Cuando el expresidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, se vio obligado a dimitir tras su implicación en numerosos casos de corrupción, decidió rehacer su vida en una antigua tienda de bicis en Puerto Lumbreras. No es que se reinventara en la venta y reparación de vehículos de dos ruedas: allí constituyó una de las dos asesorías que fundó un mes después de su exilio político, Tempori Parce S. L.

El local donde se encuentra la asesoría está cerrado, con un cartel que anuncia su puesta en alquiler. No existe ningún indicio de que en el taller de bicis de esté desarrollando algún tipo de actividad profesional.

Pese a esto, Pedro Antonio Sánchez solicitó y recibió en 2021 una ayuda por valor de 26.412,28 euros concedida a través del Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO) en 2021.

El expresidente murciano recibió esta subvención a través del marco del programa ayudas directas a autónomos y empresas por la crisis de la Covid-19. Se trataba de un fondo creado por el Gobierno de España para paliar los efectos de la pandemia en empresas, autónomos y cooperativas, cuya gestión correspondió a la Comunidad. El Instituto de Fomento, donde se tramitó esta subvención, estaba dirigido en esa época por Joaquín Gómez Gómez.

La empresa ofrece desde la consultoría y asesoramiento de empresas hasta la limpieza de bienes inmuebles, pasando por actividades de importación y exportación o la fabricación, compraventa, comercio al por menor y mayor, así como la distribución e intermediación de todo tipo de artículos sanitarios. El año en el que recibió la ayuda por la Covid-19, la sociedad limitada declaró una facturación de 177.939,41 euros y unos beneficios de 90.291,35 euros. Un año antes, Tempori Parce S.L. declaró una facturación de 66.710,64 euros y un beneficio de apenas 1.428,98 euros, según las cuentas de la sociedad que constan en el Registro Mercantil.

La empresa declara además un patrimonio neto de 114.180,59 euros, con una deuda con las entidades de crédito de 185.000 euros. Tempori Parce S.L. aumentó su deuda el año que recibió la ayuda del INFO, cuando pasó de 120.000 euros de 2020 a 170.000 euros en 2021.

El “exalcalde de Puerto Lumbreras”

El actual presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, apenas ha mencionado la condena por prevaricación y falsedad documental del que ha sido su mentor político. Las veces que lo ha hecho ha evitado mencionar que Pedro Antonio Sánchez fue el máximo responsable del Ejecutivo murciano antes que él y tan solo se ha referido a su etapa como alcalde de Puerto Lumbreras. Preguntado sobre si mantenía la confianza en Pedro Antonio Sánchez tras la sentencia, Miras espetó que el caso se trataba de “una cuestión municipal de hace 18 años”.

Un lenguaje similar ha adoptado la cadena pública de televisión de la comunidad, La 7. El día en el que se comunicó la sentencia de Pedro Antonio Sánchez abrieron el informativo de la noche anunciando que la Audiencia Provincial había condenado al “exalcalde de Puerto Lumbreras”. Desde las noticias de la cadena aclaraban que la sentencia no era firme y que era condenado por “unos hechos de hace 18 años”.

En la noticia publicada en su página web inciden en que “Pedro Antonio Sánchez no se lucró de dinero público y que ‘la aprobación del proyecto modificado no tenía por objeto defraudar al Ayuntamiento’”. En noticias anteriores, como la del inicio del juicio, la cadena autonómica sí que nombran a Sánchez como expresidente de la Región de Murcia.

Pedro Antonio Sánchez y La 7 comparten pasado. En su primer año de legislatura el expresidente privatizó la televisión autonómica, convirtiendo a la Región de Murcia en la primera comunidad que externalizaba por completo este servicio. Con esta nueva situación el actual grupo de comunicación Secuoya obtuvo su primer contrato de cesión por valor de más de 72 millones de euros por seis años de actividad. Actualmente continúan encargándose de la gestión indirecta de la televisión autonómica.

Recurrirá la sentencia

Poco después de abandonar la política, Pedro Antonio Sánchez decidió trasladar su residencia a Miami en compañía de su mujer y sus hijas. Según el diario El Español allí está actuando como intermediador con empresas y inversores. “La mujer de Pedro Antonio Sánchez es profesora y da clases en Miami, la familia vive allí. Pero las fotos que sube Sánchez a Instagram muestran un nivel de vida que se parece más al de Julio Iglesias”, señala una fuente cercana. “A veces en política se dice: este tema hay que hablarlo en Miami”, añade.

La noticia de que ha sido condenado por el 'caso Auditorio' le ha llegado en suelo estadounidense, donde ya ha tomado la decisión de presentar un recurso de casación al Tribunal Supremo en contra de la sentencia. Este diario trató de contactar con el expresidente murciano sin obtener respuesta.

Su protegido, fuera de la política

Diez días después del anuncio de la sentencia de Pedro Antonio Sánchez, el exsecretario general del PP, Teodoro García Egea, ha anunciado que deja la política: “Voy a servir a España desde el mundo privado”, ha dicho en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados.

El ya exdiputado del PP ha agradecido a su grupo sus “13, 14 años” en el Congreso. “Mantengo excelentes amigos, grandes compañeros allí”, ha indicado. Las amistades que el exsecretario mantenía en el círculo del PP en la Región también eran copiosas. García Egea fue elegido por Pedro Antonio Sánchez como número nueve para la lista de diputados para el Congreso en las elecciones de 2011. En enero de 2012 García Egea accedió al Congreso en sustitución de Jaime García-Legaz y fue reelegido en 2015 y 2016.

El Instituto de Fomento de la Región de Murcia (Info) concedió hace dos años una ayuda por valor de 26.412,28 euros a la empresa del expresidente de la Región de Murcia Pedro Antonio Sánchez. El antiguo jefe del Ejecutivo regional, socio único de la empresa que recibió la subvención, Tempori Parce S. L., ha sido condenado esta semana a tres años de prisión y 17 de inhabilitación por los delitos de prevaricación continuada y falsedad en el marco del 'caso Auditorio'. En la fecha en la que recibió este dinero por parte del Gobierno Regional ya estaba siendo investigado para esta trama de corrupción.

El expresidente murciano recibió esta subvención a través de marco del programa ayudas directas a autónomos y empresas por la crisis de la Covid-19. Se trataba de un fondo creado por el Gobierno de España para paliar los efectos de la pandemia en empresas, autónomos y cooperativas cuya gestión correspondió a la Comunidad. El Instituto de Fomento, donde se tramitó esta subvención, estaba dirigido en 2021 por Joaquín Gómez Gómez.

Tempori Parce S. L. fue creada en 2017 como una asesoría siete meses después de la dimisión de Pedro Antonio Sánchez como jefe del Ejecutivo Regional tras ser imputado en varios casos de corrupción. No fue la única empresa que creo ese año, también fundó Nosce Te Ipsum 2017 S.L., que extinguió más tarde. La sede social de ambas se ubica en Puerto Lumbreras, donde fue alcalde y orquestó los casos de corrupción que le han condenado en 'Auditorio'.

Según la Comunidad, se trata de ayudas con fondos procedentes del Estado y “los requisitos para su concesión fueron establecidos por el Gobierno de España”. También añaden que el Instituto de Fomento “fue tramitador de los expedientes que cumplían los requisitos para recibir las ayudas” y que la Agencia Tributaria Española es la que validaba la información aportada por cada empresa“. Un total de 2.589 empresas de la Región recibieron esta ayuda del Estado.

El líder socialista en la Región, José Vélez, ha pedido a López Miras una comparecencia pública para que explique “el alcance de sus vínculos” con Pedro Antonio Sánchez y “aclare los términos de esa subvención”. “Ya sabemos lo que significa para López Miras dejarse el alma y la piel por reparar una injusticia: premiar a su padre político”, señaló Vélez en referencia a las palabras pronunciadas por el jefe del Ejecutivo murciano cuando tomó posesión del cargo en mayo de 2017 tras la dimisión de Sánchez.

Por su parte, la portavoz regional de Podemos, María Marín, ha señalado en un comunicado que “si se confirma que -Sánchez- también ha recibido dinero público del gobierno del PP sería una muestra más de que sigue manejando los hilos”. La diputada murciana ha asegurado que “el YoConPedroAntonio no se acabó en 2017 con su dimisión”.

“Se sabe que se reunió con López Miras en Puerto Lumbreras en junio de 2019 a pocas horas de que se constituyera la Asamblea Regional”, ha asegurado la parlamentaria murciana. Para Marín, “la corrupción en Miami -donde reside Pedro Antonio Sánchez desde que se vio obligado a dimitir- y corrupción en San Esteban son dos caras de la misma moneda”, por lo que ha exigido al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que disuelva la dirección del PP murciano y ponga una gestora.

La diputada de Podemos ha reproducido en el pleno de la Asamblea Regional un vídeo de 2017 en el que López Miras mostraba su apoyo al entonces presidente Sánchez.

