El caso abierto de un auditorio cerrado

El ‘caso Auditorio’ vuelve a estar de actualidad en una semana crucial para la creación del nuevo Gobierno de la Región de Murcia. Pedro Antonio Sánchez ya se veía como Presidente de la Región -un día antes había conseguido firmar con Ciudadanos un pacto para ser investido como Presidente regional-, cuando este pasado miércoles, 24 de junio, la jueza que investiga las obras del Teatro Auditorio de Puerto Lumbreras, le citó a personarse el próximo día 14 en el Juzgado de Instrucción número 1 de Lorca.

La magistrada Consuelo Andreo pretende averiguar qué ocurrió en la licitación y las obras del Teatro Auditorio de Puerto Lumbreras que comenzaron en 2008, siendo alcalde de la localidad Pedro Antonio Sánchez, el próximo presidente de la Región de Murcia gracias al apoyo de Ciudadanos.

Conviene precisar que Sánchez no se encuentra imputado, algo que ha sido muy repetido en las últimas horas por su partido, ni tampoco ha sido llamado a declarar. Lo que la jueza Andreo ha determinado en su auto es que el candidato del PP –o bien su abogado- se presente el próximo 14 de julio en el juzgado para informarle de que existe una querella contra él, y los puntos que aborda esa denuncia. También hay que recordar que la magistrada no puede imputarle delito alguno ni tampoco tomar declaración al futuro presidente del Gobierno regional -salvo que declare voluntariamente-, debido a la condición de aforado de Pedro Antonio Sánchez como diputado del Parlamento autonómico. Llegado el caso, deberá ser un juez del Tribunal Superior de Justicia de Murcia quien lo llame a declarar, y entonces será en calidad de imputado.

El Auditorio de Puerto Lumbreras

Los hechos se remontan al 2006, cuando el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras encargó al arquitecto Martín Lejárraga la redacción de un anteproyecto para la construcción de un auditorio. La petición se hizo de forma verbal y no existe constancia de que el consistorio pagase por ese trabajo.

En 2008 se convocó un concurso por valor de 6 millones de euros –procedentes de una subvención de la Comunidad Autónoma- para la construcción de un auditorio ubicado en una zona cercana al ayuntamiento. La licitación fue concedida al mismo Martín Lejárraga y a la empresa Ecisa, S.A. por 338.916,04 euros menos que el dinero planteado por el consistorio, y que coincidía con la subvención.

La documentación se remitió a la Consejería de Educación, Cultura y Universidades, y a mediados de ese año comenzaron las obras. Sin embargo, la ubicación del futuro auditorio se trasladó a las afueras del municipio, a un solar en el que años atrás se había previsto la construcción de una residencia de ancianos privada, y el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras decidió no informar a la Consejería de dicho cambio. No es el único aspecto del proyecto que se modificó, ya que para la construcción de las rampas de acceso al aparcamiento se añadieron más metros, tomados de una calle adyacente.

Con el Plan de Pago a Proveedores de 2012, el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras saldó la deuda con la empresa Ecisa, S.A. y el arquitecto Martín Lejárraga entregándoles los 6 millones de euros. Este pago supuso el final de las obras y su recepción por parte del consistorio. Sin embargo, el acta de recepción por parte del Ayuntamiento –que pone en marcha del período de garantía- se llevó a cabo sin concluir las obras. El proyecto constaba de tres edificios –un Teatro Auditorio, un Centro de Congresos y una Escuela de Danza-, un jardín, una plaza y una pérgola que había de unir los tres edificios. En la actualidad, sólo hay dos edificios terminados y un tramo de la pérgola.

Tras conocer este pago a proveedores, el concejal del Partido Socialista en el municipio, José Manuel Miravete, decidió denunciar el caso, y fue el Ministerio Fiscal quien transformó la denuncia en querella contra Pedro Antonio Sánchez como alcalde en el momento de las obras, y contra 19 personas más por varias supuestas irregularidades.

La querella del fiscal

En su auto de febrero de 2015, el fiscal Jefe de Murcia, Manuel López Bernal, le atribuyó a Pedro Antonio Sánchez un delito continuado de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude contra la Administración y falsedad documental. Señaló que hay indicios de que Pedro Antonio Sánchez incurrió, durante sus años como alcalde de Puerto Lumbreras, en un delito de prevaricación al contratar verbalmente el anteproyecto del Teatro Auditorio; aprobar el expediente, el pliego de cláusulas administrativas particulares, la propuesta de adjudicación, la declaración de validez de la licitación y la adjudicación de los contratos celebrados con el arquitecto Martín Lejárraga y la empresa adjudicataria de la obra Ecisa S.A., algo que describió como “contrario a la ley”, ya que la normativa de contratación de la Administración Pública lo prohíbe explícitamente. El fiscal López Bernal añadió que la ley, para el exalcalde de Puerto Lumbreras, “significa poco menos que papel mojado”.

