Hace menos de dos años, el fondo canadiense Brookfield estuvo cerca de convertirse en el dueño de la farmacéutica de hemoderivados catalana Grifols con una opa de exclusión que rozaba los 7.000 millones de euros. No llegó a puerto y su mayor inversión en España hasta la fecha ha sido finalmente inmobiliaria: compró a finales de marzo pasado por 1.000 millones las 5.000 viviendas que en 2013 Blackstone adquirió al Ayuntamiento de Madrid de Ana Botella y a la Comunidad y dejaron de ser públicas.

Brookfield se ha convertido de una tacada en uno de los grandes caseros de España, aunque su objetivo es vender los pisos uno a uno, lo que costará el hogar a miles de vecinos angustiados por su futuro, tanto para quienes tienen que renovar sus contratos como por el vencimiento de los que acaban dentro de unos años. 

El fondo canadiense inició su actividad en el año 1899 al crear una empresa eléctrica en Brasil que después crecería, y es hoy uno de los mayores gestores de activos alternativos (inversiones fuera de los mercados tradicionales, como acciones, bonos o efectivo) del mundo, con casi un billón (más de 900.000 millones) de activos bajo su gestión, repartidos entre infraestructuras, energías renovables e inmobiliario. Cerró 2025 con 5.400 millones de beneficios y su capitalización bursátil es de 101.000 millones de dólares en la empresa y de 76.000 en Asset Management, que es la compradora de las viviendas. Su cartera inmobiliaria es de 72.000 millones. 

Sin respuesta a los inquilinos

Los inquilinos de las viviendas de Brookfield en Madrid no saben con quién hablar para esclarecer su futuro, un mes y medio después de que se confirmara la operación mediante la compra de la socimi cotizada Fidere de un fondo a otro por más de 1.000 millones, a un precio final de 220.000 euros por vivienda que triplica lo que gastó Blackstone al comprarlas al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid. Han intentado hablar con el personal de Brookfield en España, que les remiten a las oficinas de Londres, donde no hay respuesta. 

Saben, por los medios de comunicación y por el hecho de que algunos pisos vacíos no se están alquilando, que Brookfield pretende venderlos uno a uno y que eso les condenará a marcharse cuando acaben los contratos de sus hogares, a los que entraron con precio regulado y se les duplicó con los años con la compra de Blackstone. Pero su único interlocutor es un asistente virtual de la página web incapaz de hablar de intenciones a medio plazo. 

La empresa que está detrás de ese asistente virtual es uno de los mayores gestores de activos del mundo, con una cartera de más de 900.000 millones euros de fondos de terceros y propios repartidos por 35 países, que es cuatro veces más que hace ocho años. 

Al mando de Brookfield Corporation está su CEO Bruce Flatt desde hace 26 años, aunque hace un par de meses dio un paso al lado en el brazo de activos Brookfield Asset Management, donde colocó a Connor Teskey como CEO. En España, el principal responsable desde hace 12 años Álvaro Zamariego, formado en la Universidad Pontificia de Comillas y con carrera en Morgan Stanley, en Citi y en CVC. 

Hace un mes, en una entrevista con CNBC, Flatt se mostraba optimista con el efecto de la guerra de Irán en la economía. “Va a hacer que todos nos centremos en nuestras tareas. Estos países van a desarrollar su propia IA, sus propios oleoductos. Construirán mejores países gracias a esto”, decía. Hace un año, también aseguraba que era “el mejor momento” para la inversión inmobiliaria. 

Pese a que en otras conversaciones ha dicho que “lo más importante son las personas”, la situación de los inquilinos de Blackstone que dejaron de vivir en pisos protegidos no ha merecido ningún comunicado de la empresa, que declinó responder a las preguntas de elDiario.es. 

Casi siempre que habla con los medios de comunicación, Bruce Flatt repite como un mantra: “Nos dedicamos a controlar la columna vertebral de la economía global”. “Nuestro trabajo se realiza entre bastidores. Nadie sabe que estamos ahí, y proporcionamos infraestructuras críticas a personas que pagan una pequeña cantidad. La mayoría de gente cree que la carretera por la que circulan pertenece al gobierno. Incluso si es una de peaje, no saben quién es el propietario”, añadía en una entrevista para el Financial Times en 2019. 

Negocios en duda

El mismo medio publicó el pasado año una investigación en la que cuestionaba el cambio de manos de doce propiedades de Brookfield en 2024 en que gastó 1.400 millones de dólares de su rama de seguros para comprarse propiedades a sí misma. “Brookfield utiliza sus propias compañías de seguros vinculadas como vehículo para deshacerse de activos”, denunciaba en el artículo Dmitry Khmelnitsky, jefe de contabilidad de Veritas Investment. 

Las transacciones, que permitían a la empresa registrar capital propio como nuevos ingresos, planteaban “interrogantes sobre la calidad de las ganancias y la valoración de los activos” de Brookfield, en un ataque a la confianza que es clave porque gestiona fondos de pensiones públicos y sindicales de miles de personas. El reportaje definía a Brookfield como “un laberinto que contiene miles de entidades, fondos interconectados, sociedades, fideicomisos y empresas”. 

No es la única polémica en la que se ha visto implicada Brookfield, que según publicó The Intercept y OCCRP (Organización contra el Crimen y la Corrupción), fue investigada por las autoridades brasileñas en 2021 por violaciones ambientales en el sureste de Brasil. Con la compra de una hidroeléctrica, creó un embalse gigantesco que provocó la pérdida de peces y de actividad pesquera, y después se investigaron tanto las compensaciones recibidas por afectados como amenazas sufridas por quienes protestaron. 

Aunque el origen de la empresa está justamente en la electricidad y en Brasil, el negocio inmobiliario fue el que impulsó la precoz carrera de Flatt, nacido en la provincia canadiense de Manitoba en el año 1965 e hijo de un alto ejecutivo de Investors Group. 

Un directivo precoz

A los 28 años, en 1993, lideró una oferta de Brookfield para comprar oficinas, que incluían cuatro torres del World Financial Center y el edificio 245 Park Avenue en Nueva York a precios bajos. El éxito de la operación aceleró su carrera para convertirlo en CEO de la empresa 7 años después y hasta hoy. 

Después de los atentados del 11S, en vez de deshacerse de activos en la zona financiera de Manhattan que estaba siendo abandonada por inquilinos, Flatt y Brookfield no solo mantuvieron, sino que ampliaron sus inversiones. La torre comprada en 1993 se vendió por separado en 2017 por 2.200 millones de dólares en uno de los precios más altos jamás pagados por un rascacielos estadounidense, casi seis veces más que cuando se compró.

Comprar, esperar una revalorización, obtener rentas de alquileres mientras tanto y vender fue lo que hizo Blackstone justamente con las 5.000 viviendas que adquirió en 2013. Comprar en bloque y vender la vivienda por separado es la que debe hacer que Brookfield rentabilice una inversión de 1.000 millones que triplica la que en su día hizo Blackstone. Que miles de vecinos vulnerables pierdan su hogar con la operación después de años de abusos contra su derecho a la vivienda no es algo que parezca preocuparles. 

Los Mossos d’Esquadra han desahuciado este miércoles a una mujer, Olalla, y a sus tres hijos, del piso en el que vivían en Barcelona desde hace nueve años. El propietario, New Amsterdam Developers (NAD), es conocido en la ciudad por comprar fincas, vaciarlas de inquilinos y transformarlas el colivings (alquiler de habitaciones). 

Una cincuentena de activistas ha tratado de paralizar el desalojo, en la calle Buenos Aires, 60, pero los antidisturbios de los Mossos han conseguido desbloquear el acceso al edificio y entrar a la vivienda para hacer salir a la mujer. 

Esta era la segunda vez en pocos días que el juez ordenaba la ejecución de este lanzamiento a los Mossos. El pasado 12 de mayo el procedimiento se paró por la presión vecinal. 

Andrea Ribas, portavoz del Sindicat d’Habitatge Socialista de Catalunya, ha asegurado que la mujer desahuciada, Olalla, tiene el informe de vulnerabilidad acredito. Así, ha lamentado que “una nueva familia vulnerable ha sido expulsada de su casa por culpa de un fondo de inversión y de los Mossos”. 

Ha afirmado Ribas que, a pesar de haber “perdido” la batalla de este miércoles, el objetivo final del colectivo se mantiene. “Queremos expulsar a NAD de Barcelona y acabar con el negocio de la vivienda”, ha apuntado. 

Este fondo de inversión es el mismo que trató de desahuciar a Txema, en el barrio de Gràcia, antes de que se paralizase el proceso, o el Bloc Papallona. También ha sido señalado por hacerse pasar por pequeño propietario para evitar la legislación que afecta a los grandes tenedores en los desahucios. 

“Lo que ha pasado hoy, el sufrimiento que hemos visto, no es solo culpa de un malvado fondo de inversión, sino también de un gobierno que se llena la boca con el derecho a la vivienda cuando su principal política pública al respecto son los desahucios”, ha denunciado Ribas en referencia al Ejecutivo del PSC.

Por su parte, Carme Arcarazo, portavoz del Sindicat de Llogateres, ha denunciado que “el Govern, en lugar de multar a esta empresa holandesa que se dedica a hacer 'colivings' ilegales, lo que hace es enviar a los Mossos d'Esquadra para echar a familias”. 

La mujer desahuciada, Olalla, ha explicado en un vídeo en las redes sociales que vivía en la finca con sus tres hijos y ha denunciado las intenciones de NAD de querer vaciar el edificio para alquilar las habitaciones por más de 900 euros al mes. 

Además, ha recordado que el fondo holandés también es propietario del Bloc Papallona, el Bloc Sant Agustí y varios edificios más en la ciudad con los que, según ella, está actuando de la misma manera.

El comisionado de Vivienda del Ayuntamiento, Joan Ramon Riera, ha condenado el desahucio y ha asegurado que están a disposición de Olalla para saber si tiene solución residencial familiar o si necesita la intervención de los servicios sociales. “Condenamos las actitudes de estos fondos de inversión que no protegen el uso residencial. La vivienda es para vivir”, ha declarado.

La angustia pasea con distintas formas por los cuerpos de las 5.000 familias a las que Brookfield pretende echar de los pisos que ha comprado a Blackstone por 1.000 millones en Madrid para venderlos. Primero, sufrieron por dejar de vivir con alquileres sociales (de unos 500 euros la mayoría) cuando en 2013 el fondo los compró al Ayuntamiento de Madrid de Ana Botella (1.850), a la Comunidad y a otros municipios como Alcorcón, Getafe o Torrejón de Ardoz. Luego, por las subidas brutales de los alquileres en cada nuevo contrato, al ritmo que marcaba el mercado, casi siempre con precios cercanos a los 1.000 euros. Ahora, se enfrentan a la amenaza de expulsión porque el nuevo propietario con el que no consiguen hablar quiere venderlos uno a uno. Centenares de ellos están organizados por el Sindicato de Inquilinas y se niegan a abandonar sus casas. 

La situación que atraviesa a las familias condensa todas las aristas de la crisis de vivienda: pérdida de vivienda pública para conseguir liquidez en pleno estallido de la burbuja, subida asfixiante del alquiler, pérdida del derecho a compra, cláusulas abusivas con el cobro de extras como la comunidad o el IBI, falta de mantenimiento e interlocución, lucro de fondos sin rostro como Blackstone, que ha conseguido el triple de lo que pagó en solo 13 años con inversiones escasas. Lo próximo será un masivo desahucio invisible, como se conocen las expulsiones que se ejecutan sin orden judicial, mediante fuertes subidas de precio o finalizaciones de contrato sin opción a renovación por decisión unilateral del dueño.

El silencio de Brookfield

Los fondos no tienen rostro no porque no se conozca a sus responsables —Bruce Flatt es el CEO de Brookfield desde hace 25 años y Alfredo Zamarriego su responsable en España—, sino porque nadie da la cara ante los medios o explica nada a los inquilinos sobre el cambio, aunque varios de ellos se concentraron ante la sede de Fidere (la socimi de Blackstone en España que se ha vendido a Brookfield con los pisos) el pasado 28 de abril pidiendo explicaciones. “Para hablar sobre los contratos, nos remiten a un asistente virtual”, relatan varios vecinos, que lamentan que la relación cada vez es menos humana y menos eficiente desde hace ya unos años. 

Rafa, uno de los vecinos del PAU de Carabanchel (Programa de Actuación Urbanística) más implicados en la movilización, resume así la incertidumbre ante la falta de respuestas: “Yo prefiero que me digan que me tengo que ir a que me tengan así. Conseguimos hablar con el vicepresidente de Brookfield tras la junta y nos dijo que no nos podía decir nada, que esto lo llevan desde Londres”, explica el vecino, implicado en el Sindicato de Inquilinas de Madrid que ha liderado la lucha contra Blackstone y apunta ahora a Brookfield.

Desde Londres, Brookfield prometió a elDiario.es contestar a las preguntas planteadas a principios de la semana pasada. Cuestiones como si existía algún criterio ético que pudiera evitar esta operación o cómo y cuándo pretenden ir vaciando los pisos de inquilinos para poder venderlos, que es su objetivo, o qué pasará con los contratos que vencen estos días y que se han agarrado mediante burofax a la prórroga temporal aprobada por el Gobierno que después decayó en el Congreso. A final de semana, la respuesta es una no respuesta por parte del director de comunicación: “Declinamos hacer comentarios”. Fuentes del sector aseguran que respetarán los contratos vigentes y que después venderán una a una las viviendas, sin más . 

En Madrid, en cambio, no cuesta nada que una decena de vecinos den la cara y sus nombres para explicar los múltiples rostros de la angustia que les genera esta crisis, que se cuela en sus cuerpos como un gusano y hace tiempo que ha hecho saltar por los aires su concepto de hogar, muy lejos ya de ser ese lugar de seguridad y paz donde uno construye su plan de vida. 

En Cristina, Marta, Pili madre, Pili hija, Leyre, César, Rafa, Fanny, Olga, Estrella o Mari Carmen se acumulan algunas de estas miles de precariedades cocinadas por el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid y ejecutadas por Blackstone y Brookfield. 

Subidas de alquiler y nuevas exigencias

A Cristina López, que vive sola y tiene 58 años, el contrato de alquiler le vence ya el mes que viene. Testa Homes, la gestora que gestiona los pisos que Blackstone acaba de vender a Brookfield y que será sustituida por Clikalia, le envió un correo en enero que le instaba a pagar 1.065 euros al mes si quería firmar un nuevo contrato, además de 107 euros al mes de comunidad que hace tiempo que la empresa no justifica. Son 200 más de los que paga ahora y casi el triple que cuando entró con el piso de alquiler social, en 2011, cuando abonaba 450 euros y que en 2019 pasaron a ser 600.

