentación geopolítica y autonomía estratégica. En medio de movimientos de riesgos de capital con sello IA que actúan como imán bursátil.

Wall Street ha firmado entre abril y junio el mejor trimestre en renta variable desde 2020. Con tensiones bélicas, escalada del crudo y dudas sobre las valoraciones de la IA. Impulsado por la resistencia del PIB americano, beneficios empresariales sólidos y el entusiasmo por el algoritmo. El S&P 500 ha repuntado un 14,9%. “Comportamiento que describe un mercado maduro”, dice Jeff Buchbinder, de LPL Financial, pero que “no explica que todos los activos vinculados a la IA justifiquen su valoración”, advierte Torsten Sløk, economista jefe de Apollo. Para Jean Boivin, director del BlackRock Investment Institute, “todos los cambios estructurales suelen crear focos de exuberancia en los mercados” que demandan a los inversores distinguir los valores ganadores de los que se mueven por impulsos especulativos.

En este clima, los bancos centrales, según el World Gold Council, elevaron en 2025 en un 19% sus stocks de oro, buscando precisamente rebajar su exposición a estos gestos especulativos. El porcentaje de autoridades monetarias que mantienen reservas en el Banco de Inglaterra (BoE) cayó del 64% al 57% en un año, mientras la custodia de oro de la Fed descendió del 17% al 14% en el primer trimestre de 2026. La Banque de France repatrió 129 toneladas del metal precioso de Nueva York entre julio de 2025 y enero de 2026 y el de la India ha reducido sus reservas de oro en el exterior del 55% en marzo de 2023 al 22% en marzo de 2026.

Nuevo aplazamiento del desalojo de Maricarmen, la mujer de 87 años que lleva años viviendo un calvario ante la presión de la inmobiliaria Urbagestión para que abandone la que ha sido su casa durante siete décadas. El tercer intento de deshucio, previsto para el miércoles 24 de junio en su casa del madrileño distrito de Retiro, ha quedado paralizado y ahora se ha fijado para el 23 de septiembre.

La presión social y logros como que la ONU haya exigido suspender el procedimiento o proporcionar una alternativa a Maricarmen han podido influir en una nueva prórroga que para el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid es insuficiente. De hecho, la entidad apunta que el juzgado número 90 de Madrid “desoye la petición del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU que pedía la suspensión del desahucio hasta que las administraciones públicas demostraran que están buscando una alternativa habitacional a Maricarmen, alegando que dichas administraciones han tenido tiempo suficiente para encontrar esta alternativa”.

O lo que es lo mismo, explican, “la judicatura diciendo a los ejecutivos del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, y al Gobierno Central que en estos meses de aplazamientos del desahucio de Maricarmen no han hecho nada para solucionar el problema”.

El Sindicato relata que el juzgado no atiende las pretensiones de la resolución de Naciones de Unidas, pero sí estima el recurso de la abogada de Maricarmen, Beatriz Duro, alegando que el segundo aplazamiento no se atenía a la ley. En concreto el artículo 704de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) que establece que si el inmueble a desalojar es la vivienda habitual del ejecutado, el juzgado otorgará un plazo de un mes para el desalojo. Al haberse dado un plazo menor al mes para el nuevo desahucio, el juzgado estima que a Maricarmen se le concede un nuevo mes y una nueva fecha de desahucio.

Desde el Sindicato de Inquilinas entregaron un dossier el pasado octubre al Ministerio de Vivienda del Gobierno de España dando varias soluciones al conflicto de Maricarmen, como la compra de la vivienda o la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos para incluir contratos indefinidos, similares a las rentas antiguas. A su vez, se ha instado tanto a la Comunidad de Madrid como al Ayuntamiento a través de servicios sociales a que busquen una alternativa habitacional. Ni el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ni el de José Luis Martínez-Almeida les han contestado.

