El Consejo de Ministros ha aprobado el acuerdo por el que se autoriza al Ayuntamiento de Carrión de Calatrava (Ciudad Real) a realizar una consulta popular sobre si se está a favor o en contra de implantar una planta de biometano en la localidad.

Este municipio lleva meses movilizándose contra la instalación de este tipo de empresa, cuyo proyecto ha sido declarado “prioritario” por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha. La planta, denuncian los vecinos, se ubicaría a 9 kilómetros del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. Está promovida por la mercantil Nortiben Green Energy, con una inversión estimada de más de 12 millones de euros, según los promotores, y se crearán cinco empleos directos.

El artículo 149.1.32ª de la Constitución Española establece como competencia exclusiva del Estado la “autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum”, que ahora podrá realizarse en esta localidad de Ciudad REal.

También la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL) reconoce el derecho de los vecinos a solicitar una consulta popular, estableciendo en su artículo 71 que “los alcaldes, previo acuerdo por mayoría absoluta del Pleno y autorización del Gobierno de la Nación, podrán someter a consulta popular aquellos asuntos de la competencia propia municipal y de carácter local que sean de especial relevancia para los intereses de los vecinos, con excepción de los relativos a la Hacienda local”.

El Gobierno autoriza la celebración de esta consulta popular, ya que reúne todos los requisitos de fondo exigidos por el artículo 71 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, al ser un asunto de competencia propia municipal, de carácter local, de especial relevancia para los intereses de los vecinos y no relativo a la hacienda local.

“Para impedir según qué debates, están dispuestos a cargarse la esencia misma de la democracia”. Esta fue la contundente declaración con la que el Govern de CiU atizó al Tribunal Constitucional en 2014, debido a su sentencia contra la ley de consultas no referendarias con la que los magistrados trataban de impedir la consulta del 9-N. Una década después, sin embargo, es Junts quien utiliza ese mismo fallo para vetar una consulta sobre la gestión del agua en el municipio de La Garriga (Barcelona).

La polémica comenzó en la legislatura anterior, después de que en 2021 caducase la concesión que el municipio mantenía con la empresa Sorea desde 1991. En aquel momento se abrió el debate entre los grupos municipales sobre qué hacer con la gestión del agua. Primero la alcaldesa de ERC y después la actual, Meritxell Budó, de Junts en coalición con el PSC, fueron prorrogando el contrato anualmente, mientras se estudiaba la situación.

Pero en septiembre del año pasado, el Ayuntamiento optó por sacar a La Garriga de la Asociación de Municipios y Entidades por el Agua Pública. Un primer paso que en la localidad de 17.000 habitantes se interpretó como una decisión del consistorio por mantener la gestión privada.

A partir de ese momento, los partidos y vecinos favorables a la gestión pública comenzaron a organizarse. La CUP planteó una moción en el Ayuntamiento que fue rechazada y en verano de este año se acabó constituyendo la plataforma por el agua pública de La Garriga.

“La plataforma nace con el objetivo de actuar por la vía ciudadana una vez que la vía política no había dado frutos”, explica Pep Terrades, miembro de la entidad. La idea de la entidad desde el primer día fue promover una consulta ciudadana, para lo que, de acuerdo con la ley catalana de consultas populares, reclamaron al Ayuntamiento que les permitiera una recogida de firmas para iniciar el proceso participativo.

La respuesta del Ayuntamiento, que agotó el término máximo para responder, no pudo ser más decepcionante para los promotores. “Rechazaron nuestra petición agarrándose, por un lado, a un defecto de forma, por no adjuntar el modelo para la recogida de firmas”, explica Terradas.

“Pero aún nos sorprendió más el argumento de fondo sobre la sentencia contra la ley de consulta populares, bajo una interpretación que va más allá de lo que iba el Constitucional y no ha hecho ningún Ayuntamiento catalán hasta la fecha”, argumenta.

La alcaldesa del municipio, Meritxell Budó, de Junts, asegura que se trató de una respuesta enteramente técnica. “Los servicios jurídicos del Ayuntamiento se asesoran con los de la Diputación de Barcelona y lo que se concluyó es que la consulta que reclamaba era refrendaria y, por tanto, autorizarla quedaba fuera de las competencias del Ayuntamiento”, explica Budó, quien además fue consellera de la presidencia con Quim Torra.

Lo que establece la sentencia 31/2015 del Constitucional, a la que se agarra el consistorio gobernado por Budó, es que las consultas populares no refrendarias deben ser “sectoriales”, es decir, no ir dirigidas al conjunto del cuerpo electoral de un municipio. Una argumentación que buscaba no facilitar que la Generalitat utilizara esta fórmula para colar un referéndum sobre la independencia.

Para salvar el obstáculo impuesto por el TC, lo que suelen hacer los municipios es introducir en la votación a las personas entre los 16 y los 18 años. Así se han hecho más de una cincuentena de consultas municipales en la última década, aunque otros, como Granollers, utilizaron en 2021 el mismo precepto para denegar otra consulta sobre el agua pública.

La comisión promotora de La Garriga no tuvo en cuenta el atajo de introducir el voto desde los 16 años. Según dice, porque en consultas al secretario municipal, éste les orientó en sentido contrario. Pero la plataforma asegura que estaría dispuesta a introducir este cambio para que se les permitiese la votación. El problema es que el Ayuntamiento de la Garrga tampoco les concedió un plazo para subsanar los errores, como suele ser habitual.

“No se les dio trámite para cambiar la solicitud porque, en este caso, la petición era imposible de enmendar al ser plenamente contraria a derecho”, asegura el responsable de los servicios jurídicos del municipio.

El Ayuntamiento aprueba la licitación

Mientras la plataforma trataba de extender el debate sobre la idoneidad de la consulta, el equipo de gobierno aceleró y la semana pasada aprobó la licitación para una nueva gestión publico-privada del agua.

“La consulta es innecesaria porque desde el Ayuntamiento tenemos muy claro el modelo que necesita La Garriga. Queremos un modelo moderno, del siglo XXI, que haga una cogestión con el Ayuntamiento, que modernice la red, que ahora mismo pierde hasta un 30% del caudal y que incorpore contadores electrónicos”, asegura Budó.

Desde el Consistorio argumentan además que según sus cálculos necesitarían una inversión de hasta cinco millones de euros para llevar a cabo las mejoras que desean introducir, un capital del que no disponen y que pueden obtener gracias a una nueva concesión privada de la explotación del agua en su municipio.

“No es un tema que genere debate en el municipio”, zanja Budó, que además asegura que otras cuestiones como la recogida de residuos puerta a puerta introducida en la legislatura pasada, sí fue polémica. “Y aquí del puerta a puerta nadie consultó nada”, recuerda.

Recurso a la comisión de control y voto particular

Tras el portazo del Ayuntamiento, la entidad promotora de la consulta acudió a la comisión de control de las consultas populares, un organismo dependiente del Parlament que sirve para dirimir los litigios sobre estas cuestiones. Este organismo ha dado la razón al Consistorio considerando que, tal y como entiende el equipo de Budó, la sentencia del TC permite que el Ayuntamiento se oponga a la consulta que le reclaman.

Con todo, la comisión dio la razón al Ayuntamiento divida gracias al voto de calidad del presidente y con un voto particular contrario que firmaron hasta tres de los juristas miembros del órgano.

“Consideramos que el Ayuntamiento de la Garriga hace una interpretación extensiva de la sentencia”, asegura en el voto particular, donde se observa que si el Consistorio lo hubiera deseado podría haber aceptado la consulta sin mayores inconvenientes “tal como se han celebrado otras consultas populares no refrendarias donde la administración no ha asumido el criterio más restrictivo de la sentencia”.

El Govern celebrará el próximo 24 de julio una jornada de votación sobre la candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno en los Pirineos. Finalmente serán dos consultas con dos preguntas diferentes, cada una dirigida a los ciudadanos de unos determinados territorios y solo una de ellas permitirá decir no a la presentación de la candidatura. En concreto, la consulta que se celebrará en la veguería del Alt Pirineu i Aran será sobre la celebración de los Juegos, mientras que en la comarca del Berguedà, Solsonès y Ripollès se preguntará únicamente por la participación de esos territorios, pero si alguno de ellos se quedara fuera, eso no significaría el fin de la candidatura de Juegos de Invierno.

Así lo han anunciado este lunes las conselleras de la Presidència, Laura Vilagrà, y la de Exteriores, Victòria Alsina, que han defendido que esta es la fórmula que garantiza un mayor consenso territorial y participación de la ciudadanía afectada. El Govern se había comprometido a celebrar una consulta vinculante sobre la candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno que, finalmente, ha decidido ceñir a las zonas concretas donde se acogerían las pruebas deportivas, que se extienden por seis comarcas: Alta Ribagorça, Alt Urgell, Baixa Cerdanya, Pallars Jussà, Pallars Sobirà y Vall d'Aran. En estas zonas la pregunta será: ¿El Govern de la Generalitat tiene que presentar una candidatura a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos 2030?“ y tendrá una respuesta binaria de sí o no.

