El PP apuntó tras las elecciones de 2023 al Senado en su lista de armas contra el Gobierno de Pedro Sánchez. El partido de Alberto Núñez Feijóo ejerce un control total de la Cámara Alta gracias a su mayoría absoluta. En la presente legislatura, el PP ha modificado hasta cuatro veces el Reglamento de la institución para ajustarlo a sus necesidades partidistas, ha usado las comisiones de investigación a su antojo, ha intentado bloquear o enmendar la aprobación de leyes como la de amnistía o la de movilidad sostenible. Y ha abierto una docena de enfrentamientos jurídicos con otros organismos institucionales. De momento, no ha ganado ninguno.

El objetivo del PP con el uso de la Cámara presidida por Pedro Rollán está claro: golpear al Gobierno. El Ejecutivo ha estado efectivamente en la diana de los conflictos de atribuciones planteados por la Cámara Alta, bien directamente o bien a través del Congreso. Dichos conflictos implican la denuncia de un supuesto incumplimiento de alguna obligación por parte de la otra cámara de las Cortes o por el Gobierno. 

Es el Constitucional quien debe dirimir la discrepancia. El tribunal de garantías tiene ya cuatro magistrados con el mandato caducado y el PP ha decidido bloquear su renovación. Precisamente es el Senado quien debe poner en marcha el proceso para reponer a su miembros, pero Feijóo ha dado a Rollán la orden de congelarlo.

El último conflicto de atribuciones planteado por el Senado está dirigido contra el Gobierno por no haber presentado el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2026. Tal y como recuerda la Cámara que preside Rollán, la Constitución establece la obligatoriedad de remitir a las Cortes antes de finalizar el mes de septiembre del año en curso las cuentas públicas del siguiente ejercicio. Desde la restauración de la democracia, decenas de gobiernos estatales y autonómicos han obviado el deber de presentar las cuentas en tiempo y forma, tal y como exige la Carta Magna. 

Pero el Senado, controlado por el PP de forma muy habitual, ha esperado a este año para denunciarlo. Y reclamó formalmente el pasado 23 de diciembre al Constitucional que anule las prórrogas presupuestarias aprobadas en 2024, 2025 y la que será aprobada para 2026. Una petición inédita que tendría desconocidas consecuencias legales y económicas, ya que toda la actividad de la Administración General del Estado, así como la asignación de recursos a comunidades y ayuntamientos, descansan sobre dichas prórrogas.

Para el Senado, “los dos precedentes de 1995 y 2019, en los que los presidentes del Gobierno propusieron la disolución de las Cámaras” en ausencia de presupuestos “constituyen una convención constitucional”.

Ambos precedentes se produjeron con presidentes socialistas. Obvia el escrito remitido por el Senado al Constitucional que el último jefe del Ejecutivo del PP, Mariano Rajoy, también eludió la obligación de presentar presupuestos durante sus gobiernos. Nunca convocó elecciones como resultado de su imposibilidad de lograr los apoyos para aprobar las cuentas. De hecho, las de 2018 las sacó adelante con casi medio año de retraso. Poco después, cayó en una moción de censura.

El Senado alega en el escrito que ha remitido al Constitucional y que firma la secretaria general, Sara Sieira, que las prórrogas vulneran hasta cuatro preceptos constitucionales. Entre otras cuestiones, señala la letrada mayor que uno de los preceptos afectados sería el 99.2 de la Constitución, el que habla de la investidura del presidente, “debido a la relación que hay entre la no aprobación de los Presupuestos” y la “pérdida de confianza parlamentaria”. El Senado reclama, por último, “que se señale un plazo máximo para que el Gobierno cumpla con su deber constitucional en materia presupuestaria”.

Guerra abierta con el Congreso

El de los presupuestos es solo el último de los conflictos planteados por el Senado. En lo que va de legislatura, la Cámara Alta ha elevado hasta 12 de estas discrepancias. En octubre, por ejemplo, lo hizo a cuenta de la tramitación de la Ley de Navegación Aérea y Seguridad Aérea. En concreto, por el veto del Gobierno a unas enmiendas ajenas al objeto de la norma y dirigidas a modificar tributos.

El Senado denunció tanto al Ejecutivo, por oponerse a la tramitación de dichas enmiendas, que interfieren en la capacidad recaudatoria del Estado, como al Congreso, por aceptar el veto. Volvió a ocurrir este mismo mes de diciembre, cuando la Cámara Baja descartó las enmiendas aprobadas por el Senado a la Ley de Servicios de Atención a la Clientela para rebajar el IVA temporalmente a algunos alimentos.

Pero estas discrepancias se remontan al inicio de la legislatura, cuando el Senado amenazó con plantear un primero conflicto de atribuciones contra la ley de amnistía. En opinión del PP, aquella norma era una reforma encubierta de la Constitución, por lo que el Pleno de la Cámara Alta planteó la anulación del proceso ante el tribunal de garantías. Entonces Pedro Rollán incumplió el mandato del Pleno de la Cámara que preside y no formalizó el conflicto ante el Constitucional. El tribunal declaró luego constitucional la norma.

Con todo, el objetivo principal del Senado ha sido el Congreso. Este mismo mes de noviembre, planteó otro conflicto de atribuciones contra la Cámara Baja, esta vez por prorrogar el plazo de enmiendas de leyes procedentes de la Cámara Alta. Una práctica habitual en los últimos 40 años.

El PP ha maniobrado durante toda la legislatura para situar al Senado a la misma altura política e institucional que el Congreso. Algo que no contempla la Constitución, que establece expresamente que la Cámara Alta tiene una función “de representación territorial”, y le reserva una función de “segunda lectura” de las leyes que, salvo contadísimas excepciones, siempre deben contar con el visto bueno del Congreso.

Uno de los últimos conflictos entre ambas instituciones se produjo porque el Senado incluyó en un informe mensajes personales de la presidenta del Congreso, Francina Armengol. 

Mientras, la Cámara que preside Pedro Rollán ha tenido problemas internos de cierta gravedad. Un “problema técnico” bloqueó durante meses el acceso a los contratos menores del Senado de 2025, tal y como publicó elDiario.es. O el despido de dos trabajadores de la casa por haberse infiltrado en equipos informáticos tanto institucionales como de los senadores. La Fiscalía investiga lo ocurrido.

Tres contratos menores en todo 2025. Dos de enero y uno de febrero que suman poco más de 1.700 euros, IVA incluido. Es todo lo que recogía el portal de Transparencia del Senado hasta este viernes, a diez días de finalizar el año. De 2024 hay 544 registrados. La Cámara que preside Pedro Rollán, del PP, ha incumplido así la legislación sobre publicidad institucional de índole económica, lo que impedía la fiscalización de su actividad y sus gastos.

Fuentes del Senado achacan a un “problema técnico” la ausencia de los contratos hasta este viernes. Un error que ha sido resuelto tras las llamadas de elDiario.es. Los servicios de la Cámara Alta han publicado en formato texto el listado de los contratos de los tres primeros trimestres del año. Al cierre de esta información, en la Plataforma de Contratación del Estado que gestiona el Ministerio de Hacienda, y donde se publican en paralelo a la web del Senado, solo aparecían los tres contratos antes mencionados.

El incumplimiento no es de ahora ni se ciñe al final del ejercicio. La ley señala que las instituciones regidas por las normas de contratación pública deben ofrecer este tipo de información cada trimestre. Así lo hacen otros organismos similares, como el Congreso o el Ayuntamiento de Madrid, por poner dos ejemplos. Es decir, el Senado faltó a la norma desde la pasada primavera.

La gestión administrativa del Senado depende de la Secretaría General que comanda la letrada mayor, Sara Sieira. elDiario.es se puso este viernes en contacto con la Cámara Alta para preguntar por el motivo de la ausencia de los contratos, y desde la recién creada Dirección de Comunicación explicaron que se debía a un “problema técnico” que ya estaba en vías de solución después de “semanas” trabajando de forma “intensa”.

Las mismas fuentes aseguraron que el “volcado” de la información estaría reactivado de forma inminente, y que la no publicación en tiempo y forma de los contratos no implica que no se hayan seguido los trámites administrativos internos precisos. Los contratos, señalan, han sido aprobados por la Mesa de la Cámara. Horas después de estas explicaciones, la documentación sobre los contratos estaba colgada en la web.

Publicación trimestral y de oficio

Los contratos menores, según la legislación, son aquellos con un “valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios”. La característica principal de estos contratos es que pueden adjudicarse de forma directa y sin un proceso de licitación como tal. Se pueden pedir diferentes ofertas para cada uno de ellos, y así lo establecen las normas internas de muchos organismos públicos. Pero no es obligatorio. El órgano contratante puede decidir directamente.

Lo que sí exigen las leyes españolas sobre contratación pública y transparencia es que se les dé publicidad posteriormente. La normativa es muy clara al respecto: el artículo 63 de la ley de Contratos del Sector Público exige la publicidad de licitaciones, adjudicaciones y modificados de estos acuerdos. “Los órganos de contratación difundirán exclusivamente a través de Internet su perfil de contratante, como elemento que agrupa la información y documentos relativos a su actividad contractual al objeto de asegurar la transparencia y el acceso público a los mismos”, afirma en su apartado primero.

Esta información deberá estar disponible “durante un periodo de tiempo no inferior a 5 años”. La norma establece que el portal deberá incluir “cualesquiera datos y documentos referentes a la actividad contractual de los órganos de contratación” y, en concreto, “la información particular relativa a los contratos que celebre”.

La misma ley establece que los contratos menores deberán publicarse “al menos trimestralmente” y, expresamente, reclama que se informe de “su objeto, duración, el importe de adjudicación, incluido el IVA, y la identidad del adjudicatario”.

Pero no solo la ley de contratos exige su publicidad activa. También la de Transparencia, que en su artículo 8 indica que “deberán hacer pública” de forma automática, sin que nadie lo solicite, “todos los contratos, con indicación del objeto, duración, el importe de la licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a través de los que, en su caso, se ha publicitado, el número de licitadores participantes en el procedimiento y la identidad del adjudicatario, así como las modificaciones del contrato”.

Y marca un plazo muy concreto para los acuerdos de menor cuantía y que, por tanto, están sujetos a menor control previo: “La publicación de la información relativa a los contratos menores podrá realizarse trimestralmente”.

Los contratos de 2024

La página web del Senado sí recoge la relación de contratos menores adjudicados durante el año 2024, que ascienden a 544. Durante ese ejercicio, la Cámara Alta destinó un millón de euros a la contratación menor, de acuerdo a la información publicada. Estas adjudicaciones se distribuyen en tres grandes categorías: obras, que incluye la conservación y reparación de los edificios del Palacio del Senado y sus ampliaciones; servicios, que abarca desde las suscripciones a medios a la reparación de los vehículos oficiales; y suministros, que engloba la compra de libros para la biblioteca de la Cámara o la adquisición de ordenadores.

Los importes varían significativamente según la naturaleza del contrato. La relación de adjudicaciones del año pasado muestra que hay gastos muy reducidos, como la reparación de un pinchazo de una motocicleta oficial, que tuvo un coste de 72 euros (IVA incluido) o las suscripciones a medios digitales por un importe de entre 40 y 60 euros.

Entre los contratos de mayor cuantía —que son los que se aproximan al límite legal— figura el suministro de combustible para los vehículos oficiales (14.999 euros) o un servicio de asesoría para un proceso de selección a un puesto de trabajo que fue adjudicado a la ONG Plena Inclusión Madrid por el mismo importe. También una cuantía muy cercana al límite legal tuvo el contrato de adquisición de 89 monitores de ordenador a la empresa Solitium SL.