Informan además de que los actos de apoyo a Maricarmen se trasladan de la próxima semana al 22 de septiembre, en la víspera de la nueva fecha de lanzamiento. “Hace tiempo que este conflicto no va solo de Maricarmen. Va de la dignidad humana frente a la avaricia, del apoyo vecinal frente a un sistema que antepone la especulación a la vida. Maricarmen somos todas y cada vez somos más personas las que tenemos claro que una empresa no puede hacer lo quequiera con una vida. Por eso Almeida, Ayuso y Pedro Sánchez tienen que mover ficha o les espera un septiembre donde va a llover a cántaros”, sentencian.

La empresa española de puntos de recarga para coches eléctricos Eranovum, que figura en la lista de empresas más subvencionadas de España, aumenta su dependencia de Keystone, un fondo de Israel con fuertes vínculos sionistas y dueño de una empresa israelí de transporte público señalada por la Organización de Naciones Unidas (ONU) por lucrarse con la ocupación de Palestina.

Keystone explica en sus cuentas de 2025 que al 49% que ya controla en Eranovum (es su primer accionista) se ha sumado la concesión, en septiembre de 2025, de un préstamo convertible en acciones de 20 millones. La naturaleza de ese préstamo abre la puerta a que en el futuro el fondo supere el 50% del capital de la empresa española, garantizándose el control total, aunque desde Eranovum lo descartan. “No está previsto que Keystone aumente su participación por encima del 49%”, indica una portavoz de la empresa española.

A preguntas sobre este asunto, la misma fuente asegura que en Eranovum “tampoco contemplan ningún cambio en la estructura de control de la compañía”. El préstamo que les ha concedido el fondo Keystone vence el 30 de junio de 2028 y tiene un interés del 12,5%, susceptible de rebajarse al 9,5%, dependiendo de la evolución de la cifra de negocios de Eranovum.

De esos 20 millones, 6,8 millones ya se habían comprometido en 2024. Otros 7 millones se liberaron el pasado septiembre. Y este año, tras el cierre de las cuentas de 2025, el fondo desembolsó los restantes 6,2 millones, explica Keystone en sus cuentas.

Fue en septiembre cuando este medio reveló las millonarias ayudas concedidas en España a Eranovum y su vinculación con Keystone, dueño de la mayor empresa israelí de transporte público, Egged, a la que la ONU ha señalado en reiteradas ocasiones por lucrarse con la ocupación. Hasta entonces se habían publicado concesiones de ayudas a Eranovum en España por importe de al menos 14,6 millones.

Varias de sus filiales aparecen en el último listado de empresas más subvencionadas del país que publica el Ministerio de Hacienda, correspondiente a 2024. En los últimos meses el goteo de ayudas ha continuado. Diversas filiales de Eranovum suman ya al menos 16,2 millones en subsidios de diferentes Administraciones españolas.

Eranovum operaba a cierre del pasado ejercicio 1.172 puntos de recarga en España, 84 en Bélgica y 45 en Francia. Actualmente, “está en una fase relativamente temprana de sus operaciones, y por lo tanto todavía no ha alcanzado la rentabilidad”, explica Keystone en sus cuentas. “Eranovum continúa centrada en el desarrollo de infraestructuras de recarga y proyectos vinculados a la transición energética”, señala la empresa española.

Con acuerdos en España con cadenas como Consum, Bauhaus, Bricodepot y supermercados BM, en marzo de este año Eranovum anunció tres operaciones de financiación por 16 millones para impulsar la construcción de más de 1.000 nuevos puntos de recarga y avanzar en su crecimiento en Europa. La operación incluyó un project finance de 8,8 millones con la gestora española Buenavista Equity Partners para desplegar 590 puntos en 113 ubicaciones en 13 comunidades autónomas; otros 2 millones con ING en Bélgica y 5 millones con un “inversor privado” no identificado en Francia para desarrollar 475 puntos adicionales, en su mayoría vinculados al acuerdo que tiene allí con la cadena de distribución Les Mousquetaires.