En cambio, para las otras tres comarcas que se incluyen en la consulta, Berguedà, Solsonès y Ripollès, la pregunta será otra: “¿Su comarca debe involucrarse en el proyecto de Juegos Olímpicos y Paralímpicos 2030?”“, también con respuesta binaria. Por esta razón, en caso de que uno de los territorios de este segundo grupo se decantasen por el no, la comarca quedaría fuera de la candidatura, pero los Juegos continuarían. Sobre el significa de ”involucrarse“, Vilagrà ha explicado que las comarcas que voten favorablemente podrán tener ”actividades previas de entrenamiento, tecnificación o de deportes complementarios“ y también cuestiones de ámbito cultural.

Sobre los aspectos técnicos, la consellera Alsina ha explicado que el presupuesto contemplado para ambas consultas son 1,1 millones de euros, la mayoría de los cuales saldrían del presupuesto de Exteriores, que tiene también competencias de la oficina electoral. El Govern utilizará para hacerlo la ley de consultas, que fue utilizada una vez para el proceso participativo del 9 de noviembre de 2014 sobre la independencia de Catalunya. “Estamos utilizando la vía que nos parece que da más garantías”, ha explicado Alsina, que ha reconocido que la ley actual tiene carencias que se deberían resolver en una futura nueva norma de consultas.

La decisión del Govern de lanzar ya las dos consultas vinculadas llega la semana después de que el Comité Olímpico Español validase la propuesta técnica de reparto de disciplinas y eventos entre Catalunya, Aragón y el Ministerio de Cultura del que, sin embargo, el Gobierno Aragón se ha desmarcado. Sobre la situación generada con la comunidad vecina, el Govern ha preferido no referirse, asegurando que quien lidera los contactos es el COE, que el viernes pasado dio luz verde a la propuesta consensuada por las comisiones técnicas de ambos territorios.

Un total de 3.771 vecinos de Usansolo, mayores de 16 años, votarán en próximo 27 de marzo si desean constituirse en “municipio independiente” y segregarse de Galdakao. Según ha recordado el Consistorio vizcaíno y recoge Europa Press, el resultado de la consulta no será vinculante, pero “la vigente Norma Foral para casos de segregación contempla la posibilidad de preguntar”.

Los llamados a las urnas deberán responder a una única pregunta entre las 9:00 y las 20:00 horas: “¿Desea que Usansolo se constituya en un municipio independiente?”. Las urnas se instalarán en cuatro mesas diferentes en la escuela de Unkina y se prevé que los resultados estén listos sobre las 21:30 horas. Siguiendo las pautas establecidas por esta norma, el Ayuntamiento remitirá los resultados a la Diputación de Bizkaia y la deliberación quedará en manos de las Juntas Generales de Bizkaia, quien tomará la decisión sobre el futuro de Usansolo.

Esta no será la primera vez que Galdakao celebre una consulta ciudadana para conocer el interés de los ciudadanos de Usansolo en pertenecer a un municipio independiente. Ya lo hizo en 2014, cuando todavía la norma foral 9/2012 prohibía la desanexión de parte del municipio para crear un nuevo Ayuntamiento. En aquella consulta sin validez jurídica, en la que tomaron como modelo el referéndum independentista de Escocia, el 90% de los participantes se posicionó a favor de la desanexión de Usansolo —1.964 de los 2.187 votos emitidos—. Tras la nueva consulta prevista para marzo, el Consistorio trasladará los resultados y la memoria de la Comisión Mixta a la Diputación. El departamento foral competente redactará la propuesta y la remitirá a la Comisión Jurídica Asesora, que tendrá que elaborar un dictamen en un plazo “improrrogable” de un mes. Después, la Diputación deberá aprobar el dictamen y enviarlo a las Juntas Generales de Bizkaia, que serán los responsables de resolver la alteración propuesta.

El próximo domingo, 20 de febrero, se celebrará la consulta popular en los municipios pacenses de Don Benito y Villanueva de la Serena para que decidan si quieren fusionarse y convertirse en la tercera ciudad de Extremadura con más de 63.000 habitantes. Ese día por la noche no solos los 'calabazones' y 'serones', el gentilicio popular con el que conoce a estos vecinos, estarán pendientes del resultados de las urnas. También lo estará Extremadura y el municipalismo, que viven con expectación este acontecimiento histórico.

La unión de Don Benito y Villanueva ha estado en la agenda política desde hace décadas. La distancia que separa ambas ciudades apenas es de 4 kilómetros, pero las diferencias que había entre sus alcaldes históricamente ha sido mucho mayor. Sin embargo, los actuales responsables municipales, José Luis Quintana y Miguel Ángel Gallardo, ambos del PSOE, comenzaron a trabajar en la posible fusión en secreto después de las últimas elecciones y tras encargar informes y estudios sobre las ventajas de la unión, dieron a conocer el proyecto el pasado septiembre.

El debate ha conseguido algo insólito: poner de acuerdo a todos los partidos en todos los niveles

El debate ha conseguido algo insólito: poner de acuerdo a todos los partidos en todos los niveles y también cuenta con el apoyo del presidente y expresidentes de la Junta de Extremadura y del Gobierno de España, que ha autorizado la celebración del referéndum.

Desde que se anunció el proceso, los alcaldes han protagonizado decenas de actos públicos para informar sobre las ventajas de la unión: empresarios, estudiantes, vecinos de las nueve pedanías que se integrarán en la nueva ciudad –si al final sale adelante– integrantes de colectivos juveniles y sociales, personas mayores... En todos esos encuentros, Quintana y Gallardo han repetido la “oportunidad histórica” que la integración de los dos municipios supondrá para el futuro de sus vecinos, que se traduce, fundamentalmente, en una mejora de los indicadores económicos y de empleo. Pero también han tenido que hacer frente a dudas sobre los impuestos (el compromiso es que no subirán) y el mantenimiento de las identidades culturales y las fiestas locales.

Más empleo y más renta

Según los estudios encargados a la Universidad de Extremadura, y que los ayuntamientos han puesto a disposición de los ciudadanos, el impacto de la fusión en términos de riqueza, actividad económica y desarrollo de rentas sería de incrementos del 2,75 % en las rentas de los hogares y del 5 % tanto en empleo, especialmente en servicios y empresas, como en población con estudios universitarios.

Esta zona de las Vegas Altas del Guadiana se convertirá en el segundo polo económico de la provincia de Badajoz, y el primero a nivel regional en el sector de la agricultura y la ganadería, con un 19,7 % del VAB, y también en el sector industrial con un 8,1 % del VAB.

Además, la corporación municipal estará compuesta por 25 concejales –ahora son 21 en cada ciudad– y la financiación del Estado aumentaría un 14%, alrededor de 1,5 millones de euros más al año.

El futuro en manos de 54.000 electores

El domingo de 9 a 20 horas, como en una jornada electoral habitual, los dombenitenses y los villanovenses podrán ejercer su derecho a voto. Tendrán esa oportunidad unas 54.000 personas, de las que alrededor del 20% ya lo ha hecho de forma anticipada. Se abrirán 20 colegios electorales –35 mesas– en Don Benito y 17 –25 mesas– en Villanueva de la Serena, y en cada una de ellas habrá tres funcionarios municipales.

Para que todo discurra con normalidad, se pone en marcha un dispositivo de seguridad en ambas ciudades y sus 9 entidades locales menores, coordinado por la Delegación del Gobierno.

En él participan un total de 160 agentes, de ellos 50 son de Policía Nacional, entre ellos miembros de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), 40 agentes de la Guardia Civil, y 70 agentes de Policía Local, 35 de Villanueva y otros tantos de Don Benito, además de miembros de Protección Civil.

Los alcaldes han exigido, al menos, un 66% de apoyo para hacer realidad la fusión. Si se consigue, la unión no sería realidad hasta el primer trimestre de 2027, cuando los vecinos de la nueva ciudad elijan a un nuevo alcalde, que no podrá ser ninguno de los actuales, según el compromiso que han adquirido.

Quedarán muchos aspectos por cerrar, como el nombre del municipio resultante

Hasta entonces, quedarían muchos aspectos por cerrar, como el nombre del municipio resultante, el convenio de fusión y trámites jurídicos y administrativos para una unión completa y sin fisuras.

Sobre las 22.15 horas del domingo está previsto que se conozca si las dos ciudades deciden seguir viviendo de espaldas o si unen su futuro.

Poco a poco se van conociendo más detalles de cómo será la consulta popular para la fusión, o no, de los municipios extremeños de Don Benito y Villanueva de la Serena, en el que están llamados a participar alrededor de 50.000 vecinos y que seguirá los cauces similares a los de cualquier convocatoria electoral, ha explicado la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco.

El referéndum se celebrará el 20 de febrero y está regulado por la  Ley de Base del Régimen Local y su procedimiento se iniciará una vez que los dos alcaldes aprueben un decreto de convocatoria, que será publicado en los diarios oficiales. Los habitantes irán a votar a sus colegios habituales y los horarios de votación serán los normales, es decir, entre las 9 de la mañana a 8 de la tarde.

García Seco también ha explicado que el censo electoral se determinará sobre el padrón municipal de cada localidad, en el que estarán incluidos todos aquellos ciudadanos de Don Benito y Villanueva de la Serena que tengan reconocido el derecho al sufragio activo en cualquier proceso electoral municipal a fecha del día en que se convoque la consulta. Además, se habilitará un periodo de información que permita subsanar aquellos errores que se detecten, así como un mecanismo extraordinario para solventar cualquier problema el mismo día de la votación.

Por otro lado, las personas que no estén en sus municipios el día de la votaciñon, podrán ejercer su derecho de forma anticipada entre el 29 de enero y el 10 de febrero desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde en los lugares que habiliten los ayuntamientos.