Pero la cosa no acaba en pagar un 250% más que cuando llegó. Pese a llevar en el piso 15 años, le piden ahora una nueva fianza adaptada al nuevo precio y un certificado de solvencia económica que demuestre que tan solo destinará el 37% de su sueldo al alquiler. Pero Cristina, que es técnico especialista en educación en un instituto, cobra 1.600 euros y no los 3.000 que le piden. 

“Eso son desahucios invisibles”, sentencia sin dudar Olga, otra vecina, aclarando que se ha repetido con otros residentes la petición de certificados de solvencia y nuevas exigencias económicas. Incapaz de cumplir los requisitos, Cristina se aferró a la solicitud de prórroga del alquiler enviando un burofax, pero no ha habido ni respuesta particular ni un posicionamiento de Brookfield sobre qué hará con las peticiones de prórroga. “Mi vida es una angustia, un caos, lo único bueno es que tengo contrato fijo, pero ¿adónde me iría con mi sueldo?”, se pregunta Cristina. 

Agarrarse a los pisos de Brookfield, antes de Blackstone, no es una cuestión sentimental. Incluso cuando están a precios equiparables al mercado, da miedo abandonarlos ante la imposibilidad de encontrar algo al mismo precio o de cumplir los requisitos necesarios para un nuevo alquiler. Son 5.000 familias que pueden quedar prácticamente expulsadas del mercado de la vivienda, posibles víctimas del hacinamiento en habitaciones (que también se da ya en algunos pisos de los bloques del Pau de Carabanchel). 

Cláusulas abusivas y derecho a compra

A sus 11 años, Leyre corrige a su abuela, Pili, cuando relata su historia particular. Se la sabe de sobras a su temprana edad. “Cuando sea mayor, seré abogada para que no te echen”, afirma con gracia. Vive con ella y con su madre, también Pili. Esta familia, con todo, se considera en parte privilegiada, ya que le renovaron contrato hasta 2032 a cambio de retirar la demanda contra Blackstone por negarles a ella y otras familias el derecho a compra de los pisos.

Es otra de las subtramas de este conflicto. En abril del año pasado, el Supremo falló en contra del derecho a compra que 40 inquilinos de los pisos de Blackstone habían reclamado recuperar tras la negativa del fondo, pero unos meses antes el mismo Supremo había reaccionado al revés, a favor del movimiento de inquilinos. El fondo usaba las renovaciones del alquiler para forzar a que otros inquilinos retiren las denuncias por este motivo: si no lo hacen, la renovación se complica. Otros inquilinos denunciaron también sin suerte al fondo por las cláusulas abusivas como el IBI, el seguro del piso o la comunidad. 

Mientras muchos se organizan para combatir al fondo y vislumbran un más que probable desahucio invisible cuando finalice contrato, la incertidumbre pesa entre quienes tienen un contrato a punto de expirar, aunque la prórroga extraordinaria les ha dado un respiro. Es el caso de Fanny, con cáncer de mama y 52 años, que recibió en marzo una carta de Testa Homes diciéndole que no renovará con las mismas condiciones (un alquiler que se disparaba a los 937 con las cláusulas). “Se me comía ya casi todo el sueldo”, dice esta enfermera en una residencia con un salario de 1.200 que está reducido desde que está de baja. 

Para saber cuáles eran las nuevas condiciones, Fanny tenía que pedir un borrador del nuevo contrato por el asistente virtual de Testa Homes, pero la web no funcionaba y por teléfono no le atendían. Así que, entretanto, se aferró al burofax de la prórroga extraordinaria en la que confía para quedarse al menos un par de años en el piso. “Aparte del cáncer, me estoy tratando por problemas de salud mental. Y a mi hijo le ha dado un bajón y no puede estudiar”, cuenta. 

Los vecinos coinciden en que la piscina que pusieron hace un año ha servido de excusa para encarecer los precios y cobrar más comunidad sin justificar el gasto. Pero como no hay propietarios, no existen las reuniones de vecinos y la empresa decide unilateralmente. Tampoco da cuentas de los gastos. El ascensor ha estado hasta un mes o más averiado y el teléfono de incidencias no es eficaz. “Y a mí, que vivo en un cuarto y tengo un problema en las piernas, me ha tocado estar un mes sin salir de casa”, cuenta un vecino. 

Es el mismo silencio impersonal que se encuentran ante el cambio de propietarios y el futuro cercano. Intuyen que se tienen que ir porque los medios informan que los pisos se venderán uno a uno. Ni la Comunidad de Madrid, ni el Ayuntamiento, ni el Gobierno de España han acudido a las peticiones de rescate. Pidieron expresamente a Casa 47 que comprara los pisos, pero el primer presupuesto de compra para vivienda vacía de fondos de inversión era 10 veces menor que el coste de los bloques, de 100 millones. Además, Casa 47 prioriza la vivienda vacía para dedicar al alquiler social. Si nadie actúa, será el mayor desahucio invisible de la historia y un nuevo oscuro episodio de la trágica historia reciente de la vivienda en nuestro país. Blackstone, entretanto, se habrá embolsado más de 1.500 millones desde la compra, entre la venta a Brookfield y los alquileres cobrados estos 13 años, a costa del sufrimiento de los vecinos.

Antonio es de los últimos vecinos que quedan en el sector VI de la Cañada Real Galiana, donde más abundan las infraviviendas. Esta vía pecuaria entre los municipios de Madrid, Rivas y Coslada se hizo famosa por ser el principal asentamiento irregular de Europa, con chabolas o construcciones improvisadas a lo largo de sus 14 kilómetros de recorrido. Con el tiempo y la implementación de un pacto regional para coordinar a las administraciones implicadas y vaciar el poblado, se orquestó el realojo de estas familias a viviendas públicas o destinadas al alquiler social. Para optar a ellas, uno de los requisitos es la antigüedad: hay que estar empadronados desde, al menos, el 31 de diciembre de 2011. Y Antonio, que interrumpió su estancia por un trabajo en Guadalajara, se ha quedado fuera del cupo.

“Mi familia y yo llevamos meses durmiendo en una furgoneta porque en la casa hay bichos y ratas”, asegura él, que por teléfono relata su periplo legal con la Comunidad de Madrid para poder optar a los realojos. En su caso, defiende que ha cumplido el tiempo de empadronamiento mínimo exigido. Solo que en dos periodos separados: uno antes de mudarse a Castilla-La Mancha y otro, justo después. “Hubo que irse porque me salió trabajo, y entonces tuve que empadronarme a mí y a mis hijos o no podría escolarizarlos”, señala. Ahora se dedica a la chatarra y, aunque lleva “toda la vida” en Madrid, antes de Cañada pasó por barrios como Pan Bendito o un antiguo poblado chabolista en Vicálvaro, Los Focos. A través de una abogada de oficio, solicitó el realojo aportando informes médicos o expedientes de los Servicios Sociales.

El 29 de abril de 2022, Antonio solicitó el realojo a la Comunidad de Madrid, que mantiene un convenio de colaboración con el Ayuntamiento y gestiona la Agencia de Vivienda Social, de carácter regional. Su petición fue denegada y se le notificó en marzo de 2023, argumentando que su caso incumplía el requisito de antigüedad en el padrón de habitantes y, por lo tanto, no podía acreditar un largo período en Cañada Real. Volvió a intentarlo un año más tarde, después de interponer un recurso ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 19 de Madrid, que dictaminó a su favor y avaló el realojo. Sin embargo, el Gobierno autonómico puso en marcha a su equipo legal y apeló la sentencia ante el TSJM, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Este último órgano terminó revocando el fallo del contencioso y aceptó la tesis del Ejecutivo, que aduce que la anterior sentencia prioriza la situación de “emergencia social” de la familia sobre un requisito sellado por acuerdo.

“Mi hijo tiene una discapacidad del 72%, no se ha casado y vive con nosotros”, afirma Antonio, que insiste en haber acreditado legalmente el estado de salud de su familiar. Este periódico ha podido comprobar documentos médicos que acreditan tanto la situación dependencia crónica de este hijo, de 40 años, acreditada con carácter crónico el año 2000 por la Consejería de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, donde residía la familia entonces. En 2024, la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales otorgó a la mujer de Antonio, Teresa, otro grado de discapacidad del 78% (esta vez por razones físicas), que puede variar en revisiones posteriores.

“Tengo diabetes y solo puedo medicarme con pastillas, porque para mantener la insulina necesito electricidad y un frigorífico donde enfriarla”, relata ella. Antonio, que también muestra achaques físicos y exhibe sus informes médicos por problemas de corazón, muestra su incredulidad al no poder adherirse a las ayudas de la administración pese a su estado.

Tres pensiones no contributivas y un hijo con discapacidad

En concreto, el Pacto Regional por la Cañada Real —suscrito en 2017 por el Estado, la Comunidad de Madrid, los ayuntamientos de la capital, Coslada y Rivas o los grupos con representación en la Asamblea— dispone en su anexo 6, que hace referencia a las condiciones para solicitar un traslado, la obligatoriedad de “acreditar” esta antigüedad, sin mencionar directamente el padrón de habitantes. Aun así, el decreto de marzo de 2018 aprobado en Consejo de Gobierno para regular las adjudicaciones vinculadas al realojo de poblados chabolistas sí que exige, en su artículo 18, presentar un certificado o volante de empadronamiento de todos los componentes de la unidad familiar donde la antigüedad de residencia.

Que esta pueda ser o no interrumpida, de momento, deberá dirimirse en un tercer recurso, esta vez de casación y presentado por la abogada de oficio de Antonio. Él y su mujer son mayores, describen problemas físicos habituales o por deterioro y alegan que, en total y junto con el hijo a su cargo, sobreviven con tres pensiones no contributivas de unos 600 euros para cada miembro del matrimonio y otros 500, aproximadamente, que recibe el vástago por su condición de salud mental, según las estimaciones del vecino. “Si con ese dinero nos metiéramos los tres a pagar un alquiler, se nos iría todo en los primeros días y no tendríamos para comer”, denuncia, reconociendo escasas opciones de integrarse en el mercado si finalmente se le deniega el realojo.

Precisamente en el sector VI, donde aún residen pese a que con los años este ha ido vaciándose, la empresa adjudicataria del servicio municipal de apoyo a la intervención con familias (SAIF) —que acompañan a los residentes y tratan de paliar su exclusión— y depende de los Sociales de Villa de Vallecas es Aebia, empresa de intervención social perteneciente a Urbaser. Esta última compañía de gestión medioambiental, especializada en limpieza urbana y tratamiento de residuos, tiene de copropietarios al fondo buitre Blackstone y EQT, otra sociedad sueca.

Entre los planes que se dibujan para el futuro de los terrenos que hoy abarca la Cañada Real, está la limpieza y el acondicionamiento del suelo con vistas a iniciar “rehabilitación edificatoria” y de “reurbanización” si estas se estiman oportunas, tal y como se aventuró en 2024 con la presentación del protocolo para el Plan Extraordinario de Realojos, a la que acudieron el delegado del Gobierno u otros representantes autonómicos y locales. Las administraciones anunciaron un presupuesto de 330 millones de euros para un plan que se ejecutará en diez años, por lo que deberá concluirse en 2034.

En el desglose, el Estado y la Comunidad de Madrid aportan 110 millones cada uno mientras que el resto se distribuye entre el Ayuntamiento de la capital (al que corresponde un monto mayor) y los otros dos firmantes. De darse una futura reurbanización del terreno, para fondos como Blackstone —que controla, junto con Brookfield, buena parte del mercado inmobiliario en Madrid— se abren nuevos escenarios a los que ampliar su negocio. Para el caso de Antonio, en la sentencia del TSJM del pasado 5 de diciembre, que responde al recurso de la Comunidad de Madrid para evitar incluirles entre los realojados, uno de los argumentos esgrimidos por los servicios jurídicos de la administración es que “se aplica otra disposición que absolutamente tiene que ver con la cuestión debatida”, refiriéndose al hecho de primar la vulnerabilidad sobre la antigüedad.

En el escrito, al que ha tenido acceso Somos Madrid, se recuerda que existen sentencias previas que “confirman la necesidad de cumplir los requisitos objetivos”, los cuales “no concurren” en este supuesto. A la espera de una sentencia definitiva, Antonio teme por su futuro y muestra su inquietud por la repercusión “negativa” que pueda tener la difusión del caso. “Solo quiero que no me echen y que nada más nos perjudique. Tenemos derecho a estar aquí, a tener una vida”, sentencia.

“Es la crónica de un fracaso anunciado”, reprocha el PRC. “Este Parlamento no está para firmar cheques en blanco”, recela el PSOE. “Corremos el riesgo de que esto sea un espejismo”, advierte Vox.

El Campus Tecnológico de Centro de Datos 'Altamira', promovido por Stoneshield Capital, ha empezado a despertar recelos y desconfianza entre todos los grupos de la oposición que se han unido para exigir al Gobierno de Cantabria (PP) que presente, en el plazo de dos meses, toda la documentación sobre el Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR). La modificación urbanística que el ejecutivo se comprometió a aprobar el pasado diciembre sobre el terreno situados a ambos lados de la Autovía S–30, en los municipios de Villaescusa y Piélagos.

Era solo el primero de estos planes. El proyecto era de tal calado que se iba a hacer en tres fases, con tres planes urbanísticos a medida diferentes. De hecho, la iniciativa ha sido declarada Proyecto Empresarial Estratégico de Cantabria (PSIR) por el Consejo de Gobierno, la primera en obtener esta declaración. Las obras tendrían que haber empezado en enero y finalizar en 2032 tras una inversión de 3.600 millones de euros.

Durante el debate en el Parlamento de una moción presentada por el PRC, también se han despertado las dudas sobre la compra de los terrenos por parte del promotor, Stonefields: un fondo de inversión creado en 2018, vinculado al mundo inmobiliario, propiedad de Felipe Morenés –hijo de la presidenta del Banco Santander, Ana Botín– y su socio, Juan Pepa. Por ello va registrar una pregunta y una solicitud de documentación, “no vaya a ser que no se hayan pagado los 10 millones de los terrenos, no vaya a ser que lo que se haya firmado sea una opción de compra y no se hayan pagado íntegramente esos 10 millones”.

Al respecto, el diputado del Partido Popular Alejandro Liz no ha desmentido esta posibilidad. “La opción de compra -en caso de que así fuera, que lo desconozco-¿no es un contrato?”, ha replicado al regionalista. “¿Es que no obliga a vender una opción de compra”?“, ha insistido.

