El último pleno del Congreso dejó gestos poco habituales en una legislatura marcada por un tono bronco: el adiós entre abrazos de los diputados que ya sabían que no repetirían y las palabras de “respeto y aprecio” que Pedro Sánchez les dedicó en su última intervención. Más del 40% de los actuales diputados no verán su nombre en las papeletas el 28 de abril. Unos regresan a su actividad profesional o han fichado por la empresa privada, otros se jubilan y algunos se ponen a disposición de lo que su partido necesite.

El goteo de salidas tras las renovaciones de liderazgos en los principales partidos ha sido constante. Será el final de la carrera política de veteranos del Partido Popular como Fátima Báñez, Íñigo Méndez de Vigo o Celia Villalobos, y tampoco repetirán en las listas socialistas Antonio Hernando, Soraya Rodríguez, Ángeles Álvarez o Ciprià Ciscar. Íñigo Alli (UPN) o Alexandra Fernández (En Marea) vuelven a su actividad profesional después de una única legislatura. Podemos tampoco tendrá entre sus escaños a Pablo Bustinduy o Diego Cañamero.

El 28 de febrero fue también la despedida de Joan Tardà, de 65 años, tras encadenar los últimos quince en el Congreso. Tardà comenta que en ocasiones “la Historia se acelera como un caballo desbocado” y han sido protagonistas de uno de esos momentos. Recuerda que invistieron a Zapatero en 2004 para “hacer conjuntamente aquello que él parecía querer hacer: una modernización del Estado que conllevaba pasar del estado autonómico al federal”. Para Tardà, el entonces presidente del Gobierno “dejó a ERC en la estacada después del bienio progresista de 2004 a 2006”. “En estos quince años hemos pasado de aquella esperanza que se abría de colaboración y complicidad con la izquierda española, hasta el escenario actual, un escenario terrible y muy doloroso, en el que incluso parte de la izquierda ha formado parte del triunvirato del 155 e incapaz de encarar una vía dialogada para resolver el conflicto”.

“Los independentistas −o al menos los de mi generación− nunca habíamos creído, y si alguien dice lo contrario es posible que mienta, que en tan pocos años alcanzaríamos el apoyo que hoy tenemos. Pasar del 14% al 48% [voto a partidos independentistas en Catalunya] para nosotros era inimaginable. Decíamos que quizá había que dedicar una o dos generaciones para pasar del modelo autonómico al federal y de la federación a la autodeterminación… Han sido quince años vertiginosos. Estamos viviendo todavía un cierto acelerón y yo me voy con un sentimiento agridulce de ver que la izquierda española, o una parte de ella, es muy timorata”, añade.

“La política se ha convertido en una anécdota”

Celia Villalobos pisó el Congreso por primera vez como diputada de Alianza Popular en 1986. Ha dicho adiós a los 69 años, tras serlo casi todo en el PP: ministra de Sanidad en el Ejecutivo de Aznar entre 2000 y 2002, eurodiputada entre 1994 y 1995, y vicepresidenta de la Cámara Baja entre 2011 y 2016. Después de su apoyo a Soraya Sáenz de Santamaría en las primarias del partido, Casado la dejó fuera de la Diputación Permanente. “En esta última etapa, la política se ha convertido en una especie de anécdota. Estamos más pendiente del Twitter y del titular que de los problemas reales. Antes no era así, nos preocupábamos de la realidad de los problemas de la gente”, expone Villalobos en conversación con eldiario.es. La que fuera alcaldesa de Málaga entre 1995 y 1999 cree que este fenómeno, que sitúa en los últimos tres años, ha convertido la política en un “espectáculo de titulares”.

Íñigo Alli, uno de los dos diputados de UPN en esta legislatura, guarda “cierta frustración” porque cree que se podrían haber hecho más cosas “por el bien común” y, en cambio, “a veces el foco de los partidos no es tanto la sociedad, sino los problemas de los propios partidos”. “Se debe exigir al político que volvamos a los debates que interesan a la sociedad. Es uno de los grandes problemas, que el interés partidista y los egos ideológicos están por encima del bien común”, analiza. Después de casi cuatro años como diputado y otros tantos como consejero de Políticas Sociales del Gobierno de Navarra, mantiene la misma opinión que cuando pisó por primera vez el Hemiciclo: “Pensé que era un honor ser diputado y me voy sintiendo exactamente lo mismo”.

“La democracia no tiene un problema de prepotencia sino de impotencia”, argumenta, por su parte, el socialista José Andrés Torres Mora, de 59 años. Torres Mora, ex jefe de gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero, señala que se enfrentan en una “asimetría de recursos” con “poderes no políticos y que no tienen origen en el poder democrático”, pero que actúan en política. La batalla “fundamental” tiene que ver “con el conocimiento, con la comprensión de la realidad que tú estás tratando de regular”. Para Torres Mora, las consecuencias de las políticas “necesitan ser estudiadas y previstas y eso requiere unos recursos más grandes que los que dispone un diputado habitual”.

“Un mal de las democracias es que se enfrentan con adversarios muy poderosos con recursos cada vez más limitados porque, entre otras cosas, el reproche que se le hace a las democracias es que son caras. Y, en realidad, para batirte con poderes muy fuertes hay que fortalecerse y eso significa poner recursos para conocer la realidad que muchas veces te ocultan”, desarrolla. Torres Mora entró en el Congreso el mismo año que Joan Tardà y ambos han coincidido en despedirse en la misma fecha.

“El trato ha sido respetuoso con todas las fuerzas”

Los parlamentarios consideran que en el día a día la relación con el resto de partidos ha sido “respetuosa”, al contrario de lo que parece mostrar el tono crispado que se ha visto en los plenos. “El trato ha sido tremendamente respetuoso con todas las fuerzas. He intentado desmarcarme de cualquier tipo de sectarismo, del 'conmigo o contra mí'. No va con mi forma de entender la política”, señala Alli. También la diputada malagueña Celia Villalobos remarca que “siempre” ha tenido “buena relación con todo el mundo”. “He respetado siempre la forma de entender la política de los grupos y, por lo tanto, he sabido distinguir lo que es la relación personal de los planteamientos políticos. He intentado consensos, me gusta el entendimiento frente al enfrentamiento y los radicalismos”, sostiene.

Alexandra Fernández, una de las diputadas más jóvenes del Congreso, aporta un matiz. La parlamentaria, de 30 años, distingue entre los plenos −la vertiente más “escenografiada” y “teatral” de la política− y las comisiones, donde el trato es “más personal” y más propicio para llegar a acuerdos. “Quizá el cambio más grande para nosotros fue dentro de la propia interna de En Marea”, incide. El breve paso de la formación gallega por el Hemiciclo ha estado marcado por los delicados equilibrios parlamentarios. La distancia de Fernández con Podemos se agudizó al final de la legislatura, donde vio a un partido “centrado en un proyecto muy madrileño” e incapaz de “reconocer” las diferentes realidades nacionales. “Ha sido la gran decepción de este recorrido. Íbamos con la ilusión de tejer un espacio donde estar de forma conjunta y lamentablemente no fue así”.

