El caso Forestalia salta a la Audiencia Nacional: el juez de Teruel lo une a la causa de Leire Díez y Antxon Alonso
Giro en el caso Forestalia. El juez Juan José Cortés, instructor en Teruel, ha acordado inhibirse a favor de la Audiencia Nacional, al considerar que las presuntas irregularidades investigadas en la concesión de autorizaciones ambientales para proyectos de energías renovables forman parte de la causa abierta contra Leire Díez y Antxon Alonso, en la que también figuran como investigados Forestalia y el empresario Fernando Samper. El auto, fechado el 17 de noviembre, establece conexiones entre ambas investigaciones y detalla operaciones económicas y societarias bajo sospecha que podrían haber servido para facilitar pagos a responsables del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco).
La decisión supone que las diligencias previas instruidas hasta ahora en Teruel se remitan a la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, en la Audiencia Nacional, donde el juez Santiago Pedraz instruye las diligencias conocidas como caso Leire Díez o trama de la SEPI. Esa causa nació de una querella de la Fiscalía Anticorrupción por prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal y tiene entre los investigados a la exmilitante socialista Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández, el empresario Antxon Alonso, administrador de Servinabar y socio de Cerdán, y también Forestalia, Fernando Samper y los hermanos Roberto y Eduardo Pérez Águeda, a los que el auto de Teruel señala como presuntos testaferros de Samper. El Juzgado Central deberá ahora aceptar o no la inhibición.
El magistrado concluye que la causa turolense constituye “una parte o rama” de la investigación central y que la actuación atribuida a Forestalia es el elemento que conecta las presuntas irregularidades detectadas tanto en el Miteco, en Madrid, como en el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga), en Zaragoza.
De 141.000 euros a 6,8 millones
Uno de los aspectos más relevantes del auto es la reconstrucción de una operación empresarial relacionada con los parques fotovoltaicos Masía I y Masía II, proyectados en Puertomingalvo y Linares de Mora.
Según la resolución, el 17 de mayo de 2022 Antxon Alonso adquirió, a través de sociedades que administraba, las empresas Energías Renovables Satet y Energías Renovables Quirón, que el auto describe como vinculadas a Forestalia. Pagó 141.000 euros por ambas. La compra se firmó ante el notario Javier de Lucas Cadenas, investigado en la causa de Teruel, y el auto la relaciona con la sociedad Nex Generation Caliope Innova, constituida y adquirida por Alonso en 2022.
Las dos sociedades obtuvieron declaraciones de impacto ambiental favorables, publicadas en diciembre de 2022, y autorizaciones administrativas previas en abril de 2023. A continuación se firmó una opción de compra de 400.000 euros a favor del entorno de Forestalia. Tras la autorización ministerial, en 2024, el entorno de Forestalia recompró las sociedades por 6,8 millones de euros. El juez presenta esa recompra como la culminación de un “proceso convenido en 2021”.
El juez recoge la hipótesis de que estos movimientos económicos intermedios pudieran tener como finalidad obtener fondos para pagos a personal directivo del Miteco, algo que, según precisa, deberá confirmarse o descartarse con el informe policial pendiente.
Reuniones en casa de Samper
El auto también recoge reuniones celebradas entre mayo y julio de 2021 en el domicilio de Fernando Samper en Zaragoza, en las que habrían participado Santos Cerdán y Antxon Alonso, relacionadas con los proyectos de energías renovables de Forestalia. El instructor vincula estos encuentros con el grupo denominado Hirurok ('nosotros tres', en euskera), que según la UCO formaban Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso. En un atestado de la UCO de noviembre de 2025, que la propia defensa de Samper aportó a la causa de Teruel, Forestalia y Samper aparecen como clientes de ese grupo.
Según la hipótesis del auto, Hirurok habría hecho gestiones para que salieran adelante todos o la mayoría de los proyectos de Forestalia. La compra y posterior reventa de sociedades promotoras habría sido un mecanismo para generar fondos destinados a presuntas contraprestaciones ilícitas.
La investigación de Teruel afecta también a Eugenio Domínguez Collado, entonces subdirector de Evaluación Ambiental del Miteco: el juez apunta “sospechas e indicios” sobre su papel como destinatario de promesas y dádivas. Según el auto, el notario De Lucas y los hermanos Pérez Águeda intervinieron en operaciones mercantiles y notariales entre Fernando Samper y este funcionario, con escrituras de septiembre de 2023.
El auto señala que las declaraciones de impacto ambiental de Masía I y Masía II se tramitaron con una rapidez comparativamente superior a la de otros promotores y a cambio de presuntas ventajas económicas. También recoge las graves deficiencias técnicas que detectó en ellas la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (Ucoma) de la Guardia Civil, además de las declaraciones policiales de testigos del Miteco y del Inaga. Ambos parques tienen pendiente un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Por qué Teruel deja de ser competente
El magistrado considera que el posible delito más grave sería el de cohecho, que “culmina” en el Ministerio, en Madrid, aunque tenga antecedentes en el Inaga, en Zaragoza. Por eso entiende que las decisiones presuntamente delictivas se habrían tomado en Madrid y Zaragoza, y no en Teruel. El juez admite además que el delito ambiental que dio a Teruel la competencia inicial fue una “anticipación” de la parte denunciante. Todavía no se ha iniciado ninguna obra con incidencia en la provincia y la situación es, por el momento, “sobre el papel”.
El juez reconoce que, aunque las diligencias se abrieron en 2024, todavía no se ha tomado declaración judicial a ninguno de los investigados. Ha supeditado esas comparecencias a la llegada de un informe de la Ucoma que considera fundamental para fijar los indicios racionales de criminalidad contra las personas implicadas.
El instructor llevaba anunciando la inhibición desde febrero. La aplazó a la espera de que la Audiencia Provincial de Teruel resolviera los recursos pendientes, para “depurar el perímetro de la instrucción”. Con esos recursos ya desestimados, deja en manos de la Audiencia Nacional la continuación de las diligencias, incluida la eventual citación de los investigados.
La investigación podría extenderse a otros proyectos
El auto no se limita al Clúster del Maestrazgo, sino que también recoge las instalaciones de Albarracín o L’Eliana, que finalmente no se autorizó por caducidad, y Begués, cuyo trazado quedó desvirtuado al no llegar la línea a su destino previsto. Según el juez, las periciales sobre ambas refuerzan la presunta arbitrariedad de las declaraciones de impacto ambiental. Aun así, la pericial que considera decisiva es la de la Ucoma sobre Masía I y Masía II.
El magistrado deja abierta la posibilidad de que la Audiencia Nacional amplíe la investigación a otras instalaciones si los informes policiales pendientes revelan nuevos indicios. También sigue pendiente la apelación contra su decisión de agosto de no admitir una ampliación de la denuncia por prevaricación, cohecho y tráfico de influencias. Según el auto, el órgano competente deberá asumir lo que resulte de ese recurso.
El auto de inhibición puede recurrirse en apelación.
0