Una de las escasas poblaciones que hay en la provincia de Guadalajara de la alondra ricotí, especie declarada en peligro de extinción, se encuentra en Maranchón, una localidad donde se proyectan cinco macrogranjas avícolas que podrían provocar un “daño irreversible” a la conservación de la especie.

Así lo ha denunciado este martes la Plataforma para la Defensa del Valle y Hoces del Mesa, que explica que el borrador del Plan de recuperación de la alondra ricotí, publicado recientemente por la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad de la Junta de Castilla y La Mancha, sitúa una de las subpoblaciones del ave en coincidencia “casi total” con la ubicación de estas granjas.

“El despliegue de las granjas implica trabajos para la construcción de estas instalaciones y tráfico de camiones pesados por la zona donde se supone que está habitando la alondra ricotí”, asegura Pedro García, portavoz de la plataforma. Además, asegura que se trata de un ave “muy tímida, huidiza y que responde muy mal ante cualquier intervención humana”.

“Implicaría que dejaría de anidar en estas zonas que es su hábitat natural y al romper el hábitat natural y además establecer una especie de barrera entre las diferentes poblaciones que a un lado y a otro de la zona de Maranchón existen de esta alondra ricotil pues inhabilitaría los corredores ecológicos necesarios para que la alondra se distribuya por todo el norte de la provincia de Guadalajara”, añade.

García detalla que en España quedan como 3.000 machos reproductores de la alondra ricotí, 500 de los cuales se ubican la provincia de Guadalajara y 200 en el entorno de Maranchón. “Ahora mismo está catalogada como peligro de extinción, al borde de lo que se denomina estado crítico. Se calcula que, de no establecer medidas activas para protegerla, en un par de décadas la especie se extinguiría”, afirma el portavoz.

Por ello, desde la plataforma han pedido al Ayuntamiento de Maranchón “que tome nota de este nuevo hecho que podría provocar, de seguir el proceso de tramitación de estas granjas, un daño irreversible a la conservación de la especie” y que detenga el proceso de tramitación urbanística de la macrogranja ubicada en la pedanía de Clares, que es la que tiene su proyecto más avanzado.

Más de 400.000 gallinas en un espacio protegido

El proyecto de instalación de cinco macrogranjas avícolas industriales que se quieren posicionar en el término municipal de este municipio y sus cuatro pedanías -Turmiel, Codes, Clares y Balbacil- también recibió críticas el pasado mes de diciembre por parte de Ecologistas en Acción, que alertaban de la “amenaza que suponen” para una laguna y una planta protegida, así como de su afectación a la ZEC/ZEPA 'Parameras de Maranchón, Hoz del Mesa y Aragoncillo', que forma parte de la Red Natura 2000.

En concreto, señalaban que la macrogranja de La Nava se ubicaría directamente sobre la Laguna Seca, un humedal temporal que se encharca en los periodos de lluvia y que tiene “gran valor para la biodiversidad”.

Su cubeta es hábitat de la planta endémica Tanacetum vahlii, que solo habita en las parameras y macizos calcáreos del Sistema Ibérico en las provincias de Guadalajara, Soria, Burgos, Teruel y Zaragoza. Actualmente, figura en la Lista Roja de la Flora Vascular Española y está incluida en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha como “vulnerable”.

Tanto Ecologistas en Acción como la Plataforma han presentado numerosas alegaciones y escritos solicitando la desestimación de las cinco macrogranjas, que sumarían más de 400.000 gallinas en un espacio protegido y “ya maltratado por la proliferación desmedida de parques eólicos”.

El proyecto para construir una macrogranja porcina en Pozuelo (Albacete), impulsado por Cefusa, una empresa vinculada a la conocida marca comercial ElPozo, ha sido rechazado por el Gobierno de Castilla-La Mancha.

La Consejería de Desarrollo Sostenible publica este jueves una resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha en la que la Dirección General de Calidad Ambiental declara la imposibilidad de continuar con el procedimiento de evaluación de impacto ambiental del expediente para esta explotación de producción y recría de lechones.

El planteamiento urbanístico del Ayuntamiento de Pozuelo ha sido clave. En 2023 este pueblo inició su particular batalla para blindarse frente a las explotaciones ganaderas intensivas, la industria que en este caso buscaba extenderse desde la vecina Región de Murcia a Albacete.

Se propuso una modificación de Plan de Ordenación Municipal (POM) con el objetivo de preservar el suelo rústico “de transformaciones ajenas a la naturaleza de estos terrenos”. Esta era una petición recurrente de las plataformas sociales y vecinales contrarias a las macrogranjas.

La reforma introducía una regulación de la ganadería, especialmente la intensiva, que permita garantizar, no solo “la preservación de los valores que originaron la protección de los terrenos en las zonas protegidas” (que ya cuenta con las legislaciones estatal y autonómica), sino también asegurar que los usos del suelo “son coherentes con su utilidad pública la función social de la propiedad y son acordes con el medio ambiente y natural”.

Un proyecto que colea desde hace seis años

El origen de este expediente está septiembre de 2020 cuando la mercantil Cefu, S.A presentó a la Junta de Castilla-La Mancha una solicitud de evaluación de impacto ambiental del proyecto para la producción de miles de cerdos. Generó entonces una fuerte oposición vecinal que se organizó en torno a la Plataforma No a la Macrogranja en Pozuelo y Argamasón.

Las protestas fueron recurrentes tras la pandemia de COVID-19. Los vecinos se han movilizado masivamente con recogidas de firmas y manifestaciones, aunque al proyecto no le faltaron adeptos.

El curso normal del expediente se vio interrumpido por la entrada en vigor de la moratoria regional para nuevas explotaciones ganaderas de porcino en la ley de acompañamiento de los presupuestos aprobada en 2022. Una moratoria que se acabó el pasado 31 de diciembre de 2024, abriendo de nuevo la posibilidad a los más de 60 proyectos que había sobre la mesa y quizá otros nuevos, con una nueva normativa que condiciona la gestión de los purines que fue calificada por las plataformas anti-macrogranjas como una “farsa” y que ha abierto la puerta no solo a este tipo de explotaciones intensivas sino a la industria de producción del biogás que se nutre, entre otras cosas, de residuos de la ganadería.

El 20 de enero de 2025, una vez finalizada la moratoria, se requirió a la empresa promotora la adaptación técnica del proyecto a las nuevas exigencias de gestión de estiércoles.

Dos meses después, el 21 de marzo de 2025, la Dirección General de Calidad Ambiental recibió el informe de Compatibilidad Urbanística emitido por la aparejadora municipal del Ayuntamiento de Pozuelo, “en el que se concluye de forma expresa que la actividad proyectada no es compatible con la normativa urbanística vigente”.

La modificación puntual urbanística realizada por el Ayuntamiento de Pozuelo lo ha impedido al establecer límites de capacidad productiva para las explotaciones ganaderas en función de su ubicación y de los parámetros poblacionales y territoriales. “Ninguna de las cuatro explotaciones propuestas cumple la capacidad máxima autorizable y, por tanto, resultan urbanísticamente incompatibles”, concluye el Gobierno de Castilla-La Mancha. Y esa incompatibilidad, abunda el Ejecutivo regional, “bloquea la evaluación de impacto ambiental”.

Ninguna de las cuatro explotaciones propuestas cumple la capacidad máxima autorizable y, por tanto, resultan urbanísticamente incompatibles

Tomás Villarrubia — Director General de Calidad Ambiental

La decisión se ha tomado a pesar de las alegaciones presentadas por la empresa que han sido desestimadas “de forma íntegra” porque no se aprecian “circunstancias que justifiquen la continuación del procedimiento, dado el carácter vinculante y sobrevenido del informe de incompatibilidad urbanística emitido por el Ayuntamiento de Pozuelo”.

Hay que recordar que se planteaban hasta 51 naves, cerca de la pedanía de Argamasón, para albergar a los animales y proyectos que sumaban capacidad para decenas de miles de cerdos, hasta 85.000 en algunos informes, para un pueblo que no llega a los 500 habitantes.

Pese a todo, esta resolución todavía deja abierta la puerta a que la empresa promotora pueda interponer un recurso de alzada para intentar sacar adelante el proyecto. Este medio ha contactado con la promotora para conocer su valoración sobre la decisión del Gobierno regional, y si habrá o no recurso, aunque hasta el momento no ha sido posible.

Stop Macrogranjas: “Es el resultado de la lucha vecinal”

Inma Lozano, portavoz de la Coordinadora Stop Ganadería Industrial y una de las impulsoras de la plataforma vecinal en Pozuelo ha valorado la decisión del Ejecutivo regional. “Esta es la noticia que veníamos esperando. Por fin, desde que comenzamos preocupados en 2017 con el primer proyecto presentado”.

Cree que “es el resultado de la lucha vecinal” porque “la plataforma que no ha dejado ni un momento de preocuparse por el estado del proyecto. Primero informándose de los efectos tanto ambientales, económicos y demográficos que supondría para la zona. Y después reclamando al Consistorio, órgano sustantivo que tenía, como siempre le hemos venido reclamando, herramientas municipales para frenar estos proyectos y proteger el futuro de toda la comarca”.

Lozano ha recordado que la macrogranja porcina proponía instalar hasta 18 balsas de purines, “y después con el nuevo proyecto presentado en plena pandemia, era algo más pequeño, pero todavía monstruoso”.

“Podemos celebrar que nuestra comarca, nuestros municipios: Pozuelo, Argamasón, La Zarza, Peñas de San Pedro, Casa Cañete, La Solana, San Pedro... estarán libres de proyectos de ganadería industrial del calibre que planteaba la empresa Cefu, SA/ El Pozo”.

Lo más importante y efectivo que debe hacer un ayuntamiento es establecer limitaciones a través de su plan de ordenación urbana

Inma Lozano — Portavoz Coordinadora Stop Ganadería Industrial

Ha agradecido a la plataforma y a la Coordinadora Stop Ganadería Industrial “que apoya, asesora y acompaña a los pueblos en este duro proceso de David contra Goliat. Son muchos los pueblos que están defendiendo su territorio frente a proyectos devastadores pero cada vez son más los que son rechazados y paralizados por las denuncias que venimos haciendo”, señalaba en declaraciones a este medio.

En su opinión, “más allá de declaraciones, ordenanzas, suspensiones temporales.... lo más importante y efectivo que debe hacer un ayuntamiento es establecer limitaciones a través de su plan de ordenación urbana”, asegura, tras lo ocurrido con este caso. “Si el ayuntamiento no da compatiblidad urbanística, fundamentada en su Plan de Ordenación Urbana, el Gobierno regional no puede dar ni la Declaración de Impacto Ambiental ni la Autorización Ambiental Integrada ”.

Además, decía, “con la euforia del logro conseguido, animamos al resto de plataformas a seguir luchando y defendiendo sus territorios, su agua y el futuro de las generaciones que vendrán. Felicidades a todos los vecinos y gracias por no frenarse en todos estos años en su defensa del territorio”, ha concluido.

L'Audiència Provincial de Balears ha admès a tràmit el recurs d'apel·lació presentat contra l'arxivament del cas de la coneguda com a “macrogranja dels horrors” de Llucmajor (Mallorca), en el qual se sol·licitava la recerca de possibles delictes de maltractament animal, contra el medi ambient, contra l'ordenació del territori i d'estafa al consumidor. El procediment es reobre en aquesta fase exclusivament a l'efecte d'estudi del recurs, després que el Jutjat d'Instrucció número 11 de Palma acordés el sobreseïment provisional en considerar que no quedava acreditada la comissió de cap delicte per part de l'empresa Avícola Son Ballester –l'activitat comercial de la qual desenvolupa sota la marca Avícola Són Perot S.A–, tal com va informar aquest diari. Cal assenyalar que l’explotació avícola ha estat en el focus informatiu arran de les imatges publicades en primícia per aquest diari el 26 de maig de 2025 i que es van fer virals per les condicions de manca d’higiene i brutícia extremes de l’interior.

El despatx Peñas Roldán Abogados, que defensa la plataforma veïnal ‘Stop Macrogranja Llucmajor sense olors ni mosques’, va presentar un recurs d’apel·lació contra l’interlocutòria del Jutjat d’Instrucció número 11 de Palma en entendre que la decisió del sobreseïment de les actuacions s’havia produït sense haver esgotat “les possibilitats d’indagació i investigació dels fets”. “És que ni tan sols s’han iniciat”, va lamentar Lorenzo Peñas a elDiario.es. Els veïns i veïnes afectats, ara constituïts en una plataforma, insistien que s’havien adherit a la denúncia presentada per les associacions de protecció mediambiental i animal ARDE i Satya Animal a causa de “les males condicions de vida que patien els mateixos a causa de la situació d’insalubritat de la granja en qüestió”.

Nati García, que viu a la urbanització de Tolleric —a un quilòmetre de la granja—, va comprar la casa on viu el 2003. Aleshores, segons el seu relat, ja arribaven olors de la granja, però en cap cas com ara. “Quan es va tornar insuportable va ser a partir del 2019: vam passar d’olors puntuals a una situació insostenible”, va assenyalar a aquest diari. “Hem de tancar portes i finestres perquè els gasos fètids, possiblement tòxics, no entrin a les cases”, afegia. Pep, que viu a escassos 500 metres de la granja, va lamentar en aquest sentit que no podia “menjar fora ni tampoc a la cuina”.

En el recurs d’apel·lació —ara acceptat a tràmit— es recordava que l’explotació avícola, quan va ser ampliada, va començar a funcionar “sense la corresponent autorització administrativa, sent coneixedores d’aquest extrem les autoritats competents”. El motiu de la denúncia es fonamenta, segons assenyalaven, en una sèrie de “danys i perjudicis patits pels veïns confrontants amb la granja des de l’any 2019”. L’origen del dany que denuncien és, asseguren, en les “plagues d’insectes i mosques” i en les “males olors” que van començar a produir-se en totes les residències properes a l’explotació avícola. Els fets denunciats per la plataforma veïnal van ser comprovats en inspeccions posteriors de tècnics del Govern balear, segons els expedients administratius consultats per aquest diari.

“Perjudici emocional i econòmic”

A aquests danys denunciats cal sumar, afirmen, una “pèssima gestió del tractament dels cadàvers dels animals, havent-se trobat durant diversos anys diferents fosses d’animals morts als voltants de l’explotació”. Aquests danys els han comportat, lamenten, un perjudici “tant emocional com econòmic”, segons la seva versió, motiu pel qual van decidir constituir-se en plataforma. Anteriorment, afirmen que van fer arribar les seves denúncies a les administracions de manera individual, sense resultat.

A causa del perjudici que afirmen patir, es van presentar com a acusació particular després de l’obertura de diligències, en les quals se sol·licitava investigar la societat mercantil, propietària de l’explotació avícola, per la comissió de possibles delictes de maltractament animal, contra el medi ambient, contra l’ordenació del territori, així com d’estafa al consumidor. “És important aquest extrem, perquè no només estem parlant d’un maltractament animal, sinó que també està en risc la salut de les persones, no havent-se practicat cap diligència en relació amb els quatre apilonaments il·legals de fems que es van localitzar, es van fotografiar i es van comunicar a l’autoritat competent els anys 2024 i 2025”, van argumentar.

Pel que fa al possible delicte contra l’ordenació del territori, la plataforma veïnal considera, després d’haver estudiat el sòl de la zona, que hi ha sospites fonamentades que “la majoria de les naus construïdes a la zona l’any 2017, concretament sis de les set naus —cal assenyalar que una ha estat tancada—, es troben construïdes en sòl no urbanitzable”. Així mateix, alguna de les naus podria estar construïda, afirmen, sobre una Zona d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA).

Tot i que afirmen haver sol·licitat l’obertura de diferents diligències (la declaració dels representants legals de l’empresa en qualitat d’investigats; la declaració testifical de càrrecs públics tant de l’Ajuntament de Llucmajor com del Govern; la declaració de la representant legal de la mercantil AENOR; l’aportació de la cèdula urbanística de totes les parcel·les on s’han construït les set naus de l’empresa per comprovar si les obres de reforma es van fer d’acord amb la llei; la declaració d’un pèrit catedràtic que pugui valorar els “diferents focus de plagues i infecció”, així com la declaració del veterinari de la macrogranja), el jutge instructor només ha tingut en compte “el concís informe emès pel Seprona en què només es fa referència a l’absència aparent de maltractament animal, sense aprofundir en cap altre aspecte, com ara el tema de les plagues d’insectes a les cases veïnes, les males olors o el tracte donat als cadàvers de la granja”.

Segons els veïns, el jutge instructor només ha tingut en compte 'l'escàs informe emès pel Seprona en què només es fa referència a l'absència aparent de maltractament animal, sense aprofundir en cap altre extrem'

En l’escrit presentat davant el Jutjat d’Instrucció número 11 de Palma es denunciava la presència d’animals morts, les deficiències higienicosanitàries i els riscos per a la salut animal i pública derivats de les condicions de la macrogranja. A més, s’hi va adjuntar l’informe emès pel Servei de Protecció de la Natura (Seprona) de la Guàrdia Civil, complementat per un de Ramaderia i Sanitat Animal, dependent de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural del Govern.

El jutjat va descartar els delictes denunciats

La interlocutòria judicial reconeixia la presència de cadàvers de gallines en diferents estats de descomposició a les instal·lacions, cosa que evidenciava deficiències en la seva retirada i, per tant, en les condicions higienicosanitàries. Tanmateix, va concloure que aquestes deficiències corresponien a infraccions administratives, ja sancionades, i no penals. De fet, després del reportatge publicat per aquest diari, es va iniciar una investigació per part de les autoritats que va derivar en el tancament d’una de les naus, l’adopció de mesures cautelars, a més d’una multa superior a 200.000 euros per set faltes greus i una de lleu.

Després del reportatge publicat per aquest diari, es va iniciar una investigació per part de les autoritats que va derivar en el tancament d'una de les naus, assumpció de mesures cautelars, a més d'una multa superior a 200.000 euros per set faltes greus i una lleu

Pel que fa a l’alta mortalitat de l’explotació, el jutjat va argumentar que els índexs es trobaven dins dels límits considerats “normals” —segons la interlocutòria—, és a dir, per sota de l’1%. Un percentatge que no s’atribueix a cap classe de maltractament ni malaltia. La jutgessa tampoc no va considerar que existissin riscos sanitaris a l’explotació de Mallorca, una conclusió que es desprenia de les proves de sanitat animal realitzades, que van descartar els serotips de salmonel·la controlats, “no apreciant-se risc sanitari d’entitat penal”, recollia la resolució.

Pel que fa a la presència de rosegadors i els nombrosos errors de bioseguretat de les naus on s’allotgen les aus, el jutjat va reiterar que es consideraven estrictament incompliments de caràcter administratiu per part de l’empresa del sector alimentari. A més, es va considerar que aquests incompliments, ja corregits, no van causar un perjudici greu acreditat per a la salut o el medi ambient.

Finalment, respecte al possible delicte de maltractament animal, la Sala va descartar el delicte de l’article 340 bis del Codi Penal en interpretar que no s’havia comès un maltractament actiu o dolós. Afegia, així mateix, que no quedava acreditada cap lesió greu, ni patiment greu ni tampoc morts causades per una conducta penalment rellevant.

En aquest sentit, va resoldre que les deficiències detectades a la macrogranja de Llucmajor, que afectaven el benestar de les gallines, no “assoleixen el llindar de gravetat exigit pel tipus penal”. Per aquests motius, en considerar que els fets no constituïen delicte —sense perjudici de les responsabilitats administratives—, el jutjat va decretar el sobreseïment provisional de la causa. No obstant això, l'Audiència Provincial de Balears ha admès a tràmit el recurs d'apel·lació presentat pels afectats, que sol·licita la recerca de possibles delictes de maltractament animal, contra el medi ambient, contra l'ordenació del territori i d'estafa al consumidor.

La Audiencia Provincial de Balears ha admitido a trámite el recurso de apelación presentado contra el archivo del caso de la conocida como “macrogranja de los horrores” de Llucmajor (Mallorca), en el que investigaban posibles delitos de maltrato animal, contra el medio ambiente, contra la ordenación del territorio y de estafa al consumidor. El procedimiento se reabriría a efectos de estudio del recurso, después de que el Juzgado de Instrucción número 11 de Palma acordara el sobreseimiento provisional al considerar que no quedaba acreditada la comisión de ningún delito por parte de la empresa Avícola Son Ballester –cuya actividad comercial desarrolla bajo la marca Avícola Son Perot S.A–, como informó este diario. Cabe señalar que la explotación avícola ha estado en el foco informativo a raíz de las imágenes publicadas en primicia por este diario el 26 de mayo de 2025 y que se hicieron virales por las condiciones de falta de higiene y suciedad extremas de su interior.

El despacho Peñas Roldán Abogados, que defiende a la plataforma vecinal ‘Stop Macrogranja Llucmajor sense olors ni mosques’, presentó un recurso de apelación contra el auto del Juzgado de Instrucción número 11 de Palma al entender que la decisión del sobreseimiento de las actuaciones se había producido sin haber agotado “las posibilidades de indagación e investigación de los hechos”. “Es que ni tan siquiera se han iniciado”, lamentó Lorenzo Peñas a elDiario.es. Los vecinos y vecinas afectados, ahora constituidos en una plataforma, insistían en que se habían adherido a la denuncia presentada por las asociaciones de protección medioambiental y animal ARDE y Satya Animal debido a las “las malas condiciones de vida que estaban padeciendo los mismos debido a la situación de insalubridad de la granja en cuestión”.

Nati García, que vive en la urbanización de Tolleric —a un kilómetro de la granja—, compró la casa en la que vive en 2003. Entonces, según su relato, ya llegaban olores de la granja, pero en ningún caso como ahora. “Cuando se volvió insoportable fue a partir de 2019: pasamos de olores puntuales a que fuera insostenible”, señaló a este diario. “Tenemos que cerrar puertas y ventanas para que los gases fétidos, posiblemente tóxicos, no entren en las casas”, añadía. Pep, que vive a escasos 500 metros de la granja, lamentó a este respecto que no podía “comer fuera ni tampoco en la cocina”.

En el recurso de apelación –ahora aceptado a trámite– se recordaba que la explotación avícola, cuando fue ampliada, empezó a funcionar “sin la correspondiente autorización administrativa, siendo conocedor de dicho extremo las autoridades competentes”. El motivo de la denuncia se fundamenta, según señalaban, debido a una serie de “daños y perjuicios sufridos por los vecinos colindantes a la granja desde al año 2019”. El origen del daño que denuncian está, aseguran, en las “plagas de insectos y moscas” y por los “malos olores” que empezaron a producirse en todas las residencias aledañas a la explotación avícola. Los hechos denunciados por la plataforma vecinal fueron probados en consiguientes inspecciones de técnicos del Govern balear, según los expedientes administrativos consultados por este diario.

“Perjuicio emocional y económico”

A estos daños denunciados hay que sumar, afirman, una “pésima gestión de tratamiento con los cadáveres de los animales, habiéndose encontrado durante varios años diferentes fosas de animales muertos en las inmediaciones de la explotación”. Estos daños les han reportado, lamentan, un perjuicio “tanto emocional como económico”, según su versión, motivo por el cual decidieron constituirse en una plataforma. Anteriormente, afirman que hicieron llegar sus denuncias a las administraciones individualmente, sin resultado.

Debido al perjuicio que afirman estar sufriendo, se presentaron como acusación particular tras la apertura de diligencias, en las cuales se solicitaba investigar a la sociedad mercantil, dueña de la explotación avícola, por la comisión de posibles delitos de maltrato animal, contra el medio ambiente, contra la ordenación del territorio, así como de estafa al consumidor. “Es importante dicho extremo, porque no solo estamos hablando de un maltrato animal, sino que también está en riesgo la salud de las personas, no habiéndose practicado diligencia alguna en relación a los cuatro amontonamientos ilegales de estiércol que se localizaron, se fotografiaron y se comunicó a la autoridad competente en el año 2024 y 2025”, argumentaron.

