Un juez ordena al Ayuntamiento de Zaragoza pagar a cuatro exempleados del spa de Ranillas sin esperar al Supremo
Novedades en el caso del spa de Ranillas: el Ayuntamiento de Zaragoza tiene que adelantar el pago a cuatro extrabajadores del complejo aunque la condena todavía no es firme. Así lo dicta un auto del pasado 25 de septiembre, en el que el juez de lo Social ordena ejecutar de forma provisional la sentencia contra el Consistorio por 82.017,45 euros de principal, más 4.100,87 euros para intereses y 8.201,74 euros para costas: en total, más de 94.000 euros.
Los cuatro empleados estaban contratados por Cublan Inversiones, la concesionaria del complejo termal construido para la Expo 2008 y cerrado desde febrero de 2022. La concesión revirtió al Consistorio en septiembre de 2023 tras la quiebra de la empresa, que se fue a pique después de que el Ayuntamiento le negara la autorización de una garantía hipotecaria con la que pretendía financiarse. Un año después, el juez del concurso declaró que el Consistorio heredaba también a la plantilla, a la que nunca incorporó ni pagó.
En su auto, el magistrado de la plaza número 1 de la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Zaragoza requiere al Ayuntamiento que ingrese esa cantidad en un mes como máximo, ya que, aunque el Consistorio recurrió en mayo ante el Tribunal Supremo, ese recurso no paraliza el cobro. El plazo, contado desde la notificación a comienzos de octubre, ya ha vencido. Este periódico ha preguntado al equipo de gobierno si se ha efectuado o no el pago pero aún no ha recibido respuesta.
El origen es una sentencia de hace un año que condenó al Ayuntamiento, como empleador sucesor de Cublan, a pagar a los cuatro demandantes los salarios devengados entre el 29 de septiembre de 2023 y el 30 de junio de 2025: 164.034,92 euros en conjunto. La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) desestimó íntegramente el recurso de suplicación municipal y confirmó la sentencia de instancia, recargo incluido, e impuso las costas al Consistorio, con 800 euros de honorarios por cada una de las partes que impugnaron el recurso: los trabajadores, pero también Cublan, su administración concursal y las sociedades vinculadas al campo de golf.
La defensa del Ayuntamiento
El Ayuntamiento defendía que no había sucesión de empresa porque la explotación seguía en manos de terceros: la agrupación Ranillas Urban Golf, constituida por Cublan y Boubonverd para gestionar el campo de golf. El TSJA zanjó que esa decisión correspondía en exclusiva al juez del concurso, que ya declaró la sucesión en un auto firme. Y recuerda que el pleito laboral estuvo suspendido en 2024 porque la competencia para declarar la sucesión era “exclusiva y excluyente del juez de concurso”, y que “fue el propio Ayuntamiento el que solicitó la suspensión por este motivo”.
La sentencia da por probado que el Consistorio no dio de alta en la Seguridad Social a ninguno de los trabajadores de Cublan, no les dio ocupación y no les ha pagado salario alguno. Los cuatro demandantes se pusieron a su disposición entre octubre y noviembre de 2023 y de nuevo en abril de 2024, sin recibir respuesta. El contrato de concesión origial, de 2007, establecía que en caso de resolución el Ayuntamiento no asumiría los contratos de trabajo del concesionario, pero el juez del concurso resolvió que la reversión implicaba sucesión de empresa.
Este mes de mayo, el Ayuntamiento interpuso recurso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, y para ello invocó como sentencia de contraste una del Tribunal Superior del País Vasco. Los trabajadores se opusieron a su admisión y alegaron que en aquel caso no existía un auto firme de un juez mercantil que declarara la sucesión, que se trataba de una concesión de servicio público y no de obra pública, y que la cuestión de fondo ya la había resuelto el único órgano competente. A 22 de julio, fecha del escrito de ejecución, el Supremo no se había pronunciado sobre la admisión.
Mientras el recurso está pendiente, la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social permite a los trabajadores con una sentencia de condena a su favor cobrar anticipos. Si el Supremo revocara la condena, los trabajadores tendrían que devolver lo cobrado.
El juez señala al Consistorio como pagador
Los trabajadores pidieron el 22 de julio un anticipo de 89.933,65 euros. Incluían en el cálculo el recargo por mora, 16.282,66 euros, y aplicaban a una de las demandantes el tope del doble del salario mínimo de 2026, 34.188 euros. Solicitaban asimismo que el dinero lo abonara el Estado, a través de la Abogacía del Estado. Sin embargo, el auto de septiembre fija el principal en 82.017,45 euros, cifra equivalente a la mitad de los salarios reconocidos sin el recargo, y exige el pago directamente al Ayuntamiento. Con una advertencia: si no cumple, se podrán adoptar “cuantas medidas sean adecuadas para promoverla y activarla”.
El spa, construido para la Expo 2008, cerró en febrero de 2022, y Cublan Inversiones entró en concurso de acreedores en julio de ese año. La declaración de sucesión de empresa de septiembre de 2024 hizo al Ayuntamiento responsable de las obligaciones laborales de la concesionaria.
El conflicto laboral va más allá de estos cuatro empleados. En abril de 2024, la Tesorería General de la Seguridad Social dio de alta de oficio en la cuenta del Ayuntamiento a 16 extrabajadores de Cublan, y la Inspección de Trabajo levantó actas contra el Consistorio con una propuesta de sanción de 90.000 euros, 5.625 por cada trabajador. Según la sentencia, el Ayuntamiento las ha impugnado ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Por otra parte, el TSJA declaró en febrero de 2024 que Cublan tenía derecho a la licencia de funcionamiento que el Ayuntamiento le había denegado en noviembre de 2021.
La comisión de Presidencia, sin una palabra sobre el pago
Este jueves, la ejecución no ha aparecido en la comisión de Presidencia del Ayuntamiento, en la que el PSOE ha vuelto a preguntar por el caso. El consejero de Presidencia, Ángel Lorén, se ha limitado a leer una nota de la Asesoría Jurídica sobre el estado del procedimiento concursal y ha pedido “respetar los tiempos judiciales”.
Lorén ha atribuido el origen del problema a la concesión adjudicada por el PSOE y renovada en 2017 por el Gobierno de Zaragoza en Común “a dedo” a la misma empresa, que, según ha dicho, nunca pagó el canon ni los gastos de luz y agua. Ha asegurado que el Gobierno seguirá defendiendo los intereses municipales “con el desgaste que sea necesario”.
Por su parte, el concejal socialista Horacio Royo ha señalado al consejero de Presidencia como “el principal responsable administrativo y político” de la concesión. “Aquí no hay que esperar las sentencias, ya las ha habido”, le ha reprochado, antes de advertirle: “No va a salir con bien de este asunto”.
La portavoz de Vox, Eva Torres, ha sido la única que ha aludido de pasada al frente laboral: “Hay un tema laboral que también se judicializa”, ha dicho, antes de referirse a una sentencia que obliga a indemnizar a los trabajadores. Lo que reconoce el fallo, sin embargo, no es una indemnización, sino salarios devengados durante casi dos años.
Finalmente, el concejal de Zaragoza en Común Suso Domínguez ha enmarcado el caso junto a otros reveses judiciales del Gobierno municipal y ha atribuido lo ocurrido, “siendo optimistas, a la mala capacidad de gestión”. “Entenderán que no nos sintamos muy seguros, que queramos explicaciones”, ha concluido.
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