En los próximos días, tras el decreto de convocatoria, se publicarán otras resoluciones para determinar las mesas electorales concretas, el modelo de papeletas -con colores diferenciados para ambos municipios- o la fecha de publicación de los censos. En cuanto al recuento, se realizará el mismo día de la votación en la sede de cada Secretaría General de cada uno de los ayuntamientos.

Los ayuntamientos de ambas localidades decidieron el pasado 14 de octubre en acuerdo plenario solicitar autorización al Gobierno central para celebrar esta consulta, que aceptada por Moncloa el 8 de noviembre. En estos comicios, el ciudadano deberá mostrar si es partidario de que su ayuntamiento respectivo ejercite la iniciativa para la tramitación del procedimiento de fusión con el otro municipio.

Si la consulta logra un voto favorable -para lo que es necesario el respaldo de un 66 por ciento de la población de cada uno de los municipios-, los ciudadanos elegirían a su primer alcalde conjunto en las elecciones de 2027 “como máximo”, han dicho los ediles. 

La unión de las ciudades extremeñas de Don Benito y Villanueva de la Serena pasará este lunes un nuevo trámite. El Consejo de Ministros autorizará en su reunión del día 8 la celebración de la consulta popular entre los vecinos de ambos municipios, puesto que cumple con todos los requisitos establecidos en el artículo 71 de la Ley de Bases del Régimen local, según ha anunciado este jueves la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez.

Esta consulta era un compromiso de los alcaldes pacenses con los vecinos, que serán llamados a las urnas a finales de febrero o principios de marzo -se baraja el 20 de febrero- para decidir si, como ha dicho Rodríguez, “dejar a un lado las rivalidades y recelos típicos de dos municipios vecinos y sumar esfuerzos por el bien común” o, por el contrario, abandonar una idea recurrente desde hace décadas pero imposible hasta ahora de materializar.

La ministra de Política Territorial ha destacado que se trata de una “lección de cogobernanza” que están dando “a todos” estos dos ayuntamientos pacenses, que son un “ejemplo de la colaboración que queremos impulsar en nuestro modelo territorial”. Pero aún está por ver si al menos dos tercios de los vecinos que participen en el referéndum aprueba esa fusión, puesto que es el apoyo que han exigido los ayuntamientos para seguir adelante.

De ser así, el nuevo municipio, del que aún se desconoce su nombre y sus señas de identidad, que saldrán de un concurso de ideas, votará a su primer alcalde o alcaldesa en las elecciones locales de 2027, cuatro años antes de los que en un principio se anunció.

De la fusión de ambos municipios saldría una nueva entidad local con una población aproximada de 65.000 habitantes, lo que la convertiría en la tercera de Extremadura, solo por detrás de Badajoz y Cáceres, y con una extensión de 713 kilómetros cuadrados. El área urbana resultante se alzaría como segundo polo económico de la provincia de Badajoz y primer núcleo municipal económico tanto del sector de la agricultura y la ganadería como de la industria en Extremadura.

Según los estudios preliminares de ambos consistorios, el impacto de esta fusión en términos de riqueza, actividad económica y desarrollo de rentas sería de incrementos del 2,75 % en las rentas de los hogares y del 5 % tanto en empleo, especialmente en servicios y empresas, como en población con estudios universitarios.

Los plazos que se barajaron hace unos meses se están adelantando por los apoyos que la fusión está recabando, como el del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, las fuerzas políticas locales y de la Asamblea de Extremadura y, sobre todo, de los empresarios y colectivos de Don Benito y Villanueva de la Serena, con los que se mantienen encuentros informativos para incidir en las bondades de la unión.

Por lo tanto, también se agilizarán las tareas pendientes, como la elaboración de planes técnicos, como los estudios de solvencia municipal, la unificación de normas tributarias y planes urbanísticos ,así como de los servicios públicos y trabajadores municipales. También se ha anunciado que se construirá un núcleo administrativo en la zona del hospital comarcal, aunque el compromiso es descentralizar los servicios públicos.

La inédita consulta popular impulsada por el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, sobre enjuiciar a sus cinco predecesores no logró los votos requeridos para ser considerada válida.

Con una participación de solo el 7%, lejos del 40% necesario, solo fueron a votar 6,5 de los 93 millones de convocados, cuando se requería una participación de 37 millones.

Como era esperar, el 'Sí' arrasó con un rango de entre el 89,4 y el 96,3 % de los votos, muy por encima del 'No', entre 1,4 y 1,6 %, y de los sufragios nulos, entre 2,2 y 9,2 %, según las proyecciones del Instituto Nacional Electoral (INE), que el lunes dará a conocer los resultados definitivos.

Solo los más convencidos por el 'sí' fueron a votar, como Jaime, un ingeniero químico de 56 años que lo consideró un ejercicio “muy importante”.

La consulta popular, la primera a nivel federal de la historia de México y con consecuencias muy inciertas, había sido interpretada como una exhibición de fuerza del oficialismo de cara al plebiscito del próximo año sobre revocar el mandato de López Obrador.

Pero la jornada se caracterizó por la llegada a cuentagotas de votantes a los puntos de votación, lejos de las largas filas que se registraron en las elecciones intermedias de hace apenas dos meses.

La confusión en torno a la pregunta del plebiscito, sus consecuencias y la postura del presidente, quien a pesar de convocarlo no fue a votar, impactó sobre el escaso nivel de participación.

En un inicio, la consulta convocada por López Obrador proponía enjuiciar a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018) por corrupción, fraudes electorales y la guerra contra el narcotráfico, entre otros males.

Pero la Corte Suprema modificó la pregunta para preservar la presunción de inocencia y dejó un enunciado muy abierto que planteaba a los mexicanos si quieren “emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados”.

El enunciado dividió a los mexicanos entre los que creían que la consulta podía acabar con la histórica impunidad en el país y los que consideraban absurdo votar para que se aplique la ley.

Mientras el Ejército Zapatista había apoyado la consulta para resarcir a víctimas de masacres, la organización Human Rights Watch la había tachado de “circo político”.

Durante los días previos a la consulta había arreciado el enésimo choque entre el oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y el Instituto Electoral, que López Obrador plantea suprimir, y este domingo se recrudeció.

El líder de Morena, Mario Delgado, culpó al INE de no haber hecho suficiente difusión y de haber puesto solo un tercio de las mesas electorales que hubo en los últimos comicios. “Le tienen un profundo desprecio a la voluntad popular”, dijo Delgado, quien consideró que “es urgente que cambiemos a esta autoridad”.

En respuesta, el presidente del INE, Lorenzo Córdova, denunció “las mentiras que buscan desinformar” desde el entorno de Morena y recordó que no se pusieron más mesas porque el Congreso, con mayoría morenista, rechazó aumentar el presupuesto para la consulta.

El único expresidente que se pronunció en redes fue Vicente Fox, quien ironizó: “Día histórico. La más baja votación de todos los tiempos!”

¿Y ahora qué?

La pregunta del millón es ¿qué pasará ahora?. Morena, que a pesar de todo consideró un “éxito” la consulta, prometió que si ganaba el 'sí', con independencia de la participación, impulsaría una Comisión de la Verdad para investigar a las Administraciones pasadas.

Pero lo cierto es que López Obrador nunca detalló cuáles serían las consecuencias de la consulta.

A pesar de haber convocado y llamado a la participación en el plebiscito, el presidente no votó porque, como había dicho en anteriores ocasiones, su fuerte “no es la venganza”.

El Tribunal Supremo ha reforzado el blindaje legal de la tauromaquia levantado por el Partido Popular en 2013 cuando disfrutaba de mayoría absoluta en el Congreso. Los magistrados han prohibido realizar consultas sobre las corridas de toros. En un mes ha rechazado los recursos de San Sebastián (Gipuzkoa) y Ciempozuelos (Madrid) que pedían levantar el veto a las consultas populares sobre los toros impuesto por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2017. La declaración de la tauromaquia como patrimonio cultural funciona como cortafuegos.

En sendos casos, el Supremo se remite al carácter de patrimonio cultural que el PP otorgó a la tauromaquia por ley. “La Ley no da libertad a las Administraciones Públicas para promover o no la conservación de la tauromaquia”, ha dicho sobre la localidad madrileña en una sentencia de 7 de marzo. Ciempozuelos pretendía preguntar a los vecinos si querían que hubiera presupuesto municipal destinado a la tauromaquia. Y añade que hay una obligación de poner estos espectáculos en valor por ser considerados patrimonio cultural. El Ayuntamiento deberá abonar 4.000 euros de costas procesales.

En el caso de la ciudad vasca –que quería preguntar si las instalaciones municipales debían ser destinadas a estos espectáculos–, los magistrados fallaron en febrero pasado que “no es una medida inocua en cuanto al deber de fomento del patrimonio cultural, del que la tauromaquia forma parte”. No se quedaron ahí ya que expusieron que, si los donostiarras decidieran que no desean dedicar la infraestructura a los toros, “no existe otra instalación que permita celebrar corridas con la garantía de seguridad que ofrece el pabellón multiusos”.