“Quizá el aprendizaje sea la cara B de la política. Es la parte más dura y a veces pueden ser incluso las cuestiones internas. Esa parte la ha aprendido también”, afirma. Una de las últimas imágenes que se quedan de ella en el Congreso fue la evidencia de la ruptura de En Marea en la votación de los Presupuestos. Fernández siguió la directriz del Consello das Mareas (órgano interno de En Marea) con su rechazo a la tramitación de las cuentas en contra del criterio de Podemos. Fue la única del grupo. Para ella, toda la legislatura ha sido una etapa “muy intensa” en la que ha comprobado que “desde fuera” parece que es más fácil transformar determinadas políticas y desde dentro “muchas veces es más lento de lo que se querría”.

De su etapa como parlamentario, Íñigo Alli pone en valor la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral (LOREG) que permitirá que este 28 de abril voten 100.000 personas con discapacidad intelectual, aprobada por unanimidad gracias a “dos años de trabajo, diálogo y escucha con todas las fuerzas”. El diputado socialista Torres Mora hace hincapié en la aprobación de la Ley de Dependencia o las leyes de ampliación de libertades, como la del matrimonio homosexual. “Hubo un momento en que te dabas cuenta de que no habías cambiado el mundo, pero a alguna gente le habías aliviado un dolor viejo, un dolor de esos enconados, de los que tienes ahí”.

También Tardà menciona la Ley de Dependencia y recuerda que ERC fue parte imprescindible, además, para la aprobación de la Ley de interrupción voluntaria del embarazo. Considera que ahora es momento de conquistar un nuevo derecho subjetivo: el derecho a la vivienda.

¿Qué harán tras su salida del Congreso?

Joan Tardà cuenta que le hubiera gustado poder dedicar unos últimos años a su profesión −es catedrático de Lengua y Literatura catalana, y ejercía como profesor de secundaria− y así se lo expresó a su partido al final de la anterior legislatura, pero le pidieron que continuase. Lo hizo, a condición de ser el número dos. “Siempre he sido el segundo, una persona que ha estado, digamos, en la sala de máquinas. Fui el dos de Joan Puigcercós, de Joan Ridao, de Alfred Bosch y fui el dos de Gabriel Rufián”, explica. Ahora se pone “al servicio del partido” para lo que se le encargue. “Si no se me encarga nada, trabajaré en la sección local de mi pueblo y haciendo lo que siempre he hecho, intentar contribuir. Hay muchas cosas para hacer. Por desgracia, trabajo hay mucho”, dice.

Quien sí sabe que volverá a la enseñanza es Torres Mora, doctor en Sociología y profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid, que explica que ya ha arreglado los papeles para su regreso con el departamento. Íñigo Alli, por su parte, se reincorporará a la actividad privada y hace un alegato por la “regeneración real de los partidos” para cambiar la política. “La regeneración pasa primero por ser valiente y dar un paso a darse a los demás. Y también generosidad por parte de los que llevan mucho tiempo viviendo de y con la política para dar paso a otras personas. Lo que he hecho es ser coherente con esa exigencia”, remata. Celia Villalobos responde concisa cuando se le pregunta a qué dedicará su tiempo ahora: “A vivir. Igual que antes he vivido de una forma, ahora vivo de otra”.

Alexandra Fernández dejó inacabado su proyecto de final de su carrera, Arquitectura, para ocupar uno de los cinco escaños de En Marea. Ahora podrá retomarlo. “Tenía claro desde el principio que no quería alargar el tiempo en la institución ante el riesgo de desconectar de la vida profesional. Una de las cosas que he aprendido es que para estar en política con libertad hay que tener una vida profesional fuera”, reflexiona. Fernández, que ha confirmado ya su baja de militancia de Anova, rechaza que abandonar la primera línea sea dejar de hacer política. “Abandonar el ámbito institucional no es irse de la política. Hay que seguir militando y lo pienso hacer como hasta ahora, desde la política de base”.

El debate de la moción de censura ha permitido mostrar una derivada política de interés para Navarra: el apoyo decidido del PSOE de Pedro Sánchez al proyecto de su candidata local, María Chivite, de no pactar con UPN un hipotético gobierno alternativo al de Uxue Barkos. Durante un rifirrafe dialéctico entre el candidato socialista a la presidencia del Gobierno y el portavoz de UPN en el Congreso, Iñigo Alli, Sánchez le ha espetado que los socialistas “siempre apoyarán gobiernos de progreso” y no “conservadores” como los que encabeza UPN.

El asunto cobra más relevancia por la crisis política interna que vive Podemos en Navarra, que con un sector oficial y otro crítico mayoritario que no se entienden ni en el nombre del Grupo Parlamentario hace tambalearse la mayoría que sustenta al gobierno de Uxue Barkos. Con Podemos partido en dos, la suma de parlamentarios de Geroa Bai, Bildu e Izquierda-Ezkerra no asegura la continuidad del cuatripartito, al menos de un gobierno con capacidad ejecutiva.

Por eso, un acercamiento de los socialistas daría margen de maniobra tanto para terminar el año que resta de legislatura como para reconfigurar sus apoyos de cara a las elecciones de 2019. Pese a sus resultados electorales mediocres en 2015 -fue quinta fuerza y logró 7 escaños- la particular distribución del arco político navarro hace de los socialistas un partido bisagra muy codiciado por sus rivales.

Así las cosas, Alli ha intentado rebajar inmediatamente el enfrentamiento explicando que si no va a apoyar la moción de censura es porque UPN ha pactado con el PP los Presupuestos, y UPN “cumple lo acordado”. Pero no ha convencido a Sánchez, que le ha recordado que el último pacto de gobierno de socialistas y regionalistas en Navarra “lo rompieron a los 11 meses”. Se refería a la decisión de la entonces presidenta de Navarra, la regionalista Yolanda Barcina, de cesar a su vicepresidente, el secretario general del PSN, Roberto Jiménez, el 15 de junio de 2012, por su “comportamiento desleal”.

Entonces el Gobierno de UPN quedó en minoría, y facilitó el entendimiento de toda la oposición, que le arrebató el Gobierno de Navarra tras las elecciones de 2015 con los votos del cuatripartito. Así las cosas, granjearse el apoyo de los socialistas resulta fundamental para que los regionalistas puedan plantearse volver al Gobierno de Navarra tras las elecciones del año que viene. Por eso ha recordado Alli el “acuerdo estable” que durante más de 20 años propició el “progreso social” de Navarra.

Pero no parece que Sánchez vaya a censurar la autonomía del PSN, como ocurrió en el célebre agostazo de 2007, cuando los socialistas llegaron a firmar un preacuerdo con Nafarroa Bai (hoy Geroa Bai) para formar un gobierno de coalición con el candidato socialista Fernando Puras como presidente. A última hora, la intervención del secretario de Organización del PSOE, José Blanco, censuró el acuerdo por razones de Estado -evitar el auge del nacionalismo vasco en Navarra- y pese a la voluntad firme de los socialistas navarros de formar Gobierno, no salió y Miguel Sanz volvió a ser elegido. La fractura interna y el coste electoral fueron enormes para los socialistas. Y no parece que Pedro Sánchez esté por la labor de repetir esa jugada.

