Ruanda y la fractura ideológica de la Unión Europea
La segregación ideológica de cinco países europeos celebrada en Viena hace pocos días ha certificado un giro de gravísimas consecuencias para el futuro del modelo migratorio y humanitario europeo. Cinco Estados miembros de la Unión Europea (Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Grecia y Austria), han alcanzado un acuerdo con el Gobierno de Ruanda para instalar en su territorio el primer “centro de retorno” fuera de Europa. El objetivo es trasladar allí a personas cuyas solicitudes de protección internacional hayan sido desestimadas en suelo europeo, es decir, a personas en situación irregular.
La iniciativa se presenta bajo una expresión que escuchamos cada vez con mayor frecuencia: dicen querer “recuperar el control” de las fronteras ante la imposibilidad de ejecutar las deportaciones con los países de origen de los migrantes. Pero conviene detenerse y analizar lo que significa realmente este proyecto, porque detrás de esa retórica tan sencilla se esconde una transformación profunda de la manera en que Europa aborda la movilidad humana.
Lejos de ofrecer una respuesta eficaz a un fenómeno estructural y enormemente complejo, estos cinco países ya dan pasos prácticos para subcontratar el control migratorio. Es aún una medida simbólica. Nada práctica: los propios promotores han reconocido que estamos ante un proyecto piloto que, en su fase inicial generará un centro con tan solo cien plazas en Ruanda a partir de 2027. Para dimensionar esa cifra, es la carga media de solo uno de cualquiera de los más de 70 cayucos que han llegado a la llega a la isla de El Hierro en estos últimos días.
Es obvio pensar, pues, que la enorme distancia entre el despliegue político y mediático de la iniciativa y su impacto práctico obligan a preguntarse cuál es su verdadera finalidad. Parece, más bien, un mensaje político, una forma de escenificar ante determinadas opiniones públicas que Europa está dispuesta a aplicar el principio trumpista del 'mándalos de vuelta', en inglés el send them back.
Y ahí reside buena parte del problema. Este acuerdo no aparece de la nada. Aprovecha las posibilidades abiertas por el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo y por la revisión del Reglamento de Retornos, donde se introdujo la posibilidad de estudiar “soluciones innovadoras” más allá de las fronteras de la Unión.
Ahora, cinco países europeos dan un paso más y convierten esa posibilidad en un precedente. Lo que empieza con cien personas puede terminar consolidando un principio inquietante: que Europa gestione el asilo y el retorno trasladando fuera de su territorio una parte esencial de sus responsabilidades.
Además, no partimos de cero. Existen antecedentes suficientemente elocuentes como para recomendar una enorme prudencia. El Reino Unido puso en marcha en 2022 un proyecto similar con Ruanda y llegó a comprometer más de 700 millones de libras esterlinas. Finalmente, la iniciativa fue anulada tras las intervenciones del Tribunal Supremo británico y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ante la ausencia de garantías procesales y de protección suficientes. Un año más tarde, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, intentó hacer lo mismo con un centro en Albania (a 16.000 euros por traslado), y los tribunales le han parado ya hasta tres intentos de traslado.
Por eso no resulta extraño que instituciones y organizaciones como el Consejo de Europa, ACNUR, Amnistía Internacional, Human Rights Watch o CEAR hayan advertido del riesgo de convertir estos centros en verdaderos agujeros negros para los derechos fundamentales. España y Francia han rechazado este modelo, señalando además sus enormes dudas jurídicas, su elevado coste económico y sus consecuencias éticas.
Pero hay otra dimensión que Europa tampoco debería ignorar: la naturaleza del socio elegido. Durante años, Ruanda ha desarrollado una intensa estrategia de relaciones públicas y de proyección internacional destinada a presentarse ante el mundo como un Estado moderno, seguro, verde y hospitalario. Tiene toda la lógica que lo hayan hecho así: un país que sufrió el horrible genocidio que mató a cerca de un millón de personas en apenas cien días de 1994, esa enorme tragedia entre los hutus y los tutsis que llevó la barbarie a las primeras páginas de medios de todo el mundo.