Exigencia de transparencia

Los grupos parlamentarios PRC, PSOE y Vox piden transparencia sobre el proyecto mientras el Gobierno de Cantabria reconoce que hace “todo lo posible por retener la inversión”. La moción que ha aprobado el Parlamento de Cantabria, a iniciativa de los regionalistas, evidencia que el proyecto atraviesa un momento de crisis, al menos en lo referente a la confianza en la inversión.

“Estamos ante una crónica de un fracaso anunciado, de una decepción palpable”, dice el portavoz del Grupo Parlamentario Regionalista, Pedro Hernando. En su opinión, hasta la semana pasada el Gobierno de Cantabria “anunciaba a bombo y platillo el gran proyecto de inversión de esta legislatura”, pero a partir de entonces, “ya empezaron a echar balones fuera”, lo que ha aumentado la “preocupación” de los regionalistas.

Hernando añade que en el Informe Anual de Centro de Datos en España, Spain DC 2025, presentado hace un mes por el lobby de los centros de datos españoles, Cantabria no aparece en “ninguna” de sus 95 páginas, cuando sí hay referencias a otros proyectos de menor envergadura en otros puntos de la geografia nacional.

El diputado Alejandro Liz, del Partido Popular, le ha reprochado la “irresponsabilidad de su alarmismo” y ha insistido en que “todo indica que el proyecto del Centro Altamira es sólido, solvente y maduro”. “No soportan que el anuncio de este proyecto haya sido bajo el Gobierno de Buruaga”, espetó.

El PSOE Santander ha registrado una batería de preguntas al próximo Pleno municipal, que se celebra este jueves, tras conocer que la promoción de 37 viviendas en alquiler asequible del Primero de Mayo entregada por la Obra Social “La Caixa” en 2016 ha sido vendida a un fondo de inversión privado.

Tras el registro de la iniciativa, vecinos de la promoción se han puesto en contacto con el portavoz socialista, Daniel Fernández, para confirmar que la promoción completa suma 107 viviendas, todas ellas concebidas inicialmente como alquiler asequible.

Según ha indicado el PSOE en un comunicado, en su momento, el Partido Popular presentó esta actuación “como un ejemplo de política pública orientada a garantizar el derecho a la vivienda”, por lo que los socialistas han exigido explicaciones inmediatas a la alcaldesa, Gema Igual (PP), y su equipo de Gobierno.

“El PP ha sido incapaz de garantizar que estas viviendas mantuvieran su carácter social. Hemos pasado de un proyecto de alquiler asequible a una operación especulativa en manos de fondos”, ha señalado el PSOE.

El partido ha informado que, a finales de 2025, los vecinos recibieron notificaciones de la venta del conjunto a una sociedad. Posteriormente, según ha indicado, varios inquilinos han recibido comunicaciones informales “en las que se les advierte de que sus contratos no serán renovados a su vencimiento, e incluso se les ofrecen compensaciones económicas para abandonar sus viviendas antes de tiempo”.

Unas consecuencias de las que ha alertado Fernández. “Estamos ante prácticas propias de fondos buitre, que buscan expulsar a los inquilinos para maximizar beneficios, mientras el Ayuntamiento mira hacia otro lado”, ha dicho.

Además, ha advertido que “muchas” de las familias afectadas no pueden acceder a alternativas en el actual mercado de alquiler, lo que agrava su situación de vulnerabilidad. “Estamos hablando de personas que entraron en estas viviendas con la promesa de estabilidad y precios asequibles, y que ahora se enfrentan a la incertidumbre, a subidas de precios y a la amenaza de desahucio encubierto”, ha señalado.

Ante esta situación, el PSOE ha exigido a la alcaldesa explicaciones inmediatas sobre el seguimiento realizado por el Ayuntamiento de esta promoción y sobre las medidas adoptadas para proteger a los inquilinos. “El acceso a la vivienda no puede quedar en manos de la especulación. El PP debe decidir si está del lado de los vecinos o de los fondos buitre”, ha concluido.

La finca en la que vive Rosario Castelló con su hijo fue durante décadas la clásica escalera de vecinos del Eixample. “Había familias, niños, parejas, algún estudiante…”, describe la mujer, que lleva 32 años de inquilina en el número 69 de la calle Entença. Actualmente, la única residente que queda es ella. El resto son jóvenes extranjeros, la mayoría de Estados Unidos, que vienen a pasar unos meses a Barcelona. 

“Es una locura de ruido e incivismo, es como vivir en una guardería para niños mayores”, resume Rosario. De los 11 pisos del edificio, diez funcionan ya como colivings para este perfil de residentes temporales, de entre 18 y 25 años, que arriendan habitaciones. 

El bloque es propiedad de Vandor Real State, una Socimi que posee 17 fincas en Barcelona dedicadas a este negocio, para el que necesita expulsar a los inquilinos de larga duración cuando finalizan sus contratos. Lo mismo ocurre en inmuebles de otros fondos de inversión, como New Amsterdam Developements (NAD) o Vivenio. 

Sin embargo, su apuesta por el arrendamiento temporal de habitaciones o de pisos enteros, a precios superiores al del mercado del alquiler ya regulado, choca desde diciembre de 2025 con la nueva normativa aprobada en Catalunya que limita esta actividad. Desde entonces, los activistas por la vivienda les acusan de no ajustarse a la nueva legislación y seguir anunciando viviendas y estancias a precios superiores a los permitidos. 

“Tienen que cumplir la nueva ley y sabemos de casos en que no lo están haciendo”, señala Txema Escorsa, que actúa de portavoz del Sindicato de Inquilinos para estas denuncias. “Si el president Illa dice que el que la hace, la paga, que no les tiemble el pulso a la hora de hacer inspecciones”, añade. 

Este inquilino reside en el Bloque Sant Agustí, del barrio de Gràcia, propiedad del fondo NAD. En marzo logró aplazar su desahucio, con ayuda de la movilización vecinal, y ahora mismo el lanzamiento está sin fecha en la espera de que la Audiencia Provincial resuelva el recurso que ha presentado. 

Lo que sorprende al Sindicato de Inquilinos de Catalunya es que en inmuebles como los de NAD se siguen anunciando alquileres de habitaciones a precios que todo apunta a que superan el límite establecido por ley. En Idealista y otras plataformas siguen ofertando estancias entre 900 y 1.000 euros. Por este motivo, la entidad ya ha registrado denuncias contra este fondo y contra Vandor –en su caso, por no reflejar el precio del índice en sus webs– frente a la Agencia Catalana de Consumo y la Agencia de la Vivienda de Catalunya (AHC). 

Lo que aprobó exactamente el Parlament en diciembre es que, en las zonas declaradas tensionadas en base a la Ley de Vivienda –Barcelona lo es–, la suma del alquiler de todas las habitaciones de un piso no puede superar el máximo que establece el índice para el conjunto de la vivienda. Además, en esa misma modificación legislativa, la Cámara catalana validó también incluir los alquileres de temporada dentro del tope de los precios de arrendamiento. 

Desde Vandor, sin embargo, niegan estar alquilando habitaciones a precios superiores a los que ahora permite la ley. “Todos los contratos que se han firmado a partir de la nueva regulación respetan el tope del alquiler que se ha fijado”, señalan fuentes de la Socimi, que dicen no tener constancia de denuncias por “incumplimiento” en los precios. 

Tres años de convivencia con un coliving

En la calle Entença, 69, Rosario reconoce que no sabe por cuánto alquilan los pisos sus jóvenes vecinos. En la web de Vandor no aparecen los precios. Y, según refiere esta inquilina, lo cierto es que muchos de ellos gestionan la contratación del piso a través de las mismas empresas que les facilitan los programas de estudios, The American College of the Mediterranean y la International American University, que tienen colgados carteles por la finca con números de teléfono a los que llamar por emergencias. “Es una residencia estudiantil encubierta”, valora Rosario. 

La resistencia de Rosario a dejar su casa, por la que paga unos 1.000 euros de alquiler, comenzó en 2021, cuando el casero, propietario de todo el edificio, murió y legó su patrimonio a la Fundación de la Sagrada Familia. Esta lo vendió a Renta Corporación, que al poco la traspasó a Vandor. “Durante aquel tiempo ya vi desfilar a la mayoría de vecinos, porque les decían que no iban a renovar el alquiler”, afirma. 

La nueva propiedad reformó los pisos y comenzó a alquilarlos por habitaciones a jóvenes extranjeros. Las obras también fueron controvertidas: el Ayuntamiento de Barcelona considera que fueron grandes rehabilitaciones, y que por lo tanto deberían haber reservado un 30% del inmueble para viviendas de protección oficial, tal como dispone la normativa que sacó adelante Ada Colau. Vandor, por contra, rechaza que fueran obras mayores y ha presentado alegaciones a los informes municipales. 

Sea como sea, desde 2023 Rosario, que ya está sin contrato –aunque sigue pagando–, sufre a sus nuevos vecinos y, a la vez, se resiste a marcharse. Vandor le ha ofrecido un alquiler en otro de sus bloques de pisos, con contrato a siete años. Ella lo reconoce. Pero añade que tiene derecho a quedarse porque cree que también Vandor se ha saltado la legislación.

El modelo de alquileres de estas firmas sigue ocasionando desalojos de familias inquilinas cuyos contratos expiran y no son renovados. Uno de los casos más destacados es el del conocido como Bloc Papallona, en la calle Llança, propiedad de NAD. Este miércoles 29 de abril está previsto el lanzamiento de una de sus inquilinas, con lo que el Sindicato de Vivienda Socialista de Catalunya, que apoya a los afectados, ha llamado a la movilización.

Xavi Pont Martín (Tàrrega, 1972) no encaja en el molde clásico del capital riesgo. Cuarta generación de la familia propietaria del gigante agroalimentario Borges, consejero de la compañía y vinculado también a los supermercados ecológicos Veritas, Pont decidió hace más de una década apartarse del negocio familiar para explorar un terreno entonces casi inexistente en España: la inversión de impacto. Lo hizo junto a Clara Navarro y Maite Fibla, con quienes fundó Ship2B en 2013. Su perfil mezcla empresa y búsqueda personal. Ha escrito varios libros donde recurre a la metáfora del buceo para hablar de propósito, una combinación poco habitual en un sector acostumbrado a mirar antes la rentabilidad que el sentido.

El arranque fue, como en casi todos los sectores emergentes, a base de ensayo y error. Intentaron levantar un primer fondo cuando el modelo apenas había echado raíces en Estados Unidos y los países nórdicos, pero no había ni mercado ni credenciales suficientes. Optaron entonces por empezar desde abajo: una fundación para acelerar proyectos y demostrar que se podían crear empresas —no solo ONG— con vocación social. Más de 1.000 iniciativas después, y tras años construyendo historial (el preciado track record) llegó el salto. En 2020, en plena pandemia, lanzaron el fondo de impacto más grande de España, 55 millones de euros. Hoy Ship2B Ventures gestiona más de 120 millones de euros y acaba de cerrar un segundo vehículo, BSocial Impact Fund II, con 65 millones y el objetivo de alcanzar los 80, respaldado por el Fondo Europeo de Inversiones, el ICO, Banco Sabadell o VidaCaixa, entre otros.

El movimiento no se queda ahí. La gestora ha empezado a especializar su apuesta con fondos temáticos que buscan ir más allá del discurso. Es el caso de Montana Children’s Health Fund, que ha captado ya 30 millones de euros de capital público europeo y español para invertir en deep tech aplicada a la salud infantil. Tiene el foco en unas 15 startups en fases iniciales con potencial de llevar innovación científica al mercado clínico real. Ese giro, el paso de financiar proyectos individuales a estructurar soluciones en torno a grandes retos, resume bien la ambición de Ship2B. Y también el interrogante de fondo que sobrevuela esta conversación: si el capital puede ser parte de la solución sin convertirse en parte del problema.

¿Qué es la inversión de impacto?

Es la inversión en triple rentabilidad: financiera, social y medioambiental. Y las tres son importantes. No necesariamente tienes que sacrificar rentabilidad financiera para tener impacto social y medioambiental. Hay muchos proyectos muy rentables a nivel financiero y que, a la vez, también tienen mucho impacto. De hecho, cuanto más rentables son financieramente, más impacto social tienen. Si haces un proyecto en el ámbito de las escuelas, cuantas más escuelas, más impacto. Si haces un proyecto en el ámbito de la salud, igual; y lo mismo cuando haces un proyecto en el ámbito del cambio climático, que son los tres grandes verticales que tocamos.

¿No hay, por tanto, un intercambio o renuncia, lo que en el argot económico se conoce como trade off, entre rentabilidad y objetivos sociales o medioambientales? ¿No se sacrifica ninguno de ellos para obtener más rentabilidad?

Sí que existe, pero nosotros buscamos proyectos donde la correlación sea muy positiva. En el caso de La Fageda, por ejemplo, la empresa de lácteos que emplea a personas con discapacidad intelectual, trastorno mental o en riesgo de exclusión social, cuanto más rentable es, a más personas con discapacidad puedo emplear. Aquí la correlación es positiva. Pero, en cambio, hay momentos en los que tengo que tomar una decisión de inversión entre si hago más cubas de leche o si invierto, por ejemplo, en un programa de formación para los chicos. Aquí o decido por el negocio o decido por la parte social. Pero las dos cosas están conviviendo al mismo tiempo en el resto de las empresas.

¿Qué métricas utilizáis y quién y cómo se decide si son suficiente o no?

Tenemos métricas financieras y métricas sociales. Las financieras son las mismas que para el cualquier sector. Para que te hagas una idea, para nuestro último fondo hemos tenido 150 inversores, que han puesto dinero durante 10 años para invertir en 33 proyectos. A los 10 años tenemos que salir de esos 33 proyectos y creemos que seremos capaces de darles una rentabilidad neta del 10% anual durante 10 años. Es decir, multiplicar el dinero por dos. De manera global, teniendo en cuenta que de los 33 proyectos habrá un tercio que se irá al traste, un tercio que quizá recuperas por encima, otros por debajo… Eso hace que casi todos los proyectos en los que trabajamos son proyectos con mucha tecnología, con mucho talento, con posibilidades de crecer de una manera destacada; no son el proyecto que puedas tener en mente de economía social tradicional, un proyectito pequeño —por decir algo— para hacer un yogur en un pueblo de la comarca del Berguedà [Barcelona]. Son proyectos para pensar en grande; como tecnologías asistenciales o tecnologías médicas para mejorar la calidad de vida de las personas mayores.

La clave del impacto es la teoría del cambio. Preguntarte: tú, con tu proyecto, qué cambio quieres hacer en la sociedad, qué problema quieres resolver, qué solución planteas

¿Y en cuanto a las sociales?