Respecto al posible delito contra la ordenación del territorio, la plataforma vecinal considera, tras haber estudiado el suelo de la zona, que existen sospechas fundadas de que “la mayoría de las naves construidas en la zona en el año 2017, concretamente seis de las siete naves –cabe señalar que una ha sido cerrada–, se encuentran construidas en suelo no urbanizable”. Asimismo, alguna de las naves podría estar construida, afirman, sobre una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).

Pese a que afirman haber solicitado la apertura de diferentes diligencias (la declaración de los representantes legales de la empresa en calidad de investigados; la declaración testifical de cargos públicos tanto del Ayuntamiento de Llucmajor como del Govern; declaración de la representante legal de la mercantil AENOR; la aportación de la cédula urbanística de todas las parcelas donde se han construido las siete naves de la empresa para comprobar si las obras de reforma se hicieron conforme a la ley; la declaración de un perito catedrático que pueda valorar los “diferentes focos de plagas e infección”, así como la declaración del veterinario de la macrogranja), el juez instructor solo ha tenido en cuenta “el escueto informe emitido por el Seprona en el que solo se hace referencia a la ausencia aparente de maltrato animal, sin profundizar en ningún otro extremo, como puede ser el tema de las plagas de insectos en las casas colindantes, los malos olores o el trato dado a los cadáveres de la granja”.

Según los vecinos, el juez instructor solo ha tenido en cuenta 'el escueto informe emitido por el Seprona en el que solo se hace referencia a la ausencia aparente de maltrato animal, sin profundizar en ningún otro extremo'

En el escrito presentado ante el Juzgado de Instrucción número 11 de Palma se denunciaba la presencia de animales muertos, las deficiencias higiénico-sanitarias y los riesgos para la salud animal y pública derivados de las condiciones de la macrogranja. Además, se adjuntó el informe emitido por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, complementado por uno de Ganadería y Sanidad Animal, dependiente de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural del Govern.

El juzgado descartó los delitos denunciados

El auto judicial reconocía la presencia de cadáveres de gallinas en distintos estados de descomposición en las instalaciones, lo que evidenciaba deficiencias en la retirada de los mismos, y, por lo tanto, de las condiciones higiénico-sanitarias. Sin embargo, concluyó que estas deficiencias correspondían a infracciones administrativas, ya sancionadas, y no penales. De hecho, después del reportaje publicado por este diario, se inició una investigación por parte de las autoridades que derivó en el cierre de una de las naves, asunción de medidas cautelares, además de una multa superior a 200.000 euros por siete faltas graves y una leve.

Después del reportaje publicado por este diario, se inició una investigación por parte de las autoridades que derivó en el cierre de una de las naves, asunción de medidas cautelares, además de una multa superior a 200.000 euros por siete faltas graves y una leve

En cuanto a la alta mortandad de la explotación, el juzgado argumentó que los índices se encontraban dentro de los límites considerados “normales” –según el auto del juzgado–. Es decir, por debajo del 1%. Un porcentaje que no se atribuye a ningún tipo de maltrato ni enfermedad. La jueza tampoco consideró que existieran riesgos sanitarios en la explotación de Mallorca, una conclusión que se desprendía a partir de las pruebas de sanidad animal realizadas, que descartaron los serotipos de salmonella controlados, “no apreciándose riesgo sanitario de entidad penal”, recogía el fallo.

Respecto a la presencia de roedores y los numerosos fallos de bioseguridad de las naves donde se alberga a las aves, el juzgado reiteró que se consideraban estrictamente incumplimientos de carácter administrativo por parte de la empresa del sector alimenticio. Además, se consideró que dichos incumplimientos, ya corregidos, no causaron un perjuicio grave acreditado para la salud o el medio ambiente.

Por último, respecto al posible delito de maltrato animal, la Sala descartó el delito del artículo 340 bis del Código Penal (CP) –que regula los actos delictivos cometidos en contra de los animales– al interpretar que no se había cometido un maltrato activo o doloso. Añadía, asimismo, que no quedaba acreditada ninguna lesión grave, ni el sufrimiento grave ni tampoco muertes causadas por una conducta penal que se pudiera considerar relevante.

En ese sentido, resolvió que las deficiencias detectadas en la macrogranja de Llucmajor, que afectaban al bienestar de las gallinas, no “alcanzan el umbral de gravedad exigido por el tipo penal”. Por estos motivos, al considerar no ser los hechos constitutivos de un delito –sin perjuicio de las responsabilidades administrativas–, el juzgado decretó el sobreseimiento provisional de la causa. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Balears ha admitido a trámite el recurso de apelación presentado por los afectados, que solicita la investigación de posibles delitos de maltrato animal, contra el medio ambiente, contra la ordenación del territorio y de estafa al consumidor.

* Una primera versión de esta información aseguraba erróneamente que la Audiencia Provincial había ordenado reabrir el caso.

La granja de cerdos de Castellote (Teruel), que está bajo lupa debido a los animales heridos, agonizantes y que han convivido con cadáveres en avanzado estado de descomposición, trabaja con Mazana, una empresa especializada en producción porcina, al menos desde el 28 de noviembre de 2025. Ubicada en Huesca, posee el sello de bienestar animal Welfair, que garantiza supuestamente que “los animales de granja y matadero son criados y tratados respetando altos estándares de bienestar”. La agroganadera suministra vacunas; abono, semillas y cereales, y se encarga de la supervisión técnica de la instalación, según la documentación a la que ha accedido elDiario.es.

La ficha de control de cebaderos es un documento técnico que se utiliza en explotaciones de engorde (por ejemplo, porcino) para registrar y supervisar el estado de los animales, las instalaciones y el manejo. Este documento acredita que hubo una entrada de 400 cerdos el pasado 28 de noviembre en una de las naves y otra de 435 el 3 de diciembre.

La marca Costa Brava Mediterranean Foods (Grupo Cañigueral) es la otra empresa con sello de bienestar animal Welfair que trabajó anteriormente con la polémica granja, propiedad de Ganados La Yruela S.C. Esta empresa catalana rescindió su relación con la explotación porcina en el último trimestre de 2025, aunque las razones no han trascendido. Este diario ha podido acreditar que el 2 de noviembre del año pasado se trasladaron 119 cerdos de la categoría de cebo hacia su matadero, propiedad de Frigoríficos Costa Brava S.A. Esta sociedad recibió cerca de 2 millones de euros de fondos europeos de la PAC (Política Agraria Común) entre 2015 y 2024, según la Open Knowledge Foundation Deutschland.

Costa Brava Mediterranean Foods, socio único del Grupo Cañigueral, dispone de 300 granjas propias o integradas, 17 plantas de producción especializada y tiene presencia en más de 60 países. Afirman que “el 100% de nuestras granjas propias e integradas están certificadas en Bienestar Animal”. En un comunicado remitido a este diario, informaron de que la granja en cuestión “nunca ha sido propiedad de nuestra organización y que actualmente no provee de animales a nuestro grupo”.

Señalaron, además, que los suministros que en el pasado hayan podido llegar a sus instalaciones “contaban con los requisitos indicados en el Reglamento General de Certificación en Bienestar Animal Welfair” y que “en ningún caso se detectó ningún tipo de afectación similar a las imágenes informadas”. Añadieron que no han detectado “problemáticas de este tipo en las inspecciones realizadas en nuestras instalaciones”. Una portavoz de Welfair se limitó a resaltar que la granja “no está certificada” con el sello de bienestar animal.

Una nueva empresa, bajo el foco

Mazana, con sede en Capella (un pueblo de la comarca de la Ribagorza, en Huesca), es una empresa agroganadera especializada en producción porcina, fabricación de piensos, así como logística comercial, según su web. “Unimos los esfuerzos de cientos de familias dedicadas a la producción porcina con las necesidades de la industria alimentaria y la sociedad, logrando alcanzar los más altos estándares en materia de eficiencia, calidad, seguridad alimentaria y sostenibilidad”, afirman.

Entre los objetivos de la empresa, destacan que quieren “seguir siendo una empresa familiar en un mercado global” y añaden que las personas, la innovación, la calidad y el medio ambiente están entre sus principios fundamentales. “Apostamos por involucrar a las personas como factor determinante, manteniéndonos fieles a nuestros principios pero siempre mirando al futuro, con la innovación, la calidad y la sostenibilidad como premisas”, manifiestan.

Este diario se ha puesto en contacto telefónicamente con un responsable de producción porcina de Mazana, a quien se le preguntó por su relación con la polémica granja de cerdos, y si es la responsable de suministrar pienso, medicamentos (vacunas), así como de su gestión técnica. “Bueno, a ver, no te voy a dar ningún tipo de información, solo decirte que por ahí están corriendo unos hechos, que no sé si son ciertos o no, no lo sé, pero cuando ocurrieron no estaba gestionada por nosotros”, ha respondido. Sin embargo, se le menciona que hay documentos que prueban lo contrario.

El más reciente es un albarán de salida de dos vacunas (Auskipra GN -100 dosis-, para la enfermedad Aujeszky y Stellamune Mycoplasma –125 dosis–, para la neumonía enzoótica porcina) desde Mazana Piensos Compuestos S.L hasta Ganados La Yruela S.C., con fecha del 10 de febrero de 2026. Por otro lado, hay una entrada de 400 cerdos el 28 de noviembre en una de las naves y otra de 435 el 3 de diciembre.

Esta entrada de animales coincide con el cambio de propietario de la granja –cuyo nombre no ha trascendido–, y que ocurrió a finales de noviembre, según publicó Climática. Las primeras imágenes grabadas por ARDE son del 30 de octubre y 2 y 3 de noviembre de 2025, mientras que las últimas son del 24 y 25 de febrero de 2026. “Bueno, yo no tengo más que decirte. Solo te puedo decir la verdad”, ha afirmado el responsable de Mazana.

Este diario se ha puesto en contacto con un responsable de calidad de la empresa, sin que haya sido posible obtener una respuesta. Se le consultaba sobre cuál es la relación entre Mazana y la granja de cerdos de Castellote; si dicha empresa es la encargada de la gestión de la explotación y cuál era la relación comercial que tenían con el dueño de la granja.

En cuanto a Welfair, que gestiona su sello de bienestar animal, fuentes de la firma señalan a este diario que la granja dejó de estar certificada en noviembre de 2025 y que recientemente ha experimentado un cambio de titularidad. “El nuevo propietario ha iniciado el proceso de certificación en marzo de 2026 a través de una entidad de certificación independiente”, señalan. Asimismo, indican que esta mañana han llevado a cabo “una auditoría no anunciada”, en la cual, “no se han observado las condiciones mostradas en las imágenes difundidas”. “Estamos procesando la información recogida y la trazabilidad de los animales”, afirman. Por otro lado, concluyen que los animales que presentan lesiones o patologías incompatibles con los estándares sanitarios “no acceden a la cadena alimentaria”. “Animales como los mostrados no llegan al consumidor, garantizando así la seguridad alimentaria y la protección de la salud del consumidor”, concluyen.

Cerdos con heridas por canibalismo

En un primer reportaje, este diario informó sobre las presuntas irregularidades en una granja de cerdos de Castellote (Teruel), donde se veían animales con heridas producidas por canibalismo y cerdos agonizantes que no recibían los suficientes cuidados veterinarios. Además, algunos de ellos estaban muy sucios, con hernias o abscesos. De las imágenes también se desprendía una gestión deficiente de los cadáveres, algunos de ellos acumulados en las instalaciones en contacto con los cerdos vivos, además de ratones vivos. Sin embargo, los hechos descritos a través de las imágenes grabadas, no han sido acreditados por la inspección del Gobierno de Aragón, donde gobierna Jorge Azcón (PP) en funciones.

Tras la publicación del reportaje, fuentes de la Consejería de Agricultura y Ganadería de Aragón explicaron a elDiario.es que, a raíz de las denuncias recibidas en el Departamento, técnicos veterinarios de la Oficina Comarcal Agraria (OCA) de Alcorisa (Teruel) se desplazaron a la explotación ganadera de Castellote señalada (este martes) para realizar las comprobaciones oportunas, levantando el acta correspondiente. Según estas mismas fuentes, tras la inspección “no se han detectado irregularidades ni en materia de bienestar animal ni en el ámbito sanitario” y constataron “un estado óptimo de higiene en cada uno de los corrales”.

La granja, con una capacidad aproximada de 1.300 animales y en la que en ese momento había alrededor de 910 cabezas, mantenía tres animales apartados por enfermedad conforme a los protocolos establecidos, según las mismas fuentes. Asimismo, añaden, se verificó que la gestión de los cadáveres “se realiza de manera correcta y de acuerdo con la normativa vigente”. Este diario ha solicitado el acceso al expediente de la inspección de forma anonimizada, protegiendo los datos personales de las partes afectadas, sin que haya sido posible obtenerlo.

Bebedero sucio, larvas y ratones

Las imágenes grabadas por ARDE mostraban cerdos con abscesos de grasa y pus, heridas en las patas, hernias, cadáveres dentro de la granja, presencia de ratones, el bebedero sucio y lleno de moscas, larvas en el suelo de la explotación, así violencia por parte de los operarios, que propinó patadas a uno de los cerdos. La veterinaria Laura Barreda, en un informe, consideró que las imágenes evidenciaban “presuntas deficiencias graves” en materia de bienestar animal y bioseguridad. Un extremo que, sin embargo, no ha sido acreditado por la inspección de un organismo dependiente de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

Entre las presuntas irregularidades, en referencia a las condiciones de alojamiento y cría, la veterinaria describía la existencia de “suelos húmedos, cubiertos de excrementos”. Los animales tenían, afirmaba Barreda, “problemas locomotores” como cojeras e imposibilidad de incorporarse, así como heridas, algunas de ellas “producidas por canibalismo”. Había animales, además, que no estaban recibiendo “los cuidados necesarios, ya que podemos observar cerdos agonizando o incapaces de moverse”. 

Por otro lado, la veterinaria observaba irregularidades en la “gestión de animales enfermos y cadáveres”. En este sentido, apuntaba a que había animales enfermos y heridos “sin tratamiento ni sacrificio”; cadáveres acumulados en las instalaciones, “en avanzado estado de descomposición, con miasis, en contacto con animales aún vivos”. Barreda lamentaba que se desconocía “si hay contenedores de cadáveres en las instalaciones o cómo se gestionan los residuos”. En cuanto a las condiciones de bioseguridad, la profesional valoraba como “un riesgo” la presencia de otros animales en las instalaciones, como ratones y un perro.

Una granja de cerdos de Castellote (Teruel), que trabaja con empresas certificadas en bienestar animal, mantiene animales heridos, agonizantes y conviviendo con cadáveres en descomposición dentro de las instalaciones, según las imágenes inéditas a las que ha tenido acceso elDiario.es. Las grabaciones fueron realizadas por la entidad de protección medioambiental y animal ARDE entre los días 30 de octubre y 2 y 3 de noviembre de 2025 y 24 y 25 de febrero de 2026. La entidad ha denunciado los hechos ante la Fiscalía Provincial de Teruel por “presuntos delitos de maltrato animal, contra la salud pública y publicidad engañosa”.

Los animales tienen heridas producidas por canibalismo; hay cerdos agonizantes que no reciben los suficientes cuidados veterinarios y algunos de ellos están muy sucios, con hernias o abscesos. Además, de las imágenes se desprende una gestión deficiente de los cadáveres, algunos de ellos acumulados en las instalaciones en contacto con los cerdos vivos, además de ratones vivos.

La granja, ubicada en la comarca del Maestrazgo, cuenta con dos naves y una capacidad de hasta 1.500 cerdos. Está vinculada a la comunidad de bienes La Yruela y a Ganados La Yruela S.C., cuyo representante legal es Joaquín Dolz Adell, según la documentación interna consultada por este diario. Esta también refleja que 700 lechones fueron trasladados desde Cebaderos Porcinos S.L., cuyo representante es Carlos Dolz Adell, hacia Ganados La Yruela S.C. en enero de 2025. Esta empresa no ha respondido a las preguntas de este diario.

Por otro lado, Ganados La Yruela S.C. mantiene relaciones comerciales con Frigoríficos Costa Brava, matadero vinculado a la marca Costa Brava Mediterranean Foods del Grupo Cañigueral, según la documentación interna a la que ha accedido este diario. El 2 de noviembre de 2025 se trasladaron 119 cerdos de la categoría de cebo hacia este matadero. Hay certificados de limpieza y desinfección de vehículos de transporte de animales de carretera en el interior de las instalaciones, donde figura Frigoríficos Costa Brava S.A., a fecha de 28 de octubre. Frigoríficos Costa Brava S.A. recibió cerca de 2 millones de euros de fondos de la PAC entre 2015 y 2024, según la Open Knowledge Foundation Deutschland.

Costa Brava Mediterranean Foods, socio único del Grupo Cañigueral –que opera con diferentes sellos de calidad, así como la certificación en bienestar animal Welfair– dispone de 300 granjas propias o integradas, 17 plantas de producción especializada y tiene presencia en más de 60 países. Su presidenta es Elisabeth Cañigueral Borrás, también consejera delegada de Costa Brava Foods S.A.U. y vicepresidenta de la patronal Foment del Treball.

Tras las preguntas de elDiario.es, fuentes de Costa Brava Mediterranean Foods explican que “dicha explotación nunca ha sido propiedad de nuestra organización y que actualmente no provee de animales a nuestro grupo”. En este sentido, señalan que los suministros que en el pasado hayan podido llegar a sus instalaciones “contaban con los requisitos indicados en el Reglamento General de Certificación en Bienestar Animal Welfair” y que “en ningún caso se detectó ningún tipo de afectación similar a las imágenes informadas”.

Asimismo, subrayan que la compañía “mantiene un firme compromiso con el bienestar animal” y que sus plantas de sacrificio, despiece y fabricación están certificadas bajo este estándar. Añaden que sus servicios sanitarios oficiales inspeccionan los animales antes y después del sacrificio, incluyendo la verificación de los requisitos de bienestar animal conforme a la normativa comunitaria europea. En este sentido, indican que no han detectado “problemáticas de este tipo en las inspecciones realizadas en nuestras instalaciones”. Fuentes de Welfair se limitan a explicar que la granja “no está certificada” con el sello de bienestar animal.

Este diario ha trasladado una consulta a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón, dirigida por Javier Rincón (PP). Fuentes del Ejecutivo autonómico indican, ante este posible caso de maltrato animal, que los veterinarios de la administración sanitaria de la Oficina Comarcal Agraria (OCA) de Alcorisa realizarán en las próximas horas “una inspección biosanitaria en la finca”. El objetivo es, señalan, verificar “el estado de la explotación y el bienestar de todos los animales”. “Si se encuentra algún tipo de incumplimiento, el Departamento actuará con total transparencia y rotundidad por las vías legales establecidas en normativa en sanidad animal”, remarcan. Las mismas fuentes, sin embargo, afirman que el Departamento de Agricultura y Ganadería “no tenía constancia previa de este posible caso ni de ningún incumplimiento relacionado con cuestiones biosanitarias en dicha explotación”.

Falta de transparencia

El nuevo caso de la ‘granja de los horrores’ de Aragón, unido a los anteriores desvelados por este diario, revela una falta de transparencia en el modo de funcionamiento de los sellos de bienestar animal, como es el caso de Welfair. En esta nueva investigación, hay una contradicción entre lo que dice Costa Brava Mediterranean Foods y lo que asegura el propio sello. Por un lado, a través del buscador de Welfair se puede comprobar que Frigoríficos Costa Brava S.A. –que es el matadero del grupo Costa Brava Mediterranean Foods– consta como empresa certificada.

Esta empresa recibió el 17 de octubre de 2025 –dos semanas antes de que se grabaran las primeras imágenes– 190 cerdos de la categoría de cebo procedente de esta explotación, según la documentación consultada por este diario. La certificación Welfair, explica el sello en su web, tiene como objetivo fundamental “mostrar que los animales de granjas y mataderos han sido cuidados bajo estrictos estándares de bienestar avalados científicamente”. Este caso, sin embargo, revela contradicciones entre ambas empresas, de modo que no es posible saber si existen irregularidades o control sobre toda la cadena de producción.

En una investigación anterior, este diario desveló que AENOR había ofrecido a la 'granja de los horrores' de Mallorca pactar la fecha de la auditoría de “bienestar animal” que fue favorable. La instalación, certificada con el sello Welfair, había superado una inspección el 20 de mayo, que AENOR propuso que fuera acordada, según comprobó elDiario.es a través de correos internos. Las imágenes grabadas entre el 21 y 29 de abril, en cambio, mostraban suciedad extrema, cadáveres y maltrato animal. Posteriormente, AENOR suspendió el sello de bienestar animal de la ‘granja de los horrores’ de Mallorca, debido a las graves imágenes difundidas que mostraban la convivencia de aves vivas con cadáveres en avanzado estado de descomposición, ratas, suciedad extrema y otras irregularidades.

Cerdos vivos conviven con cadáveres descompuestos

Las imágenes muestran cerdos con abscesos de grasa y pus, heridas en las patas y hernias; cadáveres en avanzado estado de descomposición dentro de la granja; presencia de ratones; bebederos sucios y llenos de moscas; larvas en el suelo; así como violencia por parte de uno de los operarios hacia los animales. La revisión del material audiovisual evidencia la existencia de presuntas deficiencias graves en materia de bienestar animal y bioseguridad, según un informe de Laura Barreda, veterinaria de Castellón, consultado por este diario.

Entre las presuntas irregularidades, en relación con las condiciones de alojamiento y cría, se describen suelos húmedos y cubiertos de excrementos. Los animales presentan, afirma Barreda, “problemas locomotores” como cojeras e imposibilidad de incorporarse, así como heridas, algunas “producidas por canibalismo”. Hay animales que “no están recibiendo los cuidados necesarios, ya que podemos observar cerdos agonizando o incapaces de moverse”. Asimismo, hay cerdos “muy sucios, con heridas abiertas, abscesos y hernias”.

Barreda valora que, en el caso de las hernias, si no se tratan a tiempo “pueden alcanzar un gran tamaño”, pudiendo “llegar a atrapar órganos internos y poner en riesgo la vida del animal”. Estas heridas pueden generar lesiones en la piel y ser objeto de “canibalismo por parte de otros cerdos”. En cuanto a los abscesos, indican que los animales padecen alguna enfermedad y pueden “favorecer la entrada de patógenos e infecciones sistémicas”.

Por otro lado, la veterinaria observa irregularidades en la gestión de animales enfermos y cadáveres: animales heridos “sin tratamiento ni sacrificio” y cadáveres acumulados “en avanzado estado de descomposición, con miasis, en contacto con animales aún vivos”. Barreda señala que “se desconoce si hay contenedores de cadáveres en las instalaciones o cómo se gestionan los residuos”.

En relación con las imágenes del operario dando patadas a los cerdos, las califica de “maltrato intencionado” en el contexto de su traslado “de un recinto a otro”. En las imágenes se aprecian signos de “miedo, dolor y angustia”, con animales que se pisan, se empujan e incluso practican canibalismo, de forma espontánea o sobre heridas abiertas. Son comportamientos que, añade, no se producen “en instalaciones adecuadas ni en la naturaleza”.

En cuanto a las condiciones de bioseguridad, la profesional considera “un riesgo” la presencia de otros animales en las instalaciones. Así, observa la entrada de un trabajador con un perro, además de la presencia de roedores en contacto con los animales y su comida. La presencia de gusanos es “consecuencia de la poca higiene”. Ambas situaciones “implican un riesgo de transmisión de enfermedades como la leptospirosis”, una zoonosis grave transmitida a humanos a través de la orina de animales infectados o de agua y suelo contaminados.

Riesgo “grave” para la salud pública

Barreda considera que las deficiencias observadas “no solo comprometen el bienestar animal, sino que también representan un riesgo grave para la salud pública”. La convivencia de cerdos vivos con cadáveres en descomposición, junto a la presencia de roedores y otros animales, favorece la proliferación de bacterias, virus y parásitos transmisibles al ser humano.