También señaló que el futuro presidente de la Comunidad de Murcia pudo haber incurrido en un delito de malversación de caudales públicos, ya que pagó 338.916,04 euros más de lo estipulado en el contrato a la empresa Ecisa S.A., cantidad que, según el fiscal, es “sospechosamente coincidente, al céntimo, con la rebaja realizada por Ecisa S.A.” para conseguir la licitación para la construcción de un teatro auditorio, que iba a realizarse con una subvención procedente de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades.

El Ministerio Fiscal vio indicios de un fraude contra la Administración, al concertar con la empresa Ecisa S.A. la recepción, como representante del Ayuntamiento, de unas obras inacabadas y que para ser concluidas y puedan ser abiertas al público –según dictamen pericial- requieren de un gasto de 2.278.451,52 euros. Además, habría que añadir un presunto delito de falsedad en documento oficial.

El traslado a Lorca

A pesar de todos estos indicios y del auto del Fiscal Jefe de Murcia, los jueces del Tribunal Superior de Justicia decidieron enviar la causa a un juzgado de primera instancia, en marzo de este año, para que se llevara a cabo una investigación más completa y exhaustiva. En su auto, los magistrados entienden que el TSJ de Murcia es competente para conocer los supuestos delitos que se le asocian a Pedro Antonio Sánchez –por su condición de aforado-, pero añaden que existen 19 personas que no son aforadas, y que deben ser investigadas por un juzgado de primera instancia. En el caso de Puerto Lumbreras, el partido judicial correspondiente es el de Lorca.

El fiscal recurrió la decisión de los jueces del TSJMU y la calificó de “estrambótica y arbitraria”, pero las semanas siguieron pasando y Pedro Antonio Sánchez quedó momentáneamente a salvo de una nueva imputación. No quedó ahí el asunto, pues pocos días antes de las elecciones, Podemos Región de Murcia se querelló en el Supremo contra los tres jueces del tribunal murciano, por entender que el traslado de la causa a Lorca escondía despejar el camino del candidato del PP a la Presidencia del Gobierno regional y procurarle una placentera campaña electoral.

La citación y la investidura

La investigación del ‘caso Auditorio’ continúa. La jueza Consuelo Andreo sigue con las diligencias y recabando información. Del trabajo de la magistrada depende el futuro de Pedro Antonio Sánchez, ya que si se derivara una hipotética actuación delictiva –algo que ya apuntó el Fiscal Jefe de Murcia-, la causa sería separada y enviada al Tribunal Superior de Justicia para llamarlo en calidad de imputado. Y ya como presidente de la Comunidad, Sánchez debería dar explicaciones al juez sobre su actuación al frente del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras.

En estos momentos hay dos escenarios posibles: que la causa quede en nada y se termine archivando, con lo que el discurrir de Sánchez al frente del Gobierno regional quedaría judicialmente despejado; o que la causa derive en una posible imputación, con lo que según el acuerdo de investidura sellado entre el PP y C’s, Pedro Antonio Sánchez tendría que renunciar a su cargo.

Además, existen serias dudas: en PSOE y Podemos porque se intuye, como sus líderes han declarado en los últimos días, que las prisas del Partido Popular por celebrar la investidura a finales de la semana pasada se debía a que los populares temían que el 'caso Auditorio' comenzase a moverse en Lorca, como así ha sucedido; y en Ciudadanos, por la incertidumbre que genera la situación y porque Pedro Antonio Sánchez ha insistido en afirmar que se irá si se le imputa un delito de “corrupción política”, precisión que ha chirriado en el seno del partido naranja.

Tampoco es descabellado que haya dudas en el propio PP, donde se podrían plantear un relevo para Pedro Antonio Sánchez si la imputación llega en los próximos meses. Nombres no faltan. Además, y en ese caso, Mariano Rajoy –que ya ha confirmado que se presenta a la reelección- querrá evitar la foto con Pedro Antonio Sánchez, una instantánea en plena campaña electoral que le puede marcar negativamente en su carrera por seguir en La Moncloa.