“Las conclusiones del informe de la UPNA es lo que constatamos a diario, en nuestra intervención directa con las familias”. La plataforma de la renta básica respalda, de esta forma, el análisis realizado por la Universidad Pública de Navarra (UPNA) sobre pobreza severa, y cuyas conclusiones, en las que se habla de una bolsa de pobreza severa de 30.000 personas en la Comunidad Foral y de un error en las políticas sociales guiadas por la austeridad, han levantado ampollas en el Departamento navarro de Políticas Sociales. El propio consejero del ramo, Íñigo Alli, cuestionó las cifras y el Gobierno, un día después, presentó su balance de la Renta de Inclusión Social (un derecho al que se destinaron 51 millones de euros en 2014) y recordó que, según el informe AROPE, sobre el riesgo de pobreza y exclusión, Navarra es (con un 0,6%) la cuarta región europea con menos pobreza severa.

Estas diferencias de opinión, y las críticas del consejero en un e-mail a miembros del Consejo de Bienestar Social y cargos de UPN, según se hizo eco Diario de Navarra, en las que cuestionaba el rigor de esa investigación de la UPNA (atribuyó el resultado a intereses económicos, ya que un plan de 1996 sobre la pobreza se encargó a la UPNA y, en este caso, no ha sido así) han abierto el debate sobre cuál es el nivel de la pobreza severa en Navarra. Otra cuestión, de fondo, es la reacción de Alli cargando contra el director responsable de esa investigación de la UPNA, Miguel Laparra, quien la semana pasada no quiso extenderse en rebatir estas críticas y las atribuyó al “nerviosismo” de Alli y a su “fracaso” en la gestión social de la crisis.

Lo cierto es que esas palabras de Alli, al menos entre los colectivos consultados, han generado indignación. Algunos la denuncian de forma pública y otros se remiten a la contestación ya realizada por Laparra. Este, cabe recordar, dirige la cátedra CIPARAIIS (Cátedra de Investigación para la Igualdad y la Integración Social), en la que también participan entidades como Cáritas, Cruz Roja Navarra y la Red de lucha contra la pobreza. Preguntadas por esta polémica, desde Cáritas insisten en no entrar a valorar la reacción del consejero, pero también matizan que no tienen por qué respaldar las conclusiones de este II informe sobre Desigualdad, Pobreza y Exclusión Social porque, directamente, han participado en su elaboración; por lo tanto, subrayan que su apoyo a esas conclusiones es “evidente”.

Desde la plataforma de la renta básica, cuyos representantes no participaron en ese estudio pero sí estuvieron la semana pasada en su presentación, dan un paso más, al atribuir las palabras del consejero a un interés electoral (las conclusiones del informe se anunciaron en la misma semana en la que se dio a conocer la lista de UPN al Parlamento; en la que Alli no figura, al menos en los 30 primeros puestos) y a que se cuestiona que las políticas sociales del Gobierno de UPN “han sido muy malas”, apunta una de las integrantes de la entidad, Ana Fernández.

Cabe preguntarse, no obstante, por qué el informe no se limita a ofrecer el diagnóstico, pero en sus propias conclusiones ya argumenta que el texto “no pretende ser un documento de denuncia sin más, sino que trata de aportar referencias y conocimiento para la búsqueda de soluciones”, en el ámbito político y en el técnico.

Sin embargo, ese diagnóstico sobre lo realizado en Navarra en políticas sociales difiere. Por un lado, el Gobierno Foral ha recordado que en Navarra se destina la RIS a una de cada 25 personas, mientras que la media nacional es de una cada 175. Y, por otro, la investigación de la UPNA advierte de que, pese a que la crisis es menos agresiva, la bolsa de pobreza severa se mantiene ajena a la anunciada recuperación económica, que esta situación de necesidad es más intensa y que su tendencia es a “hacerse más grande”.

“Hablamos de vidas humanas”

En este sentido, fuentes del Banco de Alimentos de Navarra (integrada en la Red de lucha contra la pobreza, que también colabora con CIPARAIIS) apuntan que, cada mes, la entidad reparte alimentos entre diversas entidades sociales hasta llegar a 38.000 personas. En 2008, por ejemplo, eran 20.000. De ahí que consideren que las cifras cuadran con las ofrecidas por el equipo de la UPNA. La propia presidenta de la Red de lucha contra la pobreza, Lidia Almirantearena, cree además que “cualquiera puede darse cuenta de que la pobreza en Navarra ha aumentado” y que, de hecho, “se está enquistando”. Por lo que pide que se dejen a un lado las polémicas y que las instituciones se centren en guiarse por informes como este para “analizar qué medidas adoptar”, porque las realizadas hasta ahora han resultado “insuficientes”.

Eliana Alemán, de la ONG París 365, alega que apenas conoce el informe de la UPNA, pero sí tiene claro que centrar el debate “en fotos fijas” no ayuda a solventar esa solución: “Hablamos de procesos que, si no se resuelven, se deterioran. De lo que se trata es de sacar este tema de discusión de los indicadores. Hablamos de vidas humanas”.

La plataforma respalda las conclusiones del estudio de la UPNA sobre pobreza severa, que fue cuestionado por el consejero navarro de Políticas Sociales.

La red asegura que "la realidad diaria nos dice que la situación de pobreza se ha agravado y enquistado".

Las políticas sociales para combatir la crisis han sido “insuficientes” en Navarra. Esta es la conclusión particular de la Red navarra de lucha contra la pobreza, que para ello tiene en cuenta las cifras del II informe sobre Desigualdad, Pobreza y Exclusión Social elaborado por la cátedra CIPARAIIS, encabezada por la Universidad Pública de Navarra (UPNA). La plataforma insiste en que “la realidad diaria nos dice que la situación de pobreza se ha agravado y enquistado”, a pesar de que haya quien da la crisis por terminada.

La Red de lucha contra la pobreza es, precisamente, una de las entidades (como Cáritas o Cruz Roja Navarra) que colabora en esta cátedra, cuyas conclusiones han sido cuestionadas por el consejero navarro de Políticas Sociales, Íñigo Alli. El principal dato de esta investigación de la UPNA es que concreta que, en la Comunidad Foral, unas 30.000 personas sufren pobreza severa, una situación que, además, se ha agravado y enquistado.

Desde la red respaldan el “rigor” de estas afirmaciones de un estudio que consideran “actual” y “muy valioso”. La entidad ha pedido a instituciones y partidos políticos, a través de un comunicado, que “prioricen a las personas en sus políticas”, para así lograr una sociedad más justa. Por ello, ha confiado en que en futuros informes de CIPARAIIS se reflejen “menos desigualdades”.

La pobreza severa afecta en Navarra a unas 30.000 personas, es una bolsa que está “enquistada” y cuya situación sigue agravándose, ajena a la anunciada recuperación económica. Estas son las conclusiones principales de un nuevo informe de la Universidad Pública de Navarra, elaborado por la Cátedra de Investigación para la Igualdad y la Integración Social (CIPARAIIS), dirigida por Miguel Laparra, y que ha levantado ampollas en el Departamento navarro de Políticas Sociales. Porque, además de las cifras, la investigación también apunta a posibles causas, y denuncia las dificultades que supone el desempleo, las malas condiciones de los nuevos trabajos y las políticas de austeridad y los recortes en políticas sociales.