200.000 euros para una inmobiliaria sin empleados

El Info de la Región de Murcia también le entregó en 2021 una “línea de ayudas directas a autónomos y empresas para el apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19” de 200.000 euros a Las Lomas de Pozuelo S.A, una inmobiliaria sin empleados y con problemas económicos desde 2011.

En ese año entró en concurso de acreedores por serios problemas de insolvencia y dos años más tarde las partes acordaron un convenio. Ya en 2015, presentaba un riesgo máximo de impago, superior al 60%, y desde ese año había recibido hasta cinco diligencias de embargo por parte de la administración local de Madrid, las últimas en 2021 y 2018.

El PP de la Región de Murcia se ha mostrado muy escueto ante la condena al expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez a tres años de cárcel, 17 de inhabilitación especial para cargo o empleo público y una multa de 3.600 euros por prevaricación y falsedad en el 'caso Auditorio': “No es afiliado del Partido Popular” y “cabe recurso ante el Supremo”, manifestaron en un comunicado.

Cuando el entonces fiscal superior Manuel López Bernal presentó la querella en febrero de 2015 por las presuntas irregularidades en la construcción del teatro-auditorio en el municipio murciano de Puerto Lumbreras siendo Sánchez alcalde de la localidad a pocos meses de las elecciones autonómicas en las que aspiraba a la presidencia del Ejecutivo murciano, el dirigente popular lo despachó con un “no es serio que esto llegue en un momento decisivo para la escena política regional”, mientras las redes sociales se llenaban de mensajes de ánimo de sus compañeros de partido. López Bernal denunció entonces “presiones” y calificó de “vergonzoso fraude” el proceso de adjudicación del complejo cultural.

Ginés Ruiz Maciá, uno de los abogados de la acusación popular, considera que se ha tratado de “trabajo bastante arduo y complejo” por el que “se recibieron en su día muchas críticas, con todo un movimiento político de apoyo al entonces presidente y de señalamiento a quienes ejercíamos la acusación”.

La obra del auditorio del municipio murciano de Puerto Lumbreras quedó “inacabada” con un 38% de las obras por concluir. Fue recepcionada en 2011 –cinco años después de que se impulsara el proyecto-, faltaba uno de los tres edificios proyectados y parte de la pérgola destinada a unirlos. El centro cultural recibió una subvención del Gobierno regional, entonces liderado por Ramón Luis Valcárcel, por valor de seis millones de euros tras pedirle el ex dirigente popular al arquitecto Martín Lejarraga “verbalmente y sin previo expediente alguno de contratación” la realización del proyecto.

El delfín de Valcárcel

“En su pueblo no lo quieren nada porque lo ha llevado a la ruina”, apunta una fuente cercana a elDiario.es. El auditorio fue uno de los cinco edificios que dejó Sánchez inacabados en su etapa como alcalde lumbrerense. “Los auditorios estaban entonces de moda y era una manera de proyectarse a la presidencia de la Región”, añade.

“El dinero para esas obras salía de los remanentes que le quedaban a Hacienda en los años buenos y Pedro Antonio tenía preferencia” puesto que era el delfín de Valcárcel, quien había presidido la Región durante 20 años con cinco mayorías absolutas, a pesar de que Alberto Garre le relevó en la presidencia de la comunidad en abril de 2014 cuando se marchó al Parlamento Europeo al estar en esos momentos Pedro Antonio Sánchez imputado por una presunta irregularidad en la compra de su vivienda.

El propio Garre se daría de baja del PP en 2017 tras más de 30 años de militancia al considerar que Mariano Rajoy “enterraba la corrupción” y había permitido que Sánchez fuera reelegido presidente del PP regional mientras era investigado por el 'caso Auditorio'.

El expresidente murciano pudo hacer campaña en mayo de 2015 sin el escollo de este caso de corrupción, puesto que la Sala de Lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia decidió, en contra del criterio de la Fiscalía, que la querella se tramitara en el juzgado de instrucción de Lorca y al ser aforado, el antiguo dirigente popular no resultó imputado. Ganó las elecciones con 22 escaños, a falta de uno para la mayoría absoluta, por lo que pactó con Ciudadanos con el compromiso de “separar de inmediato de cualquier cargo, público o de partido, a imputados por corrupción política hasta la resolución completa del procedimiento judicial”.

“Aclarar” como “investigado”

Sin embargo, cuando un año y medio después la jueza de Lorca elevó el 'caso Auditorio' al TSJ al encontrar “indicios de responsabilidad penal” y el ex presidente murciano fue llamado a declarar en marzo de 2017 los populares de la Región afirmaron al unísono que se trataba de “declarar para aclarar” y que estaba siendo “investigado” y no “imputado”, lo cual se trataba de un mero cambio en la nomenclatura judicial. Las redes se inundaron de mensajes de apoyo incondicional al dirigente con el hashtag #YoConPedroAntonio, entre ellos el del actual presidente del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras,

La tensión política iba en aumento al abrir la Audiencia Nacional una pieza contra el expresidente murciano por el 'caso Púnica' por presuntos de delitos de fraude administrativo, prevaricación y falsedad en una campaña de lavado de imagen cuando estaba al frente de la Consejería murciana de Educación -de la que sería finalmente exculpado por falta de pruebas-, pero Sánchez seguía parapetado en la presidencia de la Comunidad.

Por otro lado, el 24 de marzo el PSOE de la Región presentó una moción de censura que tenía pocos visos de salir adelante ya que no contaba con el apoyo de Ciudadanos, pero la presión doblegó al líder popular, quien finalmente convocó el 4 de abril una rueda de prensa en el Palacio de San Esteban anunciando su dimisión para evitar un “tripartito” en Murcia.

Le sucedería al frente del Gobierno regional Fernando López Miras, su mano derecha, quien afirmó que “este va a seguir siendo el Gobierno de Pedro Antonio Sánchez”. El jefe del Ejecutivo murciano también reconoció haber llorado al conocer la decisión de su mentor de renunciar a la Presidencia autonómica, y proclamó que “esas lágrimas se convertirán en fortaleza”. López Miras afirmó que se dejaría la piel para llevar a cabo su cometido: “Reparar una injusticia y reponer la voluntad de todos los murcianos”

Otra causa pendiente: el caso Guardería

El antiguo jefe del Ejecutivo murciano también tiene otra causa abierta en los juzgados de Lorca durante la tramitación de la construcción de una guardería en el municipio lumbrerense. En este caso se le investiga por una presunta malversación de medio millón de euros.

Sánchez también resultó absuelto del denominado 'caso Pasarelas' al agotarse el plazo de investigación antes de determinarse la complejidad de la causa. De esta forma, se convirtió en el primer dirigente popular beneficiado por la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) del PP, aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015. En este procedimiento el Ministerio Fiscal había solicitado tres años y medio de prisión por delitos de falsedad documental y de prevaricación continuada.

Ser el primer caso sobreseído en España por la Ley de Enjuiciamiento Criminal de Rajoy no va a librar al expresidente de la Región de Murcia (PP) de la cárcel. Aunque en 2018 Pedro Antonio Sánchez logró zafarse del 'caso Pasarelas' debido a que pasó el periodo de tiempo de instrucción, la justicia le condena cinco años después por el 'caso Auditorio'. Se enfrenta a 3 años de prisión, una multa de 3.600 euros y 17 años y 3 meses de inhabilitación especial para cargo o empleo público, como autor de dos delitos de prevaricación, el primero continuado en concurso con uno de falsedad. Los hechos delictivos giran entorno a proyecto del auditorio de Puerto Lumbreras, desarrollado cuando el exdirigente popular era alcalde de la localidad.

La Audiencia Provincial de Murcia considera probado que Pedro Antonio Sánchez, al saber de la existencia de subvenciones a corporaciones locales para el desarrollo de determinadas edificaciones culturales, encargó al arquitecto Martín L., “verbalmente y sin previo expediente alguno de contratación” un proyecto para solicitar esas ayudas. Y, posteriormente, conseguida la ayuda, convocar el concurso de proyectos, “totalmente condicionado a que el ganador fuera el arquitecto”. En diciembre de 2006, al entonces alcalde le notifican que la Comunidad Autónoma aprobará la concesión. El edil les informa de que el ayuntamiento dispone de una parcela para el Auditorio y que está tramitando un convenio de cesión de terrenos. “Sin embargo, no consta ningún convenio aprobado, ni inscripción en el Registro de convenios urbanísticos sobre la citada parcela, ni expediente alguno tramitado al efecto”, subraya la sentencia. 

En 10 de enero de 2007 se publicó en el Boletín Oficial de la Región de Murcia el Decreto del Consejo de Gobierno por el que se regulaba “la concesión directa de una subvención al Ayuntamiento de Puerto Lumbreras para la financiación de la totalidad de las obras de Construcción de Teatro Auditorio en Puerto Lumbreras según el anteproyecto redactado por el arquitecto D. Martín L., con un presupuesto de 6.000.000 euros”. Pero, en ese momento, no existía expediente alguno que acreditara que el acusado hubiera sido contratado por el Ayuntamiento.

