El Gobierno de Juan Manuel Moreno acaba de suprimir de un plumazo el régimen sancionador de la Ley andaluza de Transparencia que su propio partido, estando en la oposición, usó para denunciar a la Junta por restringir el acceso a información pública, logrando que se abriera el primer expediente sancionador contra el entonces Ejecutivo andaluz por falta de transparencia.

El PP andaluz ha usado una enmienda al proyecto de Ley de Universidades de Andalucía, aprobado este miércoles en el Parlamento, para modificar una parte sustancial de la Ley de Transparencia autonómica, con la que nada tiene que ver. Esta reforma “por la puerta de atrás” elimina todos los artículos que regulaban las sanciones contra los altos cargos de las administraciones por restringir el libre acceso a la información pública, una potestad que hasta ahora correspondía al Consejo Andaluz de la Transparencia.

La decisión es llamativa porque fueron precisamente los populares, ya bajo el liderazgo de Juanma Moreno, los primeros en hacer valer ese régimen sancionador –pionero en España y que luego copiarían Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla y León y Castilla La Mancha– para denunciar a la Junta de Andalucía, entonces gobernada por el PSOE, por incumplir esos mismos artículos de la Ley de Transparencia.

El primer expediente sancionador incoado a la Junta

El 28 de octubre de 2016, el grupo parlamentario del PP en el Parlamento andaluz presentó una denuncia ante el Consejo de Transparencia contra la Consejería de Hacienda, entonces dirigida por María Jesús Montero, hoy vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda, líder del PSOE andaluz y rival de Moreno en las próximas elecciones autonómicas.

Los populares denunciaron el “incumplimiento de las obligaciones de publicidad activa”, porque el departamento de Montero no había publicado en el Portal de Transparencia de la Junta el anteproyecto de ley de Presupuestos para Andalucía del año 2017, a pesar de que el Consejo de Gobierno ya había remitido al Consultivo dicho anteproyecto para su dictamen (el 18 de octubre de 2016).

El órgano de consulta de la Junta de Andalucía emitió ese dictamen sobre los Presupuestos seis días después, el 24 de octubre, y a la fecha de la denuncia del PP, el 28 de octubre, el anteproyecto con las cuentas de la comunidad seguían sin haberse publicado en el Portal de Transparencia, como obliga la ley cuando se trata de “información de relevancia jurídica”.

En aquella denuncia, recuperada hoy por elDiario.es, el PP requirió tanto al Consejo de Gobierno como a la Consejería de Hacienda la publicación “con carácter urgente” del anteproyecto de ley de Presupuestos y solicitó al Consejo de Transparencia que “adoptase las medidas oportunas para evitar que en posteriores ocasiones no se publiquen” estos documentos.

Pero los populares fueron más allá y decidieron apelar al artículo 57 de la Ley andaluza de Transparencia –uno de los eliminados ahora por el Gobierno de Moreno– para que el Consejo incoase un procedimiento sancionador y fijase “los responsables, las infracciones y, en su caso, las sanciones oportunas por el incumplimiento reiterado” de la citada ley. Los de Moreno acompañaron la tramitación de esta denuncia por la vía administrativa con una fortísima oposición dentro de la Cámara, acusando a Montero de saltarse la Ley de Transparencia para dificultar a sus rivales la fiscalización de las cuentas públicas.

El régimen sancionador, un elemento diferenciador

En aquella legislatura, del que sería el último Gobierno del PSOE en Andalucía (bajo la presidencia de Susana Díaz), formaba parte del grupo parlamentario popular la diputada Teresa Ruiz Sillero, hoy senadora. Ruiz fue una de las que impulsó aquella denuncia por incumplimiento de la Ley de Transparencia y, posteriormente, escribió un extenso artículo en una revista especializada explicando el hito de lograr el primer expediente sancionador incoado a la Junta de Andalucía por este motivo.

En el artículo, al que ha tenido acceso este periódico, subraya precisamente el régimen sancionador específico de la Ley andaluza de Transparencia como “elemento diferenciado, que no se incluye en la legislación básica”. “Frente al prácticamente inexistente régimen sancionador en materia de transparencia en la Ley estatal (...), el artículo 52 de la ley andaluza [ahora eliminado] hace extensiva la condición de personas responsables de las infracciones a quienes, aun a título de simple inobservancia, realicen acciones o incurran en las omisiones tipificadas en la ley con dolo, culpa o negligencia”, reza el texto de la senadora popular.

Para justificar la no publicación de su proyecto de Presupuestos en el día previsto, el departamento de Montero alegó “la especificidad” de dicha ley y “la celeridad” con la que se tramita. Y respecto a la petición de apertura de expediente sancionador “mercedor de una sanción por no publicar una materia en un día exacto, cuando la exigencia es actualizar y publicar trimestralmente”, la hoy ministra de Hacienda afeó al PP que se trataba de una exigencia “cuanto menos exagerada y alarmista”.

El Consejo andaluz de Transparencia dio la razón al PP y ordenó a la Consejería de Hacienda que publicase cuanto antes el referido anteproyecto de ley presupuestaria y le conminó a no volver a incurrir en este retraso. La resolución fue extemporánea, porque cuando se emitió el departamento de Montero ya había corregido y hecho público el borrador de la ley.

Sin embargo, en esa misma resolución (de enero de 2017), el director del Consejo no se pronunció sobre la petición del PP para que se incoase un procedimiento sancionador contra la Junta. Ante esta falta de pronunciamiento, el PP andaluz interpuso un recurso potestativo de reposición ante el Consejo de Transparencia, que finalmente terminaría abriendo expediente sancionador contra la Consejería de Hacienda “por incumplimiento de su obligación en la publicidad activa”.

Cambios en las políticas de transparencia del PP andaluz

La capacidad de dictar resoluciones como ésta, “con fuerza vinculante”, era la competencia “más relevante” que otorgaba la Ley andaluza de Transparencia al director del Consejo, hasta que el Gobierno de Moreno ha decidido retirarle dicha potestad y suprimirla de la norma, usando una enmienda a una ley sobre política universitaria.

Durante los últimos años de oposición, el PP de Moreno explotó mucho el régimen sancionador de la Ley de Transparencia que ahora, desde el Gobierno, ha decidido cargarse.

La denuncia contra Montero por no publicar a tiempo el anteproyecto de ley de Presupuestos de 2017 no fue la única que interpuso el grupo parlamentario popular en aquella época para acusar a la Junta de incumplir sus obligaciones de publicidad activa en el Portal de Transparencia. También registraron una denuncia similar por no haber colgado a tiempo de su página web el anteproyecto de ley de Fomento del Emprendimiento.

La relación del PP andaluz con las políticas de transparencia ha cambiado desde que están dentro del Palacio de San Telmo, sede de la Junta. Los de Moreno suelen argumentar que todos los contratos sanitarios a dedo con clínicas privadas que hoy investiga la Justicia por supuestos delito de prevaricación y malversación están disponibles en el Portal de Transparencia de la Junta, por eso el PSOE pudo hacerse con ellos para interponer una querella contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS). “Eso cuando gobernaban los socialistas no pasaba”, advierten.

En realidad, la mayoría de expedientes públicos se empiezan a volcar en los servidores digitales de la Junta precisamente a partir de la Ley estatal de Transparencia (2013) y del desarrollo de la ley andaluza, de 2014. Ni el Consejo de Transparencia ni el Gobierno andaluz han querido responder a cuántos altos cargos se han multado desde que entró en vigor la ley ni cuántas veces ha pedido el Consejo la apertura de un expediente sancionador y a qué administraciones.

La “paradoja” de estar en manos del órgano infractor

Con el procedimiento ya abierto contra la Junta por parte del Consejo de Transparencia, el PP llevó el asunto al Pleno en el Parlamento con varias preguntas orales dirigidas a Montero. La entonces consejera de Hacienda reconoció que se llegó a tomar “declaración y testimonio” a casi todos los empleados de su departamento que intervienen en la tramitación del presupuesto, pero nunca se reveló si algún cargo público fue multado. A la postre, el expediente sancionador concluyó sin fijar ni la posible infracción cometida y sin ninguna propuesta de sanción.

Ante las reiteradas denuncias, el Consejo de Transparencia terminó fijando el criterio a seguir cuando se solicita la apertura de un expediente sancionador previsto en el artículo 57 de la ley (recién suprimido): “Ante la ausencia de reglamentación aplicable a estos casos, es criterio del Consejo que declarar el incumplimiento de una obligación de publicidad activa y dictar un Acuerdo para instar al órgano a que incoe el procedimiento correspondiente constituyen distintos procedimientos que han de tramitarse y resolverse separadamente, otorgando los pertinentes trámites de alegaciones derivados de la instrucción de ambos procedimientos. En consecuencia, este Consejo procederá a tramitar el procedimiento correspondiente para instar, en su caso, la incoación del procedimiento que corresponda, dando cuenta al ahora denunciante del resultado de los mismos”.

En decir, la tramitación del expediente sancionador quedaba en manos del mismo órgano que supuestamente había incumplido la Ley de Transparencia –en aquel caso la Consejería de Hacienda– “con la única obligación de comunicar el resultado” al Consejo. Aquel criterio fue analizado y muy debatido por expertos en el desarrollo de la citada ley.

José María Pérez Monguió, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Cádiz, destacó en uno de sus artículos esta “paradoja”. “Hubiera resultado oportuno que la ley andaluza hubiera otorgado a los denunciantes la posibilidad de conocer, al menos, si su acto de denuncia dio lugar a la incoación del procedimiento”, escribe en un artículo titulado Régimen sancionador, que forma parte del 'Estudio sobre la Ley de Transparencia Pública de Andalucía', publicado por el Instituto Andaluz de Administración Pública, en 2015

Pérez Monguió defendía aquí que el grado de exigencia en materia de transparencia debe ser mayor para las “autoridades” que para los funcionarios, distinguiendo la responsabilidad de los altos cargos de la administración que ocupan puestos de “confianza política” (nombrados a dedo por el Gobierno de turno), de los “empleados públicos profesionales”, cubiertos por “el paraguas del mérito profesional y la capacidad”. “Las infracciones que cometan deberían ser conocidas”, concluye.

Garrotada del Consell de Transparència a l’Autoritat Portuària de València (APV) per l’ocultació durant mesos d’un document sens dubte públic, com és l’informe de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat (IGAE). Tal com va revelar elDiario.es, el demolidor document de la IGAE apunta possibles tripijocs en processos de contractació de personal i en un contracte adjudicat a una consultora, que després es va deixar sense efecte.

Segons la resolució de l’organisme independent publicada en la seua pàgina web, a conseqüència de la reclamació interposada per un particular, “s’escau estimar la reclamació a fi que es facilite l’informe de la IGAE sol·licitat amb l’anonimització deguda, de manera que s’impedisca la identificació de les persones afectades”, pel fet d’entendre que es tracta de “informació pública” i dona un termini de 10 dies per al seu lliurament.

El reclamant, la identitat del qual es desconeix, va sol·licitar el document esmentat al Ministeri d’Hisenda en primera instància i a l’APV en segona, en compliment del que indica el mateix departament d’Hisenda en la seua resposta.

No obstant això, des de l’entitat portuària que dirigeix la presidenta Mar Chao es va negar el document amb una sèrie d’excuses que el Consell de Transparència desmunta en la seua resolució. En concret, l’APV denega l’accés a la informació indicant que “la documentació sol·licitada no va ser generada ni rebuda en l’exercici de competències pròpies d’aquesta APV; que l’accés a l’informe sol·licitat pertorbaria l’efectivitat i la confidencialitat dels procediments jurisdiccionals en curs, i que les dades sol·licitades es refereixen a personal tècnic, i que la seua anonimització no impedeix la identificació d’aquests treballadors pel seu nombre escàs”.

A més, defensa que, “en cas d’atorgar-se accés a la informació en qüestió, aquesta passaria a integrar-se de manera immediata en el denominat circuit públic”. Aquesta circumstància, afig l’APV, la faria “susceptible de ser divulgada, fins i tot manipulada o utilitzada amb finalitats alienes a les previstes inicialment, cosa que podria derivar en un ús indegut o distorsionat del contingut”.

En resposta a aquests arguments, el reclamant es mostra incrèdul i afirma: “Precisament el propòsit de la Llei de transparència és l’accés per tothom als documents que elabora l’Administració per al control adequat pels ciutadans, i és la seua màxima expressió la publicitat activa, passant lògicament al que l’Autoritat Portuària diu circuit públic. Ara bé, d’ací a insinuar que, per part meua, en faré un ús indegut i a distorsionar-ne el contingut em sembla un insult no sols a la meua persona com a ciutadà, sinó a la mateixa Llei de transparència i als principis que la inspiren. Només cal llegir-se el preàmbul de la Llei per a veure la barbaritat què diu l’Autoritat Portuària en la seua resolució, ja que s’oblida que la transparència, l’accés a la informació pública i les normes de bon govern han de ser els eixos fonamentals de tota acció política”.