El Senado también destinó el año pasado partidas específicas a suministros comerciales, como los 10.490 euros que invirtió en comprar 356 corbatas de seda para la tienda del Senado o los 13.490 que gastó en comprar “300 pañuelos en twill de seda 100% natural, con motivos del artesonado del Antiguo Salón de Sesiones del Senado”. La Cámara Alta también gastó 2.000 euros en el montaje y alquiler de un belén navideño, un trabajo adjudicado a la Asociación de Belenistas de Madrid.

El PP avanza en su estrategia de elevar de categoría al Senado e intentar equipararlo con el Congreso. La Cámara, controlada por la mayoría absoluta del partido que lidera Alberto Núñez Feijóo, ha aprobado el plan de reestructuración interna ideado por la secretaria general, Sara Sieira, cuyo eje central es la creación de una Dirección de Comunicación, una vacante que ya ha sido publicada para ser cubierta. Fuentes del Senado sostienen que la idea es tener una estructura interna “como la del Congreso”, creada hace 20 años.

La nueva estructura implica la creación de una veintena de nuevos puestos laborales, lo cual no conlleva necesariamente la ampliación de la plantilla en ese número, ya que algunas personas serán reasignadas a nuevas funciones por la desaparición de las anteriores. Tampoco se activarán todas las vacantes de golpe, sino que se hará de forma paulatina y según las necesidades futuras de la Cámara Alta.

El cambio es más bien político, según las fuentes parlamentarias consultadas por elDiario.es, que ponen como ejemplo que la elección de la persona que esté al frente de la nueva Dirección de Comunicación será por libre designación. Será dependiente de la Secretaría General y, por primera vez, se abre la puerta a que lo ocupe un letrado, es decir, un experto en derecho.

Será la letrada mayor del Senado quien elija a la persona que dirigirá la comunicación de la institución. El nombramiento deberá pasar por la Mesa de la Cámara Alta, que controla el PP con su mayoría absoluta. Este mismo organismo fue el que aprobó el plan propuesto por Sieira el pasado 25 de noviembre, con el voto en contra de los representantes del PSOE. El acta de dicha reunión no está todavía disponible en la web del Senado.

Pero no solo el director será de libre designación, algo habitual. De las cuatro jefaturas creadas, tres serán de libre designación, y solo una por concurso directo entre los funcionarios de la casa. Y esa sí es una novedad. “Es algo totalmente contrario a la tradición de la administración parlamentaria, en la que la provisión de puestos se rige por el principio de mérito y capacidad”, apuntan las fuentes consultadas por elDiario.es. ¿El motivo?. “Se pretende una dirección hiperpolitizada”, zanjan.

Abierto al cuerpo de letrados

Otra de las novedades más llamativas para quienes conocen las interioridades de las Cortes Generales es que el cargo para la Dirección de Comunicación no estará solo abierto al personal especializado. Sieira ha establecido en su plan, con el respaldo del PP, la posibilidad de nombrar a personas del cuerpo de letrados para ese puesto. 

Sieira es integrante de ese cuerpo y, antes de ser la secretaria general del Senado, ejerció como letrada en el Congreso. Su traslado a la Cámara Alta, ascenso incluido, se produjo poco después de la investidura de Pedro Sánchez y llegó con el encargo de realizar el informe que pudiera parar la ley de amnistía. También se modificó el Reglamento para intentar impedir la tramitación de la norma, pero el Constitucional lo tumbó. El PP amagó con un conflicto hasta entonces inédito con el Congreso que no se llegó a producir.

Pese a los intentos del PP de usar el Senado para impedir o retrasar la aprobación de la ley, esta volvió al Congreso, donde fue finalmente ratificada. Después, el Tribunal Constitucional la avaló.

La remodelación también afecta a la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, un departamento normalmente anodino políticamente que saltó de forma sorpresiva a los medios cuando dos de los informáticos del Senado fueron despedidos por acceder sin permiso a equipos de los senadores y de la propia institución. La Fiscalía de Madrid investiga lo sucedido.

El cambio se ha activado precisamente coincidiendo con el aniversario de la Constitución, que establece que España tiene un sistema de representación popular bicameral, pero con una prelación del Congreso sobre el Senado. Así lo explican los propios letrados de las Cortes en sus comentarios a la ley fundamental, de cuya aprobación se han cumplido este sábado 47 años. Pero el PP ha recurrido desde el principio a su mayoría absoluta no solo para introducir enmiendas y ejercer como cámara de segunda lectura, su principal función.

El PP ha modificado el Reglamento del Senado en diversas ocasiones para poder usarlo contra el Congreso y contra el Gobierno. Ha planteado diferentes conflictos de atribuciones al Ejecutivo y a la Cámara Baja. Ha introducido enmiendas ajenas al asunto de las leyes debatidas para anotarse tantos. Hasta el esperpento de tener que enviar un coche a recoger unas enmiendas que el Senado retrasó entregar, como es preceptivo. 

Al Senado fue el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a ser interrogado en una comisión de investigación. Y es también donde el PP tiene a sueldo al abogado de Manos Limpias en el proceso contra el ya ex fiscal general del Estado, Víctor Soriano. 

El PP ha controlado históricamente el Senado, gracias a un diseño que da una enorme representatividad a las provincias menos pobladas y más afines a la derecha. La actual es la primera legislatura en la que los partidos gobernantes tienen un Senado en contra y con mayoría absoluta. Una situación que difícilmente va a cambiar en el corto o medio plazo. La actual distribución electoral invita a pensar que el PP controlará el Senado de forma habitual durante los próximos años. Y lo está preparando para sacarle el máximo rendimiento.

Un micrófono abierto ha vuelto a 'traicionar' a un político. Este martes ha captado una queja del presidente del Senado, el 'popular' Pedro Rollán, afirmando “Les importa tres pollas en vinagre” al inicio de la sesión plenaria, debido a que sus señorías no le hacían caso cuando les estaba pidiendo que tomaran asiento.

Pocos minutos antes de las 16.00 horas de este martes, un amplio número de senadores ya habían accedido a la Cámara Baja para iniciar la sesión plenaria de la jornada de este 18 de noviembre. Rollán les pidió en varias ocasiones por el micrófono que tomaran asiento, ante lo cual no todos le hicieron caso.

Por ello, el presidente del Senado, volviendo la cabeza hacia el vicepresidente primero de la Mesa, Javier Maroto, se ha quejado con la frase “Les importa tres pollas en vinagre”, sin percatarse de que el micro había amplificado su comentario.

No es la primera vez que un micrófono abierto capta un comentario que un político no quería que se escuchara. Por ejemplo, en mayo de este año se escuchó a Feijóo dictando la respuesta a Gamarra en el Congreso y en marzo a diputados socialistas criticando a Carlos Martínez y a Óscar Puente en las Cortes de Castilla y León. En el mismo mes se oyó a la número dos del ayuntamiento balear de Calvià, del PP, afirmando mientras la portavoz del PSOE criticaba a Vox: “Es la menopausia”.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, visitará oficialmente España el próximo martes, 18 de noviembre, y será recibido por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por la tarde, según han confirmado fuentes gubernamentales a Europa Press, en la que será la segunda vez que el mandatario internacional esté en Madrid tras el inicio de la invasión rusa.

También ese mismo día tiene previsto un acto en el Congreso de los Diputados al que acudirán la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, y el presidente del Senado, Pedro Rollán. Zelenski acudirá al Salón de Pasos Perdidos del Palacio de las Cortes, en un acto programado a las 9.30 horas en el que será atendido por las autoridades.

Hasta ahora no se había revelado la fecha exacta del desplazamiento del mandatario de Ucrania por razones de seguridad, pero ya está confirmada la visita el Congreso, donde será recibido por la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, y por el presidente del Senado, Pedro Rollán. Se reunirá con ambos en el Salón de Pasos Perdidos del Palacio de la Cortes, según se detalla

Zelenski retoma así un viaje a España que tuvo que ser cancelado en abril de este año para que el líder ucraniano pudiera asistir al funeral del papa Francisco en el Vaticano.

El presidente de Ucrania estará el lunes en París, donde será recibido por su homólogo francés, Emmanuel Macron -con quien abordará las garantías de seguridad que podrán ofrecer los aliados de Kiev si se lograra un alto el fuego con Rusia- y desde allí se desplazará a Madrid.

La agenda completa, aún por concretar

A falta de que se dé a conocer la agenda completa de este viaje a España, es posible que Zelenski acuda al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía para ver el 'Gernika' de Picasso, una obra de arte convertida en un símbolo internacional del rechazo a la guerra.

El mandatario ucraniano estuvo en España en 2022, cuando pronunció un discurso ante las Cortes en el que se refirió precisamente al bombardeo a la ciudad vasca por tropas alemanas durante la Guerra Civil para compararlo con la situación de su país, atacado por Rusia: “Estamos en abril de 2022, pero parece que estamos en abril de 1937”.

El Gobierno aprovechará su presencia para trasladarle su pleno apoyo y la necesidad de continuar presionando a Rusia, según anunciaron recientemente fuentes gubernamentales.

El pasado 21 de octubre Zelenski, acordó, en una conversación telefónica con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una nueva reunión entre ambos que aún no ha sido anunciada por Moncloa.

En aquella conversación el presidente ucraniano agradeció el envío por parte de España de 70 generadores para apoyar la reconstrucción del sistema energético del país ante los constantes bombardeos rusos.

Sánchez explicó en un mensaje en X que en su conversación telefónica con Zelenski le garantizó que España seguirá apoyando a Ucrania hasta que se alcance una paz “justa y duradera”.

El inédito choque institucional entre el Congreso y el Senado fraguado durante toda la legislatura ha alcanzado este martes una nueva cota. El Congreso tiene previsto aprobar de forma definitiva este jueves la Ley de Movilidad Sostenible. Los diputados deben debatir y votar las enmiendas introducidas por el Senado la semana pasada. El problema es que este martes la Cámara Alta no había remitido el texto oficial a la Cámara Baja, bloqueando así el proceso parlamentario. El Senado ha alegado falta de personal para enviar la documentación, y el Congreso ha enviado un coche propio, con conductor, a recorrer los menos de dos kilómetros que separan ambas cámaras de las Cortes Generales.

El procedimiento administrativo exige un cauce oficial para las comunicaciones entre las instituciones del Estado. Cuando el Congreso o el Senado aprueban una norma que afecta al otro, debe comunicarlo en tiempo y forma a través de un oficio firmado por la persona que ocupe la Presidencia de la Cámara. Más allá de tenerlo en formato digital, se exige formato físico.

Pero con la Ley de Movilidad Sostenible el Senado había alargado los plazos. La norma pasó el filtro de la Cámara Alta el miércoles de la semana pasada. El PP, con su mayoría absoluta, introdujo algunas enmiendas al texto. Entre otras, una que prorroga la vida útil de las centrales nucleares.

De fondo, la pugna por mantener abierta la central de Almaraz en plena precampaña de las elecciones, y la posibilidad de que Junts muestre por primera vez su tres veces escenificada ruptura con el Gobierno y permita que la enmienda sea aprobada definitivamente en el Congreso.

El Congreso ha reclamado el texto oficial al Senado sin éxito. Según fuentes parlamentarias, la Cámara Alta ha alegado la falta de personal para enviar la documentación. En concreto, que no había ningún conductor disponible. La respuesta de la Cámara Baja ha sido la de cortar por lo sano: usar un coche propio.

El Congreso y el Senado apenas están separados por menos de dos kilómetros a pie, un recorrido que se puede hacer en apenas 20 minutos, un tiempo que se reduce en poco si se opta por el coche.