La Consejería de Cultura entregó al Ayuntamiento los primeros 3 millones de euros de la subvención el día 29 de diciembre de 2006. Si querían recibir la otra mitad de la concesión, debían justificar los gastos de la primera parte antes 31 de octubre de 2007. En esas fechas Pedro Antonio Sánchez seguía sin parcela para el auditorio, tampoco había lanzado un concurso para concertar la obra ni un proyecto de ejecución. En julio de 2007 el alcalde se dirigió al director general de Cultura solicitando la ampliación del plazo de ejecución y justificación de la cuantía resultante de ambas partes de la subvención. Lo hizo con un informe denominado “informe de la Dirección Facultativa de la Obra” emitido por el arquitecto acusado en el que se afirmaba que se requería un plazo añadido de 18 meses para la completa y correcta definición del Proyecto Básico y de Ejecución. La ampliación del plazo que fue autorizada por el Consejo de Gobierno el 6 de noviembre de 2007, a propuesta de la Consejería de Cultura. El 14 de diciembre de 2007, continúa la sentencia, el acusado solicitó del director general de Promoción Cultural el abono de la segunda anualidad de la subvención “conforme al ritmo de ejecución de las obras previsto”, “pese a -subraya el relato de hechos probados- ser conocedor que no existía ni proyecto alguno sobre la parcela URSR-11, ni se había iniciado concurso de proyectos, ni expediente de contratación de obra, ni mucho menos, ejecución de obra alguna”. 

“Inviabilidad técnica”

La sentencia recoge que, tras la adjudicación del contrato, entre enero y febrero de 2008 el arquitecto presentó un Proyecto de Ejecución que respetaba el importe económico de 6 millones, pero que contenía más edificios, destacando que “tenía tal cantidad de defectos que era inviable finalizarlo con el presupuesto del que se disponía”. Entre ellos, subraya que la superficie por construir era muy superior a la prevista (alcanza los 9.322 metros cuadrados, frente a los 4.500 del anteproyecto). Había un desfase económico entre el presupuesto de ejecución material (PEM) y el de ejecución de contrata (PEC) del proyecto: “Desde el primer momento se fue certificando más obra que la realmente realizada; o sea, se entregaba a la contrata más dinero del que se iba ejecutando en obra”. Lo que se concretaría en un incremento del gasto justificado del 38 por ciento.

Martín L. “sabía que existía inviabilidad técnica y económica en la ejecución del proyecto”, concluyen los magistrados. Y tras comunicarlo a Pedro Antonio Sánchez, ambos, junto a la tercera acusada, “convinieron la confección de un proyecto modificado que permitiera justificar ante la Comunidad Autónoma la inversión de la subvención e impedir el reintegro, aunque ello supusiera dejar la obra inacabada”. Pese a los “flagrantes defectos”, se emitió informe favorable del técnico municipal el 11 de febrero de 2008, “concluyendo que no existían anomalías”, aunque el Proyecto de Ejecución nunca fue visado por el Colegio de Arquitectos “al detectarse los defectos reseñados anteriormente, entre otros”.

Este proyecto no contenía capítulo de Seguridad y Salud, ni Estudio Geotécnico y adolecía de un error en la determinación del lugar del edificio del teatro, pues ocupaba parte de un vial de nueva construcción previsto en el Plan Parcial, se explica en la resolución.

“Infracción clara y grosera de la normativa”

Pronto la existencia del proyecto del Auditorio llegó a oídas del Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia (COAMU) de que existía un proyecto sin que hubiera habido concurso. Ante las quejas de la institución, “el alcalde procedió a tramitar un concurso de proyectos para dar ropaje de aparente legalidad a los actos anteriormente ejecutados y dirigidos a subsanar la contratación verbal y directa del arquitecto”, subraya la resolución. Así el 17 de diciembre Pedro Antonio Sánchez acordó y firmó el Pliego de Bases Generales del Concurso de Proyectos para el Auditorio Municipal: “Obviamente, de forma tardía; tanto, que el propio acusado Martín L. manifiesta que le sorprendió que se convocara el concurso”, evoca la sentencia.

El 26 de diciembre, tras el informe favorable de la secretaria municipal accidental, se publicó el concurso en el BORM para la adjudicación “del contrato de asistencia técnica para la redacción de proyecto básico y de ejecución del Auditorio Municipal, y la dirección técnica de las obras” con un plazo de presentación de 15 días. El COAMU presentó un recurso contencioso administrativo por el concurso que acabó en saco roto, pues el Juzgado de lo Contencioso de Murcia de mayo consideró válido el proceso. El tribunal sí que reconoció que resultaba “llamativo” que se presente un proyecto antes de que se adjudique el concurso, aunque concluyó que “de existir irregularidades en el comportamiento de la Administración son previos al concurso que ahora se impugna e independientes al mismo”.

Desde la Audiencia Provincial de Murcia, aunque aprecian que “formalmente, el procedimiento del concurso de proyectos se ajustó a la legalidad vigente”, determinan que tras él “se enmascara una infracción clara y grosera de la normativa”. La Sala llega a la conclusión de que “la resolución del concurso de proyectos sí estaba previamente decidida” y considera probado que entre el alcalde y el arquitecto “existió un acuerdo para que el segundo fuera realizando los proyectos necesarios para solicitar la subvención”. 

En consecuencia, los magistrados consideran al alcalde autor del delito continuado de prevaricación, “dada su condición de autoridad” y detallan cada uno de los actos administrativos o resoluciones que “responden al mismo plan preconcebido de contratación irregular”. Igual responsabilidad penal, en este caso como cooperador necesario, atribuyen al arquitecto en cuanto a su contratación verbal, la redacción de proyectos sin entrada al Ayuntamiento “a sabiendas de que su remuneración sería posterior” o la participación en el concurso “a sabiendas de que él iba a ser el ganador”. Finalmente, a la acusada Caridad G. Vidal, secretaria municipal accidental “en todos los actos descritos”, se le exige responsabilidad penal, también como cooperadora necesaria, “por no haber puesto reparo alguno” y “emitir múltiples informes y obviando su condición de garante de la legalidad”.

La Audiencia Provincial de Murcia condena a Pedro Antonio Sánchez, ex presidente de la Región de Murcia, a 3 años de prisión, una multa de 3.600 euros y 17 años y 3 meses de inhabilitación especial para cargo o empleo público. Se le considera autor de dos delitos de prevaricación, el primero continuado en concurso con uno de falsedad, en relación con el proyecto del auditorio de Puerto Lumbreras cuando era alcalde de la localidad. Igualmente, condena como cooperadores necesarios de los delitos de prevaricación a la que fuera secretaria accidental del ayuntamiento, Caridad G., y al arquitecto, Martín L., a la pena de inhabilitación especial para cargo o empleo público durante 15 años y 6 meses, la primera, y 16 años y 6 meses, el segundo. 

El tribunal considera probado que Pedro Antonio Sánchez, cuando era alcalde encargó al arquitecto Martín L., “verbalmente y sin previo expediente alguno de contratación” un proyecto para solicitar tal ayuda. Y, posteriormente, conseguida la ayuda, convocar el concurso de proyectos, “totalmente condicionado a que el ganador fuera el arquitecto”.

En relación con el segundo delito de prevaricación, la Sala constata que una vez concedida la subvención, cuando el arquitecto detecta “que existía inviabilidad técnica y económica en la ejecución del proyecto” lo comunica al alcalde y juntos, con la funcionaria municipal, “convinieron la confección de un proyecto modificado que permitiera justificar ante la Comunidad Autónoma la inversión de la subvención e impedir el reintegro, aunque ello supusiera dejar la obra inacabada”.  

Por último, la sentencia absuelve al ex regidor del delito de fraude a la Administración Pública del que también venía acusado. “Los hechos relatados anteriormente no encajan en esta tipicidad, ya que la aprobación del proyecto modificado no tenía por objeto defraudar al Ayuntamiento. (…) La única voluntad que se tenía cuando se aprobó el modificado era salvar los errores creados desde la redacción del proyecto y ello en aras a justificar la inversión de la subvención y evitar la exigencia del reintegro”, explica la resolución.

Según recoge la sentencia a lo largo de sus más de 150 folios, el encargo verbal se completó con la redacción por el arquitecto acusado del “Anteproyecto de Teatro Auditorio” en junio de 2006 y el posterior “Proyecto Básico de Teatro Auditorio” de noviembre del mismo año, a construir en una parcela de la Ribera Sureste de la Rambla de Nogalte, con un presupuesto de ejecución de 6 millones. Proceso en el que ningún otro pudo participar y proyectos que, según los hechos probados, no tuvieron “entrada de registro en el Ayuntamiento y tampoco estaban visados por el Colegio de arquitectos”.

La Sala declara la nulidad del acuerdo de la Junta de Gobierno Local del 17 de septiembre de 2010 aprobando el Proyecto Modificado de la obra, pero los magistrados no se pronuncian sobre los posibles efectos de esta declaración al entender que deben ser estudiados en otra jurisdicción y no la penal. 

