El PP cambia de forma exprés las normas del Senado y amenaza con bloquear la ley de amnistía

El PP amaga con plantear un choque institucional inédito en España y que va en contra de lo que dispone la Constitución. El partido de Alberto Núñez Feijóo intentará bloquear en el Senado la tramitación de la ley de amnistía. Para ello, usará su mayoría en la Mesa y rechazará “calificar” la norma (admitirla a trámite) pese a que esta ya llegará respaldada por el Congreso. Así lo han asegurado este martes fuentes de la dirección del PP. Una situación desconocida hasta ahora en la historia democrática reciente: que una de las dos cámaras que componen las Cortes Generales impide que una ley aprobada por la otra pase el filtro de la Mesa.

La portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, ha comparecido este martes para asegurar que su partido se opondrá a la “calificación” de la ley de amnistía en la Mesa del Congreso. Es decir, que el partido de Feijóo rechazará de plano la propuesta por “inconstitucional”. El órgano de gobierno de la Cámara Baja lo ha hecho en otras ocasiones, por ejemplo con las comisiones de investigación sobre Juan Carlos de Borbón o asuntos relacionados con la monarquía.

Gamarra ha asegurado que la norma es contraria a la Constitución, tal y como lo determinaron en 2021 los letrados de la Cámara sobre una proposición de ley de amnistía presentada por los independentistas catalanes. Pese a que ambos textos son diferentes, desde el PP sostienen que una ley de amnistía es inconstitucional por sí misma, más allá de lo que establezcan sus artículos.

Tras la rueda de prensa, desde la dirección del PP han sostenido que el partido mantendrá la misma posición en la Mesa del Senado de la que votarán en la del Congreso. Y en el Senado tienen mayoría absoluta, por lo que podrían bloquear e impedir la tramitación de la ley.

El Reglamento del Senado asegura en su artículo 36, apartado c, que es competencia de la Mesa “calificar, con arreglo al Reglamento, los escritos y documentos de índole parlamentaria, así como decidir sobre su admisibilidad y tramitación”.

Fuentes del PSOE en el Senado aseguran a elDiario.es que es imposible hacer lo que pretende el PP. “La calificación es un trámite”, apuntan estas fuentes. Y en caso de que efectivamente la Mesa se negara a hacerlo, continúan, pasados los 20 días de plazo, se publicaría en el BOE la norma tal cual hubiera salido del Congreso. Así lo recoge la Constitución en el apartado tercero de su artículo 90: “El plazo de dos meses de que el Senado dispone para vetar o enmendar el proyecto se reducirá al de veinte días naturales en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados”.

Reforma exprés del Reglamento

No es la única maniobra que utilizará el PP en el Senado contra la ley de amnistía y que choca con lo que recoge la Constitución. Pese a desgañitarse durante semanas para protestar contra la reforma exprés del Reglamento del Congreso aprobada por el PSOE, Sumar y otros siete grupos parlamentarios y permitir el uso de las lenguas oficiales distintas al castellano en el Pleno, los de Feijóo han ejecutado este martes un cambio similar en la Cámara Alta.

La modificación del Congreso fue tildada de antidemocrática por no haber contado con ellos para la revisión. Pero ahora el mismo PP ha usado su rodillo en el Senado para cambiar su normativa de forma exprés y unilateral para ralentizar la aprobación de la ley de amnistía y, de paso, introducir por primera vez las comparecencias del presidente y de los ministros ante la Cámara Alta.

El PP acusó a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, de situarse “al margen de la ley” cuando en agosto se tramitó la reforma del Reglamento de la Cámara. “No compartimos que se haga por lectura única ni de urgencia”, dijo la secretaria general, Cuca Gamarra. “Afecta a la seguridad jurídica y los derechos de los parlamentarios”, apuntó, para concluir que se trató de “un paso más en la degradación institucional”.

Tres meses después, es el PP el que ha recurrido a su mayoría absoluta en el Senado y al trámite exprés para modificar el Reglamento de la Cámara. El objetivo inicial era cambiar las normas internas para intentar dilatar la aprobación de la ley de amnistía pactada por el PSOE y los independentistas catalanes. El Senado no puede impedir que salga adelante, pero el PP ha encontrado una fórmula para dilatar su aplicación un máximo de dos meses.

Los de Feijóo se arrogarán este martes con su mayoría absoluta, y el apoyo irrelevante de los dos senadores de Vox y UPN, la capacidad de modificar la prerrogativa constitucional del Congreso y del Gobierno de declarar urgente el trámite de una ley y reducir así los plazos y trámites necesarios para aprobar una norma. Algo que hasta ahora el Senado no podía decidir.

Pero el PP no solo da al Senado la facultad de decretar la urgencia de un trámite, sino de cortocircuitar la decisión previa del Congreso o del Gobierno y de revertirla, pese a que el artículo 90 de la Constitución establece que “el plazo de dos meses de que el Senado dispone para vetar o enmendar el proyecto se reducirá al de veinte días naturales en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados”.

La reforma planteada por el PP establece que “la Mesa del Senado, de oficio o a propuesta de un Grupo parlamentario o de veinticinco Senadores, podrá decidir la aplicación del procedimiento de urgencia”. Y añade: “La Mesa del Senado podrá decidir la aplicación del procedimiento de urgencia cuando así lo solicite el Gobierno o el Congreso de los Diputados, o también actuando de oficio o a propuesta de un Grupo parlamentario o de veinticinco Senadores”.

El PP no ha aceptado ninguna de las enmiendas presentadas por la oposición. Los portavoces de Junts, Compromís o Geroa Bai han criticado la reforma y la han tachado de inconstitucional. El PSOE, de hecho, ha anunciado que llevará la reforma al Tribunal Constitucional. “Ejercitaremos nuestro derecho de recurso de amparo ante el TC”, ha advertido desde la tribuna el portavoz socialista Francisco Manuel Fajardo. “De espaldas a la buena fe, están ustedes cometiendo un fraude de ley”, ha criticado.

El hoy portavoz del Senado, Eloy Suárez, ha reprochado a los grupos que hablaran de la posible “inconstitucionalidad” de la reforma “con lo que estamos viendo y lo que estamos pasando”, en referencia a la propia ley de amnistía. “Es buena para esta institución y buena para España”, ha resumido Suárez.

El Gobierno, obligado a comparecer

El PP ha incluido en esta misma reforma una autoenmienda para obligar a los miembros del Gobierno a comparecer en el Pleno del Senado cuando lo soliciten los grupos, tal y como ocurre ahora en el Congreso.

Hasta ahora, el presidente o los ministros solo tenían la obligación de comparecer ante el Pleno de la Cámara Baja cuando así lo solicitaba la oposición. Aunque Pedro Sánchez acudió al Pleno del Senado varias veces en la pasada legislatura, lo hizo como deferencia a Feijóo, quien lideraba la oposición desde la Cámara Alta porque no era diputado.

Ahora que el PP domina con mayoría absoluta el Senado, los de Feijóo quieren tener las manos libres para llamar a Sánchez siempre que quieran, aunque ya lo pueden hacer en el Congreso. Y han presentado una enmienda a su propio texto con seis puntos nuevos en el artículo que regula las comparecencias de los presidentes en esa Cámara.

El nuevo texto incluye ahora que los ministros y los jefes del Ejecutivo estén obligados a acudir cuando lo soliciten dos grupos parlamentarios o una quinta parte de los senadores. El PP incluyó esta enmienda después de que cuatro ministros rechazaran acudir a responder en la sesión de control de la semana pasada.