Desde la Presidencia del Senado que ocupa Pedro Rollán han asegurado a elDiario.es que se “estaba cotejando” la documentación antes de remitirla. A esa misma hora, el coche enviado por el Congreso estaba ya de vuelta en la Cámara Baja con el oficio y el texto definitivo de las enmiendas.

El Senado ha incluido conversaciones privadas entre el presidente de esa institución, Pedro Rollán, y la del Congreso, Francina Armengol, en un informe de los letrados emitido este lunes para justificar su rechazo al nuevo Estatuto del Personal de las Cortes Generales, que actualiza las condiciones laborales para más de un millar de trabajadores. La Presidencia de la Cámara Baja ha mostrado su “estupor” ante una actuación que, consideran, “traspasa las líneas de la institucionalidad y la legalidad”.

La mayoría progresista de la Mesa del Congreso ha aprobado este martes la actualización del estatuto y queda a las puertas de su aprobación definitiva en una mesa conjunta de las dos Cámaras. Pero este lunes, el Senado envió un informe firmado por la secretaria general de esa institución, Sara Sieira, en el que cargan contra el proceso de negociación, que consideran nulo. Para justificarlo, el texto, al que ha tenido acceso este diario, incluye conversaciones de mensajería entre la senadora del PP y secretaria primera de la Mesa del Senado, Eva Ortiz, y la diputada socialista y secretaria segunda de la Mesa del Congreso, Isaura Leal, así como entre Rollán y Armengol.

El informe considera que la última reunión de la mesa negociadora, celebrada el 23 de octubre, en la que además de los representantes de las instituciones están presentes también los sindicatos y las asociaciones de los grupos profesionales, fue convocada “viciada de nulidad” toda vez que no se contó, alegan, con “el consentimiento de la representación del Senado en la misma”. Fuentes de la Cámara Alta argumentan que los letrados mayores habían quedado en cerrar los detalles del texto antes de la convocatoria de la mesa de negociación, pero que el Congreso decidió adelantar los tiempos de forma unilateral.

Para argumentar esa posición es que el texto incluye las conversaciones textuales de esas conversaciones de WhatsApp. Según fuentes de la Cámara Alta, esos mensajes se incorporan como la prueba existente de que no había un consentimiento previo por su parte para que la reunión quedara convocada. En el Senado argumentan que la negociación estaba todavía abierta, en concreto en el punto que incluye la posibilidad de extender la jubilación de forma voluntaria de los 72 a los 75 años, y que Rollán le respondió a Armengol por privado que tenía previsto estudiar las propuestas y a continuación dar los pasos correspondientes, por lo que no entienden que aun así se mantuviera la convocatoria. También indican que los representantes del Senado y también algunos sindicatos se levantaron de aquella última reunión.

Fuentes del Congreso trasladan, sin embargo, que los servicios de Administración Parlamentaria “convocaron la reunión con una semana de antelación y el mismo día del encuentro, 15 minutos antes de la reunión, el Senado protestó por lo que consideraban una convocatoria incorrecta y pidieron un nuevo aplazamiento”. “Los propios representantes de los trabajadores, que consideraron una falta de respeto la actitud del Senado, se negaron a posponer la cita, y apostaron mayoritariamente por concluir la negociación”, aseguran en el Congreso.

“El Senado no ha explicado los motivos de base para su rechazo a la aprobación, pero en su escrito de petición de paralización ante la Mesa del Congreso utiliza mensajes privados entre los presidentes de ambas cámaras que en nada modifican las cuestiones que aquí se están tratando y que suponen traspasar las líneas de la institucionalidad y la legalidad. Nunca se había visto que un documento oficial reflejara el contenido privado de conversaciones entre miembros de ambas Mesas, además de manera parcial y torticeramente manipulada”, denuncian fuentes del Congreso.

Discrepancia sobre la jubilación voluntaria

En el Congreso recuerdan además que la reforma del estatuto lleva 18 meses en marcha, con más de 19 reuniones de trabajo y tras el consenso de la negociación colectiva. El foco de conflicto sobre el contenido del texto está relacionado con la jubilación voluntaria, que con el redactado actual pasa a extenderse de los 72 a los 75 años, “aunque sin poder ostentar puestos de promoción desde los 67 para facilitar así el relevo generacional”.

En el Senado quería estudiar esa medida con más “profundidad”. Rollán había reclamado por ejemplo que la medida se implantase de forma “progresiva” y con la supervisión de ambas Cámaras, así como con la planificación de oposiciones para cubrir las vacantes durante los próximos años, toda vez que en próximamente va a jubilarse “el 50%” de las plantillas actuales.

En el Congreso contraponen que la cuestión sobre la jubilación ha estado redactada en los mismos términos “desde hace un año y medio” y no se ha modificado en el curso de la negociación. “Si no se lo habían estudiado antes, han estado negociando de mala fe frente al Congreso y a los representantes de los trabajadores”, protestan, al tiempo que consideran que este punto en concreto no es “la razón real” sino una excusa que demuestra que ha roto “todos los puentes” y no es importa “tomar como rehenes a los trabajadores de las Cortes para seguir con su agenda de ruptura institucional”.

La reforma del estatuto es la primera que se aborda en casi 20 años y afecta a sus 685 funcionarios y funcionarias, al tiempo que “contiene amplias mejoras de las que se podrán beneficiar el conjunto de sus 1.261 trabajadores”, según explican fuentes parlamentarias.

“Con esta reforma, se incorporarán todos los derechos laborales conseguidos por el resto de los trabajadores españoles en las dos últimas décadas”, añaden. Entre ellos, la protección a víctimas de violencia de género, la ampliación de 15 días a 4 meses en permisos de paternidad, la carrera horizontal, la mejora en las condiciones de promoción interna o la cuestión de la jubilación.

No había pasado nunca antes. O al menos, no que recuerden los más veteranos del lugar, que en el caso del Senado son la inmensa mayoría. El presidente de la Cámara Alta, Pedro Rollán, llamó al orden a dos ministros durante la sesión de control de este martes y a uno de ellos, Óscar Puente, acabó directamente por retirarle la palabra tras dos advertencias. Rollán mantuvo sendos rifirrafes con Puente y con Pilar Alegría por, según su criterio, no ceñirse en sus respuestas al contenido de las preguntas planteadas por la oposición. Algo que encendió al Ejecutivo y a la bancada socialista al constatar que no mantuvo el mismo listón con los senadores del PP.

“Señor ministro, le ruego que se ciña a la cuestión”, irrumpió Rollán en el turno de palabra del ministro de Transportes para sorpresa de todo el mundo. A Óscar Puente lo había interpelado el senador popular, Juan José Sanz Vitorio, que aprovechó su pregunta sobre el momento del ferrocarril en España para hacer un popurrí de acusaciones a Puente. “No tengo ningún interés en hablar de quién le daba crema bronceadora a quién en el yate de un empresario amigo suyo al que adjudicó contratos de mascarillas sin procedimientos cuando era alcalde de Valladolid”, le disparó al ministro.

El presidente del Senado no consideró necesario entonces llamar la atención del senador popular por su intervención, pero sí lo hizo cuando le respondió Puente con referencias al escándalo de la sanidad pública andaluza o al colapso del metro de Madrid, que afectan a gobiernos del PP. “Le insisto, señor ministro, en que se ciña a la cuestión”, le advirtió por segunda vez. Y no hubo tercera porque le retiró la palabra y le cortó el micrófono.

La situación se repitió unos minutos después con Pilar Alegría, a la que el también senador popular Alejo Joaquín Miranda le había trasladado otra retahíla de acusaciones sobre la familia del presidente del Gobierno. Rollán volvió a considerar que ese discurso sí se ajustaba a la pregunta registrada en el orden del día sobre el papel de portavoz del Ejecutivo que ejerce la ministra. Pero cuando Alegría le respondió para acusar a los de Feijóo de “marca blanca” de la ultraderecha, el presidente del Senado volvió a estar al quite.

“Tengo acostumbrado conceder licencias de contexto, pero le ruego que se ciña a la cuestión”, le dijo a la ministra de Educación y Deporte. Alegría continuó con su discurso y Rollán volvió a frenarla. “Me voy a ver obligado a llamarla al orden y le aseguro que no lo deseo”, le dijo. Y para entonces la sesión de control en el Senado ya había terminado de incendiarse por la actitud del presidente de la Cámara.

“Estamos muy sorprendidos”, aseguran en las filas del PSOE, donde admiten que no solo es que no hubieran tenido que afrontar con anterioridad una situación de este tipo con el presidente del Senado, sino que le reconocen un papel institucional “más que correcto y afable” durante lo que va de legislatura. “Ha demostrado muchas veces tener mano izquierda, ser flexible en la aplicación de los tiempos y ecuánime en el trato a los grupos. Por eso no entendemos la actitud de esta semana”, apuntan desde la bancada socialista.

Lo que concluye el PSOE es que a Pedro Rollán, (Madrid, 1969), le afecta el contexto político “como le afecta a todo el mundo”. “Es una obviedad que el PP está muy nervioso por la evolución de las encuestas y porque el liderazgo de Feijóo no tira. Y eso tiene que ver con la sobreactuación de esta semana en el Senado y en el Congreso”, asegura un miembro del Gobierno que se muestra “convencido” de que al presidente del Senado le llegan las directrices políticas del líder de su partido.

Es a Alberto Núñez Feijóo, de hecho, a quien Rollán le debe esta enésima vida política que afronta ahora como cuarta autoridad del Estado. De talante “conciliador”, según incluso sus adversarios políticos, fue rescatado por Feijóo para la primera línea cuando fue elegido líder del partido en sustitución de Pablo Casado. Hasta entonces, Rollán era un senador raso en una Cámara en la que había recalado en 2019, después de que Isabel Díaz Ayuso decidiera no incluirlo en su primer Gobierno de la Comunidad de Madrid. Y la elección de Feijóo se interpretó entonces como un mensaje interno a la líder regional, que no logró colocar a ningún perfil marcadamente ayusista en el lugar en el que se decide la estrategia nacional de la formación conservadora.

Justo antes de las elecciones generales de 2023, fue sonada su intervención durante un debate parlamentario en el que acusó al Gobierno de sustentar la ley de vivienda “en los cimientos del atentado de Hipercor” perpetrado por ETA, una de las mayores masacres de la banda terrorista en la que asesinaron a 21 personas. El argumento lo utilizó por el apoyo de EH Bildu a esa ley.

A Feijóo debió parecerle entonces un perfil idóneo para presidir una Cámara en la que el PP ostenta mayoría absoluta y que, en la práctica, funciona como una institución que ejerce de oposición al Gobierno. Recién nombrado presidente del Senado, decidió aparcar la institucionalidad del cargo para acusar directamente a Pedro Sánchez de ser “incapaz de respetar el resultado de las urnas”. “Está dispuesto a pagar cualquier precio para restablecer su manual de resistencia en la Moncloa, al apoyarse en partidos que no creen en la igualdad de los españoles ni respetan la Constitución”, dijo, en referencia al pacto con Junts y la ley de amnistía.

Este verano, tras el escándalo de los currículums falseados en las filas del PP, Rollán también consiguió pasar de puntillas por esa polémica. El presidente del Senado evitó publicar en la web oficial de la Cámara Alta varias titulaciones que figuran en los portales del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz y del Partido Popular del municipio madrileño, donde se le asume una diplomatura en Marketing en la Escuela Superior de Estudios. Fuentes de su entorno restaron entonces importancia a esta contradicción y la redujeron a una decisión de Rollán, que obvió estos títulos por su carácter privado y no oficial, y porque son “de hace muchos años”.