Una afirmació que avala el Consell de Transparència en recordar que “l’auditoria feta per la Intervenció delegada de la IGAE suposa l’exercici de les funcions de control intern conferides a aquesta institució, per la qual cosa aquest Consell de Transparència considera que s’inclou en l’àmbit material del dret d’accés a la informació pública”.

Per a l’organisme, “la mera existència d’un procediment judicial», sense justificar en quina mesura el coneixement de la informació sol·licitada pot generar el perjudici assenyalat per l’APV, «no és prou per a motivar la denegació de l’accés d’acord amb les previsions de la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Ltaibg)”.

Quant a l’afirmació relativa a l’“ús indegut o distorsionat» que poguera fer-se d’aquesta informació i els perjudicis que pogueren derivar-se’n, el Consell de Transparència considera que «no deixa de constituir una mera hipòtesi que no pot ser fonament de la restricció de l’accés a la informació”.

Per tot això, el Consell de Transparència insta l’APV que, “en el termini màxim de 10 dies hàbils”, remeta al reclamant la informació següent: “Document definitiu de l’auditoria de compliment i operativa: personal de l’Autoritat Portuària de València corresponent als exercicis 2023 i 2024, efectuat per la Intervenció Regional de València de la IGAE”.

Un contracte i cinc places qüestionades

En el seu informe, la IGAE assenyala el contracte de Suport a la Gestió de Persones que es va arribar a adjudicar el 8 d’agost de 2024 a Andràs Abogados per 160.930 euros (IVA inclòs). No obstant això, tal com va avançar aquest diari i destaca l’informe, “aquest contracte va ser anul·lat per l’APV a instàncies de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, que havia incoat expedient, pel fet de considerar que el requisit d’experiència prèvia del plec per a acreditar la solvència no estava justificat, fet que limitava la competència”. Amb posterioritat a unes al·legacions, l’APV, en vista que aquesta Comissió recorreria a la via contenciosa administrativa, va desistir del procediment d’adjudicació.

En les seues al·legacions, l’APV s’oposa a la vinculació entre la tramitació del contracte de Suport a la Gestió de Persones i les modificacions en la Gestió de Recursos Humans, però la IGAE afirma que “la veritat és que són coincidents en el temps”.

En l’apartat ‘Anàlisi dels processos de contractació’ es posa en relleu que “la gestió de les places convocades per a personal exclòs de conveni resulta deficient, amb criteris restrictius que podrien conculcar els principis generals aplicables d’igualtat, mèrit i capacitat”. En aquest sentit, s’han detectat cinc places en què podria donar-se aquesta situació. “Les places convocades per al personal exclòs de conveni contenen requisits o mèrits que predeterminen d’una manera o una altra el candidat seleccionat. Per tant, podrien no respectar-se els principis constitucionals d’accés a ocupació pública”, diu la Intervenció.

L’APV, en les seues al·legacions, es manifesta contrària i assenyalat que respecta la legalitat i exerceix competències que li són pròpies, i aquests requisits estan justificats, i resulten pertinents, ja que respecten els principis d’igualtat, mèrit i capacitat.

Investigació del Tribunal de Comptes

Per part seua, el Tribunal de Comptes ha obert diligències preliminars per a tractar d’esclarir si ha incorregut en responsabilitat patrimonial a conseqüència de diverses irregularitats que han sigut objecte d’investigació per part de l’Oficina de Conflicte d’Interessos (OCI). En concret, s’investiga si hauria incorregut en abast o malversació en l’administració dels fons públics, una infracció tipificada en l’article 177.1 apartat A de la Llei general pressupostària 47/2003 del 26 de novembre.

La investigació de l’òrgan fiscalitzador és a conseqüència d’un escrit de l’1 d’octubre passat pel qual es comunica la incoació per part de la Secretaria d’Estat de Funció Pública, de la qual depén l’OCI, d’un expedient sancionador contra la màxima responsable de l’APV per irregularitats constitutives d’infraccions administratives molt greus, previstes en la Llei 19/2013, del 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

D’aquesta manera, l’esmentada Secretaria d’Estat sol·licita al Tribunal de Comptes que es facen les comprovacions oportunes per a determinar si Chao hauria incorregut en abast o malversació en l’administració dels fons públics. L’obertura de les diligències per part del Tribunal paralitza el procediment sancionador obert des de la Secretaria d’Estat de Funció Pública fins que hi haja una resolució de l’òrgan fiscalitzador.

Varapalo del Consejo de Transparencia a la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) por la ocultación durante meses de un documento a todas luces público, como es el informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). Tal y como reveló elDiario.es, el demoledor documento de la IGAE apunta a posibles amaños en procesos de contratación de personal y en un contrato adjudicado a una consultora, que luego se dejó sin efecto.

Según la resolución del organismo independiente publicada en su página web, como consecuencia de la reclamación interpuesta por un particular, “procede estimar la reclamación a fin de que se facilite el informe de la IGAE solicitado con la debida anonimización, de modo que se impida la identificación de las personas afectadas” al entender que se trata de “información pública” y da un plazo de 10 días para su entrega.

El reclamante, cuya identidad se desconoce, solicitó el mencionado documento al Ministerio de Hacienda en primera instancia y a la APV en segunda, en cumplimiento de lo indicado por el propio departamento de Hacienda en su respuesta.

Sin embargo, desde la entidad portuaria que dirige la presidenta Mar Chao se negó el documento con una serie de excusas que el Consejo de Transparencia desmonta en su resolución. En concreto, la APV deniega el acceso a la información indicando que “la documentación solicitada no fue generada ni recibida en el ejercicio de competencias propias de esta APV; que el acceso al informe solicitado perturbaría la efectividad y la confidencialidad de los procedimientos jurisdiccionales en curso, y que los datos solicitados vienen referidos a personal técnico, y que su anonimización no impide la identificación de dichos trabajadores por su escaso número”.

Además, defiende que “en caso de otorgarse acceso a la información en cuestión, esta pasaría a integrarse de manera inmediata en el denominado circuito público”. Esta circunstancia, añade la APV, la haría “susceptible de ser divulgada, incluso manipulada o utilizada con fines ajenos a los inicialmente previstos, lo que podría derivar en un uso indebido o distorsionado de su contenido”.

En respuesta a estos argumentos, el reclamante se muestra incrédulo al afirmar: “Precisamente el propósito de la Ley de Transparencia es el acceso por todo el mundo a los documentos que elabora la Administración para su adecuado control por los ciudadanos, siendo su máxima expresión la publicidad activa, pasando lógicamente a lo que la Autoridad Portuaria llama circuito público. Ahora bien, de ahí a insinuar que por mi parte voy a hacer un uso indebido y a distorsionar su contenido me parece un insulto no solo a mi persona como ciudadano, sino a la propia Ley de Transparencia y a los principios que la inspiran. Solo hay que leerse el preámbulo de la Ley para ver la barbaridad que es lo que dice la Autoridad Portuaria en su resolución, ya que se olvida de que la transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política”.

Una afirmación que avala el Consejo de Transparencia al recordar que “la auditoría realizada por la Intervención delegada de la IGAE supone el ejercicio de las funciones de control interno conferidas a esta institución, por lo que este Consejo de Transparencia considera que se incluye en el ámbito material del derecho de acceso a la información pública”.

Para el organismo, “la mera existencia de un procedimiento judicial», sin justificar en qué medida el conocimiento de la información solicitada puede generar el perjuicio señalado por la APV, «no resulta suficiente para motivar la denegación del acceso con arreglo a las previsiones de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (LTAIBG)”.

En cuanto a la afirmación relativa al “uso indebido o distorsionado» que de esta información pudiera realizarse y los perjuicios que de ello pudieran derivarse, el Consejo de Transparencia considera que «no deja de constituir una mera hipótesis que no puede ser fundamento de la restricción del acceso a la información”.

Por todo ello, el Consejo de Transparencia insta a la APV a que, «en el plazo máximo de 10 días hábiles», remita al reclamante la siguiente información: “Documento definitivo de la auditoría de cumplimiento y operativa: personal de la Autoridad Portuaria de Valencia correspondiente a los ejercicios 2023 y 2024, efectuado por la Intervención Regional de Valencia de la IGAE”.

Un contrato y cinco plazas cuestionadas

En su informe, la IGAE señala el contrato de Apoyo a la Gestión de Personas que se llegó a adjudicar el 8 de agosto de 2024 a Andràs Abogados por 160.930 euros (IVA incluido). Sin embargo, tal y como avanzó este diario y destaca el informe, “dicho contrato fue anulado por la APV a instancias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que había iniciado expediente, al considerar que el requisito de experiencia previa del pliego para acreditar la solvencia no se encontraba justificado, limitando la competencia”. Con posterioridad a unas alegaciones, la APV, en vista de que dicha Comisión va a recurrir a la vía contencioso-administrativa, desistió del procedimiento de adjudicación.

En sus alegaciones, la APV se opone a la vinculación entre la tramitación del contrato de Apoyo a la Gestión de Personas y las modificaciones en la Gestión de Recursos Humanos, pero la IGAE afirma que “lo cierto es que son coincidentes en el tiempo”.

En el apartado de 'Análisis de los procesos de contratación' se pone de relieve que “la gestión de las plazas convocadas para personal excluido de convenio resulta deficiente, con criterios restrictivos que podrían conculcar los principios generales aplicables de igualdad, mérito y capacidad”. En este sentido, se han detectado cinco plazas en las que podría darse esta situación. “Las plazas convocadas para el personal excluido de convenio contienen requisitos o méritos que predeterminan de un modo u otro el candidato seleccionado. Por lo tanto, podrían no respetarse los principios constitucionales de acceso a empleo público”, dice la Intervención.

La APV en sus alegaciones se manifiesta contraria, señalando que respeta la legalidad y ejerce competencias que le son propias, y dichos requisitos están justificados, y resultan pertinentes, respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Investigación del Tribunal de Cuentas

Por su parte, el Tribunal de Cuentas ha abierto diligencias preliminares para tratar de esclarecer si ha incurrido en responsabilidad patrimonial como consecuencia de diversas irregularidades que han sido objeto de investigación por parte de la Oficina de Conflicto de Intereses (OCI). En concreto, se investiga si habría incurrido en alcance o malversación en la administración de los fondos públicos, una infracción tipificada en el artículo 177.1 apartado A de la Ley General Presupuestaria 47/2003 de 26 de noviembre.

La investigación del órgano fiscalizador viene como consecuencia de un escrito del pasado 1 de octubre por el que se comunica la incoación por parte de la Secretaría de Estado de Función Pública, de la que depende la OCI, de un expediente sancionador contra la máxima responsable de la APV por irregularidades constitutivas de infracciones administrativas muy graves, contempladas en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

De esta forma, la mencionada Secretaría de Estado solicita al Tribunal de Cuentas que se realicen las comprobaciones oportunas para determinar si Chao habría incurrido en alcance o malversación en la administración de los fondos públicos. La apertura de las diligencias por parte del Tribunal paraliza el procedimiento sancionador abierto desde la Secretaría de Estado de Función Pública hasta que haya una resolución del órgano fiscalizador.

La Autoridad Portuaria de Valencia (APV) habría infringido la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno al ocultar durante meses el informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) a pesar de haberlo solicitado por los canales oficiales tanto medios de comunicación, como partidos políticos o diputados del Congreso. Tal y como reveló elDiario.es, el demoledor documento de la IGAE apunta a posibles amaños en procesos de contratación de personal y en un contrato adjudicado a una consultora, que luego se dejó sin efecto.

Así se desprende de la resolución que ha remitido el Consejo de Transparencia a la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), tras la reclamación recibida por parte de un interesado al que la APV denegó copia del informe de la Intervención.

Al respecto, fuentes de Transparencia han confirmado a elDiario.es que “con fecha 1 de diciembre el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno resolvió una reclamación presentada frente a la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) en sentido estimatorio, reconociendo el Consejo el derecho de la persona reclamante a acceder a la siguiente información (debidamente anonimizada): Documento definitivo de la Auditoría de cumplimiento y operativa: personal de la Autoridad Portuaria de Valencia correspondiente al ejercicio 2023 y 2024 efectuado por la Intervención Regional de Valencia de la IGAE. En dicha resolución, el Consejo insta por tanto a la Autoridad Portuaria a facilitar al reclamante la citada información”.

Las mismas fuentes han añadido que el texto de la resolución se publicará en la página web del Consejo de Transparencia una vez que se tenga constancia de que se ha recibido la notificación por los interesados y se haya llevado a cabo la obligada anonimización por cumplimiento de la normativa en protección de datos personales.

El grupo Compromís-Sumar en el Congreso de los Diputados ha confirmado a este diario que tras la negativa a su diputado Alberto Ibáñez a facilitarles copia del informe en primera instancia, cursaron reclamación ante el Consejo de Transparencia. También un periodista de elDiario.es, a través del Ministerio de Transportes y amparándose en la ley de Transparencia, solicitó el documento para conocimiento e información a la opinión pública al tratarse el puerto de una entidad de derecho público. Pero la actitud de la APV fue la misma, ocultarlo por riesgo de ser “divulgado, incluso manipulado o utilizado con fines ajenos a los inicialmente previstos”.