Entre ellos, menciona la leptospirosis; la salmonela, que puede provocar fiebre, diarrea y, en casos graves, septicemia; y cepas patógenas de E. coli, asociadas a infecciones gastrointestinales. También alerta de la yersiniosis, vinculada al consumo de carne de cerdo poco cocinada, y de bacterias como Clostridioides difficile, asociadas a infecciones intestinales. Asimismo, advierte del riesgo de virus como la gripe porcina, con síntomas similares a la gripe estacional en humanos, y de la hepatitis E, que puede transmitirse por el consumo de carne de cerdo o jabalí mal cocinada.

La veterinaria señala además la posible presencia de parásitos como la triquinosis, que se contrae al consumir carne cruda o poco cocinada; la tenia del cerdo; y la toxoplasmosis, especialmente peligrosa para mujeres embarazadas por el riesgo de malformaciones fetales. También menciona otros parásitos intestinales que pueden transmitirse por vía fecal-oral.

Por todas estas razones, Barreda concluye que existen “condiciones insalubres” en la explotación, con suelos cubiertos de excrementos que generan “altas cargas microbianas” y pueden transmitirse a trabajadores y al entorno. Además, la mezcla de animales sanos con heridos o moribundos “favorece la propagación de patologías”.

Posible vulneración de la normativa

Tras el análisis de las imágenes, la veterinaria considera que podrían estarse incumpliendo varios puntos de la normativa europea relativa al bienestar animal en cría y alojamiento, que obliga a evitar sufrimiento innecesario y a garantizar la atención inmediata a animales enfermos o heridos. También apunta a posibles incumplimientos en la normativa sobre gestión de subproductos animales, que establece la recogida y eliminación higiénica de cadáveres y prohíbe su contacto con animales vivos, así como en la normativa sobre enfermedades transmisibles.

En el ámbito medioambiental, Barreda destaca que la producción porcina puede tener un impacto significativo, especialmente por la generación de nitratos y emisiones de amoníaco. Subraya que la mejora de las condiciones higiénicas y de las instalaciones es clave para reducir el uso de antibióticos. Sin embargo, advierte de que las condiciones observadas podrían implicar un aumento de zoonosis y del uso de medicamentos, lo que incrementa el riesgo para la salud pública debido a las resistencias antimicrobianas.

En conjunto, concluye que las imágenes reflejan “violaciones sistemáticas, reiteradas y graves” de la normativa de bienestar y sanidad animal. Los animales, afirma, “sufren dolor, miedo y agonía” por deficiencias en alojamiento e higiene, así como por prácticas de maltrato y una gestión inadecuada de cadáveres. Por ello, considera necesario investigar de forma “inmediata” las explotaciones implicadas y aplicar las sanciones correspondientes. Además, propone medidas urgentes como la mejora de las condiciones higiénicas, la supervisión veterinaria diaria, la eutanasia de animales no aptos, la retirada reglamentaria de cadáveres y la formación del personal en bienestar animal.

La Revuelta de la España Vaciada ha concluido este domingo 16 de noviembre su VII Asamblea General, celebrada durante el fin de semana en Molina de Aragón, con la presencia de representantes de plataformas rurales de muchas provincias.

La cita, que ha coincidido con el fin de semana en que se celebra el Día del Orgullo Rural, se ha organizado este año en Castilla-La Mancha y, según sus organizadores, “ha permitido reafirmar el compromiso conjunto frente al abandono institucional, la despoblación y las nuevas formas de agresión al territorio”.

Este encuentro —que da continuidad a la trayectoria iniciada tras la gran manifestación de Madrid en 2019— ha servido para “evaluar la situación actual del mundo rural y para consensuar las líneas estratégicas comunes de acción para 2026”, según explican desde la organización del encuentro. El 31 de marzo de 2026 se cumplirán siete años de esta gran movilización en la capital nacional.

Igualmente, se ha reforzado la coordinación entre los colectivos que integran la Revuelta de la España Vaciada y los surgidos en los últimos años, reunidos en el recién creado movimiento social 'Salvemos el mundo rural agredido', al cual pertenecen plataformas como Aliente, Stop Ganadería Industrial, Abrazo al Agua, colectivos de Stop Biogás y agrupaciones que luchan contra la minería agresiva con el territorio, así como plataformas que defienden el ferrocarril convencional y los servicios públicos, como el transporte, y la sanidad pública rural.

La falta de vivienda pública por “abandono o procesos especulativos”

Durante el debate se abordó “de forma especial” el problema del acceso a la vivienda, adaptado a las distintas realidades demográficas y económicas de cada provincia. Las plataformas coincidieron en que la falta de vivienda pública—ya sea, dicen, “por abandono, por procesos especulativos o por la inexistencia de un parque público realista”— continúa impidiendo que la población joven pueda quedarse en sus pueblos, dificultando el arraigo y frenando cualquier proyecto de revitalización.

Se ha incidido en la necesidad de que “la vivienda en la España vaciada sea más competitiva, atendiendo a las propiedades y condiciones que puede ofrecer una vivienda en el medio rural, no solo para mantener la población de la zona y ayudar a los habitantes de los pueblos, sino también para fomentar la llegada de nuevos pobladores”, explican.

Otro bloque central fue el impacto de las energías renovables “implantadas sin planificación”, consideradas por la mayoría de los colectivos como la mayor agresión actual al territorio rural.

Las plataformas denunciaron que el Estado está convirtiendo extensas comarcas en “zonas de sacrificio”, citando ejemplos visibles en todo el país: macropolígonos fotovoltaicos que cubren miles de hectáreas productivas o instalaciones eólicas que “destruyen paisajes naturales emblemáticos”. Rechazan también que “en lugar de impulsar las comunidades energéticas, se están desviando fondos para las empresas privadas”.

También se habló de los numerosos proyectos de biogás y macrogranjas, los cuales “contaminan suelos, aire y agua, e impactan muy negativamente en la biodiversidad”. Todas estas agresiones, recordaron, ya han sido señaladas por entidades científicas y por divulgadores ambientales, como los analizados públicamente en los últimos años por expertos del CSIC.

Las “pobres herramientas en defensa ante los colosales incendios”

Por otro lado, la Revuelta de la España Vaciada continúa poniendo el problema de los incendios entre sus prioridades. “Año tras año la sociedad es testigo de cómo el abandono institucional, la acumulación de combustible y la falta de recursos materiales y personales, ponen en riesgo los montes. La situación vivida cada verano con los incendios han supuesto la ruina para unos territorios ricos en recursos naturales, pero pobres en herramientas de defensa ante los colosales incendios”, critican desde el colectivo.

El colectivo se ha propuesto hacer un seguimiento de las leyes que afectan al mundo rural y a la despoblación, como la ley impulsada por el Gobierno de Castilla-La Mancha, o el Plan de 130 medidas frente al reto demográfico del MITECO, al que “el Tribunal de Cuentas, tras la evaluación del plan, ha recomendado rediseñar la estrategia del empleo de los fondos presupuestados”.

La Asamblea concluye reforzando la idea de que “solo desde la unión y la coordinación nacional será posible frenar el deterioro del territorio rural”.

El Tribunal Supremo ha dictado sentencia firme al desestimar el recurso de la empresa promotora del proyecto de la explotación en la localidad soriana de Noviercas, Valle de Odieta, para la construcción de la que hubiera sido la mayor macrogranja de Europa.

Las organizaciones ecologistas Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace y WWF han celebrado el fallo del Tribunal Supremo que desestima, definitivamente, el proyecto de la macrogranja de Noviercas y contra el que no cabe recurso.

Según ha explicado Greenpeace a través de un comunicado, el proyecto, como tantos otros, “atenta contra un modelo de alimentación verdaderamente sostenible, ocasiona maltrato y sufrimiento animal y que es inconcebible dentro de los límites planetarios”.

En diciembre de 2022 se publicó el Real Decreto 1053/2022 por el que se establecen normas básicas de ordenación de las granjas bovinas.

Con esta normativa, no solo se puso fin al proyecto de la macrogranja de Noviercas, sino que se fijó un umbral máximo de 850 Unidades de Ganado Mayor (UGM), unas 725 vacas lecheras más la recría, según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, para futuros proyectos o ampliación de los existentes.

Con esto, el Gobierno español eliminó completamente la posibilidad de que se pusiera en marcha esta macrogranja, pero también de que se presentaran otras similares.

En 2023, Valle de Odieta S.C.L., Ganados Jiménez Cambra y Can Trébol presentaron recursos para impugnar esta normativa y, ante esto, Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace y WWF se personaron como parte demandada para sostener que el Real Decreto se ajusta a la legalidad y ayudar a que se mantuviera en pie.

Desde entonces, el Tribunal Supremo dictó sendas sentencias desestimando los recursos de las dos últimas empresas, pero faltaba el referente a Valle de Odieta, que acaba de fallar.

“La justicia ha puesto punto final a la que hubiera sido la mayor macrogranja de Europa, por lo que estamos de celebración” ha declarado Jaime Doreste, abogado que ha llevado el caso y representante de las organizaciones ecologistas.

“Tras años de espera, esta sentencia llega en el momento perfecto para lanzar un mensaje a la sociedad y al sector: las macrogranjas no tienen sentido en un planeta en llamas”, ha concluido Doreste.

Verdes Equo y Chunta Aragonesista (CHA) han presentado una Proposición No de Ley (PNL) en el Congreso de los Diputados, a través del grupo parlamentario plurinacional Sumar, para reducir gradualmente a la mitad la producción intensiva de vacas, cerdos y pollos, de aquí a 2030.

Así lo han anunciado en Granada el diputado de CHA y portavoz adjunto del Grupo Plurinacional Sumar en el Congreso, Jorge Pueyo, y la coportavoz federal de Verdes Equo, Mar González, que con esta medida buscan reducir un 30% las emisiones de metano producidas por la ganadería intensiva, causantes del 10% de los gases de efecto invernadero en España, y favorecer la ganadería extensiva para mejorar la salud, la economía local y el bienestar animal.

Para ello, instan al Gobierno a establecer una moratoria para nuevas macroexplotaciones como las dos de ganado porcino que hay Granada y a cerrar aquellas que ya están contaminando zonas vulnerables.

Mar González ha manifestado que el modelo de las macrogranjas “no tiene futuro, genera beneficios privados a corto plazo, pero deja pérdidas públicas a largo, como contaminación, acuíferos envenenados, malos olores, pérdida de salud y de vida en los pueblos. Los beneficios se los quedan unos pocos, las consecuencias las pagamos todas”.

“Lo hemos visto con las macrogranjas del Altiplano de Granada, donde vecinos y vecinas viven rodeados de balsas de purines, olores insoportables y un paisaje cada vez más degradado. Nos quieren hacer creer que hay que elegir entre empleo hoy o futuro mañana, pero es un falso dilema. Hay alternativas reales: la ganadería extensiva, la familiar, la que cuida la tierra, crea empleo digno y mantiene los pueblos vivos. Eso sí es progreso”, ha añadido González.

Para Jorge Pueyo, diputado de Chunta Aragonesista, “la situación en Andalucía es similar a la Aragón: mismo modelo y mismos impactos: macrogranjas que contaminan, fondos de inversión que se lucran y pueblos que pagan las consecuencias. Dos territorios con una misma herida. Nos venden que las macrogranjas fijan población, pero los estudios demuestran lo contrario”.

Pueyo ha criticado que en Aragón “el PP, por la presión de Vox, ha eliminado los límites a las macrogranjas. Esto disparará la contaminación y los fondos internacionales harán competencia desleal a las granjas familiares.

Ni Aragón ni Andalucía pueden ser zonas de sacrificio, por eso pedimos una moratoria inmediata a las nuevas macrogranjas y una apuesta firme por la ganadería sostenible“.

La plataforma Stop Macrogranja Llucmajor va interposar aquest dimecres diverses denúncies davant la Guàrdia Civil per una presumpta infracció penal com a conseqüència de l'abocament de fems registrat molt a prop de l'entrada de la 'macrogranja dels horrors', ubicada a Llucmajor (Mallorca), tal com ha confirmat a elDiario.es Lorenzo Peñas Roldán, advocat expert en dret administratiu i penal que exerceix la representació legal de la plataforma.

L’explotació avícola ha estat durant els darrers mesos en el punt de mira informatiu arran de les imatges publicades en primícia per aquest diari el passat 26 de maig, que es van fer virals per les condicions de manca d’higiene i brutícia extrema de l'interior. A més, de les imatges se’n desprenia una situació de presumpte maltractament animal envers les gallines. Un cop aquestes imatges es van fer públiques, el Govern va decidir obrir una investigació per constatar aquests fets, així com la penosa situació en què viuen les gallines. En concret, després de verificar que les imatges dels grups de protecció mediambiental i animal ARDE i Satya Animal eren certes, va ordenar el sacrifici de gairebé 20.000 gallines, el tancament de la nau 7 i va proposar una sanció de més de 420.000 euros. Finalment, la sanció es va fixar en poc més de 200.000 euros, tal com va informar aquest diari.

Segons un dels atestats del Seprona de la Guàrdia Civil, al qual ha tingut accés elDiario.es, la denunciant afirma que durant el matí de dimecres, mentre circulava d’hora per la carretera, va comprovar que una unitat de bombers s’havia desplaçat cap a la zona a causa “del bolcat d’un camió que transportava fems amb la finalitat d’abocar-lo” a la finca de Sa Llapassa, és a dir, al femer que hi ha a la granja de Llucmajor, propietat d’Avícola Son Perot S.A. (una de les societats que opera sota la marca Avícola Ballester).

A la denúncia es recorda que sobre l’empresa pesen mesures cautelars dictades per la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural, que dirigeix Joan Simonet (PP), a causa “de les molèsties que genera l’activitat que s’hi du a terme” pel que fa a les males olors i les plagues d’insectes. Una de les mesures cautelars que s’està incomplint, afirma la part demandant, és la “prohibició de transportar restes de fems-gallinassa d’altres finques al lloc”, com poden ser les explotacions de Mirabó i Es Caparó.

Prohibició del transport de fems

La presidenta de la plataforma Stop Macrogranja Llucmajor, Nati García, també ha presentat una denúncia per presumpta infracció penal a les dependències de l’Institut Armat per un presumpte delicte d’“abocament de residus tòxics o perillosos o d’explotació d’instal·lacions amb activitats perilloses”. La denunciant, que afirma desconèixer l’autoria del responsable de l’abocament quan és preguntada pels agents, indica que, com a representant de l’esmentada associació, té coneixement de les mesures cautelars imposades per la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural a la granja Son Perot S.A., situada a la finca de Sa Llapassa, que prohibeix “transportar fems d’altres granges”.

Com a veïna de la urbanització de Tolleric —una de les afectades per les activitats de la granja, cosa que s’ha considerat provada en expedients del Govern— assegura que cada dia, entre dos quarts de set i dos quarts de nou del matí, “sent el pas de camions i els veu dirigir-se a la finca (...) transportant fems”. En aquest sentit, denuncia que durant el matí d’aquest dimecres s’ha produït “un abocament de fems a la via pública que va directament a l’entrada de la finca”, fet que ha provocat el desplaçament de diverses dotacions de Bombers de Llucmajor, així com de la Policia Local. A més, afirma tenir tres vídeos i nou fotografies que demostrarien els fets denunciats.

Fonts de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural expliquen a elDiario.es que durant el matí d’aquest dijous una inspectora acudirà a la granja de Llucmajor, propietat d’Avícola Son Perot S.A., per comprovar com s’està gestionant abocador i veure si s’estan complint les mesures cautelars imposades. A més, informen que l’empresa ha presentat un pla alternatiu per tractar els seus residus que encara no ha estat estudiat pel Govern.

Tanmateix, puntualitzen que aquest nou pla que han de presentar tampoc no permetria traslladar els residus i excrements d’altres granges a l’abocador de Llucmajor. “Per ara no farem declaracions”, asseguren fonts d’Avícola Son Perot S.A. després d’haver consultat l’empresa sobre aquest incident ocorregut als voltants de la seva granja.

Irregularitats en la gestió de l'abocador

Els veïns dels voltants de la granja de Llucmajor ja van traslladar una queixa a la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural el març de 2023 “a causa de les molèsties per olors” provinents de les instal·lacions avícoles. Aquesta denúncia va començar una investigació que va certificar una sèrie de mancances i irregularitats. Per exemple, en una inspecció del 7 d’agost de 2024, es revisa l’abocador per comprovar “l’origen de la plaga de mosques”. En aquesta visita es verifica que, dins de l’abocador, al voltant de la gallinassa i dels fems, hi ha “una gran quantitat de larves i mosques” que desprenen “una forta olor”.

El mateix dia, es du a terme una segona inspecció per part de dues veterinàries i un agent del Seprona. En aquesta, es comprova la presència de tres contenidors estancs a les naus 3C, 6F i 7G —les tres destinades a gallines camperoles—. Aquests dipòsits estan “plens fins a mitja capacitat de cadàvers aproximadament”. Per aquests motius, la Conselleria sol·licita a l’empresa un nou pla de gestió dels fems i dels residus que garanteixi el compliment de la normativa mediambiental.

Són dos els expedients que posteriorment es van unificar en un mateix procediment. El primer acreditava deficiències en la gestió de l’abocador de les explotacions avícoles, així com la manca d’un pla de producció i gestió dels fems. El segon proposava diverses mesures cautelars: en primer lloc, la suspensió parcial de l’activitat de la unitat de producció i reproducció de les gallines; en segon lloc, la suspensió de la cria de les gallines camperoles de la granja de Llucmajor —on la Conselleria d’Agricultura va acreditar a finals de maig deficiències, cosa que va suposar el tancament d’una de les naus— i, finalment, la suspensió temporal de l’ús de l’abocador de Sa Llapassa. L’empresa utilitza aquest abocador per a les explotacions de la granja de Ses Cisternetes —la de Llucmajor—, així com les de Mirabó i Es Caparó.

Abocaments laterals i males olors

El que conclouen l’informe i l’expedient sancionador que fan referència a la gestió de l’abocador, així com al seu pla de gestió —signats els dies 12 de desembre de 2023 i 26 de setembre de 2024, respectivament—, és que s’hi poden haver comès tres infraccions greus i dues de lleus. Segons el document consultat per elDiario.es, l'abocador presenta vessaments laterals que evidencien que l’empresa no disposa d’un sistema eficaç de recollida de lixiviats —líquids contaminants per filtració— ni s’eviten filtracions superficials, la qual cosa podria ser l’origen de les queixes de les associacions veïnals per les males olors. Aquests fets poden suposar una infracció greu segons l’article 185.3 de la Llei 3/2019, referida a la legislació agrària.

El pla de gestió de l’empresa no s’adapta a la normativa vigent, segons l’expedient, fet que pot suposar una infracció lleu d’acord amb l’article 185.1.f) de la Llei 3/2019. L’explotació avícola no disposa d’un pla de desinsectació, cosa que pot constituir una infracció greu segons l’article 84.21 de la Llei 8/2003, de sanitat animal. L’empresa tampoc no té cobert el sistema d’emmagatzematge de fems, la qual cosa pot suposar una infracció greu, com es desprèn de l’article corresponent. A més, tampoc no disposa d’un pla de gestió ambiental on s’indiquin les mesures de control d’emissions de partícules i d’olors. Això pot suposar una infracció lleu d’acord amb l’article 83.4 de la Llei 8/2023.

Amb aquest informe, del 24 de març de 2023, s’inicia un procediment sancionador, que és signat el 26 de setembre de 2024. Comença arran d’una queixa dels veïns dels voltants de la granja “a causa de les molèsties per olors que provenen d’unes instal·lacions agrícoles”. Avícola Son Perot S.A. va presentar al·legacions el 13 de novembre de 2023 sobre l’informe desfavorable al pla de producció i gestió de fems de les explotacions de Ses Cisternetes —la granja que està sota sospita pel seu estat d’insalubritat i les condicions perjudicials en què viuen les gallines—, Mirabó i Es Caparó. No obstant això, l’11 de desembre de 2023, la cap del Servei de Producció Ramadera informa Avícola Son Perot S.A. que “les al·legacions realitzades no esmenen les deficiències” en relació amb abocador, tal com s’indicava en l’informe del 5 d’octubre de 2023. Per tot això, la Conselleria d’Agricultura va proposar una sanció total de 17.000 euros, d’acord amb el que disposen els articles 88 i 89 de la Llei 8/2003, de sanitat animal.

Reducció de gallines ponedores a 40.000

Pel que fa a l’informe i expedient sancionador —signats els dies 20 i 26 de setembre de 2024, respectivament—, de les seves conclusions es desprèn la necessitat de proposar mesures cautelars. En primer lloc, la suspensió parcial de l’activitat de producció i reproducció de les gallines de l’explotació de Ses Cisternetes —de la qual és titular Avícola Son Perot S.A.—, de manera que es proposa disminuir el nombre màxim de gallines ponedores que pot tenir l’explotació. El màxim es fixa en 40.000 aus en un termini màxim de tres mesos, més tard establert fins al 31 de desembre de 2025.

En segon lloc, la suspensió de la forma de cria de gallines camperoles de l’explotació avícola de Llucmajor, que és la que està sota el focus per les seves condicions d’insalubritat i possible maltractament animal, segons va acreditar una inspecció de la Conselleria d’Agricultura a finals de maig. En tercer lloc, la suspensió temporal de l’ús de l’abocador de Sa Llapassa, ubicat també a Llucmajor, per part de les tres explotacions d’Avícola Son Perot “fins que no es demostri el dret d’ús”. Segons es desprèn de l’informe, “l'abocador ja no forma part de la unitat d’explotació Avícola Son Perot S.A., i Sa Llapassa no és un gestor SANDACH (‘subproductes animals no destinats al consum humà’)”.

Així mateix, es reitera la sol·licitud del 12 de juliol de 2024 de presentar, com més aviat millor, “un escrit on s’indiqui el sistema utilitzat per emmagatzemar els fems”. D’altra banda, es requereix aportar el pla de gestió actualitzat de les tres explotacions en un termini de dues setmanes. Com a explotació, afirma el document, pot disposar d’un abocador permanent “sempre que compleixi la normativa” i així ho traslladi —i hagi estat autoritzat— per part de la Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural. A més, se li requereix a l’empresa “el restabliment de les condicions inicials de l'abocador permanent” que fins ara s’utilitzava a Sa Llapassa, entenent per condicions inicials el recinte esmentat lliure fems i gallinàcia —gallines o restes de les mateixes—, així com de qualsevol tipus de plaga.

El document considera provat —després d’una inspecció, el 18 de gener de 2024, de dos tècnics del Servei de Producció Ramadera— que a la nau 6F els animals “no poden accedir de manera ininterrompuda i durant tot el dia a l’espai exterior”, malgrat que els ous s’estaven comercialitzant com a “camperols”. Els sistemes de sortida a l’exterior estan oberts de 17 a 22 hores, a l’hivern i a l’estiu, segons l’informe. A més, els espais lliures dels exteriors de la granja “no estan coberts de vegetació”, malgrat que el reglament europeu obliga a això pel que fa a les gallines camperoles, tal com va publicar elDiario.es.

Plaga de mosques i larves

De la mateixa manera, l’informe assenyala que consten dos burofaxos en els quals es comunica a Avícola Son Perot S.A. que des de l’1 de juny de 2024 “no es prorroga l’autorització per utilitzar l’abocador” situat en els recintes 85 i 91 del polígon 34, parcel·la 9, del municipi de Llucmajor. Per tant, i a efectes de la gestió de les explotacions, “no disposa d’aquest lloc per amuntegar fems”. “I malgrat tot, tenim constància que s’estan realitzant abocaments de gallinàcia a l’abocador esmentat”, afirma l’expedient.

El 7 d’agost de 2024 es duu a terme una nova inspecció al lloc on es troba l’abocador per comprovar “l’origen de la plaga de mosques”. Per això, es desplacen a les instal·lacions dos veterinàries —una del Servei de Producció Ramadera i una altra del Servei de Sanitat i Benestar Animal—. A més, les acompanya un agent del Seprona de la Guàrdia Civil, segons l’informe.