En toda su estrategia de limpieza de imagen, o limpieza de marca, una de sus herramientas más visibles ha sido el deporte. La marca 'Visit Rwanda' ha invertido decenas y hasta centenares de millones de euros en aparecer asociada a clubes de fútbol como el Arsenal inglés, el Paris Saint-Germain (Francia), el Bayern de Múnich (Alemania) o, en nuestro país, el Atlético de Madrid. En Estados Unidos también patrocinan un equipo de baloncesto (Los Angeles Clippers, de la NBA) y uno de fútbol americano (Los Angeles Rams, de la NFL).
Esa técnica de marketing en la jerga profesional se conoce como 'sportswashing', y ha dado este año un nuevo salto con la firma entre los promotores de la Fórmula y el gobierno ruandés de un acuerdo por diez para albergar el que será el primer Gran Premio de F1 a celebrar en África a partir de 2030, que implicará además la construcción de un espectacular circuito.
Amnistía Internacional ha denunciado que esta utilización de los grandes escaparates deportivos internacionales permite al régimen ruandés proyectar una imagen excelsa mientras se desvía la atención sobre la represión interna y las restricciones impuestas a la oposición política.
Así que la pregunta que hay que hacerse es si es Ruanda el socio adecuado para este tipo de acuerdos.
Porque la contradicción es todavía mayor cuando observamos lo que ocurre en la región de los Grandes Lagos. Ruanda mantiene una intervención activa en la vecina República Democrática del Congo, financiando y dirigiendo al grupo rebelde M23.
Un reciente informe de la ONG Global Witness, con el título ¿Quién compra el coltán ruandés robado? aporta elementos especialmente ilustrativos. El trabajo explica cómo, después de la toma de las minas de Rubaya (en el este del Congo, yacimiento que concentra el 15% de la producción mundial de tantalio), el M23 obtiene coltán, que es trasladado de contrabando a través de la frontera y posteriormente blanqueado mediante sistemas fraudulentos de trazabilidad para ser exportado como coltán ruandés.
Según la investigación, siete grandes empresas instaladas en Ruanda controlan el 85% de esas exportaciones y las canalizan hacia fundiciones internacionales que abastecen posteriormente a las grandes compañías tecnológicas. Esta desestabilización ha provocado miles de muertos y cientos de miles de desplazados civiles en el Congo y llevaron al Departamento del Tesoro de Estados Unidos a imponer sanciones contra el propio Ministerio de Defensa de Ruanda y altos mandos militares por su participación en el tráfico ilícito de minerales y la financiación de la guerra. No es, pues, un tema ante el que podamos fingir despiste o desconocimiento.
En resumen, que la paradoja resulta difícil de ignorar: confiar la custodia de personas deportadas a un Gobierno acusado de alimentar un conflicto que, al mismo tiempo, genera muerte, refugiados y desplazados en África.
Estamos, por tanto, ante algo mucho más profundo que una discusión sobre procedimientos administrativos de retorno. Estamos hablando de coherencia de la política exterior europea, de la credibilidad del proyecto europeo, ese que nació afirmando situar los derechos humanos y el Derecho Internacional entre sus principios fundamentales. Esa idea se ha fracturado.
En Europa (y España) conocemos ya los riesgos de lo que supone entregar a terceros Estados una parte fundamental de la política migratoria: también se les entrega capacidad de presión.
La complejidad del fenómeno migratorio exige políticas de Estado y una visión que vaya más allá del siguiente ciclo electoral. Como he señalado en decenas de artículos publicados en estos años y singularmente en los dos últimos a cuenta del repunte migratorio procedente de Gambia y Senegal, estamos ante un fenómeno estructural que Europa debe afrontar junto a los países africanos, desde la cooperación y la responsabilidad compartida.
Crear centros de retorno (llamémoslos abiertamente cárceles) fuera de Europa, puede fabricar durante unos meses una sensación de control, incluso puede ser rentable en términos electorales a corto plazo. Lo que no hará es eliminar las razones que llevan a millones de seres humanos a desplazarse. Porque lo seguirán haciendo mientras siga existiendo el abismo económico que nos separa. Está en juego la propia estatura moral de la Unión Europea, y parece que a cinco socios eso no les importa nada, con tal de mejorar en sus encuestas o seguir tocando poder tras las próximas elecciones.
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