Tal y como informó esta redacción, el Consejo de Transparencia ya resolvió en el año 2023 que este tipo de informes son de naturaleza pública y que se deben facilitar, debidamente anonimizados si procede, a quien los solicite. Tanto la excusa del riesgo de manipulación como el hecho de que algunas de los procesos de selección que cuestiona el informe de la IGAE están judicializados, ambas utilizadas por la APV para no hacerlo público, son desmontadas en esta resolución de hace dos años.

Tal es el celo de la APV para tratar de esconderlo que incluso se lo han denegado a la alcaldesa de València y consejera del organismo, María José Catalá, tras solicitarle una copia el grupo municipal Compromís. En su respuesta a la primera edil, la APV argumenta que la información de la que dispongan por razón de su cargo será “confidencial, para uso exclusivo interno y no podrá revelarse a terceros”.

Un contrato y cinco plazas cuestionadas

En su informe, la IGAE señala el contrato de Apoyo a la Gestión de Personas que se llegó a adjudicar el 8 de agosto de 2024 a Andràs Abogados por 160.930 euros (IVA incluido). Sin embargo, tal y como avanzó este diario y destaca el informe, “dicho contrato fue anulado por la APV a instancias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que había iniciado expediente, al considerar que el requisito de experiencia previa del pliego para acreditar la solvencia no se encontraba justificado, limitando la competencia”. Con posterioridad a unas alegaciones, la APV, en vista de que dicha Comisión va a recurrir a la vía contencioso-administrativa, desistió del procedimiento de adjudicación.

En sus alegaciones, la APV se opone a la vinculación entre la tramitación del contrato de Apoyo a la Gestión de Personas y las modificaciones en la Gestión de Recursos Humanos, pero la IGAE afirma que “lo cierto es que son coincidentes en el tiempo”.

En el apartado de 'Análisis de los procesos de contratación' se pone de relieve que “la gestión de las plazas convocadas para personal excluido de convenio resulta deficiente, con criterios restrictivos que podrían conculcar los principios generales aplicables de igualdad, mérito y capacidad”. En este sentido, se han detectado cinco plazas en las que podría darse esta situación. “Las plazas convocadas para el personal excluido de convenio contienen requisitos o méritos que predeterminan de un modo u otro el candidato seleccionado. Por lo tanto, podrían no respetarse los principios constitucionales de acceso a empleo público”, dice la Intervención.

La APV en sus alegaciones se manifiesta contraria, señalando que respeta la legalidad y ejerce competencias que le son propias, y dichos requisitos están justificados, y resultan pertinentes, respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Investigación del Tribunal de Cuentas

Por su parte, el Tribunal de Cuentas ha abierto diligencias preliminares para tratar de esclarecer si ha incurrido en responsabilidad patrimonial como consecuencia de diversas irregularidades que han sido objeto de investigación por parte de la Oficina de Conflicto de Intereses (OCI). En concreto, se investiga si habría incurrido en alcance o malversación en la administración de los fondos públicos, una infracción tipificada en el artículo 177.1 apartado A de la Ley General Presupuestaria 47/2003 de 26 de noviembre.

La investigación del órgano fiscalizador viene como consecuencia de un escrito del pasado 1 de octubre por el que se comunica la incoación por parte de la Secretaría de Estado de Función Pública, de la que depende la OCI, de un expediente sancionador contra la máxima responsable de la APV por irregularidades constitutivas de infracciones administrativas muy graves, contempladas en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

De esta forma, la mencionada Secretaría de Estado solicita al Tribunal de Cuentas que se realicen las comprobaciones oportunas para determinar si Chao habría incurrido en alcance o malversación en la administración de los fondos públicos. La apertura de las diligencias por parte del Tribunal paraliza el procedimiento sancionador abierto desde la Secretaría de Estado de Función Pública hasta que haya una resolución del órgano fiscalizador.

El Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha ya tiene nuevo reglamento de organización y funcionamiento. El Diario Oficial de Castilla-La Mancha ha publicado este viernes la modificación del texto, que fue aprobado en el pleno de las Cortes regionales del pasado 27 de noviembre.

El Consejo está adscrito a las Cortes de Castilla-La Mancha y tiene entre sus objetivos aprobar y remitir a las Cortes y al Gobierno Regional un plan de trabajo anual y una memoria sobre su actividad; informar al Gobierno Regional en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; y resolver las reclamaciones en materia de acceso a la información pública.

Esta modificación se hace para adaptarlo a las nuevas normativas regional, estatal y europea, según informan las Cortes de Castilla-La Mancha. En la ronda de votaciones se rechazaron las diez enmiendas parciales del Grupo Vox y salió adelante con los votos favorables del PSOE y el rechazo de PP y Vox.

Una modificación que está encaminada a incorporar la figura de Autoridad Independiente de Protección del Informante entre las funciones del Consejo.

La principal novedad es la inclusión de un sexto capítulo, que trata sobre las funciones de protección al informante y la lucha contra la corrupción. En él, se desarrollan medidas para proteger a aquellos informantes externos que trasladen al Consejo alguna denuncia; la creación de un mecanismo para recibir y gestionar informaciones y denuncias; y se permite la posibilidad de establecer colaboración con otras administraciones para intercambiar información y realizar actividades preventivas.

Además, a la hora de actuar en estas materias, el Consejo deberá de garantizar la presunción de inocencia y derecho de defensa; ser rápido y eficiente n los procesos de verificación e investigación; tener la máxima reserva y protección de la información cuando proceda; y separar las funciones entre quien instruye y quien decide.

También se desarrollan los derechos de la persona denunciante, se prohíben las represalias contra ella y se establecen las represalias a tomar en caso de denuncia falsa.

El Gobierno ha aprobado el Anteproyecto de Ley de Administración Abierta con el que pretende incrementar la transparencia y rendición de cuentas de los altos cargos, que estarán obligados a hacer pública su agenda institucional. La nueva norma afectará a los distintos niveles de la Administración hasta el nivel de subdirector general. De esta forma, no sólo los ministros tendrán que publicar su actividad sino también los secretarios de Estado y escalones por debajo. Lo mismo sucederá en el caso de la Casa Real. No sólo los reyes tendrán que informar de su agenda sino también el jefe de la Casa del Rey, entre otros.

Fuentes gubernamentales apuntan, no obstante, a la tramitación completa de la ley (que tendrá que pasar en segunda vuelta por el Consejo de Ministros y por el Congreso y el Senado antes de su aprobación) para establecer el detalle de lo que tendrá que hacerse público. Por ahora el ministro de Función Pública, Óscar López, ha dicho que tendrá que publicarse toda la agenda institucional.

¿Pero qué es la agenda institucional? ¿Una reunión de un ministro o el presidente con un empresario? En principio la respuesta es sí, pero ¿y si la reunión se enmarca en el ámbito personal? Ese, según fuentes del Gobierno, es el debate que se abre ahora. López se ha remitido, no obstante, a la ley que regulará la relación con los lobbies, y que también está en tramitación, como una forma de controlar los encuentros de altos cargos, miembros del Gobierno o parlamentarios con sectores afectados. “Cuanta más transparencia, mejor”, ha dicho el ministro.

Sin embargo, no está claro que esa ley sirviera para detectar, por tanto, casos de corrupción como la relación de José Luis Ábalos con el empresario Víctor Aldama. Tampoco para dar transparencia a citas como la comida que protagonizó Carlos Mazón con una periodista el día de la DANA en el restaurante El Ventorro. “¿La comida del señor Mazón era oficial? ¿Estaba hablando con la periodista de la televisión pública?”, se ha preguntado López, que ha dicho que sobre ese asunto tiene “más preguntas”.

El proyecto legislativo también ampliará la obligación de publicar los asesores del Gobierno, incluyendo los temporales, y los salarios y otorgará, además, al Consejo de Transparencia la capacidad de imponer multas de entre 600 y 1.000 euros a quienes vulneren la normativa.

Revés en la pelea judicial por conocer el precio de los medicamentos que la industria quiere ocultar. La Audiencia Nacional ha revocado una sentencia dictada en primera instancia a raíz de un recurso de la Fundación Civio que reconocía el derecho a conocer el precio que la sanidad pública paga por los fármacos innovadores bajo patente en el caso de una terapia génica para tratar una enfermedad rara de la retina comercializada bajo el nombre de Luxturna. El Ministerio de Sanidad y la farmacéutica Novartis recurrieron en 2023 la decisión y el tribunal ahora les ha dado la razón.

“Si el procedimiento de negociación, formal o informal, del precio efectivamente financiado a cargo del SNS requeire confidencialidad, lo es para salvaguardar los intereses de este, y su posición institucional como adquiriente de medicamentos en un mercado internacional regido por la concurrencia de distintos poderes estatales”, dice la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. Para la Fundación Civio, que escalará el caso al Tribunal Supremo, “es un revés para la transparencia en el gasto farmacéutico porque valida la tesis de que el precio de los tratamientos, financiados con fondos públicos, debe permanecer secreto”.

El fármaco producido por Novartis (voretigene neparvovec) se usa para tratar una dolencia hereditaria que puede causar ceguera y tiene un precio máximo oficial por paciente de 690.000 euros, pero su coste real exacto para las arcas públicas es confidencial. Las negociaciones económicas entre el Ministerio de Sanidad y la industria son poco transparentes, aunque el equipo ministerial actual, encabezado por la ministra Mónica García, se ha abierto en otros procesos judiciales en curso a desvelar el precio al desistir de recurrirlos.

El origen de todos estos conflictos se sitúa en la entrada en vigor de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno. Entonces, plataformas como Civio y No es Sano comenzaron a reclamar al Ministerio conocer el precio unitario de algunos tratamientos. El resultado solía ser el mismo: Sanidad se negaba, alegando que eran confidenciales; los demandantes de información recurrían al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que les daba la razón; y el Ministerio y los laboratorios se aliaban para impugnar esas decisiones ante la Justicia.

Ya en los tribunales, las demandantes cosecharon algunos éxitos. Por ejemplo, el 8 de enero, el juzgado central de lo contencioso-administrativo número 4 de la Audiencia Nacional emitió sendas sentencias en las que daba la razón a No es Sano en el caso del remdesivir, un fármaco para pacientes con covid-19, y a Civio, con Yescarta, una terapia CAR-T para dos tipos de linfoma. Ambas decisiones, sin embargo, fueron recurridas por Gilead. En estos casos, el Ministerio de Sanidad renunció por primera vez a “seguir dilatando el proceso”. “En cuanto se nos notifique que lo hagamos, enviaremos los datos pertinentes”, señalaron entonces a elDiario.es.

A la espera de cómo se resuelvan estos litigios, el de Luxturna enfila ahora el camino hacia el Supremo. “La administración negocia a ciegas sin poder comparar precios reales, mientras el ciudadano desconoce el destino de ingentes cantidades de dinero público. Por ello, y por la solidez de nuestros argumentos, elevaremos el caso”, defiende Ángela Bernardo, subdirectora de Civio. La fundación muestra su preocupación porque esta decisión no solo afecta al fármaco contra la enfermedad en la retina “sino que sienta un precedente negativo para otros procedimientos abiertos por Civio en la misma línea, como los relativos alos fármacos Zolgensma (también de Novartis) y Yescarta (de Gilead Sciences), donde también había obtenido sentencias favorables en primera instancia que ahora podrían verse amenazadas”.

El Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJ) admite a trámite un recurso contencioso-administrativo contra la designación de la Comisionada de la Transparencia, Natalia Sánchez López. La responsable de este nuevo órgano, que sustituye al extinguido Consejo de Transparencia, fue designada por Vox en septiembre de este año. Ahora, la fundación Hay Derecho recurre esta decisión en virtud de lo establecido en la Ley 1/2024, de 8 de julio, de modificación de la de 2014, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma, que exige para el puesto tener “reconocido prestigio y competencia profesional”.

Desde Hay Derecho dudan de que la comisionada cumpla estos requisitos: “Tanto el nombramiento como la modificación de la Ley anterior de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia son producto de un acuerdo entre el Partido Popular y Vox”, explican en una nota de prensa desde la Fundación. La abogada Natalia Sánchez era, hasta el pasado julio, asesora jurídica del exvicepresidente del Ejecutivo murciano y líder regional de Vox, José Ángel Antelo.

“El nombramiento en este tipo de entidades públicas”, afirma Elisa de la Nuez, secretaria general de Hay Derecho, “es particularmente relevante porque, si se elige para dirigirlas a personas no idóneas por no reunir los requerimientos legales, se puede poner en peligro su propia función, en este caso las que establece el artículo 38 de la ley autonómica”.

“La solvencia profesional y el reconocido prestigio suelen ir unidos a una mayor independencia de los candidatos, lo que en este caso también es esencial, al tratarse de un organismo de control y supervisión de la actividad del Gobierno y la Administración en el ámbito de la transparencia”, abunda Safira Cantos, directora general de la Fundación.