En aquesta visita es comprova que, dins de l’abocador, al voltant de la gallinàcia i de l’abocador hi ha “una gran quantitat de larves i mosques” que desprenen “una forta olor”. Les larves i les mosques s’ubiquen a l’extensió de l’abocador permanent, sobretot a la zona on hi ha els lixiviats i a la part central on “no hi ha cap mena de residu”. A la mencionada ubicació hi ha un treballador de l’empresa que informa que, durant les dues últimes setmanes, s’han introduït en els recintes esmentats vuit camions de gallinàcia i fems. “Aquest fet evidencia que Avícola Son Perot S.A. continua utilitzant aquest abocador per a l’eliminació d’aquests residus”, assenyala el document.

El treballador afirma als inspectors que, en l’últim mes, han sortit entre 40 i 50 camions carregats d’aquests residus. Cada un, tant d’entrada com de sortida, té una capacitat de 18 tones. El mateix dia es realitza una segona inspecció per part de les dues veterinàries i de l’agent del Seprona. En aquesta inspecció es comprova la presència de tres contenidors estancs a les naus 3C, 6F, 7G —les tres destinades a gallines camperoles—.

Eliminació inadequada de cadàvers

Aquests dipòsits estan “plens fins a mitja capacitat de cadàvers aproximadament”. A més, passant per la nau 6F, limitant amb un mur de pedra, hi ha “una fossa d’un metre de profunditat amb dos cadàvers de gallines (restes de potes i plomes), així com terra remoguda recentment per tot el terreny que envolta aquesta fossa”. Del mateix mode, “s’observen restes d’ossos”. Aquests fets van ser documentats mitjançant fotografies i un plànol de la ubicació de la fossa, sosté l’informe.

El 19 de setembre de 2024, el Seprona informa, respecte a l’abocador, que “s’ha apreciat que continua havent-hi acumulació de gallinàcia i que s’havien realitzat moviments” respecte a l’abocador. No es pot precisar si aquests moviments han estat d’entrada o de sortida, o només per canvi d’ubicació o recondicionament dels fems a la plataforma.

A més, segons els arxius del Govern, Avícola Son Perot S.A. ha estat sancionada a causa de les “denúncies de particulars”. Segons el document, per l’eliminació inadequada de cadàvers; per no tenir un sistema de recollida de lixiviats —líquids contaminants per filtració—, per no disposar del pla de gestió dels fems adaptat a la normativa vigent, per deficiències en el Sistema Integral de Gestió de l’Explotació (SIGE), per no tenir cobert el sistema d’emmagatzematge d’excrements i per no disposar d’un pla de gestió ambiental.

A més, l’explotació “no disposa avui dia de l’autorització ambiental integrada”, necessària per a l’activitat ramadera avícola, afirma l’informe, d’acord amb els arxius de l’administració autonòmica. Es tracta d’una “infracció greu” que està en tràmit d’expedient sancionador per part de la Comissió Balear de Medi Ambient, dependent de la Conselleria d’Habitatge, Territori i Mobilitat, segons el document.

L’expedient sancionador, unit a aquest últim informe, assenyala que la falta de comunicació del pla de producció i gestió dels fems pot constituir una “infracció lleu”, segons l’article 185.1.h) de la Llei 3/2019 que regula les activitats agràries a les Balears. L’article 194 preveu, per a les infraccions lleus, una multa de fins a 3.000 euros.

D’altra banda, afirma que no aportar la documentació —requerida pel Servei de Producció Ramadera— en relació amb el pla de gestió dels fems, pot suposar una “infracció greu”, segons el punt vuit de l’article 84 de la Llei 8/2003. L’article 88 preveu que les sancions, en cas que siguin infraccions greus, consistiran en una multa de 3.001 a 60.000 euros.

En tercer lloc, l’abandonament d’animals, dels seus cadàvers o de productes o matèries primeres que comportin un risc sanitari per a la sanitat animal, la salut pública o el medi ambient, pot suposar una “infracció greu”. També es considera infracció l’enviament a destinacions no autoritzades. Així ho estipula l’article 84.20 de la Llei 8/2003, i l’article 88 de la mateixa llei preveu, per a les infraccions greus, una multa entre 3.001 i 60.000 euros.

Finalment, es destaca que el fet d’haver estat sancionat anteriorment “indica que és un establiment de major risc”, segons l’article 9.1 del Reglament 2017/625. Aquest reglament europeu es refereix, entre altres qüestions, als controls realitzats per garantir les normes sobre salut i benestar dels animals. L’article esmentat té en compte l’historial de l’establiment, incloent-hi els resultats d’inspeccions passades i si ha complert amb les normes.

Suspensió del segell de benestar animal

A causa de la seva activitat irregular, AENOR va suspendre el segell de benestar animal Welfair a Avícola Ballester. Tot i això, l’empresa ha continuat venent els ous de “gallines camperoles” amb el segell de benestar animal en alguns supermercats de Mallorca, segons va poder comprovar elDiario.es. Welfair, consultada per aquest diari, va donar una versió diferent.

Fonts de l’entitat van assenyalar que la granja de Llucmajor té suspès el segell de benestar animal fins al 31 de desembre de 2025, a l’espera que es presentin mesures correctores. Aquestes fonts van indicar que la suspensió es va fer efectiva l’1 de juliol passat. Per tant, no es poden comercialitzar ous de tipus camperoles amb el segell Welfair. Per recuperar-lo, a més de presentar un pla de mesures correctores, han de passar una nova auditoria anual, a partir del 2026. D’altra banda, fonts d’Avícola Son Perot van negar, telefònicament, que continuïn venent ous de gallines camperoles amb el segell de benestar animal.

Les imatges comprovades per aquest diari mostraven caixes d’ous de gallines camperoles, amb el segell de benestar animal Welfair i el codi sanitari ES 14.003332/IB, que indica la traçabilitat del producte. Quan s’introdueix aquest número de registre a través del cercador de l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició, dependent del Ministeri de Consum, es comprova que els ous provenen de l’explotació de Llucmajor, coneguda com la ‘macrogranja dels horrors’, que és la que està en el punt de mira de les autoritats.

La plataforma Stop Macrogranja Llucmajor interpuso este miércoles varias denuncias ante la Guardia Civil por una presunta infracción penal como consecuencia del vertido de estiércol registrado muy cerca de la entrada de la ‘macrogranja de los horrores’, ubicada en Llucmajor (Mallorca), tal como ha confirmado a elDiario.es Lorenzo Peñas Roldán, abogado experto en derecho administrativo y penal que ejerce la representación legal de la plataforma.

La explotación avícola ha estado durante los últimos meses en el foco informativo a raíz de las imágenes publicadas en primicia por este diario el pasado 26 de mayo y que se hicieron virales por las condiciones de falta de higiene y suciedad extremas de su interior. Además, de las imágenes se desprendía una situación de presunto maltrato animal hacia las gallinas. Una vez estas imágenes se hicieron públicas, el Govern decidió abrir una investigación para constatar estos hechos, así como la penosa situación en la que viven las gallinas. En concreto, tras verificar que las imágenes de los grupos de protección medioambiental animal ARDE y Satya Animal eran ciertas, ordenó el sacrificio de casi 20.000 gallinas, el cierre de la nave 7 y propuso una sanción de más de 420.000 euros. Finalmente, la sanción se fijó en poco más de 200.000 euros, como informó este diario.

Según uno de los atestados del Seprona de la Guardia Civil, a cuyo contenido ha accedido elDiario.es, la denunciante afirma que durante la mañana del miércoles, mientras circulaba temprano por la carretera, comprobó que una unidad de bomberos se había desplazado hacia la zona debido “al vuelco de un camión que transportaba estiércol con la finalidad de verterlo” en la finca de Sa Llapassa, es decir, en el estercolero que hay en la granja de Llucmajor, propiedad de Avícola Son Perot S.A. (una de las sociedades que opera bajo la marca Avícola Ballester).

En la denuncia se recuerda que sobre la empresa pesan medidas cautelares dictadas por la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, que dirige Joan Simonet (PP), debido “a las molestias que genera la actividad en ella” en cuanto a los malos olores y las plagas de insectos. Una de las medidas cautelas que se está incumpliendo, afirma la parte demandante, es la “prohibición de transportar restos de estiércol-gallinácea de otras fincas al lugar”, como pueden ser las explotaciones de Mirabó y Es Caparó.

Prohibición del transporte de estiércol

La presidenta de la plataforma Stop Macrogranja Llucmajor, Nati García, también ha presentado una denuncia por presunta infracción penal en las dependencias del Instituto Armado un presunto delito de “vertido de residuos tóxicos o peligrosos o de explotación de instalaciones con actividades peligrosas”. La denunciante, que afirma desconocer la autoría del responsable del vertido cuando es preguntada por los agentes, indica que como representante de la indicada asociación tiene conocimiento de las medidas cautelares impuestas por la Conselleria de Agricultura a la granja Son Perot S.A., situada en la finca de Sa Llapassa, que prohíbe “transportar estiércol de otras granjas”.

Como vecina de la urbanización de Tolleric —una de las afectadas por las actividades de la granja, algo que se ha considerado probado en expedientes del Govern— asegura que todos los días, entre las seis y media y las ocho y media de la mañana “escucha el paso de camiones y los ve dirigirse a la finca (...) transportando estiércol”. En este sentido, denuncia que durante la mañana de este miércoles se ha producido “un vertido de estiércol en la vía pública que va a dar directamente a la entrada de la finca”, lo que ha provocado el desplazamiento de varias dotaciones de Bomberos de Llucmajor, así como la Policía Local“. Además, afirma tener tres vídeos y nueve fotografías que demostrarían los hechos denunciados.

Fuentes de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural explican a elDiario.es que este jueves una inspectora va a acudir a la granja de Llucmajor, propiedad de Avícola Son Perot S.A., para comprobar cómo está gestionando el estercolero y ver si se está cumpliendo con las medidas cautelares impuestas. Además, informan que la empresa ha presentado un plan alternativo para tratar sus residuos que todavía no ha sido estudiado por el Govern. Sin embargo, matizan que ese nuevo plan que deben presentar tampoco permitiría trasladar los residuos y excrementos de otras granjas al vertedero de Llucmajor. “Por ahora no vamos a hacer declaraciones”, aseguran fuentes de Avícola Son Perot S.A. tras haber consultado a la empresa este incidente ocurrido en las inmediaciones de su granja.

Irregularidades en la gestión del vertedero

Los vecinos de los alrededores de la granja de Llucmajor trasladaron una queja a la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ya en marzo de 2023 “debido a las molestias por olores” provenientes de las instalaciones avícolas. Esta denuncia dio inicio a una investigación que certificó una serie de carencias e irregularidades. Por ejemplo, en una inspección del 7 de agosto de 2024, se revisa el estercolero para comprobar “el origen de la plaga de moscas”. En esta visita se verifica que, dentro del estercolero, alrededor de la gallinácea y del estiércol, hay “una gran cantidad de larvas y moscas” que desprenden “un fuerte olor”.

El mismo día, se realiza una segunda inspección por parte de dos veterinarias y un agente del Seprona. En ella, se comprueba la presencia de tres contenedores estancos en las naves 3C, 6F, 7G —las tres destinadas a gallinas camperas—. Estos depósitos están “llenos hasta media capacidad de cadáveres aproximadamente”. Por estos motivos, la Conselleria solicita a la empresa un nuevo plan de gestión del estiércol y los residuos, que garantice el cumplimiento de la normativa medioambiental.

En concreto, son dos los expedientes que luego fueron unificados en un mismo procedimiento. El primero acreditaba deficiencias en la gestión del estercolero de las explotaciones avícolas, así como respecto a la falta de un plan de producción y gestión del estiércol. El segundo proponía varias medidas cautelares: en primer lugar, la suspensión parcial de la actividad de la unidad de producción y reproducción de las gallinas; en segundo, la suspensión de la cría de las gallinas camperas de la granja de Llucmajor —donde la Conselleria de Agricultura acreditó a finales de mayo deficiencias, lo que supuso el cierre de una de las naves— y, por último, la suspensión temporal del uso del estercolero de Sa Llapassa. La empresa utiliza este estercolero para las explotaciones de la granja de Ses Cisternetes —la de Llucmajor—, así como las de Mirabó y Es Caparó.

Vertidos laterales y malos olores

Lo que concluye el informe y expediente sancionador que hacen referencia a la gestión del estercolero, así como a su plan de gestión—firmados los días 12 de diciembre de 2023 y 26 de septiembre de 2024, respectivamente—, es que se pueden haber cometido tres infracciones graves y dos leves. Según el documento consultado por elDiario.es, el estercolero presenta vertidos laterales que evidencian que la empresa no dispone de un sistema eficaz de recogida de lixiviados —líquidos contaminantes por filtración— ni se evitan filtraciones superficiales, lo cual podría ser el origen de las quejas de las asociaciones de vecinos por los malos olores. Estos hechos pueden suponer una infracción grave según el artículo 185.3 de la Ley 3/2019, referida a la legislación agraria.

El plan de gestión de la empresa no se adapta a la normativa vigente, según el expediente, lo cual puede suponer una infracción leve de acuerdo al artículo 185.1.f) de la Ley 3/2019. La explotación avícola no dispone de un plan de desinsectación, lo que puede constituir una infracción grave según el artículo 84.21 de la Ley 8/2003, de sanidad animal. La empresa tampoco tiene cubierto el sistema de almacenaje de estiércol, lo que puede suponer una infracción grave, como se desprende del artículo. Además, tampoco dispone de un plan de gestión ambiental donde se indiquen las medidas de control de emisiones de partículas y de olores. Esto puede suponer una infracción leve de acuerdo al artículo 83.4 de la Ley 8/2023.

Este informe, que se inicia el 24 de marzo de 2023, da lugar al inicio de un procedimiento sancionador, que es firmado el 26 de septiembre de 2024. Empieza a raíz de una queja de los vecinos de los alrededores de la granja “debido a las molestias por olores que provienen de unas instalaciones agrícolas”. Avícola Son Perot S.A. presentó alegaciones, el 13 de noviembre de 2023, sobre el informe desfavorable al plan de producción y gestión de estiércol de las explotaciones de Ses Cisternetes —la granja que está bajo sospecha por su estado de insalubridad y las condiciones perniciosas en las que viven las gallinas—, Mirabó y Es Caparó. Sin embargo, el 11 de diciembre de 2023, la jefa del Servicio de Producción Ganadera informa a Avícola Son Perot S.A. de que “las alegaciones realizadas no subsanan las deficiencias” en relación al estercolero, lo que fue indicado mediante informe el 5 de octubre de 2023. Por todo ello, la Conselleria de Agricultura propuso una sanción total de 17.000 euros, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 88 y 89 de la Ley 8/2003, de sanidad animal.

Reducción de gallinas ponedoras a 40.000

En cuanto al informe y expediente sancionador —firmados los días 20 y 26 de septiembre de 2024, respectivamente—, se desprende en sus conclusiones la necesidad de proponer medidas cautelares. En primer lugar, la suspensión parcial de la actividad de producción y reproducción de las gallinas de la explotación de Ses Cisternetes —de la cual es titular Avícola Son Perot S.A.—, de manera que se propone disminuir el número máximo de gallinas ponedoras que puede tener la explotación. El máximo se cifra en 40.000 de aves en un plazo máximo de tres meses. Más tarde, esta exigencia situó el plazo en el 31 de diciembre de 2025.

En segundo, la suspensión de la forma de cría de gallinas camperas de la explotación avícola de Llucmajor, que es la que está situada bajo el foco por sus condiciones de insalubridad y posible maltrato animal, según acreditó una inspección de la Conselleria de Agricultura a finales de mayo. En tercero, la suspensión temporal del uso del vertedero de Sa Llapassa, ubicado también en Llucmajor, por parte de las tres explotaciones de Avícola Son Perot “hasta que no se demuestre el derecho de uso”. Según se desprende del informe, “el estercolero ya no forma parte de la unidad de explotación Avícola Son Perot S.A., y Sa Llapassa no es un gestor SANDACH (acrónimo de ‘subproductos animales no destinados al consumo humano’)”.

Asimismo, se reitera el requerimiento del 12 de julio de 2024 de presentar, en la mayor brevedad posible, “un escrito donde se indique el sistema utilizado para almacenar el estiércol”. Por otro lado, se requiere aportar el plan de gestión actualizado de las tres explotaciones en un plazo de dos semanas. Como explotación, afirma el documento, puede disponer de un estercolero permanente “siempre que cumpla la normativa” y así lo traslade —y haya sido autorizado— por parte de la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Además, se le requiere a la empresa “el restablecimiento de las condiciones iniciales del estercolero permanente” que hasta ahora se utilizaba en Sa Llapassa, entendiendo como condiciones iniciales, el recinto mencionado libre de estiércol y gallinácea —gallinas o restos de las mismas—, así como cualquier tipo de plaga.

El documento considera probado —tras una inspección, el 18 de enero de 2024, de dos técnicos del Servicio de Producción Ganadera— que en la nave 6F los animales “no pueden acceder de manera ininterrumpida y durante todo el día al espacio exterior”, pese a que los huevos se estaban comercializando como “camperos”. Los sistemas de salida al exterior están abiertos desde las 17 a las 22 horas, en invierno y en verano, según el informe. Además, los espacios libres de los exteriores de la granja “no están cubiertos de vegetación”, pese a que el reglamento europeo obliga a ello en lo que se refiere a las gallinas camperas, tal como publicó elDiario.es.

Plaga de moscas y larvas

Del mismo modo, el informe señala que constan dos burofaxes en los que se comunica a Avícola Son Perot S.A. que desde el 1 de junio de 2024 “no se prorroga la autorización para utilizar el estercolero” situado en los recintos 85 y 91 del polígono 34, parcela 9, del municipio de Llucmajor. Por tanto, y a los efectos de la gestión de las explotaciones “no dispone de este lugar para hacer acopio del estiércol”. “Y pese a todo, tenemos constancia de que se están realizando vertidos de gallinácea al estercolero mencionado”, afirma el expediente.

El 7 de agosto de 2024 se lleva a cabo una nueva inspección en el lugar en el que se ubica el estercolero para comprobar “el origen de la plaga de moscas”. Para ello, se desplazan a las instalaciones dos veterinarias —una del Servicio de Producción Ganadera y otra del Servicio de Sanidad y Bienestar Animal—. Además, les acompaña un agente del Seprona de la Guardia Civil, según el informe.

En esta visita se comprueba que, dentro del estercolero, alrededor de la gallinácea y del estiércol, hay “una gran cantidad de larvas y moscas” que desprenden “un fuerte olor”. Las larvas y moscas se ubican en la extensión del estercolero permanente, sobre todo, en la zona donde están los lixiviados y en la parte central donde “no hay ningún tipo de residuo”. En la mencionada ubicación hay un trabajador de la empresa que informa de que, durante las dos últimas semanas, se han introducido en los mencionados recintos ocho camiones de gallinácea y estiércol. “Este hecho evidencia que Avícola Son Perot S.A. continúa usando este estercolero para la eliminación de estos residuos”, señala el documento.

El trabajador afirma a los inspectores que, en el último mes, han salido entre 40 y 50 camiones cargados de estos residuos. Cada uno, tanto de entrada como de salida, tiene una capacidad de 18 toneladas. El mismo día, se realiza una segunda inspección por parte de las dos veterinarias y del agente del Seprona. En ella, se comprueba la presencia de tres contenedores estancos en las naves 3C, 6F, 7G —las tres destinadas a gallinas camperas—.

Eliminación inadecuada de cadáveres

Estos depósitos están “llenos hasta media capacidad de cadáveres aproximadamente”. Además, pasando la nave 6F, limitando a un muro de piedra, hay “una fosa de un metro de profundidad con dos cadáveres de gallinas (restos de patas y plumas), así como tierra removida recientemente por todo el terreno que rodea esta fosa”. Del mismo modo, “se observan restos de huesos”. Estos hechos fueron documentados mediante fotografías y un plano de la ubicación de la fosa, sostiene el informe. El 19 de septiembre del 2024, el Seprona informa, respecto al estercolero, de que “se ha apreciado que continúa habiendo acumulación de gallinácea y que se habían realizado movimientos”, respecto al estiércol. No se puede precisar si estos movimientos han sido de entrada o de salida o únicamente por el cambio de ubicación o reacondicionamiento del estiércol en la plataforma.

Asimismo, de acuerdo a los archivos del Govern, Avícola Son Perot S.A. ha sido sancionada debido a las “denuncias de particulares”. Según el documento, por la eliminación inadecuada de cadáveres; por no tener un sistema de recogida de lixiviados —líquidos contaminantes por filtración—, por no disponer del plan de gestión de estiércol adaptado a la normativa vigente, por deficiencias en el Sistema Integral de Gestión de la Explotación (SIGE), por no tener cubierto el sistema de almacenamiento de excrementos y por no disponer de un plan de gestión ambiental.

Además, la explotación “no dispone a fecha de hoy de la autorización ambiental integrada”, necesaria para la actividad ganadera avícola, afirma el informe, de acuerdo a los archivos de la administración autonómica. Se trata de una “infracción grave” que está en trámite de expediente sancionador por parte de la Comisión Balear de Medio Ambiente, dependiente de la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad, según el documento.

El expediente sancionador, unido a este último informe, señala que la falta de comunicación del plan de producción y gestión de estiércol puede constituir una “infracción leve”, según el artículo 185.1.h) de la Ley 3/2019 que regula las actividades agrarias en Balears. El artículo 194 prevé, para las infracciones leves, una multa de hasta 3.000 euros.

Por otro lado, afirma que no aportar la documentación —requerida por el Servicio de Producción Ganadera— en relación al plan de gestión de estiércol, puede suponer una “infracción grave”, según el punto ocho del artículo 84 de la Ley 8/2003. El artículo 88 prevé que las sanciones, en el caso de que sean infracciones graves, consistirán en una multa de 3.001 a 60.000 euros.

En tercer lugar, el abandono de animales, de sus cadáveres o de productos o materias primas que comporten un riesgo sanitario para la sanidad animal, la salud pública o el medio ambiente, puede suponer una “infracción grave”. También se considera infracción el envío a destinos no autorizados. Así lo estipula el artículo 84.20 de la Ley 8/2003 y el artículo 88 de la misma ley prevé, para las infracciones graves, una multa de entre 3.001 y 60.000 euros.

En último lugar, se señala que el hecho de haber sido sancionado anteriormente “indica que es un establecimiento de mayor riesgo”, según el artículo 9.1 del Reglamento 2017/625. Este reglamento europeo se refiere, entre otras cuestiones, a los controles realizados para garantizar las normas sobre salud y bienestar de los animales. El artículo mencionado tiene en cuenta el historial del establecimiento, incluyendo los resultados de inspecciones pasadas y si ha cumplido con las normas.

Suspensión del sello de bienestar animal

Debido a su actividad irregular, AENOR suspendió el sello de bienestar animal Welfair a Avícola Ballester. Sin embargo, la empresa ha seguido vendiendo los huevos de ‘gallinas camperas’ con el sello de bienestar animal en algunos supermercados de Mallorca, según pudo comprobar elDiario.es. Welfair, consultada por este diario, dio una versión distinta.

Fuentes de la entidad señalaron que la granja de Llucmajor tiene suspendido el sello de bienestar animal hasta el 31 de diciembre de 2025, a la espera de que se presenten medidas correctoras. Estas fuentes indicaron que la suspensión se hizo efectiva el pasado 1 de julio. Por tanto, no pueden comercializarse huevos tipo camperos con el sello Welfair. Para recuperarlo, además de presentar un plan de medidas correctoras, deben pasar una nueva auditoría anual, ya a partir de 2026. Por otro lado, fuentes de Avícola Son Perot negaron, telefónicamente, que sigan vendiendo huevos de gallinas camperas con el sello de bienestar animal.