Eranovum fue fundada en 2019 por el español José Luis Aguirre y el israelí Guy Shahar. En varias de sus filiales son consejeros el fundador y CEO de Keystone, Navot Bar, y su adjunta, Rachel Segal. La directora Financiera de Eranovum es Edith Toledano Querub, hija de Mauricio Toledano, fundador de la quebrada ingeniería Eurofinsa, uno de los mayores morosos de Hacienda.

Mauricio Toledano, ex secretario general de la Federación de Comunidades Judías de España, y que fue tesorero del Real Madrid CF entre 1989 y 1994, está imputado en una pieza del caso Villarejo por un encargo en Panamá al policía cuando todavía estaba en activo. Formó parte del patronato de la FAES de José María Aznar hasta que en 2016 apareció vinculado al escándalo de comisiones ilegales para lograr contratos en África y Latinoamérica protagonizado por Gustavo de Arístegui, diplomático y ex alto cargo de Aznar, y Pedro Gómez de la Serna, exdiputado del PP.

El fondo Keystone entró en Eranovum en 2022 con un 30% y ese año la empresa empezó a figurar en la lista de grandes beneficiarios de Hacienda, al calor de un Real Decreto-Ley que obligó a instalar puntos de recarga en edificios no residenciales con más de 20 plazas de aparcamiento. El peso del fondo israelí subió al 42,8% en 2023 y en 2024 alcanzó el 49% actual, con una inversión que cifra en 26,5 millones.

Eranovum ha subrayado que esa participación es “minoritaria”, que “no realiza comentarios sobre cuestiones políticas o geopolíticas” y que accede a esas subvenciones “en igualdad de condiciones que el resto de compañías del sector. La mayoría de estas ayudas se enmarcan en programas como el Plan MOVES, destinados a fomentar la movilidad eléctrica y siempre asociados a inversiones significativas que realiza la empresa”, una firma “española con sede en Madrid, gestionada por sus tres socios fundadores”.

“Potenciales terroristas”

Su principal accionista, Keystone, que se fundó en 2019 y cotiza en el índice TA-90 de la bolsa de Tel Aviv (su valor bursátil supera los 1.300 millones), tiene entre sus principales directivas a Liran Avisar Ben Horin, que hasta 2023 fue directora general del Ministerio de Comunicaciones de Israel. También fue jefa de gabinete del director general de la Oficina del que primer ministro entre junio de 2021 y julio de 2022, el ultranacionalista Naftali Bennet, a cuya formación política sigue vinculada.

Bennet, que ideológicamente está a la derecha de Benjamin Netanyahu, ha anunciado una alianza con el actual jefe de la oposición israelí, Yair Lapid, para desbancar al actual primer ministro del poder en las elecciones del próximo octubre. La actual directiva de Keystone ha sido uno de los primeros fichajes del movimiento que encabezará Bennet, bautizado como “Renacimiento israelí”.

El fundador y presidente de Keystone es Roni Biram, principal accionista de la inmobiliaria Kardan Israel, que en 2023 fichó como presidenta a Ayelet Shaked, exministra israelí de Justicia (2015-2019) e Interior (2021-2022). En julio de 2014, meses antes de que Netanyahu le encargara la cartera de Interior, Shaked abogó por asesinar a todas las mujeres palestinas porque eran las madres de “potenciales terroristas”.

“Tienen que morir y sus casas deben ser demolidas. Ellos son nuestros enemigos y nuestras manos deberían estar manchadas de su sangre. Esto también se aplica a las madres de los terroristas fallecidos”, escribió en su Facebook la entonces diputada del partido ultranacionalista Hogar Judío.

En el mayor accionista de Eranovum es también consejero externo Oded Setter, directivo de The Israel Land Development Company, la inmobiliaria más antigua de Israel, que presume en su web de “más de 110 años de actividad sionista y de negocios”. Privatizada en 1987 (cuando la compró la familia Nimrodi), la fundó en Inglaterra en 1909 la Federación Sionista para empezar a adquirir tierras para los primeros asentamientos en territorio palestino.