Tras el nombramiento de la comisionada de Transparencia, Vox defendió la designación asegurando que “con Vox solo trabajan los mejores y que, precisamente, esa era la prueba de sus capacidades”.

El poder vigilando al poder

En julio de este año se aprobó el nuevo comisionado de Transparencia que se trata de una persona propuesta dentro del Ejecutivo, con remuneración y una Comisión de Transparencia a su servicio, también remunerada, compuesta por cuatro funcionarios de la propia Administración regional -uno de ellos de los Servicios Jurídicos de la Comunidad-. El comisionado, además, podrá contratar a más personal de manera arbitraria si así lo requiere. 

Por el contrario, el anterior Consejo de Transparencia estaba conformado por 18 miembros de la sociedad civil que no recibían sueldo alguno por su trabajo y que aprobaron, desde que el organismo fue constituido en el año 2014 bajo el mandato del popular Alberto Garre, más de 800 resoluciones y requerimientos a los respectivos gobiernos regionales.

Presidencia de la Generalitat Valenciana ha anunciado la licitación del servicio de representación y asistencia jurídica del Consell de Transparència en un juicio por sendos recursos contencioso-administrativos presentados por las conselleries de Sanidad y de Medio Ambiente ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) contra resoluciones del ente que vela por la transparencia.

Al tratarse de dos pleitos entre organismos que dependen ambos de la propia Generalitat Valenciana, la Abogacía no puede representar a ambas partes. El Consell Valencià de Transparència está encuadrado en la dirección general de Transparencia que dirige José Tárrega.

Así, Presidencia (de quien depende tanto la Abogacía como el Consell de Transparència) ha licitado el servicio de asesoría y representación jurídica por 49.586 euros en un procedimiento de contratación abierto simplificado con tramitación urgente.

La resolución de aprobación de la licitación, firmada por el subsecretario Joaquín Vañó, especifica que en ambos casos la Abogacía ostenta la representación juídica —tanto de Sanidad y Medio Ambiente como del Consell de Transparència— por lo que se precisa la contratación de servicios jurídicos externos de manera urgente para ostentar la representación y la defensa del Consell Valencià de Transparència en relación a los recursos contra sus resoluciones.

Aunque los pliegos de prescripciones técnicas del contrato aluden a la representación jurídica en los procedimientos judiciales “presentes y futuros” que afecten al Consell de Transparència, también se refiere a los que estén actualmente en tramitación “en la situación procesal en la que se encuentren”.

El contrato prevé que los abogados y procuradores adjudicatarios ejerzan la defensa de los intereses del Consell de Transparència “con la debida diligencia” y con “suficiente dedicación y rendimiento”.

El pasado 3 de julio, el ahora extinto Gobierno de coalición murciano de PP y Vox aprobó la eliminación definitiva del Consejo de la Transparencia autonómico (CTRM) y lo sustituyó por la figura de una única persona que debía entonces ser puesta a dedo por los de Santiago Abascal y refrendada, acto seguido, por su mayoría parlamentaria. Hoy, finalmente, más de dos meses después, y a pesar de la ruptura veraniega entre ambas formaciones, se ha consumado la jugada política. Hay una nueva Comisionada de la Transparencia en la Región.

Populares y ultraderechistas han votado a favor -con 30 votos, por 14 en contra de PSOE y Podemos- de colocar a la abogada Natalia Sánchez, hasta el pasado julio asesora jurídica del exvicepresidente del Ejecutivo murciano y líder regional de Vox José Ángel Antelo, al frente del órgano de fiscalización del poder en la Comunidad. La rendición de cuentas y el derecho de los ciudadanos al libre acceso a información pública estará, por tanto, de ahora en adelante, en manos exclusivas de una persona íntimamente ligada a Vox.

Se trata de la culminación de uno de los puntos impuestos por el partido ultraconservador al PP en su pacto de Gobierno, que paradójicamente sigue cumpliéndose a pesar de haber saltado por los aires, en apariencia, a mitad del mes de julio. 

“Estamos satisfechos con este nombramiento. La Región de Murcia va a mejorar significativamente en todos los rankings de transparencia” ha expresado, sonriente, el coportavoz de Vox en la Cámara autonómica, Rubén Martínez Alpañez, sabiendo, desde luego, que la formación que representa estará ahora al frente de las competencias en materia de transparencia y detrás del control de gran parte de los poderes públicos regionales, de los que hasta hace poco formaban parte. “El hecho de que haya sido asesora de la vicepresidencia de Antelo no es más que la confirmación de que con Vox están los mejores”, ha espetado, sin ocultar los lazos que vinculan a la elegida con su partido.

Moneda de cambio para futuras negociaciones

Desde el Partido Popular, sin embargo, no parecen darle mucha importancia a la elección. Da la sensación, escuchando a su portavoz parlamentario, Joaquín Segado, de que la concesión de hoy a sus exsocios ha tenido que ver con una moneda de cambio, con una decisión de tender puentes con los ultraderechistas de cara a futuras negociaciones. Segado ha negado en todo momento que haya habido “un pacto”, y ha hecho referencia a que “la candidata elegida no está en el partido del Gobierno”.

Según su portavoz, los populares han votado hoy a favor de la propuesta de Vox “para evitar el bloqueo”. “Creemos que es importante que el organismo encargado de velar por la transparencia en la Región pueda funcionar”, ha añadido, sin entrar a valorar en el perfil de la candidata ni en su paso anterior por la plantilla del Ejecutivo.

En el punto de mira de los populares hay ahora fijadas, no obstante, y para entender completamente su decisión, nuevas negociaciones de mayor calado en las que necesitarán, sí o sí, los votos favorables de los de Antelo: en primer lugar, el proyecto de ley de presupuestos regionales de cara al año 2025. El PP cuenta con 21 diputados, y la mayoría absoluta necesaria para sacarlos adelante está fijada en 23. También flota en el aire la reforma de la Ley del Mar Menor que la formación ultra pretende establecer siguiendo a rajatabla las reivindicaciones del lobby agrario.

La nueva comisionada, Natalia Sánchez, que no dispone de experiencia alguna en su currículum en materia de buen gobierno -ha ejercido como técnico de educación y como asesora jurídica y fiscal en empresas privadas y administraciones públicas-, comenzará ahora a disfrutar de un preceptivo sueldo por su cargo, y tendrá a su servicio a una Comisión de Transparencia, también remunerada y compuesta por cuatro funcionarios de la Administración regional. La regidora de la transparencia podrá contratar, asimismo, a más personal de su confianza si así lo requiere.

“Un chiringuito a la medida de la ultraderecha”

Los dos partidos de la oposición se han mostrado muy críticos tras el nuevo entendimiento propiciado por PP y Vox. Ambos han sembrado la duda acerca de “la independencia” de la persona elegida para el cargo, y han arremetido contra lo que han denominado “un chiringuito a la medida de la ultraderecha”.

“PP y Vox han roto, pero siguen acostándose juntos. Siguen degradando la Región de Murcia, nombrando a una persona que no tiene más mérito que haber sido asesora de Antelo en la vicepresidencia”, ha recordado el diputado de Podemos en el Parlamento murciano, Víctor Egío. “Este acuerdo anticipa otra legislatura en la que (ambos partidos) van a seguir siendo uña y carne”, ha aseverado, en relación a esas negociaciones en el aire de cara a los presupuestos autonómicos.

Por su parte, desde la tribuna socialista, el diputado Juan Andrés Torres ha tachado que el reciente nombramiento únicamente responde “a los intereses de la ultraderecha y no de la ciudadanía”. “La salida de Vox del Gobierno fue solo un pariré”, ha arremetido.

Intentos de desmantelamiento previos

El antiguo CTRM enterrado por PP y Vox estaba conformado por 18 miembros de la sociedad civil que no recibían remuneración por su trabajo y que aprobaron, desde que el organismo fue constituido en 2014 bajo el mandato del popular Alberto Garre -ahora en las filas de Vox-, más de 800 resoluciones y requerimientos a los gobiernos regionales de turno.

Sin embargo, su actividad, desde el año 2022, había sido prácticamente inexistente. Fuentes cercanas al Consejo de la Transparencia constataron a este periódico que, durante toda su trayectoria, las presiones impuestas por los ejecutivos populares “habían intentado desmantelar la institución con todas las artimañas jurídico-legales”. 

El Gobierno de López Miras llegó incluso a clausular hace dos años, vía decreto-ley, la sede electrónica del CTRM. Aquella situación suscitó la dimisión del entonces presidente, Julián Pérez-Templado, que se sumó a la previa de José Molina, y la elección anómala de la última presidenta que tuvo el Consejo, Juana Pérez. El ascenso de ésta a la presidencia derivó en una denuncia contra el líder de los populares por presunta prevaricación.

La maniobra parlamentaria de PP y Vox en Murcia para eliminar el CTRM ha resultado ser, para los analistas jurídicos consultados por elDiario.es de la Región, un retroceso sustancial en materia democrática. “A mediados de la década del 2000 se produjeron en España avances en transparencia y lucha anticorrupción con la creación de este tipo de órganos. Pero estamos observando que ahora hay gobiernos que pretenden desmantelarlos”, comentó en este sentido el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Murcia Germán Teruel. El Gobierno murciano, y a petición de Vox, ha terminado hoy por consumar dicho desmantelamiento.

Ecologistas en Acción ha recurrido al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ante lo que consideran el “silencio” por parte del Ayuntamiento de Logroño sobre diversos asuntos. Y es que desde la organización ecologista cuentan que desde hace un año llevan solicitando al Consistorio logroñés información sobre cuestiones relacionadas con la movilidad en la ciudad como en el informe sobre siniestralidad que elabora cada año la Policía Local de Logroño y que aseguran también han solicitado otros años o lo s informes sobre las modificaciones en los carriles bici que se realizan con fondos europeos.

Peticiones que hasta la fecha sólo han recibido silencio. “La respuesta del Ayuntamiento de Logroño viene siendo la misma en la mayoría de los casos, el silencio, a pesar de haber reiterado en varias ocasiones nuestras peticiones”. Y ante este silencio del Consistorio, Ecologistas en Acción a acudido al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Un organismo independiente encargado de promover la transparencia de la actividad pública, velar por el cumplimiento de las obligaciones de la publicidad, salvaguardar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y garantizar la observancia de las disposiciones de buen gobierno. Además, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno es una autoridad administrativa independiente, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar pública y privada.

Y su respuesta es clara. Y es que según la resolución, dicho Consejo ha estimado la reclamación presentada frente al Ayuntamiento de Logroño e insta al Consistorio a que en un plazo máximo de veinte días hábiles, facilite a Ecologistas en Acción una copia del informe más reciente de siniestralidad de la Policía Local de Logroño.

La petición al Consistorio se realizó el 2 de febrero

El pasado 2 de febrero, Ecologistas en Acción solicitó al Ayuntamiento de Logroño el informe más reciente sobre siniestralidad y ante ausencia de respuesta, la entidad ecologista interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El 27 de mayo, dicho Consejo remitió la reclamación a la Secretaría General del Ayuntamiento de Logroño con el fin de que pudieran presentar las alegaciones que consideraran oportunas. Sin embargo, “en la fecha en la que se dicta la resolución, 9 de septiembre, no se ha recibido contestación al requerimiento efectuado”.

Y además de fijar un plazo para que el Consistorio de Logroño facilite dicha información, la resolución del Consejo de Transparencia también da un tirón de orejas al Consistorio. Y es que, tal y como recoge la reclamación, el Consejo entiende que el Consistorio de Logroño “dificulta considerablemente el cumplimiento de la función de garantía” de este organismo independiente “al no proporcionarle ni las razones por las que no se atención la solicitud de acceso ni la valoración de las cuestiones planteadas por el reclamante- Ecologistas en Acción- con el fin de que pueda disponer de los elementos de juicio necesarios para pronunciarse sobre la procedencia no de conceder el acceso a la información solicitada.

En resumen, el Consistorio de Logroño tiene un plazo de veinte días para facilitar a Ecologistas en Acción la información solicitada, el informe más reciente sobre siniestralidad elaborado por la Policía Local.

“No ha sido un año corriente”, ha reconocido el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras. Después de que Abascal anunciase el abandono de Vox de cinco ejecutivos autonómicos que compartía con el PP por los desacuerdos para la acogida de menores extranjeros no acompañados, los populares empiezan a reconstruir sus Gobiernos Autonómicos.

En la Región de Murcia, Vox dejaba vacantes la vicepresidencia e Interior, ocupada por el presidente de Vox en Murcia, José Ángel Antelo; y la consejería de Fomento e Infraestructuras, que dirigía José Manuel Pancorbo. La salida de ambos ha propiciado que el jefe del Ejecutivo Regional, Fernando López Miras, haga reformas en el Gobierno Autonómico. Se suprime la consejería de Interior, y con su desaparición López Miras devolverá a Seguridad y Emergencias, que esta legislatura han sido una consejería de Vox, a su rango natural: el de dirección general. La otra consejería que hasta ahora era del partido de extrema derecha, Fomento, pasa a manos de Jorge García Montoro. Otra cartera nace, la de Empresa, Empleo y Economía Socia, que estará al frente de Marisa López Aragón.

