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El empresario Luis del Rivero recrudece el debate por la ley del Mar Menor en la Asamblea: “La agricultura es la solución”

El terrateniente del Campo de Cartagena y expresidente de Sacyr, Luis del Rivero (en el centro), junto al diputado de Vox, Pascual Salvador (izq.), y el diputado del PP Miguel Ángel Miralles (der.) durante la comparecencia de hoy en la Asamblea Regional murciana

Álvaro García Sánchez

Cartagena —

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La actividad parlamentaria de la Región de Murcia ha regresado de las vacaciones de verano de la misma forma en que concluyó en el mes de julio: con PP y Vox imponiendo a marchas forzadas la tramitación de una ley de protección del Mar Menor bajo la que ambas formaciones, especialmente la segunda, pretenden suprimir una gran parte de las restricciones al sector agrícola impulsadas en la norma del año 2020.

Es tal la celeridad por redactar un nuevo proyecto legislativo en torno a la laguna salada que incluso la formación ultraderechista, en palabras de su portavoz adjunto en el Parlamento autonómico, Rubén Martínez Alpañez, instó el lunes a sus exsocios populares a “llegar a un acuerdo para presentar”, antes del próximo 19 de septiembre, “un calendario para la aprobación definitiva de la modificación de la ley”. Pero los contactos y las negociaciones, a juzgar por las afirmaciones de fuentes parlamentarias de ambos partidos, todavía no se han llegado a producir.

Sí se ha producido, no obstante, y a una semana de la fecha límite impuesta por Vox, una intervención trascendental en la ronda de comparecencias en la Asamblea para la futura redacción del proyecto legislativo de la albufera. La elusión de responsabilidades del agro murciano con respecto a la contaminación del ecosistema y el foco constante en los vertidos urbanos han vuelto a acaparar por completo el relato y el espacio público de la sede legislativa de la Comunidad. Y, como en otras ocasiones, con el visto bueno de los de López Miras y los de Santiago Abascal. 

Hoy le ha llegado el turno al empresario y expresidente de Sacyr, Luis del Rivero, que es, además, uno de los mayores terratenientes de la cuenca vertiente del Mar Menor. Del Rivero ha dedicado su tiempo de intervención a subrayar que la afección a la laguna está igualmente propiciada por “la naturaleza” y por “el hombre”.

Para el empresario murciano, que ya fue en los ochenta uno de los ingenieros que diseñó parte del canal del trasvase Tajo-Segura y de la red de tuberías que hoy en día distribuyen el agua por todo el Campo de Cartagena, la solución al problema de contaminación de la laguna mediterránea pasa directamente por la construcción de nuevas infraestructuras que conlleven, asimismo, licitaciones públicas de las que él, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos de renombre, podría aprovecharse. Del Rivero ha propuesto la “apertura de las golas” para facilitar la circulación del agua y “sacar los vertidos de las ramblas -especialmente la del Albujón- al Mediterráneo”, con el fin de “evitar los aterramientos” (aumento de depósitos de tierra), un proceso natural que lleva produciéndose durante toda la historia del ecosistema.

“La Fundación Ingenio merece mis respetos”

Tal y como hizo a finales de julio la CEO de la Fundación Ingenio, Natalia Corbalán, quien sentada en la misma silla que Luis del Rivero afirmó sin reparos que la “agricultura no es responsable” del agónico estado del ecosistema, ahora el empresario, que también es un peso pesado en la Comunidad de Regantes del campo cartagenero, máxima financiadora del lobby del agro murciano, con más de dos millones de euros aportados en el verano de 2023, ha situado el punto de mira, una vez más, sobre las aguas procedentes de los núcleos urbanos.

“Sus soluciones son muy parecidas a las mías: una posición en defensa de la economía y de la agricultura de la Región. Merecen mis respetos”, ha dicho del Rivero en relación a Ingenio. Acto seguido ha enumerado las mismas consignas vindicadas por el lobby y por Vox. El empresario ha permanecido en el despacho del grupo parlamentario ultraderechista hasta el comienzo de su comparecencia. “Tenemos que ser tremendamente estrictos en este campo -de las aguas residuales-”. “Necesitamos una red de alcantarillado que debe ser separativa y de alta calidad, para que no haya fugas y se evite la entrada de fosfatos. No puede haber fallos”, ha esgrimido.

Lo cierto es que del Rivero apenas ha esbozado el problema de contaminación del Mar Menor durante su turno de palabra. Más bien se ha dedicado a expresar los intereses personales que lo vinculan a la albufera. Las restricciones agrícolas también preocupan sobremanera al empresario, que llegó a afirmar hace casi dos años que la ley de protección que ahora se pretende modificar era “un disparate” equiparable “al de la ley del solo sí es sí”. El expresidente de Sacyr ha espetado que “la agricultura es la solución del Mar Menor y de las aguas residuales”.

Para del Rivero, asimismo, y rozando la sombra del negacionismo, los episodios de mortandad subacuática ocurridos en los años 2019 y 2021 y la sopa verde de 2016 motivaron un clima “de campaña” bajo el que nació la actual norma de 2020, la cual, en su opinión, “no protege del todo” al ecosistema. Del Rivero ha dicho que la ley es consecuencia de “unas muertes de peces localizadas que no disminuyeron la producción de pesca y que fueron casos puntuales”, obviando que, según datos internos de la Cofradía de Pescadores de San Pedro del Pinatar, la pesca en el Mar Menor ha descendido en un 60% desde el año 2020. Sí que ha destacado, no obstante, un aspecto positivo: que con la norma se haya profundizado “en el conocimiento” de la laguna.