“De todos los españoles”

La ley aprobada en 2013 establece que “es competencia de la Administración General del Estado, garantizar la conservación y promoción de la Tauromaquia como patrimonio cultural de todos los españoles”. Este texto se ha revelado una poderosa arma para frenar cualquier iniciativa oficial que cuestione los toros. Ante la convocatoria en 2017 de estas consultas, el Ejecutivo las prohibió. Los ayuntamientos recurrieron y el Tribunal Supremo ha contestado a inicios de 2019.

El blindaje ha servido para, por un lado, que la tauromaquia sea objeto de un proyecto específico de promoción llamado Plan Estratégico Nacional de Fomento y Protección de la Tauromaquia (Pentauro). El plan nació “del cumplimiento del mandato al Gobierno” de esta precisa ley, según informaba el Ministerio de Cultura al presentarlo. La idea del Pentauro es “fomentar y garantizar el libre ejercicio de la Tauromaquia, actualizando y transmitiendo a la sociedad la trascendencia de su valores y la vigencia de su cultura”. Contempla una amplia lista de medidas económicas, tributarias, estadísticas sobre Seguridad Social, educativas, ganaderas y arquitectónicas en las que se implicaba como responsable al Gobierno.

Además, su carácter legal de patrimonio cultural bajo el paraguas del Ejecutivo ha bastado para salir al cruce de proyectos como los referendos ahora vetados, la ley catalana que prohibía las corridas o la balear de bienestar animal que introducía condicionantes para que evitar sufrimiento y muerte de las reses. La norma de 2015 fue recurrida por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional.

De nuevo, la regla de 2013 funcionó. A finales de diciembre de 2018, el Tribunal Constitucional estableció que los animales deben morir para no desvirtuar el carácter cultural de la tauromaquia regulado por ley. Según el fallo, era “imposible reconocer las características nucleares”, de las corridas de todos si se realizaban de acuerdo la normativa aprobada por el Parlamento balear. El reglamento taurino establece que la lidia tienen que acabar con la vida del toro. Si no muere el toro, la tauromaquia no es cultura.

Hubo un tiempo en que el páramo de Quimsacocha, situado a más 3.500 metros de altitud en el sur de Ecuador, era un lugar desconocido del que casi nadie había oído hablar. Los habitantes de las comunidades vecinas, ubicadas ladera abajo, apenas lo visitaban para llevar a pastar a su ganado. Algunos contrabandistas atravesaban sus inhóspitos caminos para transportar artículos prohibidos desde la costa del Pacífico hasta la andina Cuenca, la tercera ciudad más poblada del país.

Pero todo cambió hace dos décadas, cuando los lugareños comenzaron a ver a gente desconocida merodear por el páramo, removiendo la tierra en busca de metales preciosos. Fue el inicio de una larga resistencia contra el proyecto minero Loma Larga que podría culminar este domingo 24 de marzo, con la primera consulta popular ambiental vinculante de la historia del país, que tendrá lugar en el ecuatoriano cantón de Girón.

“Son 20 años de lucha en defensa del agua, en defensa de los páramos, en defensa de Quimsacocha”, recuerda Virgilio Ramón, presidente de los Sistemas Comunitarios de Agua de Girón, perteneciente a la provincia de Azuay. “El páramo es fuente de agua para la parte baja, por eso estamos en contra de la minería. Ahora estamos muy felices con esta consulta porque sabemos que el pueblo de Girón y las demás comunidades van a arrimar el hombro para decir 'no' a la minería”, asevera Bolívar Quezada, coordinador de la misma organización, promotora de la consulta.

El referéndum, que coincidirá con la celebración de las elecciones municipales y provinciales ecuatorianas, planteará a los más de 15.000 votantes de Girón la siguiente pregunta: '¿Está usted de acuerdo que se realicen actividades mineras en los páramos y fuentes de agua del Sistema Hidrológico Kimsakocha (Quimsacocha)?'.

“Sabemos que 8 de cada 10 personas están en contra de la minería, por eso el Gobierno y las empresas no quieren que se dé la consulta, porque va a deslegitimar sus proyectos, sus engaños, sus falacias”, declara Yaku Pérez, reconocido líder indígena originario de una comunidad cercana al proyecto minero. Pérez, que ahora se presenta como candidato para gobernar la provincia de Azuay, ha sido una figura clave en la resistencia antiminera. En 2011, organizó una consulta comunitaria en otras dos poblaciones afectadas por Loma Larga, donde el 93% de los participantes dijo no a la explotación.

Sin embargo, el presidente de aquel entonces, Rafael Correa, desestimó los resultados alegando que el proceso no había seguido los cauces constitucionales. Fue entonces, en 2012, cuando los activistas de Girón decidieron impulsar un referéndum siguiendo todos los requerimientos legales. Tras siete años plagados de trabas burocráticas, este domingo por fin llegará el día de la consulta, que fue aprobada en enero por el Consejo Nacional Electoral.

Quimsacocha, que significa 'Tres Lagunas' en kichwa, es un humedal andino situado sobre una caldera volcánica que abarca más de 10.000 hectáreas. Allí nacen numerosos ríos que abastecen a las poblaciones cercanas, incluida Cuenca, con más de 300.000 habitantes. Bajo su superficie yacen 62 toneladas de oro, 377 toneladas de plata y 40.000 toneladas de cobre.

El proyecto minero, concesionado a la empresa canadiense INV Metals, ha generado múltiples controversias debido a la importancia hídrica del territorio donde se asienta. Sus detractores, que han impulsado la consulta popular, temen que la explotación contamine para siempre las fuentes de agua. Enfrente, los partidarios de la extracción esperan que la presencia de la empresa minera traiga “desarrollo” y trabajo a una región deprimida en la que muchos de sus habitantes han migrado a Estados Unidos o España en busca de una vida mejor.

“La minería genera empleo, salud y educación para nuestros hijos. Nos permite sobrevivir acá, sin tener que migrar a otro lado. En el caso de las familias, los esposos están cerca. Todos los días salen y regresan del trabajo”, afirma Reveca Nieves [sic], presidenta del Sistema de Agua Potable de San Gerardo, el núcleo de población del cantón de Girón más cercano al proyecto minero.

“En los años 70 y 80 mucha gente se fue, dejaron la agricultura para irse a Estados Unidos”, reitera esta mujer de 47 años, que destaca las obras realizadas en su pueblo con las regalías de la empresa minera.

Un pueblo dividido

San Gerardo es un pequeño asentamiento rodeado de montañas con una población aproximada de mil habitantes. A diferencia de muchas aldeas andinas de Ecuador, cuenta con calles adoquinadas, un moderno centro de salud, alcantarillado y agua potable. Todo ello fue construido durante el Gobierno de Correa con una inversión de 3,5 millones de dólares proporcionados por la multinacional canadiense. Estas mejoras en sus infraestructuras, unidas a los puestos de trabajo que ha generado para la población local, ha hecho que muchos de sus habitantes se posicionen a favor de la explotación.

No obstante, en el pueblo se respira un ambiente de fuerte división entre partidarios y detractores de la minería. Lo confirma Manuela Arévalo, una modesta campesina que se dedica a la agricultura y a la ganadería en San Gerardo. “Aquí vivimos de sembrar hortalizas, tenemos vacas que dan leche. Cuando entre la minería, no va a haber agua, vamos a tener contaminación y no podremos criar a nuestros animales”, lamenta la mujer de 62 años, preocupada por que la empresa pretenda ganar adeptos a cambio de “regalar ovejas y pollos” a los pobladores.

En la actualidad, Loma Larga se encuentra en fase de exploración avanzada. La consulta popular decidirá si se progresa a la siguiente etapa: la explotación. Para ello, sería necesario excavar un túnel que lleve hasta la veta subterránea que contiene los preciados minerales, situada a aproximadamente 120 metros de profundidad.

Según INV Metals, la explotación requerirá extraer 3.400 toneladas diarias de material sobrante de las entrañas de la montaña durante los 12 años de vida útil de la mina. Es una cantidad de desechos equivalente a la basura diaria que generó toda la ciudad de Madrid en 2015.

“Quimsacocha es un sistema hidrológico muy complejo que almacena millones de metros cúbicos de agua. Realizar actividades de alto impacto como la minería es prácticamente asestarle un golpe mortal”, presagia Kléver Calle, integrante del colectivo ecologista Yasunidos Guapondelig.

“Vamos a tener agua contaminada, porque el yacimiento minero no solo tiene oro, plata y cobre, que es lo que busca la compañía minera, sino que también tiene sulfuros porque es un volcán inactivo. Eso genera ácido sulfúrico, que va arrastrando metales pesados como el arsénico, que en el caso del yacimiento contiene del 8 al 12%. Estamos hablando de una catástrofe ambiental”, remarca el activista.

Pese a las negativas predicciones de los ecologistas, algunos habitantes de San Gerardo continúan siendo favorables a la explotación minera, si bien no temen expresar sus reservas. Es el caso de Salvador Arévalo, miembro del Gobierno local de San Gerardo. “Se sabe que toda minería perjudica, pero la empresa habla de una minería responsable, de una minería bien tecnificada”, manifiesta este hombre de robustas manos, ataviado con un sombrero negro.

“Todo lo que dicen lo tienen que cumplir. Y si no se da eso, nosotros como pueblo tendríamos que levantarnos también”, advierte Arévalo, que trabajó para INV Metals como transportista después de regresar de Nueva York, donde vivió como inmigrante durante siete años.