En un e-mail enviado a miembros del Consejo de Bienestar Social y cargos de UPN, al que han hecho referencia medios como el Diario de Navarra, el consejero de Políticas Sociales, Íñigo Alli, puso en cuestión el “rigor” de esta investigación, correspondiente al II informe sobre Desigualdad, Pobreza y Exclusión Social de esta cátedra. Y el consejero deslizaba que estas críticas podían obedecer a un asunto económico, ya que una investigación anterior (el Plan de Lucha conta la Exclusión, de 1996) sí se encargó a la UPNA y en este caso no. El propio Laparra, en la presentación pública de las conclusiones de este pasado jueves, ha defendido que aquel trabajo, según ha recogido Diario de Noticias, conllevó la realización de cuestionarios a 2.300 hogares y que sus conclusiones supusieron, más que un gasto, una inversión rentable socialmente. Así, Laparra ha hecho referencia a las palabras del consejero para atribuirlas a su “nerviosismo” y, a la vez, a su “fracaso” en la gestión social de la crisis. Desde el PSN se han pronunciado en esa línea, al criticar a Alli por intentar desprestigiar una investigación porque sus conclusiones “no le resultan favorables”.

En realidad, las advertencias del informe no son muy diferentes a las anunciadas antes por entidades como Cáritas, Cruz Roja Navarra o la Red de Lucha contra la Pobreza, que también participan en la Cátedra, y que han alertado en diversas ocasiones sobre el hecho de que, a pesar de que en Navarra la situación de exclusión social es sensiblemente menor que en otras autonomías, esta exclusión resulta más intensa para quienes la sufren.

El Gobierno Foral, por su parte, ha dado una visión completamente distinta uno día después a la presentación del informe, como parte de una conferencia de prensa en la que anunció los 51 millones de años destinados en 2014 a la Renta de Inclusión Social. En ese acto, el director general de Política Social, Mariano Oto, ha insistido en que Navarra cuenta con la menor tasa de riesgo de exclusión social de España (un 14,5%) y es la cuarta región europea con menos pobreza severa (un 0,6%), según la tasa AROPE, a la que el propio consejero Alli ha hecho referencia en diversas ocasiones.

A este respecto, entidades como Cáritas o el propio Laparra ya habían respondido anteriormente que Navarra debería compararse no tanto con otras autonomías como con regiones europeas con la misma riqueza (por ejemplo, se mencionó Trento en Italia, así como regiones de Rumanía, Suecia o Noruega) y ahí es donde se refleja que “en cuestiones de exclusión estamos peor”.

Necesidades más prolongadas

De ahí que en el nuevo informe de la UPNA se insista en advertir de esta situación, a través de dos conceptos clave: esa bolsa cronificada y el llamado círculo de la escasez. Porque para Laparra, más allá de esas 30.000 personas en las que se ha cifrado la pobreza severa en la Comunidad Foral, la clave está en la “tendencia”, y esta es a un “aumento espectacular” de la pobreza severa, a un enquistamiento de la misma y a que este proceso “prolonga su duración”. De ahí que se hable de ese “círculo de la escasez”, que hace referencia a aquellas personas vulnerables que, con la crisis, han acumulado problemas de privaciones de alimentación, residencia, ocio o sanidad, una situación que, como ya apuntó la UPNA a través de un comunicado, “se ha hecho más grande” ante la dificultad para incorporarse a un trabajo o contar con unas prestaciones sociales.

Las conclusiones de la investigación aseguran que no pretenden ser simplemente un documento de denuncia, sino que aporta referencias para “buscar soluciones”. Y de ahí que destaque la reducción de la protección de la Renta de Inclusión Social (que ahora, al final de la legislatura, ha vuelto a modificar y ampliar el Parlamento), así como de otras medidas de atención, a pesar de las necesidades crecientes. El informe apuesta, en cambio, por aumentar los sistemas de protección frente a la austeridad, y este es uno de los puntos que ha levantado ampollas en el Gobierno Foral. El debate sobre los casos graves de pobreza en Navarra, al menos, ya se ha iniciado.

“La sensación es que utilizan la Fundación Caja Navarra a su antojo”. El Consejo de la Juventud de Navarra ha denunciado esta semana la actitud del Gobierno Foral para solventar los problemas de financiación de los proyectos de asociaciones juveniles, después de que en 2013 cometieran un error con las subvenciones y, a cambio, según denuncia la entidad, supuestamente se ofrecieran a enmendar ese error primero mediante una donación y, después, a través un convenio de colaboración con una fundación que, al final, resultó ser la Fundación bancaria La Caixa y Caja Navarra. A estas críticas del Consejo, que considera que el Ejecutivo le invitaba a hacer un “chanchullo”, porque esa solución les obligaba a presentar un proyecto, se suman ahora fuentes de las federaciones deportivas, que aseguran que desde el Departamento de Políticas Sociales se les ofreció una solución similar.

El caso que ha denunciado el Consejo de la Juventud se remonta en 2013. Entonces, en abril, se convocaron las subvenciones a asociaciones juveniles. A raíz de las dificultades presupuestarias del Gobierno, según ha precisado el Consejo a través de un comunicado, el Instituto Navarro de Deporte y Juventud propuso a estas asociaciones que no tenían que justificar todo el porcentaje de los proyectos que iban a realizar. Sin embargo, según apunta el actual presidente del Consejo, Iñaki Etxeberria, después el Gobierno se desdijo y pidió a las asociaciones que justificaran todo el montante de sus proyectos. Esto generó un problema a las entidades, puesto que la reclamación llegó un año después, con los proyectos ya realizados y, en algunos casos, sin poder justificar todos los gastos.

Ese agujero alcanzó los 24.000 euros, 4.000 de ellos, según el presidente, estaban correctamente reclamados, y se presentaron facturas por valor de 10.000 euros, aunque otros 10.000 quedaron, por así decirlo, en el aire, pero en todo caso reclamados por el Ejecutivo. Así, según el comunicado del Consejo, “nos comunicaron que una Fundación anónima se haría cargo de la situación y que estaba dispuesta a donar la cantidad adeudada”. En esas reuniones, siempre según el Consejo, estuvo el consejero de Políticas Sociales, Íñigo Alli, el director gerente del Instituto Navarro de Deporte y Juventud y el subdirector de Juventud. La solución planteada sería a través de una donación, que después se intentó formalizar a través de un convenio con el Consejo de la Juventud, que haría llegar ese importe a las asociaciones. Y esta fundación resultó ser, según se recoge en el acta de una reunión del Consejo que se celebró en enero de 2015, “la Fundación Caja Navarra”, con el objetivo de desarrollar un proyecto llamado Acciones de empleabilidad y emprendimiento. El importe ascendería a 10.405 euros.

El propio Etxeberria reconoce que en su momento las asociaciones decidieron aceptar la donación planteada para solventar su ahogo económico. Sin embargo, en esa reunión en enero se decidió no firmar el convenio con la fundación tras las continuas largas del Ejecutivo al solucionar este problema y porque se les solicitó presentar ese proyecto sobre empleabilidad en lugar de una donación, como se les había planteado en un inicio para compensar “el error que el propio Gobierno había cometido”.

Fuentes de la fundación, por su parte, defienden que es cierto su interés por participar en este proyecto de empleabilidad, pero que a la entidad le llegó esta propuesta y que no se firmó (ni se pagó) porque finalmente no se presentó el proyecto. Desde el Consejo insisten, de hecho, en que por su parte nunca se planteó ante la fundación esa posibilidad de presentar un proyecto. Desde la fundación, en cualquier caso, insisten en el “rigor” del sistema y en que este se realiza a través de convocatorias, de carácter público, y en las que una empresa externa hace la baremación y los requisitos para decidir qué proyectos reciben luz verde. A la pregunta, entonces, de por qué desde el Gobierno Foral se da por hecho que se concedería este convenio al Consejo de la Juventud, desde la fundación insisten en que es el Ejecutivo el que debería responder a esa cuestión. Este periódico ha intentado sin éxito contar con una explicación del Gobierno Foral al respecto.