El anuncio de las nuevas incorporaciones no ha estado exento de reproches a sus antiguos socios de gobierno: “El gobierno durante estos 10 meses ha funcionado y creo que la decisión que se ha tomado es un error. Cada uno es responsable de sus actos. Sea por obediencia o convicción, lo cierto es que [Vox] ha querido abandonar este gobierno”.

El único asiento que no se llenará será el de vicepresidencia. En la clausura de los cursos de verano del PP en San Pedro del Pinatar el presidente ya anunció que tenía previsto prescindir de la vicepresidencia en la nueva composición de su equipo. A Antelo López Miras le ha dedicado agradecimientos “por su trabajo”, además de a Pancorbo.

Las nuevas incorporaciones tienen un marcado perfil técnico, y provienen del interior de la Administración. Jorge García Montoro era hasta ahora el secretario general técnico del SMS, tras una larga trayectoria en el Ayuntamiento de Murcia, donde había ocupado numerosas jefaturas de servicio desde su llegada a la Administración local hace veinte años, donde ejerció las jefaturas del servicio de Disciplina Urbanística y de Turismo en diferentes etapas. “Son muchos los retos que tenemos por delante en esta área”, ha reconocido el jefe del Ejecutivo.

Por su parte, Marisa López Aragón dirigía el Servicio de Empleo y Formación (SEF). Graduada en Derecho por la Universidad de Murcia, López Aragón también ha sido profesora asociada de Derecho Administrativo de la UMU y antes de entrar en la Administración regional estuvo vinculada a una firma de abogados especializada en Derecho Administrativo, donde ejerció su profesión durante 20 años. La cartera que va a asumir nace de la escisión de la de Empresa, que juntó con Hacienda y Economía al inicio de esta legislatura. “Confiamos en nuestras empresas”, ha subrayado López Miras.

Minoría ajustada

La situación parlamentaria de López Miras es de una minoría muy ajustada. En las pasadas elecciones el PP logró 21 escaños, a falta de dos para alcanzar la mayoría absoluta. Las negociaciones para formar un gobierno de coalición con Vox se alargaron durante tres meses, hasta que el 7 de septiembre de 2023 López Miras fue investido. El punto de fricción más importante fue la consejería de Agricultura que el PP mantuvo en su poder. Sin precedentes, se creó Interior y fue asignada a José Ángel Antelo.

El Ejecutivo murciano aprobó sus Presupuestos de 2024 pocos días antes de empezar el año, y el PP podría prorrogarlos, lo que les ha motivado a no convocar elecciones. El presidente ha considerado que los ciudadanos “no quieren unas nuevas elecciones”, ya que la mayoría, en las pasadas votaciones, otorgaron su confianza al Partido Popular. De hecho, “fuimos uno de los partidos que obtuvo los mejores resultados de España, un 43% de los votos y dos escaños de la mayoría absoluta”.

Como en otras comunidades, López Miras se encontrará con el problema de lograr los votos para sacar nuevas leyes: o negociar con sus exsocios de Vox (9 escaños), o atraer al PSOE (13) o a Podemos (2). “Vamos a trabajar con políticas de diálogo con todo aquel que esté dispuesto a sumarse con el primero y principal de nuestros compromisos, el que adquirimos con los ciudadanos el 28 de mayo del año pasado. Espero que los partidos que pertenecen a la Asamblea hagan una oposición coherente y a la altura de lo que demandan los ciudadanos de la Región”, ha incidido.

Se tumba el Comisionado de Transparencia

Tras la salida de Vox del Gobierno, el partido ha retirado la propuesta que se iba a votar en el Comisionado de Transparencia, según el diputado socialista Alfonso Martínez Baños. El pasado 3 de julio, el Gobierno de coalición de PP y Vox en la Comunidad había aprobado, aprovechando su mayoría parlamentaria -26 votos a favor, por 12 en contra de PSOE y Grupo Mixto-, la eliminación definitiva del Consejo de Transparencia y su sustitución por la figura de una única persona, un comisionado, puesto a dedo por Vox y que debería ser ratificado a lo largo del mes de julio por populares y ultraderechistas en un pleno extraordinario de la Asamblea.

Con la votación fuera de la mesa, el PSOE ha anunciado que propondrá al Partido Popular la recuperación del Consejo de la Transparencia y, por tanto, que se vuelva a modificar la Ley. Ante lo que desde Podemos consideran “un fracaso sin paliativos de PP y Vox” y con el fin de “evitar la parálisis de los organismos que deben velar por la transparencia”, el diputado Víctor Egío, acompañado por la portavoz María Marín, ha anunciado hoy que su formación ha registrado en la Asamblea una Proposición de Ley para derogar la modificación de la Ley de Transparencia que el Partido Popular y Vox aprobaron el pasado 3 de julio.

La transparencia en Murcia está viviendo, a día de hoy, sus tiempos más oscuros. El Gobierno de coalición de PP y Vox en la Comunidad ha dado este miércoles una última estocada al Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia (CTRM) y ha aprobado, aprovechando su mayoría parlamentaria -26 votos a favor, por 12 en contra de PSOE y Grupo Mixto-, su eliminación definitiva y su sustitución por la figura de una única persona, un comisionado, que será puesto a dedo por Vox y que deberá ser ratificado a lo largo del mes de julio por populares y ultraderechistas en un pleno extraordinario de la Asamblea.

Con esta reforma de la Ley de Transparencia y Participación Ciudadana regional, el Ejecutivo de López Miras materializa uno de los puntos rubricados el pasado septiembre en el pacto de gobierno que lo vinculó a la formación de Santiago Abascal. Vox ostentará, de ahora en adelante, las competencias en materia de Transparencia en la Comunidad y dirigirá desde dentro el órgano encargado de la fiscalización del propio Gobierno: la rendición de cuentas y el derecho de los ciudadanos al libre acceso a información pública pasarán, así, en todo momento, por el filtro de los ultraderechistas.

El CTRM estaba, hasta hoy, conformado por 18 miembros de la sociedad civil que no recibían sueldo alguno por su trabajo y que aprobaron, desde que el organismo fue constituido en el año 2014 bajo el mandato del popular Alberto Garre, más de 800 resoluciones y requerimientos a los gobiernos regionales de turno.

Con la nueva ley, el nuevo comisionado, que será de la confianza del Ejecutivo y que sí dispondrá de un preceptivo sueldo, tendrá a su servicio a una Comisión de Transparencia, también remunerada, compuesta por cuatro funcionarios de la propia Administración regional -uno de ellos de los Servicios Jurídicos de la Comunidad-. El comisionado, además, podrá contratar a más personal de manera arbitraria si así lo requiere. Fuentes parlamentarias aseguran que Vox ya ha decidido quién ocupará el cargo. Su nombre, relatan, se hará público en los próximos días.

El único organismo en la Región capaz de supervisar el adecuado desempeño de los poderes públicos murcianos será, por tanto, completamente dependiente de esos mismos poderes.

Se trata de una jugada política que no ha contado con apenas debate ni deliberación y que, aunque estuviese primero fraguada en el pacto que permitió a López Miras renovar su mandato en San Esteban y haya sido finalmente ejecutada este miércoles en la sede de la soberanía regional, comenzó, sin embargo, varios años antes. 

Hay vocales del CTRM que expresan resignados a elDiario.es que su trabajo por el control del buen hacer de la administración en Murcia siempre ha estado “acorralado y asediado por el Gobierno del PP”. Los mandatarios regionales populares, a tenor de lo que cuentan los vocales, han visto en todo momento al órgano con recelo y han ido cubriendo con altas dosis de opacidad los requerimientos que les instaban a hacer públicos datos incómodos para el Ejecutivo. Hay algunos casos de consumada gravedad que marcaron un antes y un después en la salud de la transparencia murciana.

“Una pantomima”

Uno de esos vocales del CTRM que expresan su hartazgo a este periódico es José Luis Sánchez. Lo es, en representación de Comisiones Obreras (CCOO), desde el mismo nacimiento del organismo, en 2014. Sánchez cuenta, vía conversación telefónica, que el PP “ha estado torpedeando la labor del Consejo” desde el primer día. Afirma que hubo una resolución y un suceso trascendental que puso en marcha “toda su maquinaria destructiva”: la vacunación masiva e irregular de altos cargos y empleados de la Consejería de Salud en enero de 2021, incluido del propio consejero, Manuel Villegas.

“Hemos tenido de todo, bloqueos institucionales, procedimientos judiciales”, enumera José Luis Sánchez, “pero el síntoma más evidente es que el Gobierno no cumplía las resoluciones del Consejo. Se le requería información y documentación para resolver ciertas solicitudes, pero no la proporcionaban. Era su forma más común de obstruir nuestra actuación”, explica. 

“Nunca dieron la información que les exigimos sobre el tema de las vacunas del COVID, para saber qué nombres figuraban en las listas”, incide. “A raíz de ese hecho llegaron a quitar la sede electrónica, vía decreto-ley, para que los ciudadanos no pudieran hacer requerimientos al Consejo por el canal telemático”, asevera el vocal sindicalista.

José Luis Sánchez dice estar agotado ante la voluntad finalmente consumada del Ejecutivo. “No se puede hacer nada contra ellos”. “Con la nueva ley, los asesores del comisionado van a ser los propios trabajadores de la Comunidad Autónoma”. “Cuando un ciudadano haga una reclamación que vaya en contra de la Comunidad, tendrás ahí al jefe viendo el resultado del paripé”, subraya.

La transparencia por la que Sánchez y el resto de vocales del Consejo recién fulminado han trabajado todos estos años se transforma, bajo su punto de vista, de hoy en adelante, en “un chiringuito”. “Nosotros jamás cobramos un euro, y ahora el supuesto comisionado, los asesores y todo el mundo estarán remunerados”. “Es una pantomima”, expresa, “montada para satisfacer las vanidades del Gobierno y pagada por el Gobierno”. “Bajo ningún concepto se puede entender que en una democracia del siglo XXI se pretenda engañar a la ciudadanía”.

Un comisionado elegido por la misma mayoría gubernamental

Siguiendo el hilo de las declaraciones del sindicalista, la maniobra parlamentaria de PP y Vox en Murcia para eliminar el CTRM ha resultado ser, para los analistas jurídicos, un retroceso sustancial en materia democrática. El profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Murcia (UMU) Germán Teruel arroja algo de contexto en este sentido: “A mediados de la década del 2000 se produjeron en España avances en transparencia y lucha anticorrupción con la creación de este tipo de órganos. Pero estamos observando que ahora hay gobiernos que pretenden desmantelarlos”.

Teruel equipara la ocurrida en Murcia con varias situaciones similares en el panorama nacional. Las nombra, una a una: la Agencia Valenciana Antifraude, la Oficina Anticorrupción de Balears, el Consejo de Transparencia de Madrid. En los últimos tiempos, los tres organismos han visto mermada su independencia y su peso institucional a través de decisiones políticas. Igual que en Murcia, en esas tres comunidades gobierna una mayoría conformada, bien por el PP en solitario, bien por los populares asociados con Vox.

La gravedad de la situación en la Región, prosigue el analista, tiene que ver con la “politización de los organismos”. Es decir, con cómo se elige cada uno de ellos. No es tan importante, matiza, que la transparencia recaiga sobre “una persona, un órgano colegiado, un comisionado o un consejo”. Lo verdaderamente significativo, subraya, es su independencia. “En el mismo momento en que se permite que el presidente del estamento que vela por la transparencia y la fiscalización del poder sea elegido por la misma mayoría que inviste al Gobierno, apaga y vámonos”, sentencia el jurista de la UMU.

Los portavoces de los grupos parlamentarios de PP y Vox, Joaquín Segado y Rubén Martínez Alpáñez, respectivamente, han defendido, a lo largo de todo el proceso de redacción de la ley hoy refrendada, que el nuevo comisionado puesto a dedo por el Ejecutivo será, en comparación con el CTRM, “más ágil, eficiente y eficaz”, en palabras de Segado, y que contará con menos “traba burocrática y coste administrativo”, según Martínez Alpáñez.

“Eso es un cuento chino”, arguye en este sentido Teruel. “Es una excusa sumamente precaria para desmontar lo que les incomoda”. “Este tipo de órganos deberían ayudar a controlar las instituciones y, también, a que los ciudadanos confíen en la Administración pública”. Pero en la Región de Murcia, previsiblemente, ya no será así.

En la misma línea, para José Luis Sánchez, “que digan que el Consejo era inoperativo o ineficiente es una falacia”. “Si una cosa no funciona como debería no es porque uno no quiera, sino porque otro no le deja”, denuncia el representante de CCOO.

Muerto desde 2022

Lo cierto es que la actividad del Consejo de la Transparencia murciano había sido prácticamente inexistente desde que, en junio de 2022, hace ya dos años, dimitió el último presidente legítimo del organismo, Julián Pérez-Templado, debido a las presiones del Ejecutivo, que “había estado intentando desmantelar la institución con todas las artimañas jurídico-legales”, según constataron a este medio, el pasado diciembre, fuentes cercanas al CTRM.