Son muy importantes, porque todos los proyectos de empresas de impacto deben poder medirse, y la medición del impacto es todo un mundo. La clave es lo que se llama la teoría del cambio. Preguntarte: tú, con tu proyecto, qué cambio quieres hacer en la sociedad, qué problema quieres resolver, qué solución planteas. Dentro de los indicadores, y ahora seré un poco técnico, los hay de output (lo que entregas) y de outcome (lo que consigues). Por ejemplo, con La Fageda: he dado trabajo a 47 chicos con discapacidad, eso está claro. Pero luego está el impacto real: ¿He resuelto el problema de la discapacidad en la comarca de la Garrotxa [Girona]? Sí, no hay. A nuestros inversores les tenemos que reportar cada trimestre los indicadores de impacto.

Mucha gente puede pensar que las actividades de impacto pueden derivar en greenwashing.

Sí y la clave radica en cómo mides tú los impactos de lo que haces y cómo los reportas. Si no estás comprometido con ese problema o no mides lo que haces, entonces es greenwashing. Lo estamos denunciando continuamente, es nuestro caballo de batalla. Ha hecho mucho daño que la economía y la inversión de impacto se hayan puesto de moda, porque ha provocado que muchos actores hayan venido a este espacio para poder atraer consumidores, inversores y proveedores, pero siguen haciendo lo que hacían. También hay mucha gente que hace pequeñas cosas de impacto y luego, por la puerta de atrás, hace muchas cosas que no lo son y que no comunica. Las memorias de sostenibilidad de las grandes empresas solo explican lo bonito, pero esconden en el cajón la insostenibilidad. Si me muestras solo las cosas bonitas y no toda la realidad de tu empresa, eso es greenwashing.

¿Me puedes poner un ejemplo?

No quiero señalar a nadie con el dedo. En Inglaterra, por ejemplo, un fondo que invertía en gimnasios low cost luego hacía todo un discurso de impacto diciendo que favorecían la lucha contra la obesidad. ¿De verdad invertir en gimnasios low cost es la manera más directa de reducir los niveles de obesidad?

¿Dónde está hoy el mayor riesgo: en que no haya impacto real o en que el impacto sirva como simple barniz ético, como maquillaje, para los negocios de siempre?

A ver... [pausa] Creo que el mayor riesgo es que la teoría del cambio se quede en teoría y no se convierta en cambio. Es decir, que aquello que el emprendedor tiene en la cabeza —una buena idea, una buena tecnología, un buen proyecto— y que ves que realmente lo intenta, no llegue a buen puerto. No es fácil: hay pocos que convierten su teoría en un impacto profundo, real y significativo. Nosotros a veces decimos que hay muchos proyectos que hacen “impactitos”, que está bien, pero a veces no dejan de ser parches o pequeñas gotas en un océano. Empresas que realmente crezcan, escalen y consigan un impacto profundo no hay tantas, esa es la verdad. Cuesta llegar al final del viaje, porque levantar una empresa es complejo.

Le he leído que el impacto debe estar en el ADN de la actividad principal de las empresas, no como complemento altruista. En España, la inversión de impacto sigue siendo minoritaria frente a la inversión tradicional. ¿Qué frena de verdad su expansión: la falta de capital, de proyectos sólidos, de voluntad política...?

Me gusta explicar la evolución de los últimos 25 años en el mundo de la empresa y del capitalismo. Al principio, las empresas básicamente querían ganar dinero y respetar la ley; el tema era respetar la ley. Después salió toda la ola de responsabilidad social corporativa, que al final era respetar la ley y tener buenas prácticas sociales y medioambientales adicionales que incorporabas dentro de la empresa, pero que no dejaban de ser un coste: trato mejor a mis trabajadores, pongo energía renovable en mi empresa, voy a África a hacer no sé qué. Para mí, esta tercera ola de poner el impacto en el ADN significa: no, ahora ya no hablamos de respetar la ley ni de hacer responsabilidad social; ahora hablamos de que tu negocio sea de impacto, que lo que haces realmente sea un negocio social, verde, con propósito; que tú, como empresa, adoptes una estrategia donde tus productos y tus servicios ya sean de impacto. Es decir, pones el impacto en el negocio, no en las buenas prácticas.

Segunda cuestión: ¿cuáles son las barreras para que esto crezca? Que los consumidores tengan más conciencia, que aún les cuesta, y aunque vamos avanzando, ahora hay la sensación de que vamos hacia atrás. Cuando el cliente lo pida es cuando esto explotará. Es verdad que hay barreras regulatorias y de otro tipo, pero la clave es que la gente tome conciencia, que los jóvenes dejen de comprar en Temu y en Shein, por ejemplo. Y quien habla de eso habla del coche, de las finanzas, de la alimentación, de los materiales cuando te compras una casa, de los viajes… en todos los sectores empieza a haber mucha oferta de impacto que puedes escuchar o no.

Los consumidores deben actuar con más consciencia. Que los jóvenes dejen de comprar en Temu y en Shein, por ejemplo. Y quien habla de eso habla del coche, de las finanzas, de la alimentación, de los materiales cuando te compras una casa, de los viajes… en todos los sectores empieza a haber mucha oferta de impacto que puedes escuchar o no

Muchos lectores pueden desconfiar del discurso que deja en manos del mercado la solución de problemas estructurales. ¿Puede la inversión de impacto sustituir —o corre el riesgo de sustituir— políticas públicas que deberían ser irrenunciables, como la vivienda, la sanidad…?

Intentaré responder desde dos ángulos. El primero es que claramente no debería ser así: la inversión de impacto ha venido a complementar el trabajo que se hace desde el sector público y desde la filantropía, no a sustituirlos. La inversión de impacto es algo transversal políticamente, que defienden tanto la derecha como la izquierda. El discurso es: señores, el Estado y la filantropía no están resolviendo los problemas de la sociedad y de la humanidad; necesitamos que el mercado, que mueve cinco veces más dinero que la filantropía y el Estado juntos, también contribuya y lo haga con su actividad, haciendo un capitalismo más inclusivo, más social, más de impacto, eso es.

Segundo ángulo, muy importante: creemos mucho en el cambio sistémico, es decir, en que los problemas se resuelven cuando los diferentes actores alrededor de ese problema y los distintos bolsillos —el público, el privado y el filantrópico— trabajan de manera conjunta sobre un problema concreto. Tú has mencionado algunos: vivienda, inclusión social, sanidad… Por ejemplo, nosotros ahora estamos muy metidos en la gente mayor, que sufre soledad, precariedad y cronicidad. Este problema no lo puede abordar solo la administración, porque es un tema con muchísimas aristas. Todo el mundo va por su cuenta: la administración, por un lado, la Fundación La Caixa por otro, las start-ups, los hospitales… Tenemos que ser capaces de coordinar los distintos bolsillos, que tienen diferentes rentabilidad-riesgo y parten de lugares distintos. Este giro ha sido muy importante en la estrategia de Ship2B: hemos pasado del impacto individual al impacto colectivo. Ya no solo queremos invertir en proyectos individuales, sino que queremos abordar retos y trabajarlos de forma sistémica coordinando a los distintos actores.

¿Qué ámbitos concretos consideras que la inversión de impacto puede abordar con resultados tangibles, y en cuáles crees que siguen siendo necesarias políticas públicas robustas?

Hay espacios que son mucho más afines al sector público. Si hablamos de temas de pobreza o de educación, aquí es complicado que el mercado aporte gran cosa. Pero en ámbitos como la salud, el cambio climático, la vivienda, las infraestructuras o la transición energética es mucho más fácil entrar, hay muchas más oportunidades.

Para un lector que quiere que su dinero —ahorros, pensiones, consumo— tenga un impacto positivo, ¿cómo distinguir entre proyectos transformadores y puro marketing verde o social?

Es una pregunta que yo también me he hecho muchas veces. Lo primero que debes hacer es relajarte, todos somos imperfectos y hay mucha gente que se obsesiona con intentar ser supersostenible y, oye, podemos hacer lo que podemos hacer; todos tenemos una vida compleja, con mil cosas, y llegamos hasta donde llegamos. Cuando se habla de impacto hay un concepto que se llama la materialidad. Quiere decir: en aquello en que crees que eres más significativo, donde tienes tu talento, tu trabajo, aquello en lo que eres más relevante o que te define en tu ADN, pregúntate si puedes generar impacto. En tu caso, dónde crees que generarás más impacto en tu día a día que como periodista. Eso es lo fundamental; luego quizá puedes ir a comprar a Veritas o comprarte un coche híbrido o eléctrico. Pero en lo fundamental de lo que haces en la vida es donde dejarás más huella, más impacto.

Una parte creciente del capital de impacto proviene de fondos públicos o semipúblicos. ¿Qué tipo de rendición de cuentas debería exigirse cuando se usan recursos colectivos para financiar proyectos con retorno privado?

Los mismos que se utilizan en cualquier convocatoria competitiva, pero con un añadido. Creo mucho en la filosofía del bien común, que dice que la administración pública debería incentivar más a quienes contribuyen más y menos a quienes contribuyen menos. La administración debería ser capaz de tener en cuenta a quienes aportan más a la sociedad. En Catalunya es muy típico priorizar un poco a las entidades del tercer sector, por ejemplo. Los ayuntamientos empiezan a tener en cuenta los criterios de impacto cuando lanzan convocatorias.

En los últimos años grandes fondos y multinacionales se han sumado al lenguaje del impacto y los criterios ESG, que ahora están cambiando el significado de sus siglas debido a toda la contaminación MAGA de Donald Trump. ¿Le preocupa?

Vivimos un momento muy convulso, geopolíticamente muy enrevesado. Soy de los que piensan —y estoy convencido— de que el modelo social europeo es el mayor hito de desarrollo que ha logrado la humanidad en toda su historia y que, por tanto, debemos ser capaces de resistir frente a modelos alternativos que no son tan buenos. El modelo social europeo tiene muchos problemas y no siempre se resuelven bien; el Estado sigue teniendo muchos ámbitos de mejora: hay mucho margen para ser más eficientes e innovadores, los índices de corrupción generan mucha distancia con el ciudadano, sí. Pero debemos seguir defendiendo los valores que siempre nos han definido. Europa, siento, es la resistencia.

Txema Escorsa, el inquilino del bloque Sant Agustí de Barcelona al que un fondo de inversión quiere echar para convertir su piso en un coliving, ha visto cómo se aplaza su fecha de desahucio tres meses. La propiedad, New Amsterdam Developements (NAD), ha pedido posponer la fecha de desalojo debido a la mediación abierta por el Síndic de Greuges de Barcelona (el Defensor del Pueblo en la ciudad). 

Previsto el lanzamiento para el 15 de abril, esta era la segunda fecha de desahucio a la que se enfrentaba Txema. El pasado 25 de marzo ya logró paralizar el desalojo gracias a la movilización vecinal, convocada por el Sindicato de Inquilinas de Catalunya, después de que su caso se haya convertido en uno de los símbolos de la lucha contra la transformación de viviendas residenciales en alquileres temporales y en los llamados colivings (alquileres de habitaciones).

La petición se ha registrado en el juzgado este viernes y llega después de que se haya iniciado un proceso de mediación con la Sindicatura de Greuges de Barcelona, que busca una “solución extrajudicial al conflicto”. Su intervención sirvió anteriormente para encontrar una salida al conflicto de Casa Orsola.  

En este caso, se trata de un aplazamiento, no de un acuerdo. De hecho, Txema ha exigido a NAD que se siente a una mesa de negociación que incluya a otros vecinos y bloques de la misma propiedad. “Queremos nuevos contratos de alquiler y que nadie tenga que irse de su casa, y no olvidemos que si hemos llegado hasta aquí es porque las Administraciones no han parado las prácticas ilegales de fondos como este”, ha afirmado Txema tras conocer las novedades.

Desde diciembre de 2025, los precios del alquiler de habitaciones están también regulados en Catalunya. El Parlament aprobó su limitación, junto con la de los arrendamientos por temporada, para evitar que algunas empresas dividieran viviendas en habitaciones para alquilarlas a un precio superior al que estipula el tope de la Ley de Vivienda. Desde entonces, la suma del precio de las estancias no puede superar el límite marcado para la vivienda en su conjunto. 

En la última gran crisis financiera un concepto hasta entonces poco conocido lo cambió todo: las hipotecas subprime. Fueron la gota que colmó el vaso. Unos créditos inmobiliarios focalizados en Estados Unidos, de alto riesgo y elevada rentabilidad –hasta que se desplomaron–, que se convirtieron en el epicentro de un terremoto que conllevó rescates multimillonarios y la caída de nombres del sistema que parecían intocables. Han pasado casi dos décadas y las alarmas están comenzando a hacerse oír –y el volumen va subiendo– en un segmento del sector financiero al que también se le ha puesto nombre, que también tiene una regulación más laxa y que si cae, de nuevo, puede tener un efecto arrastre. 

Se trata de “la banca en la sombra”. Bajo esa idea está todo el sistema financiero no bancario, que queda al margen de la supervisión de los bancos centrales y que se alimentó, precisamente, después de la última gran crisis como alternativa a las entidades más tradicionales, donde se reforzaron las exigencias de capital para evitar problemas. Ahí están los fondos y firmas de inversión, los fondos de pensiones privados que agrupan, por ejemplo, a colectivos de trabajadores retirados que invierten a escala global, las ramas de las aseguradoras dedicadas a invertir en múltiples sectores, entre ellos, el inmobiliario; o el conocido como capital riesgo, entre otros.

A diferencia de las entidades financieras supervisadas y reguladas, estas firmas de financiación privada conceden créditos, pero no tienen depositantes como los de los bancos, aunque tengan inversores detrás.

Tampoco soportan las mismas exigencias de colchones de capital, con los que hacer frente a los vientos que vienen de cara, como está sucediendo actualmente ante la incertidumbre provocada por la guerra en Irán o las dudas sobre las valoraciones de los gigantes de la IA. Se dedican a conceder capital a empresas o instituciones, a cambio de una rentabilidad elevada y con periodos de vencimiento a medio o largo plazo, que puede llegar a cinco o hasta 10 años. La mayoría capta los fondos que luego prestan, que pueden proceder de otros inversores, de colectivos como los citados pensionistas –de EEUU o de Canadá, por ejemplo– y, también, de grandes fortunas. 

Los datos más recientes publicados por el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB en sus siglas en inglés) –que coordina a nivel internacional el trabajo de las autoridades financieras nacionales y el de los organismos internacionales, como el BCE o el Banco de España– señalan que la banca sombra suma casi 239 billones de dólares (más de 205 billones de euros). Es decir, casi la mitad de todos los activos financieros globales. En España, según los datos publicados por el Banco de España alcanza los 1,6 billones de euros.

“Organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Consejo de Estabilidad Financiera y el Banco de Pagos Internacionales (BIS) han alertado recientemente de que este auge viene acompañado de vulnerabilidades estructurales que recuerdan a los desequilibrios previos a la crisis de 2008”, asegura Funcas. “Aunque hay diferencias entre el contexto actual y el de hace tres lustros, algunas similitudes preocupan: apalancamiento creciente, opacidad en ciertas inversiones, dependencia de calificaciones crediticias privadas y elevada interconexión financiera entre bancos y entidades no bancarias”.

El problema no es solo su dimensión, sino que esta banca en la sombra, esas firmas de inversión privada, están interconectadas con el conjunto del sistema financiero, también con las entidades bancarias que sí están reguladas y supervisadas. Y, si hay problemas, ya se sabe por la experiencia de 2008, que las piezas pueden comenzar a caer como en el dominó.

De hecho, ya hace tiempo que algunos de los grandes nombres del sector empiezan a dejar pistas que señalan que no todo va bien. En octubre del año pasado, el consejero delegado de JPMorgan, Jamie Dimon, aseguró que se estaban viendo “cucarachas” en el sistema. Entonces se refería a las quiebras de firmas pequeñas, como Tricolor y First Brands, pero capaces de provocar daños colaterales. Ana Botín, presidenta de Banco Santander comparó esos indicios con otro animal: las medusas, porque no te impiden seguir nadando, pero “hay que ser muy cuidadosos” con ellas.

Unos signos de debilidad que van en aumento

Ese avistamiento de “cucarachas” o “medusas” coincide en el tiempo con crecientes indicios de que algo está sucediendo en los mercados. A finales de febrero quebró la firma británica Markets Financial Solutions (MFS), enfocada en el mercado inmobiliario. Y uno de los bancos que figura entre sus acreedores es Banco Santander. Según Bloomberg, su exposición es de alrededor de 200 millones de libras, unos 229 millones de euros al cambio actual. 

La entidad española, según recoge EFE, califica la exposición total del grupo al crédito privado como “residual” porque representa menos del 1% de su cartera. Pese a eso, el banco ha reconocido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que existe riesgo de tensiones en el crédito privado. En concreto, en el folleto registrado en el supervisor del mercado español, señala que las dudas sobre la solvencia de determinadas instituciones financieras podrían generar problemas de liquidez y pérdidas en otras entidades. Santander también advierte de que un cambio brusco en el apetito por el riesgo de los inversores, por ejemplo tras perturbaciones en el crédito privado, podría provocar caídas significativas en los precios de los activos y endurecer las condiciones financieras globales.

Y cuando hay miedo, las puertas se cierran. Gigantes de la inversión, como BlackRock, Blackstone o Apollo han limitado los reembolsos –la retirada de dinero– de algunos de sus productos ante un aumento de las solicitudes de recuperar la inversión por parte de sus partícipes.

En los últimos días, la banca estadounidense está elevando los tipos de interés en los préstamos que concede a las firmas de inversión que apuestan por los conocidos como 'business development companies' (BDC), empresas en fase de desarrollo, según la información publicada por Reuters. El motivo, las altas valoraciones que han otorgado, por ejemplo, a las inversiones ligadas a la inteligencia artificial.

No es lo único. Según la misma agencia, la 'banca privada' está dando más tiempo a algunas de las firmas en las que ha invertido para garantizar que devuelvan sus créditos aunque tarden más. Es decir, están alargando los plazos de pago ante el temor de no recuperar lo invertido en una especie de tormenta perfecta donde la financiación se concedió a tipos de interés bajos, que ahora tienen perspectivas de subir, las valoraciones de las acciones no son tan positivas como se pensaba y la incertidumbre con la guerra en Oriente Medio va claramente al alza.

Un intermediario del secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, intentó invertir en importantes empresas de defensa en las semanas previas a la guerra de Irán, según ha revelado el Financial Times.

El diario británico cita a tres fuentes familiarizadas que indican que un corredor de bolsa vinculado al jefe del Pentágono trató de hacer una inversión millonaria en un fondo diseñado para invertir en empresas que fabrican armas, aviones y sistemas de defensa.

pocos días antes que Estados Unidos lanzara una acción militar contra Teherán y la consulta fue señalada internamente en el fondo BlackRock, que busca “oportunidades de crecimiento invirtiendo en empresas que puedan beneficiarse del aumento del gasto público en defensa y seguridad en un contexto de fragmentación geopolítica y competencia económica”.

Hegseth, que trabajó en la conservadora Fox News antes de asumir el cargo, es uno de los principales artífices de la guerra contra Irán, y también ha sido uno de los defensores más acérrimos del ataque dentro de la Administración Trump. Durante sus intervenciones, ha alardeado con frecuencia del poderío militar de Estados Unidos.

El Pentágono rechaza la información

El Pentágono ha rechazado este lunes que Hegseth haya intentado invertir en importantes empresas de defensa. El portavoz, Sean Parnell, ha calificado como “falsa e inventada” la información del Financial Times.

“Se trata de otra difamación infundada y deshonesta, diseñada para engañar al público. Exigimos una retractación inmediata”, agrega Parnell en su cuenta oficial de X.

El caso ha generado un debate sobre la transparencia y posibles conflictos de interés de funcionarios con acceso a información de defensa. Los movimientos financieros en sectores estratégicos suelen recibir vigilancia mediática.

Este lunes el presidente de EEUU, Donald Trump, amenazó con una destrucción generalizada de los recursos energéticos de Irán y demás infraestructura vital, incluidas plantas desalinizadoras, si no se alcanza “pronto” un acuerdo para poner fin a la guerra que atraviesa su quinta semana.

El paisaje agrícola del sur de España está experimentando una transformación silenciosa pero profunda. En amplias zonas de Andalucía, especialmente en provincias tradicionalmente olivareras como Jaén, Córdoba y Sevilla, grandes fondos de inversión están adquiriendo fincas agrícolas a un ritmo creciente, alterando un modelo agrario basado durante siglos en la explotación familiar.

En amplias zonas de Andalucía, la tierra agrícola está cambiando de manos a una velocidad inédita. Lo que antes pasaba de padres a hijos ahora pasa de agricultores endeudados a sociedades limitadas con sede en Madrid, Luxemburgo o fondos internacionales cuya identidad última apenas trasciende.

La transformación no es solo paisajística. Es estructural. Y tiene nombre: concentración, financiarización y modelo superintensivo.

Agricultores y sindicatos denuncian que los precios de la tierra se han disparado, haciendo casi imposible que jóvenes del medio rural puedan comprar o ampliar explotaciones

La tierra agrícola se ha convertido en un valor refugio para capitales internacionales en un contexto de incertidumbre económica y volatilidad financiera. Olivares, plantaciones de almendro y explotaciones de regadío son ahora vistos no solo como fuentes de alimentos, sino como activos capaces de generar rentabilidades estables a largo plazo.

Las operaciones suelen realizarse mediante sociedades interpuestas, lo que dificulta identificar a los propietarios finales. Agricultores y sindicatos denuncian que los precios de la tierra se han disparado, haciendo casi imposible que jóvenes del medio rural puedan comprar o ampliar explotaciones.

En provincias como Jaén, Córdoba y Sevilla, intermediarios llevan años cerrando operaciones discretas: fincas completas, cooperativas en dificultades, explotaciones familiares asfixiadas por deudas o por la volatilidad de precios.

Las compras rara vez se anuncian como adquisiciones de “fondos buitre”. Se ejecutan a través de vehículos de inversión o empresas agrícolas creadas ad hoc. El resultado: miles de hectáreas bajo control de grandes grupos cuya prioridad es la rentabilidad anual.

En zonas del valle del Guadalquivir y campiñas cordobesas, el paisaje se homogeneiza: líneas geométricas, monocultivo, infraestructuras de riego, maquinaria pesada. Agricultura gestionada como si fuera una planta industrial

El agricultor deja de ser propietario para convertirse, en el mejor de los casos, en asalariado o proveedor.

Tras la adquisición llega la reconversión. El olivar tradicional —marcos amplios, recolección manual o semimecanizada, empleo estacional abundante— se sustituye por plantaciones en seto de alta densidad.

Este sistema:

En términos económicos es eficiente. En términos sociales, implica menos jornales y mayor dependencia de capital.

En zonas del valle del Guadalquivir y campiñas cordobesas, el paisaje se homogeneiza: líneas geométricas, monocultivo, infraestructuras de riego, maquinaria pesada. Agricultura gestionada como si fuera una planta industrial.

El punto más delicado no es la propiedad. Es el agua.

Andalucía atraviesa ciclos de sequía cada vez más frecuentes. Sin embargo, el modelo superintensivo depende del riego constante. La expansión de este sistema aumenta la presión sobre acuíferos y embalses.

El dinero europeo, diseñado para sostener el campo, termina consolidando estructuras empresariales de gran escala

En territorios de agricultura intensiva como partes de Almería o áreas cercanas a espacios protegidos como Doñana, la tensión hídrica se ha convertido en conflicto político y social. Pequeños agricultores denuncian que compiten en desigualdad: quien tiene más capital puede perforar más profundo, modernizar antes y resistir pérdidas durante más tiempo.

El sistema de ayudas de la Política Agraria Común (PAC) distribuye subvenciones en función de la superficie declarada. A mayor número de hectáreas, mayor volumen de ayuda. En un contexto de concentración, esto produce un efecto multiplicador: las grandes explotaciones captan más fondos públicos, refuerzan su posición y adquieren más tierra. El dinero europeo, diseñado para sostener el campo, termina consolidando estructuras empresariales de gran escala.

No hay invasión visible. No hay tanques ni expropiaciones. Solo escrituras notariales, sociedades patrimoniales y decisiones de inversión

La paradoja es evidente: récord de exportaciones, facturación creciente del aceite y modernización tecnológica…, mientras muchos municipios rurales pierden población. En comarcas olivareras de Jaén, el número de explotaciones activas disminuye aunque la superficie cultivada se mantenga o aumente. Menos propietarios, menos empleo estable, menos tejido social.

Alcaldes y organizaciones agrarias advierten de un riesgo: campos productivos, pero pueblos vacíos.

¿Quién gana?

¿Quién pierde?

Los defensores del modelo sostienen que sin capital externo el campo andaluz perdería competitividad global. Argumentan que la mecanización y la eficiencia son inevitables. Sus críticos responden que no se trata solo de producir más, sino de decidir quién controla la tierra, el agua y las ayudas públicas. La cuestión ya no es únicamente agraria. Es política y territorial.

Andalucía ya fue históricamente tierra de grandes propiedades. Lo novedoso es que ahora los propietarios pueden ser fondos globales sin presencia local, cuya relación con el territorio es puramente financiera. La pregunta clave no es si el campo produce más —lo hace— sino quién decide sobre la tierra, el agua y el futuro rural.

Y, según los datos, esa decisión se está desplazando cada vez más lejos de los propios pueblos. No hay invasión visible. No hay tanques ni expropiaciones. Solo escrituras notariales, sociedades patrimoniales y decisiones de inversión.

Pilar Alonso ha pasado en los últimos meses varias noches en vela. Ha sido “la angustia” por perder su casa, a la que entró a vivir en régimen de alquiler en el año 2006, la que no la ha dejado dormir, reconoce. El próximo 6 de marzo, cuando se cumplen 20 años de la construcción del edificio de protección oficial, su vivienda perderá esa calificación que fija un precio máximo para el alquiler y pasará al mercado libre. Su 'casero' es el fondo buitre sueco Catella Group que, sin embargo, merced a la limitación de precios en aplicación de la Ley de Vivienda, no podrá subirle la mensualidad. Así se lo comunicó este jueves la propia consejera de Vivienda, Begoña Alfaro (Contigo/Zurekin), quien además le avanzó que están negociando con el fondo para que pueda mantener la ayuda pública que recibe todos los meses para pagar el alquiler.

Pilar Alonso es una de las 168 inquilinas de los bloques del barrio de Sarriguren en el Valle de Egüés -municipio situado en la comarca de Pamplona, al este de la capital- que han perdido ya, o perderán el próximo mes, la protección. A ellas se sumarán otras 200 en la comunidad foral a lo largo del 2026. Son viviendas que se construyeron en 2006, cuando la Ley de Vivienda recogía una protección de 20 años para las VPO de alquiler. En junio de 2025 el Ejecutivo foral aprobó una modificación de la norma para que esa calificación en las viviendas de nueva construcción se prolongue hasta los 75 años.

El Departamento de Vivienda ha acordado ya con el fondo Catella Group prorrogar, al menos durante un año, la calificación protegida para mantener las ayudas al alquiler que reciben 28 de los 60 inquilinos que viven en un bloque que en agosto pasó al mercado libre. Fuentes del Gobierno navarro señalan a este periódico que el fondo, que podía haber solicitado que la ampliación fuese por cinco o diez años, lo ha pedido por un año, aunque confían en que se siga prorrogando. Las viviendas de los 32 inquilinos restantes que no reciben subvención al alquiler del Gobierno foral por no cumplir con los requisitos de vulnerabilidad sí que han pasado al mercado libre, pero al ser Valle de Egüés una de las 21 localidades que el Ejecutivo navarro declaró como zonas de mercado residencial tensionado, el precio del alquiler está topado por ley.

El límite de precios no es fijo y depende de varios factores como el tamaño de la vivienda, la zona en la que está o la altura. Para calcularlo el Ministerio de Vivienda ha habilitado una herramienta que ofrece un índice de referencia de precios. Para una vivienda en una primera o segunda planta en uno de los edificios de Sarriguren propiedad del fondo Catella Group, el Ministerio calcula un precio máximo de entre 480 y 560 euros.

Las mismas condiciones pactadas para esos 60 inmuebles son las que el Departamento de Vivienda está negociando ahora con el fondo sueco para las 108 viviendas de Sarriguren que perderán la protección el 6 de marzo, según adelantó la consejera Alfaro este jueves en el Parlamento navarro en respuesta a una pregunta de EH Bildu, coalición que está asesorando a los vecinos afectados por la pérdida de la protección en el Valle de Egüés, municipio gobernado por UPN. “Vamos bien encaminadas”, apostilló.