Los pronósticos apuntan a una victoria del 'no'

Loma Larga fue catalogado por el Gobierno de Quito como uno de los cinco proyectos estratégicos que pretendían convertir a Ecuador en un país minero. El Estado esperaba obtener 554 millones de dólares en impuestos por su explotación, además de la creación de 1.450 puestos de trabajo. Ahora, la incertidumbre generada por la consulta pone en duda la viabilidad de la iniciativa.

Por su parte, es posible que la compañía canadiense, que según el presidente de la Cámara de Minería del Azuay ya ha gastado más de 100 millones de dólares en el proyecto, recurra a los tribunales internacionales para demandar a Ecuador por no garantizar su inversión.

“La empresa está muy asustada porque siempre ha operado fuera de lo que piensan las comunidades. Ha interpuesto acciones legales para impedir la consulta y podría llamar al boicot”, asegura Nataly Torres, profesora de la Universidad de Cuenca.

Pese a los múltiples obstáculos encontrados en el camino, finalmente el referéndum sobre el proyecto minero tendrá lugar este domingo. Los pronósticos apuntan a una clara victoria del 'no', pero no está tan claro qué ocurrirá después. El carácter vinculante de la consulta obliga al Estado a respetar la decisión popular, pero INV Metals podría modificar el proyecto para alejarlo de la jurisdicción territorial de Girón y llevarlo a un municipio aledaño, ya que el páramo de Quimsacocha está dividido entre varios cantones. De lo que sí están seguros los activistas es que la votación marcará un precedente en la lucha contra la minería en el país andino.

“Estamos convencidos de que vamos a ganar la consulta popular. Pero tampoco nos podemos confiar: van a circular chorros de dinero para comprar conciencias. Porque si se cae el proyecto de Quimsacocha, para las mineras es una chispa que va a permitir prenderse la llama de la resistencia en el resto de zonas del país”, augura Yaku Pérez, quien también puede convertirse en gobernador provincial este domingo.

La primera consulta popular realizada en Aragón, tras autorización del Consejo de Ministros, llevó hace unos días a las urnas a 821 vecinos de Cella (Teruel), que votaron si pedían al Gobierno de Aragón proteger como Zepa (Zona de especial protección para las aves) la finca El Prado de su localidad. La participación llegó apenas al 38 %, de un total de 2.145 vecinos, y eso que la polémica sobre la recuperación de la laguna del Cañizar, que ya inunda parcialmente la finca, había provocado notables enfrentamientos entre los propios vecinos.

En 2015, el Ayuntamiento, con mayoría del Partido Popular, comenzó con el proceso para aprovechar esta finca como espacio para garantizar la recuperación del humedal, situado en terrenos de Cella y Villarquemado de los que desapareció hace décadas, según los ecologistas, por el uso del agua para el riego.

La laguna se había incluido en 2012 en el Inventario de Humedales Singulares de Aragón, después de varios años de recuperación, pero lo que unos veían como un avance medioambiental y social, otros lo miraban con recelo desde la agricultura tradicional. De hecho, los regantes de la zona reprochaban que el mantenimiento de la laguna detraía recursos para sus campos, mientras que los ecologistas criticaban que los agricultores abrían las compuertas impidiendo que quedara suficiente caudal para que se desarrolle el ecosistema propio del humedal.

Unos y otros se han mirado desde el principio con recelo. Y ese recelo llegó a las urnas. En las últimas elecciones, el PP perdió la Alcaldía al quedarse con 4 concejales, en favor del PSOE (5 ediles), que había prometido en campaña realizar esta consulta si se hacía con el bastón de mando.

A pesar de estas posiciones de partida, en la consulta popular ambas formaciones dieron libertad de voto a sus militantes. Al final, 647 votaron “no” y 158 “sí” a la pregunta: “¿Está Vd de acuerdo con que el Ayuntamiento solicite reactivar la declaración de la finca municipal El Prado como Zepa?”.

Resultado esperado

El resultado era el esperado para la mayoría, después de que los detractores, agrupados en la Plataforma No a la Laguna, hubieran manifestado airadamente su posición. Sus argumentos son, principalmente, que la medida perjudicaría a la agricultura de la que viven muchos vecinos a los que ya no les gustó en su día que el agua de esta laguna, desecada hace décadas, volviera para devolver a la zona su carácter de humedal, condicionando, decían, los riegos y sus derechos históricos.

Un ejemplo de los argumentos de los detractores está en el PAR, cuyo único concejal defendía antes de la celebración de la consulta, que “significaría la inutilización de tierras de cultivo y áreas forestales en esa superficie y su perímetro”, y también limitaciones para la agricultura y la ganadería respecto a los usos del agua dulce.

Además, la cercanía del polígono, la línea ferroviaria y una de las empresas madereras de Cella les hacía pensar que la Zepa condicionaría la ampliación y desarrollo de las empresas, poniendo como ejemplo el rechazo de la autovía Cuenca-Teruel, precisamente argumentando que su trazado afectaba a una Zepa.

Mientras, los partidos y las organizaciones ecologistas reiteraban de nuevo que invertir y apostar por el humedal es hacerlo por el futuro, pensando en un turismo de calidad que revitalice el pueblo, como ocurre con la cercana Laguna de Gallocanta.

En ese extremo se manifestaba Ganar Teruel, que apoyaba la declaración de Zepa, figura “prioritaria”, dicen, en la recepción de ayudas agroamientales, y defendían además que supondría “un reclamo turístico que generaría una fuente de empleo”.

Consideraban que las limitaciones a las actividades que se puedan desarrollar en este espacio “prácticamente” no se verían afectadas por la declaración, ya que al estar considerada rústica no urbanizable ya tiene sus propias limitaciones.

Tras la votación

Con los resultados ya en la mano, el PSOE ha dicho que acatará la decisión y no pedirá la declaración, mientras que Ganar Teruel criticaba las formas y explicaba la baja participación, en buena medida por la fecha elegida, coincidiendo con una festividad, así como por la falta de divulgación e información para la consulta, que llevó a muchos vecinos, aseguraban, incluso a no enterarse al no haber mandado tarjetas censales.

Y todo ello se ha producido al mismo tiempo que han comenzado las actividades de divulgación y participación en torno a la laguna, elegida como zona piloto dentro del proyecto europeo WETNET, financiado con fondos Interreg e impulsado en Teruel por el Gobierno de Aragón.

Este proyecto busca configurar un modelo novedoso de gestión de humedales distribuidos por la cuenca del Mediterráneo en los que, según su filosofía, se busque el equilibrio entre la conservación de los ecosistemas y las actividades económicas del entorno.

Los venelozanos ya han comenzado a votar en la consulta popular convocada por la oposición al Gobierno contra el proceso constituyente iniciado por Nicolás Maduro y con la que esperan evidenciar el rechazo al presidente del país. Los centros de votación en Venezuela han abierto sus puertas a las 7.00 hora local (11.00 GMT), y algunos de ellos minutos antes, dando comienzo a la participación.

Los venezolanos están llamados a las urnas para rechazar o aprobar el proceso constituyente iniciado por el Gobierno. En concreto, deben decidir sobre la renovación de la Asamblea Nacional, que está previsto que elija a los redactores de la nueva Carta Magna.

La consulta consta de tres preguntas: a) ¿Rechaza y desconoce la realización de una Constituyente propuesta sin la aprobación previa del pueblo de Venezuela?; b) ¿Demanda a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana obedecer y defender la Constitución del año 1999 y respaldar las decisiones de la Asamblea Nacional?; y c) ¿Aprueba la renovación de los poderes públicos, así como la realización de elecciones libres y la conformación de un gobierno de unión nacional?

La colación opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que organiza la consulta convocada por la Asamblea Nacional, promueve el Sí en las tres cuestiones. La oposición espera, con esta votación, evidenciar el supuesto rechazo popular al presidente de Venezuela.

Maduro considera que la consulta es inconstitucional porque no está organizada por el Consejo Nacional Electoral y, por tanto, no podría ser vinculante. El Gobierno también ha tachado de ilegal el proceso debido a que está vigente el veto del Tribunal Supremo de Justicia a la Asamblea Nacional. Por su parte, la MUD defiende que se trata de un plebiscito.

El pueblo venezolano ya puede votar en diferentes países, como Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Nueva Zelanda, Australia, Kuwait u Omán. En España, los venezolanos también tienen habilitado el derecho a voto en distintos puntos. El Ayuntamiento de Barcelona habría impedido montar en un centro cívico las urnas para la consulta por no haber tramitado los permisos, de forma que la votación se ha trasladado a la calle, que ha sido cortada al tráfico por la Policía Local.

La convocatoria de “consultas populares” se ha convertido en un reclamo a la participación ciudadana por parte de un buen número de alcaldes de las grandes ciudades, pero en ningún caso se ajustan a los criterios que marca la ley para que puedan ser denominadas como tales, y no dejan de ser encuestas sobre la opinión pública sin carácter vinculante y donde el respeto a lo votado por la ciudadanía depende de la voluntad del equipo de gobierno de turno. 

De hecho, desde que se reguló esta figura en 1985, el Gobierno de la Nación ha autorizado 45 consultas populares en el sentido legal de la denominación, pero siempre en municipios más pequeños, si bien, como en el caso de las preguntas planteadas por las grandes ciudades, responden a los temas más variopintos.