Sin embargo, Rollán fue cambiando su currículum en los diferentes cargos públicos que fue ocupando. Cuando era alcalde de Torrejón de Ardoz (Madrid) aseguró tener, además de la diplomatura, un máster en Administración y Dirección de Empresas en la misma escuela, sin mencionar la naturaleza no universitaria de estos títulos porque dicha escuela no puede emitir titulaciones universitarias oficiales al figurar como un centro de 'Educación secundaria técnica y profesional'. La web del PP de Torrejón le adjudicaba, además, otro máster en Liderazgo y Administración Pública del Instituto de Empresa del que no figura más información.

Militante del PP desde 1994, empezó en política local como concejal en 2003 tras dejar un puesto en la multinacional Schweppes. Tres años después consiguió la mayoría absoluta en Torrejón de Ardoz, una ciudad de 120.000 habitantes. Y llegó incluso a ser presidente de la Comunidad de Madrid. Tras la forzada dimisión de Cristina Cifuentes, su sucesor en la Puerta del Sol, Ángel Garrido, decidió dar el salto a Ciudadanos y abandonar el PP. Y fue entonces cuando le cayó en suerte a Pedro Rollán ostentar la presidencia de la Comunidad durante cuatro meses.

Consultado por elDiario.es, su equipo niega ningún tipo de actuación partidista al frente de la institución y destaca que, durante el Pleno de esta semana, también reprendió al senador del PP, Fernando Martínez-Maillo, por no ceñirse a la cuestión. “Es obligación constitucional que el Gobierno se someta en las sesiones de control a las preguntas de la oposición y que las responda. Y es que casi nunca las responden”, lamentan en su equipo.

Durante esta legislatura, y bajo la presidencia de Rollán, el PP modificó de forma unilateral y exprés el Reglamento del Senado para limitar las prerrogativas del Gobierno y del Senado a la hora de tramitar leyes de urgencia como la de amnistía en un choque institucional de ambas cámaras también sin precedentes.

Plantón generalizado de los cargos institucionales del PP al jefe del Estado en la apertura del año judicial que se celebrará este viernes en Madrid. A la ausencia del líder de la derecha, Alberto Núñez Feijóo, se han sumado este jueves las del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y del presidente del Senado, Pedro Rollán. Almeida asistirá, junto a Feijóo, a un mitin de Ayuso convocado el mismo día y a la misma hora, mientras Rollán, cuarta autoridad del Estado, ha alegado “un tema familiar” para excusar su presencia.

El PP en bloque protagoniza así un inédito plantón institucional al rey Felipe VI. Si ayer un comunicado oficial del partido alegaba “un compromiso previamente adquirido”, en referencia al acto político de la presidenta de la Comunidad de Madrid, hoy Feijóo ha tenido que reconocer que la cronología es diferente.

La invitación formal para el acto previsto para este viernes a medio día se produjo “en julio”. Y Feijóo comunicó su ausencia “el 30 o 31” de ese mismo mes. “Adicionalmente”, ha añadido, se propuso “la fecha de inicio del curso en Madrid”, en referencia al mitin de Ayuso al que acudirá el viernes. El líder del PP no ha concretado la fecha en la que se definió este evento.

El líder del PP ha mostrado este jueves su “absoluto respeto a su majestad el rey, el CGPJ, el Supremo y el conjunto del Poder Judicial”, y ha sostenido que “por esta lealtad y respeto” entiende que su “presencia no puede convalidar ni validar los ataques y difamaciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a determinados jueces ni que el fiscal general se dirija a los magistrados que le están investigando y tienen que decidir si le sientan en el banquillo”.

“Dentro de las funciones constitucionales del jefe de la oposición no está asistir” a este acto, “no es un mandato”, ha sostenido Feijóo, quien no ha mencionado las ausencias de otros cargos institucionales. Porque la realidad es que todo el PP en bloque decidió en julio acometer un plante generalizado que incluye a sus cargos institucionales.

Al acto tampoco irá Almeida, invitado en calidad de alcalde de la ciudad que acoge a las principales instituiciones judiciales. Fuentes de su equipo aseguran a este medio que “tiene la apertura del curso político con Feijóo y Ayuso”. Las mismas fuentes sostienen que Almeida informó ayer mismo al Supremo en un correo electrónico.

El regidor de Madrid ha sostenido en declaraciones a los medios que “la falta de respeto es que el fiscal general que se va a sentar en el banquillo se siente al lado del rey”, y ha criticado al ministro de la Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños: “Se equivoca gravemente de nuevo. Lo que debería haber hecho como ministro es condenar sin paliativos los ataques a los jueces” que ha realizado, en su opinión, Pedro Sánchez.

Almeida ha dicho que “descalifican al ministro y al fiscal general estar en la apertura” del año judicial, que “no están a la altura” y “no merecen estar en sus cargos”.

En el caso de Rollán, cuarta autoridad del Estado solo por detrás del rey, del presidente del Gobierno y de la presidenta del Congreso, fuentes de su equipo aseguran a elDiario.es que el presidente del Senado tiene “un tema familiar desde hace tiempo”. Desde el Tribunal Supremo aseguran que Rollán declinó la invitación a la vez que Feijóo, en julio.

A la ofensiva se han unido los jueces conservadores, que quieren también implicar al rey de España. En una carta remitida a la presidenta del CGPJ y del Supremo, Isabel Perelló, los diez vocales elegidos a propuesta del PP solicitan que traslade al fiscal general del Estado “la inconveniencia de intervenir” en el acto del viernes.

Asimismo, reclaman que impida que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, se siente junto al rey Felipe VI y el resto de altas autoridades en los estrados del alto tribunal. Y piden que Perelló informe al monarca “de esta situación, a efectos de la adecuada coordinación institucional”.

El Senado ha asegurado este jueves por la tarde que los dos trabajadores del departamento informático de despedidos por acceder sin permiso a ordenadores de la Cámara no entraron en el equipo de ningún parlamentario. “No se produce acceso por parte de estas dos personas a ningún ordenador, archivo o portafirmas de ningún senador”, asegura un comunicado hecho público esta tarde. En un primer comunicado remitido ayer a los medios sí se informó de que los dos empleados habrían accedido sin permiso a equipos de los legisladores. La resolución definitiva del expediente sancionador, a la que ha tenido acceso elDiario.es, constata “accesos indebidos” de ambos “a los portafirmas” de otros empleados, de “diversos senadores” y de “la Letrada Mayor”.

“En octubre de 2024, los sistemas de control de la Cámara Alta tienen conocimiento del acceso de dos personas de la Dirección de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, a información específica sobre los procesos de promoción interna y selectivos de personal laboral a través del portafirmas electrónico de altos cargos de la Secretaría General, en ningún caso de senadores”, apunta el comunicado. “Todos los accesos son de carácter administrativo en beneficio de su posible promoción interna, sin apreciarse ningún interés político. Accedieron, además, a ficheros de trazabilidad de firma, donde la única información que se obtiene es quién accede y la hora, pero no el contenido”, prosigue.

Siempre según el Senado, se abrió un expediente para investigar los hechos y, en el trámite de alegaciones, uno de los implicados presentó una documentación que habría acreditado posteriores accesos ilegítimos. “Una vez constatada en la instrucción la existencia de nuevos accesos indebidos, a los ficheros que contienen la trazabilidad (logs) del portafirmas de todos los usuarios del sistema (cargos de Secretaría General, senadores y miembros de la Mesa), ficheros estos que contienen la información sobre quién ha accedido en cada momento al portafirmas, sin incluir información adicional sobre documentos concretos, se eleva una nueva propuesta de despido para ambos trabajadores”.

Esta información contrasta con la literalidad de la resolución definitiva del expediente sancionador a uno de los despedidos, que considera “hechos probados” los “accesos indebidos (...) a los portafirmas de determinados trabajadores, funcionarios y cargos de la Secretaría General del Senado -entre ellos, miembros de la Mesa, diversos Senadores y la Letrada Mayor (...) a través de los cuales se realizaron numerosas descargas de documentos, incluyendo algunos de carácter personal”.

En otro “hecho probado”, el informe asegura que tras ser descubierta, esta persona realizó “numerosos nuevos accesos indebidos (hasta 757 en un solo día) (...) para obtener un listado de logs”.

Ya por la mañana el presidente del Senado, Pedro Rollán, aseguró que los dos trabajadores no se descargaron ningún documento ni accedieron a información privada, sino que entraron “a los logs” de los portátiles, es decir, a los archivos que registran la actividad de los equipos, y no a las propias carpetas. Según Rollán, los empleados eran personal laboral y optaban a sendos puestos de funcionarios, y lo hicieron “en el ámbito del estricto interés personal”.

Los senadores que han sido víctimas de la intromisión no han sido informados aún por los servicios de la Cámara, según han confirmado diferentes fuentes parlamentarias a elDiario.es. Salvo los miembros de la Mesa del Senado, que ayer aprobaron la rescisión de los dos contratos y dieron traslado de los hechos a la Fiscalía, los grupos no conocen aún qué senadores han visto comprometida su intimidad y cuáles no.

Lo que sí ha trascendido es que los afectados son 29. Ayer, desde el Senado se apuntó a que había víctimas de todos los grupos.

Rollán informó en declaraciones a los medios de que ambos trabajadores estaban “en un proceso de promoción para optar a una plaza de funcionario” y que “han accedido a carpetas en el ámbito estricto del interés personal en la promoción”.

Cuando se descubrieron los hechos se planteó desde el Senado una primera propuesta de sanción: suspensión de empleo y sueldo por tres meses. Pero los dos trabajadores presentaron alegaciones y dijeron que “había más trabajadores del departamento que podían haber accedido a expedientes de sus señorías”, según Rollán.

El presidente del Senado negó que esto se haya producido. “No es así”, dijo. Pero añadió que “por un principio de celo y prudencia, se ha puesto en concomiento de la Fiscalía para que tome las medidas oportunas”.

“No ha habido descargas de archivos ni se ha podido ver afectadas la intimidad de sus señorías”, recalcó Rollán. En ese mismo escrito de alegaciones, uno de los trabajadores despedidos “hace referencia a que había accedido a los 'logs', que no es el contenido de las carpetas, sino el expediente de la trazabilidad de un expediente que pueda estar sujeto a determinados hitos en una firma”.

Los “logs” que menciona Rollán son archivos que registran la actividad de los equipos y permiten revisar qué procesos se han realizado con un ordenador y cuándo. Son archivos técnicos, que recopilan información que usan las propias aplicaciones informáticas y que se pueden revisar 'a posteriori'.

Rollán ha añadido que el Senado ha “revisado todos los expedientes” y que “se ha repensado los procedimientos para garantizar que el Senado desde el punto de vista de la seguridad es seguro”. El presidente de la Cámara ha asegurado que se proporcionará más información a lo largo del día.

El Senado oculta los informes oficiales que permiten a Víctor Soriano, abogado de Manos Limpias en la causa contra el fiscal general del Estado, ejercer, a la vez, de asesor a tiempo completo de la senadora del PP Eva Ortiz. Un cargo por el que Soriano cobra 56.937 euros anuales y para el que ha recibido una compatibilidad de la que la Cámara presidida por Pedro Rollán se desentiende. Pese a que las normas internas de las Cortes Generales prescriben un “informe del Letrado Mayor”, desde la Presidencia de la Cámara se alega que ese apartado no es de aplicación al personal eventual y descargan en Eva Ortiz toda responsabilidad en la contratación de Soriano y su compatibilidad.

Un mes después de que elDiario.es desvelara el doble trabajo de Víctor Soriano (asesor de Ortiz, senadora del PP y secretaria primera de la Mesa, además de representante de Manos Limpias ante el Tribunal Supremo en la causa contra Álvaro García Ortiz), la información sobre el procedimiento burocrático que se ha seguido en su contratación permanece oculta.