“Estuvimos con la conejera y salimos más tranquilas”, apunta Pilar Alonso. “Es una relativa tranquilidad”, añaden Elisa Crespo y Encarna Hualde, vecinas de otro bloque propiedad del mismo fondo sueco y que pierde la calificación en 2028, que añaden que de no ser la zona de mercado tensionado estarían “desprotegidas”. Ellas mismas vieron como hace años, cuando aún no se había aplicado el tope a los alquileres, varios vecinos del entorno corrieron otra suerte y tuvieron que abandonar sus casas ante la imposibilidad de pagar el doble, e incluso el triple, de renta. Otros también se vieron obligados a irse al ser informados por el fondo propietario del inmueble de que iba a vender sus viviendas.

Ahora esperan que de cara al 2028 el Gobierno navarro pueda acordar una prórroga y por más tiempo. En el caso de estas 108 viviendas, son 81 los inquilinos que reciben subvención por parte del Ejecutivo foral. “Llevo ya casi 20 años en esta casa y estoy jubilada, ya no estoy en una situación en la que pueda ponerme a buscar otro sitio donde vivir”, explica Elisa Crespo.

“Hablando en plata y con claridad, la declaración de zona de mercado tensionado ha evitado que estas viviendas pasen al mercado libre, a un precio libre que es de suponer que ninguno de los inquilinos inquilinas de estas viviendas de estas viviendas iban a poder asumir”, destaca la consejera Begoña Alfaro, que critica que haya partidos que “discutan” que la calificación de vivienda protegida no deba de ser indefinida o que digan que regulación del mercado “no tiene ningún efecto”. “Estas vecinas se ven protegidas por las consecuencias de esta declaración que ustedes votaron en contra”, reprochó el jueves a UPN y PP en la Cámara foral.

¿Existe la posibilidad de una solución definitiva? Sí, pero esta pasaría porque el Gobierno de Navarra comprase al fondo Catella Group las viviendas, algo que desde el Ejecutivo ven imposible por falta de presupuesto. En los últimos años, Nasuvinsa, la empresa pública de vivienda en la comunidad foral, ha ido adquiriendo varios inmuebles para destinarlos al alquiler social ejerciendo el derecho de tanteo y retracto, pero para comprar 168 de golpe se requiere de un presupuesto muy elevado del que no se dispone. “Son situaciones envenenadas que nos dejaron las políticas de la derecha de hace 20 y 30 años”, lamenta la consejera Begoña Alfaro.

Fue en 2018 cuando el fondo sueco Catella Group adquirió estas viviendas a Adania, el principal tenedor de vivienda en la comunidad foral. Desde entonces la “preocupación” de los inquilinos ha ido en aumento, conocedores de la clase de fondo que había comprado sus casas. A ello se le sumaron problemas de interlocución con el nuevo propietario, cuya única sede en España está en Madrid. “Es todo online”, lamenta Pilar, que denuncia que en varias ocasiones le han girado dos mensualidades “de golpe”.

También han tenido estos problemas en otros bloques del barrio propiedad del mismo grupo. Elisa Crespo cuenta que en invierno estuvieron diez días sin agua caliente y calefacción por un fallo en la caldera. Por todo ello, han decidido impulsar una plataforma vecinal para hacer más fuerza en sus reivindicaciones y seguir luchando por sus casas.

El pasado 7 de noviembre, la vida de 18 vecinos y vecinas de la calle Valverde, en el barrio de Malasaña, dio un giro de 360 grados. Aquella mañana recibieron una notificación que rompía de golpe cualquier sensación de estabilidad: el edificio en el que viven, situado en el número 42 de la céntrica calle, había sido vendido a un fondo de inversión, Vencar Capital. Desde ese momento, la incertidumbre y la angustia se instalaron en un bloque que, para muchos de sus inquilinos, ha sido un hogar durante buena parte de su vida.

Para Marcos, el vecino más antiguo del edificio, la noticia fue toda una sorpresa. Para él, al igual que para el resto de sus vecinos, abandonar el bloque supone dejar atrás muchos recuerdos. Entró a Valverde 42 en 2005. En julio se cumplirán 21 años desde que cruzó por primera vez la puerta de su vivienda. “Esta casa me ha visto crecer, trabajar, reír, llorar y despedir a mi padre. Llegué con 26 años y ahora tengo 47. Es mi hogar”, cuenta.

La noticia supuso un shock porque entre los inquilinos no había sospechas de una posible maniobra de este tipo. Marcos asegura que tan solo un par de semanas antes habían preguntado al propietario si tenía alguna intención de vender, algo que negó rotundamente.

La operación se cerró el 6 de noviembre de 2025, pero los inquilinos no tuvieron conocimiento de ella hasta el día siguiente. Tan solo unos días después de recibir la carta en la que les informaban de la venta del edificio, la promotora inmobiliaria se puso en contacto con los vecinos para hacerles saber cuáles eran sus planes. “Nos dijeron que no nos iban a renovar los contratos y ahí entendimos que la idea era vaciar el edificio”, explica Marcos.

En la carta, a la que Somos Malasaña ha tenido acceso, la propiedad les comunicaba que una vez finalizado sus contratos de arrendamiento actuales, deberán “entregar la vivienda en buen estado de conservación con todos sus elementos y suministros al corriente, libre de personas y bienes, quedando el inmueble a disposición de la propiedad”. Del mismo modo, les recordaban que hasta la fecha de terminación permanecen vigentes todas las obligaciones contractuales, incluido el pago de la renta.

Desde aquel momento, los vecinos de Valverde 42 han intentado dialogar con Vencar Capital para poder continuar en sus viviendas o, en cualquier caso, conseguir una indemnización superior a la que les ofrecen: un mes de alquiler por cada mes que adelanten su salida. En el caso de Marcos, son cuatro meses y considera que “con los precios actuales de la vivienda en Madrid eso no te permite rehacer tu vida en ningún sitio”. Tampoco han tenido la oportunidad de negociar con el anterior propietario, que, aproximadamente dos semanas después de la venta, se quitó la vida.

Las presiones han ido en aumento desde la compra del edificio con la intención de ir “quitándose de en medio” a los vecinos. El primero en salir del edificio fue el conserje. Le despidieron después de llegar a un acuerdo con la propiedad. También se instalaron alarmas en los pisos vacíos y se comunicó la intención de colocar cámaras en las zonas comunes, algo que finalmente no se pudo hacer por la ley de protección de datos. En su lugar, contrataron a un empleado de la empresa de desokupación Desokupa KGB para mantener vigilados a los inquilinos las 24 horas del día.

“Dicen que es por seguridad, pero es una forma de recordarnos constantemente que quieren que nos vayamos”, relata Marcos. Los vecinos cuentan que a veces está de día y otras veces de noche. Se pasea por todo el edificio haciendo videollamada de madrugada, interrumpiendo el descanso de los vecinos. También aprovecha para fotografiar y grabar las puertas de los pisos en los que todavía quedan inquilinos. “No nos increpa directamente, pero la sensación de vigilancia es permanente”, señala.

A ello se suman visitas continuas al edificio. “Lo compraron por 5,3 millones de euros y lo están revendiendo”, explica Marcos. Los vecinos han llegado a escuchar conversaciones con posibles compradores en las que planteaban venderlo por 9,5 millones sin inquilinos y por 8,4 millones con ellos dentro. “En tres meses la rentabilidad sería descomunal”, asegura.

Actualmente, viven en el edificio 18 personas, además de dos locales comerciales. El contrato más próximo a caducar es el de una vecina que deberá abandonar su vivienda el 28 de febrero. Otros se extienden hasta 2028.

De los 18 vecinos, 16 han decidido movilizarse para frenar los planes del fondo de inversión. Sin embargo, la presión ya ha tenido consecuencias. La inquilina de uno de los locales se marcha este mismo fin de semana, pese a que su contrato vencía en 2027. “No ha podido soportarlo”, cuenta Marcos. No es la única. Otro de los vecinos se fue al poco de conocer la noticia. Pudo encontrar una alternativa habitacional y aceptó la compensación económica que le ofrecían.

Sin alternativa en su barrio

Desgraciadamente, el caso de este vecino no es extrapolable al resto. Todos los inquilinos han hecho el mismo ejercicio: buscar una alternativa en el mercado actual. El resultado es desolador. “En Malasaña, una habitación en un piso compartido cuesta ya cerca de 1.000 euros. Para pagar lo mismo que ahora, tienes que irte a pueblos como Navalcarnero y eso implica dos horas de transporte para llegar a tu trabajo. Te expulsan de la ciudad”, explica Marcos.

Según datos del portal inmobiliario Idealista, el precio medio del metro cuadrado en viviendas de alquiler en el distrito Centro alcanzó en diciembre de 2025 su máximo histórico: 27,1 euros por metro cuadrado, lo que supone un aumento del 6,6 % respecto al mismo mes de 2024. No es la única cifra a tener en cuenta. El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, informó el pasado mes de diciembre de que a lo largo de 2026 vencerán en todo el país más de 630.000 contratos de alquiler, afectando a alrededor de un millón y medio de personas. Además, solo en Madrid se calcula que existen unos 30.000 edificios de propiedad vertical expuestos a este tipo de expulsiones masivas.

“Están desmantelando la ciudad”, denuncia Marcos. “Madrid no es solo monumentos, es la vida de sus barrios. Si nos echan a quienes vivimos y trabajamos aquí, esa vida desaparece. Se está construyendo una especie de Disneylandia para turistas. Y no es turismofobia, es una crítica al modelo”, apostilla.

La situación de Valverde 42 encaja en un patrón cada vez más común en barrio como Malasaña. Así lo explica Maribel Pizarroso, presidenta de la Asociación Vecinal Maravillas. “Llevamos tiempo detectando una expulsión masiva de personas de sus hogares. No es solo un problema urbanístico o inmobiliario, es un auténtico drama humano”, afirma.

Desde la asociación han identificado ya alrededor de veinte edificios vendidos en el barrio para su transformación en pisos de lujo o usos hoteleros. “Muchos vecinos se marcharon en silencio, sin apoyo alguno, afrontando el desarraigo completamente solos”, lamenta Pizarroso.

Cita ejemplos como Pez 3, en obras desde hace casi dos años o San Andrés 32, desalojado hace tres. También Pez 1, donde se cerró la única residencia de mayores del barrio. Incluso el edificio de enfrente de Valverde 42 se ha vendido para convertirse en un bloque de pisos turísticos.  “Otros edificios llevan años funcionando como hoteles. Esto no es nuevo, pero ahora se ha acelerado de forma alarmante”, alerta.

Ante esta amenaza, los vecinos de Valverde 42 han decidido organizarse y convertirse en el primer “bloque en lucha” del barrio. Lo han hecho con la ayuda del Sindicato de Inquilinas, la Asociación Vecinal Maravillas y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM). “Lo primero es el acompañamiento emocional. Después, el asesoramiento legal y la visibilización del conflicto”, explica Pizarroso.

Los vecinos reclaman a las administraciones medidas urgentes para frenar la especulación, proteger a los inquilinos y garantizar el derecho a una vivienda digna. “No pedimos nada extraordinario, solo poder seguir viviendo en nuestras casas”, subrayan.

Este sábado 24 de enero, a las 18.00 horas, el edificio desplegará pancartas en sus balcones para visibilizar su situación. “Queremos decir alto y claro que seguimos aquí”, afirman. Porque, como insiste Marcos, “esto no va solo de contratos. Va de vidas. Yo llevo 21 años aquí. Esta casa es mi hogar, y eso tiene un valor que no se puede medir en millones”.

Corporación Financiera Alba, de la familia March, ha separado su 5,01% del capital de Naturgy del vehículo luxemburgués Rioja, con el que participaban en la gasista junto al fondo británico de capital riesgo desde 2018. El movimiento da más “flexibilidad” a Alba y llega en plena reordenación accionarial en Naturgy, tras las ventas y compras de acciones que han llevado a cabo en los últimos días BlackRock y Criteria, respectivamente.

Corporación Financiera y Rioja Investments, indirectamente participada mayoritariamente por los fondos CVC, han acordado renovar sus compromisos con respecto a su inversión conjunta en Naturgy y modificar su estructura societaria. Ambos han decidido modificar la estructura de coinversión societaria (Grupo Rioja) a través de la que mantenían su 18,59% de la mayor gasista española, según un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Así, Alba contará en la estructura resultante a partir de ahora con una participación directa del 5,01% a través de otro vehículo en Luxemburgo, Alba Europe, y Rioja Investments (de CVC, y también radicada en el Gran Ducado) mantendrá una participación del 13,8% a través de Grupo Rioja.

La participación de Alba incluye el 4,78% indirecto que mantenía a través de su participación del 25,73% en Rioja Luxembourg y un 0,23% que poseía de manera directa con anterioridad a dicha modificación.

“La nueva estructura permite a ambos socios una mayor flexibilidad sin alterar la gobernanza ni los objetivos conjuntos de su inversión en Naturgy”, han destacado en un comunicado en el que subrayan que ambos accionistas “siguen plenamente comprometidos y coordinados”.

Esta modificación societaria no afecta al compromiso de los accionistas de Rioja con respecto a su inversión y la creación de valor en la energética. Ambos socios, que llevan años queriendo vender sus participaciones, acuerdan mantener los tres consejeros que les representan en el máximo órgano de gobierno de Naturgy, formado por quince miembros.

La participación en Naturgy es la mayor inversión individual de Alba e indirectamente una de las mayores inversiones de los fondos gestionados por CVC en Europa.

Esta reordenación, que los socios venían negociando desde mayo, ha cristalizado en un momento en el que dos de los principales accionistas de Naturgy han movido ficha en los últimos días: Criteria ha adquirido un 2% por 455 millones y ha elevado su participación en Naturgy al 26%, mientras que GIP (BlackRock) ha reducido su presencia al 12,62% tras colocar de forma acelerada la semana pasada un 7,1%, pasando de segundo a cuarto accionista.

La venta de acciones de BlackRock arrancó hace unos días la reordenación del capital de Naturgy, tras la frustrada oferta pública de adquisición (opa) que la emiratí Taqa sondeó lanzar junto a Criteria Caixa en 2024. El bajo free float de Naturgy llevó a la compañía a lanzar el año pasado una auto opa por el 10% de su capital, lo que le permitió regresar a los principales índices de sostenibilidad hace unas semanas al situarse el porcentaje que cotiza libremente en bolsa por encima del 18%.

Con este nuevo movimiento, el accionariado de Naturgy se reparte entre Criteria (26%), el fondo australiano IFM (15,2%), CVC (13,8%), BlackRock (12,62%), Corporacion Alba (5%) y la argelina Sonatrach (4,1%), esta última sin presencia en el consejo de administración. En la actualidad, IFM solo tiene dos consejeros, frente a los tres que tienen BlackRock, CVC-Alba y Criteria, cuyo vicepresidente ejecutivo, Francisco Reynés, es también el primer ejecutivo de Naturgy.