Las imágenes comprobadas por este diario mostraban cajas de huevos de gallinas camperas, con el sello de bienestar animal Welfair y el código sanitario ES 14.003332/IB, que indica la trazabilidad del producto. Cuando se introduce este número de registro a través del buscador de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, dependiente del Ministerio de Consumo, se comprueba que los huevos provienen de la explotación de Llucmajor, conocida como la ‘macrogranja de los horrores’, que es la que está en el punto de mira de las autoridades.

Un mes després que AENOR suspengués el segell Welfair a Avícola Ballester —que opera sota diverses societats, una d’elles és Avícola Son Perot S.A.—, la marca de la ‘macrogranja dels horrors’ continua venent ous de ‘gallines camperes’ amb el segell de benestar animal en supermercats de Mallorca, segons ha pogut comprovar elDiario.es. A més, continua figurant com a empresa certificada a la web de Welfair.

AENOR, l’entitat privada que gestiona el segell Welfair, va suspendre el certificat de benestar animal l’1 de juliol passat, tal com va informar aquest diari. Almenys això és el que van afirmar fonts de l’empresa a través d’un comunicat. Cal assenyalar que l’explotació avícola de Llucmajor ha estat durant els últims mesos al focus informatiu arran de les imatges publicades en primícia per aquest diari el 26 de maig passat, que es van fer virals per les condicions extremes de manca d’higiene i brutícia al seu interior. A més, de les imatges es desprenia una situació de presumpte maltractament animal cap a les gallines, denunciat per entitats animalistes.

La versió de Welfair, però, és una altra. Fonts de l’entitat assenyalen a elDiario.es que la granja de Llucmajor té suspès el segell de benestar animal fins al 31 de desembre de 2025, a l’espera que es presentin mesures correctores. Aquestes fonts indiquen que la suspensió es va fer efectiva l’1 de juliol passat. “No es poden comercialitzar al mercat ous de tipus camper amb el segell Welfair procedents d’aquesta granja”, asseguren, i afegeixen que Avícola Son Perot té certificada una altra granja, ubicada a Manacor, amb gallines de tipus 2, a terra. “Com va comunicar l’entitat certificadora, aquesta granja manté la certificació Welfair vigent”, afirmen.

Per recuperar el segell de benestar animal per als ous de gallines camperoles, a més de presentar un pla de mesures correctores, han de passar una nova auditoria anual, ja a partir del 2026. D’altra banda, fonts d’Avícola Son Perot també han negat, per telèfon, que continuïn venent ous de gallines camperoles amb el segell de benestar animal.

Les imatges verificades per elDiario.es mostren caixes d’ous de gallines camperoles amb el segell de benestar animal Welfair i el codi sanitari ES 14.003332/IB, que indica la traçabilitat del producte. Quan s’introdueix aquest número de registre a través del cercador de l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició, dependent del Ministeri de Consum, es comprova que els ous provenen de l’explotació de Llucmajor, coneguda com la “macrogranja dels horrors”, que és la que està en el punt de mira de les autoritats.

Les irregularitats detectades

Els fets denunciats en el primer reportatge suposaven, entre altres irregularitats, l'incompliment d’alguns articles del reial decret de normes bàsiques d’ordenació de les granges avícoles, tal com va ser acreditat en l’informe de conclusions de la inspecció. Va ser el resultat d’una visita feta a la granja de Llucmajor durant el matí posterior a la publicació de les imatges —facilitades per les entitats de protecció mediambiental i animal ARDE i Satya Animal— i en la qual figuraven dos agents de la Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural —dependent de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural—, així com agents del Seprona de la Guàrdia Civil.

En aquell primer reportatge, va quedar acreditat també com les gallines camperoles no havien tingut accés a l’exterior de les instal·lacions entre els dies 24 i 29 d’abril, malgrat que és obligatori per llei. D’altra banda, les imatges mostraven que els animals es trobaven en condicions penoses. En aquella gravació de més de tres hores, les gallines vives conviuen amb desenes de cadàvers en diferents estats de descomposició, fins i tot amb esquelets i altres animals, com rates (vives o enverinades) i eriçons. Per aquest motiu, les organitzacions van alertar que la presència d’altres espècies a la granja pot comportar un “risc de transmissió de malalties als humans”, com la salmonel·la (intoxicació alimentària) o la leptospirosi (infecció de la sang), entre d’altres.

Des d’un primer moment —abans dels informes de les autoritats—, les associacions ARDE i Satya Animal ja lamentaven les irregularitats en què operava l’empresa. “Es tracta d’una activitat il·legal que va ser sancionada i que és investigada actualment”, van afirmar fonts d’ARDE a aquest diari. Es referien al fet que els propietaris de la granja de gallines ponedores havien rebut una sanció del Govern de 150.000 euros per no disposar de l’autorització ambiental integrada. Això contravé el que estableix el Reial decret legislatiu 1/2016, que delimita els requisits que s’han de tenir en compte en aquests casos per regular la contaminació. La multa la van rebre per part de la Comissió Balear de Medi Ambient, un òrgan depenent de la Conselleria d’Habitatge, Territori i Mobilitat.

La granja va negar la informació

L’empresa, en canvi, va negar en tot moment la informació que traslladava aquest diari. “Avícola Son Perot reafirma el seu compromís amb el benestar animal i la legalitat de les seves instal·lacions”, asseguraven en un comunicat. “Totes les nostres granges, inclosa la de Llucmajor, estan sotmeses a rigorosos controls interns i externs. En particular, comptam amb la certificació en Benestar Animal Welfair, atorgada per AENOR, un dels organismes d’avaluació més reconeguts en l’àmbit europeu”, indicaven.

Així mateix, asseguraven que el departament jurídic de l’empresa romandria “atent a qualsevol possible publicació sobre aquest assumpte” i que “actuarà en conseqüència si es considera que es vulneren els drets i interessos legítims de l’empresa”. Finalment, afegien que les seves granges havien superat l’auditoria de benestar animal per part d’AENOR, l’empresa certificadora, el 20 de maig, sis dies abans de la publicació de les imatges. “Va ser positiva, a falta de completar documentació”, assenyalaven les mateixes fonts.

Mentre diverses associacions i entitats reaccionaven demanant el “tancament immediat” de la granja, el Govern de Marga Prohens (PP) assegurava que no procediria al tancament temporal. En lloc d’això, va fer públiques les mesures cautelars que estaven en vigor i que eren conseqüència d’haver detectat incompliments greus anteriorment. Joan Simonet (PP), conseller d’Agricultura, recordava que la normativa establia com a límit un màxim de 40.000 gallines ponedores, mentre que les instal·lacions avícoles tenien una autorització de fins a 130.000, però que corresponia a la llei anterior. “Mentrestant, aquestes gallines, el que nosaltres hem dit és que si en tenen 130.000 i han de ser 40.000, no en matarem 90.000 en un dia. Llavors, es proposa a l’empresa que elabori un pla de desescalada”, ha subratllat. Aquest pla és el que la companyia ja ha presentat i que, en principi, hauria de complir abans que acabi aquest any, ha insistit.

Queixes veïnals per “olors insuportables”

La Nati, que viu a la urbanització de Tolleric —a un quilòmetre de la granja—, va comprar la casa on viu l’any 2003. Aleshores, segons explica, ja arribaven olors de la granja, però en cap cas com ara. “Quan es va tornar insuportable va ser a partir del 2019: vam passar d’olors puntuals a una situació insostenible”, va declarar a elDiario.es. “Hem de tancar portes i finestres perquè els gasos fètids, possiblement tòxics, no entrin dins les cases”, hi va afegir. En Pep, que viu a escassos 500 metres de la granja, afirma a aquest diari que no pot “menjar a fora ni tampoc a la cuina”.

Són alguns dels testimonis de veïns dels voltants que denuncien que es desperten amb la pudor i se’n van al llit entre mosques i olor d’excrements. Quan pugen les temperatures, com passa durant aquesta època de l’any, la situació empitjora per als veïns i veïnes d’aquestes urbanitzacions, ja que han d’intensificar el consum elèctric per climatitzar l’ambient —amb les despeses addicionals corresponents— per intentar reduir les males olors.

Pocs dies després de la publicació del primer reportatge va arribar el primer informe del Govern, que desgranava algunes de les primeres conclusions. En primer lloc, es verifica que les imatges publicades són certes. Així, es detecten set infraccions greus i una de lleu, per la qual cosa es proposa una sanció de fins a 420.000 euros. A més, es considera que l’estat d’una de les sis naus és greu, motiu pel qual es procedeix al seu tancament. Aquesta conseqüència implicarà també el sacrifici de gairebé 20.000 gallines.

Finalment, es va fixar la multa en 200.100 euros per set infraccions greus i una de lleu, segons constava a l’expedient sancionador. Aquesta sanció es podria haver reduït en un 20%, és a dir, fins als 160.080 euros, en cas que l’explotació hagi fet el pagament voluntari abans de la finalització de la resolució del procediment administratiu.

“Ens sembla una sanció irrisòria, una mostra de la impunitat amb què ha operat la granja durant els darrers anys”, va denunciar a aquest diari Julia Elizalde, portaveu de l’entitat de protecció mediambiental i animal ARDE, una de les difusores de les esgarrifoses imatges que denuncien l’estat de les gallines. “Per a una empresa que factura prop de 30 milions d’euros anualment, 200.000 euros, igual que quan els en van posar una anterior de 150.000, no suposa cap mesura dissuasiva real per evitar que tornin a incomplir la llei, com han fet des del començament de la seva activitat”, va lamentar. Així, Elizalde va considerar que la Conselleria d’Agricultura és “còmplice i responsable” que aquesta granja il·legal “continuï en funcionament”. “El tancament total és l’única solució per posar fi al perjudici que aquesta empresa causa als animals, als veïns i potencialment als consumidors”, va concloure.

D’altra banda, el Jutjat d’Instrucció número 11 de Palma va obrir diligències penals el passat 3 de juny per la presumpta comissió d’un delicte de maltractament animal contra l’empresa avícola, tal com va informar elDiario.es. En una resolució a la qual va tenir accés aquest mitjà, la jutgessa va sol·licitar al Seprona de la Guàrdia Civil que dugui a terme les investigacions necessàries per aclarir els fets, així com els informes complets de totes les actuacions efectuades al voltant de l’explotació avícola. La querella per un possible delicte de maltractament animal va ser interposada per Lorenzo Peñas Roldán, advocat expert en dret penal i administratiu, en representació de la plataforma Stop Macrogranja Llucmajor.

Cal assenyalar que, mentre en el primer reportatge es denunciava la situació de les naus de gallines en terra i camperes, en una segona entrega es van mostrar imatges inèdites de l’interior de les naus de gallines en gàbia, enregistrades durant el mateix període (entre el 21 i el 29 d’abril). Pel que fa a les similituds, les naus de gallines en gàbia (2 i 5) presentaven un estat de brutícia extrem. Les gallines, completament amuntegades i amuntegades, convivien en un espai la superfície del qual estava majoritàriament coberta de pols i teranyines, des del terra fins al sostre, passant per les gàbies. Les aus presentaven un aspecte pitjor que les gallines de les naus camperes (3, 6, 7 —aquesta darrera ja tancada—) pel que fa al plomatge, les crestes caigudes i la pal·lidesa. Algunes d’elles estaven completament desplomades, amb àcars damunt la pell.

En una de les imatges més impactants es veia com una gallina que era a terra, completament desplomada i sola, tenia al seu voltant una closca d’ou trencada, així com restes de plomes i d’altres gallines. En altres, s’hi podia observar ous deformats o danyats, cosa que, segons la veterinària María González Sola, és una “clara simptomatologia d’afeccions a l’aparell reproductor” d’algunes aus. Com en el cas de les naus destinades a les camperes, les gallines convivien amb altres de mortes i fins i tot amb cadàvers en diferents estats de descomposició i putrefacció. Entre les diferències amb les imatges anteriors, en aquesta ocasió no hi havia rates ni altres animals, com eriçons.

Cal recordar que la macrogranja disposava de sis naus —ara cinc— amb una capacitat màxima autoritzada de 135.696 gallines i un femer de 4.835 metres quadrats, segons consta en el projecte presentat al Govern. D’aquestes, 54.672 estarien allotjades en gàbies; 63.024 sota la categoria de camperes i 18.000 en producció d’aviari. La nau 1 està destinada a les gallines en terra; la 2 i la 5, a les aus en gàbia; i la 3, 6 i 7 a les camperes, malgrat que aquesta darrera va ser clausurada per les condicions greus de l'interior.

Cal destacar també que la granja de Llucmajor va rebre fons europeus per valor de 381.777 euros a través del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears (2014-2020) per a la construcció i adquisició d’equips destinats a la instal·lació d’un centre de classificació d’ous (nau 4).

El Col·legi Professional investigarà el veterinari

El Col·legi Oficial de Veterinaris de les Illes Balears (COVIB) també ha actuat obrint un expedient a Jerónimo Roldán Henares, director de ramaderia i veterinari d’Avícola Son Perot S.A., la societat que gestiona la macrogranja de Llucmajor (Mallorca) sota la marca Avícola Ballester.

L’obertura del procediment disciplinari, que estudiarà si el veterinari d’Avícola Ballester ha incomplert algun article del codi deontològic de la professió, es va iniciar després de la sol·licitud de les entitats de protecció mediambiental i animal ARDE i Satya Animal al COVIB, en què demanaven investigar les presumptes irregularitats. L’obertura del procediment és el procediment habitual de l’òrgan col·legiat, segons van explicar fonts del COVIB a aquest diari.

elDiario.es va posar en coneixement del veterinari, a través d’un correu electrònic a l’empresa i d’un missatge al cap de premsa, la informació que es tractaria. Així, es va sol·licitar una entrevista a Jerónimo Roldán Henares o, en cas contrari, que respongués les preguntes per escrit, però no ha estat possible obtenir cap resposta en el moment de la publicació d’aquest reportatge. Tampoc es va rebre cap resposta durant les setmanes posteriors.

elDiario.es ha ampliat la primera versió que va publicar sobre aquest reportatge per incloure les declaracions d’Avícola Son Perot S.A., així com del segell Welfair.

Un mes después de que AENOR suspendiera el sello Welfair a Avícola Ballester —que opera bajo varias sociedades, una de ellas es Avícola Son Perot S.A.—, la marca de la ‘macrogranja de los horrores’ sigue vendiendo huevos de ‘gallinas camperas’ con el sello de bienestar animal en algunos supermercados de Mallorca, según ha podido comprobar elDiario.es. Además, sigue figurando como empresa certificada en la web de Welfair.

AENOR, la entidad privada que gestiona el sello Welfair, suspendió el certificado de bienestar animal el pasado 1 de julio, como informó este diario. Al menos eso es lo que informaron fuentes de la empresa a través de un comunicado. Cabe señalar que la explotación avícola de Llucmajor ha estado durante los últimos meses en el foco informativo a raíz de las imágenes publicadas en primicia por este diario el pasado 26 de mayo y que se hicieron virales por las condiciones de falta de higiene y suciedad extremas de su interior. Además, de las imágenes se desprendía una situación de presunto maltrato animal hacia las gallinas.

La versión de Welfair, sin embargo, es otra. Fuentes de la entidad señalan a elDiario.es que la granja de Llucmajor tiene suspendido el sello de bienestar animal hasta el 31 de diciembre de 2025, a la espera de que se presenten medidas correctoras. Estas fuentes indican que la suspensión se hizo efectiva el pasado 1 de julio. “No pueden comercializarse en el mercado huevos tipo camperos con el sello Welfair procedentes de dicha granja”, aseguran y añaden que Avícola Son Perot tiene certificada otra granja, ubicada en Manacor, con gallinas tipo 2, en suelo. “Como comunicó la entidad certificadora, dicha granja mantiene la certificación Welfair vigente”, afirman. Para recuperar el sello de bienestar animal para los huevos de gallinas camperas, además de presentar un plan de medidas correctoras, deben pasar una nueva auditoría anual, ya a partir de 2026. Por otro lado, fuentes de Avícola Son Perot también han negado, telefónicamente, que sigan vendiendo huevos de gallinas camperas con el sello de bienestar animal.

Las imágenes comprobadas por elDiario.es muestran cajas de huevos de gallinas camperas, con el sello de bienestar animal Welfair y el código sanitario ES 14.003332/IB, que indica la trazabilidad del producto. Cuando se introduce este número de registro a través del buscador de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, dependiente del Ministerio de Consumo, se comprueba que los huevos provienen de la explotación de Llucmajor, conocida como la ‘macrogranja de los horrores’, que es la que está en el punto de mira de las autoridades.

Las irregularidades detectadas

Los hechos denunciados en el primer reportaje suponían, entre otras irregularidades, el incumplimiento de algunos artículos del real decreto de normas básicas de ordenación de las granjas avícolas, como fue acreditado en el informe de conclusiones de la inspección. Fue el resultado de una visita realizada a la granja de Llucmajor durante la mañana posterior a la publicación de las imágenes —facilitadas por las entidades de protección medioambiental y animal ARDE y Satya Animal— y en la que figuraron dos agentes de la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural —dependiente de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural—, así como agentes del Seprona de la Guardia Civil.

En ese primer reportaje, quedó acreditado también cómo las gallinas camperas no habían tenido acceso al exterior de las instalaciones entre los días 24 y 29 de abril, pese a que es obligatorio por ley. Por otro lado, las imágenes mostraron que los animales se encontraban en condiciones penosas. En esa grabación de más de tres horas, las gallinas vivas conviven con decenas de cadáveres en diferentes estados de descomposición, incluso con esqueletos y otros animales, como ratas (vivas o envenenadas) y erizos. Por este motivo, las organizaciones alertaron de que la presencia de otras especies en la granja puede conllevar “riesgo de transmisión de enfermedades a humanos”, como la salmonella (intoxicación alimentaria) o la leptospirosis (infección de la sangre), entre otras.

Desde un primer momento —antes de los informes de las autoridades—, las asociaciones ARDE y Satya Animal ya lamentaban las irregularidades en las que operaba la empresa. “Se trata de una actividad ilegal que fue sancionada y está siendo investigada en la actualidad”, afirmaron fuentes de ARDE a este diario. Se referían al hecho de que los dueños de la granja de gallinas ponedoras habían recibido una sanción del Govern de 150.000 euros, por no tener la autorización ambiental integrada. Esto va en contra de lo que dictamina el Real Decreto Legislativo 1/2016, que delimita los requisitos a tener en cuenta en estos casos para regular la contaminación. La multa la recibieron de parte de la Comisión Balear de Medio Ambiente, un órgano dependiente de la Conselleria d'Habitatge, Territori i Mobilitat.

La granja negó la información

La empresa, en cambio, negó en todo momento la información que trasladaba este diario. “Avícola Son Perot reafirma su compromiso con el bienestar animal y la legalidad de sus instalaciones”, aseguraron en un comunicado. “Todas nuestras granjas, incluyendo la de Llucmajor, están sometidas a rigurosos controles internos y externos. En particular, contamos con la certificación en Bienestar Animal Welfair, otorgada por AENOR, uno de los organismos de evaluación más reconocidos a nivel europeo”, indicaban.

Asimismo, aseguraban que el departamento jurídico de la empresa iba a permanecer “atento a cualquier posible publicación sobre este asunto” y que “actuará en consecuencia si se considera que se vulneran los derechos e intereses legítimos de la empresa”. Añadieron, finalmente, que sus granjas habían pasado la auditoría animal de bienestar animal por parte de AENOR, la empresa certificadora, el 20 de mayo, seis días antes de la publicación de las imágenes. “Fue positiva a falta de completar documentación”, señalaron las mismas fuentes.

Mientras varias asociaciones y entidades reaccionaron pidiendo el “cierre inmediato” de la granja, el Govern de Marga Prohens (PP) aseguraba que no iba a proceder al cierre temporal. En su lugar, hizo públicas las medidas cautelares que estaban en vigor y que eran consecuencia de haber detectado incumplimientos graves anteriormente. Joan Simonet (PP), conseller de Agricultura, recordaba que la normativa establecía como límite un máximo de 40.000 gallinas ponedoras, mientras que las instalaciones avícolas tenían una autorización de hasta 130.000 pero que correspondía a la ley anterior. “Mientras tanto, estas gallinas lo que nosotros hemos dicho es que si tienen 130.000 gallinas y tienen que ser 40.000 no vamos a matar a 90.000 en un día. Entonces, se le propone a la empresa que vaya haciendo un plan de desescalada”, ha subrayado. Ese plan es el que la compañía ya ha presentado y que en un principio debería haber cumplido antes de que finalice este año, ha subrayado.

Quejas vecinales por “olores insoportables”

Nati, quien vive en la urbanización de Tolleric —a un kilómetro de la granja—, compró la casa en la que vive en 2003. Entonces, según su relato, ya llegaban olores de la granja, pero en ningún caso como ahora. “Cuando se volvió insoportable fue a partir de 2019: pasamos de olores puntuales a que fuera insostenible”, señaló a elDiario.es. “Tenemos que cerrar puertas y ventanas para que los gases fétidos, posiblemente tóxicos, no entren en las casas”, añadió. Pep, quien vive a escasos 500 metros de la granja, afirma a este diario que no puede “comer fuera ni tampoco en la cocina”.

Son algunos de los testimonios de vecinos de los alrededores que denuncian que despiertan con el tufo y vuelven a la cama entre moscas y olor a excremento. Cuando aumentan las temperaturas, como ocurre en la actual época del año, la situación empeora para los vecinos y vecinas de estas urbanizaciones, ya que necesitan intensificar el consumo eléctrico para climatizar el ambiente —con los consiguientes gastos adicionales— para intentar reducir los malos olores.

Unos días después de la publicación del primer reportaje llegó el primer informe del Govern que desgranaba algunas de las primeras conclusiones. En primer lugar, se verifica que las imágenes publicadas son ciertas. Así, se detectan siete faltas graves, y una leve, por lo que se propone una sanción de hasta 420.000 euros. Además, el estado de una de las seis naves se considera que se encuentra grave, por lo que se procede a su cierre. Esta consecuencia implicará también el sacrificio de casi 20.000 gallinas.

Finalmente, se fijó la multa en 200.100 euros por siete faltas graves y una leve, según constaba en el expediente sancionador. Esta sanción se puede haber reducido en un 20%, es decir, a unos 160.080 euros, en caso de que la explotación haya realizado el pago voluntario antes de la finalización de la resolución del procedimiento administrativo.

“Nos parece una sanción irrisoria, muestra de la impunidad con la que lleva operando la granja durante los últimos años”, denunció a este diario Julia Elizalde, portavoz de la entidad de protección medioambiental y animal ARDE, una de las difusoras de las espeluznantes imágenes que denuncian el estado de las gallinas. “Para una empresa que factura cerca de 30 millones de euros anualmente, 200.000 euros, al igual que cuando les pusieron la anterior de 150.000, no supone una medida disuasoria real para evitar que vuelvan a infringir la ley como han hecho desde el principio de su actividad”, lamentó. Así, Elizalde consideró que la Conselleria de Agricultura es “cómplice y responsable” de que esta granja ilegal “siga en funcionamiento”. “El cierre total es la única solución para poner fin al perjuicio que esta empresa causa en los animales, en los vecinos y potencialmente en los consumidores”, concluyó.

Por otro lado, el Juzgado de Instrucción número 11 de Palma abrió diligencias penales el pasado 3 de junio por la presunta comisión de un delito de maltrato animal contra la empresa avícola, como informó elDiario.es. En una resolución, a la que tuvo acceso este medio, la jueza solicitó al Seprona de la Guardia Civil que lleve a cabo las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos así como los informes completos de todas las actuaciones efectuadas en torno a la explotación avícola. La querella por un posible delito de maltrato animal fue interpuesta por Lorenzo Peñas Roldán, abogado experto en derecho penal y administrativo, en representación de la plataforma Stop Macrogranja Llucmajor.