Otro frente: las federaciones deportivas

Esta reclamación siembra dudas en torno a cómo el Ejecutivo da por hecha la actuación de la Fundación Caja Navarra, en pleno debate sobre la Ley de Fundaciones y sobre si la fundación es un ente independiente, a pesar de que es el Ejecutivo el que decide su patronato. A esta denuncia se suma ahora, según ha podido saber eldiarionorte Navarra, la realizada por federaciones deportivas a las que, según aseguran, se les planteó por parte del Departamento de Políticas Sociales una solución similar a los problemas por la subvención de sus actividades.

En concreto, en noviembre de 2014, mientras 41 federaciones deportivas se movilizaban para reclamar más claridad en el sistema de ayudas, desde el Departamento de Políticas Sociales presuntamente se les ofreció, siempre según apuntan fuentes presentes en esa reunión, una donación a cargo de una entidad sin especificar (y que sigue sin haberse concretado). A cambio de un convenio con cada federación, las entidades deberían hacer una actividad sobre deporte inclusivo. En una carta a la que ha tenido acceso este rotativo, con fecha de 10 de diciembre de 2014 y firmada por el consejero Alli, se habla simplemente de que “se ha buscado un sistema de compensación” para aquellas entidades que tuvieran que devolver partidas ya recibidas, y que esta compensación sería a través de “una donación” que se realizaría a lo largo de 2015. En esa misma misiva, se detalla que el Gobierno exige a las federaciones 194.421 euros por la no realización de actividades o que estas costaran finalmente menos de lo previsto.

Esta solución generó división entre los colectivos, y por ejemplo los presidentes de las federaciones de rugby y gimnasia finalmente decidieron dimitir como representantes del conjunto de las 41 entidades, que por otro lado optaron por desconvocar las movilizaciones contra el Gobierno Foral.

Iniciativas en el Parlamento

Estas dudas sobre la actuación del Gobierno ya han tenido eco entre los partidos políticos. Las Juventudes Socialistas, también a través de una nota, han considerado que la actitud del Ejecutivo es “absolutamente irresponsable” y han anunciado medidas para abordar este tema en el Parlamento de Navarra y exigir responsabilidades. A este respecto, fuentes presentes en la Cámara insisten en que la clave en la actitud de las asociaciones juveniles y deportivas es que den un paso al frente y concreten y prueben en la Cámara quién les ofreció esta solución.

(Edición actualizada).

Dos empresas se han mostrado hasta el momento interesadas en asumir la gestión del pabellón Reyno Arena, y el consejero navarro de Política Social, Íñigo Alli, ha asegurado que se trata de dos operadores de carácter “nacional e internacional”. Y hasta ahí los avances en los plazos del recinto deportivo y cultural. Por el momento, no hay novedades sobre su fecha de estreno, ya que, según ha asegurado el representante del Ejecutivo, aún quedan obras por realizar, como la contracancha del frontón o parte del equipamiento.

Estas han sido las nuevas explicaciones de Alli a la pregunta realizada por Izquierda-Ezkerra, que ha criticado la falta de concreción por parte del gabinete en cuanto a la fecha de apertura, las gestiones realizadas para concretar el modelo de gestión (que, según las explicaciones anteriores de Alli, será público-privada, y permitirá abrir el pabellón a la demanda porque no funcionará los 365 días del año) y cuánto cuesta mantener cerrado este recinto. El partido ha recordado que, en marzo de 2014, Alli se comprometió públicamente a anunciar novedades en septiembre pero, cinco meses después, estas no se han formalizado.

A este respecto, Alli ha especificado que solo en luz y en otros gastos mínimos de mantenimiento, se invierte alrededor de 125.000 euros al año. Por lo demás, el consejero ha adelantado pocos detalles, salvo que el recinto se abrirá cuando haya ingresos por encima de lo estimado, para así poder afrontar su remate, aún pendiente pese a que se impulsó en 2008 y ha contado con un presupuesto de 58 millones de euros. Alli lo ha atribuido a que el Gobierno ha priorizado la inversión en las personas antes que en otros proyectos.

“No hacen autocrítica”

El parlamentario de Izquierda-Ezkerra Txema Mauleón, por su parte, ha lamentado, ante estas explicaciones, que el Gobierno “se niegue a hacer la mínima autocrítica. Deberían preguntarse si este pabellón era una necesidad pública”. A este respecto, Alli se ha preguntado qué servicio público no es deficitario y ha recordado que el pabellón, que se impulsó dentro del plan de inversiones Navarra 2012, salió adelante en la Cámara (con el apoyo de UPN, CDN y PSN) sin ningún voto en contra, ya que tanto IU como NaBai se abstuvieron en aquella votación clave.

Por ello, Alli ha hecho responsable “a todo el Parlamento” de dar luz verde a este recinto, por el momento, sin uso conocido. Parlamentarios que se abstuvieron en esa votación, sin embargo, defienden que se hizo porque el paquete de inversiones era mucho más amplio y, en él, había infraestucturas necesarias y otras más cuestionables. Estas fuentes se refieren al Reyno Arena como una inversión que se vio que iba a ser problemática “desde el principio”.

“Esto no es un proyecto de arquitecto, es un proyecto de sociedad. Queremos acoger cualquier tipo de espectáculo sin que haya ningún problema funcional”. El arquitecto responsable del proyecto del Reyno de Navarra Arena, Carmelo Fernández, ha defendido este viernes el diseño del edificio durante el primer ciclo Arquitectura, deporte y sociedad, organizado por la Universidad de Navarra con la colaboración del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro. En este foro, Fernández ha insistido en la “versatilidad” del edificio, que por el momento sigue sin uso a la espera de que el Gobierno Foral presente por fin las conclusiones de los estudios sobre su posible finalidad.

En octubre de 2014, el consejero navarro de Políticas Sociales, Íñigo Alli, no confirmó en sede parlamentaria la fecha de apertura, pero sí que el Reyno Arena no se abriría los 365 días del año, que albergaría eventos deportivos o culturales, y que sería a través de una colaboración público-privada.

El representante del Ejecutivo respondió de esta forma a la pregunta planteada por el parlamentario de Izquierda-Ezkerra Txema Mauleón, que le recordó que el compromiso que había adquirido era el de haber anunciado la finalidad de este ambicioso recinto, en el que se han invertido más de 58 millones de euros, un mes antes, en septiembre. Esta tardanza avivó las dudas entre los grupos de la oposición: hay quien creía que UPN realizaría un acto antes de las elecciones para justificar que el proyecto no está parado (aunque no se ha inaugurado) y quien auguraba que dejaría ese regalo envenenado, con esas palabras, para la próxima legislatura.

La información sobre el futuro del Reyno Arena ha llegado con cuentagotas y, en este debate, el responsable de su diseño ha defendido este viernes su gran capacidad de adaptación. No en vano, se trata de un edificio con capacidad para 12.000 personas, con gradas fijas y móviles y con espacios, ha defendido Fernández, “multifuncionales”.