Y, respecto a la acción del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras contra ECISA por el importe para terminar las obras, hasta un máximo de 2,2 millones, como pedía la Fiscalía, el tribunal recuerda que la defensa de la corporación municipal retiro tanto la exigencia de responsabilidad penal como civil. Y subraya que Tribunal Superior de Justicia determinó que “el acta de recepción no es falsa en sí misma, pues se recepcionó lo que efectivamente se construyó”. Por tanto, la sentencia no hace ningún pronunciamiento sobre la responsabilidad civil de la mercantil constructora y, finalmente, absuelve al representante de ECIJA.

La resolución impone a los tres condenados el pago de una parte de las costas causadas, sin incluir las de la acusación popular, teniendo en cuenta el número de delitos objeto de enjuiciamiento. En concreto, 3/13 partes al declarado autor de tres delitos y 2/13 partes a los coautores dos delitos de prevaricación. La sentencia no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo y no ante el Tribunal Superior de Justicia, por ser el procedimiento anterior a la Ley 41/2015, aclara la resolución.

Primer beneficiado de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

El 'caso Auditorio' no era la única causa judicial a la que ha tenido que enfrentarse Pedro Antonio Sánchez. El antiguo jefe del Ejecutivo murciano también tiene otra causa abierta en los juzgados de Lorca durante la tramitación de la construcción de una guardería en el municipio lumbrerense. En este caso se le investiga por una presunta malversación de medio millón de euros.

De otro proceso, el 'caso Pasarelas', fue absuelto porque el juez dejó pasar el plazo de seis meses de instrucción en procesos penales interpuesto por el gobierno del Partido Popular en 2015, en contra del criterio de jueces y fiscales. Fue el primer beneficiado de la Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobada por su propio partido. 'Pasarelas' era una división del caso 'Auditorio', donde se investigaba si se fraccionaron contratos para adjudicarlos a dedo y sin concurso público al arquitecto M.L., que también fue absuelto. El Ministerio Fiscal y dos acusaciones entendían que tanto Sánchez, en su entonces condición de alcalde de Puerto Lumbreras, y M. L., habían cometido los presuntos delitos de prevaricación y falsedad documental en la contratación en relación a esa causa. 

Por otro lado, en julio de 2020 la Audiencia Nacional confirmó el sobreseimiento para Sánchez del caso Púnica. El expresidente murciano fue investigado en la pieza separada Murcia de esta causa por presuntos de delitos de fraude administrativo, prevaricación y falsedad en una campaña de lavado de imagen cuando estaba al frente de la Consejería murciana de Educación.

El expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez se sienta en el banquillo de los acusados a las 10:00 de la mañana del lunes en la Audiencia Provincial de Murcia por presuntos delitos de prevaricación continuada, fraude en subvenciones y fraude y prevaricación durante la tramitación de la construcción del auditorio de de Puerto Lumbreras cuando era alcalde de esta localidad. Se trata de uno de los casos de supuesta corrupción más importantes enjuiciados en los tribunales de la Región y una de las causas judiciales que condujeron a la dimisión del popular en abril de 2017.

El Ministerio Fiscal pide para el antiguo jefe del Ejecutivo murciano una pena de cuatro años y seis meses de prisión, además de inhabilitación especial para empleo y cargo público durante 19 años y una multa de seis millones de euros. Para el arquitecto, la secretaria municipal y el empresario, el fiscal pide dos años y tres meses de prisión por distintos delitos.

El esqueleto del auditorio se encuentra al final de la avenida Presidente Adolfo Suárez de esta localidad murciana: lo que iba a ser un complejo cultural –teatro, auditorio, palacio de congresos y escuela de música y danza– de 10.000 metros cuadrados en un pueblo de 14.000 personas fue recepcionado en 2011 –cinco años después de que se impulsara el proyecto– con un 38% de las obras por concluir. Faltaba uno de los tres edificios proyectados y parte de la pérgola destinada a unirlos.

El centro cultural recibió una subvención del Gobierno regional, entonces liderado por Ramón Luis Valcárcel, por valor de seis millones de euros. Un informe de la Guardia Civil certificó que el Ayuntamiento pagó más de dos millones de euros por materiales que no se encuentran en el edificio, ahora en ruinas. Según la Fiscalía Anticorrupción, además, el Ayuntamiento recibió primero la subvención para cubrir su coste y luego saldó la deuda echando mano del Plan de Pago a Proveedores de 2012, de modo que pagó dos veces por lo mismo.

Primer beneficiado de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

Los medios de comunicación regionales informaron de que el arquitecto Martín Lejárraga iba a ser el autor del diseño del auditorio antes de que saliera a concurso. El proyecto que presentó costaba exactamente lo mismo que la subvención que pagó la comunidad. Lejárraga también diseñó en el pasado la pasarela que discurre por la rambla Nogalte en el centro de Puerto Lumbreras y que, como el auditorio, fue objeto de una investigación judicial por diversas irregularidades en su construcción.

Sánchez resultó finalmente absuelto del denominado más tarde caso Pasarelas al agotarse el plazo de investigación antes de determinarse la complejidad de la causa. De esta forma, se convirtió en el primer dirigente popular beneficiado por la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) del PP, aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015. En este procedimiento el Ministerio Fiscal había solicitado tres años y medio de prisión por delitos de falsedad documental y de prevaricación continuada.

Otra causa pendiente: el caso Guardería

El antiguo jefe del Ejecutivo murciano también tiene otra causa abierta en los juzgados de Lorca durante la tramitación de la construcción de una guardería en el municipio lumbrerense. En este caso se le investiga por una presunta malversación de medio millón de euros.

Por otro lado, en julio de 2020 la Audiencia Nacional confirmó el sobreseimiento para Sánchez del caso Púnica. El expresidente murciano fue investigado en la pieza separada Murcia de esta causa por presuntos de delitos de fraude administrativo, prevaricación y falsedad en una campaña de lavado de imagen cuando estaba al frente de la Consejería murciana de Educación.

La Fiscalía Superior de la Región de Murcia ha impulsado una querella que apunta, una vez más, al expresidente de la Comunidad Pedro Antonio Sánchez. La denuncia del Ministerio Público, de la que se ha hecho eco La Verdad está suscrita por su máximo responsable en la Región, José Luis Díaz Manzanera.

La denuncia señala a Sánchez como presunto protagonista en una serie de irregularidades en el proceso de adjudicación y construcción de un centro de Atención a la Infancia y de la Mujer de Puerto Lumbreras, realizados entre el año 2006 y 2009, años en los que Sánchez ejercía como primer edil de dicha localidad.

Las diligencias del nuevo 'caso Guardería' están siendo impulsadas desde hace unos días por la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lorca, Consuelo Andreo.

La querella apunta a que el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras solicitó dos subvenciones diferentes, entre los años 2005 y 2006, para la construcción de sendos inmuebles en la calle San Javier de la localidad. De un lado, el Ministerio de Trabajo y la Comunidad Autónoma aportaron una subvención de 192.000 euros para levantar lo que se denominó 'Centro de Atención a la Infancia (0 a 3 años) para la Conciliación de la Vida Laboral y Familiar'; de otro, la Dirección General de Familia aprobó una cuantía de 473.000 euros para otro proyecto diferente, llamado, 'Centro de Atención a la Infancia (0 a 3 años)'.

Según narra La Verdad, las obras de ambas dependencias, situadas en el mismo solar, se iniciaron formalmente el mismo día, el 17 de abril de 2007. La Fiscalía sostiene, no obstante, que “trataba de ocultarse” que se trataba “de la misma obra”. El motivo sería que el dinero de las subvenciones aportadas para el primero de los inmuebles se habría destinado a fines diferentes y desconocidos.

Cuatro años y medio por el 'caso Auditorio'

Hace unos días, se hacía público que el Ministerio Fiscal pedía pedido cuatro años y medio de prisión para Pedro Antonio Sánchez, por el 'caso Auditorio'. El fiscal Anticorrupción de la Región, Juan Pablo Lozano, reclamaba también una inhabilitacion especial para empleo y cargo público por un período de diecinueve años y una multa que asciende a seis millones de euros.

Además del expresidente del ejecutivo regional, serán juzgados el arquitecto de la construcción, Martín Lejarraga, la secretaria del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, Caridad García Vidal, y el representante legal de la empresa de construcción adjudicataria Ecisa, Vicente Gimeno Merino.

El Ministerio Fiscal ha pedido cuatro años y medio de prisión para Pedro Antonio Sánchez, expresidente del Gobierno de la Región de Murcia, por el 'caso Auditorio', según ha adelantado La Verdad.

En este sentido, el fiscal Anticorrupción de la Región, Juan Pablo Lozano, ha reclamado también una inhabilitacion especial para empleo y cargo público por un período de diecinueve años y una multa que asciende a seis millones de euros.

Además del expresidente del ejecutivo regional, serán juzgados el arquitecto de la construcción, Martín Lejarraga, la secretaria del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, Caridad García Vidal, y el representante legal de la empresa de construcción adjudicataria Ecisa, Vicente Gimeno Merino.