Cabe señalar que, mientras en el primer reportaje se denunció la situación de las naves de gallinas en suelo y camperas, en una segunda entrega se mostraron imágenes inéditas del interior de las naves de gallinas en jaula, grabadas durante el mismo periodo (entre el 21 y el 29 de abril). En cuanto a las similitudes, las naves de gallinas en jaula (2 y 5) presentaban un estado de suciedad extremo. Las gallinas, que estaban completamente hacinadas y amontonadas, convivían en un espacio cuya superficie estaba mayoritariamente cubierta de polvo y telarañas, desde el suelo hasta el techo, pasando por las jaulas. Las aves presentaban un aspecto peor que las gallinas de las naves camperas (3, 6, 7 —ya cerrada—) en cuanto al plumaje, las crestas caídas y la palidez. Algunas de ellas estaban completamente desplumadas, con ácaros encima de su piel.

En una de las imágenes más impactantes se veía cómo una gallina que estaba en el suelo, completamente desplumada y sola, tenía a su alrededor una cáscara de huevo rota, así como restos de plumas y de otras gallinas. En otras, se podía observar cómo hay huevos deformados o dañados, lo que, según la veterinaria María González Sola, es “clara sintomatología de afecciones en el aparato reproductor” de algunas aves. Como en el caso de las naves destinadas a las camperas, las gallinas convivían con otras muertas e incluso con cadáveres en diferentes estados de descomposición y putrefacción. Entre las diferencias con las imágenes anteriores, en esta ocasión no había ratas u otros animales, como los erizos.

Recordemos que la macrogranja disponía de seis naves —ahora cinco— con una capacidad máxima autorizada de 135.696 gallinas y un estercolero de 4.835 metros cuadrados, según consta en el proyecto presentado ante el Govern. Entre ellas, 54.672 estarían alojadas en jaulas; 63.024 bajo la categoría de camperas y 18.000 en producción de aviario. La nave 1 está destinada a las gallinas en suelo; la 2 y 5 a las aves enjauladas y las 3, 6 y 7 a las camperas, pese a que esta última fue cerrada por las condiciones graves de su interior. Cabe destacar también que la granja de Llucmajor recibió fondos europeos por valor de 381.777 euros a través del Programa de Desarrollo Rural de las Illes Balears (2014-2020) para la construcción y adquisición de equipos para la instalación de un centro de clasificación de huevos (nave 4).

El Colegio Profesional investigará al veterinario

El Colegio Oficial de Veterinarios de las Illes Balears (COVIB) también ha actuado abriendo un expediente a Jerónimo Roldán Henares, director de ganadería y veterinario de Avícola Son Perot S.A., la sociedad que gestiona la macrogranja de Llucmajor (Mallorca) bajo la marca Avícola Ballester.

La apertura del procedimiento disciplinario, que estudiará si el veterinario de Avícola Ballester ha incumplido algún artículo del código deontológico de la profesión, se inició después de la solicitud de las entidades de protección medioambiental y animal ARDE y Satya Animal al COVIB, en la que pidieran investigar las presuntas irregularidades. La apertura del procedimiento es el modo de proceder habitual del órgano colegiado, según explicaron fuentes del COVIB a este diario.

elDiario.es puso en conocimiento del veterinario, a través de un correo electrónico a la empresa, y de un mensaje al jefe de prensa, de la información que se iba a tratar. Así, se le solicitó una entrevista a Jerónimo Roldán Henares, o que en su defecto respondiera a las preguntas por escrito, sin que haya sido posible obtener una respuesta en el momento en que se publica este reportaje. Tampoco se recibió una respuesta en las semanas posteriores.

elDiario.es ha ampliado la primera versión que publicó sobre este reportaje para incluir las declaraciones de Avícola Son Perot S.A., así como del sello Welfair.

Vecinos del entorno de la pequeña pedanía de Turmiel, del municipio de Maranchón en la provincia de Guadalajara, han presentado “cientos” de alegaciones contra el proyecto de ganadería intensiva avícola que se quieren instalar en la zona. Las han incluido en el proceso de evaluación de impacto ambiental y autorización ambiental integrada para pedir durante el periodo de información pública que se lleve a cabo una resolución desfavorable del conjunto de la iniciativa. Un “aluvión” de documentos que cuestionan las bondades de la iniciativa para la zona.

Las alegaciones han estado impulsadas por la Plataforma para la Defensa del Valle y Hoces del Mesa, que ha celebrado que los vecinos hayan reaccionado de forma “masiva”, no solo en la pedanía de Turmiel, sino también de Maranchón, Clares y otros municipios de la zona. En las alegaciones, que han sido consultadas por elDiario.es Castilla-La Mancha, los vecinos han apuntado a que se han “ignorado completamente” los efectos que tendrán las macrogranjas en la zona y resaltan que funcionarán como un “conjunto” de cinco granjas intensivas.

Por su parte, la promotora Aviagen S.A.U ha querido “tranquilizar” a la comunidad local, asegurando que sus planes “no deben compararse con instalaciones avícolas típicas”. “Se trata de granjas avícolas especializadas, y los edificios asociados serán de última generación: naves avícolas energéticamente eficientes, diseñadas específicamente para maximizar el bienestar de las aves y minimizar el impacto medioambiental”.

Igualmente, han resaltado que se crearán “35 nuevos puestos de trabajo directos”. “También se generará empleo en la cadena de suministro local mediante la contratación de empresas constructoras y proveedores del sector agrícola de la zona”, han añadido al respecto, afirmando que desde 2011 han operado granjas en varias comunidades autónomas en España “colaborando estrechamente con las comunidades locales y regionales”.

“Espectacular” apoyo vecinal

Entre estos efectos, las alegaciones apuntan a que habrá un “consumo conjunto de agua subterránea multiplicado por cinco” lo que “comprometerá” la sostenibilidad de los acuíferos, en una zona “semiárida” que incluso podría “poner en peligro” el abastecimiento de agua potable en el municipio“. Por otro lado, señalan que habrá un ”mayor riesgo de contaminación y tráfico“ al aumentar también los residuos orgánicos por la presencia de animales. Igualmente, advierten de que habrá un aumento ”significativo“ del tráfico de vehículos pesados, que ”generaría impactos acumulados en las vías rurales, emisiones atmosféricas, riesgo de accidentes y deterioro paisajístico“.

Pedro García, uno de los portavoces del colectivo, apunta a que se han registrado cerca de 300 alegaciones y destaca que solo en la pedanía de Turmiel hay alrededor de 200 vecinos. “Es bastante espectacular”, valora. Los vecinos temen, explica, que se abra una “pequeña puerta” a este tipo de iniciativas y que luego no se pueda frenar. García también ha lamentado el apoyo del ayuntamiento de la localidad, gobernado por el PSOE, a la iniciativa. Alejandro Atance que ostenta la Alcaldía de Maranchón, declaraba a elDiario.es Castilla-La Mancha que ven el proyecto “con buenos ojos” si cumple “lo que tiene que cumplir”.

Desde la Plataforma han lamentado también que se ha presentado el proyecto con una “fragmentación artificial”, que “impide valorar adecuadamente los efectos sinérgicos y acumulativos del conjunto”. El colectivo afirma que hay “irregularidades” que se han señalado en un informe técnico de la Diputación de Guadalajara, en el que se “insiste” en que la valoración se debe hacer de forma “conjunta y global”.

Por otro lado, afirman que no se ha tomado en cuenta la “falta de garantías en el suministro hídrico”, y que tampoco se ha tomado en cuenta el “alto valor ecológico y paisajístico” de la zona. En definitiva, que en el expediente no se toman en cuenta los “riesgos derivados de emisiones contaminantes, acumulación de purines y residuos y posibles resistencias antimicrobianas”.

“Dudoso impacto positivo”

El colectivo también apunta al “dudoso impacto socioeconómico positivo” de la iniciativa. Se trata, insisten, en un modelo “altamente automatizado” con “mínima creación de empleo y sin capacidad real para fijar población”. A esto, añaden que supondrá también una “amenaza” para alternativas como el ecoturismo, el astroturismo o la agricultura ecológica. “La comarca necesita políticas valientes que apuesten por un modelo de desarrollo sostenible, no más amenazas al agua, al paisaje y a la salud del medio rural”, rematan desde la plataforma.

“Estos puestos de trabajo lo que hacen es bloquear otros muchos puestos de trabajo que se podrían crear”, advierte García. La plataforma, asegura, va a continuar en su resistencia a estos proyectos. “Vamos a seguir con recursos y con las medidas cautelares para que no se desplieguen”, afirma el portavoz.

El Col·legi Oficial de Veterinaris de les Illes Balears (COVIB) ha obert un expedient a Jerónimo Roldán Henares, director de ramaderia i veterinari d’Avícola Son Perot S.A., la societat que gestiona la macrogranja de Llucmajor (Mallorca) sota la marca Avícola Ballester. L’explotació avícola es troba en el punt de mira arran de les imatges publicades en primícia per elDiario.es el passat 26 de maig, que es varen fer virals per les condicions d’extrema brutor i falta d’higiene a l'interior, així com per la situació perniciosa de les gallines.

L’obertura del procediment disciplinari, que estudiarà si el veterinari d’Avícola Ballester ha incomplert algun article del codi deontològic de la professió, s’inicia després de la petició de les entitats de protecció mediambiental i animal ARDE i Satya Animal al COVIB, on sol·liciten investigar les presumptes irregularitats. Es tracta del procediment habitual de l’òrgan col·legiat, segons han explicat fonts del COVIB a aquest diari. ARDE i Satya Animal són les associacions que varen enregistrar les imatges difoses, el vídeo de més de tres hores de les quals està dipositat a la Fiscalia de Medi Ambient de les Balears, després de presentar una denúncia contra l’explotació per presumptes delictes contra la salut pública, maltractament animal i estafa. El Jutjat d’Instrucció número 11 de Palma ja ha obert diligències per un presumpte delicte de maltractament animal.

A la sol·licitud s’hi desgranen els fets observats a les imatges enregistrades entre els dies 21 i 29 d’abril. Entre d’altres: cadàvers de gallines en avançat estat de descomposició convivint amb gallines vives; presència de rosegadors (fins i tot cadàvers de rates) i eriçons en contacte amb les gallines; les gallines de la nau 6 —una de les camperoles— varen estar tancades durant almenys sis dies; gallines en mal estat de salut —postrades, amb diarrees, amb crestes caigudes— i algunes mortes pel tancament de portes. A més, hi havia gruixudes capes de pols, plomes i teranyines al sòl, a les parets, al sostre i a les estructures.

Així mateix, recorden que la Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural —dependent de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural del Govern balear— va constatar l’existència de les irregularitats denunciades a les imatges. Per aquest motiu, es va tancar la nau 7, es van ordenar mesures cautelars i es va proposar una sanció de fins a 420.000 euros per set faltes greus i una de lleu. Finalment, Avícola Son Perot S.A. —una de les empreses que opera sota la marca Avícola Ballester— s’enfronta a una multa de 200.100 euros, segons consta a l’expedient de la proposta final de sanció al qual va accedir elDiario.es.

D’altra banda, l’escrit d’ARDE i Satya Animal, dirigit al COVIB, assenyala que la gestió del veterinari a l’empresa avícola coincideix amb períodes en què les administracions públiques ja havien multat Avícola Son Perot S.A. per irregularitats, o bé havien adoptat mesures cautelars. L'octubre de 2023, l’empresa va rebre una sanció del Govern, de 150.000 euros, per no disposar de l’autorització ambiental integrada. Això contradiu el que estableix el Reial decret legislatiu 1/2016, que delimita els requisits a tenir en compte per regular la contaminació, tal com va informar aquest diari. La multa la va imposar la Comissió Balear de Medi Ambient, un òrgan dependent de la Conselleria d’Habitatge, Territori i Mobilitat.

Les entitats animalistes recorden al seu escrit al COVIB que, el setembre de 2024, la Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural va iniciar un expedient sancionador i un altre de mesures cautelars “després de detectar deficiències greus a l’explotació”. El novembre de 2024, indiquen, es resol la imposició de mesures cautelars, que inclouen la suspensió de l’activitat de gallines camperoles i es va imposar la presentació d’un pla de benestar animal específic amb un protocol de maneig per a les gallines camperoles. “Aquesta mesura cautelar demostra que el maneig de les gallines camperoles era inadequat i va requerir la intervenció de l’Administració”, afirmen. Aquesta mesura va ser aixecada pel Govern perquè la deficiència va ser corregida, segons es desprèn dels expedients administratius.

Aquest diari ha posat en coneixement del veterinari, a través d’un correu electrònic a l’empresa i un missatge al cap de premsa, la informació que s’anava a publicar. Així, s’ha sol·licitat una entrevista amb Jerónimo Roldán Henares, o que respongués per escrit, sense que hagi estat possible obtenir resposta abans de la publicació d’aquest reportatge.

Les entitats creuen que podria haver ocultat irregularitats

ARDE i Satya Animal argumenten, a més de la sanció, el tancament temporal de la nau 7 i la immobilització dels ous produïts en aquesta, que la inspecció oficial va constatar la presència de rosegadors morts, “fet que indica que les mesures de bioseguretat aplicades no són les adequades”. Per tot això, consideren que l’actuació de Jerónimo Roldán Henares davant aquests episodis d’irregularitats “podria constituir vulneracions del Codi Deontològic per a l’Exercici de la Professió Veterinària, aprovat pel Consell General de Col·legis Veterinaris d’Espanya”.

Així, sol·liciten a l’òrgan col·legial balear investigar si el veterinari responsable va actuar amb negligència professional en ometre el seu deure de supervisió i denúncia; verificar el compliment del secret professional, determinar si es varen ocultar irregularitats; avaluar si va existir conflicte d’interès que comprometés la seva independència i informar les autoritats competents (Conselleria d’Agricultura i Medi Ambient) perquè iniciïn una investigació paral·lela.

En aquest sentit, l’endemà que elDiario.es avancés les imatges en primícia, l’empresa va oferir a alguns mitjans de comunicació —una redactora i un fotoperiodista d’aquesta redacció hi van acudir el dimecres 28 de maig, com va informar aquest diari— entrar a les seves instal·lacions. Al principi, negaven que les imatges corresponguessin a les seves naus. “Nosaltres estem tranquils amb la nostra feina. Som els primers que creiem en el benestar animal perquè expressin la seva màxima producció i rendibilitat. Tenen per menjar i beure, i [espai] per al seu esbarjo”, va dir aquell dia Jerónimo Roldán, gerent ramader i veterinari de l’empresa, en declaracions a l’inici de l’informatiu d’IB3, la televisió pública balear.

S'investigarà si va incomplir el codi deontològic

Ramón García, president del Col·legi Oficial de Veterinaris de les Illes Balears (COVIB), va accedir gairebé immediatament a fer una entrevista telefònica a elDiario.es, en què se li va demanar una explicació general del procediment que segueix l’òrgan col·legial quan s’obre un expedient d’aquest tipus.

“Quan rebem una denúncia s’inicia un procediment. La primera fase és una investigació preliminar. Sol·licitem a la persona denunciada que aporti la seva versió dels fets i tota la documentació que consideri necessària”, afirma García. El COVIB, com que només té competències en matèria disciplinària, investiga únicament si el col·legiat ha complert amb el codi deontològic de la professió veterinària.

En cas que la informació no sigui completa o hi hagi aspectes que quedin per aclarir, el COVIB pot fer un segon requeriment “fins a obtenir tota la documentació necessària”. “Fins i tot, si hi ha altres professionals implicats perquè han tingut algun tipus de participació, també els sol·licitem la seva versió, com a part de la investigació”, afegeix García. El president del COVIB indica que quan l’òrgan col·legial rep tota la documentació, la trasllada a la Comissió Deontològica, formada per sis professionals de prestigi, independents de la junta directiva del COVIB.

La Comissió Deontològica, formada per sis professionals de prestigi, és l’encarregada d’avaluar els possibles incompliments del Codi Deontològic

Es tracta, afirma García, de sis professionals de diferents àmbits de la professió, majoritàriament clínics d’animals de companyia, tot i que també hi ha professionals del sector ramader i d’altres àmbits. La Comissió Deontològica s’encarrega d’avaluar la informació aportada i determinar “si existeix incompliment dels principis del codi deontològic o, com esmentava, dels Estatuts Generals de l’Organització Col·legial Veterinària Espanyola”.

Així, s’elabora un informe o dictamen que indica al COVIB si es considera que hi ha hagut “un incompliment dels principis deontològics” o si, per contra, no es considera així. En funció d’aquest informe, si no s’aprecia cap incompliment, l’expedient s’arxiva. Si es considera que hi ha indicis d’infracció, s’inicia un expedient disciplinari, afegeix García.

En cas que hi hagi indicis i es comenci un expedient disciplinari, el COVIB nomena un instructor, que en aquest cas sí que és membre de la junta directiva, aclareix el president de l’òrgan col·legial. Aquest instructor és l’encarregat, per tant, d’aplicar un hipotètic procediment sancionador “amb totes les garanties legals”. És a dir, formulació de càrrecs, presentació d’al·legacions, proposta de resolució, aportació i valoració de proves… D’aquesta manera, s’assegura el dret a un procés garantista per a l’investigat, com estableix la normativa administrativa, detalla García.

Si a l’investigat se li imputen càrrecs, tindrà l’oportunitat de presentar al·legacions; també pot aportar o proposar proves, que l’instructor valorarà i podrà acceptar o rebutjar. Finalment, quan conclou la fase d’instrucció, l’expedient es remet a l’òrgan resolutori, que és la Junta de Govern. Aquesta junta determina si hi ha hagut una infracció i la seva tipificació, que pot ser lleu, greu o molt greu, segons el que estableixen els estatuts. A partir d’aquí, s’estableix la sanció corresponent.

Les sancions depenen del tipus de falta i de la seva tipificació. Cada infracció té unes sancions específiques associades segons la seva gravetat. Segons l’article 107 del Reial decret 50/2024, de 16 de gener, pel qual es modifiquen els Estatuts Generals de l’Organització Col·legial Veterinària Espanyola, aprovats pel Reial decret 126/2013, de 22 de febrer, les sancions són les següents: amonestació privada; advertiment per ofici; amonestació pública —mitjançant la publicació de la resolució sancionadora ferma al tauler d’anuncis del Col·legi— i multa d’entre 1.001 euros i 5.000 euros; exclusió de les propostes fetes a l’Administració competent.

D’altra banda, hi ha les sancions que fan referència a la suspensió de la col·legiació: la més lleu, fins a un mes; seguida d’una suspensió d’entre un mes i un dia i un any; entre un any i un dia i tres anys, o l’expulsió del Col·legi, cosa que comporta la inhabilitació per a qualsevol col·legiació o incorporació a un altre Col·legi Oficial de la Professió Veterinària.

Les sancions oscil·len des de l’amonestació privada o pública fins a la multa de 5.000 euros i, fins i tot, l’expulsió del Col·legi de Veterinaris

“L’habitual és que els casos es moguin entre lleus i greus”, afirma García. Per tant, faltes molt greus n’hi ha hagut molt poques. Recorda una: un incompliment d’una suspensió d’activitat. “En funció d’això, les sancions van des d’advertiments en els primers casos fins a temes que ja impliquen sancions econòmiques, que ara s’han inclòs en els estatuts, i suspensions de col·legiació”, conclou el president del COVIB.

Irregularitats en la gestió del femer

Jerónimo Roldán, director de ramaderia i veterinari d’Avícola Son Perot S.A., figura en un dels expedients administratius consultats per elDiario.es i que va obrir la Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural del Govern balear.

En aquest document, relatiu a la proposta de resolució del procediment sancionador en matèria de sanitat animal, s’hi descriuen una sèrie d’actuacions que finalitzen el 12 de desembre de 2023, després que la cap del Servei de Producció Ramadera emetés un informe sobre les deficiències del femer i del pla de producció i gestió de fems de les explotacions de Ses Cisternetes, Mirabó i Es Caparó.

Anteriorment, el 27 d’abril de 2023, el cap del Departament d’Avaluacions Ambientals va tramitar l’acta del Servei d’Agents de Medi Ambient del 24 de març del mateix any, relativa a una inspecció realitzada arran d’una denúncia veïnal “per les molèsties ocasionades per les olors provinents d’unes instal·lacions agrícoles” de Llucmajor.

El 24 de març, els agents de Medi Ambient van constatar, a la finca de Sa Llapassa, els següents fets: en aquell moment hi havia set naus amb un total de 120.000 gallines; es percebia una forta olor fecal dins la finca i també fora del recinte destinat a les aus, on hi havia una plataforma d’uns 4.835 metres quadrats amb una gran quantitat de fems.

El 8 de setembre, un agent del Servei de Producció Ramadera, acompanyat per un tècnic de l’IRFAP (Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera de les Illes Balears), va fer una inspecció a les instal·lacions, a petició del Servei de Protecció de la Natura (SEPRONA) de la Guàrdia Civil. En aquesta inspecció s’hi va presentar Jerónimo Roldán Henares, que segons el document és el gerent i veterinari d’Avícola Son Perot S.A.

Durant la inspecció, es va verificar que a la plataforma de 5.000 metres quadrats amb sòl de formigó hi havia muntanyes de fems d’uns tres metres d’alçada; al camí pròxim, hi havia una séquia sense impermeabilitzar, d’uns 40 centímetres d’ample i uns 15 centímetres de lixiviats (líquids contaminants); les muntanyes de fems no estaven cobertes i hi havia “una gran proliferació de mosques i l’olor de fems de gallina era molt evident”.

La inspecció va constatar aquestes muntanyes de fems de tres metres i “una gran proliferació de mosques i una olor de fems de gallina” que eren “molt evidents”. Els agents van preguntar al veterinari si disposava d’un pla de desinsectació i, segons la inspecció, aquest va respondre que no.

La inspecció va constatar que hi havia muntanyes de fem d'uns tres metres d'altura i 'una gran proliferació de mosques i olor de fem de gallina' que eren 'molt evidents'. Els agents van preguntar al veterinari si disposava d'un pla de desinsectació i va dir que no, segons la inspecció

Segons l’expedient, els agents de control “demanen al senyor Jerónimo Roldán Henares si disposa d’un pla de desinsectació, i manifesta que no”. També se li demana si disposa de superfície agronòmica, i contesta que “la justificarà”. No obstant això, el 5 d’octubre, el tècnic de l’IRFAP va emetre un informe desfavorable al Pla de Producció i Gestió dels fems del conjunt de les explotacions ramaderes de Mirabó, Es Caparó i Ses Cisternetes, ja que “no s’adapten al que preveuen els articles 49 i 50 i a l’annex de la Llei 3/2019, de 31 de gener”, que correspon a la llei agrària balear.

“Es verifica que el femer permanent presenta vessaments laterals que evidencien que no disposa d’un sistema efectiu de recollida de lixiviats, ni s’eviten filtracions superficials, i que no està cobert”, assenyala l’informe.

El 13 de novembre, Avícola Son Perot S.A. va presentar al·legacions contra aquest informe desfavorable. Uns dies abans, el 7 de novembre, la Comissió Balear de Medi Ambient —òrgan depenent de la Conselleria d’Habitatge, Territori i Mobilitat— va presentar un escrit, en representació de les associacions de veïns, en què exposaven que des de l’any 2019 es produeixen “episodis d’emissions de gasos i olors insuportables procedents d’una granja de gallines ponedores” situada a la finca de Sa Llapassa de Llucmajor. El 11 de desembre, la cap del Servei de Producció Ramadera va informar l’empresa que les al·legacions no corregien les deficiències del Pla de Producció i Gestió del femer. Per aquests motius, i un cop acreditades quatre infraccions, es va proposar una sanció de 17.000 euros.

En primer lloc, degut a que el femer permanent de les tres explotacions de gallines ponedores —amb una capacitat total de 293.433 gallines— presenta “vessaments laterals que evidencien la manca d’un sistema efectiu de recollida de lixiviats, i que no s’eviten filtracions superficials, provocant greus molèsties” als veïns de la zona; en segon, per no disposar d’un pla de desinsectació; en tercer, per no tenir cobert el sistema d’emmagatzematge dels fems de les explotacions de Ses Cisternetes, Mirabó i Es Caparó i en quart, per no disposar d’un pla de gestió ambiental que indiqui les mesures de control de les emissions de partícules i olors. Aquest acord fou notificat a l’empresa el 26 de setembre de 2024.