En su web Keystone promete “llevar a Israel adelante” produciendo “más del 10% de la electricidad” del país con algunas de sus mayores centrales de ciclo combinado (gas natural), “servicios de transporte público sirviendo a cerca de un millón de pasajeros diarios” a través de Egged, miles de kilómetros de autopistas y una de las mayores desalinizadoras del mundo (Ashkelon), que aporta “un 20% de las necesidades de agua potable” de Israel. Recientemente, ha entrado en el negocio de los centros de datos.

Su principal activo es Egged, que compró en 2022. Con unos 11.000 empleados y presente en Polonia y Países Bajos, esta antigua cooperativa de transporte en autobús ha sido señalada en varios informes de la ONU por lucrarse con la ocupación ilegal israelí. El último, del pasado 26 de septiembre, que citaba también cuatro empresas españolas. Ya en febrero de 2020 la ONU en una base de datos de compañías relacionadas con los asentamientos israelíes en Jerusalén Este y Cisjordania por “la prestación de servicios y suministros que respaldan el mantenimiento y la existencia de los asentamientos, incluido el transporte”. En junio de 2023, cuando Keystone ya la controlaba, volvió a aparecer en otro listado similar.

El think tank independiente Who Profits, que investiga desde hace años la presencia de empresas israelíes y extranjeras en territorios ocupados, recoge que una filial de Egged opera líneas “a los asentamientos en Cisjordania, en las zonas de Gush Etzion, Giva'at Ze'ev, Binyamin, Monte Hebrón y Kiryat Arba, incluidos los asentamientos en el Valle del Jordán y los asentamientos de Shiloh, Otniel y Ma'ale Adumim”. Hasta 2017 operó líneas a los asentamientos en la Cisjordania ocupada y Jerusalén con “vehículos blindados que, según la compañía, les permitían atravesar zonas pobladas por árabes”.

También “ofrece tours y paquetes de viajes a la Ciudad Vieja de Jerusalén y al complejo de colonos de la Ciudad de David, ubicado en el barrio palestino de Silwan en Jerusalén Oriental ocupada”, y “organiza excursiones a Belén, Jericó y el Golán sirio ocupado”. En 2018, “organizó una campaña de donaciones para el ejército israelí en la zona que rodea la Gaza sitiada”. 

Keystone también tiene el 53% de la empresa de renovables Sunflower, que en 2021 logró una condena contra el Reino de España por los recortes a las renovables de Mariano Rajoy. El pasado verano Sunflower anunció su fusión con la israelí Afcon Renewable Energy, con fotovoltaicas en España y propiedad de Afcon Holdings, que también figura en la base de datos de Who Profits y pertenece al conglomerado Shlomo, entre los mayores de Israel y con negocios comunes con Jared Kushner, yerno de Donald Trump. La fusión fue cancelada a principios de este año.

Eranovum, que también desarrolla instalaciones de renovables para alimentar sus estaciones de recarga, es socia en España de Nofar Energy, cuyo fundador, presidente y máximo accionista es el polémico multimillonario israelí Ofer Yannay, muy alineado con las políticas de Netanyahu.

Definido como “nuevo embajador del sionismo” y “un multimillonario obsesionado con los ataques del 7 de octubre que está a favor de atacar a Irán”, Yannay considera a Trump “el mejor presidente desde Harry S. Truman”. “Hemos derrotado a Hamás”, dijo en abril de 2025 tras vencer su equipo de baloncesto, el Hapoel de Tel Aviv, al Gran Canaria en la final de la Eurocup y eliminar en semifinales al Valencia Basket.

