El TSJA da la razón a la concesionaria de las Playas de la Expo y suma otro revés judicial al Gobierno del PP en Zaragoza
El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha dado la razón a la empresa Estudios Técnicos del Ocio, S.L., actual concesionaria de las Playas de la Expo de Zaragoza, en el conflicto que mantenía con el Ayuntamiento por las inversiones comprometidas para la explotación de estas instalaciones del Parque del Agua. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha revocado una sentencia anterior y ha anulado los apartados impugnados de los acuerdos municipales impugnados.
El litigio se remonta a 2022, cuando el Gobierno municipal autorizó la cesión de la concesión de Dream Playas del Ebro a Estudios Técnicos del Ocio, pero exigió a la nueva contratista cumplir unas inversiones que consideraba pendientes. Para ello, se apoyó en una tasación de 2016 que valoraba las instalaciones en 219.091 euros, muy por debajo de los 724.226 euros comprometidos en el contrato original de 2007.
Sin embargo, la sociedad municipal que gestionaba entonces la concesión había certificado en junio de 2012 que las inversiones ejecutadas ascendían a 734.838 euros, superando la cantidad exigida contractualmente.
El TSJA considera que la tasación de 2016 se encargó para conocer el valor de las instalaciones ante una posible resolución del contrato, teniendo en cuenta su antigüedad y depreciación**, y que su menor valoración no acredita un incumplimiento**. El tribunal recuerda que la pérdida de valor de los bienes con el paso del tiempo no significa que las inversiones no se realizaran y que no consta ninguna cláusula que obligara a mantener su valoración inicial.
La sentencia no entra, sin embargo, en otro aspecto de aquel informe: el perito descontó también el IVA y las partidas que consideró gasto de mantenimiento y no inversión, y advirtió de que para el periodo 2007-2012 no se habían aportado facturas, solo los informes de la propia concesionaria.
Por tanto, el tribunal declara cumplido íntegramente el compromiso de inversión y rechaza que la actual concesionaria deba volver a ejecutar unas inversiones ya realizadas por la anterior adjudicataria.
El Ayuntamiento condicionó la continuidad de la concesión
El conflicto judicial surgió a raíz de los acuerdos adoptados por el Gobierno de Zaragoza el 11 de marzo y el 5 de mayo de 2022 durante el mandato de Jorge Azcón como alcalde de Zaragoza.
Aunque el Ayuntamiento autorizó la cesión del contrato a Estudios Técnicos del Ocio, incluyó entre las obligaciones que debía asumir la nueva concesionaria el cumplimiento de las inversiones que consideraba pendientes.
La empresa recurrió varios apartados del acuerdo municipal, al entender que se le estaban trasladando obligaciones que ya habían sido satisfechas por el anterior adjudicatario.
En diciembre de 2023, una primera sentencia desestimó sus pretensiones y respaldó la actuación municipal. Sin embargo, el TSJA ha corregido ahora ese criterio y ha estimado íntegramente el recurso de apelación presentado por la empresa.
El tribunal no impone costas a ninguna de las partes por el recurso de apelación, pero sí condena al Ayuntamiento de Zaragoza a abonar las correspondientes a la primera instancia, con un límite de 1.000 euros.
Otro conflicto judicial por el spa de Ranillas
La sentencia sobre las Playas de la Expo se suma a los reveses judiciales que ha sufrido el Ayuntamiento de Zaragoza por la gestión de otras instalaciones heredadas de la Exposición Internacional de 2008. Entre ellos destaca el conflicto del spa de Ranillas, cuya concesionaria, Cublan Inversiones, acabó en concurso de acreedores y mantiene abiertos distintos procedimientos judiciales relacionados con las decisiones adoptadas por el Gobierno municipal.
En febrero de 2024, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón reconoció el derecho de Cublan a obtener la licencia de actividad que le había sido denegada por el Ayuntamiento. Posteriormente, en abril de 2026, la Sala de lo Social confirmó la condena al Consistorio a abonar más de 164.000 euros a cuatro antiguos trabajadores de la concesionaria, al considerar que debía asumir las obligaciones laborales derivadas de la reversión de las instalaciones.
El caso del spa tiene, además, importantes derivaciones económicas y personales. El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Zaragoza tramita la pieza de calificación del concurso de Cublan Inversiones, en la que figuran como afectados nueve miembros del anterior Gobierno municipal, entre ellos el propio Azcón, la actual alcaldesa Natalia Chueca, el consejero de Urbanismo Víctor Serrano y el primer teniente de alcalde Ángel Lorén. El procedimiento debe determinar si el concurso fue culpable y las responsabilidades que, en su caso, pudieran derivarse.
La situación de Lorén ha generado una nueva controversia después de que el Ayuntamiento autorizara que su defensa corriera a cargo de dos abogados de un despacho privado, en sustitución del letrado municipal que inicialmente se le había asignado. Los Servicios Jurídicos avalaron que el Consistorio asumiera ese gasto aplicando un criterio del Tribunal Supremo establecido para procedimientos penales, aunque el asunto se dirime en la jurisdicción mercantil.
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