El 22 d’abril de 2025, una resolució de la Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural va adoptar noves mesures. Entre elles, l’obligació de reduir el nombre de gallines ponedores a 40.000 en un termini màxim de sis mesos, el que la Conselleria d’Agricultura anomena “pla de desescalada”, que prohibeix l’entrada d’animals a l’explotació.

A més, es ratifica la prohibició d’entrada de fems a la finca de Sa Llapassa per part de les explotacions de Mirabó i Es Caparó, ambdues d’Avícola Son Perot. Aquesta prohibició es justifica pel fet que “ja no es poden considerar part de la unitat tècnica econòmica de l’explotació Avícola Son Perot S.A.” i perquè tampoc són un “gestor SANDACH (sigles de subproductes animals no destinats al consum humà) autoritzat”.

Finalment, s’insisteix que no s’ha atès el requeriment de presentar el Pla de Producció i Gestió dels fems de les explotacions d’Es Mirabó i Es Caparó “segons la norma”. “No s’ha dut a terme el restabliment de les condicions inicials del femer de Sa Llapassa, entenent per condicions inicials que el recinte estigui lliure de fems i gallinàcia procedents d’altres explotacions que no siguin la de Ses Cisternetes i segons la norma”.

El Colegio Oficial de Veterinarios de las Illes Balears (COVIB) ha abierto un expediente a Jerónimo Roldán Henares, director de ganadería y veterinario de Avícola Son Perot S.A., la sociedad que gestiona la macrogranja de Llucmajor (Mallorca) bajo la marca Avícola Ballester. La explotación avícola está en el punto de mira a raíz de las imágenes publicadas en primicia por elDiario.es el pasado 26 de mayo y que se hicieron virales por las condiciones de falta de higiene y suciedad extremas de su interior, así como por la perniciosa situación de las gallinas.

La apertura del procedimiento disciplinario, que estudiará si el veterinario de Avícola Ballester ha incumplido algún artículo del código deontológico de la profesión, se inicia después de la solicitud de las entidades de protección medioambiental y animal ARDE y Satya Animal al COVIB, en la que piden investigar las presuntas irregularidades. Es el modo de proceder habitual del órgano colegiado, según han explicado fuentes del COVIB a este diario. ARDE y Satya Animal son las asociaciones que grabaron las imágenes difundidas, cuyo vídeo de más de 3 horas está depositado en la Fiscalía de Medio Ambiente de Balears, tras presentar una denuncia contra la explotación por presuntos delitos contra la salud pública, maltrato animal y estafa. El Juzgado de Instrucción número 11 de Palma ya ha abierto diligencias por un presunto delito de maltrato animal.

En la solicitud se desgrana lo que se veía en las imágenes grabadas entre los días 21 y 29 de abril. Entre otras cuestiones: cadáveres de gallinas en avanzado estado de descomposición en convivencia con gallinas vivas; presencia de roedores (incluso cadáveres de ratas) y erizos en contacto con las gallinas; las gallinas de la nave 6 —una de las camperas— estuvieron encerradas durante al menos seis días; gallinas en mal estado de salud —postradas, diarreicas, con crestas caídas— y algunas fallecidas por el cierre de puertas. Además, había gruesas capas de polvo, plumas y telarañas en el suelo (yacija), las paredes, el techo y las estructuras.

Asimismo, recuerdan que la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural —dependiente de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural del Govern balear— constató la existencia de las irregularidades denunciadas en las imágenes. Por estos motivos, cerró la nave 7, ordenó la adopción de medidas cautelares, y propuso una multa de hasta 420.000 euros por siete faltas graves y una leve. Finalmente, Avícola Son Perot S.A. —una de las empresas que opera bajo la marca de Avícola Ballester— se enfrenta a una multa de 200.100 euros, según consta en el expediente de la propuesta final de sanción, al cual accedió elDiario.es.

Por otro lado, el escrito de ARDE y Satya Animal, dirigido al COVIB, señala que la gestión del veterinario en la empresa avícola coincide en periodos en que las administraciones públicas ya habían multado a Avícola Son Perot S.A. por irregularidades, o adoptado medidas cautelares. En octubre de 2023, la empresa recibió una sanción del Govern, de 150.000 euros, por no tener la autorización ambiental integrada. Esto va en contra de lo que dictamina el Real Decreto Legislativo 1/2016, que delimita los requisitos a tener en cuenta en estos casos para regular la contaminación, como informó este diario. La multa la recibieron de parte de la Comisión Balear de Medio Ambiente, un órgano dependiente de la Conselleria d'Habitatge, Territori i Mobilitat.

Las entidades animalistas recuerdan en su escrito al órgano colegiado que, en septiembre de 2024, la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural inició un expediente sancionador y otro de medidas cautelares “tras detectar deficiencias graves en la explotación”. En noviembre de 2024, indican, se resuelve la imposición de medidas cautelares, que incluyen la suspensión de la actividad de gallinas camperas y se impuso la presentación de un plan de bienestar animal específico incluyendo un protocolo de manejo de gallinas camperas. “Dicha medida cautelar demuestra que el manejo de las gallinas de tipo campero era inadecuado y requirió de la intervención de la Administración”, afirman en su escrito. Esta medida cautelar —la de gallinas camperas— fue levantada por el Govern porque la deficiencia fue corregida, según se desprende de los expedientes administrativos.

Este diario se ha puesto en conocimiento del veterinario, a través de un correo electrónico a la empresa, y de un mensaje al jefe de prensa, de la información que se iba a tratar. Así, se le ha solicitado una entrevista a Jerónimo Roldán Henares, o que en su defecto respondiera a las preguntas por escrito, sin que haya sido posible obtener una respuesta en el momento en que se publica este reportaje.

Las entidades creen que pudo haber ocultado irregularidades

ARDE y Satya Animal argumentan, además de la sanción, el cierre temporal de la nave 7 e inmovilización de los huevos producidos en ella, que la inspección oficial constató la presencia de roedores muertos, “hecho que indica que las medidas de bioseguridad aplicadas no son las adecuadas”. Por todo ello, consideran que la actuación de Jerónimo Roldán Henares frente a estos episodios de irregularidades “podría constituir vulneraciones al Código Deontológico para el Ejercicio de la Profesión Veterinaria, aprobado por el Consejo General de Colegios Veterinarios de España”.

Así, solicitan al órgano colegiado balear investigar si el veterinario responsable actuó con negligencia profesional al omitir su deber de supervisión y denuncia; verificar el cumplimiento del secreto profesional, determinando si se ocultaron irregularidades; evaluar si existió conflicto de intereses que comprometiera su independencia e informar a las autoridades competentes (Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente) para una investigación paralela.

En este sentido, el día después de que elDiario.es avanzara las imágenes en primicia, la empresa ofreció a algunos medios de comunicación —una redactora y un fotoperiodista de esta redacción acudieron el miércoles 28 de mayo, como informó este diario— entrar en sus instalaciones. Al principio, negaban que las imágenes correspondieran a sus naves. “Nosotros estamos tranquilos con nuestro trabajo. Somos los primeros que creemos en el bienestar animal para que expresen su máxima producción y rentabilidad. Tienen para comer y beber, y [espacio] para su esparcimiento”, dijo ese día Jerónimo Roldán, gerente ganadero y veterinario de la empresa, en declaraciones al inicio del informativo de IB3, la televisión pública balear.

Se investigará si incumplió el código deontológico

Ramón García, presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de las Illes Balears (COVIB), accede casi de inmediato a dar una entrevista telefónica a elDiario.es, en la que se le pide una explicación general del procedimiento que conduce el órgano colegial cuando se abre un expediente de este tipo.

“Cuando recibimos una denuncia se inicia un procedimiento. La primera fase es una investigación preliminar. Solicitamos a la persona denunciada que aporte su versión de los hechos y toda la documentación que considere necesaria”, afirma García. El COVIB, como solo tiene competencias en materia disciplinaria, investiga únicamente si el colegiado ha cumplido con el código deontológico de la profesión veterinaria.

En caso de que la información no sea completa, o haya aspectos que queden por aclarar, el COVIB puede realizar un segundo requerimiento “hasta obtener toda la documentación necesaria”. “Incluso, si hay otros profesionales implicados porque han tenido algún tipo de participación, también les solicitamos su versión, como parte de la investigación”, añade García. El presidente del COVIB indica que cuando el órgano colegiado recibe toda la documentación la traslada a la Comisión Deontológica, que está formada por seis profesionales de prestigio, independientes de la junta directiva del COVIB.

La Comisión Deontológica, formada por seis profesionales de prestigio, es la encargada de evaluar los posibles incumplimientos del Código Deontológico

Se trata, afirma García, de seis profesionales de diferentes ámbitos de la profesión, mayoritariamente clínicos de animales de compañía, aunque también hay profesionales del sector ganadero y de otros ámbitos. La Comisión Deontológica se encarga de evaluar la información aportada y determinar “si existe incumplimiento de los principios del código deontológico o, como mencionaba, de los Estatutos Generales de la Organización Colegial Veterinaria Española”.

Así, se elabora un informe o dictamen que indica al COVIB si se considera que ha habido “un incumplimiento de los principios deontológicos” o si, por el contrario, no lo consideran así. En función de ese informe, si no se aprecia ningún incumplimiento, el expediente se archiva. Si consideran que hay indicios de infracción, se inicia un expediente disciplinario, añade García.

En caso de que hubiera indicios, y se iniciara un expediente disciplinario, el COVIB nombra un instructor, que en este caso sí es miembro de la junta directiva, aclara el presidente del órgano colegiado. Este instructor es el encargado, por tanto, de aplicar un hipotético procedimiento sancionador, “con todas las garantías legales”. Es decir, formulación de cargos, presentación de alegaciones, propuesta de resolución, aportación y valoración de pruebas… De esta manera, se asegura el derecho a un proceso garantista para el investigado, como establece la normativa administrativa, detalla García.

Si al investigado se le imputan cargos, tendrá la oportunidad de presentar alegaciones; también puede aportar o proponer pruebas, que el instructor valorará y podrá aceptar o rechazar. Finalmente, cuando concluye la fase de instrucción, el expediente se remite al órgano resolutorio, que es la Junta de Gobierno. Esta junta determina si ha habido una infracción y su tipificación, que puede ser leve, grave o muy grave, según lo establecido en los estatutos. A partir de ahí, se establece la sanción correspondiente.

Las sanciones dependen del tipo de falta y su tipificación. Cada infracción tiene unas sanciones específicas asociadas según su gravedad. Según el artículo 107 del Real Decreto 50/2024, de 16 de enero, por el que se modifican los Estatutos Generales de la Organización Colegial Veterinaria Española, aprobados por Real Decreto 126/2013, de 22 de febrero, las sanciones son las siguientes: amonestación privada; apercibimiento por oficio; amonestación pública —mediante la publicación de la resolución sancionadora firme en el tablón de anuncios del Colegio— y multa de entre 1.001 euros y 5.000 euros; exclusión de las propuestas efectuadas a la Administración competente.

Por otro lado, están las sanciones que se refieren a la suspensión de la colegiación: la más leve, hasta un mes; seguida de una suspensión de entre un mes y un día y un año; de entre un año y un día y tres años o la expulsión del Colegio, lo cual conlleva la inhabilitación para cualquier colegiación o incorporación en otro Colegio Oficial de la Profesión Veterinaria.

Las sanciones oscilan desde la amonestación privada o pública a la multa de 5.000 euros e, incluso, la expulsión del Colegio de Veterinarios

“Lo habitual es que los casos se muevan entre leves y graves”, afirma García. Por tanto, faltas muy graves ha habido muy pocas. Recuerda una: un incumplimiento de una suspensión de actividad. “En función de esto las sanciones van desde apercibimientos en los primeros casos hasta temas que ya van desde sanciones económicas que ahora se han incluido en los estatutos y a suspensiones de colegiación”, concluye el presidente del COVIB.

Irregularidades en la gestión del estercolero

Jerónimo Roldán, director de ganadería y veterinario de Avícola Son Perot S.A., figura en uno de los expedientes administrativos consultados por elDiario.es y que abrió la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural del Govern balear.

En dicho documento, referente a la propuesta de resolución del procedimiento sancionador en materia de sanidad animal, se narran una serie de actuaciones que finalizan el 12 de diciembre de 2023, después de que la jefa de Servicio de Producción de Ganadería emitiera un informe en relación a las deficiencias sobre el estercolero y el plan de producción y gestión de estiércol de las explotaciones de Ses Cisternetes, Mirabó y Es Caparó.

Anteriormente, el 27 de abril de 2023, el jefe del departamento de Evaluaciones Ambientales tramitó el acta del Servicio de Agentes de Medio Ambiente del 24 de marzo del mismo año, en relación a una inspección llevada a cabo a raíz de una denuncia realizada por los vecinos “debido a las molestias por los olores provenientes de unas instalaciones agrícolas” de Llucmajor.

El 24 de marzo, los agentes de Medio Ambiente constataron, en la finca de Sa Llapassa, las siguientes cuestiones: en ese momento había siete naves con un total de 120.000 gallinas; se percibe un fuerte olor fecal en la finca y fuera del recinto de las aves, donde han se encuentra una plataforma de unos 4.835 metros cuadrados con gran cantidad de estiércol.

El 8 de septiembre, un agente del Servicio de Producción Ganadera, junto a un técnico del IRFAP (Instituto de Investigación y Formación Agroalimentaria y Pesquera de Illes Balears), hicieron una inspección en las instalaciones, a petición del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil. En dicha inspección se persona Jerónimo Roldán Henares, quien manifiesta ser, según el documento, el gerente y veterinario de Avícola Son Perot S.A.

En dicha inspección, se verifica que en la plataforma de 5.000 metros cuadrados con suelo de hormigón hay montañas de estiércol de unos tres metros de altura; en el camino cercano a la plataforma, hay una acequia sin impermeabilizar, de aproximadamente unos 40 centímetros y unos 15 centímetros de lixiviados (líquidos contaminantes); las montañas de estiércol no están cubiertas y hay “una gran proliferación de moscas y el olor a estiércol de gallina es muy evidente”.

La inspección constató que había montañas de estiércol de unos tres metros de altura y 'una gran proliferación de moscas y olor a estiércol de gallina' que eran 'muy evidentes'. Los agentes preguntaron al veterinario si disponía de un plan de desinsectación y dijo que no, según la inspección

Según el expediente, los agentes de control “piden al señor Jerónimo Roldán Henares si dispone de un plan de desinsectación y manifiesta que no”. Además, se le pregunta si dispone de una superficie agronómica y manifiesta que “la justificará”. Sin embargo, el 5 de octubre, el técnico del IRFAP emite un informe desfavorable al Plan de Producción y Gestión del estiércol del conjunto de las explotaciones ganaderas Mirabó, Es Caparó y Ses Cisternetes debido a que “no se adaptan a lo que prevén los artículos 49 y 50 y al anexo de la Ley 3/2019, de 31 de enero”, que corresponde a la ley agraria balear.

“Se verifica que el estercolero permanente presenta vertidos laterales que evidencian que no dispone de un sistema efectivo de recogida de lixiviados, ni se evitan filtraciones superficiales y que no está cubierto”, señala el informe.

El 13 de noviembre, Avícola Son Perot S.A. presentó alegaciones sobre este informe desfavorable. Unos días antes, el 7 de noviembre, la Comisión Balear de Medio Ambiente —órgano que depende de la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad— entregó un escrito, en representación de las asociaciones de vecinos, donde exponen que desde el año 2019 se producen “episodios de emisiones de gases y olores insoportables procedentes de una granja de gallinas ponedoras”, ubicada en la finca Sa Llapassa de Llucmajor. El 11 de diciembre, la jefa del Servicio de Producción Ganadera informa a la empresa de que las alegaciones no corrigen las deficiencias del Plan de Producción y Gestión del estercolero. Por estos motivos, al haberse acreditado cuatro infracciones, se propone una sanción de 17.000 euros.

En primer lugar, debido a que el estercolero permanente para las tres explotaciones de aves gallinas ponedoras —con capacidad total de 293.433 gallinas—, presenta “vertidos laterales que evidencian que no dispone de un sistema efectivo de recogida de lixiviados, ni se evitan filtraciones superficiales, provocando graves molestias” a los vecinos de la zona. En segundo, por no disponer de un plan de desinsectación. En tercero, por no tener cubierto el sistema de almacenaje del estiércol de las explotaciones de Ses Cisternetes, Mirabó y Es Caparó. En cuarto, por no disponer de un plan de gestión ambiental donde se indiquen las medidas de control de las emisiones de partículas y olores. Este acuerdo fue notificado a la empresa el 26 de septiembre de 2024.

El 22 de abril de 2025, una resolución de la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural adopta nuevas medidas. Entre ellas, la obligación de disminuir el número de gallinas ponedoras a 40.000 en un plazo máximo de seis meses, lo que la Conselleria de Agricultura llama “plan de desescalada”, que prohíbe la entrada de animales en la explotación.

Se ratifica, además, la prohibición de la entrada de estiércol en la finca de Sa Llapassa por parte de las explotaciones Mirabó y Es Caparó, ambas de Avícola Son Perot. La prohibición se argumenta debido a que “ya no se puede considerar parte de la unidad técnico económica de la explotación Avícola Son Perot S.A.” y tampoco es un “gestor SANDACH (acrónimo de subproductos animales no destinados al consumo humano) autorizado”.

Por último, se insiste en que no se ha atendido al requerimiento de presentar el Plan de Producción y Gestión de estiércol de las explotaciones de Es Mirabó y Es Caparó “conforme a la norma”. “No se ha llevado a cabo el restablecimiento de las condiciones iniciales del estercolero de Sa Llapassa, entendiendo como condiciones iniciales, que el recinto esté libre de estiércol y gallinácea de otras explotaciones que no sean la de Ses Cisternetes y conforme a la norma”.

El ple de l’Ajuntament de Llucmajor ha votat per unanimitat a favor de la proposta presentada per l’oposició d’esquerres (PSOE i MÉS per Llucmajor), així com per un partit municipalista (Llibertat per Llucmajor), per tancar la macrogranja ubicada al municipi. L’explotació avícola està en el punt de mira arran de les imatges publicades en primícia per elDiario.es el passat 26 de maig, que es varen fer virals per les condicions de manca d’higiene i brutor extremes del l’interior, així com per la situació perillosa en què es trobaven les gallines.

Els vots de l’Executiu local a favor del tancament, format pel PP, Vox i ASI (Agrupació Social Independent, de tendència d’ultradreta), han sorprès pel gir de guió que suposen respecte a la postura anterior mantinguda per l’alcaldessa del PP. “No aniré en contra del sector agrícola. D’una empresa que genera llocs de feina en el sector primari no n’estarem en contra”, va afirmar el 28 de maig Maria Francisca Lascolas Rosselló, davant els crits de desaprovació dels assistents a la sala, en una frase que amenaça amb perseguir-la almenys el que queda de legislatura. “Si una alcaldessa no és capaç de defensar els drets dels seus ciutadans, no mereix ser alcaldessa”, li va retreure aleshores Jaume J. Oliver, portaveu del PSOE a l’Ajuntament.

“Els veïns s’han de tancar a casa perquè no poden respirar. Jo treball, tenc dret al meu descans —abans-d’ahir no vaig poder dormir per les males olors, un problema habitual, segons denuncien els veïns afectats—, a sortir al meu jardí que m’he pagat amb la suor del meu front, a una sèrie de qüestions que m’està negant aquesta activitat amb el beneplàcit de l’Ajuntament i del Govern”, ha denunciat aquest dijous, una vegada més, Nati García, presidenta de l’Associació Stop Macrogranja Llucmajor.

“En el públic hi havia na Nati, ha intervingut en algun moment, i ha estat un bany de realitat”, afirma Oriol Gómez, portaveu de MÉS per Llucmajor, partit de l’esquerra ecologista balear. “El que passa és que l’alcaldessa no escolta ningú, governen per a ells mateixos, i ja està”, critica Gómez. “Avui [aquest dijous] s’han adonat que la gent té unes necessitats, que no les estan escoltant ni complint”, lamenta, en referència a les denúncies de Nati García, que representa l’Associació Stop Macrogranja Llucmajor. “Demanam el tancament cautelar de la macrogranja perquè s’investigui i es defineixi el que s’ha de fer”, insisteix el portaveu ecologista.

—Li volia demanar per una qüestió tècnica: hi ha molta normativa en aquest àmbit. Una part afecta els ajuntaments, i una altra, el Govern balear. ¿Té competències l’Ajuntament de Llucmajor per tancar cautelarment la granja?

“Aquesta és la gran pregunta. Jo vaig respondre que sí en una pregunta que va sortir als informatius d’IB3, però la setmana següent, un enginyer municipal em va dir que no”, respon Gómez. Tanmateix, tant ell com Oliver —el portaveu socialista— sostenen que la llicència d’activitats és municipal.

Com va informar elDiario.es, Avícola Son Perot S.A. va sol·licitar el 2023 “la legalització de totes aquelles construccions sense llicència que constitueixen l’explotació agropecuària”, segons es desprèn del projecte presentat davant el Govern. “Igual que se sol·licita l’autorització ambiental integrada per a l’ampliació del cens d’animals superant les 40.000 places de gallines ponedores”, destaca el text. Precisament, els propietaris de la granja de gallines ponedores van rebre recentment una sanció del Govern, de 150.000 euros, per no tenir l’autorització ambiental integrada. Això va en contra del que dicta el Reial Decret Legislatiu 1/2016, que delimita els requisits a tenir en compte en aquests casos per regular la contaminació, com va informar aquest diari.

La multa la varen rebre per part de la Comissió Balear de Medi Ambient, un òrgan dependent de la Conselleria d'Habitatge, Territori i Mobilitat. Però les conseqüències de l’incompliment encara s’han de determinar completament. “Es tracta d’una activitat il·legal que va ser sancionada i és investigada actualment”, varen assenyalar fonts d’ARDE a aquest diari, que lamentaren que, malgrat tot, “l’empresa mai no ha deixat d’operar”.

A més, recentment, el 23 de maig, va entrar en vigor el Decret llei 1/2025, de mesures urgents per a la protecció de les persones i del medi natural en relació amb determinades explotacions ramaderes intensives d’aus de corral a les Illes Balears. La disposició addicional quarta d’aquest decret llei, que modifica la llei agrària balear, estableix que les noves explotacions avícoles, així com les ampliacions de les ja existents, només podran autoritzar-se si es respecten unes distàncies mínimes al sòl urbà residencial, determinades segons la seva capacitat ramadera.

En el cas de la granja de Llucmajor, aquesta es troba a aproximadament un quilòmetre dels nuclis urbans de Tolleric i Badia Gran. Si l’explotació supera les 80.000 gallines ponedores, segons la nova normativa, “ha de mantenir una distància no inferior a 6.000 metres lineals respecte al sòl urbà residencial més proper”. Tot i que la granja ja està en funcionament, ho fa sense l’autorització ambiental integrada. Per tant, si es pretengués tramitar qualsevol nova autorització, aquesta hauria d’ajustar-se a les exigències del nou decret llei, requisits que actualment l’explotació no compleix. Cal destacar que, entre les mesures cautelars aplicades per la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural, l’explotació ha de reduir el seu nombre màxim de gallines de gairebé 136.000 a 40.000, van explicar fonts de la Conselleria. El termini acaba el 31 de desembre de 2025.

En el cas de la granja de Llucmajor, aquesta es troba a aproximadament un quilòmetre dels nuclis urbans de Tolleric i Badia Gran. Si l’explotació supera les 80.000 gallines ponedores, segons la nova normativa, “ha de mantenir una distància no inferior a 6.000 metres lineals respecte al sòl urbà residencial més proper”. Tot i que la granja ja està en funcionament, ho fa sense l’autorització ambiental integrada. Per tant, si es pretengués tramitar qualsevol nova autorització, aquesta hauria d’ajustar-se a les exigències del nou decret llei, requisits que actualment l’explotació no compleix. Cal destacar que, entre les mesures cautelars aplicades per la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural, l’explotació ha de reduir el seu nombre màxim de gallines de gairebé 136.000 a 40.000, van explicar fonts de la Conselleria. El termini acaba el 31 de desembre de 2025.