La dimisión de Pérez Templado llegó tras el decreto-ley del Gobierno de López Miras para la clausura de la sede electrónica del Consejo y después de su negativa ante el requerimiento de documentación que pretendía arrojar luz sobre presuntas prácticas ilícitas, como la ya mencionada vacunación masiva en Salud. Cinco meses después de aquella dimisión, que ni siquiera fue publicada en el BORM y que dejaba al órgano en un limbo administrativo, el propio CTRM, de la mano de los pocos vocales cercanos al Ejecutivo de San Esteban que formaban parte de él, acabó nombrando a Juana Pérez, que era miembro del Consejo por la asociación de consumidores Thader Consumo, como presidenta sustituta.

Ante elección en fraude de ley y “anómala”, como afirmó la propia Juana Pérez, tres vocales del Consejo -José Luis Sánchez, Francisco Lucas y Mario Pérez Cervera- interpusieron una denuncia contra López Miras por presunta prevaricación.

Fueron transcurriendo los meses y el Consejo de la Transparencia había dejado de funcionar. No tomaba decisiones. No atendía a las peticiones de los ciudadanos. Tampoco celebraba plenos. La Asamblea regional no ordenaba elegir a un nuevo presidente legítimo del órgano, tal y como estaba estipulado en la Ley de Transparencia murciana de 2014. No obstante, ninguna de esas cosas volverá a hacer falta.

Una rendición de cuentas “sin futuro”

A finales de junio, con la controvertida reforma ya avecinándose, el Consejo de la Transparencia, con Juana Pérez a la cabeza, suscribió un manifiesto refiriéndose a las intenciones de populares y ultraderechistas. “La modificación de la Ley de Transparencia adolece de defectos que dañan seriamente la garantía de ampliar y reforzar la transparencia en la Región, así como la garantía de derecho de acceso a la información de los ciudadanos”, evidencia el texto del manifiesto, al que ha tenido acceso elDiario.es. Estas líneas serían, a la postre, el último servicio público del CTRM.

Este periódico ha intentado ponerse en contacto con propia Juana Pérez, pero no ha obtenido respuesta. Fuentes cercanas a la presidencia del organismo sí han recalcado que el futuro de la transparencia murciana es “oscurito”. 

En la misma idea coindice el resto de actores consultados. “En la Región de Murcia, la transparencia y la rendición de cuentas no tienen futuro. No puede haber un órgano de control que esté supeditado a los designios del Gobierno. Eso será otra cosa, pero un órgano de control no”, opina José Luis Sánchez. 

“La salud de la transparencia murciana está tocada, y quizás hundida, con un comisionado que va a ser nombrado por la mayoría gubernamental”, estima, por su parte, el profesor Germán Teruel. “Todo sistema que abogue por hacer valer la transparencia necesita un órgano que sea auténticamente independiente. Sin eso, las normas se quedan en papel mojado”, concluye el jurista.

El PSOE de Madrid acaba de anunciar que presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la ley impulsada recientemente por la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso que, según ha denunciado el portavoz de este grupo en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, “elimina el Consejo de transparencia, limita las potestades de la Cámara de cuentas y amordaza Telemadrid. 

El recurso está firmado por 50 senadores y persigue “impedir que Ayuso elimine todos los instrumentos de control y transparencia que fiscalizan sus actuaciones”. “La Ley Anti-transparencia del pasado mes de diciembre consideramos que no cumple con la Constitución Española varios aspectos”, explican los socialistas. “No cumple con los principios de buena regulación y las garantías de la seguridad jurídica, ni la obligatoria especialización en legislación de ámbitos tan técnicos como la transparencia, o las cuentas públicas”, añaden.

Para los socialistas “se trata del derecho a la participación política que en la Ley Anti-transparencia es cercenado en el proceso de elaboración y aprobación. No respeta ni los principios de generalidad y abstracción. No garantiza la no arbitrariedad del legislador”, abundan.

A finales del año pasado, el Gobierno regional logró, gracias a su mayoría absoluta, aprobar una ley ómnibus que modificaba de golpe hasta 15 textos legislativos. Unas reformas legales encaminadas claramente a limitar la labor de fiscalización a su gobierno por parte de la oposición y de otros organismos públicos, además de quitarle a la Asamblea de Madrid, en la práctica, cualquier poder de control al Ejecutivo. La norma, se tramitó por la vía de urgencia.

Ayuso pleitea para evitar dar información

Este recurso ante el Constitucional del PSOE llega justo cuando se acaba de saber que el Gobierno de la Comunidad de Madrid está litigando en los tribunales para tratar de impedir hacer públicas las actas de las reuniones en las que se tomó la decisión de no dar asistencia hospitalaria a los mayores de las residencias durante la pandemia de la COVID-19. En total, también tras esa orden del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, murieron en esos centros más de 7.000 mayores. Según adelantó la Cadena Ser, el Ejecutivo de Ayuso ha recurrido por la vía de lo contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid para vetar la publicación de las actas.   

A finales del año pasado Ayuso también recurrió ante los tribunales para evitar el acceso al expediente académico universitario de la presidenta regional. 

Para el dirigente del PSOE lo que pretende la presidenta regional con estas maniobras “es claro y evidente” y no es otra cosa que “tratar de entorpecer el conocimiento público de hechos que tienen relevancia y trascendencia”. Por eso cree que el recurso que acaban de anunciar ante el Constitucional “trata de que no desaparezca el Consejo, no se usurpen capacidades a la Cámara de Cuentas para fiscalizar la gestión de la presidenta y que no se siga amordazando Telemadrid”. Los de Lobato buscan además con ello “recuperar al menos mínimamente la posibilidad de que los ciudadanos tengan derecho a acceder a la información de una forma directa y veraz”.

El líder del PSOE madrileño cree que su iniciativa puede prosperar porque la ley cuestionada va “en la dirección contraria a los objetivos constitucionales”.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid sigue recurriendo a los tribunales para impedir que los ciudadanos accedan a información declarada pública por el Consejo de Transparencia regional. Después de hacerlo a finales del año pasado para evitar el acceso al expediente académico universitario de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, la Cadena Ser reveló el lunes que ya lo había hecho antes para evitar dar a conocer las actas de las inspecciones a las residencias de mayores en los peores momentos de la epidemia de COVID. La estrategia se complementa con la reciente reforma del Consejo para reducir sus atribuciones.

Ayuso ha ido cubriendo de cemento los resquicios que la ley dejaba para los que los ciudadanos conociesen datos incómodos para el Gobierno regional. La última palada fue la modificación navideña del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, aprobada en una ley ómnibus sin apenas debate ni deliberación en la Asamblea regional. El organismo ha quedado desdibujado hasta en el nombre: del “buen gobierno” se pasó a la “protección de datos” como complemento de la “transparencia”.

El cambio legal quedó aprobado el 27 de diciembre y supuso cercenar la independencia de sus miembros. Hasta entonces, el nombramiento era por seis años sin posibilidad de renovación y requería una mayoría reforzada en la Asamblea regional. Ahora es de cuatro años prorrogables y depende del propio Gobierno madrileño. Además, el régimen sancionador se eliminó de un plumazo, con lo que incumplir los requerimientos no conllevará represalias.

Los tiempos administrativos de la Comunidad de Madrid no son, con todo, especialmente veloces. Como la propia modificación de la norma estipula que el Consejo debe seguir funcionando en los términos originales hasta que se elija a los nuevos miembros, la Comunidad de Madrid sigue expuesta a sorpresas desagradables. La última que ha trascendido es que presentó un recurso judicial para evitar publicar las actas policiales de lo sucedido en las residencias de mayores cuando la COVID-19 hacía estragos entre la población más vulnerable.

Razones ignotas para una ocultación

Fueron más de 7.000 mayores los fallecidos sin trasladarse al hospital. “Este Consejo no ha conseguido averiguar la razón por la que esta documentación obra en poder de la Comunidad y no en el Ayuntamiento”, argumentó el organismo, compuesto por una terna que incluye a dos catedráticos de Derecho de la Universidad Complutense. La Comunidad de Madrid se escuda en la protección de datos y en la dificultad de recopilar la información manteniendo el anonimato, y replicó a la última exigencia del Consejo —formulada en diciembre de 2022— con un recurso contencioso-administrativo. Desde entonces ha pasado más de un año. De encontrarse una resolución desfavorable, el Gobierno podría seguir dificultando el acceso tras asegurarse de que la norma que lo obligaba ya no castiga la desobediencia.

“Esto de intentar por todos los medios que trascienda [solo] lo que a la Administración le interesa suena más a dictadura que a un Estado de Derecho”, protesta Carmen López, una de las principales portavoces del colectivo Marea de Residencias, que agrupa a familiares de víctimas de la COVID en residencias de mayores. La asociación lleva desde 2020 tratando de que los juzgados investiguen a Ayuso y los a la sazón consejeros de Sanidad y Justicia, Enrique Ruiz Escudero y Enrique López, por su papel en la gestión de la crisis. Todavía no ha conseguido que se les tome declaración. “Se hace todo lo posible por no llegar al fondo de la cuestión. Es muy penoso”, critica.

Los sobresalientes de la presidenta, materia privada

Si Ayuso tuvo tropiezos curriculares en la carrera de Periodismo o si la completó de sobresaliente en sobresaliente podría ser de interés, resolvió el Consejo de Transparencia, a la hora de determinar si estaba justificado que la Universidad Complutense la nombrase alumna ilustre en 2022. Este reconocimiento había creado polémica entre alumnos, profesores y trabajadores de la institución académica, y suscitó una solicitud de información. Ayuso no estuvo por la labor y recurrió a los abogados. El expediente transita ahora por la sección octava del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que todavía tiene que pronunciarse al respecto.

De concurso público a nombramiento a dedo

El Partido Popular siempre ha visto con recelo el Consejo de Transparencia, creado en 2019 en un contexto político diferente al actual. Gobernaba entonces en minoría Ángel Garrido, tras la dimisión de Cristina Cifuentes. Las elecciones estaban a la vuelta de la esquina tanto en Madrid como en el conjunto del Estado y la irrupción de Podemos y Ciudadanos, con encuestas muy favorables, obligaban a los partidos a apostar por la responsabilidad pública y la rendición de cuentas. En este contexto, PSOE, Podemos y Ciudadanos se pusieron de acuerdo para impulsar una ley de transparencia ambiciosa.

El PP votó en contra. En el debate parlamentario, la diputada Eugenia Carballedo —después sería presidenta de la propia Asamblea de Madrid, hoy tiene escaño en el Congreso— argumentó que la norma obligaba a los Ayuntamientos a asumir cuantiosos costes por su puesta en marcha, podría “paralizar la Administración” y, entre otras aparentes carencias, optaba por elegir a los tres consejeros en la Asamblea en lugar de decantarse por un modelo basado en el “concurso público de funcionarios”, como proponía el PP. Entre su entrada en vigor en enero de 2020 y su reciente dilución han pasado tres años, la mitad del mandato previsto.

La Comunidad de Madrid ha conseguido que la Justicia permita que el expediente académico de Isabel Díaz Ayuso, por el momento, siga siendo un misterio. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha estimado una petición de medidas cautelares del ejecutivo regional y ha suspendido la ejecución de la orden del Consejo de Transparencia que obliga a hacer públicos esos datos sobre la presidenta madrileña a petición de una ciudadana. No hay un plazo determinado para el final de esas cautelares, pero si se mantienen hasta que se dicte sentencia sobre el fondo del asunto es previsible que el expediente siga oculto durante, al menos, medio año.

El nombramiento de Isabel Díaz Ayuso como “alumna ilustre” de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, decidido en diciembre de 2022 y materializado el pasado enero, generó una fuerte oposición entre profesores, alumnos y trabajadores de la universidad madrileña. Además, a diferencia de los demás designados como merecedores de tal distinción, que fueron sometidos a votación por los integrantes del Consejo de Gobierno de dicha facultad, su nombramiento fue realizado a propuesta del propio Rectorado, que, según el Reglamento, tiene competencias para hacerlo.

El caso llegó hasta el Consejo de Transparencia después de que una periodista de Newtral solicitase al Portal de Transparencia los datos académicos de la presidenta. El Consejo de Transparencia de Madrid –cuyo funcionamiento reformará este viernes la Asamblea de Madrid– es el órgano que vela por el cumplimiento de la ley de Transparencia y es el que tiene que resolver las reclamaciones y denuncias que puede interponer la ciudadanía cuando el Gobierno o una administración de esta región pretende ocultar información pública. La petición fue denegada en primera instancia por el Gobierno regional con la excusa de que trataba de una cuestión “privada” y que no afectaba a su elección como presidenta de la Comunidad de Madrid.