Uso deportivo y cultural

La Universidad de Navarra ha explicado, a través de un comunicado, que esta primera sesión sobre el ciclo de Arquitectura, deporte y sociedad se ha centrado precisamente en esta infraestructura. Y, para ello, ha reunido al pelotari Mikel Idoate; el profesor de la Escuela de Arquitectura de la universidad, Rafael Araujo; y la gerente de Grandes Recintos de la Comunidad de Madrid, Beatriz Martínez. Tres visiones que pueden ayudar a concretar para qué servirá un edificio ya construido.

Por ejemplo, se ha especulado que, entre los posibles usos del recinto, podría estar el de albergar competiciones de pelota de alto nivel; Idoate, a este respecto, ha reconocido que el sonido se pierde y eso puede suponer un inconveniente, pero también ha remarcado que en esta infraestructura pueden disputarse “finales” y con una importante presencia de público, unas 3.000 personas. Araujo, por su parte, se ha referido a la ubicación del recinto como un punto “idóneo”, bien conectado con las rondas; y, por último, Martínez, ha asegurado que ya hay que pensar en sacar rentabilidad a este tipo de recintos por otras vías más allá de las deportivas. En concreto, la “música en vivo”.

Ahora falta por conocer cuáles son los resultados de la segunda ronda de contactos que, desde el Gobierno Foral, anunció con empresas privadas para concretar los usos del recinto. Hasta ahora, se sabe que las condiciones del Ejecutivo han sido que fuera un uso social, que no genere déficit y que cree empleo. Desde la oposición, mientras, han criticado que el Ejecutivo solo buscar ganar tiempo para justificar para qué sirve el pabellón.

El consejero de Políticas Sociales, Íñigo Alli, responde así al informe de Comisiones Obreras que alerta de que entre 5.000 y 6.000 jóvenes navarros ni trabajan ni estudian.

Alli asegura que el Ejecutivo "no va a descansar" hasta lograr disminuir el paro juvenil.

El Observatorio Navarro de la Juventud anunció la semana pasada que uno de cada dos jóvenes navarros baraja la posibilidad de irse al extranjero para buscar trabajo. Entonces, desde el Ejecutivo Foral se habló de la alta formación de la juventud y de una tasa de desempleo que rondaba el 31,4%, la más baja desde 2011. Esos datos contrastan con el reciente estudio anunciado por el sindicato CCOO, que indica que entre 5.000 y 6.000 jóvenes navarros de 16 a 24 años ni estudian ni trabajan. Y, ahora, esos datos sí han encedido la alarma del Gobierno.

Preguntado al respecto en conferencia de prensa, el consejero de Políticas Sociales del Gobierno de Navarra, Íñigo Alli, ha asegurado que el Ejecutivo “no va a descansar” hasta lograr disminuir el paro juvenil, que, según ha reconocido en declaraciones recogidas por Europa Press, ha alcanzado “tasas preocupantes”.

Alli ha remarcado, que tal y como señaló el consejero portavoz en la rueda de prensa posterior a la sesión del Gobierno de este lunes, “el objetivo para 2015 no es otro que la generación de empleo” y que se “genere el clima” entre los empresarios, directivos, emprendedores y autónomos para disminuir el desempleo en la comunidad.

“Especialmente en las tasas tan preocupantes que tenemos en Navarra en materia de paro entre los jóvenes, que está en torno al 50%”, ha concluido.

La parlamentaria popular Amaya Zarranz critica al consejero Alli porque pedir que no se aplicara esta norma en Navarra "es inicitar a la prevaricación".

La parlamentaria del PPN Amaya Zarranz ha afirmado que el Gobierno de España “ha actuado con absoluta legalidad” al retirar el subsidio por desemplo a ciudadanos navarros que cobran la Renta de Inclusión Social y ha pedido al consejero navarro de Políticas Sociales, Íñigo Alli, que rectifique sus declaraciones sobre esta polémica.

En concreto, la parlamentaria 'popular' ha señalado en un comunicado que el diputado de UPN, Carlos Salvador, ha registrado, “aunque aún no existe constancia de ello en el Congreso de los Diputados, una proposición para modificar el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, reconociendo así que el Gobierno de España ha actuado con absoluta legalidad en este tema”.

Zarranz ha dicho que “el Gobierno de España ha aplicado la Ley General de la Seguridad Social, y concretamente el artículo 215, con absoluta legalidad en todas las comunidades autónomas, y pedir que no se aplicara en Navarra, como hizo el consejero, es incitar a la prevaricación”.

La alternativa: modificar la RIS

La parlamentaria 'popular' cree que la solución “no es modificar, por un tema puntual que afecta a familias monoparentales de más de cinco miembros, una ley nacional, sino que lo que habría que hacer es modificar la Renta de Inclusión Social, bajando ligeramente las cuantías a percibir por los perceptores, para que en ningún caso sobrepasen en conjunto el límite del 75% del SMI que establece la LGSS, y puedan así recibir las ayudas estatales”.

A juicio de Zarranz, es “mucho más adecuado que el consejero se dedique a pensar soluciones, como la que proponemos desde el PPN, y a trabajar con el Ministerio, que a contar en la prensa afirmaciones que no son ciertas con el único ánimo de dejar en mal lugar al Gobierno de España, al que tanto acude cuando lo necesita, y de asustar a los desempleados navarros”.

Zarranz ha señalado que “no es la primera vez que en este tema el consejero se ve obligado a matizar o rectificar sus palabras”. “Lo que ha hecho UPN al anunciar esta modificación es reconocer que el Gobierno de España ha actuado correctamente, y por lo tanto las declaraciones del consejero Alli, que ya estaban fuera de lugar en su momento, quedan totalmente desautorizadas, y le pedimos que rectifique con contundencia y públicamente y, de no hacerlo, nos veremos obligados a exigirle responsabilidades mayores”, ha añadido la parlamentaria 'popular'.

El Gobierno Foral critica que este subsidio no es complementario con el cobro de ayudas autonómicas como la Renta de Inclusión Social.

Este conflicto ya se había producido en Navarra, donde familias han dejado ya de cobrar el subsidio estatal, aunque el Ejecutivo foral se compromete a seguir abonándoles la RIS.

El consejero de Política Social solicita al Estado que se abonen los 3,7 millones de euros adelantados por Navarra por este "conflicto".

Desde el Gobierno central ya han defendido que no hay discriminación porque se retira en toda España esta ayuda si se supera el 75% del salario mínimo.

El consejero navarro de Políticas Sociales, Íñigo Alli, ha solicitado al Gobierno central el abono de los 3,7 millones adelantados por el Gobierno de Navarra en el “conflicto” con el Estado por la retirada del subsidio para parados de larga duración a aquellas familias que cobran en Navarra la Renta de Inclusión Social (RIS). En cualquier caso, ha garantizado que, por parte del Ejecutivo foral, seguirá abonando esa RIS a las personas afectadas. Este compromiso del Gobierno Foral llega el mismo día en que, según ha publicado Diario de Navarra, el Gobierno Foral asegura que Navarra quedará fuera de la nueva ayuda del Gobierno central para parados de larga duración, anunciada este lunes.