Este reguero de aseveraciones de del Rivero durante su comparecencia de este viernes no ha llegado de casualidad. El expresidente de Sacyr posee en la Región más de 1.464 hectáreas de terrenos de secano y de regadío intensivo. Están distribuidos bajo el paraguas de dos sociedades: Actividades Inmobiliarias y Agrícolas y Opera Bona. Muchas de esas tierras están ubicadas en el mismo Campo de Cartagena.

A raíz de su progresivo acercamiento a del Rivero y a Ingenio, Vox dio un giro a su tono y discurso, y comenzó, también, a situar el peso del problema ambiental del Mar Menor en desinformaciones que tenían que ver con los vertidos de aguas urbanas. Todo siempre con el objetivo de descargar peso a las grandes empresas agricultoras de la comunidad. Vox ha sido quien ha propiciado que ambos actores, del Rivero y Natalia Corbalán, estén teniendo visibilidad en una reforma de la ley que los de Abascal impusieron al Partido Popular como condición inamovible para conformar la coalición de Gobierno que, sin embargo, saltó por los aires, de un día para otro, el pasado 12 de julio.

ASAJA: “Queremos vivir de la agricultura”

Luis del Rivero no ha sido el único empresario vinculado al campo murciano que ha comparecido en la Asamblea regional en la mañana de este viernes. También lo ha hecho el secretario general de ASAJA, Alfonso Gálvez, que, al igual que hicieron a primeros de julio sus homólogos de COAG y UPA, ha traído a la cámara murciana las mismas reclamaciones que las tres patronales agrícolas solicitan conjuntamente al Gobierno de López Miras.

Gálvez ha abogado, de forma enérgica, por suavizar las restricciones actuales recogidas en la ley para, ha matizado, “adaptarlas a la realidad agronómica que hoy existe en el Campo de Cartagena”. 

El representante de la patronal ha propuesto que la actividad agrícola en el entorno ribereño sea más sencilla de lo que ha sido en los últimos cuatro años, de manera que los beneficios económicos puedan volver a disparar los márgenes de las empresas del agro de la zona. “Queremos vivir de la agricultura y la ganadería y seguir generando riqueza y empleo”. “Nos han tratado como si los agricultores estuvieran echando directamente el nitrato al mar”, ha continuado el representante de ASAJA.

Acto seguido, Alfonso Gálvez ha señalado, una vez más en aras de evitar los señalamientos hacia su sector por el estado actual de la albufera, “la necesidad de gestionar adecuadamente las aguas pluviales” que provienen “de la superficie urbana”, así como “la gestión de las ramblas, las escorrentías de metales pesados de la sierra minera, los puertos deportivos y la navegación a motor”. 

También ha hecho referencia al acuífero del Cuaternario y las aguas subterráneas del Mar Menor -que actualmente acumulan 300.000 toneladas de nitrógeno a consecuencia de las filtraciones masivas de fertilizantes y pesticidas químicos procedentes de las explotaciones agrícolas-, hacia las que ha exigido al Ministerio para la Transición Ecológica una “actuación urgente” y “un mejor aprovechamiento”.

Septiembre, mes clave para el futuro de la laguna

Cuando todavía el divorcio no se había consumado y la coalición del Gobierno regional de populares y ultraderechistas marchaba viento en popa, la voluntad de Vox de modificar la ley de protección de la albufera y de recoger en el nuevo texto, una a una, las medidas más vindicadas por el agro autonómico y por la Fundación Ingenio parecía que iba a ser una realidad tangible ya entrado el mes de septiembre.

Pero el 12 de julio sobrevino sin previo aviso la ruptura, y todos los proyectos auspiciados por Vox que estaban en marcha parecieron entonces suspenderse en el aire. Sin embargo, las comparecencias parlamentarias para la reforma de la ley del Mar Menor siguieron su curso. Continuaron celebrándose, la mayoría de ellas, bajo los intereses de las empresas agrícolas más poderosas. 

La formación de ultraderecha ya presentó en abril una propuesta de reforma de la ley de protección que recogía gran parte de las demandas del agro: los eximía de su culpa mayoritaria en la contaminación del ecosistema y ponía el foco en las aguas residuales y en los ayuntamientos ribereños. El PP esquivó aprobarla al principio, pero acabó pactando con sus socios de Vox las actuales comisiones con tal de tener redactado un documento definitivo a la vuelta del verano.

Esa idea no ha cambiado en el seno interno de los ultraderechistas. Lo que sí ha cambiado es el apoyo seguro de sus exsocios. El portavoz adjunto de Vox en la Cámara murciana, Rubén Martínez Alpañez, apeló el lunes al PP a “llegar a un acuerdo”, que deberá rubricarse la próxima semana, en relación a “un calendario para la aprobación definitiva de modificación de la ley”. De momento, nadie del PP ha reaccionado a la petición ni ha habido acercamientos con sus antiguos compañeros en San Esteban, según confirman a elDiario.es fuentes adscritas a la formación popular. 

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