El fiscal ha considerado al exalcade de Puerto Lumbreras autor de los delitos de fraude, prevaricación continuada y fraude de subvenciones por el proceso de adjudicación y construcción del teatro-auditorio de Puerto Lumbreras, donde se invirtieron seis millones de euros y solo se llegó a ejecutar en un 61% del proyecto. Según habían apuntado informes periciales, la obra habría necesitado de otros 2,3 millones de euros para llevarse a cabo.

Anticorrupción ha acusado al arquitecto del proyecto de los tres mismos delitos que a Pedro Antonio Sánchez, y ha pedido dos años y tres meses de cárcel e inhabilitación por espacio de 17 años y medio. Por otro lado, para Caridad García se han reclamado dos años y tres meses de prisión y 16 años y medio de inhabilitación por fraude y prevaricación continuada y para el constructor Gimeno se han solicitado dos años y tres meses de prisión y ocho años de inhabilitación por fraude.

El caso 'Auditorio'

El Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, un pueblo de Murcia lindante con Almería, decidió en 2006 que quería su propio complejo cultural con un teatro auditorio, un palacio de congresos y unas escuelas de música y danza. En plena burbuja inmobiliaria, impulsó un proyecto de 100.000 metros cuadrados para el disfrute de los 13.000 habitantes que tenía en el año 2005

“Con la construcción de este Teatro Auditorio, Puerto Lumbreras da respuesta a la carencia de un gran foro de encuentro ciudadano”, decía Pedro Antonio Sánchez en agosto de 2009. El proyecto había comenzado tres años antes con un encargo al estudio de arquitectura de Martín Lejárraga, que lo definió como una infraestructura necesaria para la localidad. “Un enclave dotacional en un amplio territorio interprovincial”, citaba la memoria del proyecto.

“Los fondos provenientes de la subvención de las obras del Auditorio, cambiaron de destino o aplicación, sin que conste en este sentido una resolución por la autoridad competente, desconociéndose cuales fueron esos usos”, escribió la jueza en el auto para separar las actuaciones.

El PSOE de Puerto Lumbreras advirtió entonces de las irregularidades, las reunió en una denuncia y las llevó a la Fiscalía. De la misma manera, el Juzgado de Lorca continuó investigando hasta que a finales de 2016 la jueza pidió al TSJMU que imputase a Sánchez y al resto de acusados. Su investigación le había llevado a concluir que existen “indicios de responsabilidad penal en los supuestos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude, falsedad en documento público u oficia”.

La Fiscalía ha presentado un recurso en el que solicita anular la sentecia absolutoria sobre Pedro Antonio Sánchez (PAS), expresidente de la Región de Murcia por el PP, según ha publicado EL PAÍS. Además, ha pedido que se vuelva a celebrar la vista oral con nuevos magistrados, ya que consideran que el tribunal ha “perdido imparcialidad”. En el escrito, presentado por el fiscal Anticorrupción de Murcia, Juan Pablo Lozano, y enviado al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), la acusación pública critica la absolución dictaminada desde la Audiencia Provincial: “Yerra gravemente”.

La Fiscalía busca desmontar el uso del artículo 324 del Código Penal, aprobado por el PP, y que establece una limitación temporal para tomar declaración a los investigados, según puede leerse en el recurso al que EL PAÍS tuvo acceso. Amparándose en esta norma, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial decidió absolver a PAS, al superar los seis meses fijados como plazo máximo en el citado artículo.

En esta línea, la Fiscalía indica que la sentencia no tiene en cuenta que cuando transcurre el plazo de seis meses, la causa aún no se había dirigido al expresidente murciano: “Si el procedimiento nunca se dirigió contra él hasta el 21 de diciembre de 2017 por hechos no prescritos, según la propia sentencia, nada le puede afectar”.

Pedro Antonio Sánchez fue absuelto de los cargos que se le atribuían en el caso 'Pasarelas'. La causa de la que fue exonerado investigaba si se fraccionaron contratos para adjudicarlos a dedo y sin concurso público al arquitecto M.L., que también fue absuelto. El ministerio fiscal y dos acusaciones entendían que tanto Sánchez, en su entonces condición de alcalde de Puerto Lumbreras, y M. L., habían cometido los presuntos delitos de prevaricación y falsedad documental en la contratación en relación a esa causa.

La absolución del expresidente murciano, Pedro Antonio Sánchez (PAS), por el caso Pasarela ha provocado la reacción de los partidos Ciudadanos, Podemos y el PSRM. A día de hoy, el expolítico popular sigue procesado en las tramas Púnica y Auditorio, por las que se vio obligado a dimitir debido a la presión de la oposición en abril de 2017.

Por un lado, el vicesecretario general y portavoz del PSRM-PSOE, Francisco Lucas, ha declarado que “es una pena que el PP siga en su línea, en la de actuar de forma hipócrita y la de no reconocer que Pedro Antonio Sánchez estaba hasta las cejas” y ha recordado que al expresidente “no le quedaba otra salida que dimitir”.

En esta línea, Lucas ha afirmado que el actual presidente de la Comunidad Aútonoma, Fernando López Miras, es un presidente “pinganillo e inepto” y que Pedro Antonio Sánchez “sigue gobernando Murcia”. También, el político socialista ha incidido en que “al PP no le puede salir tan barata la corrupción ni reírse de todas las murcianas y murcianos”.

Por el contrario, Ciudadanos no ha querido entrar a valorar la absolución; sin embargo ha recordado que esto “no ha cambiado nada” y sigue procesado por la trama 'Auditorio' y 'Púnica': “Presionamos para que dimitiera por la ruptura de nuestras líneas rojas”. También, el grupo naranja ha destacado que su imputación en el caso Pasarela se produjo después de su renuncia y “no tienen que pedir perdón a nadie”, ha afirmado Ciudadanos a eldiario.es. 

Por otro lado, desde el grupo regional de Podemos, a través de su portavoz parlamentario Óscar Urralburu,  han manifestado su indignación con el caso: “El expresidente ha sido absuleto por el atajo que le procura la ley que el Partido Popular hizo a su antojo”.

En este sentido, Urralburu ha señalado que el gobierno de Mariano Rajoy ha acomodado a sus propios intereses la Ley de Enjuiciamiento criminal, porque “sabía lo que se le venía encima, y el primer beneficiado de esos privilegios ha sido Pedro Antonio Sánchez”, han informado desde la formación morada.

Asimismo, el portavoz ha subrayado que el expresidente se ha librado del juicio “no porque sea inocente, sino porque se han superado los plazos irreales e imposibles de cumplir, diseñados por el propio Partido Popular”. Además, ha recordado que a Pedro Antonio Sánchez todavía le quedan las causas pendientes de Auditorio y de la Púnica.

El expresidente de Murcia con el PP José Antonio Sánchez ha sido absuelto de una de las tres causas que tiene abiertas por corrupción por haber expirado el plazo de investigación. Sánchez ha resultado beneficiado de la limitación de la instrucción de los sumarios judiciales que el Gobierno de Mariano Rajoy promovió en 2015 con el criterio en contra de todas las asociaciones de jueces y fiscales. El expolítico popular, que sigue procesado en los casos Auditorio y Púnica, se vio obligado a dimitir en abril de 2017 acorralado por esas acusaciones. 

Según ha adelantado La Verdad, el abogado defensor de Sánchez, José Antonio Choclán, alegó durante la vista de las cuestiones previas que el plazo para investigar se había agotado antes de que se hubiera estipulado la complejidad de la causa y que eso obligaba a declarar nulas todas las diligencias.

La causa de la que ha sido exonerado investigaba si se fraccionaron contratos para adjudicarlos a dedo y sin concurso público al arquitecto M.L., que también ha sido absuelto. El Ministerio Fiscal y dos acusaciones entendían que tanto Sánchez, en su entonces condición de alcalde de Puerto Lumbreras, y M. L., habían cometido los presuntos delitos de prevaricación y falsedad documental en la contratación en relación a esa causa. 

Por estos hechos, la representación procesal pedía para Pedro Antonio Sánchez cuatro años de cárcel y una multa de veinte meses, así como inhabilitación durante diez años para empleo o cargo público por la comisión de un delito de falsedad documental.

Para M.L. solicitaba una pena de diez años de inhabilitación para empleo o cargo público como cooperador necesario en un delito de prevaricación administrativa, y la pena de dos años de prisión e inhabilitación especial de diez años por un delito de fraude en la contratación, con el pago de las costas procesales en ambos casos.

La Audiencia Provincial de Murcia ha ordenado reabrir la investigación sobre el “caso Pasarelas”, otra de las causas judiciales que salpican al expresidente de la Región, Pedro Antonio Sánchez,

Este caso investiga un presunto delito de prevaricación en el ayuntamiento de Puerto Lumbreras entre 2006 y 2007, cuando el expresidente era regidor del consistorio. En concreto, la adjudicación ilegal de la reforma del puente de la Rambla de Nogalte, ubicada en el municipio.