El representante del Ejecutivo navarro, que ha comparecido este martes ante el Parlamento foral por este “conflicto”, ha insistido en que Navarra tiene razón en esta “situación anómala” sobre el subsidio para parados de larga duración, porque no se pueden retirar estas ayudas a quien ingrese en Navarra la Renta de Inclusión Social (RIS), ya que esta ayuda es “complementaria”. Alli ha insistido en que se calcula que unas 781 familias se han visto afectadas por esta situación. El Estado, por su parte, asegura que esa ayuda se ha retirado a 337. El consejero ha insinuado, además, que dada la celeridad de Navarra a la hora de conceder la RIS (21 días), el Gobierno central tarda más en conceder su ayuda y, por tanto, en muchos casos acaba denegando su aportación.

El Gobierno de Navarra reconoció el pasado mes de noviembre que el Estado había retirado el subsidio por desempleo, que es la ayuda (de 426 euros) que cobran una vez acabada la prestación por desempleo aquellas personas con más de 45 años o una carga familiar, a familias en Navarra que además cobran la Renta de Inclusión Social, algo de lo que se enteró por la denuncia de una familia afectada en noviembre de 2013. El Estado respondió entonces que en Navarra se había actuado como en otras comunidades, y que se había retirado el subsidio únicamente a quienes superaban con “otros ingresos” el 75% del salario mínimo interprofesional, que se calcula que ronda los 480 euros al mes.

El Gobierno de Navarra explicó entonces que había tenido que hacer frente a los pagos no realizados por el Estado, y este martes se comprometió a seguir abonando la RIS en todo caso. No obstante, ha solicitado al Estado que devuelva a Navarra los 3,7 millones (serán previsiblemente 4 al final de año) que ha costado a las arcas forales estos pagos. Y, de nuevo, ha puesto un plazo: que la decisión sea tomada antes de final de año ya que, de lo contrario, solicitará la convocatoria de la Junta de Cooperación, el órgano para dirimir estos conflictos entre ambas instituciones. Desde la oposición, grupos como el PSN, Geroa Bai, Aralar y Bildu han considerado este enfrentamiento, los primeros, como una muestra de deslealtad del PPN a Navarra, los segundos y terceros como un nuevo ataque al “autogobierno” navarro y los últimos, directamente, como “una discriminación” a la comunidad. Izquierda-Ezkerra ha sugerido incluso que Navarra deje de aportar esos 3,7 millones debidos al Estado a través del Convenio Económico.

Navarra, fuera de la nueva ayuda

Tanto el Gobierno Foral como el Estado han reconocido su malestar por esta situación, y han intercambiado declaraciones sobre falta de comunicación y de lealtad entre ambos. Este martes, además, el Gobierno de Navarra ha apuntado, en un artículo en Diario de Navarra, que Navarra quedará fuera de la nueva ayuda de 426 euros al mes (durante seis meses) para parados de larga duración anunciada este lunes por el Gobierno central. La clave para esta exclusión es que esa ayuda es incompatible con el cobro de otras ayudas concedidas en las autonomías. “¿Cuánto nos va a costar esta decisión a Navarra”, se han preguntado desde la oposición.

El Ministerio de Empleo sostiene que se han retirado ayudas a desempleados de larga duración por superar sus "otros ingresos" el 75% del salario mínimo interprofesional, como en todas las CCAA.

Desde el Gobierno central afirman que la única razón para retirar el subsidio es superar el nivel de ingresos, "no una discriminación con Navarra".

El Gobierno de Navarra afirma que, desde febrero, se ha retirado el subsidio por una "mala praxis" estatal en la interpretación de la norma.

Las declaraciones del consejero Alli han creado malestar en el Ministerio de Empleo. Fuentes del departamento de Fátima Báñez aseguran que han recibido con “sorpresa” las palabras del consejero, afirmando que desde febrero el Estado ha retirado el subsidio de desempleo de larga duración a las personas que están cobrando la Renta de Inclusión Social. Desde el Gobierno central aseguran que se han producido retiradas, pero no generalizadas, sino en aquellos casos en los que los “otros ingresos” de los desempleados superan el 75% del salario mínimo interprofesional, como “se ha hecho siempre y en todos los casos”. Aseguran que la única razón para retirar el subsidio es que se superen los ingresos y en “ningún caso es una discriminación con Navarra”.

Explican que dicho subsidio es compatible con otros ingresos, siempre y cuando no superen ese 75% del salario mínimo, y que la retirada de la ayuda se produce cuando, “ante un cruce de datos” se detecta que esa persona está cobrando por otros ingresos, en este caso, la Renta de Inclusión Social, más de ese 75% permitido.

El departamento de Políticas Sociales del Gobierno de Navarra ha asegurado que desde febrero se ha retirado el subsidio de 426 euros a los desempleados de larga duración residentes en Navarra que están cobrando la Renta de Inclusión Social. El consejero ha afirmado que, desde entonces, es el ejecutivo el que se está haciendo cargo de esos ingresos, lo que ha supuesto a las arcas forales 3,7 millones de euros en estos 9 meses. El consejero ha lanzado además una advertencia, asegurando que, si antes de final de año no llega a un acuerdo con el ministerio solicitará la convocatoria de la Junta de Cooperación.

Advertencia que no comprenden desde el Gobierno central. Desde el ministerio sostienen, igual que el consejero, que han mantenido contactos con el Gobierno de Navarra. El Ejecutivo foral, según fuentes ministeriales, quería que el Servicio de Empleo Estatal continuara pagando el subsidio al margen de los ingresos por la Renta de Inclusión Social, petición no tenida en cuenta ya que las prestaciones también son consideradas en el cómputo general de ingresos, pero insisten en que es así en todas las comunidades. Muestran su sorpresa porque, dicen, “nunca ha habido polémica” y los casos, aseguran que “son escasos” teniendo en cuenta que el complemento que cobre la persona a quien se le retire la ayuda tiene que ser superior a 480 euros y no creen que haya muchas familias en esta situación.

Queda por aclarar, en todo caso, la cuantía de prestaciones retiradas y comprobar, si es escasa, como afirma el ministerio o generalizada en todos los casos en los que se recibe la RIS, como mantiene el consejero. Aclaración que llegará al Parlamento de Navarra, ya que el PSN ha pedido la comparecencia de Íñigo Alli para que explique si “es cierto que el Estado haya dejado de pagar el subsidio y qué va a hacer para corregir esta situación”. Preocupación que han mostrado todos los partidos de la oposición (el PPN ha instado a ambas partes, a través de un comunicado, a llegar a un acuerdo porque en un tema “delicado” como este debe primar la búsqueda de soluciones) que han calificado de “grave” el hecho de que el Estado haya dejado de pagar ese subsidio, aunque no queda claro si ha sido a todos los beneficiarios de la RIS, como dice el Consejero, o solo a aquellos que superan los ingresos que estipula la ley, como mantiene el Ministerio.

¿Cuál será el uso del pabellón Reyno Arena? La pregunta, por el momento, sigue sin responderse. Pero el Gobierno Foral sí ha concretado dos cuestiones: que la infraestructura no será gestionada al 100% de forma pública, sino a través de una colaboración público-privada, y que no se abrirá los 365 días al año. En concreto, el consejero de Políticas Sociales, Íñigo Alli, ha asegurado que el pabellón funcionará “a demanda”, en función de un posible calendario de eventos deportivos o culturales, como conciertos u otro tipo de espectáculos.