El grupo francés de telecomunicaciones Orange ha firmado este viernes un acuerdo vinculante para adquirir la participación del 50% de MasOrange que poseían aún los fondos KKR, Cinven y Providence por 4.250 millones de euros, lo que refrenda el primer pacto alcanzado el pasado 31 de octubre.

En un comunicado, Orange ha destacado que la operación “confirma su compromiso industrial a largo plazo en España”, pues consigue así tomar el control del cien por cien de MasOrange, puesto que ya contaba con la otra mitad.

La empresa francesa asegura que tiene “confianza” en la capacidad de MasOrange y su equipo directivo para crear valor para todas las partes interesadas una vez se consiga la plena integración del operador.

Según Orange, se espera que la transacción se complete durante el primer semestre de 2026, sujeta a las autorizaciones reglamentarias habituales y otras condiciones de cierre.

Al cierre del mes de septiembre, MasOrange tenía más de 33 millones de líneas, de las que 26,2 millones eran de móvil y unas 7,2 millones de banda ancha fija, de las cuales casi 7 millones eran de fibra óptica, según explicó la propia firma al presentar sus resultados del tercer trimestre.

Durante los primeros nueve meses de 2025, MasOrange ingresó 5.664 millones de euros, el 3,7% más que el año anterior, mientras que su ebitda (beneficio bruto de explotación) ajustado se incrementó en más de un 8 %, al alcanzar los 2.195 millones de euros, lo que supuso el sexto trimestre consecutivo de crecimiento desde su creación.

Salida a bolsa

El cierre de la fusión entre MásMóvil y Orange en España, una operación valorada en unos 18.600 millones de euros, se produjo a finales de marzo de 2024 y el acuerdo incluía una serie de condiciones en torno a la posibilidad de que Orange tomase el control de la nueva empresa entre los 24 y los 42 meses posteriores a la conclusión de la transacción.

Otra de las cláusulas apuntaba que la salida a Bolsa de la compañía estaría bloqueada durante los dos años posteriores al cierre de la operación, es decir, hasta abril de 2026.

La mayor teleco por volumen de clientes

La fusión de MásMóvil y Orange supuso, además de la creación de la principal teleco en España por volumen de clientes, con 37 millones entre banda ancha y móvil (33 millones a cierre de septiembre), el refuerzo de Digi, que ya es la cuarta operadora en el país. Sobre esto último, la aprobación de la fusión por parte de Bruselas estuvo sometida a determinadas condiciones ('remedies') que beneficiaron a Digi.

En concreto, la operadora rumana cerró un acuerdo de 120 millones de euros con MásMóvil para la adquisición de un total de 60 megahercios (MHz) de espacio radioeléctrico en distintas bandas de frecuencia.

Además, Digi cerró otro acuerdo con Orange por el que esta última le concedía a la operadora rumana la opción de celebrar en el futuro un “acuerdo de servicio de itinerancia nacional” para la prestación por parte de Orange a Digi de un servicio mayorista.

Cabe señalar también que poco después del cierre de la fusión de Orange y MásMóvil se llevó a cabo un expediente de regulación de empleo (ERE) que finalmente se saldó con la salida de 609 trabajadores (473 salidas voluntarias y 136 despidos forzosos).

¿Cómo va todo? Si eres persona de otoño como yo estarás de enhorabuena, por fin tenemos algo medianamente parecido.

Si eres persona de educación pública estarás menos feliz. La privatización de la universidad avanza inexorable y desde hace unos años los fondos de inversión han entrado en los campus a calzón quitado. Tienen sus razones: es un sector en expansión, rentable, las administraciones públicas tienen bloqueadas a las universidades públicas a base de falta de inversión (y sin dinero no se pueden abrir plazas nuevas) y alguien tiene que satisfacer la creciente demanda que lo público no es capaz de atender.

El problema es que los fondos tienen una misión, que es ganar dinero. Y por su propia naturaleza tienen que hacerlo rápido y devolver la inversión a quienes han puesto sus euros sobre la mesa. Sus ciclos son de 5-7 años, nos cuenta una persona que conoce bien su funcionamiento. Esto lleva a que en los últimos 18 meses se han vendido dos universidades que sendos fondos compraron en 2019. Todo lo que os contaba en el primer párrafo explica que los dos fondos hayan sacado el doble o el triple de lo que invirtieron por la Universidad Alfonso X el Sabio y la Universidad Europea.

La UAX costó 1.000 millones y se ha vendido por unos 2.000. La Europea pasó de 700 a 2.000, más o menos. Más casualidades: ambos grupos acaban de abrir nuevos campus en Málaga. De Madrid a Andalucía, dos de las comunidades autónomas que más han favorecido la expansión de lo privado en los últimos años. A los fondos ya les ha ido bien. A las universidades y el estudiantado no está tan claro.

No serán las últimas en venderse. Los ciclos de los fondos auguran que el año que viene habrá otra remesa. Lo que está cada vez más difícil es mantener los niveles de rentabilidad. Fuentes conocedoras del sector explican que la educación superior española ha sido muy atractiva para estas empresas en los últimos años porque tenían precios muy bajos, pero cada vez esto pasa menos y la rentabilidad está bajando. El sector, dicen estas fuentes, se está asentando tras años golosos en los que entraron muchos actores. En unos años, auguran, solo quedarán los más fuertes. Qué pasará con el resto (de universidades, los fondos sabrán dónde se están metiendo) está por verse. Nosotros estaremos atentos para contároslo, en cualquier caso.

La Complutense pide un préstamo... ¿para condonarse o para cancelarse?

Hablar de privatización de la universidad es hablar de la Comunidad de Madrid, donde los centros públicos están en guerra abierta con la presidenta Ayuso. Especialmente en la Complutense, que se ha visto abocada a pedir un préstamo de 35 millones de euros (la Comunidad de Madrid ni está ni se la espera) para seguir funcionando ante el brutal déficit del centro, que ha perdido 140 millones de euros en dos años. El problema con el préstamo es que por sí mismo no va a arreglar nada, según explican Juan Hernández Armenteros y José Antonio Pérez García –dos de las personas que más saben de financiación universitaria en España, si no las que más– en este detallado análisis. Su tesis, apoyada en datos de todo tipo, es simple: de nada sirve tapar agujeros si tu situación financiera los vuelva a abrir más grandes cada vez.

La situación del centro es tan desesperada que el viernes los 26 decanos, cada uno de su padre y de su madre, se juntaron en la Puerta del Sol para exigirle a Ayuso, rogarle casi, más financiación. El Consejero de Universidades, Emilio Viciana, no les recibió aduciendo problemas de agenda y les mandó a su subordinada. La semana que viene hay huelga convocada en los seis centros públicos, la comunidad universitaria no tira la toalla.

Que, viendo lo que opinan los futuros cuadros del PP del estudiantado de la universidad pública, se entienden mejor muchas cosas.

Esta semana hemos hablado de...

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Movimientos en el sector universitario privado madrileño. El fondo CVC ha vendido su participación mayoritaria en la Universidad Alfonso X el Sabio (UAX), radicada en la Comunidad de Madrid y con otro campus en Málaga, por unos 2.000 millones de euros al fondo Cinven, según adelantó Expansión. La cifra es aproximadamente el doble de lo que pagó CVC por el centro en 2019. Este fondo se ha embolsado unos mil millones de euros en seis años con la compraventa de la UAX.

Esta operación se une a otras dos similares que han tenido lugar en la educación superior madrileña –la más privatizada de España– en el último año y medio. La pasada primavera, el fondo sueco EQT adquirió el 65% de la Universidad Europea –según publicó Expansión–, que cuenta con campus en cuatro comunidades autónomas. En este caso no han trascendido las cifras de la operación, pero los mercados valoran la universidad en unos 2.000 millones de euros, según han publicado varios medios. Esta cifra es casi tres veces superior a los 700 millones de euros que pagó Permira en 2019 por la universidad.

El tercer cambio de titularidad del último año y medio es el de la Universidad Villanueva, que desde agosto de este 2025 pertenece a la Fundación Universitaria Villanueva, según confirma una portavoz del centro. Fomento de Centros de Enseñanza, la anterior titular y que también tiene colegios por toda España, “sigue comprometida con el proyecto educativo de la Universidad a través de su patronato”, añade la portavoz.

La prensa especializada había dado por hecho el paso adelante en la propiedad del centro de Miguel Arrufat, dueño de la también privada Universidad Internacional de la Rioja (UNIR). Fuentes conocedoras de la situación de la Villanueva explican que esto se debe principalmente a que esta no estaba en una buena situación frente a sus competidoras. En el último ejercicio el centro ha empezado a dar beneficios, aunque pequeños, pero es un cambio de tendencia tras pasar sus primeros años como universidad independiente en pérdidas. La Universidad se limita a comentar que Arrufat “es uno de los seis patronos de la Fundación exclusivamente a título personal”, sin vinculación con la empresa que gestiona la UNIR.

Pocas decisiones de las administraciones generan tanto valor como dar una licencia de universidad

De esta última operación tampoco han trascendido cifras, pero las tres operaciones superan los 4.000 millones de euros. “Pocas decisiones de las administraciones generan tanto valor como dar una licencia de universidad”, explica una fuente que conoce los procesos universitarios. Y la Comunidad de Madrid es campeona nacional en dar licencias para universidades privadas. Con informes favorables del Ministerio de Universidades o sin ellos. En la región hay 14 centros privados y seis públicos.

Rafael Ramiro, profesor de Gestión Empresarial en ICADE Comillas y consultor independiente, explica que estas operaciones eran previsibles por la propia naturaleza del mundo private equity (empresas no cotizadas) del que forman parte estos fondos. “Por el propio concepto los fondos tienen que salir en como mucho cinco o seis años (desde que entran). Ellos no se quedan para gestionar, tienen que devolver el capital y la rentabilidad a los inversores”, explica. Y adelanta que habrá más operaciones. “Los que entraron en el año 2020 o 2021 saldrán quizá el año que viene”, augura.

Ramiro explica que “el mundo educativo es muy atractivo para los fondos, porque tiene precios muy bajos comparados con otros mercados. No es solo la universidad, también la FP o las etapas obligatorias”, observa. El experto explica que, cumplidos diez años del desembarco de estos grandes grupos, el mercado entra ahora en una fase de estabilización, con ganadores y perdedores, como toda guerra financiera. Y, como suele ocurrir en estos casos, los ganadores son habitualmente los grandes fondos.

Una tormenta perfecta

En los últimos años se ha generado una tormenta perfecta para el crecimiento de la universidad privada en España. El estancamiento de la oferta pública (hoy se ofrecen en los 50 centros estatales tres mil plazas menos que hace diez años), responsabilidad de todas las comunidades autónomas, y la necesidad o el deseo de formarse de la población, influido por un mercado laboral cada vez más competitivo y la certeza de que tener estudios significa tener mejores ingresos, alimenta a las universidades privadas por ahora en un ascenso sin fin. Este periódico estudió hace unos años las cuentas públicas de 23 centros (los que colgaban su información actualizada), que dejaban una rentabilidad media del 9,4%. La UAX era entonces la más rentable de todas.

El sector financiero es especialista en detectar oportunidades y aprovecharlas. Al calor de esta necesidad han desembarcado los grandes fondos de inversión en la educación universitaria. Desde el año 2000 los campus privados han pasado de 16 a 46, mientras las públicas eran 50 entonces y siguen siendo 50 hoy. Como consecuencia, los ingresos del sector privado crecen a ritmo de dobles dígitos cada año: aumentaron un 12% en 2023, alcanzando los 3.700 millones de euros, según el observatorio DBK. Si se amplía un poco más el foco, el crecimiento es del 68% desde 2017 en esos seis años, según informes de la misma compañía.

“La entrada de capital inversor en los últimos años ha permitido la implantación de nuevas entidades y el mayor desarrollo de las ya existentes, con la apertura de centros docentes, la incorporación de nuevas titulaciones de grado y máster, y la ampliación hacia otras áreas de formación en crecimiento”, explica DBK.

Tres maneras de rentabilizar

Los fondos, explica Ramiro, entran en una empresa, la mejoran y la revenden para obtener rentabilidad. Tienen tres maneras, ilustra: generando más ingresos, más ebitda (los beneficios antes de impuestos, un indicador que se utiliza para medir la rentabilidad operativa de una empresa) o mediante el múltiplo del ebitda que se paga. “Durante los últimos 10-15 años, ese múltiplo ha ido subiendo (eran 8, 10 o 12 y ahora se dice que EQT ha pagado 20 veces el ebitda de la Universidad Europea)”, cuenta. Esta deriva ilustra que el sector se está asentando y ya no tiene un crecimiento tan rápido o fácil, añade.

En el caso de la Universidad Europea, desde que los Fondos Permira la compraron en 2019 ha multiplicado sus ingresos y su ebitda por dos y dos y medios respectivamente (o lo que es lo mismo, los indicadores han tenido un crecimiento del 100% y del 150%), además de triplicar su matriculación de nuevos estudiantes. Desde el propio Permira se define la universidad como “un negocio excepcional con un largo camino de crecimiento por delante”, según valoró Pedro López, responsable en España del fondo, cuando se concretó la venta de parte de la empresa.

CVC no consiguió revalorizar tanto la UAX, según Ramiro. Pero el diario Expansión cifró su facturación en el entorno de los 250 millones de euros, con alrededor de 115 millones anuales de ebitda.

Pero tras años de expansión, el mercado da señales de estar cerca de su techo, según Ramiro. Entre unas y otras, explica, “este va a ser el cuarto año consecutivo –nunca había pasado– en el que los gestores han devuelto menos del 15% a los inversores. Eso supone que han tenido que mantener el activo casi siete años. Hay un tapón porque los inversores quieren recuperar su liquidez antes de reinvertir, cuenta, y auguro un problema a futuro para los actuales inversores. Habrá más operaciones porque los ciclos de los fondos se acaban, pero ”van a tener que vender con una rentabilidad menor“, aventura.

Grandes fondos de inversión preparan la venta en España de miles de viviendas en alquiler, que compraron en los últimos años y de las que ahora quieren deshacerse en un contexto de altos precios. Muchos de esos inmuebles, que se contabilizan en torno a los 25.000, fueron adquiridos tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, en un periodo de trasvase de las familias a los bancos y, de estos, a estas entidades, conocidas como fondos buitre.

Entre los fondos que preparan la salida de grandes paquetes de sus activos estarían Cerberus, Ares, Azora y Blackstone, uno de los mayores caseros del país. Precisamente, a mediados de septiembre, Bloomberg adelantó la intención de esta compañía de deshacerse de 5.300 viviendas en alquiler, gestionadas por su filial Fidere, por unos 1.200 millones de euros.