Desde que se hizo pública, en abril, la compra por un fondo de inversión de 107 pisos de alquiler asequible, a las afueras de Santander, la alcaldesa de Santander (PP), Gema Igual no se ha comunicado con el centenar de afectados. Aunque los inquilinos de los pisos que Fundación La Caixa, como promotora, vendió en 2025, han pedido mediación directa de la regidora al Ayuntamiento, la administración local ha eludido comprometerse por escrito. De hecho, de los escasos contactos iniciados en marzo, el único en persona, fue con un alto cargo municipal el 31 de marzo. Y desde el 20 de mayo, silencio.

Según los correos a los que ha tenido acceso elDiario.es, el 10 de marzo, cuando todavía los vecinos no se habían organizado colectivamente, una inquilina —que hoy habla en nombre del resto—, mandó un correo electrónico al correo de información del Ayuntamiento. Relataba cómo la nueva empresa propietaria, el fondo de inversión Mosaic Propco, “esperaba que se les venciese el contrato, para no renovarlo y vender las viviendas a precio de libre mercado a unos precios desorbitados”. 

Además, relataba cómo el Ayuntamiento de Santander “colaboró”, al realizar la entrega de llaves con la Fundación La Caixa, en uno de los salones del Palacio de La Magdalena. A ese primer correo, enviado por la noche, en el que pedía ayuda, siguió otro dirigido a la secretaría de la alcaldía, parecido, pero distinto: la inquilina solicitaba “alguna alternativa para mediar y revisar la situación de indefensión” en la que quedaban. También decía: “Ahora no os podéis quedar quietos y no apoyarnos, Gema, cuando se pretende echarnos, como si nada, de los que consideramos nuestros hogares”.

Le respondió una trabajadora municipal, al día siguiente por la mañana: “Doy traslado de su correo al Gerente de Sociedad de Vivienda y Suelo, para que mire en qué medida puede informarles”.

La Sociedad de Vivienda, como empresa municipal de vivienda, contactó con la vecina por vía telefónica y Whatsapp para concertar una cita para 20 días después. El 30 de marzo, un día antes de la reunión presencial con el director de la SVS, la inquilina recibió un correo de secretaría de la alcaldesa de Santander: “La alcaldesa está al tanto que mañana se van a reunir con Jose Antonio del SVS y que espera que se les aclaren todas sus dudas sobre el tema”.

En la reunión del 31 de marzo, según el relato de la inquilina cuyo contrato vence en 2027, el director del SVS manifestó no saber “nada” de la venta. Además, asegura que le dijo que la propietaria “tendría que habérselo ofrecido previamente al Ayuntamiento”, sostiene la inquilina.

El 6 de mayo, el director del SVS contactó por teléfono con la inquilina, tras pedirle que le enviara por correo su contrato y revisarlo. Según la inquilina, el gerente había cambiado de opinión y le dijo que, en el documento, “no se detallaba” que se le tuviera que ofrecer al Ayuntamiento la venta del inmueble.

Según fuentes consultadas por elDiario.es, al tratarse de vivienda libre, el suelo era privado desde el inicio. Pero el centenar de vecinos defiende que el Ayuntamiento se involucró con la promoción inicial de las viviendas de forma que, “como mínimo”, tendría que intermediar en la situación actual u “ofrecer alternativas” al centenar de afectados.

El 12 de mayo, los vecinos mandaron un email, esta vez como colectivo, al SVS y la secretaría de alcaldía, a la atención del gerente y de Gema Igual. Querían saber si la administración local tenía “intención de dialogar” con ellos y pedían una reunión.

Sin respuesta, insistieron el 19, solicitando al consistorio que valorase asistencia jurídica y sanciones, entre otras cosas. Esa fecha, el 19, coincidió con el día en el que muchos recibieron un burofax en representación de Mosaic Propco rechazando la posibilidad de prórroga del alquiler.

El día 20 de mayo recibieron respuesta desde secretaría de alcaldía: “Nos consta que desde el Ayuntamiento se esta tratando de contactar con los nuevos propietarios de los edificios, en cuanto lo hagamos nos pondremos en contacto con ustedes para concretar una reunión”.