Este asunto ha llegado a la comisión de Políticas Sociales a raíz de una pregunta de Izquierda-Ezkerra. El parlamentario Txema Mauleón ha recordado a Alli que, en marzo, el consejero se comprometió a que en septiembre (como se recoge en este artículo de Diario de Navarra) habría novedades sobre este recinto, que en origen iba a albergar competiciones deportivas pero que, tras la crisis del deporte de elite en Navarra y una inversión en el edificio que ha superado los 60 millones de euros, ha quedado pendiente de estreno y de conocer para qué se aprovechará. Sin embargo, septiembre ha pasado sin que haya habido anuncio, por lo que Mauleón ha lamentado que “sigue sin saberse nada: cuándo se abrirá, cómo se va a gestionar y cuál va a ser el plan de viabilidad”.

Alli no ha respondido a estas preguntas, pero sí ha adelantado que se va a proceder a una segunda ronda de contactos con empresas privadas para conocer cuáles pueden ser los usos del recinto. Las condiciones que ha puesto sobre la mesa el Gobierno Foral es que haya un uso de interés social, que se cree empleo y que la apertura no genere déficit, especialmente durante sus años de arranque. Y, para dar forma a esta solución, el consejero ha apostado por un sistema de colaboración público-privada, que abra en función de los eventos puntuales que puedan organizarse.

Estas explicaciones, sin embargo, no han contentado a Mauleón, puesto que aún no se ha aclarado, como se había prometido, el estado de las obras, la fecha de inauguración o los posibles usos de esta infraestructura situada, y aún vallada, en el entorno del estadio El Sadar. El parlamentario se ha posicionado a favor de que el pabellón siga cerrado si la apertura genera más costes que en la actualidad, en clara referencia a una de las dudas denunciadas por la oposición en el Parlamento: que la mala imagen generada por esta infraestructura cerrada intente solventarse, antes de las elecciones, con la celebración de un evento puntual o con una actividad que suponga nuevas pérdidas para las arcas forales.

Una de cada 25 personas en Navarra recibe en la actualidad la Renta de Inclusión Social (RIS). Dado que esta ayuda es un derecho, en este tema “no caben recortes” y, por tanto, la previsión que maneja el Gobierno Foral es que se acabe este ejercicio con una inversión de 51 millones de euros, frente a las dudas mostradas desde la oposición sobre la disposición económica en el área de Políticas Sociales. El consejero del ramo, Íñigo Alli, ha insistido este miércoles en estas cifras, a pesar de que, hasta septiembre, el Gobierno había ejecutado algo más de la mitad del dinero anunciado, unos 27 millones.

En concreto, según fuentes del Gobierno de Navarra, hasta septiembre se atendió con la RIS, destinada a familias que no reciben ingresos de ninguna otra fuente, a 10.227 familias. Son ya 800 más que todo el ejercicio pasado. Sin embargo, el Ejecutivo anunció que se superarían los 50 millones, y Alli se ha comprometido públicamente a que será así. La previsión es que “acabaremos en 51 millones”, frente a los 29 que se gastaban “antes de que llegara este equipo directivo”. Por ello, el consejero ha defendido que, frente a las críticas de algunos colectivos sobre la dureza en los requisitos de acceso a este RIS porque, “si algo ha hecho este Parlamento, con el apoyo de UPN, ha sido favorecer que más familias adquieran esos ingresos mínimos”.

Alli ha recordado, por ejemplo, que antes se podía acceder a esta renta durante 24 meses y, ahora, se llega a los 30; y que, mientras en comunidades como la CAV “es necesario estar 36 meses empadronado para tener derecho a esta prestación, en Navarra son 24”. Además, ha defendido que también se concede una flexibilidad de dos meses para que cualquier perceptor, “sea cual sea su origen”, pueda estar dos meses de forma justificada fuera de la Comunidad Foral, ya sea por razones laborales o personales.

55 familias excluidas tras las inspecciones

El consejero ha respondido de esta forma a preguntas de los medios de comunicación a las dudas mostradas por colectivos como la Red de Lucha contra la Pobreza, la asesoría jurídica Etorkin o la Plataforma de la Renta Básica, que precisamente ha denunciado los problemas que afrontan las familias que, pese a ser residentes en Navarra, acuden a su país de origen a visitar a sus parientes puedan perder el acceso a esa ayuda si se reinicia su tiempo de estancia en la Comunidad Foral.

Por último, la plataforma también cargó contra el sistema de control del fraude de estas ayudas (una labor de inspección del Gobierno en la que colaboran la Policía Foral y las instituciones locales), puesto que se trata de una cifra mínima y, por tanto, esa partida se podría destinar a otras ayudas. Hasta el momento, según datos facilitados por Alli, se han quedado sin esta ayuda 55 familias, ya sea por incumplimientos de los requisitos o por fraude de ley.

El pabellón Reyno Arena sigue, por ahora, sin fecha prevista de estreno. Este pasado mes de septiembre se presentaba como la fecha clave para conocer cuál era, finalmente, el uso del ambicioso recinto situado junto al estadio de El Sadar, pero no se han anunciado avances. Fuentes del Gobierno Foral insisten en que se sigue trabajando en ello, pero desde la oposición ya han pedido explicaciones: el grupo parlamentario de Izquierda-Ezkerra presentará una pregunta para conocer la situación actual del recinto, las posibles funciones que puede tener, su modelo de gestión y, por último, su coste.

Por el momento, todo son incógnitas para una infraestructura que la oposición, en el Parlamento de Navarra, ha considerado un “monumento al despilfarro”. El pabellón se impulsó como una obra para acoger grandes eventos deportivos (con el equipo de balonmano Portland San Antonio en mente) pero, después, entre la crisis y la progresiva desaparición del deporte de elite, el proyecto ha perdido fuerza. Tanto, que empezó a adjudicarse en 2008 y, al menos oficialmente, no se ha terminado, tras una inversión que supera los 58 millones de euros. Y es clave decir ‘oficialmente’ porque desde la oposición se acusa al Gobierno de querer dar una patada a este balón hasta después de las elecciones, cuando pueda decidirse qué hacer con un recinto con alto coste de mantenimiento y que parece más cerca de tener una utilidad cultural o congresual que deportiva.

No obstante, el consejero navarro de Políticas Sociales, Íñigo Alli, aseguró en marzo en sede parlamentaria que la apertura se decidiría en septiembre, como se recoge en este artículo de Diario de Navarra, e insistió en que el recinto “no está paralizado” y que se sigue “trabajando” en él. Sin embargo, septiembre ha pasado y desde el Gobierno Foral se mantiene el mismo discurso: se continúa trabajando en los posibles usos del recinto y no hay una previsión de cuándo podrá anunciarse el resultado.

Y desde Izquierda-Ezkerra, el grupo que precisamente preguntó en marzo a Alli por el estado de las obras, ya han pedido explicaciones del Gobierno en la Cámara foral. El parlamentario Txema Mauleón asegura que el Ejecutivo debe aclarar “cuál será el modelo de gestión del recinto, qué opciones hay, que coste puede suponer y para hacer qué”. En este sentido, l-E espera que la Cámara de Comptos, el órgano que fiscaliza las cuentas públicas de Navarra, pueda aclarar el coste de la instalación y, también, sus posibilidades de gestión, una vía paralela a la anunciada por el Gobierno de Navarra.