El pueblo sin agua potable donde un diputado del PP quiere aprobar macrogranjas en suelo de su familia: “Van a echarnos de aquí”

Codo, en el Campo de Belchite zaragozano, no tiene agua potable desde hace tres años, pero si se hace realidad el proyecto de una promotora necesitará cien millones de litros de agua al año para abastecer a las cuatro macrogranjas que proyecta. Una se ubica en terreno municipal y las otras tres, en suelos dispersos pero con la característica de pertenecer a familiares del alcalde, Raúl Cuevas. Diputado nacional del PP por Zaragoza, se da la circunstancia de que el primer edil no reside en la localidad cuyo Consistorio preside.

“Dicen que crearán puestos de trabajo en el pueblo, pero lo que van a hacer es echarnos de aquí”, lamenta Jesús Salinas. Biólogo de profesión, forma parte de la recién creada Plataforma Vecinal de Codo por la Tierra, el Agua y la Salud, desde la que una veintena de vecinos tratan de frenar lo que consideran un peligro para el municipio, con el impulso de las cuatro grandes explotaciones ganaderas.

Esta pequeña localidad en la estepa zaragozana tiene empadronados en torno a 200 habitantes, aunque no llegan al centenar los vecinos que residen en ella. La gran mayoría, por encima de los 80 años de edad. Ni el primer edil ni las tres concejalas del PP –los cuatro conforman el Gobierno municipal– están entre ellos, según denuncian desde la Plataforma. Sí lo hace el representante socialista, que denunció en el último pleno el impulso de las macrogranjas.

Los cuatro proyectos, dos granjas de lechones y dos cebaderos de 6.000 y 7.200 plazas, entraron en el registro municipal entre el 19 y el 25 de noviembre de 2025 a nombre de un mismo promotor, Explotaciones Ganaderas Estiche, perteneciente al grupo Cincaporc. Las notas simples del Registro de la Propiedad permiten ahora precisar de quién es el suelo elegido.

Una de las granjas de lechones se levantaría sobre una finca inscrita a nombre de la madre del alcalde desde hace más de quince años, situada a “unos 1.005 metros” del casco urbano, según el acta del pleno. La otra, sobre terrenos que un tío paterno heredó en 2010. El cebadero de 6.000 plazas se proyecta en una parcela inscrita a nombre de familiares de la madre del primer edil.

Alquiler de la parcela municipal

El cebadero de 7.200 plazas es el que el alcalde situó en suelo municipal en el pasado pleno, pese a que esa finca no viene inscrita a nombre de nadie. El alquiler de 4.000 euros al mes que percibiría el Ayuntamiento se prolongaría 25 años, según un folleto sin firma repartido en el pueblo: 1.200.000 euros, casi cinco veces los recursos ordinarios anuales del Consistorio. Ni la titularidad municipal ni la renta figuran en el acuerdo plenario, y en la documentación consultada no consta licitación alguna.

Este medio se ha intentado poner en contacto con el regidor y diputado nacional del PP, pero no ha sido posible. Por su parte, desde el grupo Cincaporc han rehusado hacer declaraciones.

El consumo previsto ascendería a 100,6 millones de litros al año, más de ocho veces el consumo correspondiente a la población. El folleto repartido en el pueblo asegura que el agua de las granjas no saldrá “en ningún momento” de la red municipal, pero no dice de dónde, y en la documentación consultada no consta concesión alguna.

Y eso mientras los vecinos siguen sin poder beber del grifo desde hace tres años. “Nos dan al mes siete botellas de cinco litros de agua. Eso, para beber y cocinar. Y solo a los empadronados”, resume Judith Ascaso, que también pertenece a la Plataforma y que, como Jesús Salinas, vive y está empadronada en Codo.

Mientras, para los purines –64,2 millones de litros anuales–, los cuatro acuerdos se apoyan en una planta de tratamiento “prevista” que reduciría “hasta el 88%” del nitrógeno. Sin embargo, no se cita expediente, promotor ni ubicación.

Uno de los problemas, según ambos vecinos, es la “opacidad” con la que se han tramitado las cuatro macrogranjas. Critican que no se haga público a quién pertenecen las parcelas particulares –o más bien que se ocultará hasta el pleno– y qué van a obtener en contraprestación: en caso de que se utilizara la fórmula de alquiler propuesta para la parcela municipal, los ingresos que generaría su alquiler serían cuantiosos.

La opacidad que denuncian los vecinos tiene fechas: las solicitudes son de noviembre de 2025, pero el asunto no llegó al pleno hasta más de nueve meses después, en una sesión convocada sin más motivo que la fórmula “asuntos cuya aprobación no se puede demorar”.

Los dos cebaderos se sitúan en suelo no urbanizable especial, catalogado además como hábitat natural y zona de alto valor ecológico. Su interés social se justifica con dos empleos directos cada uno e inversiones de 732.330 y 863.712 euros. En conjunto, los acuerdos suman 34 empleos directos y “unos” 14 indirectos, con una inversión superior a 9.996.746,40 euros. En el pleno, el alcalde habló de “60 puestos de trabajo y 60 millones”. Los cuatro proyectos alcanzan 3.312 unidades de ganado mayor (UGM), y tres de ellos se quedan exactamente en 864, el máximo que la normativa permite a una sola explotación.

“Todo lo que hacemos lo hacemos pensando en la salud y el medio ambiente, para nosotros y nuestros hijos. Que quede claro. Nuestra lucha es por el bienestar del pueblo”, remarca Jesús Salinas.

“Cree que sí”

La sesión extraordinaria del 4 de septiembre aprobó por cuatro votos a uno las cuatro declaraciones de interés público, con el voto del alcalde. Lo que no había trascendido es lo que el acta recoge de aquella sesión: preguntado por el concejal del PSOE, Juan Luis Villuendas, si los terrenos eran de su familia, Cuevas contestó que creía “que sí”, pero que no sabía qué parcelas eran ni si estaban en Codo o en Belchite. Las cuatro propuestas las firmaba la propia Alcaldía e identificaban polígono y parcela en el término municipal de Codo. Cuevas es arquitecto de formación y alcalde desde 2015.

Villuendas le pidió por tres veces que se abstuviera. Tras la última votación, el alcalde respondió que sería “en todo caso en un expediente, no todos”. Ese mismo día, el edil socialista había registrado un escrito de recusación del que el acta no deja rastro.

La abstención llegó el 24 de septiembre, 20 días después y con el caso ya en la prensa, bajo la fórmula “advertida esta circunstancia”. El informe de la secretaria municipal va más allá de la suspensión ya conocida: admite que el voto del alcalde no fue decisivo, pero recuerda que convocó la sesión, fijó el orden del día, la presidió y dirigió el debate. Concluye que esa intervención vicia los acuerdos, que la abstención posterior no lo subsana y que el pleno “debe dejar sin efecto” las cuatro declaraciones y votarlas de nuevo.

Así, hasta la nueva votación sigue paralizado el envío de los expedientes al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) y al Consejo Provincial de Urbanismo.