Este medio ha intentado por diferentes vías recabar la documentación que acredite qué compatibilidad se le otorgó, quién lo hizo y para qué labores. Entre otras opciones, elDiario.es ha recurrido al Portal de Transparencia de la Cámara Alta, pero la petición no ha obtenido respuesta pasados 30 días de la solicitud, el límite que marca la Norma reguladora del derecho a la información pública del Senado.

El Estatuto del Personal de las Cortes Generales asegura en su artículo 2 que “la asistencia directa y de confianza a los miembros de las Mesas y a otros parlamentarios que aquellas determinen corresponderá al personal eventual”. El mismo precepto señala dos puntos después: “Será de aplicación al personal eventual el régimen prescrito para los funcionarios en el presente Estatuto”.

La normativa dedica un capítulo completo a “los deberes e incompatibilidades de los funcionarios”. El artículo 63 sobre el reconocimiento de compatibilidad apunta: “El ejercicio de todo tipo de actividades profesionales públicas o privadas, laborales, mercantiles o industriales requerirá el previo reconocimiento de compatibilidad”. Y continúa: “La resolución motivada reconociendo la compatibilidad o declarando la incompatibilidad corresponde a dichas Mesas, en reunión conjunta, previo informe del Letrado Mayor de las Cortes Generales”.

Dicha compatibilidad fue efectivamente concedida, según han confirmado diferentes fuentes del Senado a elDiario.es. Pero no se siguió el procedimiento que determina el Estatuto, sino que fue la propia contratante, Eva Ortiz, quien la autorizó. Según la tesis oficial del Senado, nadie más intervino en el proceso, nadie contrastó la veracidad de lo declarado ni ha exigido posteriormente que se verifique si han cambiado las condiciones por las que se permitió el ejercicio de una actividad privada y lucrativa.

Las explicaciones oficiales del Senado aseguran que es el procedimiento habitual para las contrataciones de personal eventual, pese a lo que indica la norma, y que así lo atestiguó en un “informe verbal” la secretaria general de la Cámara, Sara Siera, funcionaria de la que depende la “dirección superior de la asistencia, apoyo y asesoramiento jurídico, técnico y administrativo de los órganos de la Cámara”, según la normativa vigente.

El dictamen verbal de Siera respondió a una petición de información formal del PSOE, quien también reclamó a Pedro Rollán los documentos que justifican la compatibilidad concedida a Soriano. Fuentes de la Presidencia del Senado aseguran que la secretaria general evacuó su informe oral en la reunión de la Mesa del pasado 11 de febrero, cuando aseguró que “le corresponde a la parte contratante, en este caso la secretaria primera, decir si es compatible o no” el trabajo de asesor con sus actividades privadas ajenas a la Cámara. Desde el PSOE confirman que dicho informe oral se produjo.

elDiario.es ha tratado, sin éxito, de ponerse en contacto con la senadora del PP y secretaria primera de la Mesa del Senado, Eva Ortiz. De las siete compatibilidades autorizadas al personal eventual de la Cámara, la de Soriano es la única destinada a una “actividad privada” como la “abogacía”. El resto son para “docencia”, “actividades deportivas” o para ser concejales electos.

Información privilegiada

La Cámara Alta se lava así las manos como institución de lo que hacen las personas que paga con dinero público. Máxime en un caso como el actual, cuyo protagonista modificó sus condiciones laborales externas con posterioridad a su contratación.

Víctor Soriano ya ejercía la representación legal del PP valenciano en la causa abierta contra el hermano del expresident de la Generalitat, Ximo Puig, cuando fue contratado por Ortiz, que procede de la ciudad alicantina de Orihuela. Meses después, Soriano comenzó a representar a Manos Limpias ante el Tribunal Supremo en la causa abierta contra el fiscal general, máximo dirigente de un órgano constitucional con el que tiene relación institucional el Senado.

De hecho, esta misma semana compareció Álvaro García Ortiz en la Comisión de Justicia del Senado para dar cuenta de la Memoria Fiscal del año 2024. Durante su comparecencia, el portavoz del PSOE, José María Oleaga, reprochó al PP la contratación de Soriano y su vinculación con Manos Limpias, “una organización ultraderechista que lleva desde su fundación intentando socavar las instituciones democráticas en nuestro país” y que “llegó a presentar una querella contra los Lunnis”.

“Me preocupa que el PP haya entrado en esta deriva, que haya contratado a un abogado de una organización que intentó acabar con el proceso de paz en Euskadi”, zanjó.

También el representante de ERC en la comisión, Joan Josep Queralt, ironizó sobre el privilegiado acceso a la información procesal que el PP tiene de las causas en las que está personada Manos Limpias. Algo de lo que suelen presumir de forma habitual los portavoces de Feijóo.

El PP preguntó a Ortiz por su reciente declaración ante el Supremo, y Queralt les espetó: “El PP tendría que tener copia de su declaración porque el abogado contratado por el Partido Popular en esta Cámara es el que dirige la acusación por parte de Manos Limpias, les habrá pasado la copia”.

Las palabras de Oleaga recibieron el reproche público de Víctor Soriano, que acusó al senador del PSOE de haberle “calumniado”.

Pero el propio Soriano reconocía su vinculación actual al PP en una nota que estaba publicada en la página web de su despacho de abogados. “El abogado Víctor Soriano, que dirige el despacho Soriano i Piqueras, fundado a finales de 2023”, decía de él mismo, “compatibiliza el ejercicio privado de su profesión con un puesto de asesor en el Senado, bajo el paraguas del Partido Popular”. Tras las informaciones de elDiario.es, la nota desapareció.

No se lo esperaba nadie. Ni siquiera los servicios oficiales del Senado. Alrededor de las dos de la tarde de este lunes, la Cámara Alta votó la ley que acumula las penas de los presos cumplidas en otros países de la UE. Una norma que PP y Vox apoyaron en el Congreso y que dejaron sin enmendar durante semanas en el Senado. Hasta que salió a la luz que podrían beneficiarse algunos terroristas de ETA. El PP entró en pánico y, una semana después, ha forzado la Constitución y el Reglamento para abrir un conflicto institucional del Senado con el Congreso para intentar sacarse de encima su responsabilidad. El segundo intento después del planteado por la amnistía.

Lo previsto para este lunes era un rechazo de la ley por parte del Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta. Pese a los agujeros que hay en la versión oficial tejida por la dirección nacional de Alberto Núñez Feijóo, en el PP mantienen la tesis del “engaño” y de la “trampa” del Gobierno. Durante una semana todas las fuentes consultadas han señalado lo mismo: que la ley pasaría por alto el rechazo del Senado y pasaría al BOE pese al voto en contra.

El motivo es técnico-jurídico, no político: la Constitución establece que el Senado puede “mediante mensaje motivado, oponer su veto o introducir enmiendas” a una ley aprobada por el Congreso. El problema es que ni PP ni Vox plantearon enmienda alguna. Tampoco un veto a la totalidad de la norma. De hecho, en el Congreso se aprobó por unanimidad: 346 votos a favor, cero en contra. 

En el PP todo el mundo daba por hecho que el Senado votaría en contra y que la ley entraría en vigor. El PP ganó una semana de margen para meter presión al Gobierno y pospuso la sesión definitiva del pasado martes a este lunes, último día legalmente posible sin incumplir los plazos. La única esperanza, decían, era que el propio Gobierno retirara el proyecto de ley.

Por la mañana, el departamento de comunicación repartió entre los periodistas un documento explicativo sobre lo que iba a ocurrir durante la mañana. Una suerte de guía, no vinculante, pero que es una muestra evidente de que todo el mundo daba por hecho que iba a pasar lo que no pasó. Porque en la última página del dossier se aseguraba expresamente que el presidente del Senado, Pedro Rollán, diría: “Sin perjuicio del resultado de la votación, como el Senado no ha opuesto veto ni introducido enmiendas en los términos establecidos en el artículo 90 de la Constitución, queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley”.

El Pleno del Senado fue testigo de un duro debate en el que el PP volvió a esgrimir el fantasma de ETA, utilizó a Marimar Blanco como portavoz y mintió sobre los posibles beneficios que puede obtener Francisco Javier García Gaztelu, 'Txapote', precisamente uno de los asesinos materiales de Miguel Ángel Blanco. La reforma legal no le aplicará porque la Audiencia Nacional ya le acumuló las penas cumplidas en Francia en 2014.

El resultado fue el previsto. 148 senadores rechazaron la ley, 111 votaron a favor y dos se abstuvieron. Pero el presidente del Senado, Pedro Rollán, se desmarcó de lo previsto y dijo: “Al haber sido rechazado el proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 7/2014 de 12 de noviembre sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea para su adecuación a la normativa de la Unión Europea sobre el sistema europeo de información de antecedentes penales, por mayoría absoluta del Senado, que es la exigida en el artículo 90.2 de la Constitución, para oponer el veto de acuerdo con el artículo 106 del Reglamento de la Cámara, ha de entenderse que el Pleno del Senado ha vetado el texto”.

Por lo tanto, prosiguió: “En cumplimiento del artículo 122.2, del Reglamento, se comunicará al presidente del Gobierno y a la presidenta del Congreso de los Diputados a los efectos previstos en el artículo 90.2, de la Constitución española. Señorías, se levanta la sesión”.

La última frase se solapó con las peticiones de palabra desde la bancada socialista. Pero el presidente del Senado ignoró las cuestiones de orden solicitadas y se marchó del Hemiciclo.

Así, Rollán ha equiparado el rechazo a la ley con un “veto” que nunca se ha producido, porque no está registrado ni motivado, como exige la Constitución. Así lo indican desde el PSOE. Y desde el Congreso, las fuentes consultadas apuntan a que cuando llegue la nota oficial del Senado se remitirá a los servicios jurídicos para que informen de los pasos a seguir por parte de la Mesa. El informe esgrimido por Rollán lo firmó el pasado viernes, 11 de octubre, la secretaria general del Senado, Sara Sieira, quien era letrada del Congreso hasta esta legislatura. La renuncia del anterior jefe jurídico del Senado propició el relevo. Rollán designó a Sieira.

En sus conclusiones, la letrada mayor asegura que “no existen precedentes comparables al que ahora se plantea” porque “hubo vetos presentados que fueron rechazados, o hubo enmiendas aprobadas que se trasladaron al Congreso”. Sieira anticipó con varios días lo que iba a ocurrir este lunes y afirma “la voluntad inequívoca y única de la Cámara es la del rechazo frontal y global en votación final del conjunto del Proyecto por mayoría absoluta”.

La letrada alude entonces a un precedente que provocó la intervención del Tribunal Constitucional, pero para decir que “ni en la Sentencia del caso Ses Salines ni en la Constitución ni en el Reglamento de la Cámara se prohíbe la existencia del veto no presentado como tal formalmente”. El artículo 90.2 de la Ley Fundamental señala que el Senado “mediante mensaje motivado” puede “oponer su veto o introducir enmiendas al mismo”.

“Sería excesivamente formalista ignorar la voluntad real del Pleno del Senado de rechazo cuando el artículo 106.1 del Reglamento, dentro de los preceptos que regulan el procedimiento legislativo en el Senado, cobra su pleno sentido y puede aplicarse en el sentido de entender que no es necesaria la presentación formal del veto, sino que basta el rechazo por mayoría absoluta del Pleno”, apunta la principal jurista del Senado. “En el caso Ses Salines estas cuestiones no son abordadas, por lo que no sirve como 'leading case'”, concluye Sieira.