De este modo, ninguna de las 50 mayores ciudades del país ni ninguna de las capitales de provincia -no coinciden totalmente los dos listados- ha usado la fórmula regulada por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. Ésta establece la posibilidad de que los alcaldes, previo acuerdo por mayoría absoluta del pleno y autorización del Gobierno de la Nación, “podrán someter a consulta popular aquellos asuntos de su competencia y de carácter local que sean de especial relevancia para los intereses de los vecinos, con excepción de los relativos a la hacienda pública”. Igual que prevé también que los vecinos podrán pedir la consulta popular cumpliendo determinados requisitos.

El hecho de que no las convoquen con todos los requisitos de la ley está muy relacionado con las exigencias que esta fija para que le proceso “tenga todas las garantías”, como explican desde el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que huye de calificar como consultas populares a este tipo de convocatorias. “No lo son. Para que haya una consulta popular, la ley fija muy claramente los criterios que hay que cumplir, de manera que el proceso sea absolutamente garantista”, exponen desde este departamento.

Previstas en grandes ciudades: 8

De momento, esta autorización del Gobierno de la Nación no la tienen las ocho grandes ciudades que han prometido “consultas populares” este año: Madrid que la acaba de estrenar, entre otras cosas para decidir la posible unificación de los bonos de transporte público; Valencia, sobre la remodelación de la Plaza de la Reina; Málaga, sobre los destinos de los terrenos de la antigua Repsol; Vitoria, sobre si hay o no toros en La Blanca; Oviedo, sobre el color de la flota de autobuses urbanos; Santa Cruz de Tenerife, sobre en qué plaza habilitar un área para perros; Getafe, sobre si se derrumba o no la plaza de toros, por problemas estructurales; y Cádiz sobre las barbacoas en el Trofeo Carranza.

Por su parte, el Ayuntamiento de San Sebastián propuso una encuesta sobre la eliminación de los festejos taurinos. Pero ha sido suspendida por el Juzgado número 2 de lo Contencioso Administrativo de San Sebastián, que ha estimado el recurso interpuesto por la Delegación del Gobierno, por incumplir precisamente con los requisitos de la ley. No es habitual que se recurran, pero ha ocurrido en este caso con un tema tan sensible como los toros. Por cierto, propuestas antitaurinas que también han sido debatidas en los plenos de Alicante y Bilbao, pero que no han llegado a prosperar.

Celebradas en grandes ciudades: 5 

En cambio, no han tenido problemas para celebrarse estas encuestas -erróneamente llamadas consultas populares- en Sevilla, a finales del pasado año sobre la fecha de la Feria de Abril, y también en 2016, en Alcalá de Henares (usos de la superficie del parking de las Eras del Silo) y en Castellón (ubicación de seis parques infantiles). En 2015, hubo una en Las Palmas de Gran Canaria (denominación de la calle Juan Rejón). Y en 2013, en Segovia (palacio de congresos en Palazuelos de Eresma).

Con éstas se completa el listado de grandes ciudades que han recurrido a este tipo de fórmulas, dado que el Ayuntamiento de Valladolid prometía una sobre el soterramiento del ferrocarril pero ha acabado desistiendo.

En este sentido, desde el Ayuntamiento de Sevilla reconocen, tras el “exitoso” proceso para decidir las fechas de la Feria de Abril, que “organizar una consulta popular como marca la ley tiene un coste muy elevado”, porque “entre otras cosas hay que darle una determinada publicidad, colocar tantas mesas electorales, cumplir unos plazos, etcétera”. En cambio, defienden desde el equipo de gobierno liderado por Juan Espadas (PSOE), en este caso se ha optado por “una plataforma ágil y muy económica y que puede ser usada para otros procesos”, en referencia a la aplicación empleada para consultar a la ciudadanía.

Una figura poco usada

En este contexto, el profesor José Luis Martínez-Alonso (Universidad de Barcelona) recopiló entre 1985 y 2010, en su estudio 'Las consultas populares municipales: consideraciones sobre el marco normativo y su identificación como referéndum', un total de 28 autorizadas por el Consejo de Ministros y 63 denegadas, a las que hay que sumar las 17 aceptadas y las ocho rechazadas desde 2010 hasta la fecha, según la información recabada por eldiario.es/andalucia. Esto hace un total de 45 autorizadas y 71 rechazadas, sobre todo porque preguntaban por cuestiones que excedían las competencias del consistorio o afectaban a otras poblaciones.

“Se trata de una cifra extraordinariamente baja de consultas populares si se atiende tanto al tiempo transcurrido desde su habilitación legal [...] como al elevado número de municipios en España”, reflexiona José Luis Martínez-Alonso, tras estudiar 25 años de la ley correspondientes a siete mandatos en las administraciones locales. Hay que unir a esto que mucha de las que son autorizadas no terminan desarrollándose porque los municipios renuncian a ello.

En las autorizadas la última década, destaca que la provincia más activa en la materia, ha sido Guipúzcoa, con vía libre para siete municipios, sobre todo para consultas populares en materia de gestión de residuos. La gestión del agua, como en el caso de la consulta popular autorizada para Galaroza (Huelva); la limitación de la velocidad en determinadas calles, para Pinoso (Alicante); y, sobre todo, las fiestas patronales, en Massamagrell y Alcublas (Valencia), Torrelodones (Madrid) y recién autorizada para Fuente de Pedro Naharro (Cuenca), han sido otros temas recurrentes. 

A los habitantes y comerciantes del barrio santacrucero de La Gallega, en el distrito Suroeste de la capital tinerfeña, no les convence la postura, parece que inamovible, de los representantes del Cabildo de Tenerife, que se empeñan en solo una de las seis propuestas técnicas que hay sobre la mesa para el trazado de prolongación de la línea 2 del tranvía desde Tíncer a esa zona. Esa elección del Cabildo es, precisamente, la que afecta a su avenida principal, la de Los Majuelos, y la que más oposición ha encontrado entre los vecinos y empresarios del lugar.

Los mismos colectivos tampoco se creen los “estudios que avalan” la opción preferida por Metropolitano de Tenerife (la empresa que gestiona el tranvía, del Cabildo) e indican que desde el primer momento se percataron de las intenciones de ese proyecto. El presidente de la asociación de empresarios de La Gallega Alagapyme, José Manuel Afonso, recuerda el rechazo unánime a los dos kilómetros del nuevo trazado que se pretende extender a través de la avenida de Los Majuelos, pues estima que la zona morirá comercialmente. Los detractores de esa ampliación insisten en que “ya hemos visto bastantes ejemplos de los efectos nocivos de esa infraestructura tranviaria en Rambla Pulido, Ángel Guimerá o Taco, y eso no lo queremos para nosotros”, subraya.

Así las cosas, la organización empresarial citada y los vecinos tienen la intención de solicitar tanto al Gobierno de Canarias como al Cabildo que ellos hagan una consulta popular, “de la manera que crean oportuna, pero que sea fidedigna”, aunque no descartan recurrir a otras instituciones y estamentos para preguntar sobre los procedimientos para la elaboración de ese tipo de sufragios.

“Somos partidarios de escuchar el criterio de las personas frente a cualquier imposición, ya sea porque alguien lo quiere sin más o porque tiene interés o, como se nos ha dicho desde CC, porque es una promesa electoral que se quiere cumplir. Aquí solo atendemos a los puestos de trabajo de los que dependen miles de familias”, remarcó Afonso.

Efectos negativos en varios frentes, según los contrarios al proyecto

Más allá de la repercusión comercial de la obra proyectada, vecinos y empresarios también observan los efectos sociales, contrastados con organizaciones y colectivos, pues a los perjuicios sobre otros medios de transporte y su incidencia económica en los bolsillos de estos profesionales “hay que sumar la inquietud de los 1.000 trabajadores de las 400 empresas que se reparten a lo largo de la avenida de Los Majuelos, porque son conscientes de que esas actividades no van a aguantar los años que duren los trabajos de construcción del nuevo trazado”, indicó.

Además, recuerdan que el trazado inicial de esa ampliación, tal y como lo contempla el PGO de la capital, discurre por la avenida de Las Espérides, puesto que esa era una zona en la que se preveía todo el crecimiento poblacional y las dotaciones públicas, una expansión que se diluyó con la crisis y que terminó asumiendo la avenida de Los Majuelos.

No obstante, la decisión sobre el trazado final aún no está tomada, y ello dependerá de las posturas políticas, pues, en las últimas fechas, el propio alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, se ha decantado por Las Espérides, en contra de lo que plantea el presidente insular, Carlos Alonso (también de CC), que opta por Los Majuelos como única posibilidad. El concejal de Servicios, Dámaso Arteaga, ha vuelto a hablar de una posibilidad más que ha de someterse a estudio.

Votación de los residentes en la zona, “para callar muchas bocas”

Al respecto, y con los matices oportunos, en el grupo de Gobierno municipal (CC-PP) se está a favor de este proyecto, con un desembolso de 37 millones de euros, pero sin un posicionamiento claro, algo que, en principio, dejan sobre el tejado del Cabildo y sus informes técnicos.

Desde la organización Alagapyme apoyan la consulta, entre otras cuestiones porque detrás de este movimiento está la recogida de más de 10.000 firmas en papel, más otro millar en internet y el respaldo popular a las concentraciones y manifestaciones, lo que demuestra que “no solo somos los comerciantes los que están en contra”. Por ello, ante este planteamiento y con el argumento del Cabildo a favor de que el proyecto se realice por Los Majuelos, en función también de “estudios que demuestren su idoneidad, lo lógico sería que la población en su conjunto pueda expresar su opinión, algo que callaría muchas bocas”.

