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Las VTC recurrirán el “atropello” del decreto ley exprés de Aragón para eludir la suspensión judicial de las restricciones

Archivo - Imagen de archivo de un vehículo VTC.

ElDiarioAragón

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Unauto VTC, patronal mayoritaria de las VTC en España, acusa al Gobierno de Aragón de utilizar el Decreto-ley 3/2026 para eludir el freno judicial a su orden sobre precintados, recuperar la inmovilización obligatoria y endurecer las sanciones contra el sector. La reforma entra en vigor este viernes.

El preámbulo de la norma reconoce que la intervención resulta “especialmente necesaria tras la suspensión cautelar” acordada por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón y vincula esa circunstancia con la necesidad de elevar la regulación a rango de ley.

“El Gobierno niega que pretenda eludir el auto, pero hace precisamente eso: cambia el rango de la norma para recuperar las medidas suspendidas y cerrar la vía de recurso directo que permitió frenarlas. Para Unauto, esta maniobra constituye un ataque a la tutela judicial efectiva y un atropello a la seguridad jurídica”, ha declarado José Manuel Berzal, presidente de Unauto VTC.

La asociación denuncia que el Ejecutivo ha aprobado la reforma “sin interlocución con el sector afectado, sin que se conozca un trámite público de participación específico sobre el decreto y sin más urgencia que la de hacer inoperante el auto judicial de suspensión a las medidas acordadas mediante orden de la consejería”.

La nueva regulación obliga a imponer multas de 5.001 a 6.000 euros por determinados servicios urbanos sin licencia municipal cuando el responsable dispone de autorización estatal VTC, frente al mínimo de 4.001 euros previsto con carácter general para el transporte urbano sin título habilitante.

“El Gobierno convierte la autorización profesional en un agravante obligatorio. Penaliza más al operador VTC autorizado que al transporte pirata por esa misma conducta, pese a las garantías profesionales y de aseguramiento exigidas al primero. Es una discriminación injustificable”, denuncia Berzal.

Unauto sitúa también en el centro del conflicto las 59 autorizaciones urbanas de Zaragoza. La patronal denuncia que el Ayuntamiento mantiene de facto la proporción de una VTC por cada treinta taxis, una restricción rechazada por el TJUE en su sentencia de 2023, y exige la publicación íntegra de los expedientes y criterios de concesión, así como una explicación de las denegaciones a otros operadores.

“No se puede bloquear el acceso a las licencias y después inmovilizar vehículos por no tenerlas. El Ayuntamiento debe responder por sus decisiones y el Gobierno de Aragón debe explicar por qué endurece el castigo sin resolver ese bloqueo”, ha añadido Berzal.

La asociación advierte de que la inmovilización de vehículos retira oferta disponible, amenaza la actividad de empresas y trabajadores y reduce las opciones de movilidad de los ciudadanos. Reclama a las Cortes de Aragón que rechacen la convalidación y solicita una reunión urgente con el presidente Jorge Azcón.

“Recurriremos todas las inmovilizaciones y sanciones que afecten a nuestros asociados, solicitaremos medidas cautelares y utilizaremos todos los mecanismos jurídicos disponibles, nacionales y europeos. Reclamaremos la reparación de los daños y exigiremos las responsabilidades que correspondan, incluidas las personales y patrimoniales. Cambiar el rango de una norma no puede convertirse en un espacio de impunidad”, concluye Berzal.

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