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El Supremo rechaza la petición de un padre para que su hija reciba el 25% de clases en castellano en Mallorca

Un grupo de alumnos en clase

Esther Ballesteros

Mallorca —

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El Tribunal Supremo ha cerrado la vía judicial a un padre que reclamaba que su hijo, escolarizado en educación infantil en un colegio público de Mallorca, recibiera al menos una cuarta parte de las clases en castellano. El Alto Tribunal ha confirmado el rechazo del Govern a su petición y ha respaldado el criterio del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB), que ya había desestimado su recurso en mayo de 2024. La sentencia supone un nuevo aval judicial al modelo lingüístico de la escuela balear.

La resolución, consultada por elDiario.es, considera que la Ley de Educación de las Illes Balears (LEIB), aprobada en 2022 durante el Govern de Francina Armengol, configura un modelo de conjunción lingüística compatible con la Constitución. En su artículo 135, establece el catalán como lengua de enseñanza y aprendizaje en, al menos, el 50% del horario escolar con el objetivo de garantizar su conocimiento y uso. La norma contempla, al mismo tiempo, la utilización de las dos lenguas oficiales y mecanismos para atender las necesidades lingüísticas del alumnado.

La legislación también reconoce la autonomía de los centros para elaborar sus proyectos lingüísticos, que deben adaptarse a las características sociolingüísticas del entorno y garantizar que los estudiantes alcancen una competencia comunicativa plena y equivalente en catalán y castellano al finalizar la enseñanza obligatoria. Reconoce que un colegio puede establecer el catalán como lengua de enseñanza y aprendizaje, atendiendo a su entorno social y a la realidad lingüística de su alumnado, siempre que respete los límites legales y garantice la atención a los estudiantes que necesiten adaptaciones.

En esta línea, los magistrados descartan que la norma otorgue al catalán una posición de superioridad o privilegio frente al castellano. Al respecto, subrayan que el padre no ha conseguido demostrar que el colegio de su hijo relegara efectivamente el castellano o lo apartara de la actividad docente: “La parte no cita ni uno solo de los aspectos del PLC [Proyecto Lingüístico del Centro] que le permiten afirmar [...] que el castellano es excluido como lengua vehicular”, reprocha la Sala.

El Govern rechazó la petición

El conflicto arrancó en junio de 2022, cuando el progenitor acudió a la Conselleria de Educación para reclamar que su hijo, entonces matriculado en primero de infantil, recibiera al menos el 25% de las enseñanzas en castellano, no solo durante aquel curso, sino también en los siguientes. La respuesta de la Administración llegó en agosto y fue negativa. El Govern argumentó que la petición partía de una premisa que no se correspondía con la organización de esta etapa educativa: en infantil no existen asignaturas troncales, sino áreas de conocimiento y ámbitos de experiencia. Por tanto, no era posible aplicar el porcentaje reclamado en los términos planteados.

La Conselleria apuntó además que la legislación autonómica ya contempla una vía para garantizar los derechos lingüísticos de las familias: la elección de la lengua oficial en la primera enseñanza. El artículo 18 de la Ley de Normalización Lingüística de 1986 reconoce expresamente el derecho de los alumnos a comenzar su escolarización en catalán o castellano y obliga al Govern a arbitrar las medidas necesarias para hacerlo efectivo.

El padre decidió llevar la negativa a los tribunales. El TSJIB desestimó su recurso el 15 de mayo de 2024, pero el progenitor no dio por zanjada la disputa y acudió al Supremo. En su recurso sostuvo que el proyecto lingüístico del colegio dejaba fuera el castellano como lengua vehicular y que esta situación vulneraba los artículos 3, 14 y 27 de la Constitución, relativos a la cooficialidad lingüística, la igualdad y el derecho a la educación.

Su argumento iba más allá de la reclamación de un porcentaje concreto de clases. El padre sostenía que los centros sostenidos con fondos públicos no podían dejar el castellano fuera de la enseñanza ordinaria y que, si eso ocurría, la Administración no podía limitarse a ofrecer a las familias la posibilidad de cambiar de colegio. A su juicio, esa alternativa trasladaba a los progenitores la carga de buscar otro centro para ejercer un derecho que debía estar garantizado en el propio sistema educativo.