La operación estaría asesorada por JLL y el despacho Eastdil Secured, que también estarían al frente de la desinversión de otros 6.000 inmuebles de Ares, gestionados por Avalon. Desde la consultora, que también estaría involucrada en la venta de un gran paquete de viviendas de Cerberus, han declinado hacer declaraciones sobre estos procesos. Esta última operación, incluiría entre 3500 y 4000 inmuebles, por un valor aproximado de entre 750 y 900 millones de euros, según publicó Expansión en octubre.

La otra gran operación que completa el cuadrilátero sería la de la cartera de más de 9.000 viviendas, por unos 1.800 millones de euros, de Nestar. Este fondo, antes Lazora, cuenta con la participación de CREIM y Madison International Realty. Este movimiento, que avanzó Cinco Días en mayo, buscaría dar entrada a nuevos inversores que se hagan cargo de uno de los mayores paquetes de casas en alquiler en España.

Estos movimientos no sorprenden en un sector que se mueve por ciclos de inversión. Y estos fondos, que aumentaron su presencia en el país tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, la caída de los precios de la vivienda y el trasvase de miles de familias de la propiedad al alquiler, los han cumplido ya. “Nunca tiene una duración eterna: invierten, se mantienen un tiempo y salen entre 7 y 9 años después”, explica el director general de residencial de la consultora Colliers, Antonio de la Fuente.

En este sentido, estos fondos adquirieron viviendas cuando los precios estaban en mínimos, rentabilizaron la gestión de los alquileres y planean colocarlas ahora que los precios están disparados. “Los institucionales exigen una rentabilidad tan alta que hace que las viviendas en alquiler pierdan atractivo frente a la alternativa de viviendas en venta”, explica el experto, sobre todo en un contexto en el que la rentabilidad del fondo soberano aleman, considerado libre de riesgo, está en una rentabilidad “infinitamente superior” que cuando estas empresas comenzaron a invertir.

La rentabilidad del bund alemán, que llegó a estar en negativo en 2020, se sitúa ahora en el entorno del 2,7%. Y eso arrastra hacia arriba la exigencia de otras inversiones. “Cuando el bono alemán estaba al 0%, se exigía [por el alquiler] una rentabilidad del 2,8 o el 3%, pero ahora se pide un 4,5%”, indica De la Fuente. Según los últimos indicadores del mercado inmobiliario, publicados por el Banco de España, la rentabilidad bruta por alquiler estaba en el tercer trimestre de 2025 en el 3,1%, mientras la rentabilidad total de la vivienda rondaba el 16% en el trimestre anterior, el último dato disponible.

"Los inversores analizan el mercado de forma fría y ven si compensa o no compensa. Si sus objetivos de rentabilidad se cumplen, invierten aquí. Si no, se van a otro sitio"

“El precio de los alquileres sube por encima del 10%, pero también sube el precio de la venta”, razona el experto, que aclara que, pese a que la vivienda es una necesidad básica, el fin último de estos vehículos de inversión es obtener la mayor rentabilidad: “Los inversores analizan el mercado de forma fría y ven si compensa o no compensa. Si sus objetivos de rentabilidad se cumplen, invierten aquí. Si no, se van a otro sitio”.

“Los fondos llevan anunciando la venta de su stock desde hace, al menos, siete años”, indica el investigador en vivienda Jaime Palomera, que señala “un espejo con los anuncios en materia legislativa”. “En 2019, cuando se cambia la duración de los contratos de tres a siete años, Blackstone dice que se va a ir de España. Ocurre algo similar en la negociación de la Ley de Vivienda. Ahora la impresión es que van más en serio, ante la posibilidad de que se aprueben nuevas normas”, sostiene este experto. Sobre la mesa están los cambios en la tributación de las Socimis planteados por el Gobierno o la posibilidad de limitar la compra especulativa de vivienda, que Catalunya se ha abierto a explorar ante la demanda de los Comuns, ERC y la CUP.

Venta en bloque o vivienda a vivienda

Para que toda venta se produzca hay dos actores imprescindibles. Los vendedores están claros, pero el perfil del comprador plantea más dudas. Algunas de estas operaciones tendrían como objetivo prioritario el traspaso en bloque, pero el movimiento puede ser más complejo. “Aunque los fondos anuncien la venta, necesitan tener un actor similar a ellos, con capacidad de apalancamiento para poder endeudarse con esa compra en un momento en el que el precio ha subido”, sostiene Palomera. En este sentido, todos los motivos que llevan a la venta pueden acabar siendo un impedimento para que esta se haga efectiva.

El directivo de Colliers también ve complejo que estos paquetes de viviendas se vendan en bloque. “Puede haber algún fondo entre medias o que algún paquete acabe en manos de fondos de pensiones, que buscan rentabilidades bajas a largo plazo, o de algún family office, pero lo normal sería que el comprador habitual acabe siendo el usuario final”, explica De la Fuente. Entre los argumentos que sostienen esta hipótesis, que la mayoría de estas viviendas fueron construidas antes del estallido de la burbuja inmobiliaria, en 2008, y no cuentan con los códigos técnicos relativos a la normativa ambiental. “Un fondo necesita que estas viviendas sean eficientes desde el punto de vista energético porque, a partir de 2030, será obligatorio que todas las casas que se alquilen cuenten con una calificación energética E”.

Muchas de esas viviendas provienen de trasvases de las entidades bancarias a estos fondos de inversión, para deshacerse de casas obtenidas tras desahucios, en una estrategia que ha llevado a estos grandes vehículos de inversión a hacerse con el 8,1% de todas las viviendas en alquiler en España, con picos del 10,3 y del 11,1% en Madrid y Catalunya, respectivamente, según el Banco de España, con datos de 2021, que les otorga un “modesto peso relativo” en el mercado del alquiler residencial. Al otro lado, estarían el otro 90%, en manos de personas físicas, una tasa que abarca desde quien tiene una vivienda alquilada hasta quien posee varias o decenas de ellas. Un perfil que Palomera cree que puede fijarse en estas ofertas.

Las viviendas de la EMVS

Al margen de estas, están los miles de alquileres que los fondos gestionan, sin tener la propiedad, como los de la Sareb, que lleva Aliseda, participada por Blackstone. “En general, les ha ido bien gestionando viviendas durante los últimos años, porque han obtenido una buena rentabilidad, muchas veces recibiendo contratos anteriores y celebrando nuevos con precios del doble o el triple de lo que venían cobrando”, señala Alejandra Jacinto, de la Cooperativa de Abogados de Madrid (CAES). Jacinto fue una de las portavoces de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) cuando esta denunció el “desmantelamiento y expolio de la vivienda pública” en la Comunidad de Madrid, tras la venta de casi 3.000 viviendas de protección oficial del Instituto de la Vivienda (IVIMA) a empresas y fondos de inversión y de otros 1.860 pisos protegidos de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS).

Precisamente, este último paquete fue transferido a Fidere, una sociedad del fondo buitre Blackstone, que ahora podrían volver al mercado a precio libre, tras haber sido vendidas por el Ayuntamiento de Ana Botella por unos 128,5 millones de euros, unos 68.000 euros por unidad. El Tribunal de Cuentas condenó a la exregidora a pagar, de su propio bolsillo, 25,7 millones de euros, por una enajenación que se produjo, según este organismo, 23 millones por debajo de su valor real, sin una tasación fiable ni publicidad y obviando el interés público. Finalmente, la Sala de Enjuiciamiento revocó la sanción gracias a los votos de dos consejeros propuestos por el Partido Popular: quien fuera ministra de Justicia del primer Gobierno del marido de Botella, José María Aznar, Margarita Mariscal de Gante, y José Manuel Suárez Robledano.

De vender ahora esas propiedades, el fondo estaría ante un “negocio redondo”. “Se obtendrían unas plusvalías millonarias, porque Fidere compró esas viviendas a un precio de saldo, en operaciones casi de regalo de las administraciones públicas”, desarrolla Jacinto, que considera que la salida al mercado de estos grandes lotes supone “una oportunidad enorme para adquirir y aumentar el parque de vivienda social del Estado y las comunidades autónomas”, con fórmulas de tanteo y retracto o mecanismos excepcionales de adquisición directa, como el de Casa Orsola en Barcelona.

El 80% de las denuncias en Mossos d'Esquadra y policías locales por ocupación son de pisos vacíos de grandes tenedores o fondos de inversión, según datos de la policía catalana recogidos por la ACN. La subjefe ejecutiva de Mossos, Alícia Moriana, admite que cuando el propietario es de ese perfil, hay “cierta dificultad” para localizarlo y que denuncie, un paso clave para que los agentes actúen.

Según la agente, las ocupaciones han descendido en torno a un 18,1% entre enero y octubre de este año respecto al año pasado, pero los intentos frustrados han crecido por “la acción policial” y porque los propietarios “cada vez son más conscientes”. Girona o Sabadell son algunos de los municipios donde más crecieron las denuncias en el 2024, sobre todo, de pisos vacíos, según los consistorios.

El número de ocupaciones denunciadas –sumando tanto las viviendas vacías, como las primeras y segundas residencias– alcanzaron las 6.257 el pasado 2024, una media de 17 cada día. Se trata de un incremento del 8% respecto a 2023 y de la cifra más alta desde 2020, cuando se contabilizaron 6.458. Este año, entre enero y octubre, los Mossos d'Esquadra y las policías locales han registrado 4.345, un millar menos que en el mismo periodo del año pasado, lo que hace prever en el cuerpo de la Generalitat que la cifra quede sensiblemente por debajo del 2024.

En cualquier caso, los datos sólo muestran los hechos reportados a la policía, y no aquellos en los que el propietario ha decidido ir directamente al juzgado o en los que no han llegado a ninguna instancia.

Con todo, según alerta Moriana, las tentativas de usurpaciones de viviendas -de ocupar pisos vacíos– y los intentos de violaciones de domicilio –primeras o segundas residencias–, los dos tipos penales que reflejan los datos para englobar el fenómeno de los empleos, han ido al alza. Tras un aumento ininterrumpido desde al menos 2019, el pasado año hubo 2.057 intentos frustrados, casi el doble que cinco años antes. Durante los primeros diez meses de 2025 ya se han contado 1.713, seis menos que en el mismo período que en 2024, así que a finales de año las cifras podrían igualar o superar las del año pasado.

En cualquier caso, datos muestran que, tanto este año como los dos anteriores, nueve de cada diez denuncias por ocupaciones consumados son usurpaciones y la práctica totalidad de éstas, unas 5.200 tanto en 2023 como en 2024, fueron pacíficas –sólo un centenar al año son con violencia. Por otro lado, sólo medio millar en cada uno de estos dos ejercicios fue violación de domicilio, es decir, de primeras o segundas residencias.

Moriana cree que los motivos del aumento de intentos fallidos y de la caída de ocupaciones consumadas son, por un lado, “la actuación policial”, y por otro “la sensibilidad de los vecinos”, que permite una acción más rápida de los cuerpos de seguridad sin tener que esperar a un largo proceso judicial. Además, ha aumentado la prevención de los propietarios, que “ponen más medidas físicas de protección”.

Por otra parte, cree que también ha afectado a la ley 1/2023, que introduce medidas urgentes para afrontar la inactividad de los propietarios en los casos de ocupación ilegal de viviendas con alteración de la convivencia vecinal. Así, ha explicado, en casos de desórdenes públicos o actividades delictivas, si el propietario es un gran tenedor que no denuncia, la comunidad de vecinos o el Ayuntamiento pueden poner en marcha las acciones legales para conseguir el desalojo.

La legislación incluso contempla sanciones de 3.000 a 900.000 euros para los grandes tenedores que no mueven ficha ante una ocupación y el consistorio puede llegar a adquirir el inmueble temporalmente para destinarlo a vivienda social.

“Nos habíamos encontrado que hay pisos que ni siquiera el propio fondo inversor era conocedor de que era el propietario”, explica la agente, que añade que en algunos casos desisten de iniciar un proceso legal por los costes que supone hasta que la vivienda no les sea “financieramente interesante”.

Por todo ello, los Mossos han creado un “buscador de inmuebles” de uso sólo interno de pisos de grandes tenedores, en el que participan Sareb y varias entidades financieras, a fin de comprobar más rápidamente si un inmueble es de este tipo de propietarios y de tener “una persona de contacto para poder activar el recurso policial y judicial” mediante denuncia.

Se trata de una de las acciones que el cuerpo está llevando a cabo en el marco de un plan destinado específicamente a las ocupaciones vinculadas a delitos. Es decir, aquellas en las que la vivienda se convierte en “una plantación de marihuana, un punto de venta de droga, un punto de recepción de objetos robados” o bien donde frecuentan delincuentes que acaban causando conflictos vecinales e inseguridad.

En cuanto a los “empleos más sociales”, de personas vulnerables que han dejado de pagar el alquiler o la hipoteca, estas no entran en el plan y Moriana asegura que “el abordaje policial es totalmente diferente” en estos casos.

Los datos muestran un aumento de las ocupaciones entre 2023 y 2024 de un 8%, pero a nivel territorial las evoluciones no son uniformes. Así, el Pla de l'Estany y el Berguedà registran el mayor crecimiento porcentual, aunque con pocos casos. En números absolutos, el Vallès Occidental registró 218 denuncias más el año pasado que el anterior, un 40%, hasta las 761. Se trata de la segunda comarca con mayor incidencia, después del Barcelonès, que sumó 1.467 el año pasado (-4,2% respecto a 2023).

En el Gironès, el aumento interanual fue del 30%, por un total de 387, mientras que también destaca el Baix Empordà, con un 39,7% más de casos y 218 en total. En el otro extremo del ranking, algunas comarcas vieron retrocesos significativos, como la Anoia (-41%) o el Baix Camp (-17%). En conjunto, 25 comarcas han ido al alza y 16 a la baja, mientras que ni en la Val d'Aran ni en el Solsonès se denunció ninguna ocupación ni en 2023 ni en 2024.

Por municipios, con datos sólo de los que tienen más de 10.000 habitantes, las ratios más elevados en 2024 fueron Palafrugell (38 casos por cada 10.000 habitantes) y Salt (37 casos). Canovelles, la Ràpita, Mataró y Calonge, Castelló d'Empúries, Platja d'Aro, Berga y Cunit también tienen más de 20 casos por cada 10.000 habitantes. En cuanto a las capitales de demarcación, la tasa de Barcelona es sensiblemente menor (4,8), similar a la de Lleida (6,5) y Tarragona (7,1), mientras que Girona se disparó hasta un ratio de 21,7 casos.