“Aquesta autorització [ambiental integrada] la demanen des del 2017, però no se la donen”, continua Gómez. “El dubte és per què no se la donen. Probablement perquè hi ha alguna irregularitat que ho impedeix”, afirma el regidor ecologista. Així, el que exigeixen aquests tres partits de l’oposició (PSOE-PSIB, MÉS per Llucmajor i Llibertat per Llucmajor) és que, sigui des de l'Ajuntament o des del Govern, es duguin a terme les actuacions oportunes per “tancar la granja”.

—No senten la pressió mediàtica i ciutadana per actuar d’una altra manera?

“Em fa la sensació que no” respon Gómez. “Avui (aquest dijous) ho tenien molt fàcil. L’alcaldessa hauria pogut convocar una reunió, com fa mesos que demanen els veïns afectats, i no ho ha fet”, insisteix. Les queixes dels veïns, segons van afirmar a aquest diari, van començar el 2017. Les més greus, i de manera insistent, es remunten al 2019. El mateix Gómez viu a prop de la zona i afirma que és testimoni de les “males olors”, que impedeixen a algunes veïnes, com na Nati, descansar amb tranquil·litat o gaudir del seu jardí.

“L'alcaldessa i l’equip de govern continuen manifestant que no és la seva voluntat anar en contra d’una empresa privada, però que preval que es compleixin les normatives i que les condicions tant de salut com de benestar animal siguin òptimes”, responen fonts de l’Ajuntament de Llucmajor a elDiario.es.

Sobre la proposta de l’oposició, afirmen que es tracta de sis punts “ambigus”, alguns dels quals impliquen elevar-los al Govern. “Tant Secretaria com Urbanisme, àrees de l’Ajuntament, ja s’han posat en marxa per tenir informes jurídics tant interns com externs en relació amb aquesta explotació”, aprofundeixen les mateixes fonts. Així mateix, assenyalen que un informe del Sr. Miranda, Catedràtic de Biologia de la Universitat de les Illes Balears (UIB), està col·laborant amb l’Ajuntament per estudiar “la possible plaga de mosques derivada o no de l’explotació”. “Aquest expert s’ha ofert a continuar col·laborant després de l’informe en reunions amb Conselleria i veïns”, indiquen.

Quant a la presidenta de l’Associació Stop Macrogranja Llucmajor, defensen que es va reunir fa temps amb un membre del Consistori, però que això no ha estat reconegut per ella. “Existeixen correus electrònics amb una àrea de l’Ajuntament que demostren que ja s’havien comentat les al·legacions de les Associacions de Veïns tant al Govern com al Consell”, expliquen. A més, argumenten que a finals de maig es va registrar un advocat en representació de la plataforma i es va determinar que, un cop recollits els informes pertinents o les mesures cautelars per part de la Conselleria i després d’obtenir la informació ambiental per part de l’òrgan competent, “es traslladaria la documentació a la plataforma i a mantenir una reunió amb ells”.

El pleno del Ajuntament de Llucmajor ha votado por unanimidad a favor de la propuesta presentada por la oposición de izquierdas (PSOE y MÉS per Llucmajor) así como por un partido municipalista (Llibertat per Llucmajor) para cerrar la macrogranja ubicada en el municipio. La explotación avícola está en el punto de mira a raíz de las imágenes publicadas en primicia por elDiario.es el pasado 26 de mayo y que se hicieron virales por las condiciones de falta de higiene y suciedad extremas de su interior, así como por la perniciosa situación de las gallinas.

Los votos del Ejecutivo local a favor del cierre, formado por el PP, Vox y ASI (Agrupación Social Independiente, de tendencia ultraderechista), han sorprendido por el giro de guion que suponen en relación a la anterior postura que había mantenido la alcaldesa del PP. “No voy a ir en contra del sector agrícola. De una empresa que genera puestos de trabajo en el sector primario no estaremos en contra”, afirmó el 28 de mayo María Francisca Lascolas Rosselló, ante los gritos de desaprobación de los asistentes en la sala, en una frase que amenaza con perseguirla al menos en lo que queda de legislatura. “Si una alcaldesa no es capaz de defender los derechos de sus ciudadanos no merece ser alcaldesa”, le recriminó entonces Jaume J. Oliver, portavoz del PSOE en el Ajuntament.

“Los vecinos se tienen que encerrar en sus casas porque no pueden respirar. Yo trabajo, tengo derecho a mi descanso —anteayer no pudo dormir por los malos olores, un problema habitual, según denuncian los vecinos afectados—, a salir a mi jardín que me he pagado con el sudor de mi frente, a una serie de cuestiones que me está negando esa actividad con el beneplácito del Ayuntamiento y del Govern”, ha denunciado este jueves, una vez más, Nati García, presidenta de la Asociación Stop Macrogranja Llucmajor.

“En el público estaba Nati, ha intervenido en algún momento, y ha sido un baño de realidad”, afirma Oriol Gómez, portavoz de MÉS per Llucmajor, partido de la izquierda ecologista balear. “Lo que pasa es que la alcaldesa no escucha a nadie, gobiernan para ellos mismos, y ya está”, critica Gómez. “Hoy [este jueves] se han dado cuenta de que la gente tiene unas necesidades, que no las están escuchando ni cumpliendo”, lamenta, en referencia a las denuncias de Nati García, que representa a la Asociación Stop Macrogranja Llucmajor. “Pedimos el cierre cautelar de la macrogranja para que se investigue y se defina lo que hay que hacer”, insiste el portavoz ecologista.

—Le quería preguntar por una cuestión técnica: hay mucha normativa en esta cuestión. Una parte afecta a los ayuntamientos, y otra, al Govern balear. ¿El Ajuntament de Llucmajor tiene competencias para cerrar cautelarmente la granja?

“Esta es la gran pregunta. Yo respondí que sí en una pregunta que salió en los informativos de IB3, pero a la semana siguiente, un ingeniero municipal me dijo que no”, responde Gómez. Sin embargo, tanto él como Oliver —el portavoz socialista— sostienen que la licencia de actividades es municipal.

Como informó elDiario.es, Avícola Son Perot S.A. solicitó en 2023 “la legalización de todas aquellas construcciones sin licencia que constituyen la explotación agropecuaria”, según se desprende del proyecto presentado ante el Govern. “Al igual que se solicita la autorización ambiental integrada por la ampliación del censo de animales superando las 40.000 plazas de gallinas ponedoras”, destaca el texto. Precisamente, los propietarios de la granja de gallinas ponedoras recibieron recientemente una sanción del Govern, de 150.000 euros, por no tener la autorización ambiental integrada. Esto va en contra de lo que dictamina el Real Decreto Legislativo 1/2016, que delimita los requisitos a tener en cuenta en estos casos para regular la contaminación, como informó este diario.

La multa la recibieron de parte de la Comisión Balear de Medio Ambiente, un órgano dependiente de la Conselleria d'Habitatge, Territori i Mobilitat. Pero las consecuencias del incumplimiento aún tienen que determinarse por completo. “Se trata de una actividad ilegal que fue sancionada y está siendo investigada en la actualidad”, señalaron fuentes de la entidad animalista ARDE a este diario, que lamentaron que pese a todo “la empresa nunca ha dejado de operar”.

Además, recientemente, el 23 de mayo, entró en vigor el Decreto-ley 1/2025, de medidas urgentes para la protección de las personas y del medio natural en relación con determinadas explotaciones ganaderas intensivas de aves de corral en Balears. La disposición adicional cuarta de este decreto-ley, que modifica la ley agraria balear, establece que las nuevas explotaciones avícolas, así como las ampliaciones de las ya existentes, podrán autorizarse únicamente si se respetan unas distancias mínimas al suelo urbano residencial, determinadas según su capacidad ganadera.

En el caso de la granja de Llucmajor, esta se encuentra a aproximadamente un kilómetro de los núcleos urbanos de Tolleric y Badia Gran. Si la explotación supera las 80.000 gallinas ponedoras, según la nueva normativa, “debe mantener una distancia no inferior a 6.000 metros lineales respecto al suelo urbano residencial más cercano”. Aunque la granja ya está en funcionamiento, lo hace sin la autorización ambiental integrada. Por tanto, si se pretendiera tramitar cualquier nueva autorización, esta debería ajustarse a las exigencias del nuevo decreto-ley, requisitos que actualmente la explotación no cumple. Cabe señalar que entre las medidas cautelares aplicadas por la Conselleria de Agricultura, Pesca i Medi Natural, la explotación debe reducir su número máximo de gallinas de casi 136.000 a 40.000, explicaron fuentes de la Conselleria. El plazo termina el 31 de diciembre de 2025.

“Esta autorización [ambiental integrada] la están pidiendo desde el 2017, pero no se la dan”, prosigue Gómez. “La duda es por qué no se la dan. Probablemente porque hay alguna irregularidad que lo impide”, afirma el concejal ecologista. Así, lo que exigen estos tres partidos de la oposición (PSOE-PSIB, MÉS per Llucmajor y Llibertat per Llucmajor) es que, ya sea desde el Ayuntamiento, ya sea desde el Govern, se lleven a cabo las actuaciones oportunas para “cerrar la granja”.

—¿No sienten la presión mediática y ciudadana para actuar de otra manera?

“Me da la sensación que no”, responde Gómez. “Hoy (este jueves) lo tenían muy fácil. La alcaldesa podría haber convocado una reunión como llevan pidiendo meses los vecinos afectados, y no lo ha hecho”, insiste. Las quejas de los vecinos, según afirmaron a este diario, empezaron en 2017. Las graves, y de forma insistente, se remontan al 2019. El propio Gómez vive cerca de la zona y afirma que es testigo de los “malos olores”, que impiden a algunas vecinas, como Nati, descansar con tranquilidad o poder disfrutar de su jardín.

“La alcaldesa y el equipo de gobierno continúan manifestando que no es su voluntad ir contra una empresa privada, pero que, prevalece, que se cumplan las normativas y que las condiciones tanto de salud como de bienestar animal sean óptimas”, responden fuentes del Ajuntament de Llucmajor a elDiario.es.

Sobre la propuesta de la oposición, afirman que se trata de seis puntos “ambiguos”, algunos de los cuales implican elevarlos al Govern. “Tanto Secretaría como Urbanismo, áreas del Ajuntament, ya se han puesto en marcha para tener informes jurídicos tanto internos como externos en relación a esta explotación”, ahondan las mismas fuentes. Asimismo, señalan que un informe del Sr. Miranda, catedrático de Biología de la Universitat de les Illes Balears (UIB), está colaborando con el Ajuntament para estudiar “la posible plaga de moscas derivada o no de la explotación”. “Este experto se ha ofrecido a seguir colaborando post informe en reuniones con Conselleria y vecinos”, indican.

En cuanto la presidenta de la Asociación Stop Macrogranja Llucmajor, defienden que se reunió hace tiempo con un miembro del Consistorio, pero que ello no ha sido reconocido por ella. “Existen correos electrónicos con un área del Ajuntament que demuestran que ya se habían comentado las alegaciones de las Asociaciones de Vecinos tanto al Govern como al Consell”, explican. Además, argumentan que a finales de mayo se registró un abogado en representación de la plataforma y se determinó que una vez recabados los informes pertinentes y/o las medidas cautelares por parte de la Conselleria y tras obtener la información ambiental por parte del órgano competente, “se procedería a trasladar la documentación a la plataforma y a mantener una reunión con ellos”.Al pleno extraordinario, que únicamente votaba el punto centrado en la macrogranja de Llucmajor, también han acudido integrantes de la asociación Satya Animal, además de vecinos afectados. Su presidenta, Marina Sánchez, explica a este diario que han entregado más de 6.000 firmas al Ajuntament en las que se exige el cierre de la explotación avícola. “Han votado a favor pero otra cuestión es que vayan a ejecutar el cierre”, afirma Sánchez.

L'entitat privada AENOR, que gestiona el segell Welfair, ha suspès el certificat de benestar animal a Avícola Son Perot S.A., l’empresa que gestiona la coneguda com a ‘granja dels horrors’, segons han informat fonts de l’empresa a elDiario.es. L'explotació avícola de Llucmajor (Mallorca) és al centre de l’atenció mediàtica arran de les imatges publicades en primícia per aquest diari el passat 26 de maig, que es van fer virals per les condicions de falta d’higiene i brutícia extrema de l'interior. Aquest diari ha pogut confirmar la informació després de consultar-la també amb Welfair. Avícola Son Perot S.A., en canvi, afirma que no farà cap comentari pel moment.

En un comunicat oficial, l'entitat certificadora explica a aquest diari que el 21 de maig es va dur a terme una auditoria “no anunciada” a les naus de les gallines en sòl (ous de tipus 2). Cal recordar que un dia abans, el 20 de maig, Avícola Ballester va afirmar haver superat l’auditoria anual d’AENOR, tot i que encara calia completar la documentació, per a la qual l’entitat privada havia proposat pactar la data amb la granja. Tanmateix, tot i que la major part de les auditories són anunciades, algunes es realitzen per sorpresa. Així, l’entitat afirma que l’endemà es va tornar a presentar a les instal·lacions avícoles.

En aquest sentit, AENOR destaca que les auditories realitzades a les instal·lacions d’Avícola Son Perot S.A., per a la concessió del segell de benestar animal Welfair, s’han dut a terme seguint rigorosament el reglament que regula aquesta certificació. Cinc de les sis naus de la granja comptaven amb aquesta certificació: la nau 1, de gallines en sòl, i les 3, 6 i 7, de gallines camperoles. La nau 7, però, va ser tancada cautelarment pel Govern, després que dos tècnics de la Conselleria d’Agricultura i agents del Seprona de la Guàrdia Civil acreditessin irregularitats greus, segons un primer informe elaborat el 30 de maig.

Paral·lelament a aquest procés, s’inclou un aspecte de traçabilitat per comprovar que l’ou que es troba en l’envàs amb el segell Welfair “procedeix efectivament de la granja certificada”, segons afirma AENOR. L’entitat privada explica que el certificat té una vigència d’un any i que les auditories són necessàries per a la seva renovació.

Per tant, segons l’empresa que explota la granja i AENOR, hi ha hagut almenys dues visites de l’entitat certificadora l’any 2025: els dies 20 i 21 de maig. Cinc dies després de la segona visita, aquest diari publica en primícia les imatges de les naus de les gallines camperoles (3, 6 i 7), que van ser enregistrades per les entitats de protecció mediambiental i animal ARDE i Satya Animal, entre els dies 21 i 29 d’abril. De les imatges se’n desprèn que les gallines vives conviuen amb aus mortes, amb cadàvers en diferents estats de descomposició (tant de gallines com de rosegadors), així com amb altres animals vius (rates i eriçons), cosa que suposa un risc de transmissió de malalties, segons l’informe aportat per un veterinari a aquest diari.

A més, es va documentar que les gallines camperoles no van tenir accés a l’exterior de les instal·lacions entre els dies 24 i 29 d’abril, com estableix la normativa. ARDE i Satya Animal van denunciar aquests fets davant la Fiscalia de Medi Ambient de les Balears per presumptes delictes d’estafa, contra la salut pública i d’abandonament animal per la manca de supervisió veterinària. Aquesta denúncia es va registrar el 21 de maig cap a les 9 del matí, segons van confirmar fonts del Ministeri Públic a aquest diari.

Així, AENOR afirma en el seu comunicat que, després d’haver tingut coneixement de males pràctiques en matèria de benestar animal, “va activar de manera immediata el protocol de verificació Welfair”. Un dia després de la publicació de les imatges, mentre dos tècnics de la Conselleria d’Agricultura i agents del Seprona de la Guàrdia Civil inspeccionaven les instal·lacions, treballadors d’AENOR i Welfair es van presentar a la granja d’Avícola Son Perot cap a les quatre de la tarda. Segons aquestes fonts, es va tractar d’una auditoria extraordinària de la modalitat “no anunciada”, formada per un auditor d’AENOR i un altre de Welfair.

Un dia després de la publicació de les impactants imatges, mentre dos tècnics del Govern i agents de la Guàrdia Civil inspeccionaven les instal·lacions, treballadors d’AENOR i Welfair es van presentar a la granja d’Avícola Son Perot

El reglament general de certificació en benestar animal Welfair indica, en el seu apartat 15.2, que es “podrà procedir a la cancel·lació immediata del certificat, per part de l’auditor o de l'entitat de certificació, de manera indefinida quan es detectin infraccions molt greus”. A més, s’hi assenyala que és motiu de suspensió del certificat si s’inicia un procediment judicial, o si hi ha un expedient sancionador obert per part de l’administració competent.

En aquest sentit, el Jutjat d’Instrucció número 11 de Palma ha obert diligències contra l’empresa Avícola Ballester (marca comercial d’Avícola Son Perot S.A.) per la presumpta comissió d’un delicte de maltractament animal, després de la denúncia presentada pels veïns afectats per l’explotació, tal com va informar elDiario.es. A més, aquest mateix dimarts, el diari ha informat que els veïns i veïnes, agrupats al voltant de l’Associació Stop Macrogranja Llucmajor, han denunciat també l’entitat privada AENOR —que atorga el segell de benestar animal Welfair— davant el mateix jutjat, per la presumpta comissió d’un delicte d’estafa.

Segons indica AENOR a aquest diari, el 5 de juny l’entitat privada va comunicar a Avícola Son Perot S.A. la seva intenció de procedir a la “suspensió temporal del certificat”, tot i que atorgava a l’empresa 15 dies per presentar al·legacions, com estableix el reglament general dels certificats, “amb l’objectiu de salvaguardar els drets de les diferents parts”. Les mateixes fonts asseguren que l’explotació avícola va presentar diversos escrits amb al·legacions, però que, un cop estudiades, van ser desestimades per AENOR. L’entitat privada conclou que la suspensió afecta els ous camperols i en sòl de la granja de Llucmajor, i que la decisió ha estat comunicada aquest dimarts a Avícola Ballester.

La entidad privada AENOR, que gestiona el sello Welfair, ha suspendido el certificado de bienestar animal a Avícola Son Perot S.A., la empresa que gestiona la conocida como ‘granja de los horrores’, según informan fuentes de la empresa a elDiario.es. La explotación avícola de Llucmajor (Mallorca) está en el foco informativo a raíz de las imágenes publicadas en primicia por este diario el pasado 26 de mayo y que se hicieron virales por las condiciones de falta de higiene y suciedad extremas de su interior. Este diario ha podido confirmar la información tras haberla consultado con Welfair. Avícola Son Perot S.A. no ha respondido a la consulta sobre si quiere hacer algún comentario o valoración sobre esta cuestión en el momento en que se publica esta noticia.

En un comunicado oficial, la entidad certificadora explica a este diario que el 21 de mayo se desarrolló una auditoría “no anunciada” en la nave de las gallinas en suelo (huevos tipo 2), es decir, la nave 1. Cabe recordar que un día antes, el 20 de mayo, Avícola Ballester afirmó haber superado la auditoría anual de AENOR, a falta de completar la documentación, para la que la entidad privada propuso a la granja pactar la fecha. Sin embargo, aunque el mayor porcentaje de las auditorías son anunciadas, algunas se realizan por sorpresa. Así, la entidad afirma que al día siguiente se volvió a presentar en las instalaciones avícolas.

En este sentido, AENOR destaca que las auditorías realizadas en las instalaciones de Avícola Son Perot S.A., para la concesión del sello de bienestar animal Welfair, se han desarrollado siguiendo rigurosamente el reglamento que concede dicha certificación. Cuatro de las seis naves de la granja contaban con esta certificación: la nave 1, de las gallinas en suelo, y las 3, 6 y 7, de las gallinas camperas. La nave 7, sin embargo, fue cerrada cautelarmente por el Govern, después de que dos técnicos de la Conselleria de Agricultura y agentes del Seprona de la Guardia Civil acreditaran irregularidades graves, cuyo primer informe se elaboró el 30 de mayo.

Paralelamente a este proceso, se incluye un aspecto de trazabilidad para comprobar que el huevo que está en el envase con sello Welfair “procede efectivamente de la granja certificada”, afirma AENOR. La entidad privada explica que el certificado tiene una vigencia de un año y que las auditorías son necesarias para su renovación.

Por tanto, según la empresa que explota la granja y AENOR, ha habido al menos dos visitas de la entidad certificadora en 2025: los días 20 y 21 de mayo. Cinco días después de la segunda visita, este diario publica en primicia las imágenes de las naves de las gallinas camperas (3, 6 y 7) que fueron grabadas por las entidades de protección medioambiental y animal ARDE y Satya Animal, entre los días 21 y 29 de abril. De las imágenes se desprendía que las gallinas vivas conviven con aves muertas, con cadáveres en diferentes estados de descomposición (tanto de gallinas como de roedores), así como con otros animales vivos (ratas y erizos), lo cual supone un riesgo de transmisión de enfermedades, según el informe aportado por un veterinario a este diario.

Además, se documentó que las gallinas camperas no tuvieron acceso al exterior de las instalaciones entre los días 24 y 29 de abril, como marca la normativa. ARDE y Satya Animal denunciaron estos hechos ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Balears por presuntos delitos de estafa, contra la salud pública y abandono animal por la ausencia de supervisión veterinaria. Esta denuncia se registró el 21 de mayo sobre las 9 de la mañana, según confirmaron fuentes del Ministerio Público a este diario.

Así, AENOR afirma en su comunicado que, después de haber tenido conocimiento sobre malas prácticas en bienestar animal, “activó de inmediato el protocolo de verificación Welfair”. Un día después de la publicación de las imágenes, mientras dos técnicos de la Conselleria de Agricultura y agentes del Seprona de la Guardia Civil inspeccionaban las instalaciones, trabajadores de AENOR y Welfair se presentaron en la granja de Avícola Son Perot sobre las cuatro de la tarde. Se trató, según estas fuentes, de una auditoría extraordinaria de la modalidad “no anunciada”, formada por un auditor de AENOR y otro de Welfair.

Un día después de la publicación de las impactantes imágenes, mientras dos técnicos del Govern y agentes de la Guardia Civil inspeccionaban las instalaciones, trabajadores de AENOR y Welfair se presentaron en la granja de Avícola Son Perot

El reglamento general de certificación en bienestar animal Welfair indica en su apartado 15.2 que se “podrá proceder a la cancelación inmediata del certificado, el auditor o la entidad de certificación de manera indefinida cuando se detecten infracciones muy graves”. Además, se indica que es motivo de suspensión del certificado si se inicia un procedimiento judicial, o si hay un expediente sancionador abierto por la administración competente.

En este sentido, el Juzgado de Instrucción número 11 de Palma ha abierto diligencias contra la empresa Avícola Ballester (marca comercial de Avícola Son Perot S.A.) por la presunta comisión de un delito de maltrato animal, después de la denuncia presentada por los vecinos afectados por la explotación, como informó elDiario.es. Además, este diario ha informado este martes que los vecinos y vecinas, agrupados en torno a la Asociación Stop Macrogranja Llucmajor, han denunciado también a la entidad privada AENOR —que otorga el sello de bienestar animal Welfair—, ante el mismo juzgado, por la presunta comisión de un delito de estafa.

Según indica AENOR a este diario, el 5 de junio la entidad privada comunicó a Avícola Son Perot S.A. la intención de proceder a la “suspensión temporal del certificado”, aunque otorgaban a la empresa 15 días para presentar alegaciones, como viene fijado en el reglamento general de los certificados, “con el objeto de salvaguardar los derechos de las distintas partes”. Las mismas fuentes aseguran que la explotación avícola presentó varios escritos con alegaciones, pero que una vez estudiadas, fueron desestimadas por AENOR. La entidad privada concluye que la suspensión afecta a los huevos camperos y en suelo de la granja de Llucmajor, y que la decisión ha sido comunicada este martes a Avícola Ballester.