El hijo no recibió un trato discriminatorio

En este contexto, el Supremo considera que no se ha acreditado que el hijo del recurrente recibiera un trato discriminatorio ni que se vulnerara su derecho a la educación. Al no quedar demostrada la exclusión del castellano, la Sala considera que tampoco resulta necesario pronunciarse sobre la segunda cuestión planteada, relativa a si ofrecer un cambio de centro sería una respuesta suficiente ante una eventual vulneración de los derechos lingüísticos.

En la misma sentencia, el Supremo advierte, con todo, de que los modelos de conjunción lingüística de los colegios “no pueden establecer la exclusión total de la lengua castellana como lengua vehicular en el sistema educativo no universitario balear”. El Alto Tribunal incide que un colegio no puede excluir por completo una de las dos lenguas oficiales, pero tampoco establece un porcentaje mínimo de horas que deban impartirse en castellano. Para llegar a esta conclusión, la Sala recurre a una jurisprudencia constitucional que lleva años delimitando el equilibrio entre las lenguas oficiales en el sistema educativo.

Una de sus principales referencias es la sentencia 31/2010, relativa al Estatuto de Autonomía de Catalunya, que estableció que ambas lenguas deben ser reconocidas como vehiculares en la enseñanza. Aquella resolución, sin embargo, también dejó claro que la lengua propia de una comunidad puede ocupar una posición central en el modelo de bilingüismo, siempre que esa opción no implique la exclusión del castellano.

El Supremo recupera igualmente la sentencia 337/1994, que avaló el modelo de inmersión lingüística catalán y admitió que una lengua autonómica pueda constituir el “centro de gravedad” del sistema educativo. La condición es que la otra lengua oficial no quede apartada de la enseñanza. A esta doctrina añade las sentencias 109/2019 y 114/2019, que insisten en que la cooficialidad debe responder a un patrón de equilibrio o igualdad entre las lenguas, y la STC 14/2018, que recuerda la obligación de los poderes públicos de garantizar el derecho a recibir enseñanza en castellano.

También cita la STC 34/2023, que reitera que las lenguas cooficiales no pueden quedar relegadas a ser únicamente objeto de estudio: ambas deben tener reconocimiento como lenguas vehiculares. El marco se completa con la disposición adicional trigésima octava de la Ley Orgánica de Educación, en la redacción introducida por la LOMLOE, que obliga a las administraciones educativas a garantizar el derecho del alumnado a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales de sus respectivos territorios.

La sentencia recuerda que la normativa autonómica contempla mecanismos para garantizar los derechos lingüísticos de las familias. Entre ellos, el derecho a recibir la primera enseñanza en la lengua oficial elegida y los programas de acogida lingüística para los alumnos que se incorporan tardíamente al sistema educativo y presentan carencias en catalán. También subraya que la legislación prohíbe separar al alumnado en centros o grupos diferentes por razones de lengua, con el objetivo de evitar la segregación lingüística.

La OCB celebra el respaldo judicial

La Obra Cultural Balear (OCB) ha celebrado el pronunciamiento del Supremo y lo considera un respaldo al modelo lingüístico educativo de las islas. “Hay días que llegan cargados de buenas noticias”, ha señalado la entidad en un mensaje difundido en redes sociales. La organización ha calificado el recurso de “instigado por dos grupúsculos de extrema derecha” y ha celebrado que el Alto Tribunal desestime las pretensiones del padre. A juicio de la OCB, la resolución supone un nuevo respaldo judicial a la posición que el TSJIB había defendido anteriormente sobre la legalidad del modelo balear.

La entidad ha recordado, no obstante, que todavía queda pendiente el pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre la Ley de Educación de 2022 a raíz del recurso presentado por Vox. “Ahora solo falta esperar la confirmación de su constitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional con motivo, en este caso, del recurso interpuesto por Vox contra la Ley de educación de Balears de 2022”, ha concluido.

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