El proceso judicial fue abierto en julio de 2016 y archivado 6 meses más tarde por efecto de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (aprobada por el Partido Popular en 2015).

Diez meses después, el nuevo auto dictado por la Audiencia Provincial revoca la decisión del Juzgado de Instrucción Nº3 de Lorca de archivar la investigación.  

Esta reciente decisión del tribunal señala que el plazo de seis meses aplicado a la investigación del “caso Pasarelas” no debería haberse asignado de manera automática, ordena su reapertura y dictamina que la causa se debe declarar compleja (otorgando 18 meses al juez para instruirla).

Ahora, el juzgado deberá acatar la decisión de la Audiencia Provincial y retomar la investigación para esclarecer el supuesto delito. Para ello, podría llamar a Pedro Antonio Sánchez en calidad de investigado (antes imputado), añadiendo una tercera inculpación a su historial.

Detención del “caso Pasarelas”

El “caso Pasarelas” fue abierto a raíz de una denuncia de Podemos en la que se pedía esclarecer si el entonces alcalde de Puerto Lumbreras, Pedro Antonio Sánchez adjudicó de forma ilícita las obras de la rambla de Nogalte al arquitecto Martín Lejarraga.

El presunto delito a investigar es el fraccionamiento del contrato de obra en cinco facturas con el fin de conceder el trabajo de forma directa (sin concurrir a concurso público) al estudio del arquitecto.  

Martín Lejárraga fue también el constructor del controvertido auditorio de Puerto Lumbreras, por lo que actualmente está siendo investigado en el “caso Auditorio”, que también comparte con el expresidente Sánchez.

El Ministerio Fiscal, encargado de proponer pruebas en la investigación del “caso Pasarelas”, se excedió en dos días el plazo para solicitar que se declarara la investigación compleja, lo cual habría aumentado el plazo hasta 18 meses.

Al superarse el plazo de seis meses sin que el juzgado realizara las diligencias oportunas, el caso fue sobreseído provisionalmente conforme a la LECRIM.

Pedro Antonio Sánchez, expresidente del Gobierno de Murcia y del Partido Popular murciano , ha creado una empresa llamada “Nosce te ipsum 2017 Sociedad Limitada”, dedicada a la consultoría y asesoramiento.

Según recoge el Boletín Oficial del Registro Mercantil del martes 21 de noviembre, la empresa “Nosce te ipsum 2017 Sociedad Limitada” tiene como objeto social la consultoría y asesoramiento de empresas y personas físicas “en su más amplia aceptación”.

Dicho servicio, se ofrece a través de profesionales “titulados”. Además, también se ofertan tasaciones y peritaciones, servicios de traducciones, telemarketing, secretaría y diversas materias.

El domicilio social de la compañía, que comenzó su actividad el pasado 27 de octubre, se encuentra en el nº 35 de la avenida Juan Carlos I de Puerto Lumbreras. En ella, Pedro Antonio Sánchez figura como socio y administrador único. Su capital social es de 3.100 euros.

El nombre de la empresa “Nosce te ipsum” traducido al castellano del latín significa “Conócete a ti mismo”, el grabado que figura en una puerta de la sede del Gobierno regional en el Palacio de San Esteban.

Sánchez anunció su retirada como presidente de Murcia el pasado 4 de abril. La dimisión se produjo 24 horas antes del debate de moción de censura que presentó el PSOE apoyado por toda la oposición, y poco después de conocer su imputación en el caso Púnica y su implicación en el caso Auditorio.

Por último, el pasado 27 de septiembre, el que fuera presidente del Gobierno murciano también anuncio su renuncia al escaño en la Asamblea Regional y a la presidencia del PP en la Región.

“Antes de tirar la toalla, me la trago”, enunció poco después de su primera imputación. Pedro Antonio Sánchez aguantó en el cargo de presidente de Murcia cada embate de los tribunales, hasta que la defensa que de él hacían los altos cargos del PP y del Gobierno empezó a menguar. Cada nueva revelación de los casos Púnica y Auditorio resquebrajaba el muro levantado por los líderes de su partido. Primero presentó su dimisión como presidente autonómico y ahora abandona también su escaño en el parlamento, lo que implica que perderá su aforamiento y provocará un retraso en las causas en las que está imputado.

Sánchez integra con su abandono la lista de dirigentes autonómicos del PP que han dejado la política empujados por sus problemas con la corrupción. La última en hacerlo fue Esperanza Aguirre, el pasado mes de abril, después de que detuviesen a su sucesor al frente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. A él le habían apartado de la candidatura a presidente autonómico por unas sospechas de corrupción que luego se demostraron ciertas.

Antes que ellos, dirigentes históricos del PP como Jaume Matas -que llegó a ser ministro- se habían batido en retirada enfangados por la corrupción. En el caso del expresidente balear, ese fango se traduce en un sinfín de causas judiciales nacidas del Palma Arena, una macrocaso de corrupción que ya le ha hecho pisar la cárcel.

También se alejó de la política, aunque en su caso tras ser absuelto, el expresidente Francisco Camps, que había gobernado en la Comunidad Valenciana en los años en los que Gürtel convirtió ese territorio en su mina de oro. Aún colean las causas por aquellos desmanes, y en una de ellas varios empresarios han admitido que financiaron al PP con Camps a su cabeza.

Sánchez contó con el apoyo de los líderes del partido hasta el final. Ministros como Jorge Fernández Díaz -que llegó a cuestionar el trabajo de la Guardia Civil-, María Dolores de Cospedal -quien dijo que el contrato con Púnica “nunca se celebró”- o Rafael Catalá -que atacó a las fiscales que pedían su imputación- salieron en su defensa tras cada nueva información sobre su implicación en los dos casos que le han llevado a dimitir.

Cuando los indicios cristalizaban en escritos judiciales, su respaldo se diluyó y el PP propició que se apartase para dejar paso a Fernando López Miras, y con ello preservar el feudo electoral que es Murcia.

Su dimisión retrasará el juicio de Púnica

La causa por los amaños con la trama Púnica viajó de la Audiencia Nacional al Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM). Ese tribunal se iba a encargar de juzgar solo la parte que afectaba a Sánchez, a quien se le acusa de contactar con la trama para pagar con dinero público una campaña de imagen para lograr su designación como candidato. El objetivo era contrarrestar las malas noticias que surgían por su otra pesadilla judicial, el caso Auditorio.

Sánchez no llegó a firmar el contrato con el empresario Alejandro de Pedro porque este fue detenido, pero ya se había reunido en varias ocasiones con él -bajo vigilancia de los agentes- y había concretado todos los detalles del acuerdo. Su defensa consiste en que no firmó, pero las fiscales del caso sostienen que eso no excluye la comisión de los delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada.

La acusación popular presentó hace unos días un escrito en el que pedía nueve años de cárcel para Sánchez. El juez estaba a la espera de que la Fiscalía entregase su escrito de acusación para abrir juicio oral contra el expresidente. Fuentes conocedoras del caso apuntan a que esa decisión era inminente y que el proceso podía comenzar antes de finales de año.

Si Sánchez hubiese esperado a la apertura del juicio oral para dimitir, su decisión no habría influido en los tiempos judiciales. El juicio se habría celebrado en el TSJM. Pero la pérdida del aforamiento implica ahora que la causa debe devolverse al juzgado de la Audiencia Nacional del que salió.

Fuentes cercanas al proceso apuntan a que esto supondrá un retraso. Los trámites en el TSJM, con menos carga de trabajo, eran más ágiles que en la Audiencia Nacional, que tiene esta pieza “atascada”, y que previsiblemente no abrirá juicio a Sánchez y al resto de imputados hasta el próximo año. Sin embargo, esas mismas fuentes apuntan a que su decisión podría ser perjudicial para sus intereses, porque en la Audiencia Nacional tiene menos posibilidades de salir absuelto.

Lo mismo ocurre con el caso Auditorio, que investiga el proyecto de un gran centro cultural en Puerto Lumbreras, donde Sánchez era alcalde. El Ayuntamiento pagó a las empresas con el 38% del proyecto sin terminar y con cargo al Plan de Proveedores de 2012. Sánchez, está imputado por prevaricación, fraude, falsedad documental y malversación, en un caso que investiga también el destino final de la subvención que se entregó para pagar las obras. El caso volverá al juzgado de Lorca donde están imputadas otras 19 personas.

Fernando López Miras será, presumiblemente el próximo viernes, nuevo presidente del Partido Popular en la Región de Murcia. La decisión parece bastante clara tras ser designado sucesor en el gobierno del investigado en caso Auditorio y Púnica Pedro Antonio Sánchez.

Apenas seis meses han transcurrido desde que Pedro Antonio Sánchez, en pleno trabajo judicial y previo a la imputación de los dos casos mencionados, fuera refrendado por el 93% de los socios compromisarios del Partido Popular y apoyado por la jerarquía del partido a nivel regional y nacional. Hoy, tiene que salir por la puerta de atrás acorralado por la corrupción y como “mártir” de la regeneración política.

