Compromís pide información al Congreso sobre la investigación del Tribunal de Cuentas a la presidenta del Puerto de València

Movimientos políticos a cuenta de las últimas polémicas en torno a la gestión de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV). El demoledor informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que apunta a posibles amaños en procesos de contratación de personal y de un contrato a una consultora, unido a la investigación del Tribunal de Cuentas a la presidenta por un presunto caso de desvío de fondos, ambos asuntos destapados por elDiario.es, no han pasado desapercibido.

El diputado de Compromís-Sumar, Alberto Ibáñez, ha elevado una petición a la mesa del Congreso en la que solicita “amparo” ante la denegación inicial del documento de la IGAE. Ibáñez ya lo requirió el pasado 23 de septiembre pero le fue denegada la petición con la excusa de varios de los procesos selectivos de personal que están cuestionados están pendientes de juicio.

Ahora, tras publicar su contenido esta redacción, vuelve a realizar la petición en base al propio reglamento del Congreso que reconoce a los diputados y diputadas “la facultad de recabar de las administraciones públicas los datos, informes o documentos que obren en poder de estas”. También sostiene su exigencia en base a amplia jurisprudencia del Tribunal Supremo que establece la interpretación amplia del derecho a la información.

Además, Ibáñez también exige que el Tribunal de Cuentas, “como órgano dependiente directamente de las Cortes Generales, aclare el objeto concreto de la investigación que está llevando a cabo sobre las irregularidades de la presidencia del Puerto de València, detallando los aspectos concretos que están siendo objeto de investigación”.

Por su parte, el Ayuntamiento de València que dirige la alcaldesa del PP, María José Catalá, consejera de la APV, ha solicitado también el informe de la IGAE. En sentido, el grupo municipal de Compromís pidió a alcaldía copia del documento. La respuesta ha sido que no lo tienen y que trasladan la petición a la APV para que les haga llegar el informe, del que se dará traslado a la coalición valencianista.

Como informó este diario, llama la atención que cuando la presidenta del Puerto de Valencia, Mar Chao, dio cuenta en el consejo de administración del 30 de junio del informe de la Intervención, no repartió copias a los consejeros. Además, el punto se incluyó en el orden del día después de que los consejeros recibieran un correo anónimo que alertaba de la existencia del mismo así como de la gravedad de su contenido.

Un contrato y cinco plazas cuestionadas

En su informe, la IGAE señala el contrato de Apoyo a la Gestión de Personas que se llegó a adjudicar el 8 de agosto de 2024 a Andràs Abogados por 160.930 euros (IVA incluido). Sin embargo, tal y como avanzó este diario y destaca el informe, “dicho contrato fue anulado por la APV a instancias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que había iniciado expediente, al considerar que el requisito de experiencia previa del pliego para acreditar la solvencia no se encontraba justificado, limitando la competencia”. Con posterioridad a unas alegaciones, la APV, en vista de que dicha Comisión va a recurrir a la vía contencioso-administrativa, desistió del procedimiento de adjudicación.

En sus alegaciones, la APV se opone a la vinculación entre la tramitación del contrato de Apoyo a la Gestión de Personas y las modificaciones en la Gestión de Recursos Humanos, pero la IGAE afirma que “lo cierto es que son coincidentes en el tiempo”.

En el apartado de 'Análisis de los procesos de contratación' se pone de relieve que “la gestión de las plazas convocadas para personal excluido de convenio resulta deficiente, con criterios restrictivos que podrían conculcar los principios generales aplicables de igualdad, mérito y capacidad”. En este sentido, se han detectado cinco plazas en las que podría darse esta situación. “Las plazas convocadas para el personal excluido de convenio contienen requisitos o méritos que predeterminan de un modo u otro el candidato seleccionado. Por lo tanto, podrían no respetarse los principios constitucionales de acceso a empleo público”, dice la Intervención.

La APV en sus alegaciones se manifiesta contraria, señalando que respeta la legalidad y ejerce competencias que le son propias, y dichos requisitos están justificados, y resultan pertinentes, respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Investigación del Tribunal de Cuentas

Por su parte, el Tribunal de Cuentas ha abierto diligencias preliminares para tratar de esclarecer si ha incurrido en responsabilidad patrimonial como consecuencia de diversas irregularidades que han sido objeto de investigación por parte de la Oficina de Conflicto de Intereses (OCI). En concreto, se investiga si habría incurrido en alcance o malversación en la administración de los fondos públicos, una infracción tipificada en el artículo 177.1 apartado A de la Ley General Presupuestaria 47/2003 de 26 de noviembre.

La investigación del órgano fiscalizador viene como consecuencia de un escrito del pasado 1 de octubre por el que se comunica la incoación por parte de la Secretaría de Estado de Función Pública, de la que depende la OCI, de un expediente sancionador contra la máxima responsable de la APV por irregularidades constitutivas de infracciones administrativas muy graves, contempladas en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

De esta forma, la mencionada Secretaría de Estado solicita al Tribunal de Cuentas que se realicen las comprobaciones oportunas para determinar si Chao habría incurrido en alcance o malversación en la administración de los fondos públicos. La apertura de las diligencias por parte del Tribunal paraliza el procedimiento sancionador abierto desde la Secretaría de Estado de Función Pública hasta que haya una resolución del órgano fiscalizador.