La secretaria general del senado asume en el escrito que está forzando la asimilación del rechazo a un veto forma. Por eso, plantea “deducir [que] el rechazo en Pleno de un texto por mayoría absoluta equivale a un veto, aunque no se haya presentado este formalmente”.

El PP repite así en parte la estrategia que ya siguió con la aprobación de la ley de amnistía. Entonces, los de Feijóo usaron su mayoría absoluta para modificar el Reglamento y dejar sin efecto la aprobación de la tramitación urgente por parte del Congreso. La mayoría absoluta le permitió al PP alargar plazos y convertir la tramitación de la ley en el Senado en un mal trago para el Gobierno. Finalmente, el Pleno vetó la ley, lo que obligó a que el Congreso tuviera que volver a pronunciarse.

El problema es que ahora nadie ha vetado la ley. En el PP siguen en 'shock' desde que se hizo público su voto favorable a la norma que ahora rechazan. Los cuchillos han volado entre los dirigentes del partido, que han intentado escurrir su responsabilidad. Feijóo ha dado orden de terminar con ese debate y de confirmar a todos y cada uno en sus respectivos puestos. Nadie va a caer por un “engaño” del Gobierno.

Pero la decisión de este lunes prolonga el debate público no solo sobre la ley, sino también por cómo se le pudo escapar al PP las implicaciones que iba a tener. Este mismo lunes, Feijóo se ha reunido con el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y con el secretario general de CCOO, Unai Sordo. Además, el PP ha registrado una querella contra el PSOE por supuesta financiación ilegal a cuenta del testimonio anónimo de un empresario que ha asegurado que llevó bolsas con dinero a la sede socialista de la madrileña calle de Ferraz.

Tras lo ocurrido en el Senado, el protagonismo vuelve a estar en la reforma legal, pone otra vez el foco sobre la mala gestión que hizo el PP de este asunto, mientras fuerza a la Cámara Alta a plantear un conflicto contra el Congreso de incierto resultado. Entonces, el PP reculó de su propia intención de plantear formalmente un conflicto entre las dos Cámaras de las Cortes Generales y lo redujo a alargar los plazos y forzar votaciones.

El ministro para la Transformación Digital, José Luis Escrivá, ha desistido este martes de su último turno de réplica durante la sesión de control al Gobierno, visiblemente molesto por la actuación del presidente del Senado, Pedro Rollán, ante las interpelaciones e interrupciones de los senadores del PP. “Mientras estoy hablando, este señor, a menos de un metro mío, está hablando por teléfono y no me deja ni oírle”, ha expresado el ministro de Transformación Digital en su turno de palabra, refiriéndose a un senador del grupo popular. “La última vez, presidente, me interrumpieron tres veces y tuve que dejar de responder la pregunta”, ha incidido.

Tras reclamar a Rollán que interrumpiera la acción de los senadores del PP, el presidente de la Cámara se ha defendido y ha asegurado que él habitualmente pide silencio “a la bancada del Grupo Popular que guarde el debido respeto cuando no se mantiene el silencio debido”. “Desconozco si el senador que se encuentra detrás de usted estaba manteniendo una conversación en un elevado tono. Le puedo asegurar que yo no le he escuchado”, ha asegurado, con la consiguiente reacción de la bancada socialista. Los senadores populares han continuando expresando sus quejas ante las acusaciones de Escrivá. “Esto denigra al Senado, esta forma de operar”, ha sentenciado el ministro, que se encontraba en su último turno de respuesta a la senadora popular Inmaculada Hernández Rodríguez.

En ese momento, el presidente del Senado le ha dado la opción al ministro de continuar o no con sus declaraciones. “Ruego, en la medida de lo posible, que no establezcan conversaciones entre sus señorías para poder escuchar a quien está en el uso de la palabra. Señor ministro, está usted en el uso de la palabra si lo considera oportuno”, ha preguntado Rollán. Ante la insistencia de las interrupciones, Escrivá ha optado por bajar su micrófono, desistir de responder y abandonar el Hemiciclo.

Los letrados del Senado han redactado sendos informes sobre la ley de amnistía que se adaptan a la perfección a lo que el PP quería: no arriesgarse a detener la tramitación de la norma, pero remarcar su carácter inconstitucional. Así, la Mesa de la Cámara Alta, controlada por la derecha, asumirá este martes la admisión a trámite de la proposición de ley, tras su aprobación por el Congreso, eliminará el carácter de urgencia, lo que retrasará los plazos, y lanzará el procedimiento legislativo pese a la retahíla de incumplimientos de todo tipo que recogen los dos escritos.

El equipo de letrados del Senado es totalmente nuevo. El presidente, Pedro Rollán, eligió a la nueva secretaria general de la Cámara, Sara Siera, y esta a todos sus subordinados. El informe más detallado es, precisamente, el de Siera, quien a lo largo de 62 páginas desgrana todas sus oposiciones a la norma. El escrito establece que “no existe previsión constitucional que faculte a las Cortes Generales a otorgar amnistía mediante ley”, según indica la propuesta de acuerdo que los letrados han preparado a la Mesa, señala que la norma supone una “reforma constitucional encubierta” y ataca al Congreso por una “realización fraudulenta del procedimiento legislativo”.

Así, la letrada mayor del Senado plantea que el órgano no puede hacer otra cosa más que admitir a trámite la ley e iniciar el procedimiento, pero plantea inmediatamente que el Pleno de la Cámara Alta lance un “conflicto entre órganos constitucionales” que, primero, requiera formalmente al Congreso que retire la proposición de ley, pese a que el Pleno de la Cámara Baja ya la aprobó y remitió al Senado. Además, la letrada quiere que el Senado reclame una suspensión cautelar del proceso o un recurso de amparo mientras el Constitucional determina dicho conflicto de competencias.

Ninguna de estas previsiones aparece en la propuesta de acuerdo de la Mesa, que se limita a incidir en la inconstitucionalidad de la norma y, a la vez, en la incapacidad del presidente del Senado, Pedro Rollán, ni de la Mesa para impedir su tramitación.

De hecho, los letrados del Senado en su informe, que resume el de la secretaria general, llegan a plantear que el Tribunal Constitucional debe revisar su propia jurisprudencia ya que les impide a ellos detener la tramitación de una norma que puedan considerar contraria a la Carta Magna.

El tribunal de garantías tiene determinado que esto solo puede ocurrir en casos de “evidente y palmaria” inconstitucionalidad. Y los letrados, pese a dedicar decenas de páginas a señalar todas y cada una de las violaciones de la Constitución, del Derecho Europeo o del Reglamento del Congreso, lamentan las “dificultades que el aplicador del Derecho tiene para apreciar cuál es la intensidad que ha de tener la inconstitucionalidad para poder ser calificada de evidente y palmaria” y zanjan: “La inconstitucionalidad no admite grados”.

Así las cosas, el PP tiene vía libre para hacer lo que lleva semanas y meses advirtiendo que hará. Primero, admitir a trámite en el Senado la ley de amnistía. Y segundo, derogar la urgencia determinada por el Congreso y aplicar una tramitación ordinaria que podría llevar su votación final hasta el 16 de mayo, según los informes.

A la vista de los informes, desde el PP urgen al Gobierno a retirar la proposición de ley, pese a que el Ejecutivo no la ha presentado formalmente ni tiene ninguna competencia para hacer. “Cualquier Gobierno que tuviera algo de dignidad retiraría esta ley de las Cortes porque es la única salida decente”, apuntan desde el partido de Alberto Núñez Feijóo.

“El PP recurrirá al Tribunal Constitucional, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y a todo estamento o institución en el que se pueda frenar esta ley de impunidad”, zanjan las mismas fuentes.

De sesión de control a sesión de control, el Senado va camino de ser un refugio para los exabruptos del PP. Auspiciados por su mayoría absoluta, protegidos por un control férreo de la Mesa de la Cámara, los senadores de la derecha afilan sus lenguas contra el Gobierno. Pero no solo. También contra jueces o periodistas, con la anuencia del presidente, Pedro Rollán. Y cuando uno de los insultos escala a los titulares y hace tropezar la estrategia de los líderes se rectifica. Porque siempre hay otro dispuesto para la sustitución.

La semana pasada el senador del PP José Antonio Monago señaló con nombres y apellidos desde la tribuna a uno de los jueces de la Audiencia Nacional que juzgó a su propio partido en el llamado ‘caso Gürtel’. La sentencia, que condenaba al PP, sirvió de palanca a la moción de censura que sacó de la Moncloa a Mariano Rajoy. Su lugar lo ocupó Pedro Sánchez. Y hasta hoy.

El PP ha criticado abiertamente en los últimos años al magistrado, José Ricardo de Prada, al que han acusado de ser el autor de uno de los párrafos clave en la sentencia. El documento lo firmaron otros dos jueces, pero el PP señala a De Prada desde 2018 hasta el punto de vetarlo para el Consejo General del Poder Judicial.

Pero ahora la crítica a los jueces se ha convertido en anatema a cuenta de las quejas por el ‘lawfare’, la guerra política desde los tribunales, lanzadas por el independentismo catalán y por Podemos. El PP ha asido la bandera de la defensa de la independencia judicial. Y se ha erigido en garante del buen nombre de los jueces. Las críticas a los tribunales están proscritas en la nueva doctrina de Génova.

El PP salió así en tromba cuando la portavoz parlamentaria de Junts, Miriam Nogueras, citó a algunos jueces, a guardias civiles e incluso a periodistas desde la tribuna del Congreso, a los que acusó de ejercer ese ‘lawfare’ que los independentistas quieren llevar a una investigación parlamentaria. Ese mismo día, el PP reclamó por boca de su portavoz, Miguel Tellado, que la presidenta del Congreso retirara las palabras de Nogueras del Diario de Sesiones. Francina Armengol no lo hizo.

Pero apenas unas horas después, el miércoles, un senador del PP hizo algo parecido: “El mayor caso de 'lawfare' lo mecieron ustedes porque un juez, el juez De Prada, introdujo un párrafo en la sentencia de la Gürtel que provocó la caída del Gobierno de Rajoy y que finalmente, esa frase de marras, fue sacada por el Tribunal Supremo de ese auto”. 

El presidente del Senado no pidió una rectificación y solo una semana después, cuando el PP ha visto cómo las palabras del senador extremeño cortocircuitaban su estrategia, el propio Monago ha pedido disculpas y ha reclamado que se eliminen las palabras que profirió del Diario de Sesiones. 

Pero el PP apenas ha necesitado unos minutos para lanzar una nueva andanada de insultos contra el Gobierno. Pero no solo. También contra quienes han sido designados por el Ejecutivo para determinados puestos en la administración.

Ha sido este martes, durante una nueva sesión de control al Gobierno. El senador Vicente Azpitarte inquiría a la vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por el nombramiento del periodista y ex secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, como presidente de la Agencia Efe, a quien también ha criticado casi al tiempo de comenzar a ejercer sus funciones.

“Usted y el conjunto de vicepresidentas del Gobierno son unas meras grupis del peor presidente de la historia de la democracia”, ha espetado el senador al final de su turno. El grupo socialista ha reclamado al presidente del Senado que retire estas palabras del Diario de Sesiones. Sin éxito hasta el momento de escribir estas líneas. Tampoco el senador ha hecho el amago de rectificarse a sí mismo. 

Montero le ha espetado en su réplica: “¿Usted es grupi de Feijóo o es porque somos mujeres?”. La pregunta ha quedado sin respuesta.