Ésta ha sido la última respuesta por escrito, de las dos realizadas desde secretaría. Los vecinos respondieron ese día que “juega en nuestra contra si su idea es esperar a tener cualquier tipo de contestación por su parte para reunirse con nosotros”. 

El SVS no ha vuelto a responder desde la llamada del 6 de mayo.

Uno de los vecinos fue recientemente, en persona, en representación del centenar de afectados, a dejar una carta en la concejalía de Vivienda para que el Ayuntamiento ejerza de interlocutor. En Intervención General le dieron un acuse de recibo. ElDiario.es ha consultado al Ayuntamiento si piensa mediar. Tampoco ha habido respuesta.

Hace menos de dos años, el fondo canadiense Brookfield estuvo cerca de convertirse en el dueño de la farmacéutica de hemoderivados catalana Grifols con una opa de exclusión que rozaba los 7.000 millones de euros. No llegó a puerto y su mayor inversión en España hasta la fecha ha sido finalmente inmobiliaria: compró a finales de marzo pasado por 1.000 millones las 5.000 viviendas que en 2013 Blackstone adquirió al Ayuntamiento de Madrid de Ana Botella y a la Comunidad y dejaron de ser públicas.

Brookfield se ha convertido de una tacada en uno de los grandes caseros de España, aunque su objetivo es vender los pisos uno a uno, lo que costará el hogar a miles de vecinos angustiados por su futuro, tanto para quienes tienen que renovar sus contratos como por el vencimiento de los que acaban dentro de unos años. 

El fondo canadiense inició su actividad en el año 1899 al crear una empresa eléctrica en Brasil que después crecería, y es hoy uno de los mayores gestores de activos alternativos (inversiones fuera de los mercados tradicionales, como acciones, bonos o efectivo) del mundo, con casi un billón (más de 900.000 millones) de activos bajo su gestión, repartidos entre infraestructuras, energías renovables e inmobiliario. Cerró 2025 con 5.400 millones de beneficios y su capitalización bursátil es de 101.000 millones de dólares en la empresa y de 76.000 en Asset Management, que es la compradora de las viviendas. Su cartera inmobiliaria es de 72.000 millones. 

Sin respuesta a los inquilinos

Los inquilinos de las viviendas de Brookfield en Madrid no saben con quién hablar para esclarecer su futuro, un mes y medio después de que se confirmara la operación mediante la compra de la socimi cotizada Fidere de un fondo a otro por más de 1.000 millones, a un precio final de 220.000 euros por vivienda que triplica lo que gastó Blackstone al comprarlas al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid. Han intentado hablar con el personal de Brookfield en España, que les remiten a las oficinas de Londres, donde no hay respuesta. 

Saben, por los medios de comunicación y por el hecho de que algunos pisos vacíos no se están alquilando, que Brookfield pretende venderlos uno a uno y que eso les condenará a marcharse cuando acaben los contratos de sus hogares, a los que entraron con precio regulado y se les duplicó con los años con la compra de Blackstone. Pero su único interlocutor es un asistente virtual de la página web incapaz de hablar de intenciones a medio plazo. 

La empresa que está detrás de ese asistente virtual es uno de los mayores gestores de activos del mundo, con una cartera de más de 900.000 millones euros de fondos de terceros y propios repartidos por 35 países, que es cuatro veces más que hace ocho años. 

Al mando de Brookfield Corporation está su CEO Bruce Flatt desde hace 26 años, aunque hace un par de meses dio un paso al lado en el brazo de activos Brookfield Asset Management, donde colocó a Connor Teskey como CEO. En España, el principal responsable desde hace 12 años Álvaro Zamariego, formado en la Universidad Pontificia de Comillas y con carrera en Morgan Stanley, en Citi y en CVC. 