Sin embargo, después de estudiar todos los pormenores del caso, el Consejo finalmente falló a favor de la solicitante e instó a la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Pública de la Comunidad de Madrid a solicitar a la Universidad Complutense dicho expediente para que la solicitante pudiera acceder al mismo. Fue entonces cuando el Ejecutivo de Ayuso presentó un recurso ante los tribunales para impedirlo, solicitando en su escrito que se aplicaran medidas cautelares, es decir, que se paralizara dicha resolución del Consejo de Transparencia hasta que la Justicia no resolviera el recurso de la CAM y hubiera una sentencia sobre el fondo del asunto, lo que dilataría el proceso varios meses.

Es lo que consiguió hace unas pocas semanas la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, según ha podido saber elDiario.es. La sección octava de lo contencioso del TSJM estimó la petición de medidas cautelares de la Comunidad y suspendió de forma cautelar la ejecución del acuerdo, lo que en la práctica frena la posibilidad de obligar a la administración regional a hacer público el expediente por el momento.

Los jueces explican, en primer lugar, que no paralizar la ejecución de la orden de Transparencia quitaría cualquier valor al recurso que ha presentado la Comunidad de Madrid: si en el futuro una sentencia estima sus pretensiones y dice que no hay obligación de hacer público el expediente académico de Ayuso, ya se habría difundido y sería demasiado tarde. “Implicaría la completa ineficacia de una sentencia estimatoria”. También se sorprenden los jueces de que el Consejo de Transparencia de la Comunidad de Madrid, organismo autónomo pero adscrito a la Asamblea regional, no haya presentado ninguna alegación en defensa de su propia resolución.

PSOE y Más Madrid no entienden el “afán” de Ayuso de “pleitear”

Conocida la decisión del tribunal madrileño tanto el PSOE como Más Madrid han afeado al Gobierno regional el afán de querer pleitear para que no se conozca el expediente académico de Ayuso. Juan Lobato, portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid asegura a esta redacción que no entienden “tanta obsesión con pleitear y ocultar esto. Nos vale con que la Sra. Ayuso diga ella misma que todo lo que dice su Portal de Transparencia de si misma es verdad, así de sencillo”.

Por su parte, Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid, cree que la presidenta regional “es alérgica a la transparencia y por eso hoy aprueba una ley para dejar en nada las atribuciones del Consejo de Transparencia. Si Ayuso no tiene nada que ocultar, debería hacer público su expediente académico. Litigar con el dinero de todos para evitar que se conozca su expediente no hace más que acrecentar las sospechas, peor aun con los antecedentes del PP madrileño”.

“Esto cada día se parece más a algo que ya hemos vivido en Madrid. Ya hubo una presidenta que quiso esconder su expediente y no tuvo un buen final. Esperemos que la historia no se repita”, zanja Bergerot.

La Asamblea aprueba cambios en el funcionamiento del Consejo

Precisamente este viernes la Asamblea de Madrid sometía a debate cambios en más de una docena de leyes, entre ellas el funcionamiento del Consejo de Transparencia a través de una ley 'ómnibus'. La reforma establece que a partir de ahora será el Gobierno regional el que tendrá la potestad de elegir al presidente de este organismo, eliminando la figura de los tres vocales miembros que en la actualidad se rotaban cada dos años para ocupar ese cargo. El presidente sea nombrado por el propio Gobierno regional para un periodo de cuatro años, prorrogable por cuatro años más.

Actualmente el Consejo de Transparencia y Participación lo forman tres consejeros nombrados a propuesta del Pleno de la Asamblea de Madrid, por mayoría de las tres quintas partes. Estos tres miembros están en el cargo por un periodo de seis años, y se distribuyen rotatoriamente la presidencia cada dos años. Pero con la nueva ley desaparecen y solo habra un responsable máximo de este órgano elegido por el Ejecutivo a propuesta del titular de la Consejería de Presidencia que en la actualidad es Miguel Ángel García.

Además, la ley actual exigía diez años de experiencia profesional acreditada en actividades relacionadas con el sector público, la transparencia y el acceso a la información pública para acceder a formar parte del Consejo. Ahora este requisito ya no será imprescindible, con lo cual podría ser un exdiputado del PP que jamás haya tenido relación ni actividad alguna con la transparencia o el sector público.

Otro de los cambios que se introducirá será añadir al nuevo Consejo las competencias de protección de datos. La idea es situar en el mismo nivel la protección de datos que la transparencia, de modo que los conflicto de intereses recaerán en el nuevo Consejo, cuando hasta ahora no era así. Por ello cambiará de nombre y pasará a llamarse Consejo de Transparencia y Protección de Datos. 

También se elimina el régimen sancionador contemplado en la norma para las Administraciones que incumplen la normativa en materia de transparencia, que fue una exigencia de PSOE y Ciudadanos de Transparencia, después de los casos que protagonizaron los expresidentes Francisco Granados, Ignacio González y Cristina Cifuentes.

El Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia (CTRM) acumula más de un año y medio bloqueado y sin ningún tipo de actividad. No celebra plenos. No toma decisiones. No atiende a las peticiones de los ciudadanos. Acumula un año, además, con el mandato de una presidenta, Juana Pérez Martínez, nombrada presuntamente en contra de la ley y, como ella misma admitió, de manera “anómala”. Durante todo ese tiempo y para mayor controversia se ha mantenido atascada en el juzgado una denuncia por prevaricación interpuesta en diciembre de 2022 por tres vocales del organismo –José Luis Sánchez, Francisco Lucas y Mario Pérez Cervera– contra el presidente autonómico, Fernando López Miras, y el expresidente de la Asamblea, Alberto Castillo.

Se trata de un año en el que, a raíz de las decisiones del Ejecutivo y de la situación posteriormente judicializada, se ha impedido adecuar a un nuevo mandato la composición del órgano de control de la transparencia de la Región, tal y como estipula la ley. Además del bloqueo, el Consejo de Transparencia, nacido en 2014 para garantizar desde una entidad independiente la rendición de cuentas de los poderes públicos regionales, está en peligro de acabar bajo el control absoluto de Vox.

Cronológicamente el supuesto fraude en el nombramiento de Juana Pérez se sitúa en diciembre de 2022. Su acceso al cargo desató la demanda judicial y la consiguiente fase de bloqueo. Unos meses antes, en junio de ese mismo año, el anterior presidente del Consejo, el exmagistrado Julián Pérez–Templado, había dimitido. Según manifiestan fuentes cercanas al organismo a las que ha contactado este diario, debido a que “el Gobierno regional había estado intentando desmantelar la institución con todas las artimañas jurídico–legales de las que disponen”.

El Ejecutivo de López Miras, sostienen dichas fuentes, había aprobado anteriormente, también en 2022, un decreto–ley para clausurar la sede electrónica del CTRM, de modo que no pudiese recibir peticiones de los ciudadanos por vía telemática. Además, había hecho caso omiso del requerimiento por parte del Consejo de la documentación relativa a cuestiones trascendentales y de consumada gravedad, como por ejemplo la vacunación masiva e irregular de altos cargos y empleados de la consejería de Salud en enero de 2021. 

“Ya no se habla en Murcia de transparencia, ni de rendición de cuentas”

La dimisión de Pérez–Templado no fue aceptada por el Gobierno murciano ni publicada en el BORM hasta cinco meses después de su comunicación –en noviembre– denotando una situación de “dejadez” y dejando al Consejo de Transparencia en la tesitura de suspenso e incertidumbre que todavía arrastra. En ese mismo instante comenzó a fraguarse la polémica, la disputa legal: el supuesto fraude de la ley, que estipula que el Consejo de Gobierno de la Región debe nombrar al presidente de la institución previa designación de la Asamblea a partir de los candidatos que presentan los diferentes grupos parlamentarios. El elegido deberá para ello obtener, según el texto, “una mayoría de dos tercios de los miembros de la Cámara en primera votación o una mayoría absoluta en la segunda”.

“En el Consejo de la Transparencia hay varios miembros que son estómagos agradecidos del Gobierno de López Miras, entre ellos la misma Juana Pérez y José David Hernández”, explica a elDiario.es de Murcia José Luis Sánchez, vocal del órgano desde 2015 en representación de Comisiones Obreras y uno de los firmantes de la denuncia. Ambos, la primera elegida como vocal en representación de los consumidores, el segundo colocado en nombre del propio Ejecutivo, convocaron en diciembre de 2022 un pleno al que asistieron únicamente seis del total de once vocales. Entre todos eligieron –“a dedo”, asegura el sindicalista– a Pérez como presidenta. “Aquella actuación estuvo totalmente fuera de la norma jurídica. En ese momento se lo hicimos saber a López Miras y a Alberto Castillo a través de varios burofaxes, pero nunca obtuvimos respuesta”, señala Sánchez.

“Desde aquel bochorno el Consejo no tiene ningún tipo de actividad”, continúa el vocal. “Hay una presidenta fantasma. No hay comunicación con los ciudadanos ni rendición de cuentas. Está acabado. Era un órgano con un trabajo frenético antes de todo esto, y ahora se ha opacado. Ya no se habla en Murcia de transparencia, ni de rendición de cuentas. Les han quitado a los ciudadanos una herramienta importantísima en democracia”, concluye.

Sin plenos, ni resoluciones

Navegar unos segundos por la web oficial del CTRM basta para comprobar de primera mano la parálisis del organismo: el último pleno celebrado data del día 7 de abril de 2022 y no consta que se haya resuelto ninguna de las 164 reclamaciones registradas por los ciudadanos desde entonces. 

Dentro de la página da la sensación de que el año 2023, que está a punto de culminar sus últimos días, todavía no hubiese llegado. Tal inacción no sorprende a Francisco Lucas, otro de los denunciantes y exdiputado por el PSOE en la Asamblea que actualmente ostenta un escaño en el Congreso de los Diputados: “El Consejo de la Transparencia no existe, ni reúne, ni convoca ni resuelve”, afirma. 

“Siempre ha sido, desde que se puso en marcha, un organismo incómodo para el Gobierno, que no dejó de incumplir las resoluciones que dictaba. La de las listas de vacunación fue la detonante. Los de López Miras nunca admitieron la independencia del Consejo. Siempre intentaron influir en sus decisiones”, declara Lucas. “Hasta el punto de que pusieron a la presidenta que les dio la gana, sin pasar por la Asamblea. La ley es muy clara. No entiendo por qué no la cumplieron, si tenían la mayoría parlamentaria. Debe ser la impunidad que el PP ha tenido durante más de 30 años”, manifiesta el exdiputado murciano.

El tercero de los signatarios de la demanda, el socialista Mario Pérez, hace referencia a “una intención clara por reprimir el órgano a su mínima expresión”. “En el Gobierno no hay interés por la transparencia”, expone el primer edil, “que realmente es lo que hará avanzar a esta Comunidad”. Pérez accedió al Consejo de la Transparencia como alcalde de Los Alcázares y en representación del resto de sus homólogos de la Región, cuando el órgano ya estaba, asegura, “en plena crisis”.

Dentro del mismo Gobierno la situación se vive sin preocupación, sin hacer de ella un problema: “El Consejo de la Transparencia es un organismo independiente, cuya regulación y actividad está sujeta a una ley aprobada por la Asamblea Regional. La Comunidad únicamente ha nombrado a los vocales que le corresponde. Por lo demás, se ha mantenido en todo momento al margen”, certifican fuentes del Ejecutivo murciano a este periódico. 

El futuro del organismo, en manos de Vox

Para los denunciantes, el Consejo de Transparencia supone para el Gobierno Regional “un estorbo”, “un impedimento” y “una molestia”. El organismo pondría en evidencia información pública relacionada con aspectos cuestionables de la gestión del Ejecutivo. Pese a esto, el Consejo es protagonista de uno de los puntos del acuerdo pragmático firmado por PP y Vox el pasado mes de septiembre, cuando la formación ultraderechista alzó a López Miras, con sus votos positivos, de nuevo a la presidencia de la Región.

Según el pacto, el Ejecutivo planea modificar la actual Ley de Transparencia. Pero no profundiza en cuáles serán las consignas de tal reforma. La otra intención de San Esteban consiste en adscribir el organismo a la figura de Defensor del Pueblo, cuyas potestades recaen en la Consejería de Seguridad, Interior y Emergencias, dirigida por el presidente de Vox en la Región, José Ángel Antelo. De modo que será Vox y su líder autonómico quienes tengan el poder de decisión en el nombramiento del próximo o la próxima responsable de la transparencia en Murcia. Fuentes de la formación de Abascal confirman que esa figura podría ser la del expresidente Alberto Garre, actual diputado de Vox en la Cámara de Cartagena.

“Quieren cargarse el Consejo tal y como lo conocemos. Quieren que todo recaiga en una sola persona. Que no exista un pleno diverso con vocales”, asegura Lucas. “Es un órgano imprescindible, pero lo asediaron, le quitaron todo, como si lo hubieran dejado encerrado, sin comida, sin agua ni comunicaciones. Antes era algo muy participativo, donde estábamos presentes todos los sectores de la sociedad. Ahora va a depender del Gobierno”, sentencia por su parte José Luis Hernández.