Toda la cúpula del PP de Alberto Núñez Feijóo con cargo público ingresó algún sobresueldo a través del partido o de los grupos parlamentarios, además de su salario como diputado o senador. Así se desprende de las declaraciones de bienes presentadas ante el Congreso y el Senado en las últimas semanas. En total, 203.806 euros desde abril de 2022, según la información que se desprende de lo que indican los dirigentes.

El que más cobra por esta vía es el propio Feijóo. Desde que llegó a la presidencia del PP, en abril de 2022, y al Senado a finales de mayo, hasta finales de 2022, el gallego percibió 71.110 euros al margen de su sueldo de senador. De ellos, 39.260 euros brutos los ha declarado como “gastos de representación” por su cargo en el PP. Es decir, salieron íntegros de las arcas de la organización. Todas las cantidades indicadas en las declaraciones de bienes son en bruto, salvo que se señale lo contrario.

Los otros 31.850 euros los percibió como presidente del grupo parlamentario. Pero no es una asignación que decida el Senado ni que cobren todos los presidentes de grupos parlamentarios, sino que el PP destina una parte de la asignación que la Cámara Alta concede a cada grupo para complementar el sueldo de su líder. Es discrecional. Su predecesor en el cargo, Pablo Casado, nunca cobró como presidente del grupo parlamentario, por ejemplo.

La declaración de Feijóo ha permitido también trazar la evolución de su patrimonio desde que aterrizó en Madrid hasta ahora: tras un incremento de 600.000 euros en sus últimos años al frente de la Xunta, el líder del PP ha aumentado sus propiedades con una nueva vivienda en A Coruña, además de su inversión en la multinacional Inditex.

El partido ha ocultado durante año y medio estas remuneraciones, pese a lo que marca la ley de transparencia. Y pese a los muchos intentos de los periodistas de averiguarlo. Pero ahora, gracias a las políticas de transparencia de Congreso y Senado, se ha desvelado un secreto que afecta no solo a Feijóo, sino prácticamente a toda la cúpula que salió del congreso extraordinario de Sevilla del año pasado.

La 'número dos', Cuca Gamarra, también cobró dos sobresueldos al margen de su salario público del Congreso, que ascendió en 2022 a los 113.468 euros brutos al tener un complemento como portavoz, según Newtral. A esta cantidad la secretaria general añade 26.860 euros como “gastos de representación” del PP y 28.759 del Grupo Parlamentario Popular en la Cámara Baja, según su declaración. La secretaria general, aún portavoz parlamentaria, pagó en su declaración de la renta del año pasado 72.540 euros, casi 8.000 más que su jefe de filas.

También el coordinador general, Elías Bendodo, recibió un complemento salarial del PP durante 2022 que él mismo declara en 14.500 euros. El 'número tres' indica expresamente que el dato es en “neto”, es decir, impuestos ya descontados, por lo que la cantidad bruta sería mayor. El diputado por Málaga declara, además, cuatro pisos, una parcela y diversas plazas de garaje en la provincia. De IRPF, el malagueño pagó el año pasado 38.755 euros.

Los vicesecretarios, máximos responsables sectoriales y con asiento en el Comité de Dirección del PP, también percibieron algún tipo de emolumento al margen de su cargo. Esteban González Pons, eurodiputado (cargo por el que percibió 89.859 euros), ha declarado ante el Congreso unos “gastos de representación” de 22.720 euros. 

La misma cantidad ha declarado Miguel Tellado, vicesecretario de Organización Territorial y enviado de Feijóo a los territorios para preparar al partido ante las elecciones del pasado 28 de mayo. Es del núcleo más próximo al jefe desde hace años y, a este complemento de 22.720 euros, hay que añadir lo que cobró el año pasado (20.229 euros), y desde mayo como senador: la parte proporcional de 86.000 euros.

Esos 22.720 euros se repiten en el vicesecretario de Economía, Juan Bravo. El dirigente declara dos sueldos en 2022 (de la Junta de Andalucía y del Parlamento autonómico) por un total de 49.141 euros. Desde mayo hasta diciembre como senador raso se embolsó poco más de 70.000 euros. A estas cifras hay que sumar esos “gastos de representación”.

Cierran la nómina dos senadores: Pedro Rollán y Javier Maroto. El primero ha sido designado presidente de la Cámara Alta para esta legislatura, por lo que tendrá que abandonar sus cargos dentro del PP. Pero en 2022 el que fuera vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local pudo sumar a su sueldo de senador raso los 25.560 euros que declara como “gastos de representación”. 

Maroto ejerció como portavoz en el Senado, lo que le valió un sueldo bruto total de unos 126.536 euros. Es la cantidad que, por los complementos, cobran todos los portavoces que además han ganado su escaño fuera de Madrid. A esa cantidad, el dirigente añadió un sobresueldo de 23.076 euros como miembro de la dirección del grupo parlamentario en la Cámara Alta. Un dinero que, como en el caso de Feijóo, lo perciben aquellas personas que el partido decide.

Cierra este capítulo Carmen Navarro, vicesecretaria desde abril de 2022 (primero, de Políticas Sociales, luego de Estudios) y que complementó su sueldo como diputada rasa, primero, y secretaria de la Mesa, después, con un sobresueldo del partido de 19.880 euros, según su declaración. Navarro declara además tres viviendas en Albacete, otra en Murcia y una última en Madrid, y varias plazas de garaje. 

Hay otros dos casos reseñables. El primero, el del secretario de Organización, Ángel González, único dirigente del PP por debajo de vicesecretario que ha declarado gastos de representación ante el Senado: 10.800 euros. También el actual portavoz (accidental, porque es temporal), Javier Arenas, ha declarado unos “gastos” a cuenta del grupo parlamentario de 5.013 euros.

Fúnez, Sémper y Montserrat, las excepciones

En la cúpula del PP hay tres personas que, al menos en 2022, no cobraron un sobresueldo del partido o de los grupos parlamentarios. Son Borja Sémper, Carmen Fúnez y Dolors Montserrat.

Fúnez, actual responsable de Políticas Sociales del PP, ha regresado a las Cortes Generales como diputada tras varios años sin cargo público. La ciudarrealeña declara ante el Congreso un sueldo del año pasado de 51.379 euros que cobró del grupo parlamentario en el Senado, donde trabajó como asistente de los senadores. La ya diputada no entró a formar parte del Consejo de Dirección del PP hasta casi la primavera de este 2023, por lo que no será hasta una próxima declaración ante el Congreso cuando tendrá la obligación de explicitar si cobra sobresueldo del PP, y cuánto.

Es una situación muy similar a la de Borja Sémper, cuya declaración de bienes no aparece en su ficha de diputado por un error administrativo, pero a la que ha tenido acceso elDiario.es. El vicesecretario de Cultura fue reclutado por Feijóo como portavoz en enero de 2023. En su declaración de bienes no figura lo que ha podido cobrar desde entonces del PP, ya que la norma pide solo indicar los ingresos del año anterior. 

Pero Sémper sí refleja el sueldo que tenía como director de Relaciones Institucionales de la consultora multinacional EY (Ernst & Young): 191.127 euros. Una cantidad que dejó de percibir al regresar a la primera línea política. Desde enero hasta ahora, Sémper ha cobrado un sueldo del PP que no ha sido formalmente revelado. Como diputado, comenzará a tener un sueldo público y, según la tónica, recibirá también un complemento si se mantiene en la dirección.

La única persona de todo el Comité de Dirección que se salta esta ‘norma’ es la portavoz en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, quien indica en su declaración en Bruselas que su puesto como miembro de la cúpula del PP no es remunerado.

Montserrat es eurodiputada, portavoz del PP y presidenta de la Comisión de Peticiones del Parlamento en Bruselas. El salario de un eurodiputado supera los 7.000 euros al mes, aunque también ingresan dietas y diversas remuneraciones diferentes. Según Newtral, Montserrat venía cobrando 107.944 euros anuales.

Pedro Rollán (Madrid, 1969) tenía 18 años cuando ETA perpetró uno de sus atentados más sanguinarios: la masacre de Hipercor en Barcelona en la que un coche bomba ocasionó la muerte de 21 personas e hirió a otras 45. Más de tres décadas después, y con la banda terrorista desaparecida desde 2018, el dirigente del Partido Popular llevó al límite la utilización de ETA para atacar al Gobierno de coalición y su política de alianzas al afirmar en sede parlamentaria que “los cimientos de la ley de vivienda se levantan sobre las cenizas del atentado de Hipercor”. 

Fue hace solo tres meses, durante la campaña electoral de las autonómicas y municipales. La dirección del partido evitó respaldarlo públicamente, pero avaló con su silencio un nuevo episodio de utilización de ETA como elemento de confrontación política y de desgaste del PSOE. Ahora, Alberto Núñez Feijóo acaba de aupar a Rollán al puesto de presidente del Senado, que logró en una votación sin suspense gracias a la mayoría absoluta que los conservadores obtuvieron en esa Cámara. 

El líder del PP sitúa así como cuarta autoridad del Estado a un dirigente que en los últimos tiempos ha dado muestras de seguir a pies juntillas la estrategia del PP de cuestionar las alianzas del Ejecutivo con formaciones como EH Bildu e incluso la propia legitimidad de Pedro Sánchez para ocupar la presidencia del Gobierno. “Es incapaz de respetar el resultado de las urnas”, dijo el flamante presidente del Senado días después de ser elegido, obviando la institucionalidad que exige el cargo que acaba de estrenar. 

Rollán, al que algunos de sus rivales políticos atribuyen un talante conciliador y que hace gala de tener un buen trato con la prensa, fue rescatado por Feijóo en abril de 2022 para formar parte de su dirección cuando fue elegido líder del partido. Ambos se conocen desde hace años, cuando el dirigente gallego dirigió el Insalud y Correos durante los gobiernos de José María Aznar, y Rollán era concejal en Torrejón de Ardoz.

Cuando Feijóo lo repescó, Rollán era un senador raso en una Cámara en la que había recalado en 2019, después de que Isabel Díaz Ayuso decidiera no incluirlo en su primer Gobierno de la Comunidad de Madrid. La elección de Feijóo se interpretó entonces como un mensaje interno a la líder regional, que no logró colocar a ningún perfil marcadamente ayusista en el lugar en el que se decide la estrategia nacional de la formación conservadora. 

Antes de esta especie de resurrección, Rollán ya lo había sido todo en la política municipal y autonómica, donde encadenó diferentes cargos públicos durante casi dos décadas. Militante del PP desde 1994, empezó en política local como concejal en 2003 tras dejar un puesto en la multinacional Schweppes. Tres años después consiguió por la mínima la mayoría absoluta en Torrejón de Ardoz, una ciudad de 120.000 habitantes que era, dijo, “el patito feo del Corredor del Henares”. Sólo una legislatura después, en 2011, logró ser el alcalde más votado de España. 

Como regidor de Torrejón de Ardoz, invirtió dinero público a espuertas para fiestas locales, la Navidad o la creación de un parque con 16 réplicas en miniatura de monumentos europeos que costó más de 20 millones de euros a cargo de las arcas municipales. La deuda del municipio en 2007 alcanzaba los 28 millones de euros. Siete años más tarde, en 2014, esa cifra se había multiplicado por cuatro, según publicó El País, que incluyó a la localidad dentro de una lista de las ciudades más ahogadas por la deuda.

Rollán lideró una gestión de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo que fue objeto de un informe de la Cámara de Cuentas en 2015, donde el órgano fiscalizador plasmó una serie de irregularidades. En 2010, presentó una norma que impedía empadronarse en el municipio a migrantes que no dispusieran de más de 20 metros cuadrados por persona en su domicilio. La medida fue muy polémica y tuvo que recular. 