Desde la Dirección Nacional del Partido Popular aseguran que la dimisión de Sánchez les ha pillado “por sorpresa”, pero que aceptan amablemente la decisión que -insisten- ha sido totalmente personal. Aun así, varios dirigentes ya han pasado página, se han olvidado del acorralado Sánchez y miran “al futuro” con López Miras como nuevo líder.

“Proyecto” para el futuro de la Región

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha agradecido este miércoles el tiempo que el exjefe del Ejecutivo regional y exdiputado regional Pedro Antonio Sánchez ha dedicado “a la Región de Murcia y al PP”, esperando y confiando en que su situación se resuelva “lo antes posible”, porque “será buenos para todos”.

Antes de presidir el acto de apertura de curso 2017-2018 de las universidades públicas de la Región, el presidente de Murcia ha manifestado su voluntad de “liderar” el PP de la Región “si la Junta Directiva me da su confianza”.

“Quiero y voy a contar con todos, creo que la Región y el PP tienen que mirar hacia el futuro, porque es hacia donde vamos, un futuro de fuerza, de ganas, de ilusión, de trabajo; un futuro que quiero liderar si la Junta Directiva del PP me da su confianza”, ha señalado.

Tras lo que ha explicado que tiene un proyecto para la Región de Murcia y para el PP, “un proyecto que va mucho más allá de lo que resta de legislatura, que culminaremos con éxito proyectos históricos y estratégicos para la Región”, pero el proyecto, ha continuado, “va más allá, es un proyecto para seguir haciendo de la Región la mejor tierra del mundo”.

Fernando López Miras ha insistido en que quiere liderar “este proyecto como presidente del PP de la Región y candidato a las elecciones de 2019 si la Junta Directiva me da su confianza”, convocada para este viernes por la tarde.

Preguntado por las declaraciones personales de Pedro Antonio Sánchez, el presidente de Murcia ha concluido con un “no voy a hacer más alusiones”.

La portavoz del Partido Popular, Noelia Arroyo ha mostrado la “tristeza” que le ha producido el hecho de que “al final se haya conseguido el objetivo político de algunos partidos” sobre la figura de Pedro Antonio Sánchez.

En declaraciones tras el Consejo de Gobierno, la portavoz del gobierno ha dicho que no ha podido hablar con Sánchez, tras haber presentado su presentado a la Presidencia del PP en Murcia y de su acta como diputado en la Asamblea Regional. Arroyo ha dicho que ha sido una decisión “personal”, sobre la que ha expresado su respeto.

La portavoz del gobierno insiste en que le produce tristeza “que esa renuncia personal de su acta como diputado y que se marche como presidente del PP de Murcia obedezca a una estrategia política” y reitera que Pedro Antonio Sánchez es una persona “honesta que siempre ha trabajado por el bien de la región de Murcia”.

Arroyo ha señalado, en el plano personal, que Pedro Antonio Sánchez fué quien le dió la oportunidad de trabajar para los murcianos y que siempre le estará agradecida. Le ha mostrado su gran admiración profesional y le ha deseado mucha suerte en lo profesional y lo personal.

Preguntada por quien debe liderar ahora al Partido popular, Arroyo ha señalado que el presidente murciano Fernando López Miras “está en condiciones de liderar el proyecto de futuro”. Al mismo tiempo, ha señalado que “la nueva etapa que ahora se abre tiene un proyecto sólido y que el gobierno regional está trabajando en el día a día de los problemas que tenemos que resolver”.

Una dimisión que “llega tarde”

El secretario general del PSOE-RM y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Rafael González Tovar, ha asegurado que Pedro Antonio Sánchez y el PP han jugado sucio con la Región, han hecho daño a esta comunidad autónoma y siguen sin asumir su responsabilidad, culpando a jueces, fiscales y adversarios políticos.

“El PP se ha dado cuenta de su declive y de lo que le está perjudicando esta situación, una situación que venimos denunciando desde hace más de dos años, en la que por coherencia, por ley y por palabra dada, el expresidente debería haber desaparecido de la escena política”.

Ha recordado que los socialistas denunciaron la situación del auditorio, “y han sido los jueces y fiscales los que han hecho su trabajo, esperamos y pedimos que sigan haciéndolo”.

Para el dirigente socialista, el PP ha reaccionado tarde y ha sido una vergüenza para la Región haber sido cabecera de los medios de comunicación por la situación de un presidente que no debió serlo. “En su investidura ya dijimos que era muy arriesgado jugar a lo que estaban jugando”.

“Gracias a Ciudadanos”

“Ciudadanos es el principal responsable de que Pedro Antonio Sánchez haya finalmente dejado la política para centrarse en su futuro judicial”. Así lo ha afirmado el portavoz naranja, Miguel Sánchez, en una comparecencia celebrada en la sede de la formación. “No les quepa duda de que sin Ciudadanos en la política regional, PAS seguiría siendo presidente regional y del PP, alargando la vergüenza y la agonía a la que nos ha sometido desde que se hicieron públicas sus imputaciones”, ha señalado.

Ciudadanos exigió la dimisión de Pedro Antonio Sánchez como presidente de la Comunidad tras la moción de censura que propuso el Partido Socialista y la imputación judicial en los casos Auditorio y Púnica. Sin embargo, PAS no llegó a dimitir como diputado en la Asamblea y presidente del PP, algo que estaba en el aire y que la formación naranja esperaba a la actuación de la justicia para volver a exigir.

“Tres años después nos damos cuenta”

El portavoz de Podemos en la Asamblea Regional Oscar Urralburu ha añadido que “el problema ya no es Pedro Antonio Sánchez, es lo que ha hecho sufrir a la Región durante tres años, en los que ha antepuesto sus intereses personales, su ambición de poder sobre los intereses de Murcia”.

“El problema es que el Partido Popular es un partido corrupto que ha extendido todas las formas de corrupción en todos los municipios de la Región”, y como reconoce Pedro Antonio “ha habido comisiones que apuntan a una financiación ilegal del partido”.

Por lo que, según el portavoz del grupo parlamentario Podemos en la Asamblea Regional, “el problema que tiene la Región de Murcia se llama PP”.

La pesadilla por los casos de corrupción que martillean al PP no va a cesar en otoño. Tras el mal trago de ver a Mariano Rajoy  testificando por la trama Gürtel ante la Audiencia Nacional, el partido conservador va a tener que afrontar ver también en el banquillo, pero esta vez como acusado, a otro de sus históricos dirigentes. En este caso al expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez, sobre el que pesan dos causas de procesamiento: uno por el caso Auditorio,  y otro por la trama Púnica.

El Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) desestimó el martes pasado los recursos de apelación interpuestos por Sánchez contra los autos dictados por el magistrado instructor del caso Púnica.

Nada más conocerse la noticia, los tres grupos de la oposición en la Asamblea regional, PSOE, Podemos y Ciudadanos, le exigieron que renunciara a su acta de diputado, que mantiene desde que se vio obligado a dejar la presidencia del Gobierno tras ser imputado por el caso Auditorio, obras realizadas en el Centro Cultural del municipio de Puerto Lumbreras en la etapa en la que Sánchez era alcalde de la localidad. Las exigencias de la oposición han caído de nuevo en saco roto, al menos de momento.

La decisión de despojarle de la presidencia regional la tomó in extremis el PP al comprobar que los grupos parlamentarios estaban dispuestos a desbancarle a través de una moción de censura que dependía del partido naranja, sus socios de legislatura hasta entonces.

EL PP no quiso ir a una inciertas elecciones anticipadas y decidió que Sánchez fuera sustituído por Fernando López Miras, un dirigente de su confianza. Pese a las protestas de los socialistas, Ciudadanos y Podemos,  PAS [acróstico con el que se conoce a Sánchez] continuó en su escaño aunque ello ya no le garantiza al cien por cien el aforamiento ya que la Asamblea de Murcia aprobó a finales de abril una reforma del Estatuto para la eliminación de este privilegio político, que está aún pendiente de ser ratificada por las Cortes Generales.

El panorama que se le presenta al exregidor murciano no es muy esperanzador y en Génova lo saben. Las posibilidades de que finalmente alguna de las dos causas sea archivada son muy escasas y todo apunta a que se le abrirá juicio oral en otoño por el caso Auditorio, al que seguiría el de la trama Púnica.

Por este motivo en la dirección nacional sopesan que pasos dar. Los Estatutos del partido establecen que se debe abrir expediente disciplinario a un afiliado “desde el momento en que se tenga conocimiento de la existencia de una imputación judicial” por un caso de presunta corrupción.

Después del último Congreso Nacional, Génova creó, además, la Oficina de Cargo Popular destinada “a mejorar la lucha contra la corrupción”. A finales del pasado mes de mayo el Comité Ejecutivo Nacional designó a Manuel Cobo para la presidencia de este órgano pero el exdirigente madrileño renunció a los pocos días al cargo por “razones personales”. Desde entonces el puesto sigue vacante aunque lo ocupa de manera provisional la exdiputada del PP, Beatriz Rodríguez Salmones.