Es un objetivo de legislatura del Gobierno de Castilla-La Mancha la puesta en marcha de la nueva Ley de Participación Ciudadana, incluida además en el acuerdo firmado con Podemos para la investidura de Emiliano García-Page. A principios de julio se abrió un proceso de participación pública antes de la redacción del anteproyecto, con una serie de líneas generales que se encuentran recogidas en el Documento Base de Participación publicado en el Portal de Transparencia y Buen Gobierno de la comunidad autónoma.

En este documento se perfila el chasis de lo que será la nueva norma, partiendo de la necesidad de transformar el “incapaz” modelo tradicional de gobierno “de arriba abajo” en otro donde cobre sentido la participación, entendida como “mecanismo de implicación de la sociedad civil en la acción de gobierno y en el proceso de elaboración de las políticas públicas”. El objeto final es “reforzar la legitimidad” de la ciudadanía y evitar que la actividad política sea concebida como “el espacio exclusivo de una minoría apartada de la sociedad”.

Se considera así que la nueva ley regulará el derecho de participación ciudadana en las decisiones derivadas de las funciones de gobierno y administración de la Junta de Castilla-La Mancha, entendiendo como sujetos activos a los ciudadanos de la región mayores de 16 años; a las entidades privadas sin ánimo de lucro que trabajen por intereses colectivos dentro de la región; y a las agrupaciones, plataformas, foros o redes ciudadanas.

Todos ellos podrán ejercer su derecho a la iniciativa, individual o colectiva, para promover la realización de procedimientos de participación en el marco de gestión de los asuntos públicos. También podrán disponer, con carácter previo, de toda la información pública sobre la materia objeto de participación, así como solicitar la colaboración de los poderes públicos para la realización de eventos participativos.

Por su parte, los poderes públicos estarán obligados a adecuar sus estructuras organizativas para integrar la participación ciudadana en el conjunto de sus actuaciones, a fin de que ésta pueda ser ejercida de forma “real, efectiva, presencial y telemática”. En este punto jugarán un papel importante las nuevas tecnologías, con la configuración de espacios interactivos en sus sedes electrónicas, portales o páginas web. Además, los poderes públicos están obligados a tener en cuenta el resultado de la participación en sus diversos procesos de toma de decisiones.

Procedimientos de participación y evaluación de los servicios públicos

En cuanto a los procedimientos de participación ciudadana, podrán ser instados por los propios ciudadanos a la administración competente mediante comunicación previa y con memoria explicativa, la forma y plazos de realización. Los ciudadanos también tendrán la posibilidad de solicitar apertura de procedimientos de participación a la administración, aunque en este caso se requerirá un mínimo de firmas, que en la norma todavía no se especifica.

Con respecto a los procedimientos de participación a instancia de los poderes públicos, el documento incorpora la apertura de espacios para aportaciones ciudadanas, herramientas de deliberación participativa, y mecanismos demoscópicos como audiencias públicas, foros de consulta, paneles ciudadanos, jurados ciudadanos o encuestas, según la naturaleza del asunto sobre el que se quiera recabar la opinión de la sociedad.

Finalmente, para la evaluación de servicios públicos: el seguimiento de la ejecución y la evaluación de las políticas públicas se realizará a través de la rendición de cuentas en los órganos colegiados de participación ciudadana normativamente constituidos, tomando como base el informe de ejecución de las personas titulares de los órganos directivos competentes. El informe podrá completarse mediante la apertura de un proceso de consulta ciudadana.

Esta norma no contempla otras cuestiones recogidas en el acuerdo de investidura entre PSOE y Podemos, como las acciones legislativas populares. El vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, explicó en una entrevista con eldiarioclm.es que estas figuras participativos tendrá su desarrollo normativo aparte puesto que requieren de la modificación del Estatuto de Autonomía.

Torrejón del Rey (Guadalajara) ha dicho ‘Sí’ a que el Ayuntamiento pague los toros de los festejos taurinos en la localidad. Es el resultado de la consulta popular celebrada este domingo entre 3.948 vecinos mayores de 16 años, los que podían votar de entre una población que supera los 5.200 habitantes.

Los vecinos debían responder con 'Sí' o 'No' sobre si “el Ayuntamiento debe pagar el gasto derivado de la adquisición de reses y los honorarios del director de lidia de los festejos taurinos que se celebran con motivo de las Fiestas Populares del municipio”.

491 vecinos respondían ‘Sí’ frente a los 369 que votaban que ‘No’ aunque los resultados arrojan una baja participación (22%). La consulta tenía carácter vinculante así que el Ayuntamiento tendrá que seguir abonando los 12.000 euros que cada año se gastan en “animales y en los honorarios del director de lidia”.

Era el compromiso que había asumido el alcalde socialista Miguel Figueruelo que, en declaraciones a eldiarioclm.es durante el proceso de consulta señalaba “si sale sí, yo mañana mismo me pongo a hablar con ganaderías para contratar la compra de los toros”. Y así lo hará, según ha confirmado.

En declaraciones a Europa Press, Figueruelo comentaba que asume “con absoluta tranquilidad el resultado”, tras lo que ha definido esta consulta como una “lección democrática”. El alcalde ha lamentado la baja participación y ha indicado que “la gente no está acostumbrada a consultas como ésta”.

Para el Partido Popular “ha quedado claro que los ciudadanos de Torrejón del Rey quieren conservar sus tradiciones, como las han vivido siempre”. El portavoz municipal, Javier López, asegura que “el pueblo de Torrejón del Rey dejó patente con la baja participación registrada, que no son partidarios de este tipo de política, en la que los dirigentes, no toman decisiones en los temas que políticamente pueden perjudicarles”.

“Lo único que sí se ha conseguido, seguro, es enfrentar a los ciudadanos que hasta la fecha vivían en cordial armonía” dicen haber contemplado “con estupor” que los detractores y defensores de la fiesta taurina protagonizaban discusiones en las redes sociales que, en su opinión, “hubieran sido perfectamente evitables si tanto PSOE como Ahora Torrejón hubieran optado por gobernar para todos”.

El Ayuntamiento de Torrejón del Rey (Guadalajara) tiene previsto realizar una consulta popular  el próximo 13 de marzo para conocer la opinión de sus vecinos sobre si el consistorio tiene que asumir los gastos derivados de la celebración de festejos taurinos en la localidad.

Miguel Figueruelo, alcalde del municipio, explica a eldiarioclm.es que la propuesta formaba parte del programa electoral de su socio de gobierno, Ahora Torrejón del Rey, y “el Grupo Socialista lo ha asumido. Somos siete personas y actuamos como equipo de Gobierno”. Dejarían de abonar los 12.000 euros que cada año se gastan en “animales y en los honorarios del director de lidia” que pasarían a destinarse a otros gastos municipales. “Tenemos mucho por hacer en el pueblo”, insiste.

Votarán los mayores de 16 años

En la consulta se formulará una única pregunta a los vecinos, en la que deberán responder con 'Sí' o 'No' sobre si “el Ayuntamiento pague el gasto derivado de la adquisición de reses y los honorarios del director de lidia de los festejos taurinos que se celebran con motivo de las Fiestas Populares del municipio”.

Las dos urnas preparadas para la consulta se abrirán entre las 10h y las 19h y estarán presididas por funcionarios municipales. La consulta será vinculante y en ella podrán participar todos los vecinos mayores de 16 años de una localidad que cuenta con 5.252 habitantes.

Este martes se celebra la primera reunión de una comisión de seguimiento, “una especie de Junta Electoral”, dice el alcalde, formada por los grupos municipales y por representantes de colectivos tanto taurinos como antitaurinos.

La consulta, según el alcalde, se ha planteado con la “más absoluta normalidad” y se ha sorprendido del “revuelo” causado por la iniciativa del equipo de Gobierno. “Es una oportunidad para hacer pedagogía de diálogo en el pueblo, para que unos y otros manifiesten lo que piensan”, sostiene.

“Nunca hemos dicho que vayamos a prohibir los toros”

“Nunca hemos dicho que vayamos a prohibir los toros”Figueruelo dice que hasta en la Junta de Gobierno la opiniones están divididas y que en el pueblo acaban de constituirse dos asociaciones, una a favor y otra en contra que harán su propia “campaña electoral”.

“Se decide hacer la consulta porque es lo más democrático.  Esto es la convivencia”, dice el primer edil que, sin embargo, aclara “nunca hemos dicho que vayamos a prohibir los toros” y, además, el Ayuntamiento seguiría sufragando otros gastos derivados de los propios festejos taurinos, como la intervención de los veterinarios. “Que nadie lo entienda como un desafío, no vamos en contra de nadie”, insiste.

De hecho, explica que los encierros taurinos en la localidad son “multitudinarios” y dejan dinero en el pueblo. El alcalde reconoce que abre “un melón” complicado en una de las provincias más taurinas de España. “La libertad individual está por encima de todo. No queremos ofender a nadie. Es un planteamiento del Gobierno que trasladamos a la calle”.

Hace unos meses, dos ayuntamiento de la región, Villafranca de los Caballeros (Toledo) y Socuéllamos (Ciudad Real) tomaron decisiones similares con respecto a los festejos taurinos de sus respectivas localidades, aunque en este caso sin consulta popular.