Hace un mes, en una entrevista con CNBC, Flatt se mostraba optimista con el efecto de la guerra de Irán en la economía. “Va a hacer que todos nos centremos en nuestras tareas. Estos países van a desarrollar su propia IA, sus propios oleoductos. Construirán mejores países gracias a esto”, decía. Hace un año, también aseguraba que era “el mejor momento” para la inversión inmobiliaria. 

Pese a que en otras conversaciones ha dicho que “lo más importante son las personas”, la situación de los inquilinos de Blackstone que dejaron de vivir en pisos protegidos no ha merecido ningún comunicado de la empresa, que declinó responder a las preguntas de elDiario.es. 

Casi siempre que habla con los medios de comunicación, Bruce Flatt repite como un mantra: “Nos dedicamos a controlar la columna vertebral de la economía global”. “Nuestro trabajo se realiza entre bastidores. Nadie sabe que estamos ahí, y proporcionamos infraestructuras críticas a personas que pagan una pequeña cantidad. La mayoría de gente cree que la carretera por la que circulan pertenece al gobierno. Incluso si es una de peaje, no saben quién es el propietario”, añadía en una entrevista para el Financial Times en 2019. 

Negocios en duda

El mismo medio publicó el pasado año una investigación en la que cuestionaba el cambio de manos de doce propiedades de Brookfield en 2024 en que gastó 1.400 millones de dólares de su rama de seguros para comprarse propiedades a sí misma. “Brookfield utiliza sus propias compañías de seguros vinculadas como vehículo para deshacerse de activos”, denunciaba en el artículo Dmitry Khmelnitsky, jefe de contabilidad de Veritas Investment. 

Las transacciones, que permitían a la empresa registrar capital propio como nuevos ingresos, planteaban “interrogantes sobre la calidad de las ganancias y la valoración de los activos” de Brookfield, en un ataque a la confianza que es clave porque gestiona fondos de pensiones públicos y sindicales de miles de personas. El reportaje definía a Brookfield como “un laberinto que contiene miles de entidades, fondos interconectados, sociedades, fideicomisos y empresas”. 

No es la única polémica en la que se ha visto implicada Brookfield, que según publicó The Intercept y OCCRP (Organización contra el Crimen y la Corrupción), fue investigada por las autoridades brasileñas en 2021 por violaciones ambientales en el sureste de Brasil. Con la compra de una hidroeléctrica, creó un embalse gigantesco que provocó la pérdida de peces y de actividad pesquera, y después se investigaron tanto las compensaciones recibidas por afectados como amenazas sufridas por quienes protestaron. 

Aunque el origen de la empresa está justamente en la electricidad y en Brasil, el negocio inmobiliario fue el que impulsó la precoz carrera de Flatt, nacido en la provincia canadiense de Manitoba en el año 1965 e hijo de un alto ejecutivo de Investors Group. 

Un directivo precoz

A los 28 años, en 1993, lideró una oferta de Brookfield para comprar oficinas, que incluían cuatro torres del World Financial Center y el edificio 245 Park Avenue en Nueva York a precios bajos. El éxito de la operación aceleró su carrera para convertirlo en CEO de la empresa 7 años después y hasta hoy. 

Después de los atentados del 11S, en vez de deshacerse de activos en la zona financiera de Manhattan que estaba siendo abandonada por inquilinos, Flatt y Brookfield no solo mantuvieron, sino que ampliaron sus inversiones. La torre comprada en 1993 se vendió por separado en 2017 por 2.200 millones de dólares en uno de los precios más altos jamás pagados por un rascacielos estadounidense, casi seis veces más que cuando se compró.

Comprar, esperar una revalorización, obtener rentas de alquileres mientras tanto y vender fue lo que hizo Blackstone justamente con las 5.000 viviendas que adquirió en 2013. Comprar en bloque y vender la vivienda por separado es la que debe hacer que Brookfield rentabilice una inversión de 1.000 millones que triplica la que en su día hizo Blackstone. Que miles de vecinos vulnerables pierdan su hogar con la operación después de años de abusos contra su derecho a la vivienda no es algo que parezca preocuparles.