La denuncia por prevaricación, paralizada

Los tres vocales presentaron el 30 de diciembre de 2022 la denuncia por presunta prevaricación en el nombramiento de Juana Pérez. En ella señalaban directamente a López Miras: sostiene que le comunicaron vía burofax, en dos ocasiones y sin respuesta, los irregulares procedimientos que se estaban llevando a cabo en Transparencia. A esto se suma que los vocales vinculados a su Ejecutivo tuvieron todo el peso en la iniciativa de escoger a la nueva presidenta. Alberto Castillo es el otro señalado por idénticas razones. Le siguen todos los vocales implicados en la elección de Pérez al margen del texto jurídico, el de la Ley 12/2014 de Transparencia y Participación Ciudadana en la Región de Murcia que ahora el nuevo Gobierno quiere modificar.

Ninguno de los denunciantes, una vez la demanda se admitió a trámite en el Juzgado de Instrucción Número 5 de Murcia, ha vuelto a tener apenas noticias del caso. Se podría decir que está “atascada”: “Se ha dilatado en el tiempo”, explica Lucas, “porque la jueza encargada de su instrucción –María del Mar Azuar Fernández, titular del Juzgado Número 5– considera, tras un año, que puede haber conflicto de intereses y se ha abstenido de investigar el delito”. En otras palabras, a la instructora del caso le llevó 13 meses determinar que debía abstenerse a la instrucción del caso, ya que su marido trabaja para la Comunidad Autónoma.

Ahora todo está en manos de otro juzgado: el de Instrucción Número 6. “Que después de tanto tiempo se haya decidido que el encargado de la investigación deba ser otro juzgado es de mafia calabresa. No sé lo que puede pasar en el futuro con la denuncia, pero parece complicado”, explica José Luis Hernández. “Me gustaría que se revocara la elección del último representante y que eligiéramos al presidente o a la presidenta de forma democrática, como debe ser”, asevera en este sentido Mario Pérez.

Desde Presidencia de la Región afirman que se trata de una denuncia política hacia la cual no hay mucho más que añadir. El jurista José María Hurtado explica, en dirección contraria, que a este a tipo de organismos –los de transparencia– desde su creación “los poderes Ejecutivos se lo han puesto siempre muy difícil”. Afirma, no obstante, que son “imprescindibles en un Estado de Derecho”. 

Con respecto a la denuncia, la considera un asunto “complejo”: “No hay una acción directa por parte de López Miras ni de Alberto Castillo. Se nombró a Juana Pérez como sustituta. Si hubiese delito, en todo caso lo habrían cometido los que la votaron. No se puede negar que su nombramiento es anómalo”. El experto vaticina que, en caso de que el juez interprete el nombramiento como delictivo, acabará en el Tribunal Supremo.

Este medio se ha intentado poner en contacto, en varias ocasiones, con Juana Pérez, actual presidenta del CTRM, para preguntarle acerca de la inactividad del organismo, de su sospechosa elección, de por qué se acumulan los meses y los años y no hay atisbos de convocar reuniones ni de resolver peticiones ni atender las demandas de los ciudadanos. En ningún caso ha sido posible.

La decisión del Consejo de Transparencia de exigir al Gobierno de la Comunidad de Madrid que facilite el acceso al expediente académico de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, es, según el PP, una petición “insultante”. El caso, desvelado el miércoles por elDiario.es, llegó al Pleno de control de la Asamblea de Madrid celebrado ese jueves y en el que el portavoz del PSOE, Juan Lobato, y otros diputados de este grupo exigieron a Ayuso y a varios consejeros de su Gobierno que explicaran las razones por las que han recurrido ante los tribunales la decisión que da la razón a la solicitante de la información. Pero tanto Ayuso como los demás miembros de su equipo evitaron contestar y obviaron las alusiones al asunto.

Este viernes, durante la rueda de prensa habitual tras la Junta de Portavoces de la Asamblea de Madrid, el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, ha asegurado que les parece “un tanto insultante que se quiera investigar el pasado de todas o de cualquier persona, que se pueda perseguir a alguien intentando sacar datos personales de lo que hacía a los 20 o a los 25 años”.

“Hay leyes de transparencia pero hay leyes también de derecho a la intimidad. Toda la información pública que requiere la Ley de Transparencia de cualquier cargo público está a su disposición en los portales de transparencia. Todos los datos de la señora Ayuso, de mí mismo y de cualquier diputado de esta Cámara o de cualquier miembro del Gobierno está ahí”, ha añadido, para insistir de nuevo en que “entonces, esa persecución para intentar obtener más datos” les parece “insultante”.

Previamente, en su comparecencia ante los periodistas, el portavoz del PSOE, Juan Lobato, reiteraba lo dicho el día anterior en el Pleno de la Asamblea: “Lo que quiere la señora Ayuso es que nadie controle nada, que nadie mire nada, y a partir de aquí yo creo que lo que toca es pedir explicaciones a la presidenta”. Dicho esto, Lobato se ha vuelto a preguntar “¿qué le pone tan nerviosa a la señora Ayuso de lo que ha pasado con el Consejo Transparencia?”; “¿por qué le molesta tanto que el Consejo de Transparencia exija que su expediente académico sea conocido?”, ha añadido.

“Esta es la pregunta a la que tiene que responder Ayuso, y más le valía hacerlo antes de aprobar una ley [cuyo debate está previsto para el próximo jueves, 22 de este mes], una ley que lo que quiere hacer es cargarse ese órgano de Transparencia que es nombrado por la Asamblea de Madrid”. “Lo que intenta es que no haya transparencia y un mínimo de funcionamiento democrático normal en esta región”, ha zanjado el portavoz socialista.

La noticia sobre las trabas al acceso del expediente de Ayuso fue adelantada por elDiario.es este miércoles. Un día más tarde, horas después de su publicación, la periodista de Newtral, Marta Gutiérrez, desveló en sus redes sociales que fue quien había solicitado la trayectoria académica de la presidenta y que es, por tanto, la ciudadana a la que el Consejo de Transparencia ha dado la razón.

El pasado 16 de marzo se hizo público el nuevo nombre del hasta entonces conocido como Hospital Militar de Sevilla. El “nuevo hospital” Muñoz Cariñanos sustituía la denominación oficial anterior (Vigil de Quiñones, por el médico marbellí que acompañó a los últimos de Filipinas en su encierro en Baler entre 1898 y 1899) con base a una votación previa por parte de los profesionales sanitarios. Después de que el centro hospitalario fuera inaugurado hasta cuatro veces por parte de presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, la familia de Rogelio Vigil de Quiñones quiso conocer concretamente cuáles habían sido “los resultados de las votaciones” y preguntó en junio a la Consejería de Salud, desde donde contestaron que los datos solicitados tenían “la consideración de información pública” pero sin hacerle llegar a la familia cómo fue la votación, tal y como había requerido. Ahora, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía obliga a ello a la Junta de Andalucía después de que la familia se dirigiese a este organismo de vigilancia “por denegación de información pública”.

En una resolución fechada este 27 de noviembre, a la que ha tenido acceso SevillaelDiario.es, el Consejo de Transparencia estima la reclamación de la familia y dice que la Consejería de Salud “deberá facilitar” en el plazo de diez días la información solicitada, esto es, el resultado de las votaciones que validaron el cambio de denominación del hospital.

En la respuesta previa de Salud a la familia, remitida a finales de julio, se daban detalles de los posibles nombres que habían llegado al final del largo proceso participativo, iniciado en marzo de 2022, pero sin los datos concretos que la familia Vigil de Quiñones había pedido pese a que reconocía que se trataba de una información pública. “Para la asignación o cambio de denominación de los centros sanitarios, en general, y de los hospitales en particular, no existe regulación normativa al respecto, por lo que el proceso en concreto que se ha articulado no resulta obligatorio o preceptivo en su realización, ni vinculante en su resultado”, dijo Salud en julio.

Una “hipótesis” del Consejo de Transparencia

Ahora, el Consejo de Transparencia considera que la Consejería de Salud “aunque explica cómo han quedado las nuevas denominaciones, así como la justificación de las denominaciones finalmente seleccionadas, no contempla el dato cuyo acceso se pidió” y que era específicamente relativa a los resultados de la votaciones. Añade el Consejo de Transparencia que al contenido de la Resolución de la Consejería de Salud “habrá de serle añadida la información referida a los 'resultados de la votaciones' que eventualmente se hubieran hecho para la selección de las denominaciones elegidas”, eso sí, “ocultando los datos personales que eventualmente pudieran aparecer en la misma y que excedan de la información solicitada”.

“Y en la hipótesis de que no exista alguna de la información solicitada, la entidad reclamada deberá transmitir expresamente esta circunstancia a la persona reclamante”, añade Transparencia. El jefe de servicio de Informática del Servicio Andaluz de Salud informó en redes sociales de que Muñoz Cariñanos había sido el “nombre elegido por votación de los profesionales sanitarios de Sevilla”. Una “supuesta votación”, califico la familia Vigil de Quiñones, que había provocado un cambio de nombre “sin motivo” que lo justificase, a su entender y “el de la mayoría de la ciudadanía”.

Asegura la familia según pudo conocer “por otros médicos”, “en ese proceso muchos facultativos y sanitarios nunca pudieron votar, otros votaron en la primera fase y en la segunda, y casualmente muchos que optaron por mantener el nombre de Vigil de Quiñones curiosamente no se le dio la oportunidad de votar tras determinados descartes”. “Nunca se publicaron los resultados definitivos o si la votación había sido ajustada o no, pero al final la Junta optó por rotular al citado hospital con el nombre de Muñoz Cariñanos, que es lo que ha venido repitiendo desde hace años públicamente, tal y como se llama en la actualidad, y borrando en contra de la historia el nombre de Vigil de Quiñones”, comentan desde la familia.

Una “gesta universal”

La resolución de Transparencia pone fin a la vía administrativa pero contra ella cabe interponer recurso contencioso-administrativo, una vía judicial que se reserva su derecho a emprender la familia Vigil de Quiñones para que “se ordene esa información y se aclare lo sucedido que parece tabú y existe un silencio total”. Desde la familia se traslada también su respeto “como no puede ser de otra manera” a la familia de Muñoz Cariñanos, “vilmente asesinado por la banda terrorista de ETA en su consulta privada”.

Ya en enero de 2022, la Asociación Nacional Últimos Filipinas, Héroes de Baler (formada por descendientes de estos héroes, historiadores, investigadores y simpatizantes de aquella “gesta universal”) inició una petición en la plataforma change.org donde pedía que no se procediera al cambio de denominación del hospital, argumentando que “muchos sevillanos y españoles se han interesado por la gesta de los últimos de Filipinas gracias al nombre de ese Hospital, acercándose así a un imborrable episodio de la Historia universal, que transciende a su época y a cualquier ideología”, sin entender que “después de tantos años” se planteara un cambio de nombre a este “emblemático hospital”.

La familia también comenta que el cambio de nombre no tiene semejanza o similitud alguna con otras situaciones en las que se han producido cambios de nombre de calles o instituciones o lugares debido a las leyes de Memoria Histórica o Democrática por su vinculación al régimen franquista. A su juicio, el cambio de denominación es “únicamente es fruto de un interés personal, sin justificación alguna, que nada tiene que ver con un interés general o con el cumplimiento de alguna Ley como es la de Memoria Democrática”.

El PSOE ha presentado este miércoles una queja formal ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno al detectar 42 posibles casos de conflictos de intereses en cargos públicos del nuevo Gobierno de PP y Vox en Extremadura tras analizar sus declaraciones de bienes.

El portavoz de Administración Pública del Grupo Parlamentario Socialista, José María Vergeles, ha denunciado la “opacidad” de la Junta de Extremadura que no ha respondido a las numerosas preguntas formuladas por el PSOE al respecto. “Hemos realizado varias preguntas parlamentarias y solicitado que nos envíen los documentos de conflictos de intereses de aquellas personas que venían de la empresa privada y no se ha dado respuesta”, ha comentado.

Asimismo, Vergeles ha criticado que la Junta aprobara una modificación de la ley que obligaba a los altos cargos a comparecer ante la Asamblea para debatir su idoneidad cuando acababan de ser nombrados los nuevos consejeros del Ejecutivo regional.

Otro hecho “grave” que ha llevado a los socialistas a presentar esta queja ha ocurrido este miércoles cuando “no se ha presentado nadie” a responder una pregunta del PSOE sobre el Plan de Modernización Digital de la Junta 2020-2024 durante la Comisión de Administración Pública en la Asamblea, ha denunciado Vergeles. En este sentido, el portavoz socialista ha asegurado que se está retrocediendo en transparencia, una situación que impide que haya un “buen gobierno” y trasciende el ámbito autonómico por lo que desde el PSOE consideran necesario elevar esta queja.

“Hay casos especialmente llamativos como personas que han pertenecido con una alta responsabilidad a una empresa de telecomunicaciones y que en estos momentos ejercen competencias en el ámbito de la transformación digital o gente del ámbito de la cultura que tenga o haya tenido una empresa a la que se le han concedido subvenciones”, ha comentado.

La queja deberá ser admitida ahora por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que la debatirá en pleno y emitirá posteriormente una resolución que puede ser una recomendación o una obligación a hacer determinadas publicaciones, ha indicado.