Mantuvo el cargo de alcalde hasta 2015, cuando la entonces presidenta, Cristina Cifuentes, lo fichó como consejero. Empezó en Transportes y Vivienda, donde aprobó el abono joven de 20 euros, probablemente la medida más célebre del mandato. Su siguiente destino fue Medio Ambiente. Y, contra todo pronóstico, acabó siendo la cara visible del nuevo Ejecutivo de Ángel Garrido, tras la dimisión de Cifuentes como consecuencia del escándalo de su máster.

En la primavera de 2019, Garrido recibió con desagrado que su jefe de filas, Pablo Casado, no apostara por su candidatura al frente de la lista del PP para la Comunidad de Madrid, sino que eligió a Ayuso. Garrido fue relegado a la papeleta para el Parlamento Europeo. En ese impass preparó su venganza: en el último momento, anunció su fichaje por Ciudadanos y se incorporó a la lista de Ignacio Aguado. Tras las elecciones de mayo, el PP y Ciudadanos firmaron un Gobierno de coalición y Garrido fue designado consejero de Transportes.

Cuando anunció su salto a Ciudadanos, dimitió como presidente y el cargo recayó en Rollán, que era vicepresidente, de forma accidental. El cargo de presidente de la Comunidad de Madrid le duró cuatro meses, la gran parte de ellos en funciones y en los que se dedicó a ser un mero gestor. Ayuso lo incluyó en su lista para las elecciones de ese año como número cinco, pero no contó con él en la configuración del Ejecutivo con Ciudadanos. En noviembre de 2019, en la repetición electoral, el PP lo incorporó en sus listas al Senado por Madrid.

Y ahí seguía Rollán, sin demasiado protagonismo, cuando Feijóo lo recuperó hace poco más de un año para su núcleo duro como vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local, un área clave de cara a la doble cita electoral de un año después pero que ahora tendrá que abandonar por ser incompatible con su cargo institucional.

La nueva legislatura le reserva un puesto destacado como la persona que ordenará los debates en el Senado, la Cámara que el PP tratará de convertir en el ariete de su oposición a Sánchez si este logra mantenerse en la Moncloa. Sólo el tiempo dirá si se acaba imbuyendo de la institucionalidad que se le presupone al cargo y exabruptos como el de Hipercor no vuelven a repetirse.

El nuevo presidente del Senado, Pedro Rollán, ha reincidido este sábado en la conocida estrategia de PP y Vox de cuestionar la legitimidad de Pedro Sánchez para ocupar la presidencia del Gobierno. Pedro Sánchez “es incapaz de respetar el resultado de las urnas”, ha dicho Rollán desde Cádiz.

En su opinión, el líder socialista “está dispuesto a pagar cualquier precio para restablecer su manual de resistencia en la Moncloa, al apoyarse en partidos que ”no creen en la igualdad de los españoles ni respetan la Constitución“.

En una comparecencia ante los medios, Rollán, que fue elegido el jueves presidente del Senado, ha recriminando al PSOE que el “prófugo” expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont sea “la mano que mece la cuna” de los socialistas.

El también vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP ha defendido que el candidato popular a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, “tiene la legitimidad, responsabilidad y obligación de intentar conseguir los apoyos suficientes para proponer” su investidura, y ha pedido al PNV que dé “una pensada” a su posición antes de apoyar al PSOE.

Rollán ha recordado que Feijóo fue quien ganó las elecciones generales del pasado 23 de julio, al alzarse el PP como fuerza más votada con 137 escaños frente a los 121 del PSOE y ha expuesto que “a día de hoy”, los populares mantienen el apoyo de “al menos entre 171 o 172 escaños”, en alusión a la suma de PP, Vox, UPN y Coalición Canaria.

El dirigente del PP ha recordado que estos partidos “sí van a tener el debido respeto a la Corona, van a situarse delante del Rey y a comprometerse, dentro de un marco constitucional y de unidad de España, a respaldar que haya un Gobierno de centralidad, que gobierne para todos los españoles y territorios”, frente a ERC, Bildu, Junts y BNG que no prevén participar en la ronda de consultas.

Que el PNV le dé “una pensada”

En ese marco, ha recordado que el PNV “apoyó en tiempos pasados al PP en no pocas ocasiones”, por lo que ha pedido el respaldo de dicha formación para el candidato popular con la advertencia de que “el PSOE parece que está más cómodo con Bildu”.

“El PNV le debería dar una pensada”, ha dicho Rollán, después de que los nacionalistas vascos anunciasen que no apoyarían a Feijóo y respaldasen al PSOE en la designación de la nueva presidenta del Congreso.

El recién elegido presidente de la Cámara Alta ha defendido que el PP apuesta por un Gobierno en el que “no haya unos privilegios de unos pocos”, en alusión a ERC y Junts, “que se enarbolan la representación del cien por ciento del territorio” de Cataluña “cuando están perdiendo cada vez más” apoyo electoral.

La tiranía “de unos pocos”

Insistiendo en que Puigdemont protagonizó un “golpe de Estado” con el fallido proceso independentista catalán, Rollán ha avisado de que el papel de Puigdemont y Junts en las negociaciones promovidas por el PSOE para reeditar el Gobierno de coalición de la anterior legislatura va a “propiciar una amnistía para quienes se saltaron la ley, el respeto y la armonía y pretenden que tan sólo unos pocos impongan un dictado y una tiranía a la inmensa mayoría de la sociedad española”.

“En política no todo vale”, ha aseverado, avisando de que hay quienes están “irritados porque un señor que reside en Waterloo (Bélgica) es la mano que mece la cuna del PSOE”.

Así, ha defendido que Feijóo, a quien los socialistas reprochan que no cuenta con mayoría en el Congreso para lograr su investidura, “tiene la legitimidad, responsabilidad y obligación de intentar conseguir los apoyos suficientes para proponer su candidatura” a la Presidencia. Por eso, ha defendido que en los próximos días “se pueda, si el Rey lo considera oportuno, encomendar” a Feijóo “la responsabilidad de conseguir los apoyos suficientes” para su investidura como nuevo presidente. 

El vicesecretario general del Partido Popular, Pedro Rollán, ha asegurado que el presidente del Partido Popular y candidato a la Moncloa, Alberto Núñez Feijóo, tiene como “una de sus señas de identidad” la de “combatir la despoblación” en el medio rural.

“Todos sabemos que viene de un municipio de una población reducida a 300 habitantes”, ha remarcado sobre Feijóo antes de incidir en que para el político gallego “combatir la despoblación será una de sus señas de identidad” de ponerse al frente del Ejecutivo central después de las elecciones del 23 de julio.

En referencia ya a Salamanca, donde ha hecho estas declaraciones, Rollán ha incidido en que es “una ciudad maravillosa” pero que tiene “una infraestructura de transportes que es absolutamente deficitaria”.

“Por no hablar ya incluso también de lo que se refiere a las frecuencias”, ha dicho en relación a la petición desde las entidades locales de que se recupere la cuarta frecuencia del Alvia que conecta por tren la ciudad con Madrid, que se retiró con la pandemia y que no se ha restablecido.

“Dificultar la llegada a la ciudad de Salamanca es impedir el crecimiento, la prosperidad, la economía, el empleo. Por lo tanto, lo que se va a hacer es una gobernanza de verdad”, ha apuntado sobre las intenciones del PP de hacerse con el respaldo mayoritario en las urnas.

“Esta legislatura ha sido la legislatura de la falsa gobernanza porque el presidente Sánchez entendía que él estaba para dictar y los presidentes autonómicos para tomar nota. Y eso se tiene que terminar. La gobernanza ha sido una de las cuestiones que también el presidente Feijoo ha puesto encima de la mesa, porque una de sus primeras medidas será convocar la Conferencia de Presidentes”, ha concluido.

Poco antes de las cuatro de la tarde de un viernes de junio de 1987, ETA perpetraba uno de sus más sangrientos atentados en Barcelona. El comando que llevaba el nombre de la Ciudad Condal instaló en la primera planta del aparcamiento del centro comercial Hipercor un Ford Sierra robado en San Sebastián con 30 kilos de amonal, 100 litros de gasolina, escamas de jabón y pegamento hasta sumar 200 kilos de carga explosiva. 

A las tres de la tarde, el etarra Domingo Troitiño realizó tres llamadas dirigidas a la Guardia Urbana de Barcelona, a la dirección del centro comercial y al diario Avui para alertar de la presencia del coche bomba. Las fuerzas de seguridad acudieron al lugar, pero el servicio de seguridad de Hipercor creyó que era una falsa alarma y no ordenó el desalojo del centro. A las 15:55 explotó la bomba. Fueron asesinadas 21 personas y otras 45 resultaron heridas en la mayor masacre de la historia ejecutada por la banda terrorista.

ETA no solo buscó la destrucción del centro comercial en su primer atentado cometido contra civiles, sino que fabricó una bomba especial «incendiaria» para quemar vivas a las víctimas que se encontraban dentro de los grandes almacenes. Domingo Troitiño y Josefa Ernaga Esnoz fueron condenados a 794 años de prisión como artífices de la masacre. En 2003, la Audiencia Nacional condenó a 790 años y medio de cárcel a Santi Potros y Caride Simón por ordenar y ejecutar respectivamente el atentado.

Entre los pliegues de la memoria de quienes tenían entonces uso de razón permanecen aún las imágenes de los muertos, los heridos, la sangre y el horror porque, aunque a finales de los ochenta del siglo pasado no había redes sociales ni móviles, las autoridades no recomendaban a los medios de comunicación evitar la difusión de imágenes sobre las matanzas ni por desgracia el debate sobre el respeto y la intimidad de las víctimas y sus familiares ocupaba demasiado tiempo en los consejos editoriales. 

Pedro Rollán, senador y miembro de la dirección nacional del PP, tenía 18 años cuando se perpetró aquella masacre. En su biografía del Senado no consta que tenga estudios ni más empleo que el de gerente de Schweppes -sin concretar fechas- antes de que en 1994 se afiliara al PP y desde 2002 y hasta hoy encadenase diferentes cargos públicos y orgánicos. 

No hace falta tener mucha formación para saber el impacto que aquel sangriento atentado tuvo sobre la democracia española pero sí un alto grado de desnutrición moral para sostener en sede parlamentaria que la ley de vivienda, aprobada democráticamente en el Parlamento, se ha construido sobre los cimientos de Hipercor, que es exactamente lo que ha dicho Rollán y ha avalado con su silencio la dirigencia del PP.  El mismo partido, por cierto, que habla de respeto, memoria, dignidad, verdad y otras bellas palabras al mismo tiempo que utiliza el dolor para hacer política partidista en medio de una campaña electoral y doce años después de que ETA dejara de matar.

“ETA está viva”, ha proclamado Isabel Díaz Ayuso, un día después de las palabras de Rollán y de que las víctimas de la banda asesina cargasen contra ella por no respetar a los muertos. Debe estar viva, sí, pero sólo en las mentes de quienes, como la presidenta madrileña, no tienen más que ofrecer que un proyecto cargado de odio y confrontación. O, como en la del senador Rollán, que por no saber no sabe siquiera que la ley de vivienda si en algo está sustentada es sobre los cimientos de la democracia parlamentaria y del artículo 47 la Constitución. Un precepto que, además de recoger el derecho a la vivienda, atribuye a los poderes públicos la capacidad de establecer las normas pertinentes para hacerlo efectivo e impedir la especulación. Demasiada letra para tan corta entendedera.

Hay líneas que jamás deberían traspasarse en democracia ni siquiera en el fragor de una campaña electoral en la que el PP vuelve a practicar el todo vale. El ambiente empieza a ser irrespirable en este tránsito hacia los extremos de la política más deplorable.