El grupo de Gobierno del Cabildo majorero (CC y PSOE) y el PP rechazaron este lunes por la noche, en el pleno celebrado por la corporación, la propuesta presentada por Nueva Canarias-IF referente a la convocatoria de una consulta popular sobre el proyecto monumental de Chillida en Tindaya.

El consejero y presidente de NC en Fuerteventura, Alejandro Jorge, ha explicado, en un comunicado, que tras la respuesta de CC, PSOE y PP “se ha perdido una oportunidad importante para fomentar la participación ciudadana, pues realizar una consulta popular significa involucrar a la ciudadanía en la toma de decisiones que son de gran importancia”.

Jorge se muestra contrario a los argumentos esgrimidos por el grupo de gobierno para rechazar la moción, pues entiende que el acuerdo del pleno para constituir la fundación para posibilitar la realización de la obra no imposibilita la celebración de la consulta, señala la nota.

El presidente de NC en la isla ha recordado que este paso “no es definitivo”, ya que “habrá que encargar un proyecto de viabilidad para saber si finalmente puede hacerse o no” y ha insistido en que “la consulta popular no está reñida con que el Gobierno insular camine en la dirección que considere”.

Jorge cree que “no hay nada malo en preguntar a los ciudadanos” y ha recordado que hace unos meses “CC y el PSOE eran los partidos que, después incluso de que Repsol obtuviera los permisos para realizar las prospecciones petrolíferas, siguieron insistiendo en la necesidad de hacer una consulta popular”.

“En cambio, ahora rechazan la propuesta porque dicen que ya han creado la fundación para que se encargue de realizar el proyecto”, ha añadido Jorge.

Con respecto al rechazo del PP, el consejero ha asegurado que estaba dentro de lo previsible, “ya sabemos que el Partido Popular no es muy amigo de consultar a los ciudadanos”.

Izquierda Unida Canaria (IUC) solicita al Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma que “abra a la participación ciudadana el traslado de las oficinas municipales y que no cierre ningún acuerdo antes de las elecciones”, según se informa en nota de prensa. “Ante las informaciones que señalan que el Ayuntamiento y Correos podrían cerrar un acuerdo para el traslado en abril, desde IUC volvemos a manifestar nuestro rechazo a este proyecto que ha dejado por el momento muchas preguntas sin resolver”, aseguran.

Por ello, IUC ha registrado en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma un escrito en el que “solicitamos se nos responda a una serie de cuestiones que consideramos fundamentales conocer antes de que el actual grupo de Gobierno tome una decisión tan importante como la de trasladar las oficinas de la Plaza de España”.

En este sentido, añaden, “seguimos sin saber en qué se van a ver beneficiados los ciudadanos con el cambio, ya que no conocemos el coste del alquiler de las nuevas instalaciones, ni siquiera si supondrá un ahorro para las arcas del municipio, ni tampoco el coste del traslado. El uso y la gestión del actual edificio es una cuestión que también tiene que ser aclarada”, dicen.

IUC considera que “dada la proximidad de las elecciones municipales y por salud democrática, debería considerarse la posibilidad de someter el traslado a un proceso de participación ciudadana o, en su ausencia, esperar a después de las elecciones para la firma del acuerdo”. Para IUC, “en Santa Cruz de La Palma la prioridad en el gasto público debe estar orientada a paliar las consecuencias sociales de la crisis y la creación de empleo”.

La futura Ley de Participación, de la que la Junta de Andalucía acaba de aprobar el anteproyecto, tiene en el establecimiento de la consulta popular -no siempre con voto en urna, sino que hay diferentes fórmulas recogidas- su más claro exponente de que los políticos no pueden gobernar de espaldas a la ciudadanía. Proponemos repasar tres ejemplos de polémicas abiertas en Andalucía en las que la exigencia de convocar consultas populares se está oyendo con insistencia y donde pueden encontrar la opción -sin que se pueda negar ningún alcalde cuando se cumplan los requisitos para convocarlas- con esta nueva vía.

Hasta que entre en vigor la Ley de Participación Ciudadana en 2015, la manera de intentarlo sería a través de la Ley de Consultas Populares Locales de 2011, que exigen la autorización del Gobierno de la Nación porque tiene carácter de referéndum, son para temas municipales y se convocan sobre el censo. Precisamente, estas dificultades han hecho que cale poco. De hecho, hasta la fecha sólo se ha usado una vez: para decidir sobre la privatización del agua en Aracena (Huelva) el pasado mes de marzo, donde por cierto ganó el “sí” con una participación del 56,24% de los votantes. Eso sí, hay que subrayar que hace unos días se ha aprobado por el pleno del Ayuntamiento de Los Barrios iniciar el procedimiento para una consulta popular según la misma ley con un debate de fondo: preguntar a los vecinos si quieren que se acaben las obras de la cubierta de la plaza de toros o se desmonte para devolverla a su diseño original. En este caso la propuesta de consulta popular ha sido presentada por el gobierno local (PA-PP).

La consulta popular de la Ley de Participación pretende ser una fórmula más ágil y pese a que no sea vinculante, pondrá a los políticos en el brete de tomar una decisión en contra del pronunciamiento de la ciudadanía. Esta consulta popular se amplía también a los temas autonómicos (podría tener derecho a ser llamada a opinar toda la población mayor de 16 años de Andalucía en un momento determinado) pero desde la Junta de Andalucía consideran que será en el plano local donde tenga más impacto. Y en este contexto, precisamente la privatización de servicios públicos tiene todos los visos de ser la que cope su demanda. No en vano, se ha barajado ya -de acuerdo con la ley vigente y sin llevarse a cabo- para casos como los de Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María o Cartaya con el servicio de agua. Junto a este asunto, la instalación de empresas potencialmente contaminantes, es lo que más debate suele abrir. De los dos casos tenemos ejemplos de polémicas abiertas en estos momentos.

Privatización del servicio de agua en Cortegana (Huelva)

La petición de una consulta popular ha salido de las filas de la oposición. El PSOE e IU entienden que el alcalde, José Enrique Borrallo (PP), debería convocarla para conocer la opinión del pueblo en el proceso de privatización del servicio de agua. Pero el regidor se niega. Es más, considera “sorprendente” que lo pidan ahora el PSOE de IU mientras que cuando gobernaban decidieron que el municipio se incluyera en la Mancomunidad Provincial de Servicios (MAS) y Giahsa durante 30 años, y entonces “no lo hicieron” ellos.

Les reprocha por tanto que digan que se haga una consulta popular “para el asunto de la externalización del ciclo integral del agua cuando ellos en su momento no consultaron absolutamente nada”. Igualmente, garantiza que el servicio seguirá siendo público. “Nosotros garantizamos un servicio público del agua, la más barata de toda la sierra”, ha recalcado, incidiendo en que las tarifas las fijará el Ayuntamiento de Cortegana.

Instalación de una empresa en Los Barrios (Cádiz)

Con una consulta popular en tramitación según la ley vigente, en el citado caso de la plaza de toros, la polémica ahora es por la instalación de una planta de almacenamiento de combustibles del grupo Vitol. Colectivos como Cooperación Alternativa y Agaden están exigiendo que el Ayuntamiento de Los Barrios convoque una consulta popular para ello. Recuerdan también que cuando el alcalde, Jorge Romero (PA), estaba en la oposición proponía un referéndum sobre la instalación de la papelera y fábrica de medicamentos de la multinacional LPC Group. Entiende que por lógica debería mantener este criterio cuando se está hablando de instalar una empresa que guardará derivados del petróleo “junto a núcleos poblacionales de Los Barrios y San Roque”, en los que, además de áreas residenciales, hay hoteles, cines, restaurantes, un hospital... Ellos ya entienden que “por sentido común y por precaución” no se debería permitir dicha instalación.

En cualquier caso, estos colectivos insisten en que “en aras de la transparencia y de fomentar la participación” en un asunto “de interés general”, sería deseable que la población afectada pudiera “decidir, con toda la información, si quiere tener o no un almacén de combustible próximo a sus viviendas y negocios”. Exigen que se pronuncie la población cuando tanto el PA como el PP y el PSOE “se han unido para defender este proyecto”, para evitar que “con el argumento de la creación de empleo, pretendan justificar una nueva agresión a la salud y el medioambiente de este rincón de Andalucía, donde la incidencia del cáncer y otras enfermedades es superior a la media”.

Zona azul en Bami (Sevilla)

La ampliación de la zona azul en la capital hispalense ha sido especialmente conflictiva en el caso del barrio de Bami, un entorno que tradicionalmente ha padecido la falta de aparcamientos en sus calles y un trasiego constante de vehículos de vecinos y de los que acuden al hospital Virgen del Rocío y a las sedes de dos consejerías de la Junta de Andalucía allí instaladas. El grupo municipal de IU ha trabajado por la convocatoria de una consulta popular de acuerdo con la ley vigente pero su propuesta ha sido rechazada en la junta municipal del Distrito Sur (12 votos a favor y ocho en contra).

Cuando una parte de los vecino y muchos comerciantes y trabajadores del entorno se oponen a que el Ayuntamiento de Sevilla haya implantado el sistema de pago y rotación para aparcar en superficie (con 1.767 plazas reguladas), la opción que les queda es optar por la vía de consulta popular que abrirá en el futuro la nueva Ley de Participación, suponiendo que para entonces el conflicto no haya muerto.