La exdiputada reconoce, en conversación con eldiario.es, que de momento la Oficina no puede funcionar porque los Estatutos establecen que deben estar formada por entre tres y cinco dirigentes. Y tras la renuncia de Cobo solo están ella y otro exdiputado del PP, Andrés Ayala. El nombre del sustituto de Cobo depende de Mariano Rajoy pero debe ser formalmente refrendado por el Comité Ejecutivo Nacional, que hasta septiembre no tienen previsto reunirse de nuevo.

PAS fue elegido hace escasamente cuatro meses presidente del PP de Murcia con el 93% de apoyo y sin votos en contra. El propio Mariano Rajoy dio el beneplácito a su reelección pese a saber que sobre él ya recaían graves acusaciones por su implicación en el caso Auditorio. Las posibilidades de que la dirección nacional le obligue a dejar tanto ese cargo como el acta de diputado son altas.

La solución que apuntan fuentes del partido es la creación de una gestora que podría dirigir provisionalmente también Fernando López Miras para unificar en su figura la presidir del Gobierno y del partido hasta nuevas elecciones autonómicas.

Los que no van a esperar hasta entonces son los grupos de la oposición murciana. De momento la ofensiva se dirige solo contra el exregidor murciano con el objetivo de que abandone cuanto ante su acta de diputado.

Rafael González Tovar, portavoz del PSOE, cree que es “vergonzoso” que no deje su escaño tras la imputación por esos dos casos que le colocan “con casi dos pies en el juicio oral”.

El portavoz de Podemos, Óscar Urralburu, ha sido tajante al afirmar que “el presupuesto de la Región no se puede destinar a pagar a presuntos corruptos”.

También el representante de Ciudadanos, Miguel Sánchez,  ha pedido su renuncia y ha reclamado irónicamente a “la unidad de quemados del Partido Popular” que aclare a sus afiliados y a todos los murcianos si cuando se le abra juicio oral va a cumplir con sus Estatutos y va a expulsarlo o a permitir que siga cobrando un sueldo público.

Pedro Antonio Sánchez se encuentra actualmente involucrado en dos procesos judiciales: la Operación Púnica, en la que la Audiencia Nacional considera que trató de contratar servicios de reputación online con dinero público, y ahora el Caso Auditorio, por la legitimación de las obras durante su etapa como alcalde de Puerto Lumbreras.

Aunque ya abandonó la presidencia “por temor a un pacto de gobierno entre PSOE, Ciudadanos y Podemos”, actualmente sigue ocupando su cargo de diputado en la Asamblea Regional y una importante labor dentro del equipo del gobierno regional, por lo que apenas ha perdido reputación dentro de su partido tras los dos varapalos judiciales.

El portavoz regional del Partido Popular, Víctor Martínez, ha señalado respecto al auto del juez Julián Pérez-Templado sobre la construcción del auditorio de Puerto Lumbreras que “lo más importante y lo primero que han dejado claro el juez y el fiscal que no falta un euro, todo el dinero está en la obra y nadie ha metido la mano”.

Para Víctor Martínez “estamos ante un paso más dentro de un proceso judicial abierto, en ningún caso firme, no es una sentencia” ha dicho para insistir en que “el dinero público, hasta el último euro de la subvención se ha invertido en la construcción del auditorio”, tal y como constata la resolución judicial.

El portavoz del PPRM ha afirmado que “ conforme avanza el procedimiento se van desmontado las acusaciones vertidas por la oposición” en referencia a los los denunciantes ya que estamos ante un asunto que se inicia por una denuncia del Partido Socialista y Podemos se ha personado como acusación particular.

“Confiamos en que el proceso avance, que lo haga con celeridad y todo se pueda aclarar y solucionar cuanto antes” ha dicho Víctor Martínez quien ha añadido que “el Partido Popular se queda con lo que debe preocuparle a los ciudadanos y es que nadie se ha llevado un euro”.

El portavoz popular ha defendido también el respeto a la presunción de inocencia, “dejemos trabajar a la Justicia y pidámosle celeridad” y ha añadido que “Pedro Antonio Sánchez en el ejercicio de sus responsabilidades públicas ha actuado siempre con honradez y transparencia por lo que cuenta con todo nuestro apoyo”.

Ciudadanos exige el acta de diputado

Ciudadanos ha vuelto a exigir al expresidente Pedro Antonio Sánchez que deje su acta de diputado regional tras conocerse su procesamiento por parte del TSJ en relación al ‘caso Auditorio’, que se suma al ya conocido por la rama murciana de la trama Púnica.

La exigencia de medidas ante la más que probable presencia de PAS en el banquillo se extiende al Partido Popular: “La situación es totalmente insostenible tanto para PAS como para el PP ante la acumulación de causas judiciales”, ha afirmado el portavoz regional, Miguel Sánchez, quien ha señalado que “Púnica y Auditorio han empujado la situación del expresidente hasta las últimas líneas rojas que defendía su partido. Ahora solo les queda elegir entre seguir amparando y protegiendo la corrupción o apostar por una verdadera regeneración, que es por lo que clama desde hace tiempo una sociedad murciana cansada y hastiada de esta situación”.

“Esta situación no hace más que confirmar la postura que Ciudadanos ha defendido siempre, desde la primera imputación de Pedro Antonio Sánchez, y que no es otra de que debe defenderse desde el ámbito privado y no ocupar por más tiempo un cargo público pagado por todos los murcianos. No es de recibo que se levante de su escaño para a continuación sentarse en el banquillo”, añade el portavoz naranja.

El magistrado instructor del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Julián Pérez-Templado, ha acordado este viernes continuar el proceso judicial contra el expresidente murciano y actual diputado, Pedro Antonio Sánchez, al apreciar indicios en la presunta comisión de varios delitos.

Tras finalizar las diligencias previas del caso Auditorio, en el que se investiga el proyecto, la adjudicación, la ejecución y la recepción de las obras del Centro Cultural del municipio de Puerto Lumbreras en la etapa en la que Sánchez era alcalde de la localidad, el instructor, a la vista de las actuaciones remitidas por el juzgado de Instrucción 1 de Lorca, y practicadas las diligencias necesarias para determinar la naturaleza de los hechos y el grado de participación de los investigados, ordena la continuación del proceso por los trámites del procedimiento abreviado contra Sánchez.

En un auto notificado este viernes, el juez entiende que podría darse la comisión de los delitos de prevaricación continuada, fraude en la obtención de subvenciones públicas, y prevaricación o fraude de fondos públicos.

Igualmente, ordena que el procedimiento continúe contra el arquitecto Martín Lejarra, responsable del proyecto y ejecución de la obra y Vicente Gimeno Merino, legal representante de la constructora, como cooperadores necesarios en el último de los delitos señalados anteriormente (prevaricación o fraude contra fondos públicos).

El instructor concreta en tres apartados, que luego desglosa en los fundamentos jurídicos, los hechos por los que debe continuar el procedimiento: la contratación irregular del arquitecto, la obtención de una subvención de manera falsaria y sin cumplir la finalidad y los cambios del contrato originario acordados por el ex alcalde, el arquitecto y el constructor para salvar sus responsabilidades

El auto decreta el sobreseimiento provisional para el resto de los investigados en este procedimiento.

Tras esta resolución, siempre que alcance firmeza, el Ministerio Fiscal y las demás acusaciones personadas tienen diez días para formular escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa, “sin perjuicio de que excepcionalmente puedan solicitar la práctica de diligencias complementarias que consideren indispensables para formular acusación”, concluye la parte dispositiva del auto.

PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos han apoyado suprimir el segundo párrafo del artículo 25.2 y del 33.7 del Estatuto de Autonomía, que tendrá que ser ratificado por las Cortes Generales para entrar en vigor, en un proceso que puede alargarse un mínimo de seis meses y que el propio PP podría bloquear con su mayoría absoluta en el Senado.

Con el punto de mira en la sesión de investidura de Fernando López Miras, que arranca en la jornada política del jueves, Ciudadanos permitirá al Partido Popular continuar en el gobierno de la Región de Murcia. Aunque no hay pacto de investidura, el PP se guarda el comodín del Senado para revocar la petición de la formación naranja.

El Partido Popular, a través del diputado Francisco Jódar ha reconocido que la necesidad de dar “estabilidad” a la Región “por encima de todo” ha hecho que renuncien a la intención de que la supresión de aforamientos se hiciera en el marco de una reforma global del Estatuto, en referencia a la condición impuesta por Ciudadanos para facilitar con su abstención la elección de López Miras como presidente.

Tanto PSOE como Podemos han aprovechado su turno para recordar al PP que cuando se debatió este asunto por primera vez en Pleno se abstuvo, con lo que no pudo salir adelante la modificación, y eso llevó a la constitución de una Comisión especial para una Reforma integral del Estatuto de Autonomía, y que su apoyo ahora no es más que una estrategia para mantenerse en el poder.